Un trabajador falleció este pasado martes en un accidente laboral ocurrido en la empresa Desarrollos en Madera Olatek, ubicada en el polígono industrial de Gojain, en Legutio (Álava), y que pertenece al grupo Egoin. Desde LAB han señalado que se trata de un transportista de 41 años que realizaba labores de carga en el momento del accidente. Según los datos de los que dispone este sindicato, “el propio transportista estaba descargando serrín cuando la carga le cayó encima, provocándole heridas graves que causaron su muerte”.

Desde ELA aseguran que, con este nuevo fallecimiento, serían al menos 11 las personas trabajadoras fallecidas en las comunidades autónomas vasca y navarra en accidente laboral, y la cuarta en Álava. LAB eleva esta cifra de trabadores fallecidos a 14. Este sindicato considera que la naturaleza de este accidente “evidencia que todavía no se aplican en la mayoría de los centros de trabajo las medidas preventivas relacionadas con los procedimientos de carga, a pesar de que la ley las establece como obligatorias desde 1997. Estos procedimientos regulan tanto los pasos del transportista subcontratado como los del personal de la propia empresa”.

“Es evidente que, en este ejercicio de coordinación, las garantías de seguridad del transportista subcontratado son responsabilidad de la empresa contratante. Una vez más, la prevención ha fallado y quien ha fallecido es un trabajador, no un empresario”, denuncian desde LAB. Por su parte, desde ELA han denunciado el incremento de los accidentes laborales mortales en los últimos años, “algo que no puede normalizarse”, y han exigido al Gobierno vasco “que establezca medidas de control y seguimiento ante los incumplimientos de la legislación preventiva”. “La patronal debe cumplir la legislación preventiva vigente y obligatoria”. “Es urgente tomar decisiones que pongan en el centro la salud y la vida de las personas trabajadoras para evitar la muerte de más de 50 personas cada año”, ha apuntado. Los trabajadores de Olatek realizarán un paro de 24 horas a partir de la noche de este miércoles y han convocado una concentración mañana miércoles a las 11:00 en la entrada del centro de trabajo.

La patronal vasca, Confebask, vuelve a decir que no. Ni los llamamientos al diálogo de las instituciones, ni la huelga general del 17 de marzo han hecho que varíe su postura sobre negociar un salario mínimo propio para los trabajadores vascos, más elevado que el del Estado. Los empresarios han anunciado que no asistirán a la reunión a la que les habían citado ELA y LAB en la sede del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) para este martes y cierran de nuevo la puerta a la negociación.

“Declinamos nuevamente la petición cursada para la apertura del ámbito negocial pretendido y esperamos que se desista de la misma”, han señalado los empresarios a través de un comunicado adelantándose a la cita de este martes. Los sindicatos habían planteado esta última reunión centrando la negociación sólo en salario, dejando fuera las cotizaciones sociales que se referencian a él. Pero tampoco así quieren sentarse los empresarios, que es ya la cuarta vez que rechazan abrir la negociación. Las centrales ya han advertido de que “si esta fase de interlocución y negociación” que intentaban abrir tras la huelga general “concluye sin acuerdo, llegará el momento de volver a las movilizaciones”. “La reivindicación del salario mínimo ha venido para quedarse y hasta que se logre las iniciativas sindicales no se van a para”, alegan.

Confebask considera que esta convocatoria no se distingue en nada de las anteriores. En este sentido, indica que ELA y LAB “siempre han planteado una única y exclusiva pretensión: un salario o retribución mínima para quienes presten servicios en la comunidad autónoma del País Vasco. ”Así se deduce de todos los documentos presentados en el CRL, de la demanda interpuesta ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de las manifestaciones vertidas en el acto del juicio celebrado, e incluso del reciente recurso de casación presentado ante el Tribunal Supremo. Nunca se refirieron o pretendieron otra cosa o efecto secundario derivado de ese salario o retribución mínima reclamado“, exponen. Por eso, señalan que ”sorprende la nueva convocatoria cursada por ELA y LAB ante el CRL, cuya única aportación respecto a las previas es que especifican y explican que sólo pretenden negociar el referido salario o retribución mínima 'en términos laborales'. Nunca tuvimos nadie esa duda“, afirman.

Por ello, han insistido en que se trata de una cuestión que “ya ha sido debatida bilateralmente y en el seno del CRL en múltiples ocasiones”, que ha sido analizada por el Superior, “concluyendo que existe una causa legal para no negociar esa materia (o, dicho de otra manera, que sería ilegal hacerlo)”. Además, han recordado que “se encuentra pendiente de recurso de casación presentado por ELA y LAB ante el Tribunal Supremo, situación que exige la ausencia de negociación respecto de una materia sobre la que el único pronunciamiento judicial hasta el momento ha decretado que no puede someterse a dicha negociación”. 

Llamamiento desde el Gobierno al diálogo social

El nuevo portazo de la patronal al diálogo se ha acogido con disgusto desde el Gobierno vasco. El vicelehendakari, Mikel Torres, ha vuelto ha hacer un llamamiento al “diálogo social” tras conocer el rechazo de Confebask a acudir a la cita. Torres ha pedido a sindicatos y patronal “hacer los esfuerzos necesarios para continuar en el diálogo y avanzar en la negociación colectiva”.

Tras lamentar la falta de avances, ha advertido que tanto la falta de diálogo social como la judicialización de los conflictos laborales es “un error”: “Los problemas de negociación colectiva, entre los que está la consecución de unos salarios acordes a la situación sociolaboral de Euskadi, no deben llevarse ni a los tribunales ni a reformas legislativas de consecuencias imprevisibles, sino a la mesa de diálogo social”, ha destacado.

Mientras tanto, ELA y LAB han exigido al Gobierno vasco que deje de “buscar equidistancias entre los agentes sociales y hacer frente directamente a Confebask para que abandone su modelo de negocio del siglo XIX basado en la pobreza extrema de los trabajadores y las trabajadoras”.

Tras la huelga general el pasado 17 de marzo que se acompañó de multitudinarias manifestaciones en las capitales vascas, la negociación para conseguir un salario mínimo propio en Euskadi, por encima del vigente en el Estado, vuelve a la casilla de salida. En concreto, al emplazamiento a la patronal a que siente a negociar la cantidad mínima que los trabajadores deben cobrar en Euskadi. Los sindicatos ELA y LAB han citado a Confebask a una reunión en el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) el martes día 24 para abordar la negociación. En el caso de Navarra la cita con la patronal está convocada un día después, el día 25.

La reunión de este martes será la cuarta ocasión en la que se intenta llegar a un acuerdo con los empresarios sobre este tema, después del primer encuentro que se celebró en febrero de 2025 y al que los empresarios acudieron solo para decir que no tienen intención de abordar este tema, al menos tal y como lo plantean los sindicatos. A partir de ahí no ha habido más que desencuentros con los empresarios. Por un lado, los empresarios se aferran a que se trata de una competencia que es del Estado y, por lo tanto, no les corresponde a ellos fijarla. Y por otro, consideran que establecer un salario mínimo común para todas las empresas de Euskadi, más elevado que el de otras comunidades, pondría en “riesgo a la competitividad y la sostenibilidad de las empresas vascas”.

Ante la negativa de la patronal a sentarse a negociar, ELA y LAB llevaron el tema a los tribunales, pero el TSJPV desestimó la demanda por ser una cuestión de competencia estatal. Sin embargo, los sindicatos se han aferrado precisamente a la argumentación contenida en esta sentencia para volver a citar a los empresarios. Las centrales señalan que la Justicia estableció que los sindicatos “pueden negociar con Confebask un salario mínimo para las relaciones laborales, pero sin afectar a las prestaciones sociales” y, por ello, ahora proponen “una nueva negociación dentro de ese marco”. En su petición de reunión señalan expresamente que solo quieren negociar un nivel salarial básico que afecte a las relaciones laborales de Euskadi y no a las prestaciones sociales.

ELA y LAB consideran que la sentencia supone que no pueden reclamar a la patronal la negociación de un salario mínimo legal que supere el marco de las relaciones laborales, ya que las negociaciones “no pueden afectar, por ejemplo, a la regulación de la Seguridad Social, a la inembargabilidad legal de los salarios o la determinación de las indemnizaciones del Fogasa” algo que, según aseguran, nunca han exigido en su reclamación de negociación a la patronal, razón por la que recurrirán la sentencia.

CCOO y UGT, que no convocaron ni secundaron la huelga , consideran que este nuevo emplazamiento entra de la fórmula de salario mínimo de convenio que estos sindicatos sí defienden, por lo que han emplazado a la patronal a negociar. Los sindicatos convocantes del paro consideran que “el éxito de la huelga general y las movilizaciones masivas” demuestran que “la sociedad vasca no va a ceder en la reivindicación de un SMI propio de 1.500 euros” y han considerado que “el clamor social debe obligar a gobiernos y patronales a avanzar de modo inmediato en su implantación”. Creen que la huelga ha sido “una demostración de fuerza de la clase trabajadora vasca”. “Estamos más fuertes que ayer, y tanto los partidos políticos como las patronales se han dado cuenta”. “No pararemos hasta conseguir el objetivo”, advierten. Y consideran por ello que la patronal debe escuchar el mensaje que le ha lanzado la huelga y sentarse a negociar.

De forma paralela, se mantiene abierta la vía iniciada de pedir a los partidos en el Congreso de los Diputados que presenten iniciativas para modificar el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, de manera que las comunidades autónomas tengan capacidad para legislar sobre el SMI, siempre y cuando sea para elevarlo por encima del vigente en el conjunto del Estado. Esta iniciativa ha llevado a reunirse con los partidos en el Congreso a los sindicatos nacionalistas de Euskadi, Catalunya, Galicia, Islas Baleares y Valencia. “Ningún partido con los que nos hemos reunido -todos con representación a excepción de PP y Vox- nos han dicho que no”, han asegurado.

El sindicato ELA ha denunciado que en los últimos cinco meses se han registrado 173 agresiones a profesoras y ha exigido al Departamento de Educación del Gobierno vasco, “responsable de la situación en los centros”, que tome medidas preventivas como mejorar las cargas de trabajo, las ratios y los recursos, o dotar a los centros de psicólogos o trabajadores sociales.

En un comunicado, ELA ha explicado que esta semana se han celebrado las reuniones de los Comités de Seguridad y Salud Laboral de la educación pública en Euskadi, donde el Servicio de Prevención del Departamento de Educación ha ofrecido “datos preocupantes”, ya que, desde septiembre 2025 a enero 2026, se han registrado 466 accidentes laborales, de los cuales 173 han sido agresiones. Según ha detallado el sindicato, se han constatado conflictos en siete centros y recibido 16 solicitudes de atención psicológica. En la mayoría de los casos las agresiones provienen del alumnado (165) y las agredidas son profesoras de entre 31 y 50 años. Del 23% de los casos registrados, el 23% han ocurrido “in itinere”, es decir, en tránsito.

Sin embargo, ha advertido que se observa una tendencia a no solicitar bajas laborales a pesar de las agresiones. En ese sentido, ha indicado que “solo en el 34% de los casos la persona agredida se ha acogido a una baja, en 159 casos”, lo que ha llevado al servicio de prevención a concluir que “puede haber un subregistro, ya que muchas personas trabajadoras no acuden a la mutua ni solicitan la baja”, según recoge Europa Press. ELA también ha apuntado que se han realizado 22 adaptaciones de puestos de trabajo y se han derivado a la mutua 36 casos de sospecha de enfermedad profesional. Tras afirmar que los protocolos, las mediaciones o formaciones “son necesarias”, ELA ha considerado “imprescindible analizar el origen del problema”.

Para ello, ha dicho que es necesario “realizar un diagnóstico adecuado y adoptar medidas preventivas eficaces para hacer frente a estos problemas, como mejorar las cargas de trabajo, ratios y recursos, dotar a los centros de los perfiles profesionales necesarios (como personal psicólogo o trabajador social), agilizar la burocracia, estabilizar al personal y una mejor organización y coordinación del trabajo”. Por otro lado, el sindicato ha considerado preciso “acelerar los procesos de adaptación de puestos de trabajo y dejar de lado criterios excluyentes”.

Sin embargo, ha lamentado, “no parece que el Departamento de Educación tenga intención de tomar las decisiones necesarias para ello”, ya que, por el momento, no se reforzará el Servicio de Prevención, a pesar de que solo hay 15 puestos de técnicos, de los cuales solo 11 están cubiertos“. Además, ha criticado que Educación ”seguirá adelante con una evaluación de riesgos psicosociales que no garantiza la participación de los y las trabajadoras y que es muy generalizado“. Por último, ELA ha asegurado que seguirá trabajando para ”garantizar la salud laboral del personal, porque no es posible garantizar el bienestar del alumnado sin el bienestar de las plantillas“.

La mayoría sindical vasca, capitaneada por ELA y LAB, ha hecho una demostración de fuerza este martes al conseguir sacar a miles de personas a la calle en una jornada de huelga general para presionar a la patronal, y también a los Gobiernos vasco y navarro, con el objetivo conseguir un salario mínimo propio, diferenciado y más elevado que en el Estado, y por encima de los 1.500 euros. Las movilizaciones del mediodía han llenado las calles de Bilbao, Vitoria, Donostia y Pamplona, y también ha habido convocatorias en otras localidades más pequeñas. Mientras, el seguimiento ha sido desigual en los diferentes sectores. ELA ha cifrado en 105.000 las personas en la calle. Ha sido una jornada con algunos incidentes, como los ocurridos a primera hora en Vitoria, con quemas de neumáticos y contenedores, o a mediodía en Bilbao, donde se ha producido un detenido en la Gran Vía.

“Nos van a tener enfrente hasta que decidan sentarse y acordar con los sindicatos un salario mínimo”, ha avisado Mitxel Lakuntza, secretario general de ELA, en el mitin que ha cerrado la manifestación de este martes por la mañana en Bilbao y en la que se han congregado miles de personas contra “el saqueo organizado que se está dando desde los empresarios”. “Hoy la clase trabajadora vasca ha demostrado la fuerza que tiene”, ha advertido el coordinador general de LAB, Igor Agirre, que ha estado también en la marcha de la capital vizcaína. Steilas, ESK, Etxalde, Hiru, CNT, CGT o el movimiento alrededor de GKS o los pensionistas también llamaban a la huelga, pero no CCOO y UGT.

Las manifestaciones se han celebrado también en Vitoria, Donostia, Pamplona, Eibar y Tudela. Con ellas, los sindicatos convocantes han querido mostrar en la calle su fuerza en un paro que han calificado de rotundo éxito, aunque ha tenido un seguimiento desigual según los sectores, con mayor repercusión en educación y empresas industriales, con amplio seguimiento en algunas de las grandes, sobre todo en Gipuzkoa. En Osakidetza, donde la huelga vasca ha coincidido con jornada de paro de los médicos, la incidencia ha sido menor que la de este lunes, con solamente la convocatoria profesional. Los transportes, aunque con retrasos, han circulado en general por encima del 30% de servicios mínimos. En el comercio ha habido cierres al paso de los piquetes u obligados por ellos, sobre todo en el centro de Bilbao.

Partidos como EH Bildu o Podemos han instado a la población a sumarse a la huelga. El fin de la huelga es doble: por un lado, presionar a la patronal para que se fije un salario mínimo en Euskadi de 1.500 euros, frente a los 1.221 euros vigentes ahora en todo el Estado. Por otro, presionar a las fuerzas políticas para que exijan las competencias para fijar el SMI, hoy por hoy legislación básica, y, por lo tanto, competencia exclusiva del Estado. De hecho, gran parte de las intervenciones de los líderes sindicales se han destinado a cargar contra los Gobiernos de Imanol Pradales, sobre todo, y de María Chivite.

“Los Gobiernos de Chivite y de Pradales tienen que rectificar. Es injustificable que tengan una posición contraria al salario mínimo interprofesional. Es una decisión que va en contra del propio autogobierno y lo único que hace es favorecer la continuidad de la precariedad”, ha señalado Lakuntza. De igual forma, Arroyo se ha dirigido directamente a Pradales: “Se presentó como una especie de cambio respecto a Iñigo Urkullu, pero parece que está haciendo un recambio, un cambio 'fake'. Estamos viendo como una tras otra está dando negativas a reivindicaciones populares”. Y ha citado las negativas a la ILP de las pensiones o del SMI. “Pues bien, señor Pradales, si sigue en esas, va a ir viendo como su Gobierno tiene un declive, porque aquí no valen medias tintas. O se está con las inquilinas o se está con los fondos buitres, o se está con las mujeres que luchan contra la precariedad salarial o con una patronal que se aprovecha del trabajo productivo y reproductivo de las mujeres. O con Tubos Reunidos y con la gente que defiende sus puestos de trabajo o con la oligarquía de Josu Jon Imaz o de José Antonio Jainaga”, ha señalado.

Estas críticas directas han servido al PNV para otorgar a la huelga una “clara motivación política”. A través de un comunicado, los de Aitor Esteban han acusado a los sindicatos de buscar únicamente “generar ruido y mostrar una sensación de un descontento social que no se acerca a la realidad”. Además, ha advertido el PNV de que en ningún caso el derecho a la huelga “ampara actos vandálicos y violentos”, en relación sobre todo a los incidentes que se han producido en Bilbao al paso de piquetes en los que se han producido ataques a varios comercios con rotura de escaparates y en algunos piquetes en empresas a primera hora de la mañana.

“Como partido defensor de los derechos fundamentales de las personas, [el PNV] respeta el derecho a la huelga de la ciudadanía, un derecho que incluye respetar también a quien no quiera ejercitarlo y que, en ningún caso, ampara actos vandálicos y violentos”, opinan. Y recalcan que las comunidades “carecen de competencias” para aumentar el Salario Mínimo Interprofesional: “Es el Gobierno español, y en concreto el Ministerio de Trabajo, quien tiene la potestad para establecer y subir anualmente el SMI”.

También el Gobierno vasco, que ha celebrado su Consejo de Gobierno con total normalidad, ha criticado los incidentes, y han abogado por defender el SMI propio a través del diálogo social. Como ocurre en todas las huelgas, el entusiasmo de los sindicatos sobre el seguimiento del paro se ha minimizado por parte de la Administración, en el caso del sector público, o de las diferentes patronales.

A falta de datos más concretos al cierre de la jornada, a mediodía, los sindicatos cifraban la huelga en Educación en más del 80% en las 'haurreskolak', más del 80% en las ikastolas, más del 60% entre el profesorado del sector público y más del 65% entre el personal de servicios. Educación, por su parte, ha cifrado el seguimiento en los colegios publicos en un 49%. En la Administración general el dato es del 16,82%, en Prisiones únicamente diez personas han hecho huelga, en Euskotren ronda el 19% y en Osakidetza un 12%, según las fuentes oficiales consultadas.

En el caso de los transportes, Metro Bilbao ha informado de que su servicio se ha desarrollado al 60% de un día normal, aunque los servicios mínimos fijaban la frecuencia de trenes en un 30%. También Bilbobus o Lurraldebus han circulado muy por encima de los servicios público. Tuvisa, en Vitoria, tenía solamente al 13% de huelga a primera hora.

En cuanto al seguimiento en la industria, el balance de los sindicatos es de una incidencia máxima en el sector industrial, sobre todo en Gipuzkoa, con muchas fábricas que han tenido que parar la producción, como KSB Itur; Inda Taldea; Elmubas; Korta; Ampo; Mendiaraz; Corrugados; Natra; Garay; Elay; Tesa; Yurrita; Arcelor Bergara; Ikankonitrek; CIE Legazpi; GKN; Indar; Hine; CAF de Irun y Beasain; Niessen; Lau lagun; Ubis; Mendiola; Ahlstrom; ITV zerbitzuak; Biele Azpeitia, Guerra Hnos Beasain; ABC Eibar; JMA; o Indaux. También la huelga ha tenido impacto en Irizar, Orona, Fagor Electronica, o Ulma Embedded.

El seguimiento de la huelga también está siendo muy amplio en importantes empresas de Bizkaia, como Cementos Lemona, Kide, Cikautxo, Nemak, Kauxot, Kutenik, Losal, Bruss, Pronutec, Teknia, Sermanfer, Winoa, Ingeteam, Alstom, Gestamp, Arisawa y Salica. En Álava lo mismo, con paro en Cie Goian, AEG, Cie Nova Recyd, Cie Gameco, SAS Autosystemtechnik, Fibertecnic, Dominion, Tauxme, Wec, Arcelor y Laminaciones Arregui, según informan los sindicatos. Además, han destacado el impacto en las empresas de Aiaraldea, por ejemplo en empresas como Maderas de Llodio, Tubos Reunidos -que está en huelga indefinida- , Tubacex, Inausa, Amurrio Ferrocarril o Envases Metalúrgicos. Otras grandes empresas, alavesas como Mercedes o Michelin han trabajado con normalidad. En Navarra, los sindicatos han destacado el paro en empresas como Funvera, Savera, Torraspapel, Lakuntza Calor, Barranquesa, Omnia, Magotteaux, Arcelor Lesaka, Portland, Aceros Moldeados, GhGuema, Mecaisa o Guerra Hnos y en otras compañías como Kybse, Icer Rail o Ingeteam, entre otras.

En el comercio el seguimiento ha sido desigual, y muchas tiendas han cerrado al paso de las columnas de manifestantes. En Bilbao, en Pull & Bear han accedido tirando la ropa de la tienda y golpeando los escaparates.

Las manifestaciones volverán a tener lugar esta tarde. Los sindicatos, que han convocado a una reunión a las patronales la próxima semana para negociar el SMI propio y advierten a los empresarios de que el seguimiento de este martes les ha dado fuerza para seguir: “No pararemos hasta conseguirlo”.

Miles de personas se han manifestado este martes por las calles del centro de Pamplona para reclamar un salario mínimo propio de 1.500 euros para Navarra, superior a los 1.221 euros que marca el SMI de España. Convocados por los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Etxalde e Hiru, han partido de la Plaza del Castillo pasadas las 12.45 horas del mediodía en una jornada de huelga general también convocada en Bizkaia, Gipuzkoa y Álava.

Encabezada por una pancarta con el lema 'Gutxieneko soldata hemen erabaki. SMI 1.500. Mejorar salarios para repartir la riqueza', y con carteles con mensajes como 'Cuando el salario no alcanza, la dignidad se organiza', o 'Mejorar los salarios para repartir la riqueza', la manifestación ha recorrido varias calles del centro de la capital navarra para finalizar de nuevo en la Plaza del Castillo.

“El salario mínimo que a día de hoy se decide en Madrid es insuficiente para garantizar una vida digna en Navarra”, ha señalado el coordinador de ELA en Navarra, Imanol Pascual, que ha destacado que lograrlo “sería un avance para hacer frente al aumento de la pobreza”. “Las empresas tienen que dejar de tener tanta cara, dejar de hablarnos de absentismo, y remar, poner de su parte y convertir en realidad el salario mínimo”, ha criticado Imanol Karrera, responsable de LAB en Navarra.

Los representantes de los dos sindicatos convocantes de la jornada de huelga han lamentado que la semana pasada en el pleno del Parlamento de Navarra tan solo EH Bildu y Geroa Bai apoyaran una proposición de ley para defender en el Congreso de los Diputados desentralizar el salario mínimo. Así, han afeado al PSN y a Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre) por “sumar sus votos” a los de UPN, PP y Vox para “echar por tierra esta reivindicación”.

A la presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, le han reprochado que haya pasado “a la historia en Navarra por ser la primera presidenta que renuncia a tener competencias para mejorar el salario en su tierra y mejorar los salarios de sus trabajadores y trabajadoras”. “Fue un error garrafal. Hoy, viendo esta imagen, que tome nota, porque está a tiempo de corregirla”, ha apuntado el portavoz del sindicato LAB.

Los representantes de los dos sindicatos también han criticado la ausencia de UGT y Comisiones Obreras (CCOO), a quienes han emplazado a sumarse a la mesa de negociación del próximo 25 de marzo con la patronal para negociar que la comunidad foral pueda tener un salario mínimo propio y más elevado. “Son miles y miles de trabajadores y trabajadoras en Navarra los que han dicho 'sí' a nuestra reivindicación, y creemos que esta huelga general va a ser el impulso decisivo para conseguir que Navarra tenga un salario mínimo de 1.500 euros”, ha destacado Karrera.

Sobre datos de seguimiento, el portavoz de ELA, Imanol Pascual, ha señalado que “está teniendo un seguimiento importante” en Navarra, fundamentalmente en la zona norte, donde el seguimiento “está siendo total”. También “está teniendo incidencia” en el cordón industrial de la Comarca de Pamplona y en la zona de Estella. El seguimiento “está siendo menor” en la Ribera, “aunque también hay empresas importantes que están teniendo seguimiento” y donde la huelga “está teniendo incidencia”.

“La valoración es positiva, el número de personas que se están movilizando evidencia que hay una mayoría social en Navarra que quiere que se decidan aquí sus condiciones laborales”, ha aseverado.

Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, así como también Navarra, han afrontado este martes una huelga general. La mayoría sindical vasca, encabezada por ELA y LAB, pero con el apoyo también de otras organizaciones, reclama un salario mínimo propio, diferenciado y superior al vigente en España. Habla de 1.500 euros, frente a los 1.221 euros vigentes ahora. elDiario.es/Euskadi recoge aquí las incidencias, declaraciones, imágenes y vídeos de la jornada.

Y te dejamos también algunas piezas destacadas de la jornada:

Euskadi afronta este martes una huelga general para reivindicar un salario mínimo propio, diferenciado y superior al vigente en el Estado, para equipararlo con un nivel de vida, y, por tanto, unos precios, más elevados que en otras comunidades autónomas. Los sindicatos convocantes -que llaman a parar en Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra- han fijado este salario en un mínimo de 1.500 euros, frente a los 1.221 euros vigentes ahora en todo el Estado.

ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde anunciaron esta convocatoria ya en el mes de diciembre y con ella quieren paralizar el país ante “el saqueo de la patronal”, dicen, que se niega a la negociación para subir este salario. Pero la huelga dirige también sus reivindicaciones contra los políticos que no reclaman al Estado competencias para que Euskadi legisle sobre la materia. La huelga va del huevo, pero también del fuero. Es decir, del dinero que debe estar en el bolsillo de los trabajadores, pero también de competencias para que Euskadi pueda legislar sobre ello.

En estos meses se han sumado al paro sindicatos como ESK, que ha presentado la convocatoria por su cuenta, y CNT y EHKS -el movimiento comunista vinculado a GKS- que han decidido en asamblea compartida unirse al paro, lo mismo que Ikasle Sindikatua o el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria. También partidos como EH Bildu han instado a la población a sumarse a la huelga para “garantizar salarios dignos frente a la carestía de la vida”, y además, reivindicar “capacidades” para “decidir en Euskal Herria los asuntos que atañen a los trabajadores”. Podemos también se suma a la reivindicación “para atajar la gravísima pérdida de poder adquisitivo de las y los trabajadores vascos”.

Es decir, la convocatoria de huelga tiene un importante apoyo, y cuenta en Euskadi con la mayoría sindical que otorgan los sindicatos nacionalistas, ya que UGT y CCOO no secundan el paro. El hecho de que la huelga no sea unitaria entre los sindicatos llevará a un seguimiento desigual en algunos sectores. El impacto en Navarra se prevñe mucho menor, ya que ELA y LAB no tienen mayoría en la comunidad foral.

UGT y CCOO han decidido no sumarse al paro porque creen que la vía para conseguir un SMI propio en Euskadi, acorde con el coste de la vida, algo que comparten todas las centrales, debe ser la negociación colectiva. Por eso, ambos sindicatos han participado en los llamamientos a la patronal para abordar una negociación, pero no en las iniciativas para modificar la legislación ni tampoco en la convocatoria de huelga. Por las mismas razones -que el SMI propio debe fijarse mediante la negociación colectiva- tampoco apoyan el paro desde Sumar, que lidera la cartera de Trabajo en España.

Los convocantes quieren conseguir con la huelga general lo que no han logrado ni por la vía de la negociación, ni por la judicial, ni tampoco por la presión política. La patronal vasca, Confebask, se niega a sentarse a negociar para establecer este salario mínimo, porque consideran que un SMI propio supondría un “riesgo a la competitividad y la sostenibilidad de las empresas vascas”. Por un lado, por las diferencias de costes salariales con otras comunidades autónomas, pero también porque supondría elevar el mínimo salarial en todos los convenios y el resto de los salarios se negociarían al alza.

Tres veces se ha negado Confebask a secundar la convocatoria de las centrales, que decidieron denunciar ante los tribunales esta negativa a la negociación. Pero del TSJPV llegó un nuevo varapalo. El tribunal reconoce que la patronal no tiene por qué sentarse a negociar algo para lo que no tiene competencias, ya que la legislación laboral que fija este salario, es básica, y por tanto exclusivamente estatal. Y ahí entra la negociación política, de momento, también fracasada. El Parlamento Vasco dio portazo a tramitar la ILP que presentaron los sindicatos avalada por 138.495 firmas con los votos de PNV, PSE-EE, PP y Vox. Solo EH Bildu Y Sumar apoyaron tramitar la ILP, en la que lo que se planteaba era precisamente que desde la Cámara Vasca se instara a las Cortes Generales a que habiliten a las comunidades autónomas a establecer sus propias políticas en esta materia.

Decaída la posibilidad del Parlamento Vasco los sindicatos, junto a centrales nacionalistas de otras comunidades autónomas, han explorado la vía de reuniones con los partidos con presencia en el Congreso para que apoyen su reclamación de modificación del Estatuto de los Trabajadores para que las comunidades autónomas puedan legislar sobre la materia. Pero, al margen de las reuniones, hoy por hoy, es una posibilidad que está muy lejana.

Las centrales han considerado que ante la cerrazón a las diferentes vías que han intentado, no se les ha dejado otro camino que la huelga general, aunque la convocaron con tres meses de antelación. Será la primera huelga general que se plantea durante el Gobierno de Imanol Pradales, y también la primera que tiene lugar desde enero de 2020, justo antes de la pandemia de la COVID-19. Después han tenido lugar paros en sectores concretos, como los funcionarios, o la Educación, pero no generalizada.

La previsión con la que cuentan las centrales convocantes es que el paro sea “multitudinario y exitoso”, después de contar con las adhesiones de 1.750 comités de empresa y comités de personal; además, se han adherido más de 100 agentes sociales, jóvenes, estudiantes, agentes ecologistas, antirracistas, feministas, pensionistas.

Entre las empresas que ya han hecho público el resultado de sus asambleas de adhesión a la huelga están algunas importantes por su tamaño como CAF, en Beasain y en Irún, Biele (Azpeitia), Indar (Beasain), Arcelor-Bergara, Fagor Electrónica (Arrasate-Modragón), Irizar (Ormaiztegi), ABB (Eibar), JMA (Arrasate) y Aralar Papelera (Amezketa). O centros escolares como Salbatore Mitxelena Ikastola (Zarautz), Arizmendi Ikastola (Arrasate), Laskorain Ikastola (Tolosa) y GKN-Legazpi. También Ayuntamientos como el de Oñati, Hernani o Tolosa. Aunque se prevé que “en las próximas horas” se produzcan más adhesiones, a medida que se vayan celebrando las asambleas. También se han convocado concentraciones en centros de Osakidetza. Otros como el comité de empresa de Bilbobus, han desmentido que apoyaran el paro, como se dijo en un primer momento por parte de los convocantes.

“Las posibilidades de conseguir un SMI propio siguen abiertas”, señalan desde ELA y LAB, por lo que subrayan la “importancia de sumarse a la huelga”. Consideran que la respuesta a su ronda con los partidos políticos en Madrid ha sido “satisfactoria”, en lo que se refiere sobre todo a la “voluntad mostrada por algunos partidos soberanistas para de llevar al Congreso una Proposición de Ley para su debate, con el fin de modificar el Estatuto de los Trabajadores”, como han pedido las centrales.

Además, el nuevo contexto de guerra en Irán se añade a las reivindicaciones sobre el salario mínimo. “También será una huelga contra la guerra y a favor de la justicia social. El encarecimiento de la vida se está agudizando a raíz de los ataques imperialistas de Estados Unidos e Israel contra Oriente Próximo, y son precisamente las medidas para combatir ese encarecimiento las que se reivindicarán con la huelga general: repartir la riqueza, mejorar salarios y decidir aquí el SMI”, señalan las centrales, que llevan desde el simbólico cincuenta aniversario del 3 de marzo de 1976 en Vitoria calentando motores. Este jueves se concentraron ante el Parlamento Vasco y la Ertzaintza tuvo que emplear tenazas para liberar a un sindicalista de LAB que se había encadenado en el cercado del Parlamentopara llamar a la huelga general .

El paro arrancará con diversos piquetes a partir de las 5.00 horas de la mañana. A las 11.00 habrá diversas columnas de manifestantes en Bilbao, Donostia, Vitoria, Eibar, Pamplona y Tudela. Por la tarde nuevas manifestaciones a las 18.00 horas en Bilbao, Vitoria, Donostia y Pamplona. El Gobierno vasco, de su lado, operará con normalidad y ya ha anunciado que en el Consejo aprobará su plan de choque por el impacto económico de la guerra en Irán.

Transporte al 30% y centros de salud como un sábado

El Gobierno vasco ha publicado ya la orden por la que se decretan los servicios mínimos en aquellas actividades consideradas esenciales en línea con lo decretado en paros anteriores. En el sector sanitario los centros hospitalarios trabajarán, con el personal habitual de un festivo -pudiéndose dar altas médicas- los servicios de urgencia, cocina, reparto de comida, la limpieza estrictamente necesaria para el funcionamiento de estos servicios y la atención debida a personas enfermas hospitalizadas. Se mantendrán, también, los procesos de diálisis y tratamientos oncológicos predeterminados y los indemorables.

En atención primaria, habrá personal como un sábado, mientras que en los PAC y servicios de emergencia trabajará el cien por cien del personal. Los servicios de 'call center' estarán al 50% del personal que habitualmente presta estos servicios. Las empresas del sector del transporte sanitario mantendrán los servicios de urgencias, el transporte programado para los tratamientos de hemodiálisis, oncológicos y para el hospital de día, el transporte urgente interhospitalario que se produzca, siempre que sea acreditado mediante certificado médico o se precise del uso de camilla, las altas hospitalarias que precisen de la utilización de camilla. Todos estos servicios se atenderán con el con el cien por cien del personal.

En el sector educativo se garantiza una persona del equipo directivo y una persona de la plantilla de subalternos por turno para la mañana y otra para el turno de tarde, además de una profesora por cada etapa educativa (Educación Infantil, Educación Primaria, ESO, Bachiller y Formación Profesional). En las etapas de Educación Infantil, tanto del ciclo 1, como del ciclo 2 y en la etapa de Educación Primaria, a partir de 100 alumnos matriculados en cada etapa, se añadirán un profesor en cada etapa correspondiente. Y a partir de 200 alumnos, se añadirá otro y así sucesivamente. En la Universidad, una persona de la plantilla de conserjes por cada turno para garantizar el acceso y, a efectos de realización de los exámenes planificados en el calendario académico que tengan rango de evaluación final, un profesor responsable de la realización del examen.

Los transportes, autobuses, trenes, tranvías, funiculares y transporte fluvial, mantendrán un número de servicios equivalentes al 30% de los ordinarios programados en las franjas horarias coincidentes con la convocatoria de huelga. Dicho porcentaje ha de ser distribuido de forma tal que se prioricen aquellas líneas que carezcan de servicios de transporte alternativo o que tengan por destino centros sanitarios. Asimismo, habrán de cubrirse especialmente los horarios de entrada y salida a los centros de trabajo. Los servicios que, en su caso, tengan su inicio con anterioridad a las horas de comienzo de la huelga deberán seguir realizándose hasta concluir su trayecto habitual. Igualmente, han de mantenerse los servicios de mando, coordinación, control y seguridad en los medios de transporte con una persona por cada puesto de estos servicios y en cada turno.

Se garantizará el funcionamiento del 20% de las gasolineras. La determinación se efectuará por la patronal del sector en cada territorio, oídas las respectivas organizaciones sindicales con representación en el sector. Las empresas y organismos encargados de la producción y suministro de energía eléctrica, producción y distribución de gas y depuración y suministro de agua, garantizarán la prestación del servicio manteniendo el personal correspondiente a un día festivo. En las empresas de telecomunicaciones, para la realización de labores de mantenimiento se mantendrá el personal de un festivo de este grupo de personal.

En los servicios de emergencias y seguridad vial de las administraciones públicas y los servicios de 112 la atención se mantendrá en su totalidad. El resto de estos servicios (atención de emergencias y meteorología, bomberos, emisoras y comunicaciones de emergencias, mantenimiento de carreteras, incluido el servicio de vialidad invernal y emergencias en pantanos, ríos y montes, Protección Civil, Centro de Gestión del Tráfico de Euskadi...) se mantendrán con el personal equivalente al de un día festivo de esta época del año. En el área de comunicaciones e informática del Departamento de Seguridad, el servicio se mantendrá con un técnico de operación y monitorización por turno.

Las residencias de mayores o con dependencia se mantendrá el 50% del personal que realiza la atención directa, salvo en el horario habitual de la comida, y de 08.00 a 10.30 de la mañana, y de 20.00 a 22.00 horas en que este porcentaje se incrementará en un 10%. Exclusivamente, en aquellas residencias donde el perfil de las personas usuarias tenga, en más de un 70%, niveles de dependencia reconocida de grado II o III, el personal gerocultor o asimilado será del 70%. En el turno de noche, se prestará servicio por el 100% del personal de atención directa y las tareas a desarrollar serán única y exclusivamente las configuradas como de “atención directa”.

El personal sanitario será del 50%, lo mismo que el de cocina, que se ocupará exclusivamente las referidas a la preparación de los alimentos. El personal de limpieza se mantendrá en un 20% limitándose a áreas que supongan un riesgo grave e inminente para la seguridad o la salud de las personas. Los centros de día, mantendrán también el personal al 50%.

Los sindicatos y la dirección de Tubos Reunidos no han llegado a un acuerdo. La última reunión que se ha llevado a cabo este viernes en Bilbao ha ratificado el rechazo sindical a las condiciones ofrecidas por la empresa para la salida de 301 trabajadores, pese a los altibajos de los últimos días y de que la plantilla de Trápaga -mucho menos afectada por el ERE que la de Amurrio, con sólo 27 personas- votara el jueves en referéndum aceptar la oferta de la dirección. “Seguiremos defendiendo el empleo en la empresa, hoy ha ganado la dignidad y la coherencia”, han señalado los sindicatos.

La empresa ha señalado que aplicará el ERE, aunque ya sin acuerdo con la parte social, y estudiará “todos los escenarios que se abren ante esta nueva situación”. De entrada, ha advertido de que “la reestructuración de la deuda con la SEPI y con entidades financieras, así como la búsqueda de financiación quedan seriamente afectados”.

A partir de ahora se abre un escenario incierto para la empresa, que en esta última reunión ha ofrecido que se aplicara el ERE “exclusivamente de forma voluntaria”, una comisión de estudio de la continuidad de la acería de Amurrio, que se prevé cerrar, y una bolsa de trabajo para las salidas. Todo ello estaba supeditado a que se aceptara en referéndum las condiciones del ERE por las dos plantas, Amurrio y Trápaga, lo que se ha rechazado por la parte sindical.

La negociación ha abierto una brecha indiscutible entre las dos plantas, con Trápaga favorable al acuerdo, y Amurrio en contra, y también dentro de los propios sindicatos. ELA ha vuelto a dejar claro este viernes que los que eran sus delegados en Trápaga “no representan al sindicato” tras votar por aceptar las condiciones del ERE. También se ha dado un cisma en UGT. Este sindicato votó el lunes por continuar las negociaciones con la empresa, lo mismo que CCOO y los delegados de ELA en Trápaga, y sus representantes votaron en la planta vizcaína a favor de aceptar la oferta de la empresa. Sin embargo, la noche del jueves UGT en Amurrio también anunció que no aceptaría el ERE, lo que ha dado la mayoría en la mesa sindical a los contrarios a aceptar la condiciones ofertadas por la empresa.

Desde la empresa han insistido en que “la bajada de la demanda y por consiguiente la sobreproducción que existe en la actualidad es estructural, por lo que hay que redimensionar la compañía”. “De hecho, en los últimos diez ejercicios Tubos Reunidos únicamente ha dado resultados positivos en dos de ellos”, sostienen. Por eso, ha advertido de que “la empresa se ve obligada a aplicar el ERE, y a estudiar todos los escenarios que se abren ante esta nueva situación”, han señalado, abriendo la posibilidad a un proceso concursal si no consigue reestructurar la deuda.

Hay que tener en cuenta que no tener cerrado el acuerdo social dificulta mucho estas negociaciones con los acreedores. Sobre todo si el ERE se judicializa y se abre un proceso que puede ser muy largo. “Los siguientes pasos que era la reestructuración de la deuda con la SEPI y con entidades financieras, así como la búsqueda de financiación quedan seriamente afectados”, señala la compañía. Los trabajadores arrancarán además este domingo una huelga indefinida en la planta de Amurrio.

ELA ha afirmado tras la reunión que seguirá “defendiendo el empleo” en las plantas de Tubos Reunidos tras “lograr que el ERE para despedir a 301 personas no se haya aprobado” y ha advertido de que sus delegados en Trápaga, que eran favorables al acuerdo, “ya no representan” al sindicato. Han señalado, por otra parte, que el futuro de Tubos Reunidos “no pasa por los despidos, sino por un proyecto industrial que corrija la nefasta gestión de los últimos años, lastrada por el reparto indebido de beneficios”. LAB, por su parte, ha afirmado que “ha ganado la dignidad, la coherencia y la lucha de clases” frente “al chantaje, la amenaza, el miedo y el posibilismo”. “Hoy ha quedado claro que no ha habido ningún acuerdo en el ERE de Tubos Reunidos. Tanto quienes defendíamos que el periodo de consultas había finalizado el lunes sin acuerdo como quienes apostaban por una prórroga han confirmado finalmente que no existe ningún tipo de firma”, ha afirmado el sindicato.

Antes de que se cerrara la posibilidad de un acuerdo, el consejero Mikel Jauregi ya insistía en las dificultades para la viabilidad de la empresa. Aunque señalaba que siguen en conversaciones con la SEPI para reestructurar la deuda, se preguntaba “quién es el valiente que en estas circunstancias”, con un conflicto bélico en Irán, “va a entrar a rescatar a Tubos Reunidos”. Una situación a la que se une ahora una reestructuración de plantilla sin acuerdo social.

EH Bildu y Geroa Bai no han logrado apoyos este jueves en el pleno del Parlamento de Navarra para enviar una proposición de ley al Congreso de los Diputados con el fin de impulsar un salario mínimo interpofesional (SMI) propio para Navarra. La iniciativa de estas dos formaciones se hace eco de la reivindicación que están impulsando los sindicatos ELA, LAB, Steilas, Hiru y Etxalde para un SMI propio en Navarra y Euskadi, motivo por el cual han convocado una huelga general el próximo 17 de marzo.

En el debate de la iniciativa de EH Bildu y Geroa Bai en el pleno del Parlamento de Navarra, UPN se ha abstenido, mientras que PSN, Cotigo/Zurekin, PP y Vox han votado en contra.

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha afirmado en la defensa de la iniciativa que la economía de Navarra “está más industrializada que la de otros territorios, la productividad por trabajador es de las más altas del Estado español y también es más alto el porcentaje de riqueza generada por cada persona”. “En Navarra, los precios de muchos de los productos y servicios son más altos que en el Estado español”, ha indicado, y ha señalado que la subida del salario mínimo en Navarra “ayudaría a una distribución de la riqueza más justa, ayudaría a reducir la pobreza, a reducir el número de personas en riesgo de exclusión social, a estrechar la brecha salarial de género, así como a estrechar otras brechas salariales como la de origen, de edad o de diversidad”.

En la misma línea, el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha afirmado que esta proposición de ley “parte de la premisa de que Navarra tiene una realidad económica y social propia, que tenemos un coste de vida más alto, que tenemos una mayor productividad, y por lo tanto, también entendemos que deberíamos poder contar con instrumentos que permitan adaptar determinadas políticas a esa realidad”.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha señalado que el SMI “forma parte de un núcleo de legislación laboral española y no estamos ante un simple debate político, sino que es una cuestión que afecta al reparto competencial de nuestro país y al conjunto de las Comunidades Autónomas, y cambiar el SMI exige un debate más profundo, jurídico también, mayor de lo que se plantea en esta Cámara”. “Estamos dispuestos a hablar de ello, no tenemos ningún inconveniente. Tiene su lógica que el SMI se pueda acercar a la realidad de cada territorio. UPN no va a renunciar a tomar decisiones en Navarra, pero no creemos que un debate como el del SMI pueda solventarse de forma aislada”, ha asegurado.

Por parte del PSN, Arantza Biurrun ha considerado que “la proposición de ley que nos traen aquí no va de autogobierno, de desarrollar una competencia propia que ha quedado claro que no tenemos, la proposición de ley que hoy nos visten de justicia social va de reivindicación soberanista, de construcción nacional”, y ha llamado la atención sobre el hecho de que el PNV en Euskadi no ha compartido la reivindicación de EH Bildu. “Frente a esta propuesta queremos diálogo social, negociación colectiva y acuerdo interprofesional”, ha señalado.

La parlamentaria del PPN Irene Royo ha indicado que, “en apariencia”, la proposición de ley “pretende acercar los salarios a la realidad de cada territorio, pero en la práctica abre la puerta a romper la igualdad laboral entre españoles, genera riesgos económicos y desdibuja el papel constitucional de la negociación colectiva”.

El portavoz de Contigo/Zurekin, Carlos Guzmán, ha afirmado que su grupo no quiere que “ni un solo trabajador navarro tenga condiciones socioeconómicas peores que los trabajadores del resto del país, pero tampoco queremos que ni un solo trabajador español tenga peores condiciones socioeconómicas que las que tienen los trabajadores o las trabajadoras de Navarra”. “Hoy abordamos una propuesta política nacionalista que no podemos compartir”, ha señalado.

El portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha expuesto que esta iniciativa legislativa no representa “una mejora laboral, es un nuevo paso en esa agenda separatista de EH Bildu para romper España por dentro, fragmentando derechos que deben ser iguales para todos los españoles”. “Un navarro ganará más que un extremeño o un andaluz por el mismo trabajo. Eso no es justicia social. Es discriminación territorial”, ha asegurado.

Los trabajadores de Tubos Reunidos en Amurrio han decidido iniciar una huelga indefinida a partir del domingo 15 de marzo en contra del ERE que afecta a 301 trabajadores,  274 de ellos en la planta de esta localidad alavesa, donde se va a cerrar también la acería, y 27 en la planta vizcaína de Trápaga. El inicio de la huelga indefinida ha sido decidida por el comité de empresa con el apoyo de ELA, LAB y ESK. No así por CCOO y UGT.

La decisión se ha comunicado a la asamblea informativa que se ha celebrado en la planta alavesa, pero no se ha votado. La última reunión con la dirección el pasado lunes ya puso de manifiesto las diferencias entre los sindicatos, con UGT y CCOO y ELA -en este caso sólo en Trápaga- favorables a seguir negociando con la empresa, y el voto en contra del resto.

ELA por cierto, ha señalado que para seguir representando al sindicato, “hay que defender el empleo y no avalar el ERE actual de Tubos Reunidos”, en clara alusión a sus representantes díscolos en la planta de Trápaga, donde ha convocado una asamblea con la afiliación este jueves. Aunque los delegados de ELA en la planta vizcaína se rebelan ante la dirección, y aceptan las condiciones del ERE presentado por la empresa. De hecho, en una asamblea de afiliados convocada este miércoles en la planta vizcaína, han apoyado aceptar el ERE el 95%: de los 113 afiliados de ELA que han participado en la votación, 107 han votado a favor de aceptar la última oferta empresarial y seis trabajadores han rechazado esta posibilidad.

“Tenemos a la plantilla detrás, que nos estaban pidiendo que intensificáramos las movilizaciones”, ha señalado el representante de ESK en Amurrio Gorka Abaskal. Con el no de los trabajadores de Amurrio se da portazo a la última oferta de la empresa, y avanzan que no quieren aceptar más propuesta que la retirada del ERE.

La dirección de momento no ha rebajado en ningún momento la cifra de despidos ni modificado su decisión de cerrar la acería. Lo que sí ha hecho es mejorar las condiciones de las salidas: prejubilaciones desde los 57 con un plan de rentas al 70% del salario bruto, un convenio especial con la Seguridad Social a partir de los 63 años y, para las salidas voluntarias, una indemnización de 45 días por año trabajado con máximo de dos años, más 1.500 euros adicionales por año de trabajo hasta un máximo de diez años.

En principio, el próximo viernes está prevista una nueva reunión entre los sindicatos y la empresa, aunque ELA (Amurrio), LAB y ESK consideran las negociaciones ya están finalizadas porque la dirección no acepta la retirada del ERE. Lo que quieren las centrales convocantes de la huelga general es que no se produzca ningún despido. Es decir, que la empresa retire el ERE para empezar. Después estarían dispuestos a negociar un plan social en el que sólo se contemplaran prejubilaciones salidas voluntarias, ninguna forzosa.

La decisión se huelga indefinida se acompañará de una intensificación de las movilizaciones en un intento de presionar a la empresa, pero también a las instituciones para que impidan la pérdida de empleo. Este miércolesles se han concentrado en el Parque Tecnológico de Zamudio donde se reúne la Mesa para la Defensa de la Industria, y el jueves llevarán su protesta a las calles de Vitoria.

El sindicato LAB, con un 54,01% de representación en la mesa negociadora, así como CCOO y UGT, han alcanzado un preacuerdo en la negociación del convenio colectivo de los comedores escolares de gestión directa de Euskadi con mejoras en ratios y avances salariales, y han decidido desconvocar las dos jornadas de huelga previstas para este miércoles y jueves. Según ha manifestado LAB en un comunicado, tras meses de negociación y movilización por parte de las trabajadoras del sector, el acuerdo recoge “importantes mejoras laborales, salariales y sociales”, como la modificación de los ratios en el aula de 3 años y en educación primaria. Ha añadido que esta mejora ha sido posible tras las conversaciones mantenidas por el sindicato con el Departamento de Educación y supone “un avance importante para mejorar la atención al alumnado y las condiciones de trabajo del personal”.

En el caso de las aulas de tres años, se establece una monitora cuando se superen los 20 alumnos, mientras que en educación primaria, el ratio se reducirá de 37 a 30 alumnos para el curso 2027-2028. Hasta entonces, en los cursos de 1º a 3º se incorporará una monitora más cuando se superen los 30 alumnos. Asimismo, se recoge la equiparación salarial con el personal de cocina del Gobierno vasco, lo que supondrá una subida del 6,5% al inicio de los contratos de las nuevas licitaciones, que se aplicará como máximo en enero de 2027. Además, el preacuerdo mantiene el calendario de subidas salariales para el personal laboral entre 2024 y 2028, con un incremento del 0,5% en 2024, del 2,5% en 2025, del 1,5% con posibilidad de añadir un 0,5% adicional en 2027, del 4,5%, incluyendo la equiparación salarial en 2027, y del 2% en 2028, informa Europa Press.

El preacuerdo también incorpora otras mejoras laborales y sociales, como la regulación de la limpieza de vestuarios en función de la antigüedad del centro, la inclusión en el convenio de un protocolo sobre antigüedad, la posibilidad de prórrogas en las excedencias y reincorporación anticipada y el anticipo de salarios. Asimismo, incluye el desarrollo de un plan de igualdad y protocolos frente al acoso y la violencia hacia personas LGTBI+, la mejora en la ropa de trabajo, con la incorporación de dos polares y un chubasquero, la modificación de los 10 días de permiso de excedencia a permiso no retribuido, la licencia de entre 3 y 5 días para acompañar a familiares en procesos de aplicación del derecho a la eutanasia, con posibilidad de disfrutarse hasta una semana antes, y la actualización de diversas licencias recogidas en el convenio. El nuevo convenio tendrá una vigencia de 2024 a 2030, “garantizando estabilidad para el sector durante ese periodo”, según ha remarcado el sindicato.

Desconvocatoria de la huelga

Tras la firma de este preacuerdo, los firmantes han decidido desconvocar las jornadas de huelga previstas para este miércoles y jueves, -este martes se ha desarrollado jornada de paro- reconociendo que “la lucha y la movilización de las trabajadoras han permitido alcanzar avances reales y significativos”. LAB ha asegurado que trasladará ahora el contenido del preacuerdo a su afiliación, que tendrá la última palabra para su ratificación. Desde LAB se subraya que estos avances “no habrían sido posibles sin la organización, la unidad y la lucha constante de las trabajadoras del sector, que han demostrado que la movilización y la acción sindical son herramientas eficaces para mejorar las condiciones laborales”.

Por su parte, ELA ha anunciado que no firma el convenio de comedores de Gestión Directa de Euskadi al considerar que el acuerdo alcanzado por LAB, CCOO y UGT no cumple los “mínimos exigidos” por las plantillas del sector. Según el sindicato, el texto no garantiza la equiparación salarial con los sectores de cocinas y limpieza en 2026, establece límites a las subidas salariales y no incluye ninguna referencia al IPC, lo que deja a las trabajadoras “sin garantías para mantener su poder adquisitivo”. En un comunicado, ELA también ha criticado que el convenio no recoge una jornada mínima en el sector, una medida que el sindicato considera “clave” para combatir la precariedad laboral.

Por otro lado, ha denunciado que el Gobierno vasco ha modificado la tabla de ratios únicamente para el personal de infantil y primaria, dejando fuera al personal de secundaria y al personal de office.

En su opinión, esta modificación parcial “no es suficiente” y sostiene que el acuerdo firmado “no responde a los mínimos fijados por las delegadas y delegados en las asambleas del sector, ni a las reivindicaciones defendidas durante los días de huelga”. Por último, ha reprochado que los sindicatos firmantes hayan optado por cerrar el acuerdo “pese al contexto de movilización”.

El periodo de consultas del ERE de Tubos Reunidos ha finalizado este lunes sin acuerdo. Al menos el periodo oficial, porque las partes volverán a reunirse el viernes 13, después de que hayan decidido darse un nuevo margen para que las centrales analicen con la plantilla la “última y definitiva oferta” que la dirección les ha puesto sobre la mesa: prejubilaciones desde los 57 con un plan de rentas al 70% del salario bruto, un convenio especial con la Seguridad Social a partir de los 63 años y, para las salidas voluntarias, una indemnización de 45 días por año trabajado con máximo de dos años, más 1.500 euros adicionales por año de trabajo hasta un máximo de diez años. Es una mejora sustancial de las condiciones iniciales del ERE que, sin embargo, no mueve ni un ápice el número de los despidos ni la decisión de cerrar la acería de Amurrio, las dos condiciones que planteaban los sindicatos como indispensables para dar por buena la negociación y lo que ha motivado la clara división entre las centrales ante la recta final del proceso de consultas.

La dirección de la empresa se ha negado en redondo durante todo el proceso de negociación a reducir los despidos ni a rectificar en el cierre de la acería porque considera que no puede salirse de la reestructuración que ha planteado para poder pasar al siguiente paso de negociar la deuda de 244 millones de euros con la Sepi y resto de instituciones y la banca, y garantizar la continuidad de la empresa. También se ha negado en la reunión de este lunes, la que en principio era la última.

A partir de ahí ha empezado la división de las centrales que han votado si seguir negociando o no divididas entre los sindicatos que conforman la mesa negociadora del ERE y también entre los representantes de las plantas de Amurrio y de Trápaga, afectados de forma muy diferente por los despidos. En concreto, de las 301 salidas 274 trabajadores son de Amurrio y 27 Trápaga, lo que ya les lleva a posicionamientos radicalmente diferentes.

A la hora de votar si continuar con las negociaciones o no, CCOO y UGT de ambas plantas han votado a favor de volver a reunirse el viernes, además de la representación de ELA en Trápaga. El resto de los sindicatos se han mostrado en contra de alargar el periodo de consultas. Son ELA de Amurrio y los sindicatos LAB y ESK de ambas plantas, que dan por finalizado el periodo de consultas y sin acuerdo, pese a que la dirección ha decidido citarles el viernes tras haberse registrado un empate en la votación de los sindicatos, para que “puedan analizar la oferta, consultar con la plantilla y decidir si la aceptan”, han señalado desde la empresa.

Los sindicatos que han votado en contra de seguir con la negociación porque no quieren negociar nada que no sea retirar el ERE, han reiterado en sendos comunicados tras el encuentro que las conversaciones están finalizadas. ELA ha denunciado también que la empresa “ha querido dividir a los y las trabajadoras de Amurrio y Trápaga, intentando facilitar así el acuerdo a la hora de ejecutar los despidos”. Esa división se ha plasmado precisamente en el voto de este sindicato. ESK ha abogado por “intensificar la lucha” y pedir la implicación de las instituciones. LAB también ha denunciado la “preocupante pasividad de las instituciones”, que siguen sin asumir su papel, han señalado.

La plantilla volverá a movilizarse este martes, y realizarán asambleas a lo largo de la semana con sus afiliados y con la plantilla para clarificar posturas. Coincidiendo con la reunión de este lunes han realizado manifestaciones y cortes de tráfico en varios puntos de Bilbao cercanos al Palacio Euskalduna, donde se ha celebrado el encuentro con la dirección.

Sidenor ha decidido cerrar el tren de laminación de su planta guipuzcoana de Azkoitia y unificar esta labor en su planta de Reinosa, en Cantabria, con lo que forzará el traslado de 36 trabajadores a las instalaciones cántabras, a dos horas y media de distancia de su lugar de trabajo actual. La empresa que preside José Antonio Jainaga ha comunicado este jueves la decisión al comité de empresa, que ha acogido con “preocupación” la medida porque consideran que puede comprometer el futuro de la planta guipuzcoana, donde actualmente trabajan 250 personas.

La empresa justifica la necesidad de “unificar la producción” en la situación del mercado, “con una caída de los pedidos que se arrastra desde hace varios años y que ya es estructural”, por lo que consideran que se trata de una medida “necesaria”. “La carga de trabajo existente es insuficiente para justificar desde un punto de vista productivo y organizativo el mantenimiento en funcionamiento de ambos trenes”, han señalado.

A través de un comunicado, la dirección de la empresa ha recordado que ya en octubre de 2022 fue necesario parar el tren de laminación de Reinosa y concentrar la producción en Azkoitia, primero durante seis meses y luego de forma indefinida. Posteriormente, se reactivó la actividad en Reinosa en octubre de 2023, por una mejora de las expectativas del mercado para el año 2024. “Lamentablemente dichas expectativas no se cumplieron, lo que obligó a la aplicación de un ERTE en las plantas de Azkoitia y Reinosa de abril de 2024 hasta octubre de 2025. Desde entonces se ha intentado paliar la situación con medidas de flexibilidad interna, pero debido al contexto de mercado con una caída de la demanda que ya es estructural, la compañía se ve obligada a tomar la decisión de concentrar la producción de los dos trenes de laminación en uno solo”, indican.

Aunque insisten en que la decisión “no supondrá medidas traumáticas para la plantilla, ya que 36 personas de Azkotia mantendrán su empleo en la planta de Reinosa”, la decisión se ha acogido con mucha preocupación desde los sindicatos. ELA ha considerado que se trata de “un nuevo paso en el desmantelamiento de la planta guipuzcoana”. “Esta medida consolida años de falta de inversión en la planta y supone, en la práctica, un despido encubierto para las personas afectadas”, han denunciado. “El problema no es la falta de trabajo, sino la falta de inversión en la planta de Azkoitia”, han señalado desde ELA, que ha manifestado además que la empresa busca debilitar la mayoría sindical de ELA y LAB en el centro de trabajo, ya que la plantilla está negociando el convenio en claro enfrentamiento entre los sindicatos nacionalistas y CCOO, UGT y USO. ELA ha anunciado movilizaciones y ha llamado a la ciudadanía a participar en la manifestación convocada el 11 de marzo en Azkoitia.

CCOO, UGT y LSB-USO han considerado, por su parte, que la decisión de cerrar el tren de laminación “tiene un impacto tan relevante como preocupante” para la planta guipuzcoana, ya que “puede afectar de manera significativa a su actividad y comprometer el futuro industrial del centro de trabajo”.

Sidenor ha comunicado la convocatoria para la constitución de la mesa negociadora el próximo viernes 13, proceso que la dirección “plantea al amparo del artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores, relativo a la movilidad geográfica”, que establece que los traslados de trabajadores a otro centro de trabajo “deben estar justificados por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, debiendo abrirse previamente un periodo de consultas con la representación legal de las personas trabajadoras”.

Los sindicatos nacionalistas vascos son más exigentes que los partidos con los que comparten la ideología soberanista. Mientras PNV y EH Bildu aprovechan la debilidad del actual Gobierno de coalición para poner precio a su apoyo parlamentario, ELA, LAB y otros sindicatos afines, fuerzan el actual proceso de transferencias laborales reclamando el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), precisamente cuando se acaba de acordar la cesión de las pensiones no contributivas, el subsidio del desempleo y puede que en breve el régimen económico de la Seguridad Social. Sabiendo que el SMI es una competencia exclusiva del Gobierno central, tras fracasar intentando lograrlo por el cauce de la negociación colectiva, recurren al procedimiento extremo de la huelga general.

ELA, LAB y el resto de sindicatos promotores de la huelga del 17 de marzo en Euskadi y Navarra, pretenden conseguir un SMI propio, patrio, actuando como grupo de presión. Su proceder constituye un reto con trasfondo competencial económico, político y jurídico. Es un intento que plantea serias dudas, en cuanto al método elegido para lograrlo y respecto a la posibilidad real de aplicarlo. Aunque, en la confrontación con el Gobierno central, tanto el éxito como el fracaso sirven para reforzar el sentimiento de afrenta y agravio que legitima el victimismo identitario. 

El callejón sin salida de una demanda justa  

El detonador de la huelga es la demanda de un SMI propio de 1.500 euros, un 21% superior a los 1.184 en vigor e incluso por encima de 1.385 euros, cantidad estimada en el estudio encargado por el Gobierno vasco. Esos 1.500 euros, abonados en 14 pagas mensuales, equivalen a los 21.624 euros anuales del SMI francés. Si fuese posible lograrlo significaría, además de una notable mejora económica, avanzar hacia la unificación, al menos retributiva, de Iparralde y Hegoalde. 

El 18 de julio de 2025, 'Naiz' recogía declaraciones de ELA y LAB referentes al informe del ejecutivo vasco. Cuestionaban que un SMI de 1.385 euros beneficiase a 66.000 personas, considerando que menos de 10.000 tienen un convenio colectivo actualizado en la CAPV. Conclusión: “... la propuesta del Gobierno vasco tendría un impacto marginal en la clase trabajadora vasca”. Esa valoración, que puede ser correcta, choca con la cifra utilizada por ellos mismos para justificar la huelga. El 10 de febrero de 2026 se decía en Gasteiz Hoy: “... mejoraría de forma directa la situación de 167.000 trabajadores y trabajadoras en Hego Euskal Herria”. Las cuentas de ELA y LAB no cuadran: con 1.385 euros son menos de 10.000 beneficiarios, con 1.500 euros favorece a 167.000 asalariados. 

Las contradicciones no acaban ahí. En el artículo de 'Naiz' del 18 de julio de 2025, ELA y LAB advierten: “las personas con salarios más bajos son 188.000 trabajadoras y trabajadores a los que se aplican convenios estatales y las 48.000 sin convenio de aplicación...”. Esos datos, difundidos por los sindicatos que denuncian a Confebask y CEN por negarse a negociar un SMI, prueban la imposibilidad de mejorar, precisamente a través de un convenio, las condiciones retributivas de la gente más necesitada. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) rechazó la demanda sindical por ser una atribución exclusiva del Gobierno español. 

Si la sentencia del TSJPV hubiese sido favorable a los sindicatos, no habría resuelto nada, al quedar fuera del marco de negociación el conjunto de asalariados que no están acogidos a un convenio pactado en Euskadi o Navarra. El Gobierno vasco asumía la demanda de un SMI propio y al encargar el estudio para evaluar su cuantía advirtió que, sin competencias para regularlo, tocaba encauzarla a través de la negociación colectiva. El fallo del TSJPV invalida también la propuesta negociadora del ejecutivo vasco. 

Aunque sindicatos y partidos nacionalistas se aprovechen de la atonía del Gobierno, Pedro Sánchez no podría hacer una concesión de tanto calado, con el riesgo añadido de que se amplíe a la caja común de las pensiones. Tales pretensiones plantearían un dilema, además de laboral, político y jurídico. Mas la amenaza de una huelga general de ámbito territorial limitado, convocada por un sector sindical específico, no tiene el potencial necesario para remover los cimientos del Estado.   

Puestos a ser radicales, los sindicatos promotores de la huelga del 17 de marzo podrían impulsar movilizaciones en defensa de las trabajadoras y los trabajadores con convenios congelados, sin actualizar y decaídos. Según el Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi, el año 2025 acabó con el 36,2 % de los convenios paralizados, figurando entre los sectores afectados: metal, oficinas y despachos, transporte, comercio, hostelería, construcción y limpieza. 

Los datos del CRL revelan que hay unas 370.000 personas sin convenio actualizado, más otras 50.000, la mayoría mujeres, que nunca han tenido convenio. Esta problemática encaja de lleno en el ámbito sindical y pone en entredicho la capacidad negociadora y la combatividad de la mayoría sindical vasca. Pueden empezar por resolver un conflicto, bien reciente, que afecta al aparato mediático del nacionalismo vasco. El domingo 15 de febrero, eldiario.es Euskadi publica este titular: Recepcionistas y azafatas de EITB denuncian “precariedad”: “Nuestros salarios llevan congelados una década”.

Los gobiernos autónomos de Euskadi y Navarra han contribuido a justificar la convocatoria de la huelga general, rechazando el debate parlamentario del SMI, avalado y respaldado mediante iniciativas legislativas populares. Además de torpeza política, constituye una vulneración del derecho democrático a participar en la actividad institucional. Lo mismo ocurrió con la ILP sobre la equiparación de las pensiones. En ambos casos se trata de una flagrante arbitrariedad. 

Los sindicatos convocantes de la huelga general implican en su campaña a sindicatos, también nacionalistas, de otros territorios. El objetivo común es modificar el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores: “... las comunidades autónomas podrán establecer un SMI aplicable en su territorio”. Sorprende que se busque apoyo para conseguir un SMI mejor, solo en Euskadi y Navarra, siendo más lógico plantear una lucha conjunta para conquistar una mejora general. Aunque, vista la correlación de fuerzas estatal, incluso con una legislación favorable, la aplicación de un SMI propio solo sería factible donde, como en la CAPV, sindicatos y partidos nacionalistas son hegemónicos. De modo que la alianza con “sindicatos de las naciones sin Estado” solo sirve para ampliar el eco mediático de una huelga con pretensiones soberanistas. 

El posicionamiento de las fuerzas políticas y sindicales respecto a la huelga general del 17M se podía adivinar incluso antes de convocarse. PNV, PSOE y PP por un lado, CCOO y UGT por otro, se oponen. EH Bildu la respalda, junto con el denominado Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria. La única duda, la de la izquierda de la izquierda, se despejó en un cordial encuentro.

La oportunidad del desmarque de la izquierda acomplejada

La trayectoria histórica de la izquierda situada a la izquierda del PSOE, identificada como federalista y alternativa, se caracteriza por el seguidismo respecto al nacionalismo radical, incluso convertida en su competencia electoral. La izquierda que pretende ser transformadora, parece no enterarse de que la seña de identidad del abertzalismo ya no es el radicalismo, sino el oportunismo. Basta observar el colaboracionismo de EH Bildu con el Gobierno de Pedro Sánchez, o las ofertas al PNV para formar una coalición electoral conjunta. Por otra parte, ELA y LAB practican un radicalismo escénico que se difumina cuando toca defender la escuela pública vasca o rechazar privilegios, como la asistencia sanitaria privada en algunas instituciones y los planes de pensiones privados (EPSV) en la administración pública. 

Pese a la trascendencia e implicaciones de una huelga general, la dirección de Podemos Euskadi no ha dudado en apoyar dicha convocatoria de forma acrítica y condescendiente, con los mismos argumentos de quienes la promueven, sin consultar a la militancia, sin analizar la posibilidad real de implantar en Euskadi un SMI propio, sin tener en cuenta que no evitaría la precariedad salarial, sin valorar las consecuencias que tiene para la clase obrera una huelga sin unidad sindical, sin comprender siquiera que está renunciando a ser alternativa política. La postura correcta hubiese sido animar a los sindicatos impulsores de la huelga a hacer causa común con los sindicatos de ámbito estatal, planteando ante el Gobierno central una demanda conjunta de alcance solidario. Las 61.000 personas que cobran el SMI en Euskadi son el 7% de la población asalariada, mientras que a nivel estatal son el doble, 14%.  

La dirección de Podemos Euskadi ha perdido la oportunidad de proclamar públicamente que el marco de relaciones laborales autónomo y el SMI propio, requieren un desarrollo del autogobierno sin encaje en el actual modelo autonómico. La alternativa es el estado federal, que no quieren asumir, ni como etapa intermedia, los partidos y sindicatos nacionalistas empeñados en llegar a la independencia a través de un proceso soberanista que, por lo visto, consiste en reclamar ventajas al Gobierno central. La huelga general del 17M resultará tan frustrante como la de las pensiones del 30 de enero del 2020. Aquella sólo sirvió para dividir al movimiento de pensionistas. Por tanto, lo consecuente habría sido permanecer al margen de esa discutible huelga general.

Recapitulación final

Los tribunales sentencian que las asociaciones patronales no pueden negociar un SMI de ámbito autonómico. Aunque pudiesen, no es posible llegar con la negociación colectiva hasta los sectores más desfavorecidos. Ha fracasado la vía contractual de aplicación de un SMI propio, reclamada por los sindicatos nacionalistas y avalada por el ejecutivo vasco. Es improbable que una huelga general limitada logre forzar al Gobierno central a modificar esa pieza clave de la legislación laboral. En consecuencia, dicha huelga supondrá un sacrificio inútil para las trabajadoras y trabajadores que la secunden, quedando en una nueva proclama del todo por la patria. Esa operación no debería contar con el apoyo de la izquierda de la izquierda. La alternativa para conseguir un SMI propio pasa por la transformación de la España de las autonomías en estado federal plurinacional.

Los trabajadores de Tubos Reunidos no irán, de momento, a la huelga indefinida. Pero sí endurecen sus movilizaciones como medida de presión contra los 301 despidos y el cierre de la acería de Amurrio que este lunes les presentó la dirección de la empresa. La asamblea de trabajadores ha convocado un total de 15 jornadas de paro, de las que cinco serán de 24 horas, coincidiendo con las reuniones con la empresa dentro de las negociaciones del ERE. El resto serán huelgas de cuatro horas por cada turno.

Los paros de 24 horas, además del convocado este viernes día 13 con motivo de la reunión con el Gobierno vasco, arrancarán durante el relevo de la noche anterior los días 17, 23 y 26 de febrero y 4 y 9 de marzo. En cuanto los paros de cuatro horas por turno, se llevarán a cabo los días 18, 19, 20, 25 y 27 de febrero y 2, 3, 5 y 6 de marzo. La plantilla hará grupos de trabajo para propaganda, movilizaciones, instituciones, comité de huelga y caja de lucha.

El calendario de movilizaciones se ha aprobado en una larga asamblea en la que se han añadido dos días más de paros parciales al calendario que proponía el comité. Los representantes sindicales se han reunido por la mañana para consensuar las medidas, y no ha prosperado la huelga indefinida que defendían, en un principio, ELA y ESK.

En la asamblea ha habido numerosas intervenciones de los trabajadores y debate, ya que los ánimos están caldeados entre la plantilla después de conocer el duro planteamiento del ERE que propone la empresa. Además, la dirección ha concretado mientras se desarrollaba la asamblea que de los 274 trabajadores de Amurrio afectados por los recrotes 170 corresponden a los empleados a la acería que se va a cerrar, lo que la plantilla ha identificado como un intento de dividir a los trabajadores de cara a las huelgas.

Tubos Reunidos despedirá a 301 personas en las plantas de Amurrio y Trápaga, casi un 24% de la plantilla. La dirección ha concretado este lunes a los sindicatos las cifras del ERE que aplicará dentro de un plan con el que pretende asegurar la viabilidad de la empresa, en números rojos y en situación crítica. Poco antes de arrancar la reunión con el comité, la dirección ha comunicado unas pérdidas el año pasado de 71,3 millones de euros, y una deuda que se ha incrementado hasta los 263,2 millones de euros. Y eso que son resultados “provisionales”, porque no está incluido el impacto del deterioro de los activos afectados por la caída de la actividad en Estados Unidos. Es decir, los números en rojos serán más y durante “largo tiempo”. La dirección ha señalado que los despidos se harán por fases para “minimizar el impacto social y con carácter progresivo, ya que se debe iniciar en paralelo un proceso de búsqueda de proveedores”.

Las salidas afectarían a 87 trabajadores eventuales y 214 personas fijas. La planta de Amurrio será la más afectada, con 274 trabajadores afectados por el ERE. Además, se ha anunciado la interrupción de la actividad de la acería de la fábrica alavesa. En Trápaga los despidos afectarán a 27 personas.

Las centrales han recibido la noticia como un mazazo, aunque el impacto en el empleo ya se preveía muy elevado. Los trabajadores están secundando de forma mayoritaria este lunes la primera de las dos jornadas de huelga convocadas en Amurrio -la segunda será el día 13- por lo que la mayoría de la plantilla ha recibido la noticia en concentrados en los alrededores de la planta alavesa, donde ha tenido lugar la reunión. La paralización de la empresa ha sido total, y por la mañana se han vivido algunos momentos de tensión con la Ertzaintza justo cuando la dirección accedía a la empresa en coches. Finalmente, los trabajadores han hecho un pasillo para desbloquear la entrada de los directivos sin que se hayan producido incidentes.

La dirección ha detallado en el encuentro con los sindicatos la difícil situación en la que se encuentra, tras cerrar el ejercicio 2025 con un resultado neto de 71,3 millones de pérdidas y un ebitda negativo de 22,8 millones de euros. Aunque la cifra de negocio fue 365,7 millones de euros, lo que supone un incremento del 13% respecto a 2024, “el menor precio medio que ha impactado en la rentabilidad”. Como consecuencia, durante el último año la deuda financiera neta ha aumentado de 234,3 millones de euros a 263,2 millones de euros. Estos datos son preliminares, ya que falta de incluir el importe del deterioro de los activos afectados por la caída de actividad en Estados Unidos que, previsiblemente, afectará significativamente al resultado neto“.

Tubos Reunidos ha justificado estas pérdidas por la evolución del mercado global de tubos de acero sin soldadura, fuertemente marcada por el actual contexto geopolítico y las tensiones en el comercio internacional. “Durante 2023 y 2024, el mercado estadounidense representó cerca del 50% de la facturación de la compañía. La eliminación de cuotas y exenciones en marzo, junto con el incremento de los aranceles al acero hasta el 50% en junio, provocó una caída significativa de los pedidos procedentes de este mercado”, han señalado.

Aunque la compañía reforzó su actividad comercial en mercados como Canadá, Alemania, India y Oriente Medio, “la introducción de nuevos aranceles en Canadá y la paralización o ralentización de proyectos a nivel global, derivadas de la inestabilidad geopolítica y económica, han limitado la entrada de nuevos pedidos”. En este contexto, aseguran que la empresa se ve“ obligada a presentar un plan de viabilidad”, que persigue como objetivo “adaptar la estructura productiva a la demanda prevista y mejorar la competitividad”.

Ejes del plan: diversificación, ERE, cerrar la acería y reducir la deuda

El plan de viabilidad que han presentado al comité constituido para negociar el ERE en las dos plantas afectadas se concreta en tres áreas de actuación: diversificación comercial, reducción de costes y reducción de la deuda.

La diversificación comercial se concreta con la apuesta por los mercados clave (Alemania, Italia, España y Arabia Saudí), el refuerzo de la posición de Tubos Reunidos como proveedor de productos descarbonizados como la gama de tubo cero emisiones y el desarrollo de acuerdos a medio y largo plazo con nuevos clientes.

La reducción de costes, entre la que incluye la suspensión de la actividad de la planta de Estados Unidos el año pasado, pasa por la interrupción paulatina de la actividad de la acería de Amurrio, la externalización de la elaboración de palanquilla y lingote, adaptándola al comportamiento de la demanda, y las salidas de personal vinculado al proceso productivo y a otras áreas que se ven afectadas de forma indirecta. Es decir, el ERE que afectará a 301 personas. “Estas medidas se producen como consecuencia de la falta de actividad suficiente por la caída de pedidos, lo que conlleva que el coste de producción unitario se haya disparado y haga inviable competir en el mercado con la actual estructura”, indica el plan presentado por la empresa y que se ha remitido también a la CNMV.

En cuanto a la reducción de la deuda, se considera “imprescindible” por la dirección junto a la reestructuración del balance. La deuda neta se sitúa en 263,2 millones de euros al cierre del ejercicio pasado, con vencimiento en 2028. “Todas estas medidas buscan como objetivo reforzar la competitividad de la compañía, adaptar su estructura a una demanda previsiblemente inferior en el medio plazo y asegurar la continuidad y sostenibilidad del proyecto industrial. En este sentido, el plan de viabilidad tiene como piedra angular el logro, a la mayor brevedad posible, de un acuerdo con los trabajadores que permita la continuidad del proyecto sin otras medidas de reestructuración más gravosas a las que la compañía se podría ver abocada en el caso de que no se consiga la puesta en marcha de todas las medidas del citado plan”. En tal sentido, han comunicado a los trabajadores que la compañía “deberá alcanzar un acuerdo laboral y financiero durante el tiempo legal de negociación del expediente de regulación de empleo, lo que sería esencial para la continuidad del negocio y la viabilidad futura de la sociedad de cara a evitar la adopción de medidas adicionales como resultado del deterioro experimentado”.

Tubos Reunidos fue rescatada por la SEPI hace cinco años tras la pandemia de COVID-19. Recibió en 2021 un total de 112,8 millones de euros concedidos por el Estado a través Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas (FASEE), que salvaron a la compañía de la quiebra, ya que en 2020, en plena pandemia, los números rojos superaron los 101 millones de euros, el doble que en 2019. Precisamente ese préstamo, que se hizo esperar y que permitió a la empresa volver a los números positivos -en 2022 ganó 43,5 millones de euros, el mejor resultado del grupo desde el año 2008-, está ahora en el punto de mira judicial. La Audiencia Nacional investiga presuntas 'mordidas' pagadas por la empresa, de hasta 114.950 euros según el magistrado instructor, supuestamente para engrasar el rescate de la SEPI y que finalmente se concediera.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) presidida por Garbiñe Biurrun también ha dado un portazo a la posibilidad de que se negocie un SMI vasco, y ha desestimado la demanda de ELA y LAB con la que se pretendía forzar judicialmente a la patronal a sentarse a negociar esta medida con los sindicatos. La sala considera que no puede forzarse a los empresarios a negociar este salario porque “afectaría a todas las personas trabajadoras”, es decir, estén sujetas a un convenio o no, y esa es una competencia que es del Gobierno central. Lo que significa que considera justificada la negativa de Confebask a no sentarse en las mesas de negociación.

ELA y LAB basaban su demanda en considerar que la negativa de Confebask a constituir una mesa era contraria al deber de negociar de buena fe recogido en el Estatuto de los Trabajadores. El tribunal señala, sin embargo, que la petición de las centrales no está referida a un “salario profesional del convenio”, sino a un “salario o retribución mínima” que “afectaría a todas las personas que trabajan” en Euskadi. Un SMI, que como recuerda el tribunal, el Estatuto de los Trabajadores atribuye al Gobierno central su fijación anual previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas.

El Tribunal señala que la negociación colectiva consagrada en la Constitución “es la vía más adecuada para fijar los salarios”, pero matiza que ese papel de la negociación colectiva no puede extenderse a la fijación de un SMI o “salario o retribución mínima para todas las personas trabajadoras en los exactos términos de la pretensión ejercitada en la demanda” de las centrales porque tal materia es competencia del Gobierno central y afecta “a materias vedadas a dicha negociación colectiva”.

“En consecuencia, no siendo la materia de un salario o retribución mínima para las personas trabajadoras que presten servicios en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi/País Vasco susceptible de ser objeto de la negociación colectiva -acuerdo interprofesional, en el caso- no puede considerarse que la organización empresarial demandada haya vulnerado su deber de negociación que, con carácter general, se impone en el artículo 89 del Estatuto de los Trabajadores”, concluye el TSJPV en la sentencia, que no es firme y puede ser recurrida.

ELA y LAB ya han anunciado que recurrirán la sentencia, pero, en cualquier caso, el fallo conocido este miércoles supone un nuevo golpe en el camino que han emprendido los sindicatos nacionalistas para que Euskadi tenga un salario mínimo propio más alto que en el Estado para ser más acorde con el nivel de vida y los precios en la comunidad autónoma. Estos sindicatos, que el 17 de marzo han convocado una huelga general en Euskadi por este motivo se han unido con otros sindicatos nacionalistas para reclamar a los partidos apoyo en el Congreso de los Diputados a que se modifique el Estauto de los Trabajadores para otorgar competencias sobre el SMI a las comunidades autónomas. Ya fracasaron en conseguir que se tramitara en el Parlamento Vasco una ILP en este mismo sentido, pese a que recogieron 138.495 firmas de apoyo.

Los sindicatos han intentado reunirse con Confebask para negociar el SMI tres veces. El último intento de encuentro entre patronal y sindicatos sobre este tema fue en el mes de octubre, en el acto de conciliación previo a que se presentara la demanda ante los tribunales. El primer intento de negociación se realizó en febrero del año pasado. La patronal se sentó en la mesa del CRL con todos los sindicatos -también con CCOO y UGT-, pero sólo para confirmar 'in situ' que no pensaba negociar nada sobre este asunto. Ni las presiones de los sindicatos ni los llamamientos del Gobierno a la negociación consiguieron que acudiera a un segundo intento.

La patronal señala que admiten una negociación sobre salarios en el ámbito de la mesa de diálogo social, y de forma conjunta con otras materias. En esta mesa se sientan por la parte sindical CCOO y UGT que defienden un salario mínimo propio, pero de convenio, es decir, sólo sujeto a la negociación colectiva y, por lo tanto, no extensible a todos los trabajadores.

Volkswagen amenaza con un ERE en su fábrica de Landaben, en Navarra, si tiene que regularizar 93 trabajadores eventuales, tal y como le ha requerido la Inspección de Trabajo. La dirección de la compañía se ha reunido este viernes con el comité de empresa y les ha trasladado que hacer fijos a los contratos eventuales “provocaría un desequilibrio en la plantilla fija, superando las necesidades actuales, lo que podría obligarle a iniciar un proceso de ERE de extinción”, según han explicado desde el sindicato UGT.

“Estamos ante un momento especialmente impactante”, destacan desde el sindicato. “Esta medida es un ejemplo más de la situación que atraviesa la plantilla y la afrontaremos, como siempre hemos hecho, desde la responsabilidad y el compromiso sindical”, añaden.

En la reunión mantenida, la dirección ha confirmado el aumento de la producción en 5.800 coches más, “lo que implica una modificación de los calendarios previstos para 2026”. Unos calendarios que no se han entregado “en su totalidad” sino en un “60%” debido a “cambios de última hora derivados de este aumento de producción”. UGT ha exigido una compensación para la plantilla por “el incumplimiento de los plazos establecidos”.

Ante este aumento de la producción, UGT y CCOO han presentado a la empresa una propuesta de acuerdo por el cual se reducen los días de ERTE, se acuerda una compensación de do días de disfrute individual para toda la plantilla y se establece una penalización por no entregar los calendarios individuales “en el plazo previsto”, este 30 de enero.

En cuanto al empleo, ambos sindicatos piden que se presenten “los volúmenes previstos y necesarios de contratación para el apoyo al lanzamiento, iniciando el proceso con carácter inmediato”. Igualmente, han demandado la reactivación del contrato relevo manufacturero “en las mismas condiciones que se venía aplicando” y que se ofrezca a los trabajadores eventuales “todo el apoyo, la información y el acompañamiento necesarios, dadas las experiencias vividas”.

En relación con la compensación, la empresa “se ha mostrado de acuerdo, pero quedando pendiente su concreción en una próxima reunión”, explican desde UGT. Respecto a la reactivación del contrato relevo, la empresa ha trasladado que esta modalidad “influye en la confección de los puestos fijos” y que está “totalmente vinculada” al requerimiento de la Inspección de Trabajo.

Los sindicatos nacionalistas de Euskadi, Catalunya, Galicia, Islas Baleares y Valencia -“los sindicatos de las naciones sin Estado”, se denominan- unirán sus fuerzas en la presión a los partidos políticos para que cada comunidad autónoma tenga capacidad normativa a la hora de fijar su propio Salario Mínimo Interprofesional (SMI), algo que hasta ahora es competencia exclusiva del Estado. Los sindicatos vascos lo llevan meses intentando mediante iniciativas legislativas populares en el Parlamento Vasco e intentos de negociación con la patronal vasca, aunque sin éxito, y el 17 de marzo tiene convocada una huelga general para exigir el SMI propio. Ahora la iniciativa conjunta con el resto de centrales trata de presionar a los partidos políticos y al Ministerio de Trabajo para que se cambie la legislación mediante una modificación del Estatuto de los Trabajadores, que tendría que pasar por la aprobación en el Congreso de los Diputados.

En concreto, los sindicatos vascos, ELA, LAB, Steilas, Etxalde, Hiru, la Intersindical Valenciana, Intersindical Catalana, la CIG e IAC, solicitarán a los diferentes partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados (a excepción del PP y Vox) y a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que pongan en marcha iniciativas legislativas para modificar el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores. Las centrales quieren aprovechar el hecho de que hay que modificar el Estatuto para adaptarlo a una directiva europea, para que que se otorgue a las comunidades autónomas la capacidad de legislar sobre el SMI, siempre y cuando sea para elevarlo por encima del vigente en el conjunto del Estado. En concreto, la propuesta planteada por los sindicatos es añadir al artículo 27 del Estatuto un epígrafe que recoja que “las comunidades autónomas podrán establecer un SMI aplicable en su territorio y con independencia del convenio colectivo de aplicación”, y que “el SMI establecido en la comunidad autónoma deberá ser siempre superior al SMI establecido por el Estado en cómputo anual y mensual”. Para establecer este SMI autómico se basarán en las mismas directrices que el estatal, es decir, eI IPC, la productividad media, la coyuntura económica, la renta o el coste de la vida, pero de cada comunidad autónoma concreta.

Aunque saben que es una labor complicada, y que la vicepresidente y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no es partidaria de un SMI diferente por comunidades autónoma, creen que cuentan con la ventaja de las mayorías que tienen que conformarse actualmente en el Congreso para sacar adelante las medidas que propone el Gobierno. En este sentido, Mitxel Lakuntza, secretario general de ELA, ha recordado que “esto es un debate político, y en el debate político lo que hace falta es conformar mayorías. Y hoy las mayorías en el Congreso se apoyan en formaciones independentistas y soberanistas”. Por ello, lo que quieren es que sean estas “fuerzas soberanistas las que ejerzan presión sobre el ministerio, porque somos conscientes de que la ministra no es partidaria, y eso es lo que queremos cambiar”. Lakuntza ha comparecido en Bilbao junto a la coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, y representantes de Steilas, Etxaide e Hiru, mientras que los representantes del resto de los sindicatos han intervenido por videoconferencia.

Todos los representantes sindicales han resaltado que el SMI estatal es una forma “centralista y negadora de la realidad plurinacional del Estado” y que sólo sirve para “extender la precariedad”. El calendario de reuniones todavía no está concretado, aunque desde ELA confían en que se lleven a cabo en el mes de febrero, es decir antes de la huelga general del 17 de marzo.