Se Acabó La Fiesta (SALF), el partido del agitador ultra Alvise Pérez, registró su participación para las elecciones de Castilla y León justo el último día del plazo legal: el 9 de febrero, un día después de los comicios autonómicos en Aragón. La sucesión de fechas es relevante para SALF, porque el “contrato electoral” —que ya ha eliminado de su web—, como así llaman a su programa, es prácticamente idéntico para ambas comunidades, hasta el punto de que se fusionan: “Castilla y León recuperará su orgullo y los aragoneses recuperarán las riendas de su destino. ¡Vamos a por ello, juntos!”.

Castellanos y leoneses orgullosos y aragoneses dueños de su destino: una aspiración muy noble la que propone SALF, si no fuera porque al equipo encargado de editar el programa electoral se le ha olvidado retirar el “aragoneses” hasta en trece ocasiones. Con una simple búsqueda con el comando Control+F en cualquier lector de PDF, el listado aparece. Tampoco han cambiado las fechas de las elecciones de Aragón, que fueron el 8 de febrero.

SALF ha arrastrado las cuestiones troncales de Aragón a los problemas de Castilla y León. Por ejemplo, en el apartado económico se afirma que “Aragón debe dejar de ser una comunidad hostil para quien emprende”. Más adelante, al hablar de formación profesional, se propone adaptar la oferta a lo que demandan “las empresas aragonesas”.

En el bloque de servicios públicos, el documento recoge, aunque tachado, que entre un 5 % y un 10 % del “territorio aragonés” no dispone de conexión adecuada y asegura, además, que “ningún aragonés quedará aislado por vivir en un pueblo pequeño”. Se anuncia incluso la ampliación del transporte metropolitano en Zaragoza, Huesca y Teruel, ciudades que, salvo una fusión de autonomías, no forman parte de la comunidad a la que se dirige el programa.

En sanidad, la preocupación de Alvise pasa porque “ningún aragonés espere más de 30 días” por una consulta especializada, sin duda una meta que en todo el territorio nacional debería alcanzarse, pero no desde la Sacyl para Aragón. También se propone una historia clínica electrónica única para “todo el sistema público aragonés”, además de conciertos con “clínicas privadas aragonesas”. En materia de infraestructuras sanitarias, SALF promete acometer las obras pendientes, como el nuevo Hospital de Alcañiz, en Teruel.

“Defensa sin complejos del campo aragonés”

El programa de SALF incluye políticas centradas en el medio rural. En concreto, la “defensa sin complejos del campo aragonés” y la simplificación de “los trámites ante INAGA”, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. Además, en la contratación pública también se priorizará el producto local aragonés. En materia de soberanía energética para Castilla y León, el partido de Alvise propone un “canon aragonés” para las empresas que quieran instalar parques eólicos o plantas fotovoltaicas.

En el programa de Alvise también hay medidas que confunden competencias y extralimitan las capacidades de las comunidades, como en materia de inmigración, cuando se anuncia un “mayor plan de deportación de inmigrantes ilegales” y la identificación y expulsión rápida de personas en situación irregular. Esta competencia es exclusiva del Estado, no de la Junta de Castilla y León.

También propone una tarifa autonómica del IRPF del 0 % para rentas inferiores a 35.000 euros. Las comunidades pueden modificar el tramo autonómico del impuesto, pero no eliminar el IRPF en su conjunto, al tratarse de un tributo estatal parcialmente cedido. Asimismo, plantea una reforma del Estatuto de Autonomía para introducir límites a la presión fiscal y al endeudamiento. El propio texto reconoce que ello requiere una ley orgánica en las Cortes Generales y, por tanto, una mayoría nacional.

Para Castilla y León, SALF presenta a la burgalesa Lucía Echevarrieta como candidata a la Presidencia de la Junta por el partido ultra. Echevarrieta es abogada, empresaria y diputada quinta del Colegio de Abogados de Burgos. Además, SALF integrará a los dos procuradores de Vox expulsados del grupo en las Cortes de Castilla y León, Javier Teira y Ana Rosa Hernando, tras pedir más democracia interna.

La titular del Juzgado de Instrucción 23 de Madrid, Sonia Agudo Torrijos, ha imputado al agitador ultra Vito Quiles por difundir la dirección de la casa de Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica. Vito Quiles, que fue en las listas del partido de Alvise Pérez en las elecciones europeas, está citado a declarar por un delito de revelación de secretos el próximo 7 de abril, según una resolución adelantada por El Confidencial y a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Corredor fue ministra de Vivienda en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Vito Quiles fue contratado por el PP para participar la semana pasada en el acto de cierre de campaña del partido en Aragón, donde intervinieron el candidato Jorge Azcón y Alberto Núñez Feijóo. 

En su querella, Corredor denuncia que tras el gran apagón eléctrico el 28 de abril de 2025, Vito Quiles publicó en sus redes sociales la ubicación de su domicilio y fotografías del mismo, lo que vulneró su intimidad y seguridad. Eso provocó que empezara a recibir amenazas de usuarios de las redes sociales que llamaban a “quemarle la casa”, lo que le obligó a reforzar su seguridad y limitar sus salidas. 

La querella aporta un informe de la seguridad de Red Eléctrica que confirma la presencia de Vito Quiles y la intervención de la Policía Nacional en el domicilio de Corredor el 30 de abril de 2025. La defensa de Vito Quiles, que ejerce el penalista Juango Ospina, considera que los hechos “no tienen relevancia penal” y ha reclamado el archivo de las diligencias. 

La jueza Sonia Agudo Torrijos, asumió la causa el pasado mayo y citó a declarar a Vito Quiles el 18 de septiembre. El agitador ultra no compareció a la primera citación y el juzgado intentó citarlo en varios domicilios, incluida la sede de Se Acabó La Fiesta. Al encontrarse en “paradero desconocido”, la jueza dictó un auto de búsqueda y citación. Finalmente, el juzgado logró contactar telefónicamente con su madre y fue citado a comparecer en noviembre para recoger la citación “bajo apercibimiento de detención”. 

La jueza de guardia acordó el pasado 8 de mayo el bloqueo provisional de los enlaces específicos en X y Telegram donde se revelaba el domicilio de Corredor. Pero los abogados de la presidenta de Red Eléctrica denunció que meses después las publicaciones seguían accesibles y acumulando visualizaciones. Reclamaron entonces que se le requiriera personalmente a Vito Quiles el borrado, pero la jueza rechazó la medida el pasado octubre al considerar que el bloqueo era una medida “suficiente”. 

Se Acabó la Fiesta, la formación del eurodiputado ultra Luis Pérez Fernández 'Alvise', se presentará a las elecciones de Castilla y León, según ha confirmado él mismo en su grupo de Telegram. Según adelantó hace unas semanas Burgos Noticias, la burgalesa Lucía Echevarrieta, será la candidata a la Presidencia a la Junta de Castilla y León por el partido ultra. Echevarrieta es abogada, empresaria y diputada quinta del Colegio de Abogados de Burgos.

Además, SALF va a integrar a los dos procuradores de Vox expulsados del grupo en las Cortes de Castilla y León. Según ha anunciado, el presidente de Avanza en Libertad (que es la excisión de Vox), el procurador Javier Teira, su asociación se integrará en la candidatura del partido de Alvise para Castilla y León, por “tratarse de la única fuerza política que asume la aplicación del programa político que la entidad defiende”, como ha indicado en un comunicado.

Para Teira, que va de cabeza de lista por Salamanca, “lo importante es contar con fuerzas políticas en las Cortes de Castilla y León que estén dispuestas a defender los intereses de la región, más allá del puro tacticismo político para impulsar la carrera personal de sus líderes hacia la Moncloa”. Asimismo, también por la provincia de Burgos, la otra exprocuradora de Vox expulsada, Ana Rosa Hernando, formará parte de la lista que encabeza Echevarrieta.

Desde Avanza en Libertad han indicado que la integración en SALF como independientes pasa porque Alvise es el único que ha incorporado sus propuestas.

Después de obtener 17.000 votos en Aragón, y rozar el escaño en Zaragoza con el con el 2,9% del voto ante una barrera legal del 3% por provincia para obtener un representante. El partido de Alvise intentará irrumpir en la escena política de Castilla y León. Eso sí, en esta Comunidad es el porcentaje de votos necesario para obtener un procurador para las Cortes es más complicado.

En las únicas elecciones en las que hasta la fecha ha participado el partido de Alvise, las Europeas del 2023, se quedaron como cuarta fuerza política de Castilla y León con un 4,03% de los votos después de PP, PSOE y Vox, logrando 42.791 apoyos a su candidatura. Sus mejores números los obtuvo por las provincias de Valladolid (4,52%), Segovia (4,39%), Ávila (4,19%), León (4,02%), en unas elecciones sin presencia de fuerzas locales representativas como UPL o Por Ávila.

Pero el partido de Alvise debería subir sus apoyos, ya que en los repartos de procuradores por las provincias siempre son por encima del 5% en el mejor de los casos. En 2022, por ejemplo, en la provincia de Valladolid, Ciudadanos obtuvo un procurador con el 6,91% de los votos —18.801 apoyos—.

La primera aventura autonómica de Luis 'Alvise' Pérez ha acabado en fracaso. Se Acabó la Fiesta (SALF) se ha quedado fuera de las Cortes de Aragón, pese a que ha rozado el escaño por Zaragoza con el 2,9% del voto ante una barrera legal del 3% por provincia. El vencedor de las elecciones ha sido el PP pero pierde dos diputados y dependerá de Vox, que duplica sus escaños, en un calco de lo ocurrido en Extremadura hace dos meses.

La estrategia de SALF pasaba por alcanzar un buen resultado en Zaragoza con Cristina Falcón como cabeza de lista. En esta circunscripción les fue bien en las europeas de 2024 con casi 20.000 votos, y este domingo se ha quedado a las puertas con más de 14.000 papeletas y el 2,9%.

En conjunto, sus resultados lo sitúan por delante de PAR y Podemos: SALF se ha hecho con más de 17.000 votos en total en las elecciones frente a los 8.000 de PAR y 6.000 de Podemos. IU-Sumar está por encima, pero solo por mil papeletas. SALF ha celebrado el resultado, pese a no entrar en las Cortes, porque “triplica y destroza a Podemos, supera a Teruel Existe en la capital y se sitúa al borde de conseguir escaño en Zaragoza”.

La segunda intentona electoral de SALF en su corta historia ya no tenía el factor sorpresa que le llevó a convencer a 800.000 votantes para hacerse con tres escaños en las elecciones europeas. Desde entonces Alvise ya solo tiene un escaño en el Parlamento Europeo —el suyo— después de que sus eurodiputados le hayan denunciado por acoso, también quedó lejos la promesa de sortear su sueldo cada mes y la lista de frentes judiciales no deja de aumentar.

La compaña de Cristina Falcón ha tenido poco impacto y, de hecho, el momento más relevante de estas semanas lo protagonizó Alvise al ser llamado a declarar ante el Supremo como imputado bajo la acusación de haber promovido el acoso contra sus propios eurodiputados. Allí aprovechó para enseñar su próximo libro y hacer campaña: “Creo que vamos a cambiar el gobierno de Aragón dentro de muy poco. Permitidme agradecer a todo el pueblo de Aragón su excelente y masiva acogida”.

La formación de Alvise está estudiando presentar candidaturas a las elecciones autonómicas en Castilla y León, y en octubre apuntó ya a su intención de lanzarse a por las generales, con la sombra de varios juicios planeando sobre él. El eurodiputado tiene cuatro frentes penales por delante. El más grave, la acusación de financiación ilegal. El agitador mantuvo conversaciones durante semanas con Álvaro Romillo, conocido como 'Luis CryptoSpain' y promotor de plataformas de inversión y criptomonedas como el Madeira Invest Club, que le dio 100.000 euros para impulsar su candidatura a las últimas elecciones europeas, tal y como reveló elDiario.es.

— Estoy aquí un día laborable, a las 12 y pico de la mañana, en Zuera, he visto la sede del PSOE y digo 'voy a entrar a saludar'. Y digo, ¡ay!, si está cerrada. ¿Cómo se me ocurre a mí que en la sede del PSOE estén trabajando en jornada laboral? Qué cosas, ¿eh, Cristina?

— ¡En plena campaña electoral!

La conversación entre risas grabada para redes sociales el pasado martes, 27 de enero, entre Alvise Pérez, líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), y la cabeza de lista en Aragón, Cristina Falcón, sintetiza la campaña electoral de la formación ultra: ajena a la realidad aragonesa, envuelta en el frío invernal y con recurrentes píldoras de demagogia. Lo cierto es que en ese momento la sede socialista estaba cerrada... porque todos los afiliados del partido en esta localidad de menos de 10.000 habitantes se encontraban en sus trabajos, como es lógico en un día laborable.

La primera irrupción de Alvise en unas elecciones autonómicas está dejando un sabor tan insípido como la propia campaña electoral del 8F. Pese a sus habituales extravagancias, las convocatorias de SALF han naufragado. Los mensajes del eurodiputado, que difunde principalmente a través de redes como su canal de Telegram o su cuenta de Tik Tok, apenas han tenido trascendencia.

El único titular que ha recibido fue cuando, al cubrir la radiotelevisión autonómica aragonesa uno de sus actos debido al reparto de tiempos establecido por la Junta Electoral, los periodistas fueron increpados, lo que motivó una queja del Colegio de Periodistas de Aragón.

Para colmo, entre medias Alvise se ha visto obligado a acudir al Tribunal Supremo para declarar por la denuncia interpuesta contra él por los otros dos eurodiputados de SALF, que le acusan de los presuntos delitos de acoso y revelación de secretos. Al salir, el polemista se limitó ante los medios a vender su último libro.

Como compensación, el eurodiputado ha recibido el apoyo de la asociación ultra HazteOír, que ha paseado un autobús por la capital aragonesa con críticas a Vox y pidiendo indirectamente el voto para SALF por su postura declarada contra el aborto.

Acto central en plena plaza del Pilar, pero sin lleno

El acto central de SALF tuvo lugar el pasado domingo en plena Plaza del Pilar de Zaragoza y sirvió para evidenciar que, al menos en el plano físico, el tirón de Alvise flojea.

Doscientas cuarenta sillas, dispuestas en dos hileras, aguardaban a los asistentes. El mitin, anunciado para las 11.30 horas, comenzó con veinte minutos de retraso, lo que aprovecharon los asistentes para ir ocupando unos huecos que no se llenaron. Algunos curiosos se quedaron de pie, a la expectativa.

La candidata aragonesa subió al escenario sin despertar un entusiasmo visible. En apenas ocho minutos, Falcón despachó su intervención, apoyándose en los habituales ejes discursivos de la formación: seguridad y la familia, retorno de los tres millones de españoles que viven fuera y lanzó guiños a colectivos como autónomos, agricultores, policías o maestros; estos últimos, con especial énfasis, dado su perfil como directora de un colegio público en Zaragoza.

Le siguió el propio Alvise, recibido con una reacción más educada que fervorosa. En su discurso no faltó el “ruido político”, los medios de comunicación “subvencionados” –una “aberración moral y antidemocrática” por invisibilizar a su formación– o una diatriba contra la partitocracia.

La estrategia de SALF es alcanzar la cifra de 15.000 votos en Zaragoza, ciudad donde recibió un gran apoyo en las europeas. A partir de ese número de sufragios tendría opciones de obtener un escaño, aunque las últimas encuestas le sitúan lejos de ese privilegio. Aun así, Alvise aprovechó para arengar a los presentes a votar, asegurando que el 8F “daremos el mayor golpe estatal”.

Después, en su discurso deshilachado llegó el turno de “los asesinados por la incompetencia de Óscar Puente”, de anuncios de un gran plan de deportación de inmigrantes ilegales o de reducir el número de políticos. “¡A la mierda las ideologías, queremos soluciones!”, proclamó. Tampoco faltaron las dudas sobre el sistema electoral y el envío de papeletas a los domicilios a través de Correos.

Tampoco en el otro gran acto de la formación, el 18 de enero en Zaragoza, colgó el cartel de 'no hay billetes', aunque en ese caso el auditorio era más amplio: el World Trade Center, donde esa misma mañana los populares Jorge Azcón y Alberto Núñez-Feijóo habían llenado hasta la bandera.

El autobús de la formación ultra Hazte Oír llega a las calles de Zaragoza en plena campaña electoral. El vehículo recorre desde este martes las provincias aragonesas con un mensaje que interpela a la formación de Santiago Abascal: “¿Es Vox un PP verde?”, se preguntan, junto a una imagen de las caras de los dirigentes de las dos formaciones políticas. Las desavenencias con Vox, con el que siempre han tenido buena sintonía, se deben a “la negativa a comprometerse por escrito con la defensa de la vida y la libertad”.

Hazte Oír, una asociación católica tradicionalmente alineada con Vox, ha pedido el voto para SALF en Aragón, arremetiendo contra los de Abascal por ser “el PP verde”, después de que la candidata de 'Alvise', María Cristina Falcón, se haya comprometido a defender el latido fetal. Hazte Oír expone que desde Vox no han respondido a un cuestionario de compromisos en el que se pregunta por la “defensa de la vida”, la “protección de la familia” o el “fin del adoctrinamiento en las aulas”, entre otras cosas.

“El silencio también es una forma de posicionarse. No tenemos miedo de sus presiones ni amenazas: hechos son amores y a nosotros no nos valen las meras palabras de ningún político, pues se las lleva el viento”, ha advertido el presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, quien ha recordado que Vox ha rechazado responder al cuestionario que la asociación remite antes de cada convocatoria electoral. “No pedimos promesas vagas ni discursos de mitin. Pedimos compromisos por escrito, claros y verificables. Si un partido aspira a gobernar, tiene la obligación de rendir cuentas a la sociedad civil”, ha señalado.

En redes sociales, Arsuaga ha dicho que “no tenemos nada contra Abascal ni contra Vox”pero que lanzan esta campaña para que exijan al PP “por primera vez una medida provida en una comunidad autónoma. Y que, en consencuencia, algunos españoles se salven del aborto”. Se muestra convencido de que, dentro de unos meses, “cuando gracias a esta presión Vox apruebe el protocolo del latido fetal y medidas provida reales, muchos de los que hoy nos critican nos darán las gracias”.

Por su parte, el director de campañas de Hazte Oír, Miguel Tomás, ha explicado que el nuevo autobús es “una exigencia legítima”: “Nosotros no señalamos a los votantes, sino a los silencios. Si Vox quiere diferenciarse del PP, debe demostrarlo con hechos, no con ambigüedades”, ha afirmado. “No vamos a dejar de preguntar hasta que sepamos si estamos ante una derecha valiente o ante una nueva versión de la derechita cobarde”. 

Vox ha minimizado este martes que la organización Hazte Oír haya pedido el voto para el partido Se Acabó la Fiesta (SALF) del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez en las elecciones de Aragón, alegando que las organizaciones son “libres” y “tienen legitimidad para pedir el voto para quien crean conveniente”. “Las asociaciones son las asociaciones, los partidos políticos son partidos políticos, nosotros tenemos un proyecto propio que, además, ha mantenido una coherencia absoluta desde su nacimiento y, a partir de ahí, cada uno puede hacer las consideraciones que quiera y puede pedir el voto para quien quiera”, ha explicado la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, en rueda de prensa en la Cámara Baja.

El Colegio Profesional de Periodistas de Aragón ha denunciado públicamente este lunes las dificultades, los insultos y las situaciones de hostigamiento sufridas por varios profesionales de la información mientras cubrían un acto de Se Acabó la Fiesta (SALF) celebrado este domingo en Zaragoza. El encuentro contó con la participación del líder de la formación, Alvise Pérez, y de la candidata en la comunidad, Cristina Falcón.

Los periodistas desplazados para informar del evento, en el marco de la cobertura electoral que corresponde legalmente a esta formación tras sus resultados en las elecciones europeas y su concurrencia a los comicios autonómicos, fueron increpados de forma reiterada por parte de asistentes, lo que impidió el normal desarrollo de su trabajo.

Durante el momento destinado a la atención a medios, varios profesionales de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) recibieron insultos continuos como “mierdas”, “vendidos”, “hijos de puta” o “asco”, además de gritos constantes que llegaron a provocar la interrupción hasta en tres ocasiones las declaraciones previstas, y que hizo prácticamente inaudible la intervención del portavoz del acto.

Pese a los intentos del personal de organización por reducir el volumen de los gritos, los insultos continuaron, acompañados de consignas dirigidas directamente a los periodistas cuestionando su trabajo y su presencia en el acto. Como consecuencia, los profesionales tuvieron que realizar el canutazo en condiciones claramente inadecuadas, con personas gritando a escasos metros y limitando la grabación a apenas 40 segundos, al no poder prolongarse la situación.

El Colegio Profesional de Periodistas de Aragón ha querido mostrar su “apoyo y solidaridad con los compañeros y compañeras afectados” y ha exigido “respeto al trabajo periodístico, que es un pilar esencial del derecho a la información y de la democracia”.

Asimismo, el Colegio reclama que se aleje a los profesionales de la polarización política y del señalamiento, recordando que los periodistas no son parte de los actos ni de los mensajes que cubren, sino que cumplen con su obligación de informar a la ciudadanía con criterios profesionales.

El eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez ha comparecido como investigado en el Tribunal Supremo y ha negado haber acosado o promovido el hostigamiento hacia sus dos eurodiputados, aunque ha reconocido ser el autor de los mensajes de Telegram que investiga el juez. “Creo que va a archivarse”, se ha limitado a decir antes de empezar a promocionar un libro ante las cámaras y hacer campaña electoral de cara a los comicios de Aragón.

“Por respeto al juez, no puedo hablar, tiene carácter reservado, estoy súper convencido de mi inocencia”, ha dicho Alvise Pérez, negando de forma velada las acusaciones de acoso que pesan sobre él. Guillermo Ruiz, abogado de los dos eurodiputados denunciantes, ha explicado a las puertas del Supremo que ellos discrepan de que los mensaajes de Alvise respondan a un simple conflicto político entre parlamentarios. “Hubo amenazas y han tenido que cambiar de vida por no enfrentar directamente con este señor. Lo haremos valer en el futuro en el procedimiento”.

Alvise ha aprovechado para sacar un ejemplar de su próximo libro, que según dice “ya está en preventa”, y hacer campaña. “Creo que vamos a cambiar el gobierno de Aragón dentro de muy poco. Permitidme agradecer a todo el pueblo de Aragón su excelente y masiva acogida”.

Esta causa por acoso y hostigamiento es una de las cuatro diligencias penales que el Supremo mantiene abiertas contra el líder de 'Se Acabó La Fiesta' además de varios pleitos civiles que tramitan distintos juzgados y tribunales. Distintos jueces de la Sala de lo Penal también le investigan por promover un acoso similar contra la fiscal Susana Gisbert, por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa durante la pandemeia y, finalmente, por financiar su campaña de las últimas elecciones europeas con 100.000 euros en efectivo entregados por un empresario del sector de las criptomonedas.

La causa por el supuesto acoso a sus eurodiputados, que tiene como instructor a Manuel Marchena, arrancó hace varias semanas. Hace unos días el instructor tomó declaración a los dos eurodiputados que denunciaron por su acoso a su antiguo líder: Diego Solier y Nora Junco. Ante Marchena, según fuentes jurídicas, ambos ratificaron sus acusaciones y aseguraron que sus datos personales –por ejemplo, su teléfono móvil– fueron filtrados a miles de personas en pleno conflicto con Alvise.

Estas mismas fuentes otorgan poco recorrido a esta causa antes de que Marchena decida si el caso es enviado a juicio o si se archiva. El magistrado tendrá que analizar, entre otros aspectos, si los mensajes que Alvise lanzó contra sus eurodiputados en Telegram y en diversas entrevistas alcanzan la categoría de acoso y si el aluvión de mensajes, insultos y amenazas que recibieron condicionó su día a día de alguna manera.

El eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez afronta el desembarco de su partido en el tablero nacional en medio de una tormenta judicial. El líder y único activo político de Se Acabó La Fiesta declara este lunes en el Tribunal Supremo como imputado bajo la acusación de haber promovido el acoso y hostigamiento contra sus propios eurodiputados. Se trata de uno de sus cuatro frentes penales que despega en plena campaña de unas elecciones aragonesas en las que, por ahora, el CIS no otorga ni un escaño a sus candidatos y que vienen marcadas por la tragedia ferroviaria en Adamuz.

El agitador de extrema derecha arrancó este viernes su campaña aragonesa con su candidata Cristina Falcón y usando un martillo para romper un muro en el que habían pegado fotos de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, Koldo García o la candidata socialista Pilar Alegría, entre otros. En plena campaña electoral tendrá que viajar a Madrid para comparecer el lunes por la mañana ante Manuel Marchena bajo una acusación que apunta directamente a la gestión interna de su partido: sus dos eurodiputados le acusan de promover el acoso y hostigamiento contra ellos en su canal de Telegram.

Diego Solier y Nora Junco acudieron hace unos días al Tribunal Supremo para certificar el fallecimiento de la aventura europea de Se Acabó La Fiesta más allá del proyecto personal de Alvise. Ante Marchena los dos ratificaron sus acusaciones contra él aunque fuentes conocedoras del interrogatorio acotan a este periódico la intensidad de sus comparecencias. El delito de acoso por el que está acusado requiere, por ejemplo, que las vidas de las víctimas se haya visto condicionada de alguna manera. La Fiscalía, explican estas mismas fuentes, renunció a hacer preguntas a Junco después del primer interrogatorio de Solier.

La imagen de ambos entrando y saliendo del Tribunal Supremo ilustra la descomposición interna de una plataforma electoral creada a toda velocidad para las últimas elecciones europeas y que ahora, ya constituida en partido, pretende dar el salto a la política autonómica en Aragón. No había pasado ni un año desde los comicios cuando Alvise Pérez especuló públicamente con que sus dos eurodiputados, Nora Junco y Diego Solier, hubieran podido votar de una determinada manera sobre el rearme porque habían sido comprados por el lobby armamentístico. El líder de SALF escaló sus acusaciones y especulaciones ante su audiencia de más de 650.000 personas en Telegram y sus dos eurodiputados, que no tardaron en dejarle solo en Bruselas para sumarse al grupo de Giorgia Meloni, terminaron acudiendo al Tribunal Supremo a denunciarle.

El agitador acudirá este lunes al Supremo con la idea de solicitar el archivo de esta causa contra él. Una citación judicial en plena campaña aragonesa que habría levantado en armas a cualquier partido político, pero que Alvise Pérez convierte en un escaparate. En una de sus últimas comparecencias en el Tribunal Supremo no dudó en enfrentarse a los periodistas para acabar gritando: “Medios subvencionados, parásitos, criminales de la mafia de la información”. Una estrategia desarrollada por Vox cuando multiplicó su exposición pública gracias a la causa judicial contra el procés, pero con un cambio: los de Santiago Abascal ejercían la acusación y Luis 'Alvise' Pérez es el acusado.

Las encuestas, por el momento, no dan a 'Se Acabó La Fiesta' representación en las próximas elecciones aragonesas del 8 de febrero. Y el partido, de reciente creación y sin más altos cargos conocidos que el propio Alvise, se presenta con su líder sumido en un oleaje constante de causas judiciales que él atribuye al “lawfare de la partitocracia” pero que responden a episodios de presunto acoso e incluso a financiación ilegal.

Los 100.000 euros en efectivo

La acusación más grave que pesa sobre Alvise Pérez es la de financiación ilegal. Tal y como reveló elDiario.es, el agitador mantuvo conversaciones durante semanas con Álvaro Romillo, conocido como 'Luis CryptoSpain' y promotor de plataformas de inversión y criptomonedas como el Madeira Invest Club, para impulsar su candidatura a las últimas elecciones europeas. Un día antes de echarse a la carretera, Alvise acudió a las oficinas de una de las empresas de Romillo y recogió 100.000 euros en efectivo. Un acto que, un año y medio después, se ha traducido en una causa abierta por el Tribunal Supremo contra él.

El agitador de extrema derecha nunca ha negado la entrega, si bien ha dado una explicación que, por el momento, no ha convencido al juez Julián Sánchez Melgar. Ha asegurado que fue un pago que le hizo Romillo por servicios relacionados con su participación en actos de su plataforma y que usó el dinero para “capitalizarse a nivel personal” porque una de sus grandes promesas electorales era sortear su sueldo, algo que realizó durante unos pocos meses.

Las causas que más abundan contra Alvise, sin embargo, tienen que ver con el hostigamiento que promueve continuamente contra sus rivales políticos en su canal de Telegram, donde llegó a atesorar más de 720.000 seguidores y ahora mismo tiene algo menos de 649.000. Lleva varios años imputado por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa durante la pandemia para dar a entender que había acudido a un debate electoral contagiado de coronavirus. También está investigado por promover un acoso similar contra la fiscal valenciana Susana Gisbert.

El líder de SALF ha esquivado otras acusaciones penales. Por ejemplo, el Supremo rechazó su imputación por su papel en las protestas de noviembre de 2023 en la calle Ferraz de Madrid, así como por incitar al odio difundiendo la identidad de detenidos en Bilbao o bulos racistas sobre la muerte del joven Álvaro Prieto en Sevilla. Tampoco ha prosperado la acusación contra él por difundir una fotografía de una de las hijas de Pedro Sánchez en su canal.

El exasesor de Ciudadanos y Toni Cantó también acumula varias condenas judiciales por la vía civil, algunas de ellas ya firmes y otras pendientes de revisión por el Tribunal Supremo. En el capítulo de las condenas firmes están los 7.000 euros que debe pagar a la periodista Ana Pastor. En el de las condenas pendientes de ratificación hay indemnizaciones para Manuela Carmena (5.000 euros) y José Luis Ábalos (80.000 euros).

El Tribunal Supremo ha llamado a declarar al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez para el próximo lunes por el acoso y hostigamiento que supuestamente promovió contra sus propios eurodiputados. El magistrado Manuel Marchena, que hoy también toma declaración a los afectados, ha certificado que el propio líder de 'Se Acabó La Fiesta' se ha ofrecido a comparecer voluntariamente en una de las múltiples causas judiciales que hay abiertas contra él.

Este lunes, según apuntan fuentes jurídicas, tanto Nora Junca como Diego Solier han ratificado sus acusaciones de acoso y revelación de secretos contra él.

El diputado de extrema derecha está acusado de promover el hostigamiento contra Diego Solier y Nora Junco después de que votaran en un sentido contrario al suyo en debates parlamentarios en Bruselas sobre el rearme. En vídeos y entrevistas, Alvise llegó a especular con la posibilidad de que hubieran sido comprados por el lobby armamentísico y escribió varios mensajes contra ellos en su canal de Telegram, donde a día de hoy acumula casi 650.000 seguidores pero llegó a tener más de 720.000 suscriptores.

Marchena toma declaración a los dos eurodiputados afectados desde primera hora de esta mañana. Solier y Junco, que rompieron con Alvise y forman parte de otro grupo conservador en Bruselas, denunciaron que recibieron amenazas de todo tipo y que sus datos personales llegaron a filtrarse entre los seguidores de su antiguo colaborador.

El magistrado preguntó a Alvise si estaba dispuesto a declarar de forma voluntaria, sin necesidad de esperar a un suplicatorio, y ha fijado para el 26 de enero su comparecencia después de su respuesta afirmativa. El líder de 'SALF', que ya como partido se presentará a las elecciones aragonesas, tiene varias causas penales abiertas en el Supremo: por financiar su campaña europea con 100.000 euros en efectivo que le entregó 'CryptoSpain', por promover el acoso a una fiscal y por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa durante la pandemia.

Por la vía civil, además, el eurodiputado ha sido condenado a indemnizar con distintas cantidades a personas como la periodista Ana Pastor, la exalcaldesa Manuela Carmena o el exministro José Luis Ábalos por la difusión de bulos o por vulnerar su honor, intimidad e imagen en distintos mensajes de Twitter y Telegram.

La formación del eurodiputado ultra Luis Pérez Fernández 'Alvise' estudia la presentación de candidaturas a las elecciones autonómicas de Castilla y León, que se celebrarán con toda probabilidad el próximo 15 de marzo, fecha máxima para la cita tras el final de la legislatura. 'Se Acabó La Fiesta' presentó de forma sorpresiva candidaturas a las elecciones autonómicas de Aragón que se celebrarán el 8 de febrero tras haber renunciado a la convocatoria electoral de Extremadura que se celebró el 21 de diciembre.

Todavía no hay una decisión oficial, pero, según publicó Burgos Noticias, la burgalesa Lucía Echevarrieta, que forma parte como vocal de la Ejecutiva del partido de 'Se Acabó La Fiesta', se perfila como la candidata a la Presidencia a la Junta de Castilla y León por el partido ultra.

Echevarrieta es abogada, empresaria y diputada quinta del Colegio de Abogados de Burgos. El proyecto de SALF pasa primero por las elecciones de Aragón y luego ya tomar la decisión definitiva sobre si presentarse en Castilla y León, aunque el calendario electoral más probable no deja demasiado margen. Si las elecciones se convocan el último día posible, 20 de enero, la presentación de candidaturas sería entre el 5 y el 10 de febrero, con la cita en Aragón en medio el día 8.

En el caso de Castilla y León, la Ley Electoral permite que con un 3% de los votos válidos emitidos —la suma de los votos a candidatura y el blanco— se pueda acceder al reparto de un procurador y no el 5% que se marca para otro tipo de elecciones, como las municipales o como ocurría en Extremadura.

En las únicas elecciones en las que hasta la fecha ha participado el partido de Alvise, las Europeas del 2023, se quedaron como cuarta fuerza política de Castilla y León con un 4,03% de los votos después de PP, PSOE y Vox, logrando 42.791 apoyos a su candidatura. Sus mejores números los obtuvo por las provincias de Valladolid (4,52%), Segovia (4,39%), Ávila (4,19%), León (4,02%), en unas elecciones sin presencia de fuerzas locales representativas como UPL o Por Ávila.

Pero el partido de Alvise debería subir sus apoyos ya que en los repartos de procuradores por las provincias siempre son por encima del 5% en el mejor de los casos. En 2022, por ejemplo, en la provincia de Valladolid, Ciudadanos obtuvo un procurador con el 6,91% de los votos —18.801 apoyos—.

El propio Alvise, al hacerse públicas las listas de Aragón, explicó que se presentaba como respuesta al “vacío, el desprecio y el silencio” de Vox ante su propuesta de hacer un “frente común transitorio contra Pedro Sánchez” en Extremadura.

El objetivo, según el europarlamentario, es “usar sus propias reglas contra ellos, destrozarles el tablero y forzar elecciones generales, porque el verdadero voto útil es mandar a los criminales a prisión”. Alvise tratará de captar el voto antisistema con la posibilidad más fuerte en Zaragoza, provincia donde obtuvo el 5,24% de los votos. El líder de SALF tiene en estos momentos pendiente que el Europarlamento levante su inmunidad para imputarle en dos procesos: financiación ilegal y delito electoral y por hostigar a una fiscal de València, además de tener abiertas otras investigaciones como el presunto acoso a sus excompañeros de filas en el parlamento europeo.

'Se Acabó La Fiesta' tiene señalado en su agenda de eventos del 2026 un acto en Valladolid el próximo 24 de enero dentro de su gira llamada 'Unidos Por España', que tendrá lugar en la Feria de Valladolid.

El Tribunal Supremo ha puesto en marcha la investigación contra el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez por el supuesto acoso denunciado por Nora Junco y Diego Solier, parlamentarios que concurrieron con él en la lista de 'Se Acabó La Fiesta'. El magistrado Manuel Marchena ha citado a declarar a ambos afectados el próximo 12 de enero, ha puesto en marcha los trámites para pedir el suplicatorio al Parlamento Europeo y, además, ha preguntado a Alvise Pérez si está dispuesto a declarar voluntariamente como ha sucedido en otras causas abiertas contra él.

La plataforma SALF encabezada por Alvise Pérez consiguió tres eurodiputados en las últimas elecciones europeas, Nora Junco y Diego Solier, en unos comicios en los que consiguió 800.000 votos. Los conflictos internos empezaron poco después, cuando el propio Alvise especuló con que sus dos parlamentarios hubieran sido comprados por el lobby armamentístico por no votar igual que él en varios procesos relacionados con el rearme en el Parlamento Europeo.

Junco y Solier abandonaron SALF para integrarse, como independientes, en el grupo que encabeza el partido de la italiana Giorgia Meloni. En paralelo, anunciaron su intención de denunciar a su antiguo líder por haber promovido el acoso contra ellos a través de sus declaraciones, vídeos, entrevistas y sus mensajes en Telegram donde atesora algo más de 650.000 seguidores en la actualidad. El Supremo abrió la causa contra Alvise a principios del pasado mes de octubre y el instructor, Manuel Marchena, ha puesto la investigación en marcha: ha llamado a declarar a los dos afectados, ha pedido autorización a la eurocámara para proceder penalmente contra él y le ha dado la oportunidad de declarar voluntariamente.

Esta causa por revelación de secretos y acoso contra sus propios eurodiputados se convirtió en la cuarta causa judicial abierta contra el líder de SALF, que hace dos meses lanzó su candidatura a las próximas elecciones generales. También está imputado por la financiación de su plataforma con 100.000 euros en efectivo que le entregó 'CryptoSpain', por promover el acoso a una fiscal en València y por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa durante la pandemia. Los jueces han rechazado imputarle por otras acusaciones como promover altercados en la calle Ferraz o difundir bulos racistas sobre la muerte de un joven en Sevilla.

El Tribunal Supremo ha rechazado abrir una causa contra el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez por difundir bulos racistas que atribuían a “unos gitanos” la muerte del joven Álvaro Prieto, que murió electrocutado en 2023 en la estación de trenes de Sevilla. Los jueces, en contra del criterio de la Fiscalía que sí apostaba por imputar al líder de 'Se Acabó La Fiesta', entienden que esos mensajes difundidos ante cientos de miles de personas en su canal de Telegram no tienen entidad suficiente para ser considerados un delito de odio: “No consta ninguna actuación previa contra la etnia gitana”, justifica el tribunal en el que Alvise ya está investigado en cuatro causas diferentes.

El cuerpo del joven Álvaro Prieto fue hallado en octubre de 2023 entre dos vagones de tren en la estación sevillana de Santa Justa. Un día después, la autopsia del Instituto de Medicina Legal confirmó que el chico de 18 años había muerto electrocutado al tocar la catenaria, tal y como habían confirmado las imágenes de las cámaras de seguridad. En esos días, Alvise decidió lanzar un bulo en su canal de Telegram, que actualmente atesora más de 650.000 seguidores: a Álvaro Prieto le había matado un “grupo de gitanos” con quienes había tenido una supuestas pelea previa.

“Cogen peso las pruebas del posible homicidio a manos de un grupo de gitanos. Según diversas fuentes cercanas al fallecido, el joven huía de unos gitanos tras haber mantenido algún tipo de intimidad con la posible novia de uno de ellos”, dijo Alvise. Ese mismo día difundió un audio de un supuesto testigo que relataba cómo unas 30 personas habían salido corriendo detrás del joven, relacionando esa supuesta persecución con su muerte.

La realidad desmintió la teoría xenófoba con la que Alvise y otras cuentas vinculadas a la extrema derecha pretendieron vincular la muerte de este joven con personas de etnia gitana y un juzgado de Sevilla abrió una investigación contra él por un posible delito de odio. Una causa que tras diversas prórrogas llegó al Tribunal Supremo con la Fiscalía apoyando la apertura de una causa contra el líder de SALF por delito de odio, algo que acaban de rechazar los jueces de la Sala de lo Penal. Sus mensajes, explican, no alcanzan la categoría de delito de odio.

La investigación, reprocha el Supremo, no refleja que Alvise “actuara específicamente dirigido a lograr de otros la discriminación, el odio, la hostilidad o la violencia” contra el pueblo gitano. “No consta ninguna actuación previa del aforado contra la etnia gitana” y, además, existe la posibilidad de que el bulo de Alvise se difundiera antes de que se conociera la verdadera causa de la muerte del joven. Tampoco consta, añade el Supremo, “que alentara a sus seguidores después de que estos desataran sus agresivos comentarios”. No hay pruebas, zanja, de que Alvise “pretendiera extender el rechazo a la etnia gitana más allá de sus propios prejuicios personales”.

El líder de 'Se Acabó La Fiesta' está siendo investigado en cuatro causas distintas en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, pendiente en varias de ellas de que el Parlamento Europeo conceda el suplicatorio para poder sentarse en el banquillo. Está imputado por la financiación supuestamente irregular de su candidatura con 100.000 euros en efectivo, por fomentar el acoso contra una fiscal de València, por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa y más recientemente por fomentar el acoso contra sus dos eurodiputados.

En este caso, hace pocas semanas el Supremo rechazó abrir una quinta causa contra él “al no presentar los hechos descritos un fundamento sólido y objetivo de revestir caracteres de delito”.

La presidenta del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha anunciado este miércoles que se inicia el otro proceso para retirar la inmunidad al europarlamentario Luis 'Alvise' Pérez, del partido ultra Se Acabó La Fiesta. Este es el segundo procedimiento para que pierda la protección que le otorga su condición de parlamentario europeo que se ha puesto en marcha tras sendas peticiones del Tribunal Supremo.

Las causas por las que el Alto Tribunal ha pedido acabar con la inmunidad de Alvise son por acosar a la fiscal Susana Gisbert, especialista de delitos de odio en el Ministerio Público en València, a la que hostigó con varios mensajes en Telegram, y por financiación ilegal de su candidatura a los últimos comicios europeos.

Respecto al caso del hostigamiento a la fiscal, el Supremo señaló que se investiga a Alvise por posibles injurias, coacciones y delito de odio contra Gisbert. El político ultra dedicó varios mensajes a esta fiscal en febrero de 2024 en su canal de Telegram. Alvise dedicó una de sus múltiples campañas de señalamientos a los fiscales especialistas en delitos de odio. “Esta gente es la que nos está multando e intentando meter en prisión a miles de españoles por decir que la masiva inmigración ilegal es una INVASIÓN”, añadía el ultraderechista. La investigación constató que en dicho canal se realizaron hasta 1.500 comentarios “con contenidos insultantes o expresando la voluntad de perseguir o atacar a la fiscal en cualquiera de los lugares que frecuentara, atacar su casa, hacerla la vida imposible o abordar ataques contra ella en presencia de su familia”.

En el caso de la financiación ilegal, tal y como reveló elDiario.es, el agitador de extrema derecha está investigado por financiar su candidatura de las últimas elecciones europeas con los 100.000 euros que Álvaro Romillo, empresario de las criptomonedas y también imputado por el colapso de su club de inversiones, le dio en Madrid pocas horas antes de que empezara la campaña electoral.

El juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, acordó la semana pasada mandar a prisión sin fianza a Álvaro Romillo por supuesta estafa con criptomonedas. Romillo es el empresario del sector de las criptomonedas que financió a Alvise Pérez. Fue detenido tras hallar una cuenta vinculada al empresario con 29 millones de euros en Singapur nutrida con el dinero de los inversores del Madeira Invest Club (MIC) supuestamente estafados.

Además, Alvise también tiene otras dos causas en el Supremo. Está acusado de acosar a los dos eurodiputados de su propio partido, Se Acabó La Fiesta, y por difundir una prueba falsa de PCR del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, un delito que el político ultra admitió ante los tribunales que había cometido.

Alvise Pérez presentó el pasado 12 de octubre su candidatura a las elecciones generales de España, que están previstas para 2027. En este acto aseguró que las investigaciones del Tribunal Supremo son una campaña de acoso contra él por parte del sistema “corrupto”.

La presidenta del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha anunciado este miércoles que se han iniciado los trámites para la retirada de inmunidad parlamentaria al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, del partido ultra Se Acabó La Fiesta. Metsola ha explicado que ha enviado la solicitud del Alto Tribunal español a la comisión de Asuntos Jurídicos, que será el organismo que la llevará a cabo.

El Tribunal Supremo solicitó a la Eurocámara que suspenda la inmunidad de Luis 'Alvise' Pérez  por dos casos. Por un lado, el Supremo quiere investigar a Alvise por financiar ilegalmente su candidatura a los últimos comicios europeos. Por otro lado, se ha pedido que pierda la protección que le otorga su condición de parlamentario europeo por acosar a la fiscal Susana Gisbert, especialista de delitos de odio en el Ministerio Público en València, a la que hostigó con varios mensajes en Telegram.

En el caso de la financiación ilegal, tal y como reveló elDiario.es, el agitador de extrema derecha está investigado por financiar su candidatura de las últimas elecciones europeas con los 100.000 euros que Álvaro Romillo, empresario de las criptomonedas y también imputado por el colapso de su club de inversiones, le dio en Madrid pocas horas antes de que empezara la campaña electoral.

Respecto al caso del hostigamiento a la fiscal, el Supremo señaló que se investiga a Alvise por posibles injurias, coacciones y delito de odio contra Gisbert. El político ultra dedicó varios mensajes a esta fiscal en febrero de 2024 en su canal de Telegram. Alvise dedicó una de sus múltiples campañas de señalamientos a los fiscales especialistas en delitos de odio. “Esta gente es la que nos está multando e intentando meter en prisión a miles de españoles por decir que la masiva inmigración ilegal es una INVASIÓN”, añadía el ultraderechista. La investigación constató que en dicho canal se realizaron hasta 1.500 comentarios “con contenidos insultantes o expresando la voluntad de perseguir o atacar a la fiscal en cualquiera de los lugares que frecuentara, atacar su casa, hacerla la vida imposible o abordar ataques contra ella en presencia de su familia”.

El Parlamento europeo no ha clarificado por cuál de las dos causas ha admitido a trámite la suspensión de la inmunidad del eurodiputado de ultraderecha. Ahora se pone en marcha un proceso que se puede alargar unos meses y que concluirá con una votación en el Cámara europea donde se decidirá por voto simple si Alvise mantiene o no este privilegio parlamentario.

Además, Alvise también tiene otras dos causas en el Supremo. Está acusado de acosar a los dos eurodiputados de su propio partido, Se Acabó La Fiesta, y por difundir una prueba falsa de PCR del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, un delito que el político ultra admitió ante los tribunales que había cometido.

Alvise Pérez presentó el pasado 12 de octubre su candidatura a las elecciones generales de España, que están previstas para 2027. En este acto aseguró las investigaciones del Tribunal Supremo son una campaña de acoso contra él por parte del sistema “corrupto”.

Alvise Pérez es un sujeto político extraño. Sacó más de 800.000 votos y tres eurodiputados en las últimas elecciones europeas con un canal de Telegram como único respaldo político. El fenómeno captó portadas, las encuestas empezaron a medir su impacto y algunas llegaron a situarlo en el 5%. El agitador ultraderechista, al calor de todo aquello, se veía ya como llave para un Gobierno de PP y Vox, como demuestran los audios que desveló este diario en los que prometía leyes a favor de un empresario que le había pagado 100.000 euros unos meses antes. Queda tiempo todavía para las elecciones y la política puede tener sorpresas reservadas, pero más de un año después de esos comicios el fenómeno Alvise parece que no termina de arrancar. 

El fundador de Se Acabó La Fiesta (SALF), conocido antes de su salto a la política por difundir informaciones falsas en sus redes sociales, decidió el domingo pasado convocar un acto en Vistalegre como pista de lanzamiento de su candidatura a las generales. A pesar de que en sus plataformas habló de lleno total, en el recinto de Carabanchel había importantes huecos tanto en las gradas como en la pista, que llenó de unos cientos de sillas. En total, cerca de unas 4.000 personas, lejos de las cerca de 10.000 que congregó Vox la última vez que organizó allí un evento. Este tipo de actos y las encuestas apuntan a que el partido de moda entre la extrema derecha sigue siendo el de Santiago Abascal. 

Los sondeos que llegaron a situar a Pérez por encima del 5%, como el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ahora le colocan entre el 1% y el 2%, cifras que complicarían su objetivo de entrar en el Congreso de los Diputados en las próximas elecciones y también de colocarse como partido clave para la gobernabilidad de una posible coalición del PP con Vox. Ese es el escenario que proyectaba en septiembre de 2024, unos meses después de su irrupción en las europeas, cuando le prometía al empresario Álvaro Romillo, fundador de Madeira Club Invest (MIC), que legislaría a su favor en España cuando llegase el momento. 

“Es un pulso histórico. ¿En qué sentido? En el sentido de que las encuestas me encaminan cada vez más cerca de ser llave de Gobierno con Feijóo y con Abascal y esto significa que yo en un posible acuerdo de Gobierno, puedo poner como [condición] sine qua non una serie de legislación [sic] relativas a bitcoin, etcétera. [...] Por eso estoy intentando ver cómo afronto este asunto porque quiero defender... pues no sé, ¿sabes? Defender tu negocio, defender bitcoin y, digo, lo voy a hablar antes contigo”, le decía según los audios desvelados por elDiario.es. Unos meses antes, durante la campaña de las europeas, Romillo le había pagado 100.000 euros en metálico, según confesó el propio empresario a la Fiscalía. 

La causa que investiga este asunto avanza en la Justicia: el Tribunal Supremo acaba de pedir al Parlamento Europeo que suspenda la inmunidad del eurodiputado para poder investigarlo por un delito electoral y otro de financiación ilegal. Pérez tiene abiertas además otras tres investigaciones judiciales contra él. Alvise Pérez suele abordar estos contratiempos colocándose como una víctima. “No falla: Ni 24 horas después del lleno en Vistalegre y la donación íntegra del sueldo, el Tribunal Supremo pide imputar a Alvise Pérez por algo que la Comisión de Ética y la Presidencia del Parlamento Europeo ya dijo que no había ninguna ilegalidad”, puso hace poco en su canal.

El eurodiputado publicó hace meses un vídeo en el que mostraba una carta de la Presidencia del Europarlamento de la que solo se hicieron eco medios afines como EDATV y en la que supuestamente le declaraba inocente, aunque lo único que se ve en su publicación es un papel impreso en el que se habla de que una de las comisiones de vigilancia de la cámara no ha encontrado evidencia suficiente sobre las acusaciones. La carta no se puede localizar en la web del parlamento y tampoco Alvise aportó ningún enlace para comprobar su validez, pero además el eurodiputado usó ese argumento para restar importancia a las acusaciones de “medios de comunicación, de algunos partidos y muchos influencers” sin mencionar que lo que pesa contra él no son “calumnias” como él las llama sino investigaciones judiciales.

Lejos de un fenómeno de masas que efectivamente podría haber llenado un pabellón como Vistalegre, como ocurrió con Vox hace unas semanas o con Podemos en sus inicios, Alvise Pérez logró juntar un número considerable de gente el pasado domingo, pero mucha menos de la que seguramente él pensaba. Para hablar del supuesto lleno en su canal, utilizó una fotografía en la que se lo puede observar en el escenario mientras saluda al público. Pero en las gradas aparecen rastros de flashes en zonas donde, según pudo comprobar este diario aquel día, no había nadie. La foto tiene una pequeña marca de agua en una de las esquinas que desvela que ha sido tratada con la inteligencia artificial de Google. 

El líder de SALF combina estos gestos con sus quejas por la escasa cobertura mediática que, según piensa, suscitó su lanzamiento como candidato. “Cuando salió Podemos tras aparecer en todos los medios, se les cubrió. Cuando apareció Abascal, todos los medios que movilizaron el miedo le sacaron. Cuando aparece ATENEA con todos los medios detrás, copa debates y prime-time con Iván como invitado… pero cuando un movimiento civil que renuncia a subvenciones, que dona el escandaloso sueldo público que recibe, y que llena Vistalegre sin la más mínima cobertura en ningún medio, se le silencia, difama y ridiculiza”, escribió en su canal, pese a que aquel día había varios de los principales medios de comunicación del país. 

Alvise ni siquiera ha cumplido todavía uno de los grandes momentos de su lanzamiento como candidato, la donación de 50.000 euros de su sueldo público, que anunció durante el evento que irían a una fundación de la Guardia Civil. Tanto la Asociación Por Huérfanos de la Guardia Civil como una similar de la Policía han rechazado la donación en los últimos días bajo la premisa de salvaguardar su neutralidad política. Hace unos días, el agitador colgó una noticia en su canal de Telegram para acusar a esa asociación de vínculos con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A pesar de que la donación de su sueldo fue una de sus grandes promesas electorales, hasta ahora apenas ha sorteado dos mensualidades en más de un año en el cargo.

Las cuatro imputaciones de Alvise Pérez

Su incierta carrera política ha ido acompañada de una lista de problemas judiciales que han ido empeorando en el último tiempo, pero que no comienzan el 9 de junio de 2024. De hecho, para cuando se convirtió en eurodiputado, el agitador de extrema derecha ya había sido condenado en firme por lo civil en el Tribunal Supremo por publicar fotos privadas de la periodista Ana Pastor. Y varias causas penales estaban siendo tramitadas por los tribunales, todas enviadas al Supremo cuando consiguió su asiento en el Parlamento Europeo y, por tanto, quedó aforado.

En estos momentos Alvise está investigado en cuatro causas diferentes tramitadas ante la Sala de lo Penal del Supremo. Una de ellas tiene que ver con Crypto Spain, la compañía de Álvaro Romillo, el empresario que le pagó 100.000 euros supuestamente para financiar su aventura política. Un caso de financiación supuestamente ilegal destapado por elDiario.es y que ahora avanza hacia el juicio: el magistrado que le investiga ha pedido el Suplicatorio al Parlamento Europeo, paso indispensable para poder sentar a un eurodiputado en el banquillo.

Alvise se enfrenta en esta causa a un delito de financiación ilegal y un delito electoral en una causa en la que sus explicaciones no han convencido al juez. En su declaración defendió que esos 100.000 euros eran un pago de Romillo por participar en un acto de su plataforma de inversiones en el Hipódromo de La Zarzuela, y también para amortiguar las consecuencias económicas de sortear su sueldo. El juez, a día de hoy, está convencido de que ese dinero sirvió para financiar su candidatura y que nunca pasó por manos del Tribunal de Cuentas. 

Una segunda causa ha sido abierta recientemente contra él por su actividad más conocida fuera del Parlamento Europeo: instigar linchamientos en su canal de Telegram, donde tiene 650.000 seguidores, contra sus detractores. En este caso, contra sus propios eurodiputados Nora Junco y Diego Solier, con los que está abiertamente enfrentado después de acusarles de cobrar dinero de lobbies armamentísticos a cambio de modificar su opinión en votaciones sobre el rearme.

Esta causa está íntimamente relacionada con la descomposición de su formación en Bruselas. Junco y Solier abandonaron a Alvise para unirse al sector que comanda el partido europeo de Giorgia Meloni después de denunciar que su líder les acusaba en falso de venderse por maletines de dinero y de, afirman, recibir cientos de amenazas de sus seguidores después de que Alvise les pusiera en la diana. El Supremo investiga, incluso, si en ese canal de Telegram el agitador o sus suscriptores publicaron el teléfono móvil de los eurodiputados.

Una tercera causa contra Alvise está relacionada con este modus operandi del agitador que desde hace años usa su canal de Telegram, con cientos de miles de seguidores, para ajustar cuentas con sus enemigos y difundir bulos. Está investigado por promover un hostigamiento similar contra Susana Gisbert, fiscal en València. Finalmente, en una cuarta causa que arrancó en 2021 se le acusa de difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa.

Todas estas causas judiciales, encabezadas por la financiación ilegal de su candidatura, están a la espera de que el Parlamento Europeo levante la inmunidad de Alvise Pérez y los jueces puedan proceder contra él y, en la práctica, llevarle a juicio en el Tribunal Supremo. El calendario judicial hace factible que, si llega a sentarse en el banquillo en alguno de estos casos, sea hipotéticamente condenado e inhabilitado antes de las elecciones generales de 2027 si así lo deciden los jueces que estudien su caso.

El líder de Se Acabó La Fiesta también se enfrenta a diversas causas judiciales tramitadas por la vía civil en las que los jueces estudian si debe indemnizar a personas a las que ha difamado, o cuya intimidad ha invadido en sus mensajes de Telegram y Twitter. Condenas, por ejemplo, a indemnizar con miles de euros a la periodista Ana Pastor, la exalcaldesa de Madrid Manuela Carmena o el exministro y hoy imputado José Luis Ábalos.

El Tribunal Supremo ha decidido dirigirse al Parlamento Europeo para que suspenda la inmunidad de Luis 'Alvise' Pérez y poder seguir investigándole por financiar ilegalmente su candidatura a los últimos comicios europeos. El juez Julián Sánchez Melgar entiende que la eurocámara debe dar el visto bueno a seguir adelante con la causa al considerar “poco verosímil” su versión de los hechos: que los 100.000 euros que el empresario Álvaro Romillo le pagó en efectivo no era para financiar su candidatura sino como contraprestación por participar en un acto de su plataforma de inversiones. El juez apunta a dos delitos: financiación ilegal y delito electoral.

Se trata de una de las cuatro causas que el Tribunal Supremo mantiene abiertas contra el líder de 'Se Acabó La Fiesta', que hace unos días lanzó su candidatura a las próximas elecciones generales en un palacio de Vistalegre que no consiguió llenar, proponiendo medidas como las macrocárceles que El Salvador. También está investigado por hostigar a una fiscal de València, por promover el acoso a sus propios eurodiputados y por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa durante la pandemia.

En este caso, tal y como reveló elDiario.es, el político y agitador de extrema derecha está investigado por financiar su candidatura de las últimas elecciones europeas con los 100.000 euros que Álvaro Romillo, empresario de las criptomonedas y también imputado por el colapso de su club de inversiones, le dio en Madrid pocas horas antes de que empezara la campaña electoral de Alvise. El propio Romillo lo reconoció por escrito y lo ratificó en su declaración como investigado.

El juez anuncia que pedirá el suplicatorio y revela que las explicaciones de Alvise sobre el origen y el destino de ese dinero no son creíbles. Ante el juez, afirmó que esos 100.000 euros en efectivo eran un pago de Romillo por haber participado en un acto de su plataforma de inversiones en el Hipódromo de La Zarzuela. Algo “a todas luces por verosímil”, dice ahora el juez después de escuchar tanto sus explicaciones como las de Romillo.

Ese dinero, añade el juez, “no se documenta, se mantiene opaco, y se utiliza para fines electorales, lo que supone una forma de proceder que desequilibra el buen funcionamiento electoral”. Actuaron tratando de aprovechar “influencias futuras” ayudando a Alvise a obtener el escaño, rompiendo “el bien jurídico protegido que lo es la limpieza y transparencia electoral”.

Alvise Pérez tiene lista una plataforma para presentarse a las elecciones generales. Este domingo ha presentado en el Palacio de Vistalegre a la ejecutiva nacional de su partido, Se acabó la fiesta (SALF), y se ha lanzado como candidato para los comicios previstos en 2027 con la promesa de una deportación masiva de inmigrantes, la creación de una macrocárcel y un programa económico como el del presidente argentino, Javier Milei. El evento se celebra cinco días después de que el Tribunal Supremo le abriese una nueva causa, en esta ocasión por acoso a sus dos diputados en el Parlamento Europeo.

Según los cálculos que el eurodiputado de extrema derecha transmitió en su canal de Telegram, su principal plataforma de comunicación, 5.000 personas habían comprado una entrada para asistir a la presentación del lanzamiento de SALF a nivel nacional, aunque entre las gradas del recinto se veían bastantes agujeros. Con una iluminación muy tenue y un escenario en el que únicamente se podían leer las siglas en grande de la formación, Pérez se ha presentado como una alternativa al sistema “partitocrático” y azote contra la corrupción.

Alvise, que irrumpió en la política nacional hace poco más de un año, en las elecciones europeas, con más de 800.000 votos, ha vivido tiempos turbulentos desde entonces. A los problemas con sus propios compañeros de bancada en Bruselas se han sumado con el paso de los meses las investigaciones que la Justicia ha abierto contra él por varios motivos. El eurodiputado tiene cuatro causas abiertas, entre ellas una sobre la financiación de su candidatura con 100.000 euros en efectivo.

También está investigado por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa y por varios mensajes que escribió en su canal de Telegram contra la fiscal Susana Gisbert, especialista de delitos de odio en el Ministerio Público en València. La última causa que le ha abierto el Supremo tiene que ver con las dos personas que obtuvieron acta de eurodiputados en su lista electoral. Los jueces investigan cómo después de enemistarse con él por sus desencuentros en varias votaciones en el Parlamento Europeo fueron “víctimas de una continua campaña de hostigamiento” y llegaron a “temer por su integridad física” tras filtrarse sus direcciones de correo, su teléfono y sus redes sociales.

Alvise cree que todas esas investigaciones son una campaña de acoso contra él por parte del sistema “corrupto”. “Utilizarán cualquier cosa para atacarnos”, ha dicho este domingo ante sus miles de seguidores. “Me niego a vivir en una España decadente y saqueada, elijo luchar, devolver el golpe, alzarme y no arrodillarme, vivir y no morir”, ha reivindicado entre los aplausos de los asistentes, vestidos con banderitas de España, que han arropado su discurso con gritos como “Sánchez, hijo de puta”.

El eurodiputado ha aprovechado el evento para hablar de su programa electoral, una mezcla de ideas copiadas de los Gobiernos de Donald Trump, el salvadoreño Nayib Bukele o el argentino Javier Milei. Ha comenzado hablando sobre inseguridad, que como todas las fuerzas de extrema derecha vincula a la inmigración. “Nuestras calles no son seguras, la tasa de inseguridad entre inmigrantes triplica a la de los nacionales”, ha dicho. Para ello ha anunciado “el mayor plan de deportación masiva de la historia reciente de España”, que quiere financiar con un recorte de 4.000 millones en ayuda a la cooperación internacional. También ha hablado de la construcción de una macrocárcel como la de El Salvador.

Sobre sus ideas económicas, tampoco nada nuevo: desregulación y bajadas de impuestos. Después de denunciar que la Agencia Tributaria ha creado un “clima de terror” entre los inspectores, ha prometido una bonificación del 100% del IRPF a todos los “españoles que cobren menos de 35.000 euros al año”. Eso corresponde a más de la mitad de la población: la Encuesta de Estructura Salarial sitúa a casi el 50% de los trabajadores por debajo de los 22.000 euros brutos anuales.

¿Sorteo de su sueldo de eurodiputado?

Una de las principales promesas de campaña de Alvise para las europeas fue el sorteo de su sueldo como eurodiputado. El político de extrema derecha creó una plataforma para donar su salario de forma aleatoria, aunque dejó de hacerlo hace más de un año, tras repartir apenas dos mensualidades. En estos meses, ha puesto varias excusas, como que donaría una parte a los afectados por la DANA, aunque nunca aportó pruebas sobre esa entrega de dinero, o problemas sobre la cantidad de impuestos que se pagan con este tipo de operaciones.

De hecho, en la causa que lo investiga por financiación ilegal por aquellos 100.000 euros que recibió en efectivo para su campaña a las europeas, Pérez justificó ante el juez que necesitaba ese dinero para “capitalizarse a nivel personal” dada su “promesa” de sortear cada mes el salario público de 8.500 euros netos que obtendría en caso de resultar elegido. Así lo recoge la transcripción de esa declaración, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Este domingo ha querido escenificar la vuelta de ese sorteo con el reparto de 50.000 euros a una fundación relacionada con la acogida de niños huérfanos de guardias civiles. Esta vez, el sorteo no se ha realizado de manera aleatoria en su página web, sino que ha premiado a la asociación de la Policía y la Guardia Civil que más apoyos recibiese en una publicación que subió a sus redes sociales. Esos 50.000 no cubren, eso sí, la cantidad íntegra de sueldo que ha recibido durante su etapa en el Parlamento Europeo, que sobrepasa los 124.000 euros anuales.

El Tribunal Supremo ha abierto una nueva causa penal contra Luis 'Alvise' Pérez, esta vez acusado de acosar a los dos eurodiputados de su propio partido, 'Se Acabó La Fiesta'. Los jueces explican que, después de enemistarse con Alvise a cuenta de varias votaciones, fueron “víctimas de una continua campaña de hostigamiento” y que llegaron a “temer por su integridad física” tras filtrarse sus direcciones de correo, su teléfono y sus redes sociales.

La plataforma SALF encabezada por Alvise Pérez consiguió tres eurodiputados en las últimas elecciones europeas, Nora Junco y Diego Solier, en unos comicios en los que consiguió 800.000 votos. Los conflictos internos empezaron poco después, cuando el propio Alvise especuló con que sus dos parlamentarios hubieran sido comprados por el lobby armamentístico por no votar igual que él en varios procesos relacionados con el rearme en el Parlamento Europeo.

Junco y Solier abandonaron SALF para integrarse, como independientes, en el grupo que encabeza el partido de la italiana Giorgia Meloni. En paralelo, anunciaron su intención de denunciar a su antiguo líder por haber promovido el acoso contra ellos a través de sus declaraciones, vídeos, entrevistas y sus mensajes en Telegram donde atesora algo más de 650.000 seguidores en la actualidad.

El Tribunal Supremo entiende que hay material suficiente para abrir una nueva causa contra Alvise, que también está investigado por promover un hostigamiento similar contra la fiscal Susana Gisbert, por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa y, finalmente, por financiar su candidatura a las últimas elecciones con 100.000 euros en efectivo pagados por un empresario de las criptomonedas, Álvaro Romillo.

Los dos antiguos miembros de SALF aseguran que los mensajes y vídeos de Alvise se tradujeron en un acoso incesante contra ellos, filtrándose sus números de teléfono y sus direcciones de correo. Desde entonces, afirman, han recibido una “ingente cantidad” de insultos y amenazas, sufriendo “una continua sensación de inseguridad”. Nora Junco, incluso, ha tenido que cambiar de número de teléfono mientras recibe “cientos” de correos al día.

La Sala de lo Penal explica que Alvise hizo llamadas “explícitas” a que sus miles de seguidores desarrollaran “una actitud repetidamente hostil” a sus dos antiguos colaboradores. Alvise, además, “pudo haber facilitado aspectos personales” de Junco y Solier “reiterando sus llamamientos a que resultaran hostigados como reacción a su posición política”.

La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que ponga en marcha los mecanismos necesarios para que Luis 'Alvise' Pérez pierda su inmunidad de eurodiputado y pueda ser juzgado por financiar ilegalmente su candidatura electoral. Según ha podido comprobar elDiario.es, el Ministerio Público se ha sumado al resto de acusaciones y ha pedido al juez Julián Sánchez Melgar que emita un suplicatorio para tumbar la protección del Parlamento Europeo, al entender que estos meses de investigación “han confirmado sobradamente las iniciales sospechas” que llevaron a la apertura de una causa por haber cobrado 100.000 euros en efectivo de un empresario de las criptomonedas durante la última campaña electoral europea.

El Tribunal Supremo decidió abrir la causa por financiación ilegal contra el líder de 'Se Acabó La Fiesta' el pasado abril. Tal y como reveló en exclusiva elDiario.es, el entonces agitador ultra contactó con Álvaro Romillo, empresario del sector de las criptomonedas apodado 'CryptoSpain', para colaborar y finalmente obtener dinero de cara a las elecciones europeas de 2024. Un día antes de lanzarse a la carretera y empezar su campaña, Alvise acudió a las oficinas de una empresa de Romillo y recogió 100.000 euros en efectivo.

Romillo, también imputado en esta causa e investigado en la Audiencia Nacional por la quiebra de su fallido club de inversiones, ha reconocido que entregó el dinero y el propio Alvise lo confesó en su declaración judicial voluntaria del pasado mes de julio. Según su versión, el dinero no era para financiar la candidatura en la que consiguió casi 800.000 votos y tres escaños en Bruselas, sino para “capitalizarse a nivel personal” por el sorteo de su sueldo que prometió a sus seguidores y votantes.

El juez del Supremo preguntó a las partes si había llegado el momento de dar un paso más y la Fiscalía ha contestado que el Parlamento Europeo debe retirar su inmunidad para, en su caso, poder sentarle en el banquillo en Madrid. El Ministerio Público deja claro que no ha quedado convencido con las explicaciones de Alvise y explica que las “iniciales sospechas” que llevaron a abrir el caso se han transformado en “indicios racionales de criminalidad”, lo que aumenta su “potencia incriminatoria”.

En medio año de diligencias la Policía ha concluido en un informe que Alvise recibió esos 100.000 euros en efectivo para financiar su campaña y no por otros motivos esgrimidos por el agitador, que ha pasado de afirmar que era dinero cobrado por “trabajos” como “autónomo” a decir ahora que era para hacer frente al sorteo de su sueldo. La “motivación subyacente” de esta entrega de dinero, dice la Policía, era “financiar parte de la campaña electoral”.

La Fiscalía destaca que Alvise cobró ese dinero en efectivo “con el objeto de financiar su campaña electoral a las elecciones al Parlamento Europeo del año 2024”, mientras Romillo abría wallets [monederos digitales donde están las criptomonedas] para que sus seguidores pudieran hacer donaciones en criptomonedas. Lo hizo, además, “ocultando a las autoridades encargadas de supervisar los gastos electorales la existencia de tal donación”. Según las acusaciones que pesan sobre él, 'Se Acabó La Fiesta' nunca explicó al Tribunal de Cuentas de dónde sacaba el dinero para financiar la candidatura.

El fiscal encargado del caso entiende que Alvise se puede enfrentar a varios delitos de financiación ilegal al infringir la normativa que regula el dinero que pueden recibir los partidos políticos, expuesto a condenas de hasta cuatro años de cárcel en los casos más graves. El Ministerio Público añade que el juez debe emitir el suplicatorio para que el Parlamento Europeo retire su inmunidad y así, llegado el caso, poder sentarle en el banquillo.

Un “extra” de 100.000 euros en una “maleta negra”

En su comparecencia voluntaria ante el Supremo, el eurodiputado y líder de 'Se Acabó La Fiesta' reconoció que había cobrado ese dinero en efectivo, pero negó que fuera destinado a financiar su campaña. Después de unos primeros meses en los que aseguró que el dinero era un pago “como autónomo y sin facturas” por servicios prestados a Romillo y sus empresas, ante el juez añadió que necesitaba el dinero para hacer frente a su promesa de sortear su sueldo mensual de eurodiputado.

Alvise explicó que recogió el dinero en una “maleta de deporte negra” y que el objetivo era sufragar gastos personales como “cenas con fuentes de información” o reuniones con “personas afines”. “Tengo tres vidas diferentes. Como eurodiputado, y ahí utilizo las dietas, cuando estoy con el partido y utilizo el dinero del partido, y cuando tengo que hacer viajes personales, que utilizo mi dinero privado”, dijo en el alto tribunal.

El juez preguntó varias veces a Alvise si había presentado su contabilidad al Tribunal de Cuentas, encargado de fiscalizar las candidaturas y sus finanzas, momento en el que el eurodiputado descargó la responsabilidad en una empresa a la que, asegura, contrató para hacer ese trabajo. “La agrupación de electores 'Se Acabó la Fiesta (SALF)' no ha presentado la contabilidad electoral”, dice este organismo en su último informe.

La causa por financiación ilegal es una de las múltiples imputaciones a las que se enfrenta Luis 'Alvise' Pérez, la mayor parte relacionadas con su actividad como agitador ultra en sus redes sociales, donde acumula cientos de miles de seguidores. Está investigado por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa y por incitar al hostigamiento contra la fiscal valenciana Susana Gisbert, mientras los jueces han rechazado una nueva imputación por difundir los rostros de decenas de detenidos en la Aste Nagusia de Bilbao en 2023.