Las negociaciones sobre el convenio del Metal en Bizkaia han arrancado este jueves después del verano condicionadas por el uso exclusivo por parte de ELA en la mesa de negociación y por la falta de una plataforma sindical conjunta, sin la que la FVEM, no quiere negociar. Se trata del convenio más importante en el ámbito industrial vasco por el número de trabajadores a los que afecta, alrededor de 57.000, y reanuda sus negociaciones con pocas posibilidades de resolverse en el corto plazo.

La Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) ha reiterado la necesidad de que haya una plataforma conjunta “que represente las peticiones de una mayoría sindical y que permita iniciar una negociación real y efectiva”. “Algo que se viene reclamando desde las primeras sesiones de negociación”, han señalado. “Sin embargo, los sindicatos han vuelto a acudir a la cita sin ninguna propuesta conjunta, por lo que la reunión ha concluido nuevamente sin ningún avance”. “No es posible negociar con cuatro propuestas diferentes entre sí”, han indicado. “La mesa negociadora se encuentra así en una situación de bloqueo que se está alargando en el tiempo”, han reiterado.

Por su parte, los sindicatos reconocen que mantienen negociaciones para intentar acercar posturas, aunque de momento sin conseguir cerrar un acuerdo unitario, pese a que todas las reivindicaciones sindicales pasan por subidas salariales ligadas al IPC, que en agosto ha escalado hasta el 4,3, y reducciones de la jornada laboral. Discrepan, por ejemplo, en la forma de implantar planes de euskera, según han señalado desde UGT. En lo que sí han coincidido todas las centrales es en criticar el inmovilismo de la patronal.

El sindicato LAB, que ha criticado que la patronal no haya llevado “ningún contenido a la negociación”. “En estos meses, la patronal FVEM ha utilizado el argumento de la existencia de cuatro plataformas sindicales para no avanzar en la negociación. Los sindicatos hemos recogido este planteamiento y estamos haciendo un esfuerzo para conseguir una plataforma conjunta. Un trabajo que continúa” han señalado desde el sindicato. “Los sindicatos estamos dedicando tiempo y esfuerzo a la búsqueda de consensos mientras la FVEM se mantiene en una posición pasiva y sigue intentando condicionar la negociación a la imposición de cómo debe organizarse la parte sindical. El pluralismo sindical no es una anomalía ni un problema que haya que resolver antes de empezar a negociar. Forma parte de la propia negociación colectiva”, han advertido.

En este sentido han indicado que la patronal “no puede esperar a que los sindicatos terminemos ese trabajo para empezar a hacer el suyo; eso no es actuar con la responsabilidad que le corresponde. Hemos vuelto a preguntar qué está dispuesta a negociar. Y la respuesta, una vez más, ha sido que mientras no haya una plataforma conjunta no tiene nada que decir”.

De igual forma CCOO de Euskadi ha denunciado el “inmovilismo” de la patronal ante lo que “convocará asambleas con su afiliación para estudiar y decidir las acciones a llevar a cabo”. “La FVEM ignora cómo afecta la subida del IPC a los salarios de la clase trabajadora, no adopta medidas frente al aumento de las olas de calor en los puestos de trabajo, y que persisten empleos en riesgo por la falta de una subrogación total en el sector”. Además, ha reprochado a la FVEM “no aborde la salud laboral en la mesa, pese a las quejas habituales de la patronal sobre el absentismo”. Para el sindicato, esta actitud refleja una apuesta deliberada por “retrasar la renovación del convenio”. “La FVEM no negociará en un clima de normalidad”, dicen, por lo que el sindicato convocará asambleas informativas para decidir junto a la afiliación “los próximos pasos a seguir”.

Por su parte, UGT Euskadi ha denunciado el “bloqueo” de la patronal y al igual que el resto de las centrales, ha reiterado que “la falta de una plataforma unitaria no puede ser excusa para la parálisis”, al tiempo que ha advertido de que el derecho a los planes de euskera no debe “vulnerar el derecho al trabajo”. El sindicato ha recordado que lleva “meses realizando todos los esfuerzos posibles para que esa plataforma conjunta saliera adelante”, pero ha considerado que eso no puede transformarse en la “excusa permanente” para bloquear la negociación.

Desde UGT FICA han afirmado que la unidad sindical “ha sido imposible ante las discrepancias surgidas en torno a la implementación en el convenio de los planes de euskera”. “UGT está a favor de los planes de euskera en las empresas, así como del fomento del uso del mismo en los centros de trabajo para que todas las personas que quieran vivir y trabajar en euskera puedan hacerlo”. Sin embargo, el sindicato no cree que este derecho “deba vulnerar el derecho al trabajo, limitando las contrataciones o convirtiéndose en condición 'sine qua non' para la promoción interna”.

Finalmente, desde la UGT Euskadi han reafirmado su “firme voluntad de avanzar en contenidos en la negociación del convenio” y, por ello, ha llamado a la patronal a “implicarse sin cortapisas”, así como al resto de sindicatos, para “no alargar de forma innecesaria la negociación de un convenio que miles de personas del sector en Bizkaia esperan, dado que con el mismo se juegan cuestiones tan importantes como las actualizaciones salariales que puedan compensar los incrementos en el coste de la vida”.

Euskera en la mesa de negociación

ELA se ha centrado sus críticas a la negociación que se ha reanudado este jueves al uso del euskera y la falta de traductores. El sindicato ya había anunciado que usaría solo el euskera en la negociación de los convenios sectoriales “tuvieran o no traductor”, y es lo que ha hecho en la primera mesa de negociación en la que se ha sentado en este mes de septiembre. Desde el sindicato se ha criticado al Consejo de Relaciones Laborales (CRL) vasco por dejar “a expensas de la representación de la mesa de negociación los criterios lingüísticos de la mesa de negociación”. No obstante, la presidenta del CRL, Emilia Málaga, ya había señalado previamente que “el uso del euskera o del castellano en las reuniones de negociación colectiva depende de las partes, es decir, de los sindicatos y de la patronal” y que se pondría servicio de traducción si “todas las partes así lo requieren”.

Desde ELA se ha considerado “inaceptable que en una institución pública se vulneren los derechos lingüísticos básicos y que el Gobierno vasco no ofrezca su servicio de traducción, pudiendo hacerlo”. No obstante, han destacado que la decisión de ELA de mantener reuniones íntegramente en euskera ha motivado el compromiso del CRL de que “cuando sea posible” facilitará un servicio de traducción en las negociaciones sectoriales. Emilia Málaga señaló en su día que el CRL no tiene servicio de traducción porque “no lo necesita” al ser un organismo en el que todo el personal es “bilingüe”.

El sindicato ELA ha dado por sentado que los representantes de la patronal en la mesa no han entendido sus explicaciones y ha criticado que hayan rechazado su oferta de ayuda. “ELA ha ofrecido los medios técnicos y la ayuda de un militante para poder garantizar los derechos lingüísticos de todas las personas participantes. Sin embargo, la patronal FVEM ha rechazado esta ayuda y ha preferido que algunos negociadores no entiendan las explicaciones de ELA”.

“Dejar en manos de personas individuales o las partes negociadoras que una institución pública garantice los derechos lingüísticos básicos es muy grave. Del mismo modo, la postura del CRL es contradictoria, ya que tras dejar en manos de sindicatos y patronales el tratamiento de las lenguas, ha dicho que ofrecerá la ayuda de traductores ”cuando sea posible“, aunque no ha concretado un plazo para esa ayuda. Es decir, ha asumido su responsabilidad de cara al futuro, pero ha decidido seguir vulnerando los derechos lingüísticos en el corto plazo. En cualquier caso, ELA se congratula de que su iniciativa sindical haya permitido abrir el debate, a pesar de que todavía se siguen vulnerando los derechos lingüísticos en el CRL”.

ELA considera que la situación “es aún más grave teniendo en cuenta que el Gobierno asco y otras instituciones públicas ya disponen de un servicio de traducción simultáneo y que el CRL podría garantizar los derechos lingüísticos de las personas negociadoras a través de estos servicios hasta que se logre una solución definitiva”.

Desde el sindicato han señalado que en la reunión de este jueves, LAB ha traducido al castellano su exposición en euskera y el resto de agentes han actuado en castellano. LAB por su parte, también ha reivindicado el uso del euskera en la negociación colectiva. “Para LAB no es nuevo reivindicar y luchar por el derecho a trabajar, vivir y negociar en euskera”, han señalado. “También es imprescindible poder hablar en euskera en las mesas de negociación, poniendo los medios necesarios para ello cuanto antes; es decir, con plazos y medidas concretas”. Han querido dejar claro qye la petición de LAB no se limita al metal de Bizkaia ni a determinados convenios. “El derecho a hablar en euskera se debe garantizar en los 47 convenios laborales que hay abiertos. LAB priorizará el euskera en todas y cada una de las negociaciones”.

La Inspección de Trabajo ha emitido el informe definitivo en el que concluye que las lesiones por inhalación de humo sufridas por seis funcionarios el pasado 9 de diciembre de 2025 en el centro penitenciario de Zaballa en Álava fueron “consecuencia directa de graves deficiencias preventivas imputables al Gobierno vasco”, según ha informado ELA en un comunicado. Un interno que prendió fuego al colchón, lo que generó una gran cantidad de humo.

El informe actual, según ha subrayado el sindicato, establece “una clara relación causa-efecto entre las omisiones de la Administración y el accidente laboral”. Según detalla el documento, durante la intervención de emergencia provocada por el incendio de una celda, el personal interviniente “carecía por completo de la formación, información e instrucciones necesarias para afrontar una situación de tal gravedad”, recoge Europa Press.

Además, según ha destacado ELA, “la autoridad constató que el día del siniestro el sistema sonoro de detección de incendios se encontraba completamente desconectado”. La resolución es el resultado directo de una denuncia interpuesta por ELA, ha señalado el sindicato, para advertir, sin embargo, que se trata de “un escenario recurrente”, porque “son ya varias las intervenciones previas de la Inspección de Trabajo que han obligado formalmente al Gobierno vasco a adoptar medidas correctoras en materia de seguridad”.

Todo ello, ha afirmado ELA, evidencia un modelo de gestión preventiva que “pone en riesgo constante la vida de tanto de la plantilla como de las personas usuarias. ELA ha denunciado la ”falta de voluntad política y económica“ del Gobierno vasco, que ”no invierte en los recursos necesarios para atajar el problema“.

Ante “la gravedad de los incumplimientos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, ELA ha explicado que la Inspección de Trabajo ha dictado una propuesta de requerimiento inmediato para que el Gobierno vasco “evalúe, forme individualmente y equipe de manera urgente a todo el personal”.

De forma paralela, el organismo ha dictado una propuesta de recargo de prestaciones económicas derivadas de la incapacidad temporal contra el Gobierno vasco para las personas trabajadoras afectadas. Esta medida, ha precisado el sindicato, penaliza económicamente a la Administración por “su responsabilidad directa en un accidente laboral derivado de una falta crónica de medidas de seguridad” que ELA, según ha asegurado, lleva años denunciando. Por todo ello, ELA ha exigido una inversión urgente en recursos preventivos y ha advertido al Gobierno vasco de que, “si no actúa de inmediato”, iniciará un calendario de movilizaciones en los centros de trabajo y activará la vía judicial para “depurar responsabilidades políticas”.

Los trabajadores de Glovo comienza a organizarse sindicalmente en Euskadi. Después de meses de disputas judiciales con la dirección de la compañía, Álava y Bizkaia cuentan ya con comités de empresa. El organismo de representación de los trabajadores en Álava fue primero en constituirse, en el mes de marzo de este año a instancias de CCOO, y el de Bizkaia hace apenas unas semanas, el pasado mes de julio, impulsado por ELA, en lo que supone un paso esencial -a falta de que se sume Gipuzkoa- en la defensa de estos trabajadores que pertenecen a uno de los sectores más precarios y desregulados del panorama laboral actual.

Han tenido que pasar cinco años desde que la 'Ley Rider' acabara con los falsos autónomos que inundaban este sector, para que los trabajadores empiecen a organizarse sindicalmente. Un lustro y un ERE, con el que la empresa despidió a 436 personas en toda España, -aunque su propuesta inicial era de 750-, además de los despidos individuales que precedieron a la medida colectiva. La normativa legal

Los sindicatos no lo han tenido fácil para organizar a los trabajadores. La empresa se ha opuesto desde el primer momento a que los comités se constituyeran de forma provincial y ha llevado la cuestión a los tribunales, que han terminado dando la razón a los trabajadores, ratificando que Glovo cuenta con centro de trabajo en Álava y Bizkaia y, por lo tanto, con derecho a constituir un comité de empresa provincial.

Ambos comités de empresa vascos cuentan con 13 delegados, los que corresponden a empresas con más de 250 trabadores y menos de 500. En el caso de Bizkaia, el comité más reciente, fue el sindicato ELA el que impulsó la celebración de las primeras elecciones sindicales el pasado 29 de julio, en las que este sindicato obtuvo la mayoría, con 11 de los 13 delgados. Los otros dos delegados corresponden a CCOO, sindicato que es mayoritario en Álava, al copar todo el comité tras impulsar las elecciones que se celebraron el pasado mes de marzo.

“Es un hito para la plantilla”, señalan fuentes de ELA, sobre todo después de que la empresa lo haya intentado evitar mediante impugnaciones al proceso electoral. El resultado trasciende el ámbito estrictamente electoral“, indican: ”La victoria representa un avance significativo en la defensa de los derechos laborales en un sector marcado por la precariedad y por nuevos modelos empresariales que deterioran las condiciones de trabajo“.

“Ha sido un proceso engorroso porque la empresa no quería reconocer que éramos un centro de trabajo”, dice Carlos Rodríguez, responsable Sindical de FSC-CCOO en Álava. El sindicato, que impulsó las elecciones denunció las discrepancias entre las cuentas de cotizaciones, que reflejaban 292 personas trabajando en el centro de Álava, mientras el censo entregado por la empresa contenía 170. Tras superar impugnaciones, laudos arbitrales la votación se celebró con el Juzgado ratificando la validez el proceso y desestimando la demanda de la empresa. “El resultado transformó la situación: el comité puede solicitar información, intervenir en prevención, revisar decisiones colectivas, acompañar sanciones y plantear negociación sobre jornada, nóminas, gastos y organización del trabajo”.

La negociación con la empresa acaba de empezar, ya que la primera reunión del comité de Álava tuvo lugar el pasado 29 de junio. “Se trataron planificación de horarios, vacaciones, nóminas, canales de comunicación, prevención de riesgos, métricas de rendimiento, régimen disciplinario y situación de personas migrantes. CCOO reclamó un protocolo de incidencias, transparencia en pedidos e incentivos y avances verificables en seguridad y salud”, señala Carlos Rodríguez.

Las negociaciones que apenas han arrancado, -en Bizkaia todavía no han tenido tiempo de celebrar un primer encuentro con la empresa- tendrán uno de los escollos fundamentales en la reclamación de la aplicación de un convenio diferente y actualizado -propio o sectorial- frente al que se les aplica ahora estos trabajadores, ya que se rigen por el convenio estatal de empresas de mensajería, publicado en 2006, de forma que se actualice la “regulación de salarios, jornada, gastos, prevención, régimen disciplinario y gestión algorítmica conforme a la realidad de 2026”.

El siguiente paso que se marcan los sindicatos es organizar a los trabajadores de las 'flotillas' que operan alrededor de Glovo y de otras plataformas digitales. CCOO en Álava ya ha presentado el preaviso de elecciones sindicales en FLIITS24 en Álava, empresa vinculada al reparto a domicilio.El proceso afecta a 89 personas trabajadoras del centro de trabajo de Vitoria.

“El objetivo es garantizar que la laboralización del sector se traduzca en empleo con derechos y evitar que la externalización sirva para mantener situaciones de precariedad”, señala el representante de CCOO, que recuerda que con la reforma legal para acabar con los 'falsos autónomos' el conflicto no se ha solucionado del todo. “La figura del falso autónomo ha dado paso a modelos basados en empresas interpuestas y flotas externalizadas que, en muchos casos, pueden reproducir dinámicas de control y dependencia similares”, denuncia.

La precariedad del sector de los técnicos y montadores de los eventos culturales vascos les llevará a una huelga en Vitoria entre las 6.00 horas del 5 de agosto y las 6.00 horas del 6 de agosto si no media una reacción de última hora de la patronal que no se ha producido en meses. El momento elegido condiciona buena parte del día grande de las fiestas de La Blanca, con decenas de actos programados, y a la noche de conciertos, incluido el de Leire Martínez, uno de los platos fuertes del programa en la plaza de los Fueros.

De momento, en vista de la convocatoria, las txosnas ya han confirmado la suspensión de actividades por las protestas. Pero también están llamados a parar los trabajadores de los actos de la plaza de la Provincia o de la plaza del Matxete, otros dos puntos neurálgicos de La Blanca. “Fiestas que cuentan con un presupuesto millonario y, a pesar de ello, van a estar ligadas a la explotación y a la precariedad laboral”, sostienen los convocantes, que miran a la patronal Euki, pero también a las instituciones públicas promotoras de los eventos y que “adjudican los contratos sin importarles las condiciones de los trabajadores”.

Los convocantes son el colectivo Teknikariok y los sindicatos ESK, LAB, UGT, CCOO, ELA y CNT. Ya hicieron movilizaciones en primavera —aseguran que lograron un seguimiento cercano al 80% en un colectivo de unas 300 personas—, pero ahora buscan el altavoz de las fiestas de las capitales, ya que igualmente anuncian movimientos similares en Donostia y en Bilbao. Las respectivas 'semanas grandes' arrancan el 8 y el 22 de agosto, respectivamente.

“La paralización será muy amplia [...]. Y tenemos el apoyo del público y de la cultura”, vaticinan los convocantes, que han celebrado una rueda de prensa cerca de la Virgen Blanca de Vitoria, donde se iniciarán las fiestas este martes a las 18.00 horas. Marta Castro Dehesa, de Teknikariok, ha apelado a la “empatía” de la ciudadanía y “de los que se suben al escenario” porque “sin el que conecta el audio nada sería posible”.

El Ayuntamiento, ante el temor a que se le caiga parte de la programación, ha sugerido que serían necesarios “servicios mínimos”. Los convocantes han acogido con extrañeza la petición. “Ya nos gustaría que la cultura” fuera considerada un servicio básico, han ironizado. Insisten en que ese deseo “no se aplica de ninguna manera” y ven una “intención política” de “aparentar que están intentando hacer algo”.

Los convocantes recalcan que “no era la intención” llegar a la huelga, pero “después de más de dos años y medio la negociación sigue bloqueada” y ni siquiera las protestas de primavera han espoleado a Euki. Dicen que el suyo es un sector “completamente desregularizado” que, además, tiene que cohabitar con “paracaidistas”, es decir, empresas que vienen de fuera a festivales y cuyas condiciones son diferentes. No tienen calendarios ni pluses de nocturnidad o festivos y la Inspección de Trabajo ha emitido ya varias resoluciones sobre el sector, han recalcado Teknikariok y los sindicatos promotores de la huelga.

El sindicato ELA ha alcanzado un preacuerdo para el nuevo convenio del sector de la intervención social en Álava, después de seis jornadas de huelga, en el que se incluyen subidas salariales del 16%, tras la reunión que mantuvo este pasado miércoles la Mesa de Intervención Social de Álava.

En un comunicado recogido por Europa Press, la central sindical ha informado que se ha logrado después de un año y medio de negociaciones y de seis jornadas de huelga. El pacto recoge las “principales reivindicaciones del sector”, ha dicho, entre las que ha citado una subida salarial del 16% (superior en las categorías más bajas); incrementos vinculados al IPC; una reducción de la jornada anual de 16 horas (hasta las 1.592 horas); mejoras en los complementos por incapacidad temporal (IT); y dos días laborables de asuntos propios.

El nuevo convenio tendrá una vigencia para el periodo 2025-2028 e incluirá también mejoras relacionadas con el uso del euskera, el teletrabajo, la flexibilidad y la organización de las vacaciones. De este acuerdo se ha desmarcado LAB, quien ha señalado que no firmará el convenio del sector de la Intervención Social en Álava. Para el sindicato, sus contenidos no reúnen las condiciones “suficientes” para ser suscritos, porque “se limita a garantizar el poder adquisitivo y se aleja de los objetivos de equiparación de la jornada con las trabajadoras de la Administración”.

El camino hacia la regularización de la mayor contrata de Osakidetza, la de las ambulancias, se le puede complicar al Gobierno vasco. Los sindicatos LAB, ESK y ELA han formalizado ya recursos administrativos contra los pliegos de la licitación y fuentes de UGT y de LSB-USO indican que están estudiando hacer lo propio. Este periódico ha conocido también que un grupo de trabajadores se está organizando con los mismos fines. Igualmente, son posibles los recursos de empresas del sector y, de hecho, en la vecina Cantabria la asociación AE Trans Sanit ya logró una paralización cautelar del correspondiente concurso.

El plazo se termina este viernes. Después, la pelota quedará en el tejado del denominado OARC (Órgano Administrativo de Recursos Contractuales). Es un organismo dependiente del Ejecutivo vasco que tiene capacidad para paralizar la licitación si ve base en las alegaciones recibidas. El objetivo de Salud, según expuso el viceconsejero Aritz Uriarte, era que los nuevos contratos entrasen en vigor el 1 de enero de 2027.

Euskadi vive un período de excepcionalidad en este servicio sanitario básico desde noviembre de 2024, cuando Osakidetza rescindió antes de tiempo sus contratos con la catalana Grup La Pau, prestataria del servicio en Bizkaia y en Álava. Se realizaron adjudicaciones directas de emergencia para salvar la situación. Así, Ambulancias Gipuzkoa se mantuvo en ese territorio y pasó también a gestionar Álava, y en Bizkaia se creó 'ad hoc' la marca Bizkanb, una UTE de la rama sanitaria de Alsa (Sanir) con Baztan-Bidasoa.

Ahora, con la mirada puesta en 2027, se busca regularizar la situación con un doble concurso, por un lado para las ambulancias urgentes (las de color amarillo) y por otro para las programadas (las blancas y azules). El Gobierno vasco mencionó la cifra de 650 millones como presupuesto orientativo, pero es el cálculo sin IVA para los cuatro años estimados para el nuevo servicio, hasta 2030. Los sindicatos, en cambio, lo elevan a 1.359 millones si se tienen en cuenta todos los conceptos y los tres años de posible prórroga, hasta finales de 2033.

En una rueda de prensa en Vitoria este jueves, el sindicato ESK ha explicado el motivo de sus recursos. Consideran que la experiencia pasada con Grup La Pau —el Gobierno vasco acaba de personarse en el juzgado de Barcelona que gestiona su concurso de acreedores porque debe 13,6 millones de su etapa en Euskadi— hace más evidente la necesidad de no externalizar estos servicios públicos. “La gestión directa es mucho más eficiente”, ha dicho Patxi Nicolau. ESK denuncia también que las adjudicaciones temporales para tapar la salida de La Pau a Bizkanb y Ambulancias Gipuzkoa “se han prolongado mucho más de lo debido, casi dos años”, y ha lamentado que el modelo, en esencia, no ha sufrido grandes cambios porque las nuevas empresas “siguen acumulando denuncias y sanciones”.

En un comunicado, el sindicato LAB también ha criticado esta licitación y alude a que el PNV mantiene un “modelo neoliberal” gracias a “colaboración” del PSE-EE, su socio en el Gobierno vasco. “Convierten un derecho fundamental en un nicho de negocio y actuación empresarial”, entienden. “Estos contratos suman más de 1.000 millones de euros. Esa cantidad de recursos representa una oportunidad perdida de dimensiones históricas. Con esa inmensa cantidad de recursos públicos no sólo se podría prestar el servicio de ambulancias de forma directa, pública y eficiente, sino que aún quedarían recursos para implementar mejoras estructurales urgentes en el conjunto de la Sanidad pública vasca y reforzarla en beneficio de toda la sociedad”, añade LAB.

En el caso de ELA, ya presentó un primer recurso y el OARC ha comunicado el cierre de ese expediente porque el sindicato desistió. Ahora interpondrán otro porque, según indican, les faltaban algunas cuestiones que han querido incoporar. Las secciones sindicales de ELA en Ambulancias Gipuzkoa y Bizkanb entienden que la licitación “vulnera los derechos laborales” del personal. “No vamos a admitir más empresas piratas”, claman también desde la central, que recuerda que cada trabajador tiene una deuda media de 2.000 arrastrada desde los tiempos de Grup La Pau. “Lo tenemos claro: la publificación es la única solución”, estima ELA.

En UGT, que presentó en 2024 el recurso que supuso el primer hito en el largo proceso que acabó con la rescisión de La Pau unos meses después, explican que se hallan “estudiando” la posibilidad de ir al OARC. Lo mismo trasladan desde LSB-USO, donde ven en los pliegos algunos puntos contrarios a los derechos laborales de la plantilla e incluso a la prevención de riesgos. “Somos trabajadores 'low cost' de Osakidetza: más horas, menos precio y las mismas exigencias”, ironizan desde esta central.

Asimismo, este periódico ha accedido a un escrito de un grupo de trabajadores que también está considerando presentar un recurso. Este colectivo afirma que el consejero Alberto Martínez se comprometió a no ampliar el perímetro de externalizaciones en el marco de su pacto de sal y, al contrario, a ir publificando contratos en la medida de lo posible y entienden que en los pliegos, cuando se crean nuevos servicios y se presentan como mejoras, se está incumpliendo esta premisa.

Hay un total de 386 ambulancias de Osakidetza externalizadas, 76 amarillas y 310 para servicios programados. Sí son de gestión enteramente pública las denominadas UVI móvil. El Gobierno explicó que de cara al futuro contrato se han introducido importantes mejoras, sobre todo para evitar el pago de servicios retrasados. Asimismo, en un documento oficial enviado al Parlamento Vasco, el consejero Martínez indicó que los pliegos han incorporado propuestas de asociaciones de pacientes pero también de los sindicatos LAB y UGT.

La mayoría sindical en Osakidetza, conformada por los sindicatos Satse, ELA, LAB, CCOO y UGT —y apoyada por ESK desde fuera—, ha respondido este miércoles al acuerdo de mejora de condiciones laborales exclusivamente para el colectivo médico, aprobado ya definitivamente este martes, con el anuncio de una “dinámica de huelgas y movilizaciones” en otoño. El calendario, eso sí, no ha sido definido y se hará “después del verano”.

El consejero Alberto Martínez confirmó ya la entrada en vigor del pacto alcanzado con el SME y que tendrá una dotación total de 75 millones de euros. Para el resto de organizaciones con representación en Osakidetza, en cambio, “no da respuesta a las reivindicaciones del colectivo ni afronta los retos estructurales del sistema sanitario público vasco” y consolida un modelo de “autoconcertación”, es decir, de abono de horas extraordinarias para reducir listas de espera sin ampliar la plantilla estructural.

Asimismo, critican que Osakidetza ha operado “fuera de los cauces ordinarios de negociación colectiva, debilitando el papel de la mesa sectorial”, tras unas conversaciones bilaterales con el SME, “que no puede ser considerado como único interlocutor válido del colectivo médico”. “El futuro de Osakidetza no puede construirse mediante respuestas parciales ni acuerdos que afecten únicamente a una parte de la plantilla. Cualquier reforma del sistema sanitario debe abordarse de manera global, contando con la representación de todos los colectivos profesionales y garantizando la cohesión de los equipos asistenciales”, han dicho.

La plataforma de la unidad sindical incluye la exigencia de un convenio para toda Osakidetza —el anterior es de 2008—, políticas para “mejorar” el sistema sanitario público y “respeto” para las mayorías representativas. Satse y los cuatro sindicatos de clase, en una rueda de prensa en Bilbao, han querido recalcar también que sus reclamaciones “no se dirigen contra ningún colectivo” aunque el consejero Martínez haya buscado, a su juicio, “enfrentar” a los diferentes grupos.

Después de la tercera jornada de huelga convocada el pasado 19 de junio por el sindicato en Iberdrola en demanda del convenio colectivo y tras el cierre de las negociaciones con la empresa, los sindicatos alertan de más movilizaciones si no se consigue avanzar en las propuestas de mejoras laborales. La plantilla lleva más de un año exigiendo la renovación del convenio colectivo, caducado desde diciembre de 2024, y “medidas para recuperar el poder adquisitivo perdido que supera el 19%”. “Lo dijimos en la mesa y lo repetimos ahora. Si por el diálogo no se puede, será por la movilización, ya que es de justicia que nos reconozcan algo tan básico”, exigen desde el sindicato ELA.

Según critican, tras más de año y medio de negociaciones, la dirección mantiene “bloqueada” la negociación al rechazar la vinculación salarial al IPC. Es algo que según los sindicatos “contrasta con los resultados económicos de la compañía”, ya que, mientras Iberdrola “incrementó sus beneficios un 12% durante el último ejercicio, hasta alcanzar los 6.285 millones y elevó la retribución al accionista un 14%, la subida salarial aplicada a la plantilla fue del 0,685%, frente a un IPC del 2,9%”. “No solo eso, la empresa ha aprobado incentivos y retribuciones para cerca de 400 directivos por valor de más de 400 millones de euros, mientras rechaza una actualización salarial para las más de 8.000 personas trabajadoras incluidas en el convenio”, denuncia ELA.

Además de estas cuestiones el sindicato muestra su preocupación por el “progresivo traslado” de centros de decisión y nuevas vacantes desde Bilbao a Madrid, así como por la “escasa presencia del euskera en la compañía”. En este sentido, denuncia “la ausencia de requisitos lingüísticos, formación y uso normalizado del euskera tanto en oficinas como en las comunicaciones internas”.

Tras la última reunión celebrada con la empresa y después de que la dirección se negara a tomar en cuenta la posición de los sindicatos, desde ELA emplazan al resto de sindicatos a plantear “una respuesta conjunta basada en movilizaciones, huelgas y otras iniciativas de presión”. “En este escenario creemos que la única y más potente herramienta que debemos utilizar es la huelga. Si la misma unidad sindical que ha rechazado la oferta convocara una huelga indefinida el seguimiento sería más amplio y la empresa cedería en su chantaje”, subrayan.

“Los intereses de la empresa son contrarios a los de la plantilla y no es cuestión de convencerles. Ellos lo saben de sobra. Sus salarios, sí que suben por encima del IPC y saben distinguir entre consolidable y no consolidable sin ningún problema, es cuestión de arrancarles un convenio justo por la fuerza y ELA está dispuesta a plantar batalla”, concluyen.

Este periódico ha tratado de recabar la posición de la empresa, pero por el momento no ha recibido respuesta.

El consejero vasco de Salud, Alberto Martínez, “se ha metido en un lío”, según un observador de los últimos movimientos en Osakidetza. El equipo de Martínez, anestesista que hasta estrenarse en política en 2024 trabajaba en el hospital de Cruces, ha acordado en encuentros “bilaterales” con el SME (Sindicato Médico de Euskadi) una mejora de las condiciones laborales exclusivamente de los facultativos, unos 8.500 de una plantilla de 34.000. Esto está consensuado también con un nuevo movimiento llamado MUD que carece de representación legal.

El resto de los sindicatos, una amplísima mayoría en el foro legal de negociación, la mesa sectorial, ha avisado de que el plan es “clasista” y que este intento de arreglar el objetivo problema de las demandas de los facultativos, con huelgas intermitentes desde comienzos de 2026 y las listas de espera disparándose, ha podido generar un gran incendio en el resto de la plantilla, númericamente muchos más que los facultativos. Se prepara ya un “otoño caliente” y una potencial huelga general tendría un seguimiento mucho mayor y unas consecuencias imprevisibles en la asistencia sanitaria. Es más, ni siquiera el acuerdo garantiza que el SME se descuelgue de las convocatorias de huelga, que son de ámbito español.

1 - Cuál es el contexto

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha acordado con la mayoría sindical en el Sistema Nacional de Salud (Satse, CCOO, UGT y CSIF) un estatuto marco para regular las condiciones laborales de todas las categorías profesionales. Sin embargo, las organizaciones corporativas se han opuesto con firmeza, demandando un estatuto propio para los médicos. En el Colegio de Médicos de Vitoria, por ejemplo, lleva meses colgado un cartel con esa reivindicación.

Así, se han ido celebrando huelgas de una semana de duración todos los meses hasta junio. Igualmente, parte del personal médico ha dejado de hacer las denominadas 'peonadas', que son turnos adicionales o 'autoconcertaciones' para reducir las listas de espera fuera del horario ordinario. A finales de mayo, la demora quirúrgica en Osakidetza se estaba acercando ya al pico de 85 días alcanzado en agosto de 2022, tras la finalización de las oleadas de la COVID-19, muy por encima de los 54,2 de hace medio año. Se han incrementado las derivaciones a la privada de modo notable.

Desde el principio, el consejero Martínez ha secundado esta demanda y criticado que la ministra García, de Sumar, no se avenga a negociar. No es el único frente abierto con ella, ya que también mantienen un conflicto con las liquidaciones de los fondos de compensación entre comunidades autónomas. Es más, Martínez se ha erigido en portavoz de las 17 comunidades autónomas en sus críticas a García, también anestesista. Le ha llegado a pedir que delegue las competencias del estatuto marco para resolver el entuerto desde Euskadi.

Como detalle, cuando Osakidetza informa del seguimiento de las huelgas médicas, las notas siempre vienen encabezadas con la frase de que son convocatorias “contra el Ministerio de Sanidad”. La última de ellas tuvo lugar el 19 de junio con la siguiente participación: 16,92% de seguimiento en el turno matinal y 7,85% en el vespertino. El SME asume que los datos están cayendo conforme pasan los meses.

2 - Quién ha firmado el acuerdo

En Euskadi, el último convenio en Osakidetza se firmó en 2008. Era consejero Gabriel Inclán y lehendakari Juan José Ibarretxe, ambos del PNV. Desde entonces, han pasado muchas cosas. En Salud, por ejemplo, estuvo el socialista Rafael Bengoa y los nacionalistas Jon Darpón, Nekane Murga y Gotzone Sagardui.

Ahora, sin haber actualizado el acuerdo regulador, se ha firmado una mejora solamente para una parte de la plantilla y se ha añadido que es un paso “histórico”. El enfado en el resto de la organización es mayúsculo, a la luz de las declaraciones de diferentes representantes sindicales de Satse, de los cuatro sindicatos de clase (ELA, LAB, CCOO y UGT) e incluso de otras organizaciones minoritarias.

Las últimas elecciones en Osakidetza fueron en 2024. Satse fue la ganadora con 89 delegados de 361 posibles. ELA quedó como segunda fuerza con 81, LAB fue la tercera con 44 y en cuarto lugaron empataron, con 34 representantes, UGT y el SME. El acuerdo, por lo tanto, tiene un respaldo de menos del 10% de la representación de la plantilla. En votos, la central médica logró un porcentaje algo mayor, del entorno del 15%. Según datos del propio SME, incluso el 80% del personal médico en Osakidetza no es del sindicato.

Quien no tiene ninguna representación es el MUD, aunque una portavoz de ese colectivo ha ofrecido declaciones en TVE destacando que hay medidas que son de “justicia” y de “dignidad”, no “privilegios”. Algunas voces asimilan esta situación a la del movimiento 'Ertzainas en lucha' de 2023. Sin embargo, la respuesta del Gobierno fue muy diferente. Se insistió en que había una representación legal y mayoritaria que había que respetar y unos foros tasados para el debate. Finalmente, se acordó un convenio precisamente con todos los sindicatos salvo el más próximo a aquel movimiento.

En el caso del SME, Mabel Arciniega ha llegado a decir que “en la mesa sectorial no se aprueban las cosas por mayoría”, que basta con que las refrende el Consejo de Gobierno, y ha argumentado que los facultativos tienen una “problemática específica”. “Sí, somos una parte pequeña, pero somos el eje del sistema”, añadió. Satse no ha dudado en tildar de “ilegal” el pacto. LAB introdujo también otro elemento para la reflexión: ¿están pidiendo algunos médicos más descansos en la Sanidad pública cuando a la vez trabajan en la privada?

3 - Qué se ha acordado

El mejor reflejo del acuerdo es la documentación facilitada por el SME. La central pone el énfasis en el final de las guardias de 24 horas. Igualmente, hay mejoras en las libranzas y en los pagos de esas horas de guardia. “Así, el precio hora guardia supera a la hora ordinaria y, además, con la actualización de las tablas retributivas anuales, conlleva un incremento progresivo hasta llegar a un 38% en el precio de la guardia en 2028 de tal forma que hacer dos guardias equivaldrá a hacer tres guardias en la actualidad”, sostiene el sindicato. Igualmente, “se va a ir disminuyendo paulatinamente la edad de exención, hasta llegar en 2030, hasta los 50 años”. “Es decir, que un profesional de 46 años en la actualidad, podrá dejar de hacer guardias y optar por los módulos compensatorios dentro de cuatro años”, se indica.

“Somos conscientes de que, a día de hoy, eliminar las guardias de un plumazo”es imposible de cara a garantizar una atención 24/7/365 a la ciudadanía. Requiere de un análisis profundo del sistema y redimensionamiento de la plantilla así como de un cronograma de implementación de medidas hasta alcanzar el objetivo. Mientras esto se lleva a cabo, se ha propuesto que, de forma voluntaria y de mutuo acuerdo con el equipo y la jefatura, la persona pueda optar, entre semana, por no trabajar la mañana del día de guardia (recuperando esa jornada ordinaria otro día por la tarde) o, partir la guardia de fin de semana en dos 'medias guardias' de 12 horas, explica el SME.

Asimismo, los médicos tendrán un “incremento salarial de 300 euros mensuales, de forma paulatina” y “a partir del 1 de julio de 2027”. Hay otros ajustes sobre los horarios o la autoconcertación. El acuerdo, según el SME, incluye que el Gobierno defienda públicamente la singularidad del colectivo médico. “Si bien la propuesta no recoge el 100% de nuestras demandas, desde el Sindicato Médico la valoramos positivamente, ya que incluye medidas de aplicación inmediata que van a suponer una mejora en las condiciones laborales del colectivo en cuanto a descansos, reconocimiento de la penosidad de las guardias, conciliación y equiparación de los distintos niveles asistenciales se refiere”, añaden.

El Gobierno aún no ha precisado el coste económico de las mejoras. Simplemente ha dado el dato de que se pondrán sobre la mesa 13 millones ya en 2026. Lo hizo la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, que fue la encargada de escenificar, con fotografía incluida, la firma del pacto con el SME.

4 - Y ahora qué

La portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, ha echado un capote a su compañero Martínez y ha defendido los últimos movimientos. Es algo “bueno” para el colectivo médico, que tiene una “singularidad muy concreta”, y “la ciudadanía lo va a notar muy pronto”. Además, esto no “excluye” que se planteen a futuro mejoras para el resto de la plantilla. Obviando el plantón dispensado ya por las centrales, el Ejecutivo asegura que está “trabajando” con ellas para alcanzar nuevos acuerdos.

Con todo, Ubarretxena ha insistido en que “el origen de todo esto está en Madrid”. “Ante el inmovilismo y la cerrazón, nos ha tocado movernos. Hemos hecho nuestras 'etxeko-lanak', los deberes”, ha explicado. En el Parlamento Vasco, la coalición de la ministra solamente tiene un escaño, pero lo ha usado para criticar al consejero Martínez. “Ignora al conjunto de la plantilla, vulnera derechos sindicales y rompe con las mayorías representativas”, ha lamentado Jon Hernández, portavoz vasco de Sumar.

A tenor de las palabras de Satse, ELA, LAB, CCOO y UGT, se trabaja ya en una movilización de cara al otoño. Deducen que solamente las huelgas han forzado a la dirección de Osakidetza a moverse y entienden que ellos han de aprovechar también esa herramienta. En paralelo, el SME no ha llegado a desmarcarse aún de las nuevas convocatorias médicas previstas en septiembre, que son ya indefinidas. Asegura que no depende de ellos. En todo caso, sí han recomendado a sus afiliados retomar las 'peonadas' para no seguir comprometiendo las listas de espera.

Para el SME, es “lamentable” que “organizaciones que se hacen llamar sindicatos monten un pollo” porque un colectivo logre mejoras laborales. “También somos trabajadores”, ha subrayado en Radio Euskadi. Además, ha considerado “injusto” que facultativos “tengan que hacer unas 1.000 horas más” que un trabajador “normal” de Osakidetza.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, del PNV y anestesista de profesión, ha causado un incendio de grandes dimensiones -y de imprevisibles consecuencias- entre la plantilla de Osakidetza. Persuadido de que el colectivo médico, que es el suyo, tiene que ver reconocida su “singularidad” en una mejora de las condiciones laborales, ha firmado un acuerdo exclusivamente con el SME (Sindicato Médico de Euskadi, cuarta fuerza sindical y sin mayoría) y exclusivamente centrada en mejoras para ese colectivo que tendrán un primer impacto presupuestario de 13 millones en 2026.

El movimiento busca desactivar una huelga periódica que viene arrastrándose desde el inicio del año y también la negativa a hacer 'peonadas' o turnos adicionales para aliviar las listas de espera, pero la realidad es que la mayoría sindical (Satse, ELA, LAB, CCOO y UGT) se ha plantado en la reunión en que se ha presentado el acuerdo y amenaza ya con una huelga de mucho mayor volumen en el conjunto del Servicio Vasco de Salud.

El contexto del incendio viene de la polémica por el estatuto marco acordado por el Ministerio de Sanidad con la mayoría sindical en España para regular las condiciones de todo el personal sanitario. Los sindicatos corporativos y un nuevo movimiento llamado MUD, que en Euskadi carece de representación legal, plantearon una huelga que tiene como premisa principal que demandan una regulación propia para los facultativos. Las huelgas se inicieron en enero, después se sumó la negativa a las 'peonadas' y el resultado son unas listas de espera disparadas en quirófanos, consultas y pruebas, echando al tras el terreno recuperado tras la pandemia de la COVID-19.

Políticamente, el consejero Martínez se ha erigido en vanguardia contra la ministra Mónica García, que es de Sumar. Ha llegado a actuar como portavoz de las 17 comunidades autónomas y también a plantear que el Estado transfiera a Euskadi las competencias sobre el estatuto marco. En paralelo, en casa, Osakidetza lleva desde 2008 sin un convenio propio.

A finales de la pasada semana trascendió que Osakidetza había alcanzado un acuerdo con el SME para mejorar las condiciones del colectivo médico. La central, que dice representar a un 20% de los facultativos de Osakidetza y que obtuvo del orden del 15% de los votos en las últimas elecciones sindicales, destaca que el documento firmado combate la “penosidad” de las guardias, incrementa los salarios, mejora la conciliación y homogeneiza el trato al personal de ambulatorios y hospitales. Se acabaron, por ejemplo, los turnos de 24 horas seguidas.

El pacto, cerrado de modo bilateral entre el Gobierno y el SME, ha sido sometido este lunes al escrutinio de la mesa, el órgano supremo de representación en Osakidetza, con presencia de todas las fuerzas sindicales elegidas por la plantilla. La cita ha estado dirigida por la responsable de Recursos Humanos, Josune Retegi. A los pocos minutos, todos los sindicatos menos el SME se han levantado, airados y avisando de que se avecina un “otoño caliente”. El SME se ha quedado y se ha firmado el acuerdo.

“Sí, somos una parte pequeña de la plantilla, pero somos el eje del sistema. A los hechos me remito. Tenemos que trabajar más que los demás y tenemos una casuística diferente”, ha justificado en la puerta de la sede central de Osakidetza en Vitoria Mabel Arciniega, portavoz del SME. ¿El acuerdo es válido teniendo en cuenta sus circunstancias? “En la mesa sectorial no se aprueban las cosas por mayoría”, ha dicho Arciniega a preguntas de los periodistas. Y ha asegurado que entrará en vigor cuando lo vise el Consejo de Gobierno. ¿Les ha ayudado que el consejero sea del colectivo? “Eso lo tendrá que contestar él”, ha despejado la responsable del SME.

Según la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, se trata de un paso adelante para mejorar la calidad asistencial o al menos para intentar evitar que se sigan disparando las demoras. Frente a la “confrontación” en el Estado, en Euskadi hay “negociación”, ha señalado, aunque el estatuto marco estatal sí tiene detrás el respaldo de una mayoría, a diferencia del nuevo acuerdo en Osakidetza. Para Bilbao, eso sí, estas mejoras no implican que no pueda haberlas para el resto de la plantilla, pero tocaba reconocer la “singularidad” de los facultativos.

El sindicato mayoritario en Osakidetza es Satse, la central de enfermería. Amaia Mayor, su portavoz, ha sido muy dura. Extremadamente dura. Cree que ha sido una negociación “clandestina” y “clasista” que crear profesionales “de primera y de segunda”. Es un “grave precedente” que rompe todos los equilibrios y que, además, es “ilegal”. Según Mayor, Martínez opera como “portavoz directo” de los médicos y no como consejero de todos. Y ha pedido transparencia con el coste del acuerdo: “La ciudadanía tiene derecho a saber en qué se gastan sus impuestos”.

Esther Saavedra, de ELA, ha sido clara también: “Viendo el talante y que sólo se hace caso a los que están en huelga, la movilización es el camino”. Su llamada a la huelga de cara a otoño está sobre la mesa y el guante lo recogen otras organizaciones con potencial de movilizar a mucha más gente que el SME y MUD, que tenían un seguimiento de no más del 20%.

Desde LAB, Jesús Oñate se ha dicho “muy enfadado”. Ha llamado “sindicato vertical” al SME y ha recordado que esto se produce cuando pasan “casi veinte años” desde el último convenio en Osakidetza. Ha pedido también tener en cuenta que tocaría analizar cuántos facultativos se quejan de la falta de descansos en la pública mientras trabajan también en la privada.

“Lo que mueve [al Gobierno] es ir a la huelga, ¿no?”, ha razonado Carmen Rayo, de CCOO. Jasone Pérez, de UGT, ha apelado a la “unión sindical” y ha asumido que son una central pactista y poco dada a las movilizaciones, pero que esta vez toca cambiar de estrategia por la gravedad de lo sucedido. “Tenemos fama de ser blandos. Es difícil convencer a la gente de ir a la huelga. Pero en este caso no va a serlo”, ha manifestado la representante ugetista.

La pregunta latente es si, a la vuelta de las vacaciones, volverá a haber huelgas médicas. Pero este paso ni siquiera garantiza eso. El SME ha recordado que son convocatorias estatales, aunque admite que ha recomendado retomar las 'peonadas' para no seguir incrementando las esperas. Desde Osakidetza, también se confía en que no se mantenga la “misma actitud” dadas las circunstancias, aunque las potenciales movilizaciones tendrían un alcance mucho mayor con el respaldo expreso de Satse, ELA, LAB, CCOO y UGT e incluso de otras organizaciones más pequeñas como ESK.

Representantes de los sindicatos ELA, CCOO, LAB, UGT y ESK en los comités de empresa de Tubos Reunidos exigirán en las tres reuniones previstas este martes con la administración concursal “transparencia” y conocer “de primera mano y no por la prensa” la información “oportuna” de las posibles ofertas que vayan entrando así como que no espere hasta “última hora” y al cierre del plazo, el 14 de septiembre, para desvelar “potenciales interesados”. La compañía de Amurrio está en concurso de acreedores, un proceso que coincide con la investigación judicial por presunta corrupción como consecuencia del posible pago de comisiones ilegales por el rescate millonario de 2021 a manos de la SEPI.

Las cinco centrales con presencia en los comités de empresa de las plantas del fabricante de tubos han sido citadas por la administración concursal a tres reuniones este martes. La primera, a las 10.00 horas en la planta de Trapagaran; la segunda, prevista a las 12.00 en Amurrio y la última a las 16.00 horas en Iruña de Oca, informa Europa Press.

Los sindicatos llegan a estas reuniones, tal y como han trasladado, “expectantes” y abiertos a recibir “información y explicaciones” sobre el estado de la empresa y de todos los interesados en la compra de Tubos Reunidos que hayan presentado su solicitud formal de interés para participar en el proceso concursal. Además de estar de acuerdo en que hay que esperar a si se les traslada “algo relevante o se trata de reuniones rutinarias sin novedades” otro de los puntos de coincidencia entre los cinco sindicatos es su postura favorable a la venta unitaria de toda la unidad productiva y no por separado.

En ese sentido, desde CCOO han trasladado que “igual hay alguna sorpresa pero es mejor valorar tras las reuniones para ver la situación general” y también “cuál es la situación actual de la empresa”. Desde UGT coinciden en este diágnostico acerca del proceso concursal y confían en que se les “trasladen las posibles ofertas que se están planteando para la posible compra de la unidad productiva, si es que las hay”.

Por su parte, desde ELA, también han confirmado que acuden “expectantes”, aunque van a exigir “transparencia, información en el tiempo oportuno o quién puede estar como oferente”. Por parte LAB coinciden en apuntar a la actitud de la dirección y esperan “transparencia” por parte del administrador. ESK agrega que reclamará “explicaciones” sobre “asuntos pendientes”, como los días de libre disposición, la externalización del servicio de vigilancia de la salud y otras materias relacionadas con las condiciones laborales de la plantilla, como el intento de cambio del calendario laboral o la comunicación a los trabajadores de bloqueo de parte de sus días de libre disposición, considerándolos “deuda” contra la masa pasiva.

La presidenta del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) vasco, Emilia Málaga, ha recordado este miércoles que el uso del euskera o del castellano en las reuniones de negociación colectiva depende de las partes, es decir, de los sindicatos y de la patronal, ya que se trata de encuentros bipartitos en los que la institución sólo presta la sala o personal técnico cuando es requerido. La presidenta del organismo sociolaboral, que respondía a una pregunta sobre la advertencia de ELA de que usará sólo el euskera en la negociación sectorial a partir del mes de septiembre, haya o no servicio de traducción, ha señalado que el CRL no tiene traductores porque “no los necesita”, ya que se trata de un organismo público que, como tal, es absolutamente bilingüe, tanto en sus relaciones con la ciudadanía como con la patronal y los sindicatos. En cualquier caso, ha considerado que “no tiene por qué ser un inconveniente” que la negociación se desarrolle en euskera, pese a que ha reconocido que hoy por hoy el mayoritario es el castellano.

Málaga ha insistido en que “son las partes las que deciden” y piden lo que necesitan, por lo que no ha querido especular si podría ponerse ese servicio de traducción o no, en el caso de que “todas las partes así lo requieran”. En cualquier caso, ha recordado que en estos momentos hay 46 negociaciones sectoriales abiertas, y, pese a reconocer que “todas las negociaciones son complicadas”, no ha considerado que “negociar sólo en euskera vaya a suponer ningún inconveniente” para la velocidad de las negociaciones o para llegar acuerdos.

La presidenta del CRL, que ha presentado la memoria socioeconómica del organismo correspondiente al año 2025, se ha referido también a preguntas de los periodistas, a las polémicas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo en las que apostaba por recortar el sueldo a los trabajadores que están de baja laboral, una situación que ha equiparado con el absentismo laboral, asumiendo el lenguaje de la patronal en este ámbito, y hacerlo con o sin acuerdo con los sindicatos. Málaga no ha querido comentar las opiniones del presidente del PP, pero ha defendido el valor de la negociación colectiva para llegar a acuerdos entre patronal y sindicatos. En este sentido, ha considerado que abordar “con o sin acuerdo” temas como el absentismo o las bajas laborales, es “hacer una lectura casi entre vencedores y vencidos”.

Según ha señalado, en Euskadi la mayoría de los convenios sectoriales en Euskadi recogen complementos o por Incapacidad Temporal o por accidente laboral. En concreto, de 90 convenios sectoriales, 85 recogen complementos por accidente laboral o enfermedad profesional, que cubren al 99% de las trabajadoras y de los trabajadores con su convenio sectorial negociado en Euskadi. A su vez, 81 de esos 90 recogen complementos por enfermedad común, lo que significa que el 88,5% de las personas cubiertas por un convenio de sector negociado aquí tiene un complemento por enfermedad común. Esto indica que estos complementos han sido acordados en el seno de la negociación colectiva desde la autonomía de las partes, y que “hay un acuerdo importantísimo entre las partes implicadas para recoger estos complementos” y ha defendido ese acuerdo como base para continuar.

En lo que se refiere a la memoria socioeconómica del Consejo de Relaciones Laborales, se muestra que el año 2025 se cerró con el 63,8% de trabajadores con convenio actualizado y la cifra más baja de personas con convenio decaído, el 4,5%. Este año 2026 sigue también “la senda del acuerdo” de años anteriores, aunque el porcentaje de trabajadores con sus convenios actualizados se encuentra por debajo del registrado el año anterior. Esto es consecuencia de la finalización del periodo de vigencia en 2025 de acuerdos que afectan a más de 86.000 trabajadores y que se están negociando en la actualidad, entre ellos, los de la industria siderometalúrgica de Álava y Bizkaia.

A lo largo de 2026 se han registrado ocho acuerdos sectoriales que han permitido actualizar las condiciones de casi 22.000 personas. Entre ellos cabe citar el de Hostelería de Álava con más de 5.700 empleos, el de Colectividades de Comedores Escolares de Centros del Gobierno vasco con más de 4.200 y un nuevo ámbito, el de Restauración Colectiva de la CAPV, también con más de 4.200 personas. A estos habría que añadir 15 convenios estatales sectoriales con incidencia en la CAPV que en conjunto afectan a unos 11.000 trabajadores y trabajadoras.

En cuanto al incremento salarial medio de los convenios vigentes en 2026, este se sitúa en el 3,10%: un 3,20% en los negociados en la CAPV y un 2,87% en los de ámbito estatal con incidencia en la comunidad autónoma. Respecto a la conflictividad, el período enero-abril de 2026 ha aumentado el número de huelgas, pero se ha reducido de manera importante tanto el número de personas que ha tomado parte, que descendieron un 65,1%, como el de jornadas no trabajadas, que se redujeron un 25,6% si lo comparamos con el mismo período del año anterior.

A la espera de cómo termine el año 2026, al finalizar 2025, el 63,8% de la población asalariada de Euskadi tenía sus convenios actualizados, el 31,7% se hallaba con sus acuerdos en situación de prórroga y únicamente el 4,5% se encontraba con sus convenios decaídos y sin cobertura. En cuanto al período de gestación de los acuerdos, ha señalado que en la negociación sectorial es largo (548 días), y muy superior a la duración de los procesos negociadores en los convenios de empresa (330 días). Dentro de los convenios de sector, los procesos más largos se dan en los convenios negociados en la comunidad, cuya duración media es de 778 días, frente a los 403 en los convenios de sector con incidencia en Euskadi pero negociados a nivel estatal. Los convenios fijados el año pasado recogen un incremento salarial medio del 3,32%: un 3,21% de incremento medio en los convenios negociados en la comunidad autónoma y un 3,57% de incremento en los convenios de ámbito estatal con incidencia en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

ELA, el principal sindicato vasco, ha anunciado este martes que a partir del mes de septiembre negociará únicamente en euskera los 27 convenios sectoriales que se encuentran actualmente en proceso “aunque no exista un servicio de traducción”. Es una medida que afectará por ejemplo a la negociación de convenios tan importantes como el Metal de Bizkaia y Álava, el de Intervención Social de Gipuzkoa y buena parte de los relativos a Servicios e Industria.

Paralelamente, ha solicitado al Consejo de Relaciones Laborales (CRL) que habilite los recursos necesarios para que las mesas de negociación puedan desarrollarse en euskera con normalidad. Según ha señalado el responsable de negociación colectiva del sindicato, Pello Igeregi, ELA “no renunciará al uso del euskera” y durante la negociación “corresponderá al resto de organizaciones sindicales y a las patronales buscar los medios necesarios para seguir el desarrollo de las negociaciones”.

El sindicato parte de la base de que ni la patronal ni el CRL están colaborando para favorecer el uso del euskera en la negociación colectiva. En este sentido, Igeregi ha recordado que en 2022, junto a LAB y Euskalgintzaren Kontseilua, propuso la universalización de los planes de euskera en las empresas, “una iniciativa que fue rechazada y en los convenios colectivos rara vez aceptan medidas a favor de los derechos lingüísticos de las personas euskaldunes”. En este contexto, considera que el primer paso regular el euskera en los convenios es hacerlos visibles en las negociaciones.

En cuanto al CRL , ha señalado que “carece de un servicio estable de traducción e interpretación, por lo que las escasas negociaciones que se desarrollan en euskera dependen del trabajo de su propio personal que no cuenta con formación específica para desempeñar esa función”. En este sentido, ha señalado que se han reunido con la presidenta del CRL, Emilia Málaga, a quien han trasladado la necesidad de que el organismo disponga de medios para garantizar negociaciones en euskera.

ELA concluye del análisis de 1.499 convenios vigentes, que el 83,19% no incorpora ninguna medida para garantizar los derechos lingüísticos de las personas euskaldunes en el ámbito laboral y que las medidas existentes son, en su mayoría, “de carácter simbólico” como el pago de los costes de cursos para aprender euskera y o la regulación del paisaje lingüístico. “Solo el 5,07% de los convenios cuenta con un plan de euskera o contempla el compromiso de elaborarlo. El 13,8% prevé ayudas para el aprendizaje de la lengua, el 4,37% permite estudiar euskera dentro de la jornada laboral y únicamente el 1,66% establece que el conocimiento del euskera se valorará en la contratación”, han señalado.

“Al igual que ocurre con cualquier otra opresión social, como las opresiones de género, clase o raza, la opresión lingüística solo puede superarse si se regula el uso de las lenguas y se destinan recursos para superar la situación de subordinación. El uso de la lengua que ha ganado la supremacía absoluta se naturaliza y el uso de otras lenguas se considera excepcional, a menos que existan normas y recursos para equiparar los derechos lingüísticos”, ha afirmado Igeregi. Como ejemplo, ha indicado que si una empresa no dispone de medios para celebrar reuniones en euskera y parte de la plantilla no conoce la lengua, estas se desarrollarán en castellano. Del mismo modo, si el aprendizaje del euskera no se reconoce como un derecho laboral, el único idioma cuyo conocimiento estará realmente garantizado será el castellano.

En este sentido, reconoce que el sindicato no ha conseguido “situar los derechos lingüísticos al mismo nivel que otras reivindicaciones laborales, como las mejoras salariales o la reducción de jornada”, una cuestión que atribuye tanto a la negativa de las patronales a negociar medidas de normalización del euskera como a la incapacidad de los sindicatos para organizar movilizaciones y huelgas específicas en defensa de estos derechos.

Tras el anuncio de ELA, el sindicato LAB ha dado la “bienvenida” a la iniciativa de usar solo el euskera, a partir de septiembre, pero ha asegurado que le sorprende que no haya contado con ellos porque “haberla impulsado conjuntamente, habría sido más eficaz”. El sindicato ha defendido que se necesitan garantías “para poder utilizar el euskera no solo en la negociación colectiva, sino también en los juzgados y en otras muchas instancias”. A través de un comunicado, LAB ha advertido, además, de que “en los últimos tiempos estamos viviendo una ofensiva contra el euskera”, por lo que ha defendido dar “un nuevo impulso a las medidas en favor del euskera” y que esta lengua adquiera “una centralidad aún mayor en la acción sindical”. “Seguiremos reclamando garantías para la euskaldunización de la administración pública y continuaremos impulsando planes de euskera en los centros de trabajo”, han añadido.

Por contra, UGT de Euskadi ha mostrado su “sorpresa” por el anuncio de ELA y ha apelado a “construir consensos por el euskera en vez de lanzar ultimátums y falsos debates en torno a su uso en el ámbito sociolaboral”. “Cabe preguntarse por qué no lo han hecho antes si lo estimaban necesario, dado que la misma cuestión, intervenir exclusivamente en euskera, es algo que ya venían haciendo con normalidad desde hace años en las negociaciones del sector público”, ha dicho el sindicato.

Los trabajadores de las ITV de las localidades de Bergara y Zarautz irán a la huelga indefinida a partir del próximo 13 julio, en plena campaña de verano, lo que puede complicar las listas de espera para los conductores guipuzcoanos que necesiten pasar la revisión obligatoria antes de emprender su viaje veraniego. Los sindicatos ELA y LAB han convocado el paro indefinido después de que la empresa concesionaria, Itasua ITV, haya decidido poner fin a la negociación sobre las condiciones laborales. Los trabajadores se quejan de que tienen peores salarios y horarios que sus compañeros de otras ITV del territorio y piden la equiparación. “Hacemos el mismo trabajo”, señalan.

El conflicto no es nuevo. Han mantenido siete reuniones con la empresa y se han realizado paros parciales, el último el pasado 29 de junio, que se repetirán el 8 y el 10 de julio para pasar ya a la huelga indefinida a partir del lunes día 13 si no se consigue una respuesta positiva de la dirección de la empresa, que además de los dos centros en Gipuzkoa, tiene también una ITV en Vitoria, en Jundiz. En el centro alavés los delegados han optado por aceptar las condiciones ofrecidas por la dirección y firmarán un acuerdo de eficacia limitada descolgándose de los paros, lo que ha supuesto la ruptura de los sindicatos con los que hasta ahora eran sus delegados.

Los sindicatos consideran que la empresa, Itasua, tiene capacidad para afrontar las reivindicaciones de los trabajadores y consideran que la única finalidad de la dirección al pactar un acuerdo con el centro de Vitoria es “dividir” a la plantilla. “El pacto se estaba negociando entre los tres centros con la empresa, porque es un pacto de empresa. Pero la dirección ha jugado a dividir a la plantilla sabiendo que en el centro de Gasteiz lo tenía más fácil para desmovilizar a la gente, y parece que lo ha conseguido, haciendo que entren a firmar esta propuesta como pacto de eficacia limitada. Los sindicatos no estamos con esta firma, como es obvio, porque la empresa tiene mucho más que ofrecer y es momento de movilizarse para conseguir un convenio mas justo”, señala el representante de LAB, Eneko Fernández San Juan.

Lo que reivindican los trabajadores, que son alrededor de 25 en Zarautz, 32 en Bergara, y 45 en Vitoria, es equiparar sus condiciones, fundamentalmente el salario y el tiempo de trabajo, al de trabajadores de otros centros de ITV gestionados por otras empresas, porque, haciendo el mismo trabajo sus condiciones son mucho peores, dicen.

En concreto, piden una subida del IPC más el 3% para 2026, y lo mismo para los años 2027 y 2028, para equiparse con otros centros de los que les separan en salarios alrededor de 5.000 euros anuales. La empresa solo acepta una subida del IPC más el 1% para los tres años, que ha sido aceptada por la plantilla de Vitoria. En cuanto a la jornada, ELA y LAB piden una reducción de 70 horas anuales para quedarse con 1.655 horas, ya que tienen una diferencia con las ITV de Beasain, Irun y Urnieta de unas 133 horas, señalan. La propuesta de la empresa reduce 12 horas en 2026 para tener 1.713 horas anuales y otras 6 horas en 2027 y 2028 para situarse en 1.707 horas al año.

Los trabajadores de Maderas de Llodio (Álava) han aceptado la última propuesta de la empresa, lo que permite poner fin a “más de 260 días de huelga y movilización constante” desde el 22 de septiembre del pasado año, según ha informado el comité de empresa en un comunicado. Los representantes de los trabajadores han anunciado que en los próximos días convocarán una rueda de prensa para dar a conocer los detalles del acuerdo entre trabajadores y patronal.

“Por el momento, únicamente podemos comunicar que la plantilla ha decidido aceptar la última propuesta existente sobre la mesa, una propuesta que es consecuencia directa de la movilización desarrollada durante estos meses”, han señalado en el comunicado, recogido por Europa Press. El comité ha destacado que “todo lo conseguido hasta la fecha, así como las medidas y compromisos que hoy están sobre la mesa, son fruto de la lucha, la unidad y el compromiso de quienes han defendido sus puestos de trabajo y su futuro”. “Esta lucha no era únicamente por Maderas sino por la defensa del empleo, de la industria y del futuro de toda una comarca de Ayala”, ha remarcado.

La multinacional Garnica planteó en septiembre del año pasado un ERE en su empresa Maderas de Llodio con 39 despidos en una plantilla formada por 151 personas. Finalmente, fueron 35 los trabajadores afectados por el expediente, que se ejecutó en octubre de 2025. Sin embargo, posteriormente el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) estimó parcialmente las demandas contra el ERE y declaró los despidos “improcedentes”.

Tras la decisión judicial, dirección y sindicatos volvieron a la mesa de negociaciones y hace unos días la empresa hizo una “última oferta” que los trabajadores han aceptado este lunes en asamblea.

El sindicato ELA ha convocado este jueves concentraciones frente a las delegaciones del Gobierno Vasco en Donostia, Bilbao y Vitoria para denunciar la reducción de plazas y jornadas laborales del profesorado de Audición y Lenguaje (ALE). En la capital guipuzcoana, una veintena de personas se ha sumado a la protesta para advertir de las consecuencias que, a su juicio, tendrá la reorganización de estos puestos de cara al próximo curso.

El responsable de Educación de ELA en Gipuzkoa, Mikel Uranga, ha explicado que el sindicato observa con preocupación los cambios que el Gobierno vasco está introduciendo en las plantillas de los centros educativos. “Muchos de estos profesionales están siendo suprimidos” y algunas de las funciones que desempeñan actualmente “están en duda de cara al curso que viene y a los venideros”, ha señalado. Según ha denunciado, algunos especialistas dejarán de trabajar en determinados centros y otros verán reducida su jornada laboral.

El profesorado de Audición y Lenguaje presta atención directa al alumnado con dificultades en el lenguaje y la comunicación. Por ello, Uranga ha advertido de que los cambios previstos no solo afectarán a las condiciones laborales del personal, sino también al servicio que reciben los estudiantes. “Todos los alumnos que reciben esos servicios” podrían notar las consecuencias de esta reorganización, ha afirmado. Aunque la atención especializada no desaparecería por completo, ELA teme una reducción progresiva de su alcance y de los perfiles de alumnado que podrán acceder a ella.

El sindicato ha recordado además que lleva años denunciando la ausencia de ratios específicas para organizar el trabajo de estos profesionales. Según sus datos, algunos docentes han llegado a atender a más de 50 alumnos cada semana. ELA sostiene que el convenio colectivo firmado el pasado curso por el resto de organizaciones sindicales no resolvió esta problemática, ya que no estableció límites para la asignación de alumnado y dejó en manos del Departamento de Educación la dotación de especialistas en los centros.

A esta situación se suma la incertidumbre sobre la nueva función preventiva que deberá asumir el profesorado ALE a partir del próximo curso. Aunque para esta tarea sí se ha fijado una ratio, todavía no se han concretado las labores que deberán desempeñar ni cómo se compatibilizarán con la atención directa al alumnado. ELA asegura que ya se han suprimido varios puestos de trabajo y teme que la indefinición actual sirva para profundizar en las políticas de recorte aplicadas durante los últimos años. Ante este escenario, el sindicato ha solicitado la convocatoria de una mesa de negociación para aclarar el futuro del profesorado especializado.

A lo largo de esta semana, trabajadoras del sector social han protagonizado distintos conflictos laborales que, según denuncian, merman sus condiciones. Por un lado, las trabajadoras de intervención social de Álava, que acumulan cinco jornadas de huelga, por otro lado, sus compañeras de intervención social en Gipuzkoa, que saldrán a la calle este jueves para luchar por un nuevo convenio, y por último, las trabajadoras del módulo psicosocial de Bilbao, que denuncian recortes por parte del Ayuntamiento de hasta un 65%.

En el caso de las trabajadoras de intervención social de Álava, los sindicatos ELA, LAB, CCOO y ESK denuncian la falta de avances en cuestiones clave del convenio laboral. “Tras más de 15 meses de negociación y 15 reuniones celebradas para aprobar el IV Convenio de Intervención Social de Álava, aunque la patronal AISA ha mostrado por primera vez disposición para alcanzar acuerdos en materias como complementos de incapacidad temporal, flexibilidad, euskera, teletrabajo o modalidades de contratación, siguen existiendo importantes diferencias en aspectos centrales como la subida salarial, la reducción de jornada, la conciliación, las licencias, la jubilación anticipada o la reducción de la parcialidad involuntaria”, denuncian los sindicatos.

Consideran que el cambio de actitud de la patronal ha sido “consecuencia directa de la presión ejercida por las trabajadoras y trabajadores del sector”, y subrayan que mantendrán las protestas hasta lograr “condiciones laborales dignas” y la equiparación con el personal contratado directamente por las administraciones públicas. En el caso de las trabajadoras subcontratadas, la brecha salarial comparada con las que son contratadas directamente por el Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS), supera los 10.000 euros en algunos puestos de trabajo.

En este sentido, más allá de señalar a AISA, las trabajadoras responsabilizan a las instituciones públicas de la precarización del sector y reclaman mayor implicación política y financiación suficiente para garantizar mejoras laborales de cara a la próxima mesa de negociación tendrá lugar el 4 de junio. Aunque mientras tanto, además de las jornadas de huelga, han convocado movilizaciones el 29 de mayo a las 18.30 horas desde el Gobierno Militar, contra el aumento del gasto militar y una coche-caravana el 31 de mayo hacia Peñacerrada.

El segundo conflicto laboral abierto de este sector se produce en Gipuzkoa, donde este jueves, 28 de mayo a las 11.00 las trabajadoras se movilizarán en el Paseo Bizkaia, 14-15 de Donostia para negociar el V Convenio Colectivo de Intervención Social de Gipuzkoa tras cumplir el IV convenio cuya duración ha sido desde 2023 hasta 2025. En este caso, la patronal es Hedatzen, y la firma del anterior convenio se produjo con los votos a favor de los sindicatos LAB y CCOO y en contra de ELA, al considerar “insuficientes” las propuestas relacionadas con las subidas salariales y la eliminación de la quinta categoría profesional, la de los trabajadores considerados los “más precarizados”, que la patronal se negó a eliminar alegando que la Diputación Foral de Gipuzkoa “no lo avalaba”. Ahora comenzarán una nueva ronda de negociaciones y movilizaciones que buscan como objetivo, al igual que en el caso de Álava, firmar un convenio laboral que evite la precarización de un sector feminizado.

Por último, este miércoles han salido a la calle las trabajadoras del Módulo Psicosocial de Deusto-San Ignacio, quienes llevan desde febrero denunciando que el Ayuntamiento de Bilbao ha recortado un 65% su presupuesto para 2026, que ha pasado de 195.000 euros (2025) a 68.000 euros, con lo que se pone en riesgo “la supervivencia del modelo comunitario” que presta apoyo integral a víctimas de violencia machista, ya que “si mantienen el recorte, en 2027 desaparecerá”.

Se trata de doce trabajadoras del servicio de atención a violencias machistas y de atención a derechos en salud sexual y salud reproductiva, un módulo creado en los años 80 por el movimiento vecinal para dar respuesta a dos fenómenos graves que no estaban siendo atendidos institucionalmente: por un lado, la desatención a las personas jóvenes afectadas por la entrada masiva de la heroína en los barrios populares y, por otro, la salida del periodo dictatorial franquista, que supuso poder organizar recursos para la atención a las mujeres en los procesos de divorcio, que no fue legal hasta 1981, y la atención de su salud sexual y reproductiva, muy influida por el fin de la prohibición de la prescripción de anticonceptivos.

“La atención que ofrece el Módulo Psicosocial de Deusto-San Ignacio a las personas afectadas por violencias machistas está íntimamente ligada a nuestra identidad de recurso del barrio, lo que supone que somos parte de la comunidad que habitamos. Esta identidad delimita que no somos uno más de los recursos para mujeres víctimas de violencia de género que vienen recogidos en las distintas leyes estatales y autonómicas. Nacimos con anterioridad a todas estas legislaciones, estando desde el inicio pegadas a las necesidades concretas del colectivo de mujeres de clase trabajadora, mayoritariamente inmigrantes de los territorios rurales, que eran las que habitaban el barrio y distrito de Bilbao en el que estamos”, aseguran las trabajadoras que han protagonizado una manifestación convocada junto a Bilbo Feminista Saretzen y Denon Bizitzak Erdigunean en el Ayuntamiento de Bilbao.

Por su parte, desde el área de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao defienden que “con el Departamento de Salud se acordó la asunción de los programas por parte de cada sistema con base en las competencias correspondientes de cada uno de ellos, así como asegurar por parte del Ayuntamiento una financiación que podría llegar a igualar la del 2025 en 2026 en caso de que el Departamento de Salud no pudiera llevarla a cabo a tiempo”. “El Departamento de Salud se ha comprometido a integrar en el sistema público de salud a lo largo del 2026, aquellos servicios que siendo de competencia del sistema sanitario se prestan en los módulos. La compensación dependerá del proceso que lleve a cabo el Departamento de Salud con el que estamos en contacto. La decisión está supeditada a la integración en el Sistema de Salud”, argumentan en una respuesta a preguntas realizadas por el grupo municipal de EH Bildu.

Desde el Ayuntamiento confirman que “mantendrán los servicios que se prestan actualmente y que son de competencia municipal” y que “tal y como se ha trasladado a los módulos, el proceso tendrá en cuenta a las y los profesionales que trabajan en los módulos analizado desde las competencias de cada una de las administraciones”.

No obstante, el consejero de Salud del Gobierno vasco, Alberto Martínez, a preguntas de la coalición Sumar en el Parlamento vasco el pasado marzo sobre “el cierre y debilitamiento” de este tipo de servicios, aseguró que Osakidetza “ya tiene en cartera” los servicios sanitarios que ofrecen los módulos psicosociales de Bilbao, como el módulo psicosocial de Rekalde, el Auzolan de San Francisco y el módulo psicosocial de Deusto-San Ignacio.

En este sentido, Martinez explicó que el momento actual ofrece “la posibilidad de analizar el papel de los módulos desde una perspectiva estratégica y de mejora del sistema” debido a que el servicio público de salud de hoy “no tiene ya nada que ver” con los años 70 y 80, cuando se crearon dichos módulos y, “aunque siguen funcionando, el contexto social y sanitario ha evolucionado de manera sustancial”.

Al respecto, indicó que el Departamento de Salud destina 1,9 millones de euros, para financiar tres programas sanitarios de estos módulos bilbaínos, que “ya están en cartera de Osakidetza” de cara a “fortalecer” estos servicios sanitarios y sociales con “un mayor acercamiento a los servicios públicos ya existentes”. Así, puso como ejemplo la asunción por parte de Osakidetza de las interrupciones voluntarias del embarazo, que “se irán asumiendo de manera gradual y progresiva, con el objetivo de reforzar la atención a las personas en situación de mayor vulnerabilidad”.

Los sindicatos con representación en Iberdrola celebrarán el 125 aniversario de la eléctrica con huelgas y movilizaciones. Mientras la empresa que dirige Ignacio Sánchez Galán anuncia conciertos y diversas actividades para conmemorar su fundación, las centrales calientan motores para movilizar a la plantilla a partir de la próxima semana con dos días clave, que serán jornadas de paro. Son el 29 de mayo, cuando se celebra la junta de accionistas de la empresa en Bilbao, y está convocada huelga en Euskadi, Navarra y Galicia, y el 19 de junio, coincidiendo con actos de celebración del cumpleaños empresarial, con una huelga en todo el Estado. Los sindicatos buscan con los paros elevar la presión a la empresa en unas negociaciones de convenio que siguen sin avances desde enero de 2025 y que ya el año pasado llevaron a los trabajadores a convocar la primera huelga en la historia de Iberdrola.

Aunque los objetivos son comunes, la negociación del convenio, los sindicatos van separados en las convocatorias. El primer día de paro, el 29 de mayo, la convocatoria la realiza ELA en Euskadi Navarra y la CIG en Galicia. Estos sindicatos acompañarán la jornada de paros con diversas concentraciones en los centros de Larraskitu y ante la Torre Iberdrola, donde se celebrará la junta de accionistas, y con columnas de manifestaciones por Bilbao. Estos dos sindicatos son minoría en la representación del comité estatal. ELA sólo tiene un representante de los 13 asientos del comité donde UGT -cuatro representantes- y CCOO -tres delegados- son mayoría, y la CIG ni siquiera tiene presencia, pero ambas centrales han considerado “esencial la convocatoria del paro coincidiendo con la reunión de la junta de accionistas”. “Nos hubiera gustado ir en unidad de acción, también aquí en Euskadi, pero no ha sido posible”, señala Mikel Cubeiro, delegado sindical de ELA. UGT y CCOO han preferido dejar la convocatoria de huelga para el 19 de junio a nivel estatal -que también secundará ELA y CIG- aunque arrancarán una semana de concentraciones diarias frente a la Torre Iberdrola a partir del próximo lunes para culminar el viernes día de la junta, con una gran movilización de delegados.

Todos los sindicatos reclaman que la empresa, que acumula “enormes beneficios”, traslade esos buenos resultados a la plantilla. Lejos de ello, denuncian que los trabajadores pierden poder adquisitivo año tras año. Aseguran que en los últimos cinco años se ha perdido más de un 19% de poder adquisitivo por parte de los trabajadores. Exigen, por un lado, recuperar lo que se ha perdido y que sus subidas salariales se liguen al IPC.

Según los cálculos que realizan desde ELA, el coste de la subida salarial del IPC sería 10 millones y 67 millones la recuperación del 19% de poder adquisitivo de estos años, frente a unos beneficios de 6.285 millones de euros durante el año pasado. “Ha pasado más de un año desde el inicio de la negociación del convenio y la dirección de Iberdrola niega a su plantilla las legítimas reivindicaciones que ésta lleva demandando más de cinco años, que son mantener el poder adquisitivo y subidas garantizadas mínimas del IPC. Pese al aumento de los Beneficios empresariales, la aprobación de una mayor retribución al accionista y la presentación del Plan Estratégico para los próximos cuatro años, en el que se prevé aumentar el beneficio un 47%, la retribución al accionista un 65% y 400 millones de bonus para directivos, Iberdrola niega a la plantilla, que es la que hace posible llegar a esas cifras, el acuerdo mínimo exigible para la firma de un convenio justo”, denuncian desde ELA.

La mayor discrepancia en la negociación, que de momento no se retomará hasta el 16 de junio, está en que la empresa no quiere ligar la subida salarial al IPC: “La empresa propone para sus trabajadores y trabajadoras en España una 'fórmula de incremento salarial' basada en parámetros empresariales y en el cumplimiento de la previsión de Ebitda para España, marcada de forma unilateral por la alta dirección”, señalan desde UGT. El Ebitda es un indicador en el que al beneficio neto se le suman los gastos por intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. “Es una propuesta que en ningún caso garantiza el poder adquisitivo de los trabajadores”, señalan. “La propuesta de la empresa es una vergüenza para la que presume de ser un líder energético global y una de las mayores compañías eléctricas por capitalización bursátil del mundo”.

Recuerdan desde los sindicatos que durante la vigencia del actual convenio, es decir desde 2021, “el beneficio neto se ha incrementado un 12% pasando de 4.803 millones de euros a 6.285 millones, acumulando desde 2021 un beneficio neto total de 24.924 millones de euros. El presidente de la compañía ha incrementado su remuneración en un 6,45% pasando de 13,2 millones de euros a 14,11 millones” denuncian. Aseguran que el negocio en España ha aportado en 2025 el 46% del beneficio neto a nivel mundial y que la plantilla de España supone el 23% del total a nivel mundial. Sin embargo, pese a las grandes cifras de beneficios, “la plantilla de Iberdrola en España ha tenido un incremento salarial desde 2021 del 2,8%, acumulando una pérdida de poder adquisitivo del 16%”, denuncian.

Desde UGT recuerdan además la “conflictividad sin precedentes” que se está produciendo en la empresa “por la actitud de la dirección”. Señalan que en los dos últimos años, la Audiencia Nacional “ha condenado a Iberdrola en cuatro ocasiones, obligándola a revalorizar las prestaciones de riesgo del Plan de Pensiones en base al IPC, declarando ilícita la implantación del voto telemático en las elecciones sindicales, anulando la subida de más del 25% pactada con SIE, ATYPE y USO en la cuota de uno de los beneficios sociales de la plantilla y obligándola a subir un 10% el sueldo a los nuevos ingresos por declararse ilegal la doble escala salarial implantada en el convenio de 2021 firmado por SIE, ATYPE y USO”. “A estos juicios se suman otros tantos acuerdos prejudiciales de ámbito nacional en distintas materias: penalización de absentismo, permisos de hospitalización, restricciones a la tarifa empleado y un buen número de demandas a nivel local con asuntos de diversa índole”.

Festival con Juanes y Antonio Orozco

Desde elDiario.es/Euskadi se ha intentado recabar la opinión de la empresa sobre las huelgas y el estado de la negociación del convenio, pero sin éxito. La compañía está inmersa en la preparación de la junta y de los distintos festejos para la celebración de su aniversario, que en el caso de Euskadi tendrá lugar el 12 de junio con un festival gratuito y de acceso libre en el parque de Doña Casilda de Bilbao en el que actuarán Juanes, Antonio Orozco, Rigoberta Bandini y Süne. A continuación, tendrá lugar un espectáculo con 1.500 drones que se podrá ver desde gran parte de la capital vizcaína.

La jornada forma parte de un programa más amplio con el que la compañía conmemora, bajo el lema “125 años luz”, su aniversario a través de iniciativas dirigidas a empleados, clientes, accionistas y al público en general. Entre sus principales citas destacan el festival de música del 27 de junio en Madrid, con Lenny Kravitz, Manuel Carrasco, Ana Mena y Álvaro de Luna, y el concierto de Estopa y Mafalda Cardenal el 28 de noviembre en Valencia. El pasado martes la empresa realizó un acto en la Torre Iberdrola de Bilbao para dar arranque a los festejos al que asistió el lehendakari Imanol Pradales entre otras autoridades.

La mayoría sindical en Tubos Reunidos de Amurrio ha decidido “suspender la huelga” indefinida que arrancó el 15 de marzo y esperar a ver cómo evoluciona el procedimiento de concurso de acreedores en el que está inmersa la empresa y qué ocurre con el ERE en el curso de ese proceso. Precisamente, el próximo día 26 de mayo la jueza que se ha hecho cargo del procedimiento, María Teresa Trinidad Santos, ha citado a la representación legal de los trabajadores y al administrador concursal para empezar a decidir que se hace con el ERE puesto en marcha por la empresa y que, de momento, está suspendido.

La decisión de volver al trabajo por parte de la mayoría del comité se ha trasladado a la plantilla -no se ha votado- en una tensa asamblea que llega después de que este mismo lunes hayan empezado a incorporarse a sus puestos los trabajadores que el pasado 7 de mayo votaron en referéndum abandonar la huelga, apoyados por los sindicatos UGT y CCOO. La mayoría sindical que forman ELA, LAB y ESK -este último sindicato era partidario de seguir con el paro- han señalado este viernes que la decisión de suspender la huelga no tiene nada que ver con esta situación de división entre la plantilla. En cualquier caso, han advertido de que la suspensión no significa que acabe el conflicto: “Seguiremos movilizándonos y llamando a todas las puertas necesarias para garantizar el futuro de todos y todas”. De entrada ya han convocado dos días de huelga que se llevarán a cabo el 26 y el 28 de mayo.

Según han señalado los representantes de la mayoría del comité a través de un comunicado conjunto la suspensión de la huelga se basa en que el concurso de acreedores supone un cambio de escenario que obliga a realizar un análisis serio, responsable y colectivo de la situación“, aunque han dejado claro que los que ha cambiado es ”el escenario“, no sus objetivos de mantener el empleo y la actividad.

Han insistido en que la huelga no ha llevado a Tubos Reunidos al concurso. “La huelga ha sido la consecuencia de las imposiciones de la empresa, de años de mala gestión y de una absoluta falta de transparencia y negociación”, y “frente a quienes intentan desacreditar la lucha de la plantilla” han reivindicado todo lo que la huelga ha conseguido durante estos meses, poniendo en el centro del debate “el verdadero problema de Tubos Reunidos” y “señalar públicamente responsabilidades empresariales e institucionales”. “La pregunta que debería hacerse cualquiera es en qué escenario estaríamos hoy si no hubiéramos peleado. Probablemente, nos encontraríamos con el ERE consolidado, con la acería cerrándose y con la logística externalizada, y todo ello sin haber solucionado ninguno de los problemas reales de la empresa”. Consideran que con el concurso entra una nueva interlocución y una administración concursal, y pretenden que el ERE que ahora está en suspenso “se convierta en retirada definitiva”

La vuelta de los trabajadores a la actividad, puede facilitar el mantenimiento de la actividad de la compañía, y que sea menos complicado la entrada de inversiones que impidan que el proceso de concurso acabe en liquidación. La jueza ha nombrado administrador concursal a la firma PKF Attest Concursal SLP de todas las sociedades del grupo Tubos Reunidos menos de la matriz, que cotiza en Bolsa, ya que en este caso la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tiene que presentar una terna de administradores concursales a la jueza para que designe uno. La CNMV ha abierto un plazo hasta el 1 de junio para que se presenten los posibles interesados entre los que elegirá tres entre los que la jueza elegirá el administrador final.

Miles de personas han clamado este sábado en las calles del centro de Bilbao por el derecho a “vivir y trabajar” en euskera llamadas por la mayoría sindical, conformada por ELA y por LAB, pero en este caso también por Steilas, con un peso muy relevante en la enseñanza. La convocatoria llega en un contexto en el que el Parlamento Vasco tramita una reforma legislativa de la normativa autonómica de empleo público de 2022 en lo tocante a las exigencias lingüísticas sin que su éxito esté nada claro.

El Gobierno de PNV y PSE-EE, en un hecho inédito en la legislatura, concurre dividido a la fase decisiva de la tramitación, con los socialistas negando que sea necesario el cambio, particularmente en la modíficación de los índices de referencia para fijar la proporción de plazas perfiladas o con requisito de euskera en las OPE. EH Bildu, que ha participado en la movilización, tiene una propuesta alternativa. Las dos fuerzas nacionalistas aseguran que es necesario un ajuste legal para blindar las convocatorias ante la cascada de recursos y sentencias judiciales pero no comparten la fórmula aunque tienen pendiente una reunión para los próximos días. Un hipotético pacto entre PNV y EH Bildu rompería el acuerdo de Gobierno vigente, que obliga a los nacionalistas a ir de la mano del PSE-EE.

La secretaria general de Euskalgintzaren Kontseilua, Idurre Eskisabel, ha reclamado desde Bilbao que se deben “crear las condiciones políticas y sociales para vivir y trabajar en euskera”, el lema escrito en la pancarta cabecera. Eskisabel ha añadido que es cada vez mayor la proporción de vascoparlantes y que la Administración tiene que adaptarse. Según recoge Europa Press, Kontseilua ha puesto en valor su plan para llegar, en quince años, “a una Administración con los dos idiomas en igualdad sin hacer daño a nadie”.

El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, de su lado, ha alentado una mayoría alternativa en el Parlamento. Ha pedido a PNV y EH Bildu “valentía” en materia de euskera. Ha reclamado una “respuesta organizada a la ola reaccionaria política y judicial que vive” esta lengua. El dirigente del principal sindicato vasco ha señalado que hay un objetivo “político” para dar “predominio al español”.

Por su parte, la coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, también ha hablado de “un ataque organizado” contra el euskera. Se ha dirigido al PNV y le ha rogado que “no permita vetos” ni “hipotecas” del PSE-EE en la reforma legislativa. A su juicio, se vive una campaña “euskarofoba”, y ha considerado que es una “falacia” que defender los derechos lingüísticos sea ir contra los derechos laborales, como sostienen otras organizaciones como CCOO.

A su juicio, se quiere “imponer el castellano y dificultar el derecho de los trabajadores de la Administración a trabajar en euskera”. Aranburu cree que “en realidad” el euskera no es oficial. “A los trabajadores de la Administración publica se le debe exigir euskera y español al mismo nivel y deben ponerse recursos para que las personas que no conozcan el euskera, que es un instrumento ee inclusión social”, ha agregado. En España, el euskera tiene estatus de cooficialidad en la comunidad autónoma vasca, pero solamente en una parte de Navarra. En los territorios dentro de Francia no tiene ninguna cobertura legal.

“La euskarafobia no tiene cabida en nuestra sociedad”, ha apuntado Steilas en la red social X. Esta organización asegura que es necesaria una “respuesta colectiva, unificada y fuerte” ante un “ataque organizado” a la lengua vasca. “La defensa del euskera es responsabilidad de todos. Estamos construyendo el futuro”, pide la central educativa.