El eurodiputado y líder de la formación ultra Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis ‘Alvise’ Pérez, visitó Toledo este domingo para recoger avales que permitan a esta formación participar en las próximas elecciones generales. Micrófono en mano, se dirigió a las personas allí congregadas para asegurar, en una intervención no muy distinta a las de PP o Vox en los últimos días, que España está en manos de una “mafia” a la que hay que “enfrentar” con “el mayor golpe electoral de la historia política del país”.

La de Toledo es la segunda visita que ha hecho a Castilla-La Mancha el polémico Alvise Pérez en apenas unos días. El pasado viernes ya estuvo en Guadalajara, donde aseguró que ya dispone de los avales necesarios para poder concurrir a las elecciones generales del 29 de noviembre en Guadalajara, Cuenca y Ciudad Real.

Habla de “corruptos a izquierda y a derecha”

El grueso del discurso giró en torno a la corrupción, que el líder de SALF atribuyó por igual a formaciones de uno y otro signo. “Aquí no discriminamos ni a izquierda ni a derecha. Si eres un criminal, si eres un corrupto, vamos a por ti”, aseveró.

E hizo dos propuestas concretas sobre estas materias: que los delitos de corrupción no prescriban y construir una “macrocárcel al estilo El Salvador” para que los condenados no salgan “hasta que no devuelvan el último euro robado”.

El eurodiputado defendió además que su formación cobra “0 euros en subvenciones” y que sus estatutos prohíben que la ejecutiva cobre “un solo euro”, aunque obviando su propia situación judicial, ya que los tribunales mantienen seis causas abiertas contra él, una de ellas, por financiación ilegal de partidos tras haber recibido supuestamente 100.000 euros en metálico de un empresario para sufragar su campaña al Parlamento Europeo.

En materia de vivienda, Pérez abogó por la “eliminación del 100% de impuestos a la primera vivienda” y atribuyó el encarecimiento de los precios a la presión fiscal, culpando también a los ayuntamientos: “¿Por qué no hay un solo partido que pida la eliminación del 100% de impuestos a la primera vivienda de todo español que no tenga una? No lo dicen porque los grandes partidos se financian de la recalificación del suelo municipal”.

Asegura que vienen “años de violencia”

Fue en ese punto donde lanzó su advertencia sobre la polarización: “Había una época en la que aunque pensáramos diferente podíamos ser amigos. Todos teníamos nuestro amigo más de izquierda y más de derecha en el grupo. Ahora, con la polarización que hay, Dios mío, ¿cuántas familias se han roto? ¿Cuántos amigos hemos perdido?”. Y concluyó: “Si esto sigue así, Dios no lo quiera, se prevén años de violencia porque ya no hablamos entre nosotros. Y yo detesto la violencia. Yo quiero paz, armonía, amor entre españoles”.

En ese tono, el eurodiputado apeló a la historia —“cada vez que nos unimos como pueblo, ¿dónde llegamos? Al cielo y más allá. Plus Ultra. A ser el mayor imperio global de la historia de la humanidad”— y a la religión: “Yo no tengo la capacidad de odiar porque soy cristiano, y para los cristianos odiar es un pecado imperdonable”.

El próximo 29 de noviembre será la segunda vez que los electores de Castilla-La Mancha se encuentren la papeleta de SALF en sus colegios electorales. La primera vez que se presentó la formación política fue en las elecciones europeas del año 2024, donde logró ser la cuarta formación más votada en la región, por detrás de Vox, con cerca de 40.000 votos, el 4,9% del total de los votos emitidos.

También se presentó a las elecciones en Aragón, Castilla y León y Andalucía sin conseguir ni un solo escaño autonómico.

La formación política que encabeza el polémico Alvise Pérez, Se Acabó La Fiesta (SALF), ha asegurado este viernes que ya dispone de los avales necesarios para poder concurrir a las elecciones generales del 29 de noviembre en Guadalajara, Cuenca y Ciudad Real.

Este viernes ha visitado Guadalajara donde SALF dice haber “triplicado” el número de avales.

La provincia se convierte, ha explicado la formación en un comunicado, “en una de las primeras de España en lograrlo”, mientras que Ciudad Real y Cuenca “también superan con holgura sus objetivos” y por eso presumen de que “Castilla-La Mancha se está convirtiendo en territorio ardilla”, un sobrenombre que se han puesto a sí mismos los seguidores del eurodiputado ultra, según comentaba el enlace Ppovincial de SALF en Guadalajara, Héctor Zamborain Rodríguez.

“Estamos hartos de que nos roben. Estamos hartos de pagar impuestos”, ha sido uno de los argumentos esgrimidos hoy por Alvise Pérez en la céntrica plaza de Santo Domingo de la ciudad, aunque no ha aclarado cómo se sostendrán los servicios públicos sin pagar impuestos.

También ha reclamado para su formación el voto de los jóvenes a los que ha pedido que “se impliquen también en sus universidades”.

En el día de ayer también sucedió una reunión de afiliados a SALF en Albacete, donde se ha iniciado un proceso interno para la creación de distintos grupos de trabajo. Desde la formación, apuntan que la nueva organización contará con responsables de acción política municipal y provincial, secretaría, logística, redes y comunicación. Además, este 17 de octubre se encontrarán en la capital albaceteña para recoger avales en la Plaza del Altozano.

El domingo, día 18 de octubre, visitará Toledo. Estará en la Plaza de Zocodover a partir de las 12.00 horas, donde también quiere recoger avales.

El eurodiputado presidente de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis ‘Alvise’ Pérez, ha elegido Castilla-La Mancha para su agenda de los próximos días con la intención de recoger firmas para concurrir a las elecciones generales del 29 de noviembre. Todo ello pese a las causas judiciales que tiene pendientes, como aforado, en el Tribunal Supremo. La formación de extrema derecha se presentó o a las elecciones de Aragón, Castilla y León y Andalucía sin conseguir ni un solo escaño autonómico.

En primer lugar, visitará Guadalajara este viernes, 16 de octubre. Estará en la Plaza de Santo Domingo de 12.00 a 13.00 horas, mientras que la mesa informativa sobre su formación política estará activa desde las 11.00 hasta las 15.00 horas. Según afirma el propio partido, está recibiendo una “avalancha de mensajes y llamadas de vecinos” para que acuda a esta ciudad.

Con motivo de esta visita, SALF destaca tres de las propuestas que lleva a las elecciones generales “con más impacto” en Guadalajara: el IRPF exento hasta 35.000 euros, cero impuestos en la compra de la primera vivienda e incentivos para repoblar los municipios de menos de 5.000 habitantes.

Posteriormente, el domingo, día 18 de octubre, visitará Toledo. Estará en la Plaza de Zocodover a partir de las 12.00 horas, donde también quiere recoger avales.

Ambas visitas forma parte de la gira que el presidente de SALF recorre estos días por toda España bajo el lema ‘España aFirma’, con paradas también en Madrid, Zaragoza, Barcelona, Sevilla, Algeciras, Almería, Murcia, Valencia, Valladolid y León.

SALF dice que hay “expectativa”

El secretario de Organización de SALF, Yeray Iglesias, ha destacado la “expectativa” que ha generado la parada toledana: “La acogida en Toledo se espera excelente. Hay una expectativa muy alta por el cariño que los ciudadanos hacen llegar a Alvise a través de las redes, y el domingo van a poder trasladárselo en persona y, de paso, poner su firma”.

Aparte de estos actos, el partido ha iniciado su implantación en la provincia de Ciudad Real mediante agrupaciones locales en la capital y en municipios como Puertollano, Almadén, Tomelloso, Alcázar de San Juan, Almadén y Valdepeñas.

Esta agrupación provincial busca tres objetivos inmediatos: abrir el proceso de afiliación y voluntariado en los 102 municipios de la provincia, crear las agrupaciones locales en las cabeceras de comarca y abrir una oficina de atención al afiliado y al vecino en Ciudad Real capital.

“Ciudad Real es una provincia clave, olvidada por el bipartidismo durante décadas pese a ser motor agroalimentario y energético de España. Venimos a escuchar, no a prometer. A fiscalizar cada euro público”, ha señalado Esteban Gomez-Cambronero Sánchez-Camacho, coordinador provincial de SALF en Ciudad Real.

Alvise Pérez tiene actualmente cinco de causas judiciales pendientes en el Tribunal Supremo, entre ellas, por presunta financiación ilegal de su partido, presunto acoso a la fiscal Susana Gisbert y a sus propios eurodiputados, y presunta revelación de secretos. Al ser eurodiputado, es aforado, pero la Eurocámara ya aprobó levantarle la inmunidad en dos de las cinco causas.

Los partidos políticos en Castilla-La Mancha ya se encuentran trabajando a pleno rendimiento con la vista puesta en las elecciones generales del 29 de noviembre. Los días van pasando y las distintas formaciones tienen marcadas en rojo varias fechas importantes que vencen en los próximos días para saber qué personas incluirán en sus respectivas listas electorales de cada provincia castellanomanchega.

El primer plazo importante se cumple este viernes 16 de octubre. Ese es el día límite para que los partidos que quieran acudir en coalición lo comuniquen a la Junta Electoral. Una fecha clave para las formaciones a la izquierda del PSOE en Castilla-La Mancha, que están a la espera de que sus direcciones nacionales resuelvan si se integran en el llamado Frente Amplio o si concurrirán en solitario. La novedad más reciente es que la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, será la candidata del Frente Amplio -en el que se integran Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Catalunya en Comú- a la Presidencia del Gobierno. Este movimiento respondía así al acuerdo entre Podemos y ERC para que Irene Montero y Gabriel Rufián “hagan equipo” en Catalunya, con la duda todavía por despejar de cómo se presentan los ‘morados’ en el resto del territorio nacional.

Esta incertidumbre apela directamente en la región a las tres principales formaciones políticas a la izquierda del PSOE: Movimiento Sumar, Izquierda Unida y Podemos. Sus listas electorales definitivas en Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo están a la espera de que se resuelvan las negociaciones a nivel nacional. Movimiento Sumar e Izquierda Unida ya han confirmado que se integrarán en el Frente Amplio, mientras que la situación de Podemos todavía es una incógnita al cerrar este reportaje.

Jesús Plaza, co-coordinador de Movimiento Sumar Castilla-La Mancha, reconoce que la tardanza en elegir candidata nacional y en cerrar la composición del Frente Amplio ha creado “incertidumbre” en su electorado, a quien pide “perdón”.

Una vez confirmada a Ada Colau como líder del Frente Amplio -una “muy buena candidata”, en opinión de Plaza-, asegura que en Castilla-La Mancha “vendrá todo en cascada”, ya que reconoce que el anticipo electoral les “ha pillado” con el trabajo de los nombres para las listas por hacer.

“Ahora mismo en Movimiento Sumar no hay nombres y apellidos que vayan a encabezar las listas en las cinco provincias de Castilla-La Mancha, porque estamos también a expensas de todo lo que está ocurriendo”, asegura Plaza.

Los nombres de IU Castilla-La Mancha

En cambio, Izquierda Unida sí tiene decididos los nombres que propondrá para las listas del Frente Amplio en Castilla-La Mancha.

Según ha podido confirmar este medio, los cabeza de lista que Izquierda Unidas Castilla-La Mancha propondrá para las candidaturas provinciales del Frente Amplio son Alejandro Ávila Sánchez, en la provincia de Toledo, Óscar del Freno Novillo en Ciudad Real, Francisco José Requena Terol en Albacete y Daniel Touset López en Guadalajara. En Cuenca todavía no está confirmado quién ocupará el puesto de salida.

Esos han sido los nombres que han enviado a su dirección federal, que este miércoles deberá aprobar las listas de candidatos y candidatas para las elecciones del 29N, tanto para el Congreso como para el Senado.

En cuanto a las expectativas electorales, desde Movimiento Sumar aseguran que lo “primordial” es repetir el gobierno de coalición con el PSOE. “Lo que nos estamos jugando son muchos de los derechos que ahora mismo tienen los ciudadanos, por lo tanto, el poder repetir ese gobierno de coalición es fundamental en esta ola reaccionaria que tenemos encima de la derecha y la extrema derecha”, explica Jesús Plaza, de Movimiento Sumar Castilla-La Mancha, mientras que Pedro Mellado, coordinador regional de Izquierda Unida, espera que la coalición obtenga “alguna representación” en la región, con Toledo como la provincia en la que prevén tener “más opciones” de lograrlo.

“Somos conscientes de que en todas las provincias es muy probable que el último diputado se lo lleve Vox. Lo que queremos es contribuir a que haya una reedición del gobierno progresista y, para eso, nuestra tarea en Castilla-La Mancha es quitar ese último diputado o diputada a Vox”, asegura Mellado.

Los nombres de Podemos

Por su parte, Podemos no ha confirmado su intención de concurrir dentro del Frente Amplio, y este martes ha publicado las listas electorales que se votarán por sus inscritos tanto el 14 como el 15 de octubre, y cuyos resultados se darán a conocer el viernes, día 16.

Ese mismo día termina el plazo para confluir -o no hacerlo-, aquellos partidos que hayan decidido ir en coalición deberán negociar con sus aliados qué nombres de sus listas incluyen en la papeleta que los electores se encontrarán el 29N. La fecha límite para que las diferentes formaciones que se presentan a las elecciones comuniquen a la Junta Electoral Provincial los nombres de sus candidatos y candidatas es el 26 de octubre.

En la lista ‘Equipo Irene Montero-Paz, casa y trabajo’ concurren como posibles candidatos al Congreso, entre otros nombres los de Luisa María Tárraga (Albacete), María Ángeles Castellanos (Toledo), Augusto Serrano (Ciudad Real), José María Oviedo (Cuenca) y Mario Javier Gallego (Guadalajara).

Hay listas alternativas a las que se agrupan bajo la oficialista de Irene Montero, bajo la denominación de ‘Lista blanca’ en dos provincias, e incorporan nombres como Pedro Labrado (Toledo) y Eduardo Martínez Flores (Albacete).

En las listas al Senado, se presentan Luis Ángel Aguilar Montero, Llanos Rabadan Navarro y Antonio Brell Diaz, en Albacete. Víctor García-Escribano Tajuelo, Teresa y José María Jiménez Mozos, en Ciudad Real. Teresa María Navarro Zamora, Andrés Fernández Ruiz y María Luisa Ruiz Granero, en Cuenca. Marisa Martínez Gobantes, Luis Fernando Hernández Escudero y Katia Ruiz Jodra, en Guadalajara. Además, María Ángeles Zarzoso Ajado, Juan Muñoz Gutiérrez y María del Carmen Gómez Gómez, en Toledo. Todas ellas en la lista de Irene Montero.

La única lista alternativa la integra Diego Ruiz Figueroa, en Ciudad Real. En este caso en la  llamada ‘lista blanca’.

El PSOE decide el miércoles con duelo Sánchez-Page en Toledo

Todo indica que el PSOE también resolverá pronto la incógnita de cuáles serán sus listas electorales en Castilla-La Mancha y las personas que las encabezarán. Este mismo miércoles se reúnen los comités de las cinco provincias para decidir las listas que enviarán al Comité Federal, que será quien deba ratificarlas este mismo sábado, 17 de octubre.

En este partido, la lista que está dando más que hablar estos días es la de la provincia de Toledo, que está siendo el reflejo de las relaciones “objetivamente muy malas” que desde hace años mantienen Pedro Sánchez y Emiliano García-Page.

Milagros Tolón, exalcaldesa de la capital de Castilla-La Mancha y a quien Sánchez llamó a finales del año pasado para formar parte de su Ejecutivo como ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, ha sido propuesta como número 1 de la lista de Toledo por la Agrupación Municipal Socialista de la capital.

Esta propuesta ha sido respaldada este martes por el delegado del Gobierno de Pedro Sánchez en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, afirmando que Tolón sería “la que mejor representa” a la circunscripción, “por su trayectoria y por su idea de progreso”.

Su inclusión en la lista parece segura, pero, de hacerse realidad su posición como número 1, se invertiría el orden de las elecciones generales en 2023, cuando Tolón ocupo el número dos de la candidatura socialista en la provincia de Toledo, tras Sergio Gutiérrez, secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha que lidera Page.

El propio Gutiérrez enfriaba las expectativas de los socialistas locales y recordaba que es necesario un “procedimiento interno”, en el que la decisión final será tomada por la Ejecutiva Provincial del PSOE de Toledo este miércoles, tras recibir “todas” las propuestas de los militantes de todas las agrupaciones locales del PSOE en la provincia.

La propuesta de la agrupación toledana “será una más, una junto a las otras 164 agrupaciones más de la provincia de Toledo”, aseguraba este lunes Álvaro Gutiérrez, secretario general del PSOE en la provincia de Toledo, quien ha destacado que la dirección del partido en la provincia de Toledo “va a ser extremadamente respetuosa con las propuestas de los militantes que harán a través de sus asambleas”.

La lista que propondrá la Ejecutiva Provincial el día 14, tras el Comité Provincial que se celebrará ese mismo miércoles, irá a la Comisión Federal de Listas, que a su vez la elevará al Comité Federal que se celebrará el sábado día 17, y que será el que apruebe las listas definitivas.

Lo mismo sucederá en las demás provincias castellanomanchegas, cuyos respectivos comités provinciales acordarán también este miércoles sus respectivas candidaturas. En Guadalajara, el alcalde de Marchamalo y secretario de Organización del PSOE en aquella provincia se perfila como número 1 al Congreso y la alcaldesa de Sigüenza, y hoy diputada regional, María Jesús Merino, como cabeza de lista al Senado, ocupando quizá así el hueco que deja Araceli Martínez, quien anunció hace unos días su intención de retirarse de la política.

El PP no da pistas

Por parte del Partido Popular, la decisión quedará por completo en manos del Comité Electoral nacional dirigido por Miguel Tellado. Este órgano será quien elija qué nombres integrarán las listas del partido en cada provincia. De momento, se sabe que no repetirá como cabeza de lista al Congreso Beatriz Jiménez que centrará su objetivo es convertirse en la primera alcaldesa de Cuenca, en las elecciones municipales de 2027.

Al contrario que en el caso del PSOE toledano, ningún dirigente ‘popular’ ha puesto sobre la mesa un nombre. Ni el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ni la secretaria general del mismo partido, Carolina Agudo -que ejercerá como coordinadora de la campaña electoral del 29N en la región- han hecho alusión al tema en sus declaraciones esta semana.

Fuentes del partido, a preguntas de este medio, se han limitado a señalar que el Comité Electoral está trabajando en la confección de las listas, para lo cual tienen de plazo hasta el 26 de octubre, según fija la Junta Electoral Central.

Vox: una decisión provincial pendiente de confirmar

En cuanto a Vox, la decisión recae en sus comités ejecutivos provinciales, que ya han elevado una propuesta al Comité Ejecutivo nacional para su ratificación.

Daniel Arias, presidente del Comité Ejecutivo Provincial de Vox Toledo, ha confirmado a este medio que ha propuesto a Manuel Mariscal, quien este lunes se mostraba “encantado” con la posibilidad de repetir como cabeza de lista por la formación ultraderechista en la provincia de Toledo.

Arias ha asegurado a elDiario.es Castilla-La Mancha que en Vox Toledo “muy contentos” con la representación de Mariscal porque “ha hecho un gran trabajo en las Cortes y en el día a día de la provincia de Toledo”. “Creemos que es un gran candidato”, ha sentenciado.

Mariscal ya encabezó en las últimas elecciones generales la candidatura ultra en esta provincia, obteniendo escaño en el Congreso de los Diputados, donde ha dejado intervenciones en las que afirmó que la dictadura franquista fue “una etapa de progreso y reconciliación” y se ha mostrado muy crítico con la propuesta para el nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, la cual calificó de “farsa” o “una nueva estafa del bipartidismo”.

En el ala ultra, hay otras formaciones moviendo ficha en Castilla-La Mancha, en los últimos días. En concreto la que lidera Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta (SALF). Está tratando de recoger avales en Guadalajara que le permitan concurrir a las elecciones generales y que ha iniciado también un proceso para crear una agrupación provincial en Ciudad Real.

Los más tempraneros se han acercado a la plaza de Cibeles cuando los relojes se acercaban a las 10.00 horas. En torno a las 13.30 horas, ya eran miles de personas las que se agolpaban en el Arco de la Victoria erigido por Franco en Moncloa. Todos ellos han acudido a la convocatoria de Sociedad Civil Española, una movilización “en defensa de España y por Ceuta y Melilla”, en la que han reivindicado la convocatoria de unas elecciones generales “limpias” y un juicio contra Pedro Sánchez por traición, así como la militarización de Ceuta.

Secundada por partidos políticos como el PP y Vox, a lo largo de esta segunda “Marcha por la dignidad” se han escuchado en repetidas ocasiones soflamas como “Pedro Sánchez hijo de puta”, “esas lecheras, para la frontera”, “Marlaska traidor, defiende la nación” y “basta ya, queremos votar”. Antes de su inicio, con una media hora de retraso, un hombre repartía billetes falsos de 100, 200 y 500 euros con la cara de Sánchez. “Para ir a las saunas”, decía. Delegación del Gobierno ha cifrado en 20.000 las personas que han secundado esta protesta hasta las 12.00 horas, mientras que Sociedad Civil Española sostiene que han conseguido congregar a 180.000 manifestantes.

En su convocatoria, Sociedad Civil Española afirmaba que estaban invitados ciudadanos de cualquier opción política, “y cada cual con las banderas y carteles identificativos que desee utilizar”. “Es un acto transversal”, añadían. En los 3,5 kilómetros que han separado el inicio del final de la manifestación tan solo se han visto banderas con la cruz de Borgoña, de Ceuta y hasta un hombre disfrazado de templario reivindicando su retorno. Lo que más ha sobresalido han sido las banderas de España. Gorras, calcetines, camisetas, colgantes, pañuelos, gorros, pegatinas, paraguas, camisas, calcetines, tirantes y hasta calzoncillos estaban decorados con la rojigualda.

La idea era unir al “pueblo español soberano, unido y en paz, para plantarnos con firmeza ante una coalición de Gobierno que ha dejado de representarnos y defendernos”, tal y como rezaba la convocatoria. Asimismo, han reclamado que se le devuelva “la dignidad y la palabra” a la ciudadanía mediante la convocatoria de elecciones generales con un “censo electoral real”, y han puesto de fecha límite el 15 de noviembre, “dada la insostenible situación actual”.

Exigen juzgar a Sánchez por traición

Carlos de Palma, miembro de la coordinadora de la Sociedad Civil Española, ha señalado a elDiario.es que “el Gobierno ha tomado una serie de decisiones que van en contra del pueblo español”, y ha aludido a las causas judiciales en contra de antiguos integrantes del PSOE y allegados de Sánchez. Por otra parte, ha asegurado que el Ejecutivo “quiere manipular el voto de los españoles” con la denominada Ley de Nietos. “Hemos pedido transparencia a la junta electoral central, pero se niegan a facilitarla. Es una caja negra”, ha declarado entre vivas a España de los presentes.

El también presidente de Iniciativa 2028, una de las 200 asociaciones afines que forman parte de Sociedad Civil Española, ha exigido “investigar a Pedro Sánchez” por cometer un posible delito de traición y atentado contra la seguridad del Estado. “Es un hecho notorio que España debería haber sabido lo que iba a pasar en Ceuta. Aquí no puede pasar ni uno, porque no sabemos si huye de una guerra, es alguien al que hay que atender humanitariamente o si es un terrorista”, ha sostenido De Palma, quien ha tildado de “invasores” a los migrantes que consiguieron superar hace unos meses la frontera española.

Varios han sido los cánticos durante la manifestación que han recordado a la ciudad autónoma. “Ceuta no se vende, Ceuta se defiende” y “Ceuta aguanta, España se levanta”, han sido algunos de ellos. “En Ceuta están aterrorizados. El Gobierno debería haber blindado la frontera”, ha incidido el integrante de Sociedad Civil Española. Del mismo modo, la organización ha reclamado la “aplicación inmediata del instrumento legal procedente para la militarización de la plaza y la expulsión a Marruecos de la totalidad de los invasores”.

Ante dicho extremo, De Palma ha explicado que “no se sabe cuántas personas entraron, cuántas salieron ni cuántas siguen escondidas”. Desde su punto de vista, no se pueden hacer salvedades en cuanto a la devolución: “Si hacemos excepciones damos pie al efecto llamado. Vendrá aquí cualquier persona con una mínima esperanza buscando seguridad y atenciones médicas. Eso se evita con una serie de elementos materiales, obstáculos físicos que no permitan la entrada, no esas boyas que han puesto que ya están sueltas y rotas”, se ha explayado.

Contra los “enemigos exteriores e interiores”

Desde Sociedad Civil Española han reiterado que es necesario salir a la calle por la “defensa de la unidad e integridad territorial de España y de las fronteras europeas”, así como “contra la invasión de las ciudades españolas de Ceuta y Melilla”. Del mismo modo, han reivindicado la “integridad y neutralidad de nuestras instituciones” y la “transparencia y la limpieza en el uso de los recursos públicos”.

Asimismo, han recalcado su defensa de la nación, “porque no queremos que la destruyan ni enemigos exteriores ni interiores que atacan nuestra unidad, nuestra historia, nuestra libertad, la propiedad privada, el imperio de la ley, la igualdad, la solidaridad y nuestro modo de vida basado en los valores de la civilización occidental”, han explicado. A esta suerte de programa se han adherido el PP, Vox y Se Acabó la Fiesta, además de decenas de entidades sociales, asociaciones, foros y plataformas, como Revuelta, en sindicato ligado a Vox Solidaridad y Manos Limpias.

De Palma ha precisado que “el futuro de Sánchez está acabado a partir de Ceuta”. “Hemos despertado y nos tienen que escuchar en las urnas. Es como una bola de nieve, cada vez somos más, y cuanto antes nos escuchen los partidos políticos, mejor será para ellos y para España”, ha añadido el presidente de Iniciativa 2028.

La marcha, en la que se han escuchado cánticos como “es una mafia, no un Gobierno” y “no es inmigración, es una invasión”, ha arribado al Arco de Moncloa en torno a las 12.15 horas, más de una hora antes de lo previsto. En ese momento, se ha dejado ver una pancarta en defensa del Valle de los Caídos mientras no arreciaban los gritos contra la prensa, a la que los manifestantes han culpado de “cómplices”.

A unos 150 metros del Arco de la Victoria ha finalizado esta protesta sin la lectura del comunicado realizado por la organización debido a la falta de megafonía adecuada. “Adquiramos en esta luminosa mañana madrileña el compromiso inalterable de permanecer movilizados para que no haya insidia, ni felonía ni cobardía que nos pueda derrotar. Acabemos en las urnas con Pedro Sánchez y enviemos a su régimen podrido al basurero del olvido del que nunca vuelva a salir. Nos va en ello nuestra Nación y nuestro futuro”, finalizaba el texto.

“Defendemos a los animales, la naturaleza y los derechos humanos con la ley en la mano”, es lo primero que se lee al entrar en la web de Zeolandia. “Escritos que llegan al Ministerio y obtienen respuesta. Para eso existe Zeolandia”.

Dicho y hecho: la polifacética asociación, con sede en Almería, ha sido aceptada por el juez de la Audiencia Nacional como acusación popular en la investigación de la entrada de migrantes en Ceuta. Eso sí, aún necesita presentar la habitual fianza.

“Quien manda aquí tiene cuatro patas”, exponen también. Zeolandia, que también ofrece adopciones de animales, ofrece dos organigramas: uno en el que sus cargos son los perritos Chispito, Chocolatina y Ladri y otro en el que la presidenta es Inmaculada Jaén, el vicepresidente Alexia Aneas y la secretaria Dunia Esther Blanco.

No es la primera vez que esta organización se persona en algún caso judicial mediático: el pasado junio hicieron lo propio en el de Leire Díez y a principios de agosto denunciaron ante la Comisión Europea la “inacción” del Gobierno en la crisis de Ceuta. Además, en 2024 la asociación Liberum, cuyos abogados son Jaén y Aneas, se personó en el caso Koldo.

¿Quiénes es Inmaculada Jaén, la presidenta de esta asociación que también se ha quejado a Interior por las condiciones de los perros de la Guardia Civil en las bases de Bailén y Barajas? Según su web, es “Licenciada en Derecho y diplomada en Relaciones Laborales. Fue árbitra de fútbol federada y entrenadora personal. Sabe lo que es decidir bajo presión. Preside Zeolandia y se persona en los tribunales en asuntos de interés general”. Este domingo, además, acudió a la manifestación por las colonias de gatos.

Además de todo esto, Jaén ha estado implicada en política. Apareció como la última de la lista del Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA) para las elecciones municipales de Cádiz de mayo de 2015. En los comicios europeos de junio de 2024 fue candidata de Iustitia Europa y ya en mayo de 2026 encabezó la lista por Almería de Se Acabó La Fiesta, el partido de Alvise Pérez.

Si bien no se conoce el programa de SALF en materia de medio ambiente (ni en ninguna otra), en septiembre de 2024 Pérez votó en el Parlamento Europeo en contra de dar subvenciones europeas al toro de lidia, por considerar que no se debe destinar dinero público a un espectáculo de “brutalidad, crueldad y tortura” animal. SALF, por cierto, se ha quedado fuera de la causa de Ceuta, en la que acusaban al Rey de Marruecos por crímenes de lesa humanidad porque, según el auto, “no aporta la menor justificación ni explicación”.

“Yo mandé mi currículum y ellos decidieron ponerme el número dos de la lista”, cuenta Diego Solier. Un resultado electoral inesperado, una tormentosa ruptura con Se Acabó La Fiesta (SALF) y una denuncia por acoso contra Luis 'Alvise' Pérez después, este eurodiputado de 46 años sin experiencia previa en política será una de las personas con mayor capacidad de influencia sobre la próxima gran infraestructura tecnológica del continente.

Solier será el ponente principal de CADA, siglas en inglés de la Ley de Desarrollo de la Nube y la Inteligencia Artificial. Es la norma que debe establecer el marco para la construcción masiva de centros de datos en Europa. Desde su posición, Solier será el arquitecto principal de la posición del Parlamento Europeo y una figura central del proceso legislativo. La negociación sobre qué incentivos tendrán las empresas para construir estas infraestructuras, su gasto energético, su impacto medioambiental o su independencia de los gigantes tecnológicos de EEUU pasará por sus manos.

Una responsabilidad que contrasta con una trayectoria política poco convencional. Solier, ingeniero informático, llegó al Parlamento Europeo tras las elecciones de junio de 2024. Unos comicios en los que SALF consiguió tres diputados tras protagonizar un vertiginoso ascenso en las encuestas. Con una campaña centrada únicamente en la figura del agitador ultra, el partido fue el sexto más votado de España, a menos de medio punto del cuarto puesto.

El resultado le granjeó tres representantes en la Eurocámara y sorprendió incluso a su propio líder, que ha admitido que conoció personalmente a Solier poco antes de la cita con las urnas. Hoy esa campaña está siendo investigada por el Tribunal Supremo, después de que saliera a la luz que Álvaro Romillo, un empresario de las criptomonedas al que Alvise llegó a promocionar en un acto multitudinario en Madrid, le entregó 100.000 euros en metálico, dos semanas antes de las elecciones. Este agosto los magistrados han desestimado el intento de Alvise para impedir el rastreo de otros tres monederos de criptomonedas que Romillo creó para que el agitador pudiera recibir donaciones anónimas.

El “músculo”

La alianza de Alvise con Solier y Nora Junco, la otra eurodiputada de SALF, duraría poco. La relación había sido complicada desde el principio, asegura Solier (“Se dedicaba a hacer vídeos de risa”, lo que alejaba a “la gente seria”, explica), pero todo se precipitó en abril de 2025. Entonces, el agitador insinuó que sus compañeros habían sido comprados por el lobby armamentístico a raíz de su voto a favor de destinar 800.000 millones de euros para el rearme europeo, algo a lo que Alvise se oponía.

“Yo no puedo controlar, no sé si han venido lobbies por detrás y me han comprado un eurodiputado mío, yo sé lo que voto yo. Te viene un lobby armamentístico a cenar contigo y te deja un maletín al lado y se levanta y se va”, declaró el líder ultraderechista. En esa misma intervención, Alvise hizo un llamamiento directo a sus seguidores para localizarlos y “poner el pie en nuestro cuello y aplastarnos”, denuncia Solier en conversación con elDiario.es, negando las acusaciones sobre soborno.

El ataque hizo que los dos eurodiputados de SALF se desligaran de Alvise, le denunciaran por acoso y se unieran a los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), el grupo de Giorgia Meloni y Fratelli d'Italia. Solier asegura que ese salto tuvo muy poco impacto en su proyecto político, puesto que “la gente que estuvo detrás” de la candidatura de Alvise “sigue trabajando” con ellos.

“Nosotros nunca hemos pertenecido a ningún partido político. Fuimos parte de una agrupación de electores que es verdad que estuvo liderada por una persona. Pero para que él se presentara a unas elecciones europeas, hubo gente trabajando para que eso pasara. Esa gente sigue trabajando con Nora Junco y Diego Solier. Los que pusieron el músculo, la idea, la ideología, hasta el nombre de la agrupación y el logo, siguen estando con nosotros”, asegura el eurodiputado.

Solier prefiere no dar nombres ante las preguntas de este medio. “Son gente que estuvo detrás. A mí, por ejemplo, me contactó una persona del mundo tecnológico con la que había trabajado en algunos proyectos, una persona de mi confianza con una mente brillante, que me dijo: 'Mira Diego, estamos, estoy diseñando esto y estamos buscando a gente profesional que ame a su país'. Tras hablarlo con mi familia, decidimos dar el paso”, continúa el eurodiputado.

Pese a ese distanciamiento, Solier sigue expresando posiciones cercanas a SALF en aspectos como las vacunas. Según El Confidencial, durante la pandemia escribió en la red entonces conocida como Twitter comentarios como “díganme si está justificada la vacunación masiva e indiscriminada de niños, jóvenes y aun de menos jóvenes”, o acusando al Gobierno imponer una “dictadura” por las medidas de confinamiento.

Hoy esos comentarios no aparecen en su perfil. Solier niega a este medio ser “antivacunas”, sino “un defensor de la libertad”. “No me gusta obligar a la gente a vacunarse. Que cada uno decida qué es lo mejor para uno mismo, para su familia”, afirma, revelando que él se puso las vacunas contra el covid pero sus hijos, no.

“Alianzas” con los gigantes de EEUU y energía nuclear

Antes de esa llamada, Solier era el responsable global de la infraestructura informática de Attindas, una multinacional especializada en productos para la incontinencia, como pañales para adultos e infantiles. Cuenta con más de 2.000 empleados y fábricas en España, Suecia, Italia y EEUU. El eurodiputado, cuyo currículum en la web oficial del Parlamento Europeo está en blanco, acumula más de 20 años de experiencia en puestos relacionados con IT corporativo.

Defiende que ha sido esta trayectoria el motivo por el que ha sido elegido por los ultraconservadores de ECR para la ponencia de CADA. En el Parlamento Europeo, las ponencias para las diferentes regulaciones se reparten en un sistema de subastas, en las que cada partido tiene tantos puntos como eurodiputados. Cuando logran la ponencia de un determinado dosier, escogen al eurodiputado que se encargará de ella mediante procedimientos internos.

Así es como Solier ha llegado a CADA. El eurodiputado se encuentra en “período de escucha”, pero avanza algunos de los puntos clave que marcarán la primera redacción de esta importante ley, como la defensa de la energía nuclear y las “alianzas” con las multinacionales tecnológicas de EEUU.

El eurodiputado admite la “incertidumbre” que existe en muchos sectores sobre la proliferación de los centros de datos. Sin embargo, expone que para desarrollar su propia inteligencia artificial, “Europa necesita unos recursos de computación de los que ahora mismo carece”. “CADA pretende ayudar a que esa industria que necesitamos se pueda desarrollar”, algo que, a su juicio, se conseguirá “simplificando la normativa” y “consiguiendo que venga capital para invertir”.

La norma debe ayudar a que las empresas europeas crezcan, “ganando en soberanía, pero no aislándonos”, pide. Sostiene que ganar autonomía “no significa aislarnos del mundo” sino retener el “poder de decisión” cuando los estados europeos realmente lo requieran. Para Solier, no deben tratarse igual los sistemas críticos de defensa de un país que la información corporativa estándar de los mercados privados, la cual debería poder seguir alojándose en las plataformas que resulten más competitivas.

Tenemos que tejer alianzas con las empresas punteras a nivel tecnológico que existen en el mundo. Eso no significa que nos tengamos que vender o estar atados a ellos

“CADA propone distintos niveles de soberanía y según el tipo de dato y el tipo de inteligencia artificial, podrá estar alojado en un nivel diferente. Pero eso tenemos que hacerlo en paralelo con las alianzas con las empresas punteras a nivel tecnológico que existen en el mundo. Eso no significa que nos tengamos que vender o estar atados a ellos. Tenemos que tejer esas alianzas a la vez que trabajamos en generar un ecosistema de innovación 100% europeo”, resume.

Una política que deberá complementarse con el otro gran reto de la redacción de CADA: la energía. El eurodiputado defiende la energía nuclear para potenciar la IA, como está haciendo EEUU, y critica el plan de cierre de centrales del Gobierno, que ya ha quedado cuestionado con la prórroga hasta 2030 de la planta de Almaraz, en Cáceres. “Hay que revisar ese calendario de cierre nuclear que no nos beneficia para nada”.

“No es que yo sea pronuclear o no, lo que estoy es en contra de eliminar tecnologías que se han declarado oficialmente a nivel europeo como eficientes y verdes”, afirma, apuntando a otros países europeos: “En Alemania, por ejemplo, se han dado cuenta del tema nuclear y están desarrollando planes para abrir centrales nucleares”.

Aunque el calendario oficial para la tramitación de la ley sigue pendiente de que la comisión parlamentaria correspondiente formalice el nombramiento de todos los “ponentes en la sombra” (como se denomina a los representantes del resto de partidos que estarán en contacto directo con Solier), el eurodiputado avanza a este medio que su objetivo es conseguir la luz verde del Parlamento Europeo para “junio o julio del año que viene”, dejando el texto listo para arrancar las negociaciones de los trílogos con los Gobiernos europeos.

El magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar ha rechazado íntegramente el recurso con el que el eurodiputado ultra Alvise Pérez pretendía evitar el rastreo de información clave sobre la financiación de la campaña tras la que concurrió a las europeas de 2024. En un auto del 30 de julio, al que ha tenido acceso elDiario.es, el instructor confirma el rastreo policial de los monederos virtuales de criptomonedas y los requerimientos de información dirigidos tanto a su partido como al Tribunal de Cuentas que había acordado a petición del PSOE, personado como acusación popular.

El magistrado afirma que son “informes necesarios para asegurar la investigación” abierta al agitador ultra por haber cobrado 100.000 euros en efectivo de un empresario de las criptomonedas semanas antes de la campaña de los citados comicios. Entre esas tres diligencias está la petición de un informe a la Policía para analizar los tres monederos de criptomonedas que ese empresario, Álvaro Romillo, creó para que Alvise pudiera recibir donaciones anónimas que le permitieran eludir el control del Tribunal de Cuentas. Romillo está imputado en este caso y también por una supuesta estafa con criptomonedas.

El Supremo rechaza el argumento de la defensa del eurodiputado, que pretendía anular este rastreo alegando que el político nunca dispuso de la “frase semilla”, una especie de clave maestra que permite acceder a los fondos. Y que, en consecuencia, “nunca ostentó la titularidad, posesión ni capacidad de disposición sobre dichos activos”. Antes de recibir el dinero, Alvise trasladó al empresario sus “necesidades”, entre las que citaba “fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas” para pagar mítines, publicidad y actos de campaña, tal y como recogen los mensajes intercambiados entre ambos y como reveló elDiario.es.

Entre las diligencias acordadas, el juez reclamó también al representante legal de Se Acabó la Fiesta (SALF), el partido creado por Alvise, la contabilidad, libros de tesorería, balances e inventarios, cuenta de ingresos y gastos, movimientos de cuentas, operaciones de capital, informe del Tribunal de Cuentas sobre su fiscalización, así como los justificantes de los pagos efectuados para sostener la campaña electoral de las europeas en 2024.

Asimismo, figura el requerimiento de información al Tribunal de Cuentas para que aporte el informe de fiscalización y toda la documentación presentada por la formación sobre esos comicios. El magistrado defiende que las tres diligencias acordadas se acomodan al “objeto de esta causa”, según la autorización otorgada por la Eurocámara. El pasado mayo, el Parlamento Europeo votó a favor de retirar la inmunidad a Alvise para que pueda ser juzgado por este caso.

Además, el instructor tiene pendiente decidir todavía si acuerda el rastreo de sus movimientos bancarios personales desde el año 2023, tal y como reclamó el PSOE. En su escrito, la defensa de Alvise sostiene que sería una diligencia “totalmente prospectiva” y pide acotarla, en todo caso, a las fechas de los hechos. Esto es, entre el 9 de abril y el 9 de junio de 2024. El eurodiputado alega que ese fue el período en el que estuvo operativa la agrupación de electores SALF, que se acabó registrando después como partido político con el mismo nombre.

A este respecto, el magistrado precisa que la solicitud del PSOE para revisar esas cuentas “no se ha resuelto aún”. Por otro lado, el instructor del Supremo también descarta la pretensión de Alvise de concluir de manera inmediata la instrucción y pasar directamente a la fase de juicio oral. En su recurso, su defensa aludía a la “pena de banquillo” por la “exposición pública” y “constante afectación personal” que supone cada actuación judicial para el eurodiputado.

Atestado de la Policía

Tal y como desveló elDiario.es, el 27 de mayo de 2024 Alvise acudió a las oficinas de una de las compañías del empresario Álvaro Romillo para recoger 100.000 euros en efectivo pocas horas antes de lanzarse a la carretera a promocionar su candidatura a las elecciones europeas, donde finalmente obtuvo tres escaños.

En los meses previos, las conversaciones entre el agitador y el empresario, publicadas por este periódico, revelan que Alvise dijo que necesitaba “fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas” para afrontar gastos electorales e indemnizaciones por juicios. A cambio, prometió al empresario que legislaría a favor del sector de las criptomonedas, dado que confiaba en ser “llave de Gobierno” entre PP y Vox en España.

Tras la apertura de la causa, el juez ofreció a Alvise declarar de forma voluntaria. Lo hizo en julio del año pasado, cuando reconoció que cobró esos 100.000 euros en “fajos” de billetes guardados en una “maleta de deporte negra” como contraprestación por su participación en un “evento” sobre criptomonedas en el Hipódromo de Madrid. Y que el objetivo era poder “tener un extra” para “afrontar” su vida debido a la promesa de sortear su salario, algo que solo ha hecho con dos mensualidades.

Un informe de la Policía aportado a la causa concluyó que “no hay dato alguno” en las conversaciones que ambos mantuvieron que corrobore que el dinero era el pago por un trabajo. El atestado califica de “veraz” la entrega de esos 100.000 euros y afirma que su “génesis” se produjo siempre “bajo la motivación subyacente de financiar parte de la campaña electoral a la que concurría la agrupación SALF a las elecciones del Parlamento Europeo ocurridas en junio de 2024”.

Según el informe, el interés del empresario estaba relacionado con sus “expectativas de negocio” de cara a “involucrar” a los seguidores de Alvise como clientes de sus negocios, si bien “siempre fue consciente” de que sus acciones “conducirían” a financiar al político.

La transcripción de la declaración de Alvise ante el juez del Supremo evidencia que el agitador de extrema derecha se vio en apuros cuando el instructor le pidió que detallara en qué había gastado el dinero recibido del empresario. Alvise afirmó que inicialmente guardó el dinero en su domicilio y que ya había utilizado aproximadamente la mitad, mientras que el resto se encontraba en un lugar “seguro”, aunque no en su casa. Explicó que destinó parte de esos fondos a lo que él definió como gastos personales, entre los que citó “cenas con fuentes de información” o reuniones con “personas afines”.

Ante esta respuesta, el juez le preguntó si ese uso no podía considerarse, en realidad, como una actividad vinculada a su formación, lo que supondría un indicio de financiación ilegal de partidos políticos. Alvise lo negó y alegó que él tenía “tres vidas diferentes”. “Tengo la vida como eurodiputado y ahí utilizo las dietas, cuando estoy con el partido y tengo que organizar un evento en un hotel (...) utilizo el dinero del partido convenientemente, según la ley de financiación de partidos políticos (...); y cuando tengo que hacer viajes personales a conocer gente antes siquiera de que tuviéramos confirmado el partido político —que es diferente a la agrupación de electores— (...) utilizo mi dinero privado”, afirmó.

Antonio del Moral, magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, ha acordado este martes cursar suplicatorio al Parlamento Europeo para que suspenda la inmunidad del eurodiputado de Se Acabó la Fiesta (SALF) Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise, en relación a la causa abierta contra él tras una querella del alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, por presuntos delitos de coacciones o amenazas condicionales.

Según recoge el auto del instructor, los hechos objeto de querella vienen conformados por diversas declaraciones y manifestaciones del ultraderechista en el canal público de la plataforma de mensajería Telegram identificado como “@Alviseperez”, canal que aparece públicamente asociado a su nombre desde, al menos, el mes de octubre de 2024 y hasta el mes de diciembre de 2025. En esos mensajes, comentarios y enlaces a contenidos de terceros, referidos directa y nominalmente al querellante, José Ignacio Landaluce Calleja, instaba para que dimitiera de su cargo de alcalde de Algeciras, con la advertencia de que, de no hacerlo, haría públicos contenidos relativos a comportamientos presuntamente delictivos.

Tras destacar en el auto varios de los mensajes señalados, el instructor indica que los hechos, en principio, podrían ser constitutivos de delitos de coacciones del artículo 172.1 del Código Penal, o, alternativamente, de amenazas condicionales del artículo 169.1.

Se trata del cuarto suplicatorio elevado desde el Supremo en causas abiertas al ultra Alvise Pérez. De los otros tres suplicatorios ya cursados, dos ya han sido concedidos: el que le investiga por delitos de financiación ilegal de partido y por delito electoral por la recepción de 100.000 euros en efectivo de un empresario de criptomonedas, y el que tiene abierto por mensajes relativos a la fiscal delegada para delitos de odio y discriminación de Valencia. El tercero es el referido a presuntos delitos de acoso y revelación de secretos contra los dos eurodiputados elegidos junto a él en las listas de SALF.

Aparte de esas cuatro causas, Alvise Pérez tiene actualmente abiertas en el Supremo otras dos: una por la presunta difusión de una prueba falsa de COVID del exministro de Sanidad y hoy presidente de la Generalitat catalana Salvador Illa, y otra por presunta instigación de desórdenes públicos en relación a protestas agrícolas de febrero de 2024 en Madrid.

El partido político de extrema derecha Se Acabó La Fiesta (SALF) ha constituido este sábado su 'punto de contacto' en Cantabria, en un acto celebrado en la localidad de Camargo, que ha reunido a afiliados y simpatizantes de la formación y que ha supuesto el arranque oficial del proyecto en región.

La coordinación recae en David Acosta, que será el encargado de articular el proyecto en la comunidad y de canalizar la participación de los afiliados y simpatizantes cántabros, ha informado en una nota de prensa.

Durante la jornada, han compartido las líneas de trabajo y los objetivos de esta nueva etapa, y han sentado las bases de coordinación y participación que guiarán la actividad de la formación en el territorio.

El encuentro ha sido presidido por la enlace autonómica y portavoz de la formación en Castilla y León, Lucía Echevarrieta, que acompaña el proceso de implantación en la región. Además, ha contado con la participación telemática del Secretario de Organización Nacional, Yeray Iglesias.

Iglesias ha subrayado la ambición de la formación en la comunidad, donde “se asienta con fuerza en Cantabria con la vista puesta en el inicio del curso político, donde tenemos claro que uno de nuestros objetivos es la máxima implantación territorial”.

La primera mitad de 2026 ha dejado malas noticias para Luis 'Alvise' Pérez y su partido Se Acabó La Fiesta (SALF) en casi todos sus frentes. La formación de extrema derecha se ha presentado a las elecciones de Aragón, Castilla y León y Andalucía sin conseguir ni un solo escaño autonómico, aunque quedándose cerca en Zaragoza. Todo mientras el Tribunal Supremo y el Parlamento Europeo han impulsado las cinco causas penales abiertas contra su líder. La Eurocámara le ha retirado la inmunidad en varias investigaciones, una de ellas la más grave de todas las que pesan sobre Alvise: la financiación supuestamente ilegal de su partido con 100.000 euros en efectivo entregados por un empresario del sector de las criptomonedas.

El agitador de extrema derecha y eurodiputado llegaba al ciclo autonómico de la primera mitad de 2026 como una de las grandes incógnitas electorales. Lo que se jugaba era si la resaca de los más de 800.000 votos que consiguió en las europeas de 2024 le serviría para conseguir representación política en Aragón, Castilla y León o Andalucía. Su partido SALF, después de renunciar a las extremeñas de diciembre del año anterior, concurrió a todos los comicios con candidatos desconocidos hasta la fecha y con una campaña centrada, como todo lo relacionado con la formación, en el propio Alvise, sus mítines y su canal de Telegram.

Pero tras su triunfo en Europa dos años antes, el primer asalto de Alvise y SALF a las instituciones españolas se ha saldado con un total de cero escaños conseguidos. La primera cita con las urnas fue el 8 de febrero en Aragón, donde el partido de Alvise rozó el palo y se quedó a unos poco votos de conseguir un escaño por la provincia de Zaragoza. Con casi 20.000 votos en toda la comunidad, el 2,92% de sufragios en Zaragoza dejó a SALF a un suspiro de entrar en las Cortes de Aragón con su candidata Cristina Falcón.

Un mes después, el 15 de marzo, tampoco hubo suerte en Castilla y León. Después de presentar un programa electoral tan calcado al de Aragón que había olvidado retirar las alusiones a Aragón en el documento, los de Alvise se quedaron muy lejos de conseguir un procurador en las nueve provincias de la región. Con algo más de 17.000 votos en general y el 1,4% aproximado de los votos, SALF no se acercó a los porcentajes de representación pública, quedando por debajo del 1% en territorios como Soria. Los números de la aventura electoral de SALF en la Andalucía natal de su líder tampoco valieron un escaño en San Telmo, pero reflejaron una mayor implantación de los de Alvise en ese territorio. Con más de 105.000 votos y un 2,5% de los sufragios totales, la extrema derecha de Luis Pérez llegó al 3% en la provincia de Málaga. Números por debajo de los 180.000 votos que consiguió en Andalucía en las europeas de 2024, pero relevantes de cara a las elecciones generales de 2027 y en su pelea electoral con PP y Vox.

No todo fueron malas noticias para Alvise en este ciclo electoral autonómico de la primera mitad de 2026. Además de la constatación de que los éxitos políticos de su partido, a día de hoy, dependen casi en exclusiva de la figura de su líder, SALF firmó victorias sugestivas. Tuvo más votos que Podemos en Castilla y León y Aragón y más que el Partido Aragonés, un histórico de las Cortes que por primera vez desde su fundación se quedó sin representación. El líder del partido y eurodiputado siempre ha dicho que su gran objetivo es entrar en el Congreso y por ahora las encuestas del CIS tampoco son optimistas. El último barómetro del mes de mayo deja a SALF en un 2,4% de estimación de voto, bastante más que en abril (1,7%) y marzo (2,1%), pisando los talones a Podemos.

Suspendida la inmunidad de Alvise

El fracaso de Alvise ha fracasado en su intento de conseguir representación en estas tres elecciones autonómicas pero el líder de SALF mantiene el sillón de eurodiputado en Bruselas que consiguió en los comicios de 2024. Aunque en esa cita con las urnas consiguió más de 800.000 votos y tres escaños, su grupo ha quedado reducido a la mínima expresión con sus dos antiguos compañeros de bancada acusando a Alvise de acoso y hostigamiento. Una de las cinco causas que el Tribunal Supremo mantiene abiertas contra él en este 2026.

El primer semestre de 2026 tampoco deja un balance judicial positivo para Alvise y Se Acabó La Fiesta. El Parlamento Europeo ha levantado la inmunidad que protege al agitador de extrema derecha para que pueda sentarse en el banquillo del Supremo en Madrid en dos causas. Por un lado está el hostigamiento que promovió contra la fiscal valenciana Susana Gisbert, difundiendo su foto en su grupo de Telegram, donde llegó a acumular más de 720.000 seguidores y hoy está por debajo de los 600.000 suscriptores. Pero también se ha dejado vía libre para que sea juzgado por la causa más grave que tiene abierta: la presunta financiación ilegal de su partido para las elecciones europeas.

Tal y como reveló elDiario.es, el empresario Álvaro Romillo –conocido como CryptoSpain y hoy en prisión provisional por el hundimiento de sus negocios– entregó 100.000 euros en efectivo a Alvise Pérez un día antes del comienzo de la campaña electoral europea. En su declaración como imputado, Alvise reconoció haber recibido el dinero pero para compensar que iba a sortear su sueldo de eurodiputado, una de sus grandes promesas electorales que dejó de cumplir hace tiempo. Tras la concesión del suplicatorio por parte de Bruselas, el juez tendrá que decidir si el líder de SALF se sienta en el banquillo, algo que sucedería antes de las próximas elecciones generales en caso de llegar un auto de procesamiento próximamente.

Otras tres causas permanecen abiertas contra él en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, todas relacionadas con su faceta de agitador. Sigue imputado por promover el hostigamiento contra los dos eurodiputados de su antiguo grupo después de que no votaran lo que él quería en asuntos relacionados con el rearme. También se ha abierto una nueva causa contra él por amenazar a José Antonio Landaluce, alcalde de Algeciras, con publicar pruebas de “comportamientos deshonrosos” si no dimitía. Y sigue en tramitación desde hace más de cinco años la primera causa penal que se abrió contra él por difundir una falsa prueba PCR de Salvador Illa.

Varios sospechosos por la PCR

Ese caso es el más antiguo que afecta a Alvise y ha tenido un avance significativo en los últimos días. Después de varios años de instrucción, la Policía Nacional ha podido examinar la información llegada desde Twitter en Estados Unidos y ha llegado a una conclusión: no puede saber quién fue el difusor original del bulo.

El juez del Supremo pidió información sobre la cuenta de Alvise pero también sobre un usuario de X llamado “AsdeTrebolesB” que, según explica la Policía, publicó el documento “minutos” antes que el agitador ultra. Todos los datos apuntan a un vecino de Oviedo llamado Juan Antonio G.C, a tenor sobre todo de la dirección de email que había detrás de la cuenta hoy suspendida, y que se presentaba como afiliado a Vox además de otras cosas como “Asturiano y español. Antirojo y antiindepe. AntiPodemos. Antimachista y antifeminazi”.

Aún así, con esos datos, la Policía subraya que “no es posible” certificar la autoría de ese primer tuit con la falsa PCR de Illa, ni al candidato ni a su pareja. “No se puede establecer sin género de dudas que hayan sido ellos”. Falta, por ejemplo, datos sobre las direcciones IP o cuántas personas tenían acceso a esa cuenta de X.

El Parlamento Europeo ha votado este martes a favor de levantar la inmunidad al líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) y eurodiputado, Luis Alvise Pérez, para que sea juzgado por el Tribunal Supremo por un caso de financiación ilegal.

Los europarlamentarios de la comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara que estudiaron este caso ya habían decidido la semana pasada que la protección de Alvise fuera suspendida por 20 votos a favor, una abstención y ningún voto en contra.

Esta es ya la segunda vez que la Eurocámara acuerda por mayoría levantar la inmunidad a Alvise Pérez. En la anterior ocasión fue para que sea juzgado por el Supremo por el supuesto acoso contra la fiscal de delitos de odio, Susana Gisbert.

En el caso de financiación ilegal, tal y como reveló elDiario.es, el agitador de extrema derecha está investigado por financiar su candidatura de las últimas elecciones europeas con los 100.000 euros que Álvaro Romillo, empresario de las criptomonedas y también imputado por el colapso de su club de inversiones, le dio en Madrid pocas horas antes de que empezara la campaña electoral.

Alvise contactó con Romillo, apodado 'CryptoSpain', para colaborar y finalmente obtener dinero de cara a las elecciones europeas de 2024. Un día antes de lanzarse a la carretera y empezar su campaña, Alvise acudió a las oficinas de una empresa de Romillo y recogió 100.000 euros en efectivo.

Romillo ha reconocido que entregó el dinero y el propio Alvise lo confesó en su declaración judicial voluntaria del pasado mes de julio de 2025. Según su versión, el dinero no era para financiar la candidatura en la que consiguió casi 800.000 votos y tres escaños en Bruselas, sino para “capitalizarse a nivel personal” por el sorteo de su sueldo que prometió a sus seguidores y votantes.

El Ministerio Público dejó claro que no se quedó convencido con las explicaciones de Alvise y explicó que había “indicios racionales de criminalidad”. En medio año de diligencias la Policía concluyó que Alvise recibió esos 100.000 euros en efectivo para financiar su campaña y no por otros motivos esgrimidos por el agitador, que pasó de afirmar que era dinero cobrado por “trabajos” como “autónomo” a decir que era para hacer frente al sorteo de su sueldo.

“Ocultando los gastos electorales”

La Fiscalía destacó que Alvise cobró ese dinero en efectivo “con el objeto de financiar su campaña electoral a las elecciones al Parlamento Europeo del año 2024”, mientras Romillo abría wallets [monederos digitales donde están las criptomonedas] para que sus seguidores pudieran hacer donaciones en criptomonedas. Lo hizo, además, “ocultando a las autoridades encargadas de supervisar los gastos electorales la existencia de tal donación”. Según las acusaciones que pesan sobre él, Se Acabó La Fiesta nunca explicó al Tribunal de Cuentas de dónde sacó el dinero para financiar la candidatura.

El juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, acordó mandar a prisión sin fianza a Romillo por supuesta estafa con criptomonedas en noviembre de 2025. Romillo fue detenido tras hallar una cuenta vinculada al empresario con 29 millones de euros en Singapur nutrida con el dinero de los inversores del Madeira Invest Club (MIC) supuestamente estafados. El juez acordó el procesamiento de Romillo y otros nueve procesados y les impuso una fianza solidaria por una cantidad superior a los 247 millones de euros. Les procesó por estafar presuntamente más de 185 millones, entre enero de 2023 y septiembre de 2024, a 3.062 inversores.

Además se le ha atribuido a Romillo un presunto fraude fiscal de 88 millones de euros. El magistrado instructor entiende que hay “indicios racionales y suficientes” de que Romillo “habría llevado a cabo una conducta defraudatoria” mediante “la omisión de ingresos reales que reflejan su verdadera capacidad económica” en los ejercicios 2023 y 2024.

En el caso del hostigamiento a la fiscal, el Supremo señaló que se investiga a Alvise por posibles injurias, coacciones y delito de odio contra Gisbert. El político ultra lanzó varios mensajes sobre esta fiscal en febrero de 2024 en su canal de Telegram. Alvise inició una de sus múltiples campañas de señalamientos a los fiscales especialistas en delitos de odio. En dos de los mensajes, Alvise publicó varias fotografías de la fiscal, que denunció al agitador por injurias y amenazas.

Otras causas pendientes de Alvise

Además, Alvise está acusado en el Alto Tribunal por acosar a los dos eurodiputados de su propio partido y por difundir una prueba falsa de PCR del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, un delito que el político ultra admitió ante los tribunales que había cometido.

La última querella presentada contra el eurodiputado en el Supremo ha sido por parte del alcalde de Algeciras, José Antonio Landaluce, por un presunto delito de amenazas. El regidor estuvo acusado por malversación y acoso sexual, pero el Supremo archivó en enero la querella que presentó el PSOE. El Supremo indicó que se aprecia un delito de amenazas condicionales con carácter subsidiario por parte del político ultra contra el regidor.

El partido de Alvise Pérez se fue de vacío de las elecciones en Andalucía del pasado domingo. Es la tercera vez que Se Acabó la Fiesta no logra representación en unas elecciones autonómicas, pero en esta ocasión ha conseguido sumar más de 105.000 papeletas y un 2,5% del voto en la tierra del eurodiputado. Alvise lo ha celebrado apuntando a las generales: “Perseveramos. Cuando entremos al Congreso en las próximas generales habrá un antes y un después”.

El Parlamento Europeo ha votado este martes a favor de levantar la inmunidad al líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) y eurodiputado, Luis Alvise Pérez, para que sea juzgado por el Tribunal Supremo por el supuesto acoso contra la fiscal de delitos de odio, Susana Gisbert. La comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara, donde se estudió el caso, había decidido la semana pasada que esta protección fuera suspendida al eurodiputado ultraderechista por 16 votos a favor y uno en contra.

En este caso del hostigamiento a la fiscal, el Supremo señaló que se investiga a Alvise por posibles injurias, coacciones y delito de odio contra Gisbert. El político ultra lanzó varios mensajes sobre esta fiscal en febrero de 2024 en su canal de Telegram. Alvise inició una de sus múltiples campañas de señalamientos a los fiscales especialistas en delitos de odio. En dos de los mensajes, Alvise publicó varias fotografías de la fiscal, que denunció al agitador por injurias y amenazas.

“Esta gente es la que nos está multando e intentando meter en prisión a miles de españoles por decir que la masiva inmigración ilegal es una INVASIÓN”, añadía el ultraderechista en uno de sus mensajes. La investigación constató que en dicho canal se realizaron hasta 1.500 comentarios “con contenidos insultantes o expresando la voluntad de perseguir o atacar a la fiscal en cualquiera de los lugares que frecuentara, atacar su casa, hacerla la vida imposible o abordar ataques contra ella en presencia de su familia”.

En la apertura de diligencias el Supremo apuntó que sus mensajes muestran “que pudo existir una intención voluntaria y consciente de comprometer, de manera permanente y profunda, el normal desarrollo de la vida cotidiana de su víctima”. Según argumentaron los jueces, este acoso se fundamentaba “a partir de la persecución que pudieran desplegar las centenares de personas que asumieran su reto”.

Otras causas de Alvise en el Supremo

El Tribunal Supremo tienen otras cuatro causas abiertas contra el europarlamentario de ultraderecha. Por un lado, hay un caso de financiación ilegal, tal y como reveló elDiario.es, en el que el agitador de extrema derecha está investigado por financiar su candidatura de las últimas elecciones europeas con los 100.000 euros que Álvaro Romillo, empresario de las criptomonedas y también imputado por el colapso de su club de inversiones, le dio en Madrid pocas horas antes de que empezara la campaña electoral.

El juez José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional, acordó mandar a prisión sin fianza a Álvaro Romillo por supuesta estafa con criptomonedas en noviembre de 2025. Romillo es el empresario del sector de las criptomonedas que financió a Alvise Pérez. Fue detenido tras hallar una cuenta vinculada al empresario con 29 millones de euros en Singapur nutrida con el dinero de los inversores del Madeira Invest Club (MIC) supuestamente estafados. Este caso también está siendo estudiado por la Eurocámara para decidir si levanta la inmunidad a Alvise para que sea juzgado por el Supremo.

Además, Alvise está acusado en el Alto Tribunal por acosar a los dos eurodiputados de su propio partido, Se Acabó La Fiesta, y por difundir una prueba falsa de PCR del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, un delito que el político ultra admitió ante los tribunales que había cometido.

La última querella presentada con el eurodiputado en el Supremo ha sido por el alcalde de Algeciras, José Antonio Landaluce, por un presunto delito de amenazas. El regidor estuvo acusado por malversación y acoso sexual, pero el Supremo archivó en enero la querella que presentó el PSOE contra él. El Supremo indicó que se aprecia un delito de amenazas condicionales con carácter subsidiario del político ultra.

Alvise Pérez presentó el pasado 12 de octubre su candidatura a las elecciones generales de España, que están previstas para 2027. En este acto aseguró que las investigaciones del Tribunal Supremo son una campaña de acoso contra él por parte del sistema “corrupto”.

Se Acabó La Fiesta (SALF), el partido del agitador ultra Alvise Pérez, registró su participación para las elecciones de Castilla y León justo el último día del plazo legal: el 9 de febrero, un día después de los comicios autonómicos en Aragón. La sucesión de fechas es relevante para SALF, porque el “contrato electoral” —que ya ha eliminado de su web—, como así llaman a su programa, es prácticamente idéntico para ambas comunidades, hasta el punto de que se fusionan: “Castilla y León recuperará su orgullo y los aragoneses recuperarán las riendas de su destino. ¡Vamos a por ello, juntos!”.

Castellanos y leoneses orgullosos y aragoneses dueños de su destino: una aspiración muy noble la que propone SALF, si no fuera porque al equipo encargado de editar el programa electoral se le ha olvidado retirar el “aragoneses” hasta en trece ocasiones. Con una simple búsqueda con el comando Control+F en cualquier lector de PDF, el listado aparece. Tampoco han cambiado las fechas de las elecciones de Aragón, que fueron el 8 de febrero.

SALF ha arrastrado las cuestiones troncales de Aragón a los problemas de Castilla y León. Por ejemplo, en el apartado económico se afirma que “Aragón debe dejar de ser una comunidad hostil para quien emprende”. Más adelante, al hablar de formación profesional, se propone adaptar la oferta a lo que demandan “las empresas aragonesas”.

En el bloque de servicios públicos, el documento recoge, aunque tachado, que entre un 5 % y un 10 % del “territorio aragonés” no dispone de conexión adecuada y asegura, además, que “ningún aragonés quedará aislado por vivir en un pueblo pequeño”. Se anuncia incluso la ampliación del transporte metropolitano en Zaragoza, Huesca y Teruel, ciudades que, salvo una fusión de autonomías, no forman parte de la comunidad a la que se dirige el programa.

En sanidad, la preocupación de Alvise pasa porque “ningún aragonés espere más de 30 días” por una consulta especializada, sin duda una meta que en todo el territorio nacional debería alcanzarse, pero no desde la Sacyl para Aragón. También se propone una historia clínica electrónica única para “todo el sistema público aragonés”, además de conciertos con “clínicas privadas aragonesas”. En materia de infraestructuras sanitarias, SALF promete acometer las obras pendientes, como el nuevo Hospital de Alcañiz, en Teruel.

“Defensa sin complejos del campo aragonés”

El programa de SALF incluye políticas centradas en el medio rural. En concreto, la “defensa sin complejos del campo aragonés” y la simplificación de “los trámites ante INAGA”, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. Además, en la contratación pública también se priorizará el producto local aragonés. En materia de soberanía energética para Castilla y León, el partido de Alvise propone un “canon aragonés” para las empresas que quieran instalar parques eólicos o plantas fotovoltaicas.

En el programa de Alvise también hay medidas que confunden competencias y extralimitan las capacidades de las comunidades, como en materia de inmigración, cuando se anuncia un “mayor plan de deportación de inmigrantes ilegales” y la identificación y expulsión rápida de personas en situación irregular. Esta competencia es exclusiva del Estado, no de la Junta de Castilla y León.

También propone una tarifa autonómica del IRPF del 0 % para rentas inferiores a 35.000 euros. Las comunidades pueden modificar el tramo autonómico del impuesto, pero no eliminar el IRPF en su conjunto, al tratarse de un tributo estatal parcialmente cedido. Asimismo, plantea una reforma del Estatuto de Autonomía para introducir límites a la presión fiscal y al endeudamiento. El propio texto reconoce que ello requiere una ley orgánica en las Cortes Generales y, por tanto, una mayoría nacional.

Para Castilla y León, SALF presenta a la burgalesa Lucía Echevarrieta como candidata a la Presidencia de la Junta por el partido ultra. Echevarrieta es abogada, empresaria y diputada quinta del Colegio de Abogados de Burgos. Además, SALF integrará a los dos procuradores de Vox expulsados del grupo en las Cortes de Castilla y León, Javier Teira y Ana Rosa Hernando, tras pedir más democracia interna.

La titular del Juzgado de Instrucción 23 de Madrid, Sonia Agudo Torrijos, ha imputado al agitador ultra Vito Quiles por difundir la dirección de la casa de Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica. Vito Quiles, que fue en las listas del partido de Alvise Pérez en las elecciones europeas, está citado a declarar por un delito de revelación de secretos el próximo 7 de abril, según una resolución adelantada por El Confidencial y a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Corredor fue ministra de Vivienda en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Vito Quiles fue contratado por el PP para participar la semana pasada en el acto de cierre de campaña del partido en Aragón, donde intervinieron el candidato Jorge Azcón y Alberto Núñez Feijóo. 

En su querella, Corredor denuncia que tras el gran apagón eléctrico el 28 de abril de 2025, Vito Quiles publicó en sus redes sociales la ubicación de su domicilio y fotografías del mismo, lo que vulneró su intimidad y seguridad. Eso provocó que empezara a recibir amenazas de usuarios de las redes sociales que llamaban a “quemarle la casa”, lo que le obligó a reforzar su seguridad y limitar sus salidas. 

La querella aporta un informe de la seguridad de Red Eléctrica que confirma la presencia de Vito Quiles y la intervención de la Policía Nacional en el domicilio de Corredor el 30 de abril de 2025. La defensa de Vito Quiles, que ejerce el penalista Juango Ospina, considera que los hechos “no tienen relevancia penal” y ha reclamado el archivo de las diligencias. 

La jueza Sonia Agudo Torrijos, asumió la causa el pasado mayo y citó a declarar a Vito Quiles el 18 de septiembre. El agitador ultra no compareció a la primera citación y el juzgado intentó citarlo en varios domicilios, incluida la sede de Se Acabó La Fiesta. Al encontrarse en “paradero desconocido”, la jueza dictó un auto de búsqueda y citación. Finalmente, el juzgado logró contactar telefónicamente con su madre y fue citado a comparecer en noviembre para recoger la citación “bajo apercibimiento de detención”. 

La jueza de guardia acordó el pasado 8 de mayo el bloqueo provisional de los enlaces específicos en X y Telegram donde se revelaba el domicilio de Corredor. Pero los abogados de la presidenta de Red Eléctrica denunció que meses después las publicaciones seguían accesibles y acumulando visualizaciones. Reclamaron entonces que se le requiriera personalmente a Vito Quiles el borrado, pero la jueza rechazó la medida el pasado octubre al considerar que el bloqueo era una medida “suficiente”. 

Se Acabó la Fiesta, la formación del eurodiputado ultra Luis Pérez Fernández 'Alvise', se presentará a las elecciones de Castilla y León, según ha confirmado él mismo en su grupo de Telegram. Según adelantó hace unas semanas Burgos Noticias, la burgalesa Lucía Echevarrieta, será la candidata a la Presidencia a la Junta de Castilla y León por el partido ultra. Echevarrieta es abogada, empresaria y diputada quinta del Colegio de Abogados de Burgos.

Además, SALF va a integrar a los dos procuradores de Vox expulsados del grupo en las Cortes de Castilla y León. Según ha anunciado, el presidente de Avanza en Libertad (que es la excisión de Vox), el procurador Javier Teira, su asociación se integrará en la candidatura del partido de Alvise para Castilla y León, por “tratarse de la única fuerza política que asume la aplicación del programa político que la entidad defiende”, como ha indicado en un comunicado.

Para Teira, que va de cabeza de lista por Salamanca, “lo importante es contar con fuerzas políticas en las Cortes de Castilla y León que estén dispuestas a defender los intereses de la región, más allá del puro tacticismo político para impulsar la carrera personal de sus líderes hacia la Moncloa”. Asimismo, también por la provincia de Burgos, la otra exprocuradora de Vox expulsada, Ana Rosa Hernando, formará parte de la lista que encabeza Echevarrieta.

Desde Avanza en Libertad han indicado que la integración en SALF como independientes pasa porque Alvise es el único que ha incorporado sus propuestas.

Después de obtener 17.000 votos en Aragón, y rozar el escaño en Zaragoza con el con el 2,9% del voto ante una barrera legal del 3% por provincia para obtener un representante. El partido de Alvise intentará irrumpir en la escena política de Castilla y León. Eso sí, en esta Comunidad es el porcentaje de votos necesario para obtener un procurador para las Cortes es más complicado.

En las únicas elecciones en las que hasta la fecha ha participado el partido de Alvise, las Europeas del 2023, se quedaron como cuarta fuerza política de Castilla y León con un 4,03% de los votos después de PP, PSOE y Vox, logrando 42.791 apoyos a su candidatura. Sus mejores números los obtuvo por las provincias de Valladolid (4,52%), Segovia (4,39%), Ávila (4,19%), León (4,02%), en unas elecciones sin presencia de fuerzas locales representativas como UPL o Por Ávila.

Pero el partido de Alvise debería subir sus apoyos, ya que en los repartos de procuradores por las provincias siempre son por encima del 5% en el mejor de los casos. En 2022, por ejemplo, en la provincia de Valladolid, Ciudadanos obtuvo un procurador con el 6,91% de los votos —18.801 apoyos—.

La primera aventura autonómica de Luis 'Alvise' Pérez ha acabado en fracaso. Se Acabó la Fiesta (SALF) se ha quedado fuera de las Cortes de Aragón, pese a que ha rozado el escaño por Zaragoza con el 2,9% del voto ante una barrera legal del 3% por provincia. El vencedor de las elecciones ha sido el PP pero pierde dos diputados y dependerá de Vox, que duplica sus escaños, en un calco de lo ocurrido en Extremadura hace dos meses.

La estrategia de SALF pasaba por alcanzar un buen resultado en Zaragoza con Cristina Falcón como cabeza de lista. En esta circunscripción les fue bien en las europeas de 2024 con casi 20.000 votos, y este domingo se ha quedado a las puertas con más de 14.000 papeletas y el 2,9%.

En conjunto, sus resultados lo sitúan por delante de PAR y Podemos: SALF se ha hecho con más de 17.000 votos en total en las elecciones frente a los 8.000 de PAR y 6.000 de Podemos. IU-Sumar está por encima, pero solo por mil papeletas. SALF ha celebrado el resultado, pese a no entrar en las Cortes, porque “triplica y destroza a Podemos, supera a Teruel Existe en la capital y se sitúa al borde de conseguir escaño en Zaragoza”.

La segunda intentona electoral de SALF en su corta historia ya no tenía el factor sorpresa que le llevó a convencer a 800.000 votantes para hacerse con tres escaños en las elecciones europeas. Desde entonces Alvise ya solo tiene un escaño en el Parlamento Europeo —el suyo— después de que sus eurodiputados le hayan denunciado por acoso, también quedó lejos la promesa de sortear su sueldo cada mes y la lista de frentes judiciales no deja de aumentar.

La compaña de Cristina Falcón ha tenido poco impacto y, de hecho, el momento más relevante de estas semanas lo protagonizó Alvise al ser llamado a declarar ante el Supremo como imputado bajo la acusación de haber promovido el acoso contra sus propios eurodiputados. Allí aprovechó para enseñar su próximo libro y hacer campaña: “Creo que vamos a cambiar el gobierno de Aragón dentro de muy poco. Permitidme agradecer a todo el pueblo de Aragón su excelente y masiva acogida”.

La formación de Alvise está estudiando presentar candidaturas a las elecciones autonómicas en Castilla y León, y en octubre apuntó ya a su intención de lanzarse a por las generales, con la sombra de varios juicios planeando sobre él. El eurodiputado tiene cuatro frentes penales por delante. El más grave, la acusación de financiación ilegal. El agitador mantuvo conversaciones durante semanas con Álvaro Romillo, conocido como 'Luis CryptoSpain' y promotor de plataformas de inversión y criptomonedas como el Madeira Invest Club, que le dio 100.000 euros para impulsar su candidatura a las últimas elecciones europeas, tal y como reveló elDiario.es.

— Estoy aquí un día laborable, a las 12 y pico de la mañana, en Zuera, he visto la sede del PSOE y digo 'voy a entrar a saludar'. Y digo, ¡ay!, si está cerrada. ¿Cómo se me ocurre a mí que en la sede del PSOE estén trabajando en jornada laboral? Qué cosas, ¿eh, Cristina?

— ¡En plena campaña electoral!

La conversación entre risas grabada para redes sociales el pasado martes, 27 de enero, entre Alvise Pérez, líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), y la cabeza de lista en Aragón, Cristina Falcón, sintetiza la campaña electoral de la formación ultra: ajena a la realidad aragonesa, envuelta en el frío invernal y con recurrentes píldoras de demagogia. Lo cierto es que en ese momento la sede socialista estaba cerrada... porque todos los afiliados del partido en esta localidad de menos de 10.000 habitantes se encontraban en sus trabajos, como es lógico en un día laborable.

La primera irrupción de Alvise en unas elecciones autonómicas está dejando un sabor tan insípido como la propia campaña electoral del 8F. Pese a sus habituales extravagancias, las convocatorias de SALF han naufragado. Los mensajes del eurodiputado, que difunde principalmente a través de redes como su canal de Telegram o su cuenta de Tik Tok, apenas han tenido trascendencia.

El único titular que ha recibido fue cuando, al cubrir la radiotelevisión autonómica aragonesa uno de sus actos debido al reparto de tiempos establecido por la Junta Electoral, los periodistas fueron increpados, lo que motivó una queja del Colegio de Periodistas de Aragón.

Para colmo, entre medias Alvise se ha visto obligado a acudir al Tribunal Supremo para declarar por la denuncia interpuesta contra él por los otros dos eurodiputados de SALF, que le acusan de los presuntos delitos de acoso y revelación de secretos. Al salir, el polemista se limitó ante los medios a vender su último libro.

Como compensación, el eurodiputado ha recibido el apoyo de la asociación ultra HazteOír, que ha paseado un autobús por la capital aragonesa con críticas a Vox y pidiendo indirectamente el voto para SALF por su postura declarada contra el aborto.

Acto central en plena plaza del Pilar, pero sin lleno

El acto central de SALF tuvo lugar el pasado domingo en plena Plaza del Pilar de Zaragoza y sirvió para evidenciar que, al menos en el plano físico, el tirón de Alvise flojea.

Doscientas cuarenta sillas, dispuestas en dos hileras, aguardaban a los asistentes. El mitin, anunciado para las 11.30 horas, comenzó con veinte minutos de retraso, lo que aprovecharon los asistentes para ir ocupando unos huecos que no se llenaron. Algunos curiosos se quedaron de pie, a la expectativa.

La candidata aragonesa subió al escenario sin despertar un entusiasmo visible. En apenas ocho minutos, Falcón despachó su intervención, apoyándose en los habituales ejes discursivos de la formación: seguridad y la familia, retorno de los tres millones de españoles que viven fuera y lanzó guiños a colectivos como autónomos, agricultores, policías o maestros; estos últimos, con especial énfasis, dado su perfil como directora de un colegio público en Zaragoza.

Le siguió el propio Alvise, recibido con una reacción más educada que fervorosa. En su discurso no faltó el “ruido político”, los medios de comunicación “subvencionados” –una “aberración moral y antidemocrática” por invisibilizar a su formación– o una diatriba contra la partitocracia.

La estrategia de SALF es alcanzar la cifra de 15.000 votos en Zaragoza, ciudad donde recibió un gran apoyo en las europeas. A partir de ese número de sufragios tendría opciones de obtener un escaño, aunque las últimas encuestas le sitúan lejos de ese privilegio. Aun así, Alvise aprovechó para arengar a los presentes a votar, asegurando que el 8F “daremos el mayor golpe estatal”.

Después, en su discurso deshilachado llegó el turno de “los asesinados por la incompetencia de Óscar Puente”, de anuncios de un gran plan de deportación de inmigrantes ilegales o de reducir el número de políticos. “¡A la mierda las ideologías, queremos soluciones!”, proclamó. Tampoco faltaron las dudas sobre el sistema electoral y el envío de papeletas a los domicilios a través de Correos.

Tampoco en el otro gran acto de la formación, el 18 de enero en Zaragoza, colgó el cartel de 'no hay billetes', aunque en ese caso el auditorio era más amplio: el World Trade Center, donde esa misma mañana los populares Jorge Azcón y Alberto Núñez-Feijóo habían llenado hasta la bandera.

El autobús de la formación ultra Hazte Oír llega a las calles de Zaragoza en plena campaña electoral. El vehículo recorre desde este martes las provincias aragonesas con un mensaje que interpela a la formación de Santiago Abascal: “¿Es Vox un PP verde?”, se preguntan, junto a una imagen de las caras de los dirigentes de las dos formaciones políticas. Las desavenencias con Vox, con el que siempre han tenido buena sintonía, se deben a “la negativa a comprometerse por escrito con la defensa de la vida y la libertad”.

Hazte Oír, una asociación católica tradicionalmente alineada con Vox, ha pedido el voto para SALF en Aragón, arremetiendo contra los de Abascal por ser “el PP verde”, después de que la candidata de 'Alvise', María Cristina Falcón, se haya comprometido a defender el latido fetal. Hazte Oír expone que desde Vox no han respondido a un cuestionario de compromisos en el que se pregunta por la “defensa de la vida”, la “protección de la familia” o el “fin del adoctrinamiento en las aulas”, entre otras cosas.

“El silencio también es una forma de posicionarse. No tenemos miedo de sus presiones ni amenazas: hechos son amores y a nosotros no nos valen las meras palabras de ningún político, pues se las lleva el viento”, ha advertido el presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, quien ha recordado que Vox ha rechazado responder al cuestionario que la asociación remite antes de cada convocatoria electoral. “No pedimos promesas vagas ni discursos de mitin. Pedimos compromisos por escrito, claros y verificables. Si un partido aspira a gobernar, tiene la obligación de rendir cuentas a la sociedad civil”, ha señalado.

En redes sociales, Arsuaga ha dicho que “no tenemos nada contra Abascal ni contra Vox”pero que lanzan esta campaña para que exijan al PP “por primera vez una medida provida en una comunidad autónoma. Y que, en consencuencia, algunos españoles se salven del aborto”. Se muestra convencido de que, dentro de unos meses, “cuando gracias a esta presión Vox apruebe el protocolo del latido fetal y medidas provida reales, muchos de los que hoy nos critican nos darán las gracias”.

Por su parte, el director de campañas de Hazte Oír, Miguel Tomás, ha explicado que el nuevo autobús es “una exigencia legítima”: “Nosotros no señalamos a los votantes, sino a los silencios. Si Vox quiere diferenciarse del PP, debe demostrarlo con hechos, no con ambigüedades”, ha afirmado. “No vamos a dejar de preguntar hasta que sepamos si estamos ante una derecha valiente o ante una nueva versión de la derechita cobarde”. 

Vox ha minimizado este martes que la organización Hazte Oír haya pedido el voto para el partido Se Acabó la Fiesta (SALF) del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez en las elecciones de Aragón, alegando que las organizaciones son “libres” y “tienen legitimidad para pedir el voto para quien crean conveniente”. “Las asociaciones son las asociaciones, los partidos políticos son partidos políticos, nosotros tenemos un proyecto propio que, además, ha mantenido una coherencia absoluta desde su nacimiento y, a partir de ahí, cada uno puede hacer las consideraciones que quiera y puede pedir el voto para quien quiera”, ha explicado la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, en rueda de prensa en la Cámara Baja.

El Colegio Profesional de Periodistas de Aragón ha denunciado públicamente este lunes las dificultades, los insultos y las situaciones de hostigamiento sufridas por varios profesionales de la información mientras cubrían un acto de Se Acabó la Fiesta (SALF) celebrado este domingo en Zaragoza. El encuentro contó con la participación del líder de la formación, Alvise Pérez, y de la candidata en la comunidad, Cristina Falcón.

Los periodistas desplazados para informar del evento, en el marco de la cobertura electoral que corresponde legalmente a esta formación tras sus resultados en las elecciones europeas y su concurrencia a los comicios autonómicos, fueron increpados de forma reiterada por parte de asistentes, lo que impidió el normal desarrollo de su trabajo.

Durante el momento destinado a la atención a medios, varios profesionales de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) recibieron insultos continuos como “mierdas”, “vendidos”, “hijos de puta” o “asco”, además de gritos constantes que llegaron a provocar la interrupción hasta en tres ocasiones las declaraciones previstas, y que hizo prácticamente inaudible la intervención del portavoz del acto.

Pese a los intentos del personal de organización por reducir el volumen de los gritos, los insultos continuaron, acompañados de consignas dirigidas directamente a los periodistas cuestionando su trabajo y su presencia en el acto. Como consecuencia, los profesionales tuvieron que realizar el canutazo en condiciones claramente inadecuadas, con personas gritando a escasos metros y limitando la grabación a apenas 40 segundos, al no poder prolongarse la situación.

El Colegio Profesional de Periodistas de Aragón ha querido mostrar su “apoyo y solidaridad con los compañeros y compañeras afectados” y ha exigido “respeto al trabajo periodístico, que es un pilar esencial del derecho a la información y de la democracia”.

Asimismo, el Colegio reclama que se aleje a los profesionales de la polarización política y del señalamiento, recordando que los periodistas no son parte de los actos ni de los mensajes que cubren, sino que cumplen con su obligación de informar a la ciudadanía con criterios profesionales.