El consejero de Salud, Alberto Martínez, del PNV y anestesista de profesión, ha causado un incendio de grandes dimensiones -y de imprevisibles consecuencias- entre la plantilla de Osakidetza. Persuadido de que el colectivo médico, que es el suyo, tiene que ver reconocida su “singularidad” en una mejora de las condiciones laborales, ha firmado un acuerdo exclusivamente con el SME (Sindicato Médico de Euskadi, cuarta fuerza sindical y sin mayoría) y exclusivamente centrada en mejoras para ese colectivo que tendrán un primer impacto presupuestario de 13 millones en 2026.

El movimiento busca desactivar una huelga periódica que viene arrastrándose desde el inicio del año y también la negativa a hacer 'peonadas' o turnos adicionales para aliviar las listas de espera, pero la realidad es que la mayoría sindical (Satse, ELA, LAB, CCOO y UGT) se ha plantado en la reunión en que se ha presentado el acuerdo y amenaza ya con una huelga de mucho mayor volumen en el conjunto del Servicio Vasco de Salud.

El contexto del incendio viene de la polémica por el estatuto marco acordado por el Ministerio de Sanidad con la mayoría sindical en España para regular las condiciones de todo el personal sanitario. Los sindicatos corporativos y un nuevo movimiento llamado MUD, que en Euskadi carece de representación legal, plantearon una huelga que tiene como premisa principal que demandan una regulación propia para los facultativos. Las huelgas se inicieron en enero, después se sumó la negativa a las 'peonadas' y el resultado son unas listas de espera disparadas en quirófanos, consultas y pruebas, echando al tras el terreno recuperado tras la pandemia de la COVID-19.

Políticamente, el consejero Martínez se ha erigido en vanguardia contra la ministra Mónica García, que es de Sumar. Ha llegado a actuar como portavoz de las 17 comunidades autónomas y también a plantear que el Estado transfiera a Euskadi las competencias sobre el estatuto marco. En paralelo, en casa, Osakidetza lleva desde 2008 sin un convenio propio.

A finales de la pasada semana trascendió que Osakidetza había alcanzado un acuerdo con el SME para mejorar las condiciones del colectivo médico. La central, que dice representar a un 20% de los facultativos de Osakidetza y que obtuvo del orden del 15% de los votos en las últimas elecciones sindicales, destaca que el documento firmado combate la “penosidad” de las guardias, incrementa los salarios, mejora la conciliación y homogeneiza el trato al personal de ambulatorios y hospitales. Se acabaron, por ejemplo, los turnos de 24 horas seguidas.

El pacto, cerrado de modo bilateral entre el Gobierno y el SME, ha sido sometido este lunes al escrutinio de la mesa, el órgano supremo de representación en Osakidetza, con presencia de todas las fuerzas sindicales elegidas por la plantilla. La cita ha estado dirigida por la responsable de Recursos Humanos, Josune Retegi. A los pocos minutos, todos los sindicatos menos el SME se han levantado, airados y avisando de que se avecina un “otoño caliente”. El SME se ha quedado y se ha firmado el acuerdo.

“Sí, somos una parte pequeña de la plantilla, pero somos el eje del sistema. A los hechos me remito. Tenemos que trabajar más que los demás y tenemos una casuística diferente”, ha justificado en la puerta de la sede central de Osakidetza en Vitoria Mabel Arciniega, portavoz del SME. ¿El acuerdo es válido teniendo en cuenta sus circunstancias? “En la mesa sectorial no se aprueban las cosas por mayoría”, ha dicho Arciniega a preguntas de los periodistas. Y ha asegurado que entrará en vigor cuando lo vise el Consejo de Gobierno. ¿Les ha ayudado que el consejero sea del colectivo? “Eso lo tendrá que contestar él”, ha despejado la responsable del SME.

Según la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, se trata de un paso adelante para mejorar la calidad asistencial o al menos para intentar evitar que se sigan disparando las demoras. Frente a la “confrontación” en el Estado, en Euskadi hay “negociación”, ha señalado, aunque el estatuto marco estatal sí tiene detrás el respaldo de una mayoría, a diferencia del nuevo acuerdo en Osakidetza. Para Bilbao, eso sí, estas mejoras no implican que no pueda haberlas para el resto de la plantilla, pero tocaba reconocer la “singularidad” de los facultativos.

El sindicato mayoritario en Osakidetza es Satse, la central de enfermería. Amaia Mayor, su portavoz, ha sido muy dura. Extremadamente dura. Cree que ha sido una negociación “clandestina” y “clasista” que crear profesionales “de primera y de segunda”. Es un “grave precedente” que rompe todos los equilibrios y que, además, es “ilegal”. Según Mayor, Martínez opera como “portavoz directo” de los médicos y no como consejero de todos. Y ha pedido transparencia con el coste del acuerdo: “La ciudadanía tiene derecho a saber en qué se gastan sus impuestos”.

Esther Saavedra, de ELA, ha sido clara también: “Viendo el talante y que sólo se hace caso a los que están en huelga, la movilización es el camino”. Su llamada a la huelga de cara a otoño está sobre la mesa y el guante lo recogen otras organizaciones con potencial de movilizar a mucha más gente que el SME y MUD, que tenían un seguimiento de no más del 20%.

Desde LAB, Jesús Oñate se ha dicho “muy enfadado”. Ha llamado “sindicato vertical” al SME y ha recordado que esto se produce cuando pasan “casi veinte años” desde el último convenio en Osakidetza. Ha pedido también tener en cuenta que tocaría analizar cuántos facultativos se quejan de la falta de descansos en la pública mientras trabajan también en la privada.

“Lo que mueve [al Gobierno] es ir a la huelga, ¿no?”, ha razonado Carmen Rayo, de CCOO. Jasone Pérez, de UGT, ha apelado a la “unión sindical” y ha asumido que son una central pactista y poco dada a las movilizaciones, pero que esta vez toca cambiar de estrategia por la gravedad de lo sucedido. “Tenemos fama de ser blandos. Es difícil convencer a la gente de ir a la huelga. Pero en este caso no va a serlo”, ha manifestado la representante ugetista.

La pregunta latente es si, a la vuelta de las vacaciones, volverá a haber huelgas médicas. Pero este paso ni siquiera garantiza eso. El SME ha recordado que son convocatorias estatales, aunque admite que ha recomendado retomar las 'peonadas' para no seguir incrementando las esperas. Desde Osakidetza, también se confía en que no se mantenga la “misma actitud” dadas las circunstancias, aunque las potenciales movilizaciones tendrían un alcance mucho mayor con el respaldo expreso de Satse, ELA, LAB, CCOO y UGT e incluso de otras organizaciones más pequeñas como ESK.

Representantes de los sindicatos ELA, CCOO, LAB, UGT y ESK en los comités de empresa de Tubos Reunidos exigirán en las tres reuniones previstas este martes con la administración concursal “transparencia” y conocer “de primera mano y no por la prensa” la información “oportuna” de las posibles ofertas que vayan entrando así como que no espere hasta “última hora” y al cierre del plazo, el 14 de septiembre, para desvelar “potenciales interesados”. La compañía de Amurrio está en concurso de acreedores, un proceso que coincide con la investigación judicial por presunta corrupción como consecuencia del posible pago de comisiones ilegales por el rescate millonario de 2021 a manos de la SEPI.

Las cinco centrales con presencia en los comités de empresa de las plantas del fabricante de tubos han sido citadas por la administración concursal a tres reuniones este martes. La primera, a las 10.00 horas en la planta de Trapagaran; la segunda, prevista a las 12.00 en Amurrio y la última a las 16.00 horas en Iruña de Oca, informa Europa Press.

Los sindicatos llegan a estas reuniones, tal y como han trasladado, “expectantes” y abiertos a recibir “información y explicaciones” sobre el estado de la empresa y de todos los interesados en la compra de Tubos Reunidos que hayan presentado su solicitud formal de interés para participar en el proceso concursal. Además de estar de acuerdo en que hay que esperar a si se les traslada “algo relevante o se trata de reuniones rutinarias sin novedades” otro de los puntos de coincidencia entre los cinco sindicatos es su postura favorable a la venta unitaria de toda la unidad productiva y no por separado.

En ese sentido, desde CCOO han trasladado que “igual hay alguna sorpresa pero es mejor valorar tras las reuniones para ver la situación general” y también “cuál es la situación actual de la empresa”. Desde UGT coinciden en este diágnostico acerca del proceso concursal y confían en que se les “trasladen las posibles ofertas que se están planteando para la posible compra de la unidad productiva, si es que las hay”.

Por su parte, desde ELA, también han confirmado que acuden “expectantes”, aunque van a exigir “transparencia, información en el tiempo oportuno o quién puede estar como oferente”. Por parte LAB coinciden en apuntar a la actitud de la dirección y esperan “transparencia” por parte del administrador. ESK agrega que reclamará “explicaciones” sobre “asuntos pendientes”, como los días de libre disposición, la externalización del servicio de vigilancia de la salud y otras materias relacionadas con las condiciones laborales de la plantilla, como el intento de cambio del calendario laboral o la comunicación a los trabajadores de bloqueo de parte de sus días de libre disposición, considerándolos “deuda” contra la masa pasiva.

La presidenta del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) vasco, Emilia Málaga, ha recordado este miércoles que el uso del euskera o del castellano en las reuniones de negociación colectiva depende de las partes, es decir, de los sindicatos y de la patronal, ya que se trata de encuentros bipartitos en los que la institución sólo presta la sala o personal técnico cuando es requerido. La presidenta del organismo sociolaboral, que respondía a una pregunta sobre la advertencia de ELA de que usará sólo el euskera en la negociación sectorial a partir del mes de septiembre, haya o no servicio de traducción, ha señalado que el CRL no tiene traductores porque “no los necesita”, ya que se trata de un organismo público que, como tal, es absolutamente bilingüe, tanto en sus relaciones con la ciudadanía como con la patronal y los sindicatos. En cualquier caso, ha considerado que “no tiene por qué ser un inconveniente” que la negociación se desarrolle en euskera, pese a que ha reconocido que hoy por hoy el mayoritario es el castellano.

Málaga ha insistido en que “son las partes las que deciden” y piden lo que necesitan, por lo que no ha querido especular si podría ponerse ese servicio de traducción o no, en el caso de que “todas las partes así lo requieran”. En cualquier caso, ha recordado que en estos momentos hay 46 negociaciones sectoriales abiertas, y, pese a reconocer que “todas las negociaciones son complicadas”, no ha considerado que “negociar sólo en euskera vaya a suponer ningún inconveniente” para la velocidad de las negociaciones o para llegar acuerdos.

La presidenta del CRL, que ha presentado la memoria socioeconómica del organismo correspondiente al año 2025, se ha referido también a preguntas de los periodistas, a las polémicas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo en las que apostaba por recortar el sueldo a los trabajadores que están de baja laboral, una situación que ha equiparado con el absentismo laboral, asumiendo el lenguaje de la patronal en este ámbito, y hacerlo con o sin acuerdo con los sindicatos. Málaga no ha querido comentar las opiniones del presidente del PP, pero ha defendido el valor de la negociación colectiva para llegar a acuerdos entre patronal y sindicatos. En este sentido, ha considerado que abordar “con o sin acuerdo” temas como el absentismo o las bajas laborales, es “hacer una lectura casi entre vencedores y vencidos”.

Según ha señalado, en Euskadi la mayoría de los convenios sectoriales en Euskadi recogen complementos o por Incapacidad Temporal o por accidente laboral. En concreto, de 90 convenios sectoriales, 85 recogen complementos por accidente laboral o enfermedad profesional, que cubren al 99% de las trabajadoras y de los trabajadores con su convenio sectorial negociado en Euskadi. A su vez, 81 de esos 90 recogen complementos por enfermedad común, lo que significa que el 88,5% de las personas cubiertas por un convenio de sector negociado aquí tiene un complemento por enfermedad común. Esto indica que estos complementos han sido acordados en el seno de la negociación colectiva desde la autonomía de las partes, y que “hay un acuerdo importantísimo entre las partes implicadas para recoger estos complementos” y ha defendido ese acuerdo como base para continuar.

En lo que se refiere a la memoria socioeconómica del Consejo de Relaciones Laborales, se muestra que el año 2025 se cerró con el 63,8% de trabajadores con convenio actualizado y la cifra más baja de personas con convenio decaído, el 4,5%. Este año 2026 sigue también “la senda del acuerdo” de años anteriores, aunque el porcentaje de trabajadores con sus convenios actualizados se encuentra por debajo del registrado el año anterior. Esto es consecuencia de la finalización del periodo de vigencia en 2025 de acuerdos que afectan a más de 86.000 trabajadores y que se están negociando en la actualidad, entre ellos, los de la industria siderometalúrgica de Álava y Bizkaia.

A lo largo de 2026 se han registrado ocho acuerdos sectoriales que han permitido actualizar las condiciones de casi 22.000 personas. Entre ellos cabe citar el de Hostelería de Álava con más de 5.700 empleos, el de Colectividades de Comedores Escolares de Centros del Gobierno vasco con más de 4.200 y un nuevo ámbito, el de Restauración Colectiva de la CAPV, también con más de 4.200 personas. A estos habría que añadir 15 convenios estatales sectoriales con incidencia en la CAPV que en conjunto afectan a unos 11.000 trabajadores y trabajadoras.

En cuanto al incremento salarial medio de los convenios vigentes en 2026, este se sitúa en el 3,10%: un 3,20% en los negociados en la CAPV y un 2,87% en los de ámbito estatal con incidencia en la comunidad autónoma. Respecto a la conflictividad, el período enero-abril de 2026 ha aumentado el número de huelgas, pero se ha reducido de manera importante tanto el número de personas que ha tomado parte, que descendieron un 65,1%, como el de jornadas no trabajadas, que se redujeron un 25,6% si lo comparamos con el mismo período del año anterior.

A la espera de cómo termine el año 2026, al finalizar 2025, el 63,8% de la población asalariada de Euskadi tenía sus convenios actualizados, el 31,7% se hallaba con sus acuerdos en situación de prórroga y únicamente el 4,5% se encontraba con sus convenios decaídos y sin cobertura. En cuanto al período de gestación de los acuerdos, ha señalado que en la negociación sectorial es largo (548 días), y muy superior a la duración de los procesos negociadores en los convenios de empresa (330 días). Dentro de los convenios de sector, los procesos más largos se dan en los convenios negociados en la comunidad, cuya duración media es de 778 días, frente a los 403 en los convenios de sector con incidencia en Euskadi pero negociados a nivel estatal. Los convenios fijados el año pasado recogen un incremento salarial medio del 3,32%: un 3,21% de incremento medio en los convenios negociados en la comunidad autónoma y un 3,57% de incremento en los convenios de ámbito estatal con incidencia en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

ELA, el principal sindicato vasco, ha anunciado este martes que a partir del mes de septiembre negociará únicamente en euskera los 27 convenios sectoriales que se encuentran actualmente en proceso “aunque no exista un servicio de traducción”. Es una medida que afectará por ejemplo a la negociación de convenios tan importantes como el Metal de Bizkaia y Álava, el de Intervención Social de Gipuzkoa y buena parte de los relativos a Servicios e Industria.

Paralelamente, ha solicitado al Consejo de Relaciones Laborales (CRL) que habilite los recursos necesarios para que las mesas de negociación puedan desarrollarse en euskera con normalidad. Según ha señalado el responsable de negociación colectiva del sindicato, Pello Igeregi, ELA “no renunciará al uso del euskera” y durante la negociación “corresponderá al resto de organizaciones sindicales y a las patronales buscar los medios necesarios para seguir el desarrollo de las negociaciones”.

El sindicato parte de la base de que ni la patronal ni el CRL están colaborando para favorecer el uso del euskera en la negociación colectiva. En este sentido, Igeregi ha recordado que en 2022, junto a LAB y Euskalgintzaren Kontseilua, propuso la universalización de los planes de euskera en las empresas, “una iniciativa que fue rechazada y en los convenios colectivos rara vez aceptan medidas a favor de los derechos lingüísticos de las personas euskaldunes”. En este contexto, considera que el primer paso regular el euskera en los convenios es hacerlos visibles en las negociaciones.

En cuanto al CRL , ha señalado que “carece de un servicio estable de traducción e interpretación, por lo que las escasas negociaciones que se desarrollan en euskera dependen del trabajo de su propio personal que no cuenta con formación específica para desempeñar esa función”. En este sentido, ha señalado que se han reunido con la presidenta del CRL, Emilia Málaga, a quien han trasladado la necesidad de que el organismo disponga de medios para garantizar negociaciones en euskera.

ELA concluye del análisis de 1.499 convenios vigentes, que el 83,19% no incorpora ninguna medida para garantizar los derechos lingüísticos de las personas euskaldunes en el ámbito laboral y que las medidas existentes son, en su mayoría, “de carácter simbólico” como el pago de los costes de cursos para aprender euskera y o la regulación del paisaje lingüístico. “Solo el 5,07% de los convenios cuenta con un plan de euskera o contempla el compromiso de elaborarlo. El 13,8% prevé ayudas para el aprendizaje de la lengua, el 4,37% permite estudiar euskera dentro de la jornada laboral y únicamente el 1,66% establece que el conocimiento del euskera se valorará en la contratación”, han señalado.

“Al igual que ocurre con cualquier otra opresión social, como las opresiones de género, clase o raza, la opresión lingüística solo puede superarse si se regula el uso de las lenguas y se destinan recursos para superar la situación de subordinación. El uso de la lengua que ha ganado la supremacía absoluta se naturaliza y el uso de otras lenguas se considera excepcional, a menos que existan normas y recursos para equiparar los derechos lingüísticos”, ha afirmado Igeregi. Como ejemplo, ha indicado que si una empresa no dispone de medios para celebrar reuniones en euskera y parte de la plantilla no conoce la lengua, estas se desarrollarán en castellano. Del mismo modo, si el aprendizaje del euskera no se reconoce como un derecho laboral, el único idioma cuyo conocimiento estará realmente garantizado será el castellano.

En este sentido, reconoce que el sindicato no ha conseguido “situar los derechos lingüísticos al mismo nivel que otras reivindicaciones laborales, como las mejoras salariales o la reducción de jornada”, una cuestión que atribuye tanto a la negativa de las patronales a negociar medidas de normalización del euskera como a la incapacidad de los sindicatos para organizar movilizaciones y huelgas específicas en defensa de estos derechos.

Tras el anuncio de ELA, el sindicato LAB ha dado la “bienvenida” a la iniciativa de usar solo el euskera, a partir de septiembre, pero ha asegurado que le sorprende que no haya contado con ellos porque “haberla impulsado conjuntamente, habría sido más eficaz”. El sindicato ha defendido que se necesitan garantías “para poder utilizar el euskera no solo en la negociación colectiva, sino también en los juzgados y en otras muchas instancias”. A través de un comunicado, LAB ha advertido, además, de que “en los últimos tiempos estamos viviendo una ofensiva contra el euskera”, por lo que ha defendido dar “un nuevo impulso a las medidas en favor del euskera” y que esta lengua adquiera “una centralidad aún mayor en la acción sindical”. “Seguiremos reclamando garantías para la euskaldunización de la administración pública y continuaremos impulsando planes de euskera en los centros de trabajo”, han añadido.

Por contra, UGT de Euskadi ha mostrado su “sorpresa” por el anuncio de ELA y ha apelado a “construir consensos por el euskera en vez de lanzar ultimátums y falsos debates en torno a su uso en el ámbito sociolaboral”. “Cabe preguntarse por qué no lo han hecho antes si lo estimaban necesario, dado que la misma cuestión, intervenir exclusivamente en euskera, es algo que ya venían haciendo con normalidad desde hace años en las negociaciones del sector público”, ha dicho el sindicato.

Los trabajadores de las ITV de las localidades de Bergara y Zarautz irán a la huelga indefinida a partir del próximo 13 julio, en plena campaña de verano, lo que puede complicar las listas de espera para los conductores guipuzcoanos que necesiten pasar la revisión obligatoria antes de emprender su viaje veraniego. Los sindicatos ELA y LAB han convocado el paro indefinido después de que la empresa concesionaria, Itasua ITV, haya decidido poner fin a la negociación sobre las condiciones laborales. Los trabajadores se quejan de que tienen peores salarios y horarios que sus compañeros de otras ITV del territorio y piden la equiparación. “Hacemos el mismo trabajo”, señalan.

El conflicto no es nuevo. Han mantenido siete reuniones con la empresa y se han realizado paros parciales, el último el pasado 29 de junio, que se repetirán el 8 y el 10 de julio para pasar ya a la huelga indefinida a partir del lunes día 13 si no se consigue una respuesta positiva de la dirección de la empresa, que además de los dos centros en Gipuzkoa, tiene también una ITV en Vitoria, en Jundiz. En el centro alavés los delegados han optado por aceptar las condiciones ofrecidas por la dirección y firmarán un acuerdo de eficacia limitada descolgándose de los paros, lo que ha supuesto la ruptura de los sindicatos con los que hasta ahora eran sus delegados.

Los sindicatos consideran que la empresa, Itasua, tiene capacidad para afrontar las reivindicaciones de los trabajadores y consideran que la única finalidad de la dirección al pactar un acuerdo con el centro de Vitoria es “dividir” a la plantilla. “El pacto se estaba negociando entre los tres centros con la empresa, porque es un pacto de empresa. Pero la dirección ha jugado a dividir a la plantilla sabiendo que en el centro de Gasteiz lo tenía más fácil para desmovilizar a la gente, y parece que lo ha conseguido, haciendo que entren a firmar esta propuesta como pacto de eficacia limitada. Los sindicatos no estamos con esta firma, como es obvio, porque la empresa tiene mucho más que ofrecer y es momento de movilizarse para conseguir un convenio mas justo”, señala el representante de LAB, Eneko Fernández San Juan.

Lo que reivindican los trabajadores, que son alrededor de 25 en Zarautz, 32 en Bergara, y 45 en Vitoria, es equiparar sus condiciones, fundamentalmente el salario y el tiempo de trabajo, al de trabajadores de otros centros de ITV gestionados por otras empresas, porque, haciendo el mismo trabajo sus condiciones son mucho peores, dicen.

En concreto, piden una subida del IPC más el 3% para 2026, y lo mismo para los años 2027 y 2028, para equiparse con otros centros de los que les separan en salarios alrededor de 5.000 euros anuales. La empresa solo acepta una subida del IPC más el 1% para los tres años, que ha sido aceptada por la plantilla de Vitoria. En cuanto a la jornada, ELA y LAB piden una reducción de 70 horas anuales para quedarse con 1.655 horas, ya que tienen una diferencia con las ITV de Beasain, Irun y Urnieta de unas 133 horas, señalan. La propuesta de la empresa reduce 12 horas en 2026 para tener 1.713 horas anuales y otras 6 horas en 2027 y 2028 para situarse en 1.707 horas al año.

Los trabajadores de Maderas de Llodio (Álava) han aceptado la última propuesta de la empresa, lo que permite poner fin a “más de 260 días de huelga y movilización constante” desde el 22 de septiembre del pasado año, según ha informado el comité de empresa en un comunicado. Los representantes de los trabajadores han anunciado que en los próximos días convocarán una rueda de prensa para dar a conocer los detalles del acuerdo entre trabajadores y patronal.

“Por el momento, únicamente podemos comunicar que la plantilla ha decidido aceptar la última propuesta existente sobre la mesa, una propuesta que es consecuencia directa de la movilización desarrollada durante estos meses”, han señalado en el comunicado, recogido por Europa Press. El comité ha destacado que “todo lo conseguido hasta la fecha, así como las medidas y compromisos que hoy están sobre la mesa, son fruto de la lucha, la unidad y el compromiso de quienes han defendido sus puestos de trabajo y su futuro”. “Esta lucha no era únicamente por Maderas sino por la defensa del empleo, de la industria y del futuro de toda una comarca de Ayala”, ha remarcado.

La multinacional Garnica planteó en septiembre del año pasado un ERE en su empresa Maderas de Llodio con 39 despidos en una plantilla formada por 151 personas. Finalmente, fueron 35 los trabajadores afectados por el expediente, que se ejecutó en octubre de 2025. Sin embargo, posteriormente el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) estimó parcialmente las demandas contra el ERE y declaró los despidos “improcedentes”.

Tras la decisión judicial, dirección y sindicatos volvieron a la mesa de negociaciones y hace unos días la empresa hizo una “última oferta” que los trabajadores han aceptado este lunes en asamblea.

El sindicato ELA ha convocado este jueves concentraciones frente a las delegaciones del Gobierno Vasco en Donostia, Bilbao y Vitoria para denunciar la reducción de plazas y jornadas laborales del profesorado de Audición y Lenguaje (ALE). En la capital guipuzcoana, una veintena de personas se ha sumado a la protesta para advertir de las consecuencias que, a su juicio, tendrá la reorganización de estos puestos de cara al próximo curso.

El responsable de Educación de ELA en Gipuzkoa, Mikel Uranga, ha explicado que el sindicato observa con preocupación los cambios que el Gobierno vasco está introduciendo en las plantillas de los centros educativos. “Muchos de estos profesionales están siendo suprimidos” y algunas de las funciones que desempeñan actualmente “están en duda de cara al curso que viene y a los venideros”, ha señalado. Según ha denunciado, algunos especialistas dejarán de trabajar en determinados centros y otros verán reducida su jornada laboral.

El profesorado de Audición y Lenguaje presta atención directa al alumnado con dificultades en el lenguaje y la comunicación. Por ello, Uranga ha advertido de que los cambios previstos no solo afectarán a las condiciones laborales del personal, sino también al servicio que reciben los estudiantes. “Todos los alumnos que reciben esos servicios” podrían notar las consecuencias de esta reorganización, ha afirmado. Aunque la atención especializada no desaparecería por completo, ELA teme una reducción progresiva de su alcance y de los perfiles de alumnado que podrán acceder a ella.

El sindicato ha recordado además que lleva años denunciando la ausencia de ratios específicas para organizar el trabajo de estos profesionales. Según sus datos, algunos docentes han llegado a atender a más de 50 alumnos cada semana. ELA sostiene que el convenio colectivo firmado el pasado curso por el resto de organizaciones sindicales no resolvió esta problemática, ya que no estableció límites para la asignación de alumnado y dejó en manos del Departamento de Educación la dotación de especialistas en los centros.

A esta situación se suma la incertidumbre sobre la nueva función preventiva que deberá asumir el profesorado ALE a partir del próximo curso. Aunque para esta tarea sí se ha fijado una ratio, todavía no se han concretado las labores que deberán desempeñar ni cómo se compatibilizarán con la atención directa al alumnado. ELA asegura que ya se han suprimido varios puestos de trabajo y teme que la indefinición actual sirva para profundizar en las políticas de recorte aplicadas durante los últimos años. Ante este escenario, el sindicato ha solicitado la convocatoria de una mesa de negociación para aclarar el futuro del profesorado especializado.

A lo largo de esta semana, trabajadoras del sector social han protagonizado distintos conflictos laborales que, según denuncian, merman sus condiciones. Por un lado, las trabajadoras de intervención social de Álava, que acumulan cinco jornadas de huelga, por otro lado, sus compañeras de intervención social en Gipuzkoa, que saldrán a la calle este jueves para luchar por un nuevo convenio, y por último, las trabajadoras del módulo psicosocial de Bilbao, que denuncian recortes por parte del Ayuntamiento de hasta un 65%.

En el caso de las trabajadoras de intervención social de Álava, los sindicatos ELA, LAB, CCOO y ESK denuncian la falta de avances en cuestiones clave del convenio laboral. “Tras más de 15 meses de negociación y 15 reuniones celebradas para aprobar el IV Convenio de Intervención Social de Álava, aunque la patronal AISA ha mostrado por primera vez disposición para alcanzar acuerdos en materias como complementos de incapacidad temporal, flexibilidad, euskera, teletrabajo o modalidades de contratación, siguen existiendo importantes diferencias en aspectos centrales como la subida salarial, la reducción de jornada, la conciliación, las licencias, la jubilación anticipada o la reducción de la parcialidad involuntaria”, denuncian los sindicatos.

Consideran que el cambio de actitud de la patronal ha sido “consecuencia directa de la presión ejercida por las trabajadoras y trabajadores del sector”, y subrayan que mantendrán las protestas hasta lograr “condiciones laborales dignas” y la equiparación con el personal contratado directamente por las administraciones públicas. En el caso de las trabajadoras subcontratadas, la brecha salarial comparada con las que son contratadas directamente por el Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS), supera los 10.000 euros en algunos puestos de trabajo.

En este sentido, más allá de señalar a AISA, las trabajadoras responsabilizan a las instituciones públicas de la precarización del sector y reclaman mayor implicación política y financiación suficiente para garantizar mejoras laborales de cara a la próxima mesa de negociación tendrá lugar el 4 de junio. Aunque mientras tanto, además de las jornadas de huelga, han convocado movilizaciones el 29 de mayo a las 18.30 horas desde el Gobierno Militar, contra el aumento del gasto militar y una coche-caravana el 31 de mayo hacia Peñacerrada.

El segundo conflicto laboral abierto de este sector se produce en Gipuzkoa, donde este jueves, 28 de mayo a las 11.00 las trabajadoras se movilizarán en el Paseo Bizkaia, 14-15 de Donostia para negociar el V Convenio Colectivo de Intervención Social de Gipuzkoa tras cumplir el IV convenio cuya duración ha sido desde 2023 hasta 2025. En este caso, la patronal es Hedatzen, y la firma del anterior convenio se produjo con los votos a favor de los sindicatos LAB y CCOO y en contra de ELA, al considerar “insuficientes” las propuestas relacionadas con las subidas salariales y la eliminación de la quinta categoría profesional, la de los trabajadores considerados los “más precarizados”, que la patronal se negó a eliminar alegando que la Diputación Foral de Gipuzkoa “no lo avalaba”. Ahora comenzarán una nueva ronda de negociaciones y movilizaciones que buscan como objetivo, al igual que en el caso de Álava, firmar un convenio laboral que evite la precarización de un sector feminizado.

Por último, este miércoles han salido a la calle las trabajadoras del Módulo Psicosocial de Deusto-San Ignacio, quienes llevan desde febrero denunciando que el Ayuntamiento de Bilbao ha recortado un 65% su presupuesto para 2026, que ha pasado de 195.000 euros (2025) a 68.000 euros, con lo que se pone en riesgo “la supervivencia del modelo comunitario” que presta apoyo integral a víctimas de violencia machista, ya que “si mantienen el recorte, en 2027 desaparecerá”.

Se trata de doce trabajadoras del servicio de atención a violencias machistas y de atención a derechos en salud sexual y salud reproductiva, un módulo creado en los años 80 por el movimiento vecinal para dar respuesta a dos fenómenos graves que no estaban siendo atendidos institucionalmente: por un lado, la desatención a las personas jóvenes afectadas por la entrada masiva de la heroína en los barrios populares y, por otro, la salida del periodo dictatorial franquista, que supuso poder organizar recursos para la atención a las mujeres en los procesos de divorcio, que no fue legal hasta 1981, y la atención de su salud sexual y reproductiva, muy influida por el fin de la prohibición de la prescripción de anticonceptivos.

“La atención que ofrece el Módulo Psicosocial de Deusto-San Ignacio a las personas afectadas por violencias machistas está íntimamente ligada a nuestra identidad de recurso del barrio, lo que supone que somos parte de la comunidad que habitamos. Esta identidad delimita que no somos uno más de los recursos para mujeres víctimas de violencia de género que vienen recogidos en las distintas leyes estatales y autonómicas. Nacimos con anterioridad a todas estas legislaciones, estando desde el inicio pegadas a las necesidades concretas del colectivo de mujeres de clase trabajadora, mayoritariamente inmigrantes de los territorios rurales, que eran las que habitaban el barrio y distrito de Bilbao en el que estamos”, aseguran las trabajadoras que han protagonizado una manifestación convocada junto a Bilbo Feminista Saretzen y Denon Bizitzak Erdigunean en el Ayuntamiento de Bilbao.

Por su parte, desde el área de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao defienden que “con el Departamento de Salud se acordó la asunción de los programas por parte de cada sistema con base en las competencias correspondientes de cada uno de ellos, así como asegurar por parte del Ayuntamiento una financiación que podría llegar a igualar la del 2025 en 2026 en caso de que el Departamento de Salud no pudiera llevarla a cabo a tiempo”. “El Departamento de Salud se ha comprometido a integrar en el sistema público de salud a lo largo del 2026, aquellos servicios que siendo de competencia del sistema sanitario se prestan en los módulos. La compensación dependerá del proceso que lleve a cabo el Departamento de Salud con el que estamos en contacto. La decisión está supeditada a la integración en el Sistema de Salud”, argumentan en una respuesta a preguntas realizadas por el grupo municipal de EH Bildu.

Desde el Ayuntamiento confirman que “mantendrán los servicios que se prestan actualmente y que son de competencia municipal” y que “tal y como se ha trasladado a los módulos, el proceso tendrá en cuenta a las y los profesionales que trabajan en los módulos analizado desde las competencias de cada una de las administraciones”.

No obstante, el consejero de Salud del Gobierno vasco, Alberto Martínez, a preguntas de la coalición Sumar en el Parlamento vasco el pasado marzo sobre “el cierre y debilitamiento” de este tipo de servicios, aseguró que Osakidetza “ya tiene en cartera” los servicios sanitarios que ofrecen los módulos psicosociales de Bilbao, como el módulo psicosocial de Rekalde, el Auzolan de San Francisco y el módulo psicosocial de Deusto-San Ignacio.

En este sentido, Martinez explicó que el momento actual ofrece “la posibilidad de analizar el papel de los módulos desde una perspectiva estratégica y de mejora del sistema” debido a que el servicio público de salud de hoy “no tiene ya nada que ver” con los años 70 y 80, cuando se crearon dichos módulos y, “aunque siguen funcionando, el contexto social y sanitario ha evolucionado de manera sustancial”.

Al respecto, indicó que el Departamento de Salud destina 1,9 millones de euros, para financiar tres programas sanitarios de estos módulos bilbaínos, que “ya están en cartera de Osakidetza” de cara a “fortalecer” estos servicios sanitarios y sociales con “un mayor acercamiento a los servicios públicos ya existentes”. Así, puso como ejemplo la asunción por parte de Osakidetza de las interrupciones voluntarias del embarazo, que “se irán asumiendo de manera gradual y progresiva, con el objetivo de reforzar la atención a las personas en situación de mayor vulnerabilidad”.

Los sindicatos con representación en Iberdrola celebrarán el 125 aniversario de la eléctrica con huelgas y movilizaciones. Mientras la empresa que dirige Ignacio Sánchez Galán anuncia conciertos y diversas actividades para conmemorar su fundación, las centrales calientan motores para movilizar a la plantilla a partir de la próxima semana con dos días clave, que serán jornadas de paro. Son el 29 de mayo, cuando se celebra la junta de accionistas de la empresa en Bilbao, y está convocada huelga en Euskadi, Navarra y Galicia, y el 19 de junio, coincidiendo con actos de celebración del cumpleaños empresarial, con una huelga en todo el Estado. Los sindicatos buscan con los paros elevar la presión a la empresa en unas negociaciones de convenio que siguen sin avances desde enero de 2025 y que ya el año pasado llevaron a los trabajadores a convocar la primera huelga en la historia de Iberdrola.

Aunque los objetivos son comunes, la negociación del convenio, los sindicatos van separados en las convocatorias. El primer día de paro, el 29 de mayo, la convocatoria la realiza ELA en Euskadi Navarra y la CIG en Galicia. Estos sindicatos acompañarán la jornada de paros con diversas concentraciones en los centros de Larraskitu y ante la Torre Iberdrola, donde se celebrará la junta de accionistas, y con columnas de manifestaciones por Bilbao. Estos dos sindicatos son minoría en la representación del comité estatal. ELA sólo tiene un representante de los 13 asientos del comité donde UGT -cuatro representantes- y CCOO -tres delegados- son mayoría, y la CIG ni siquiera tiene presencia, pero ambas centrales han considerado “esencial la convocatoria del paro coincidiendo con la reunión de la junta de accionistas”. “Nos hubiera gustado ir en unidad de acción, también aquí en Euskadi, pero no ha sido posible”, señala Mikel Cubeiro, delegado sindical de ELA. UGT y CCOO han preferido dejar la convocatoria de huelga para el 19 de junio a nivel estatal -que también secundará ELA y CIG- aunque arrancarán una semana de concentraciones diarias frente a la Torre Iberdrola a partir del próximo lunes para culminar el viernes día de la junta, con una gran movilización de delegados.

Todos los sindicatos reclaman que la empresa, que acumula “enormes beneficios”, traslade esos buenos resultados a la plantilla. Lejos de ello, denuncian que los trabajadores pierden poder adquisitivo año tras año. Aseguran que en los últimos cinco años se ha perdido más de un 19% de poder adquisitivo por parte de los trabajadores. Exigen, por un lado, recuperar lo que se ha perdido y que sus subidas salariales se liguen al IPC.

Según los cálculos que realizan desde ELA, el coste de la subida salarial del IPC sería 10 millones y 67 millones la recuperación del 19% de poder adquisitivo de estos años, frente a unos beneficios de 6.285 millones de euros durante el año pasado. “Ha pasado más de un año desde el inicio de la negociación del convenio y la dirección de Iberdrola niega a su plantilla las legítimas reivindicaciones que ésta lleva demandando más de cinco años, que son mantener el poder adquisitivo y subidas garantizadas mínimas del IPC. Pese al aumento de los Beneficios empresariales, la aprobación de una mayor retribución al accionista y la presentación del Plan Estratégico para los próximos cuatro años, en el que se prevé aumentar el beneficio un 47%, la retribución al accionista un 65% y 400 millones de bonus para directivos, Iberdrola niega a la plantilla, que es la que hace posible llegar a esas cifras, el acuerdo mínimo exigible para la firma de un convenio justo”, denuncian desde ELA.

La mayor discrepancia en la negociación, que de momento no se retomará hasta el 16 de junio, está en que la empresa no quiere ligar la subida salarial al IPC: “La empresa propone para sus trabajadores y trabajadoras en España una 'fórmula de incremento salarial' basada en parámetros empresariales y en el cumplimiento de la previsión de Ebitda para España, marcada de forma unilateral por la alta dirección”, señalan desde UGT. El Ebitda es un indicador en el que al beneficio neto se le suman los gastos por intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. “Es una propuesta que en ningún caso garantiza el poder adquisitivo de los trabajadores”, señalan. “La propuesta de la empresa es una vergüenza para la que presume de ser un líder energético global y una de las mayores compañías eléctricas por capitalización bursátil del mundo”.

Recuerdan desde los sindicatos que durante la vigencia del actual convenio, es decir desde 2021, “el beneficio neto se ha incrementado un 12% pasando de 4.803 millones de euros a 6.285 millones, acumulando desde 2021 un beneficio neto total de 24.924 millones de euros. El presidente de la compañía ha incrementado su remuneración en un 6,45% pasando de 13,2 millones de euros a 14,11 millones” denuncian. Aseguran que el negocio en España ha aportado en 2025 el 46% del beneficio neto a nivel mundial y que la plantilla de España supone el 23% del total a nivel mundial. Sin embargo, pese a las grandes cifras de beneficios, “la plantilla de Iberdrola en España ha tenido un incremento salarial desde 2021 del 2,8%, acumulando una pérdida de poder adquisitivo del 16%”, denuncian.

Desde UGT recuerdan además la “conflictividad sin precedentes” que se está produciendo en la empresa “por la actitud de la dirección”. Señalan que en los dos últimos años, la Audiencia Nacional “ha condenado a Iberdrola en cuatro ocasiones, obligándola a revalorizar las prestaciones de riesgo del Plan de Pensiones en base al IPC, declarando ilícita la implantación del voto telemático en las elecciones sindicales, anulando la subida de más del 25% pactada con SIE, ATYPE y USO en la cuota de uno de los beneficios sociales de la plantilla y obligándola a subir un 10% el sueldo a los nuevos ingresos por declararse ilegal la doble escala salarial implantada en el convenio de 2021 firmado por SIE, ATYPE y USO”. “A estos juicios se suman otros tantos acuerdos prejudiciales de ámbito nacional en distintas materias: penalización de absentismo, permisos de hospitalización, restricciones a la tarifa empleado y un buen número de demandas a nivel local con asuntos de diversa índole”.

Festival con Juanes y Antonio Orozco

Desde elDiario.es/Euskadi se ha intentado recabar la opinión de la empresa sobre las huelgas y el estado de la negociación del convenio, pero sin éxito. La compañía está inmersa en la preparación de la junta y de los distintos festejos para la celebración de su aniversario, que en el caso de Euskadi tendrá lugar el 12 de junio con un festival gratuito y de acceso libre en el parque de Doña Casilda de Bilbao en el que actuarán Juanes, Antonio Orozco, Rigoberta Bandini y Süne. A continuación, tendrá lugar un espectáculo con 1.500 drones que se podrá ver desde gran parte de la capital vizcaína.

La jornada forma parte de un programa más amplio con el que la compañía conmemora, bajo el lema “125 años luz”, su aniversario a través de iniciativas dirigidas a empleados, clientes, accionistas y al público en general. Entre sus principales citas destacan el festival de música del 27 de junio en Madrid, con Lenny Kravitz, Manuel Carrasco, Ana Mena y Álvaro de Luna, y el concierto de Estopa y Mafalda Cardenal el 28 de noviembre en Valencia. El pasado martes la empresa realizó un acto en la Torre Iberdrola de Bilbao para dar arranque a los festejos al que asistió el lehendakari Imanol Pradales entre otras autoridades.

La mayoría sindical en Tubos Reunidos de Amurrio ha decidido “suspender la huelga” indefinida que arrancó el 15 de marzo y esperar a ver cómo evoluciona el procedimiento de concurso de acreedores en el que está inmersa la empresa y qué ocurre con el ERE en el curso de ese proceso. Precisamente, el próximo día 26 de mayo la jueza que se ha hecho cargo del procedimiento, María Teresa Trinidad Santos, ha citado a la representación legal de los trabajadores y al administrador concursal para empezar a decidir que se hace con el ERE puesto en marcha por la empresa y que, de momento, está suspendido.

La decisión de volver al trabajo por parte de la mayoría del comité se ha trasladado a la plantilla -no se ha votado- en una tensa asamblea que llega después de que este mismo lunes hayan empezado a incorporarse a sus puestos los trabajadores que el pasado 7 de mayo votaron en referéndum abandonar la huelga, apoyados por los sindicatos UGT y CCOO. La mayoría sindical que forman ELA, LAB y ESK -este último sindicato era partidario de seguir con el paro- han señalado este viernes que la decisión de suspender la huelga no tiene nada que ver con esta situación de división entre la plantilla. En cualquier caso, han advertido de que la suspensión no significa que acabe el conflicto: “Seguiremos movilizándonos y llamando a todas las puertas necesarias para garantizar el futuro de todos y todas”. De entrada ya han convocado dos días de huelga que se llevarán a cabo el 26 y el 28 de mayo.

Según han señalado los representantes de la mayoría del comité a través de un comunicado conjunto la suspensión de la huelga se basa en que el concurso de acreedores supone un cambio de escenario que obliga a realizar un análisis serio, responsable y colectivo de la situación“, aunque han dejado claro que los que ha cambiado es ”el escenario“, no sus objetivos de mantener el empleo y la actividad.

Han insistido en que la huelga no ha llevado a Tubos Reunidos al concurso. “La huelga ha sido la consecuencia de las imposiciones de la empresa, de años de mala gestión y de una absoluta falta de transparencia y negociación”, y “frente a quienes intentan desacreditar la lucha de la plantilla” han reivindicado todo lo que la huelga ha conseguido durante estos meses, poniendo en el centro del debate “el verdadero problema de Tubos Reunidos” y “señalar públicamente responsabilidades empresariales e institucionales”. “La pregunta que debería hacerse cualquiera es en qué escenario estaríamos hoy si no hubiéramos peleado. Probablemente, nos encontraríamos con el ERE consolidado, con la acería cerrándose y con la logística externalizada, y todo ello sin haber solucionado ninguno de los problemas reales de la empresa”. Consideran que con el concurso entra una nueva interlocución y una administración concursal, y pretenden que el ERE que ahora está en suspenso “se convierta en retirada definitiva”

La vuelta de los trabajadores a la actividad, puede facilitar el mantenimiento de la actividad de la compañía, y que sea menos complicado la entrada de inversiones que impidan que el proceso de concurso acabe en liquidación. La jueza ha nombrado administrador concursal a la firma PKF Attest Concursal SLP de todas las sociedades del grupo Tubos Reunidos menos de la matriz, que cotiza en Bolsa, ya que en este caso la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tiene que presentar una terna de administradores concursales a la jueza para que designe uno. La CNMV ha abierto un plazo hasta el 1 de junio para que se presenten los posibles interesados entre los que elegirá tres entre los que la jueza elegirá el administrador final.

Miles de personas han clamado este sábado en las calles del centro de Bilbao por el derecho a “vivir y trabajar” en euskera llamadas por la mayoría sindical, conformada por ELA y por LAB, pero en este caso también por Steilas, con un peso muy relevante en la enseñanza. La convocatoria llega en un contexto en el que el Parlamento Vasco tramita una reforma legislativa de la normativa autonómica de empleo público de 2022 en lo tocante a las exigencias lingüísticas sin que su éxito esté nada claro.

El Gobierno de PNV y PSE-EE, en un hecho inédito en la legislatura, concurre dividido a la fase decisiva de la tramitación, con los socialistas negando que sea necesario el cambio, particularmente en la modíficación de los índices de referencia para fijar la proporción de plazas perfiladas o con requisito de euskera en las OPE. EH Bildu, que ha participado en la movilización, tiene una propuesta alternativa. Las dos fuerzas nacionalistas aseguran que es necesario un ajuste legal para blindar las convocatorias ante la cascada de recursos y sentencias judiciales pero no comparten la fórmula aunque tienen pendiente una reunión para los próximos días. Un hipotético pacto entre PNV y EH Bildu rompería el acuerdo de Gobierno vigente, que obliga a los nacionalistas a ir de la mano del PSE-EE.

La secretaria general de Euskalgintzaren Kontseilua, Idurre Eskisabel, ha reclamado desde Bilbao que se deben “crear las condiciones políticas y sociales para vivir y trabajar en euskera”, el lema escrito en la pancarta cabecera. Eskisabel ha añadido que es cada vez mayor la proporción de vascoparlantes y que la Administración tiene que adaptarse. Según recoge Europa Press, Kontseilua ha puesto en valor su plan para llegar, en quince años, “a una Administración con los dos idiomas en igualdad sin hacer daño a nadie”.

El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, de su lado, ha alentado una mayoría alternativa en el Parlamento. Ha pedido a PNV y EH Bildu “valentía” en materia de euskera. Ha reclamado una “respuesta organizada a la ola reaccionaria política y judicial que vive” esta lengua. El dirigente del principal sindicato vasco ha señalado que hay un objetivo “político” para dar “predominio al español”.

Por su parte, la coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, también ha hablado de “un ataque organizado” contra el euskera. Se ha dirigido al PNV y le ha rogado que “no permita vetos” ni “hipotecas” del PSE-EE en la reforma legislativa. A su juicio, se vive una campaña “euskarofoba”, y ha considerado que es una “falacia” que defender los derechos lingüísticos sea ir contra los derechos laborales, como sostienen otras organizaciones como CCOO.

A su juicio, se quiere “imponer el castellano y dificultar el derecho de los trabajadores de la Administración a trabajar en euskera”. Aranburu cree que “en realidad” el euskera no es oficial. “A los trabajadores de la Administración publica se le debe exigir euskera y español al mismo nivel y deben ponerse recursos para que las personas que no conozcan el euskera, que es un instrumento ee inclusión social”, ha agregado. En España, el euskera tiene estatus de cooficialidad en la comunidad autónoma vasca, pero solamente en una parte de Navarra. En los territorios dentro de Francia no tiene ninguna cobertura legal.

“La euskarafobia no tiene cabida en nuestra sociedad”, ha apuntado Steilas en la red social X. Esta organización asegura que es necesaria una “respuesta colectiva, unificada y fuerte” ante un “ataque organizado” a la lengua vasca. “La defensa del euskera es responsabilidad de todos. Estamos construyendo el futuro”, pide la central educativa.

La Inspección de Trabajo y Osalan investigan a una empresa de Bizkaia por los altos niveles de arsénico detectados en los análisis de varios trabajadores que se encuentran de baja médica. Al menos hay nueve empleados a los que se les ha detectado niveles que duplican o triplican los valores que se pueden considerar fuera de los márgenes de peligro. Se trata de la empresa Montorretas, ubicada en Durango, que cuenta con alrededor de 32 personas en plantilla y que se dedica a la fabricación de perdigón de plomo para caza y competición. Además, parte de la actividad está centrada en la producción de granulado de plomo, principalmente utilizado en la tecnología de encapsulados en las acerías.

La denuncia, adelantada por el diario 'El Correo', ha partido de los propios trabajadores de la plantilla. Varios de ellos se han dirigido a CCOO, que ha presentado una denuncia ante la Inspección de Trabajo, y otros a ELA, que han denunciado el caso ante Osalan. Fuentes de estos dos organismos han confirmado que los técnicos han iniciado el procedimiento de inspección tras la denuncia y que está a la espera de conocer los resultados.

Algunos de estos trabajadores acudieron a la mutua tras encontrarse mal y al realizarles análisis de sangre y orina se detectaron valores muy por encima de los 35 microgramos sobre los que ya saltan las alarmas. Algunos tenían más de 68 microgramos y otros tenían picos de hasta 400, según señalan desde el sindicato ELA. Por su parte, CCOO ha denunciado incumplimientos en las medidas de seguridad para proteger a los trabajadores de este compuesto altamente venenoso. Además de los trabajadores a los que se les ha detectado el arsénico en los análisis, hay un trabajador de la empresa ingresado en el hospital de Usansolo, pero está aún sin confirmar si su ingreso está directamente relacionado con el contacto con el arsénico.

La empresa utiliza el arsénico como materia prima en uno de los procesos de fabricación de perdigones, tal y como se recoge en su declaración ambiental integrada, que también especifica medidas de seguridad para minimizar el impacto de este compuesto. Los trabajadores afectados y que se encuentran de baja trabajan en el horno y clasificación.

La empresa confía en “esclarecer los hechos con rigor”

Fuentes de la empresa han señalado a través de un comunicado que tan pronto como la dirección tuvo noticia de que varios trabajadores de la empresa “podrían estar atravesando una situación que pudiera afectar a su salud”, se pusieron en marcha “de forma inmediata los protocolos establecidos, notificando el caso a las autoridades competentes en cumplimiento de la normativa aplicable”.

“Como medida de cautela y en atención al bienestar de toda la plantilla, la empresa está llevando a cabo las actuaciones preventivas que la situación requiere para garantizar que el conjunto de los trabajadores continúa desarrollando su actividad en las condiciones adecuadas”, han señalado. Por otra parte, han confiado en que “la investigación en curso por parte de las autoridades competentes contribuirá a esclarecer los hechos con rigor”. “Esta empresa tiene como única prioridad en este momento la salud de sus trabajadores y la colaboración plena y sin reservas con las autoridades competentes”, han indicado y han rechazado realizar “declaraciones adicionales hasta que se haya esclarecido lo ocurrido”. Además de transmitir su total apoyo y cercanía a los trabajadores afectados“, han recordado que la empresa formar parte del tejido industrial de Durango desde 1959 y que las personas que la integran son ”como siempre, su mayor activo“.

La mayoría del comité de empresa de Tubos Reunidos ha culpado a la dirección y accionistas de la empresa y a las instituciones de la situación de insolvencia de la compañía que le ha llevado a presentar este lunes el concurso de acreedores voluntario ante la imposibilidad de hacer frente a los pagos. “La huelga no ha traído a Tubos Reunidos hasta aquí”, han señalado. Y ante la nueva fase que se abre ahora, en la que las decisiones se tomarán bajo la dirección judicial, han exigido que se “obligue a una solución justa” para la plantilla.

Representantes de ELA, LAB y ESK han valorado este martes el nuevo escenario que se abre con la tutela judicial que implica el concurso de acreedores -la antigua suspensión de pagos- , una fase a la que los sindicatos que forman el comité de empresa llegan completamente divididos. De hecho, las tres centrales que conforman esta mayoría han convocado una comparecencia de prensa ante las oficinas de la empresa en Bilbao y una posterior manifestación por la capital vizcaína, sin unidad de acción con CCOO ni de UGT, aunque algún delegado de este sindicato ha participado en la movilización. Ambos sindicatos, UGT y CCOO, son partidarios de que la plantilla de la planta de Amurrio pueda votar si quiere mantener o no la huelga indefinida. ELA, LAB y ESK ya han anunciado este martes que no acudirán a la asamblea convocada este jueves por un grupo de trabajadores que tienen el aval de 235 firmas, para votar si continúan o no con el paro.

“El problema no está en hacer o no asambleas, si no en hacerlas para llevar propuestas o soluciones, no para quitar derechos fundamentales. Entramos en un nuevo escenario y evidentemente no estamos en el mismo punto que ayer”, han señalado los representantes de la mayoría en un comunicado que han leído durante la comparecencia y que han recordado que este miércoles la dirección de la empresa les ha convocado a una reunión. Un encuentro que, por cierto, la dirección mantendrá por separada con el comité de Amurrio y de Trápaga, pese a que todas las reuniones del ERE la dirección exigió que se realizaran con una única representación para ambas empresas. “Vamos a esperar a la reunión de mañana, a escuchar qué plantea la empresa y a analizar la nueva situación con responsabilidad”, han indicado los representantes de la planta de Amurrio.

Las centrales parten de la base de que se entra en una nueva fase en la que “hay que estar más organizados, más unidos y más firmes que nunca”. “En esta nueva fase esperamos que tengamos la posibilidad de interlocución y de negociación que hasta ahora la dirección había bloqueado. Hasta ahora todo ha sido imposición. Ahora se abre un escenario distinto y esperamos que sirva para hablar de verdad, con transparencia y con toda la información encima de la mesa”, han señalado tras asegurar que siempre han estado dispuestos a negociar. “Pero negociar de verdad, negociar con transparencia, negociar sin chantajes, negociar sin presiones. Negociar con toda la información encima de la mesa y con participación real de la plantilla. Eso es lo que hemos exigido desde el primer día y eso es lo que seguimos exigiendo hoy”.

Después de que la dirección culpara el lunes a la huelga indefinida en Amurrio de buena parte de la situación de insolvencia de la empresa, al estar paralizada la actividad, las centrales han reiterado que “la plantilla no ha elegido este conflicto. A la plantilla la han empujado al conflicto”. En este sentido, han señalado que ya advirtieron de que “las medidas planteadas por la dirección, despidos, cierre de la acería y externalización de la logística, no resolvían el problema de fondo de Tubos Reunidos. Dijimos que el problema no era la plantilla, ni sus condiciones, ni sus derechos. Dijimos que el problema era financiero, pero también de gestión y de dirección. Y dijimos que hacía falta abrir un proceso de negociación real, transparente y con participación efectiva de la plantilla. No quisieron escuchar. Eligieron la imposición, el chantaje y la presión. Eligieron intentar hacer pagar a la plantilla las consecuencias de años de mala gestión”.

En este sentido, han recordado que la empresa presentó el ERE como “imprescindible” para garantizar la viabilidad y facilitar la refinanciación. “Hoy ese ERE queda suspendido, porque ni siquiera pueden hacer frente a sus costes. Nos dijeron que el cierre de la acería y la externalización eran necesarios para salvar la empresa. Ahora la empresa solicita entrar en concurso de forma voluntaria. Los hechos son claros, ni el ERE era la solución, ni el cierre de la acería era la solución, ni la externalización de la logística era la solución. Y eso hay que decirlo alto y claro”, han señalado.

Las centrales han recordado que el de Tubos Reunidos “no es un concurso cualquiera. Hay dinero público de la Sepi detrás. Eso significa que hay margen para salvar la empresa. Y si hay dinero público, tiene que haber empleo y actividad industrial. Ahora ya no decide solo la empresa. Aquí entran más actores: Sepi, los bancos como BBVA, la administración concursal y los gobiernos. Y por eso ahora hace falta más presión que nunca. Porque lo que se decide ahora es muy claro: si la empresa se salva a costa de la plantilla o si se obliga a una solución justa”, insisten.

Además, los trabajadores miran a los acreedores privados, además de la Sepi, como el BBVA, que es una de las entidades a las que también debe dinero Tubos Reunidos. La plantilla se ha concentrado ante la sede de la empresa en Bilbao.

Miles de personas han salido a la calle este Primero de Mayo en Euskado reivindicando salarios dignos. Por separado -sólo CCOO y UGT se han manifestado juntos- todas las centrales han hecho alusiones a la guerra en Irán y han pedido que no sean los trabajadores los que paguen el conflicto bélico. La manifestación más numerosa ha sido la de ELA, que ha concetrado en Bilbao todas las movilizaciones -sólo ha hecho otra en Pamplona-. Su secretario general, Mitxel Lakuntza, ha asegurado que el sindicato no va a parar hasta conseguir un salario mínimo interprofesional (SMI) propio en Euskadi de 1.500 euros y ha acusado al lehendakari, Imanol Pradales, de “ponerse de perfil” ante esta reivindicación “sumándose al voto contrario de su partido, junto a PSE, PP y Vox”. Además, ha pedido “que nadie decida en nuestro lugar, que nadie desde Madrid nos imponga su precariedad”.

ELA se ha manifestado bajo el lema 'SMI 1.500; Jo ta ke, hemen erabaki arte' (SMI 1.500, sin descanso hasta decidir aquí. En su discurso, previo a la manifestación, Lakuntza ha recordado la huelga general del 17 de marzo en demanda de un SMI propio en Euskadi y ha destacado que se ha conseguido “implicar en esta lucha a la clase trabajadora de nuestro país, dejar sin argumentos a la patronal, a los partidos, sindicatos y gobiernos que se oponen, y que una parte mayoritaria de la sociedad haga suya la reivindicación de un salario mínimo propio”. “Ese es nuestro mejor activo, el apoyo popular que hemos conseguido durante todo el proceso, con cada firma que recogimos para entregar la ILP, con cada protesta que hemos hecho cada vez que la patronal ha rechazado sentarse y con cada centro de trabajo que hemos conseguido parar”, ha resaltado.

Lakuntza ha dicho que no quieren “que nadie decida en nuestro lugar, que nadie desde Madrid nos imponga su precariedad, porque argumentar que el incremento del SMI en todos los territorios donde sea posible es insolidario es, además de españolista, algo difícil de vender en este país”. En ese sentido, ha criticado que “hay partidos y sindicatos que venden que es mejor cobrar 1.200 euros que 1.500 euros” y ha dicho que “están faltando al respeto a los trabajadores en situación más precaria”, porque, entre otras cosas, la reivindicación del SMI de 1.500 euros es “un compromiso para mejorar la vida de miles de mujeres en este país” y porque un SMI propio de 1.500 euros “busca hacer justicia feminista”.

El líder de ELA ha afirmado que la explicación de aquellos que se oponen es, “sobre todo, ideológica, porque el españolismo y el centralismo se usan para extender la precariedad”. “Por eso no quieren que tengamos la capacidad para subir los salarios más bajos. Por eso también Confebask es centralista y españolista”, ha advertido, para insistir en que en ELA no se van a rendir hasta conseguir un salario mínimo propio.

En ese sentido, ha dicho que el lema “Jo ta ke hemen erabaki arte” de este Primero de Mayo quieren que sea “un impulso y una declaración de compromiso con la lucha por el SMI” y ha asegurado que van a trabajar “para abrir nuevas vías” y para que SMI “siga estando en la agenda política de este país, porque el SMI es una cuestión política”.

Además, ha criticado que, hasta ahora, el lehendakari “ha decidido oponerse al SMI propio, sumándose al voto contrario de su partido, junto a PSE, PP y VOX”. “En el mejor de los casos, Pradales se ha puesto de perfil”, ha reprochado, para recordar que hace unos días el lehendakari y su gobierno decidieron “responder de la peor manera posible, amenanzado a ELA y LAB con una nueva Ley de participación institucional que tendrá consecuencias si no pasamos por el aro de la mesa del diálogo social, una mesa vacía de contenido pero llena de propaganda”.

En ese sentido, ha añadido que el consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha anunciado que “premiarán a los que acudan a la mesa, a quienes acepten participar de ese teatro que buscan el gobierno y la patronal, el teatro de aparentar que se hace algo, cuando realmente no negocian nada”, y ha afirmado que la del diálogo social es “una mesa antidemocrática, donde ni siquiera se respetan las mayorías, porque UGT y CCOO apenas llegan al 28% de representación, y ahora se da un salto en una decisión autoritaria para atacar a la mayoría sindical de este país”.

Por otro lado, “ante un modelo capitalista salvaje que solo trae destrucción, miseria y muerte”, ha reivindicado los valores del Primero de Mayo, “la paz, la solidaridad, el feminismo, la libertad y la vida” y ha criticado que Confebask y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, “han llamado a mirar para otro lado” ante los “graves peligros” que suponen “los gobiernos de Trumpo y Netanyahu, porque ”no quieren que se moleste a las principales amenazas para la paz mundial“ y porque ”su prioridad no son los derechos humanos, la paz o la justicia social, sino los intereses económicos“. Ante esto, Lakuntza ha reivindicado ”la paz, la solidaridad, el feminismo, la libertad y la vida“, ha denunciado el imperialismo y ha defendido ”la soberanía de los pueblos“.

También ha expresado su apoyo a los trabajadores que están participando en numerosas movilizaciones y huelgas, y ha subrayado que, ante los ERE y despidos que destruyen empleo, la labor del sindicato es defender los puestos de trabajo. “El objetivo de ELA no es votar lo que quiera la empresa, el sindicato debe mantener el empleo hasta el final”, ha subrayado. El sindicato, ha reiterado, “no está para facilitar despidos, ni para aceptar el mal menor, ni para votar lo que la empresa quiere, como en el caso de Tubos Reunidos, ni para dejar tirados a unos por otros”, sino que está para defender el empleo hasta el final, hasta el último juzgado si hace falta“.

También LAB ha cargado contra el Gobierno vasco y le ha acusado de “blanquear” a Confebask e impulsar “el sindicalismo dócil” y castigar “al sindicalismo soberanista de clase”. Además, el sindicato ha defendido que un salario mínimo propio de 1.500 euros es una “medida justa y viable” y seguirán con esa “lucha”.

“Langileok eragin” ha sido el lema elegido por LAB para sus marchas en 26 localidades aunque la central ha sido en Donostia donde la coordinadora general, Garbiñe Aranburu, ha hecho un llamamiento a los trabajadores “a movilizarse por el derecho a trabajar y vivir en euskera y ha puesto en valor la labor de los trabajadores que luchan en defensa del empleo”. Aranburu ha afirmado que es de hoy es un día “de reivindicación y movilización” y ha mostrado su “solidaridad a los pueblos trabajadores del mundo”.

La dirigente de LAB ha defendido que la actual coyuntura exige realizar políticas a favor de los trabajadores y ha recordado que se viene de una “exitosa huelga general” el 17 de marzo por un salario mínimo propio y este Primero de Mayo miles de trabajadores han vuelto a a salir a la calles“. ”Por lo tanto, los trabajadores hemos hablado; reclamamos políticas redistributivas, para repartir los cuidados, el empleo y los salarios. Para mejorar los salarios y las pensiones, para garantizar el derecho a la vivienda; para garantizar servicios públicos de calidad en la sanidad, en la educación o en los cuidados“, ha apuntado.

Aranburu ha señalado que todas estas medidas son “medidas para cerrar las puertas al fascismo y la ofensiva reaccionaria y hacer frente a las brechas machistas y racistas y a las existentes entre generaciones”. La dirigente de LAB ha defendido el salario mínimo propio de 1.500 euros para “una vida digna” y ha asegurado que es “una medida necesaria, justa y viable”. “La patronal y los gobiernos han despreciado nuestras propuestas, pero la lucha sigue. La demostración de fuerza de la huelga mantiene viva esa reivindicación. Nos ha dado más fuerza y legitimidad. No será fácil”, ha reconocido.

CCOO y UGT piden “una política salarial seria”

Por su parte, CCOO y UGT han vuelto a manifestarse conjuntamente el Primero de Mayo en las capitales vascas y el líder del CCOO Euskadi, Santi Martínez, ha reclamado “una política salarial seria” que “se deje de cuentos de la lechera” y fijar un salario mínimo de convenio de 1.500 euros. Por su parte, el presidente de la Comisión Gestora de UGT Euskadi, Tximi López, ha defendido el diálogo social y “mancharse las manos para lograr avances reales” frente a quienes prefieren “la parálisis”. Estas reflexiones han sido realizadas en los mitines que han ofrecido ambos en la capital vizcaína, tras la manifestación que han realizado por Bilbao bajo el lema “Derechos, no trincheras: Salarios, vivienda y democracia”, una marcha que se ha repetido también en San Sebastián y Vitoria.

Santi Martínez ha afirmado que el sindicalismo confederal “no tiene fronteras, ni líneas rojas entre trabajadoras, ni trincheras”. En este sentido, se ha sumado en primer lugar al “no a la guerra”. “De trincheras saben mucho los criminales impulsores de unas guerras ilegales que están condicionando el mundo, que se están cargando un sistema de relaciones internacionales basado en el multilateralismo, que están promoviendo la ley del más fuerte para perpetuar guerras”.

Tras denunciar que “el capitalismo mata” y si se junta con “atrasistas” se convierte “en una pandemia mortal de imbéciles con poder”, ha defendido que Europa, España y Euskadi necesitan despertar de “su letargo” y ha asegurado que el sindicalismo confederal “va a contribuir a que despierte de ese mal sueño”.

Asimismo, ha señalado que ese sindicalismo confederal es el “mejor actor para defender a las personas trabajadoras” y ha llamado a estar “vigilantes ante la avaricia de unas patronales que no contentas con unos beneficios económicos históricos retoman el papel de plañideras a las primeras de cambio, cuando vienen mal dadas”.

“Bienvenidos sean aquellos neoliberales de pacotilla que terminan suplicando la intervención y el impulso de lo público en contextos como estos. Bienvenidos sí, pero no así. Las ayudas públicas se condicionan, a la protección del empleo, a un empleo de calidad y a una fiscalidad progresiva”, ha indicado.

En su discurso, también ha defendido el dialógo social “concebido para condicionar las políticas públicas”. En este sentido, ha asegurado que la mejor manera de “no condicionar nada es no estar” y ha afirmado que CCOO “no va a renunciar a ningún espacio de incidencia”. Tras recordar algunos de las medidas adoptadas en el marco del diálogo social, ha citado, entre ellas, la subida del 66% del SMI, “un 66 por ciento más que la subida lograda por las organizaciones convocantes de la última huelga general excluyente en Euskadi por el salario mínimo vasco”.

“Así que lecciones, las justas. A ver si va a resultar que el sindicalismo que califican como dócil es el que está condicionando de verdad las políticas públicas frente a la sobreactuación de algunas organizaciones que lo cuestionan todo pero que no cambian nada”, ha remarcado.

El representante de CCOO ha defendido establecer “una política salarial seria en este país que se deje de cuentos de la lechera”. “Estamos hablando de un salario mínimo de convenio de 1.500 euros”, ha remarcado.

Santi Martínez ha destacado la importancia de “pelear ese reparto de beneficios de las empresas en favor del factor trabajo” y, por ello, ve “fundamental garantizar el poder adquisitivo”.

“Defendemos una política salarial útil y pegada a la realidad de Euskadi, basada en la negociación colectiva. La prioridad pasa por incrementos salariales con garantías y por un salario mínimo de convenio de 1.500 euros. El objetivo es reforzar certezas, mejorar rentas del trabajo y responder con herramientas concretas al coste real de la vida”, ha señalado.

Santi Martínez ha defendido también que ensanchar la democracia es “el mejor antídoto contra esos estrechos mentales que crecen como parásitos del descontento y fortalecen las ideas supremacistas de la ultraderecha”. “Ensanchar la democracia también en los centros de trabajo, ejerciéndola de verdad, y no aceptando vetos al voto de las plantillas”, ha remarcado.

Por otra parte, ha asegurado que el acceso a una vivienda es “hoy un problema generacional y generalizado” y también es “un problema laboral”. Por ello, ha reclamado un parque público de alquiler “asequible, suficiente y real”.

También ha pedido extender la democracia apoyando el proceso de regularización extraordinaria que “va a sacar de la clandestinidad a miles de conciudadanas” y ha señalado que estarán presentes para “evitar el dumping salarial a la baja que quieren establecer algunas empresas”.

“Hoy queremos ser la referencia de la población trabajadora migrante. Porque en nosotras no van a encontrar ninguna duda, ninguna vacilación banderiza, ninguna barrera teñida de patriotismo rancio, sea vasco o español, nosotras tenemos claro que, como antes, y como siempre, 'de aquí o de fuera, la misma clase obrera. No podemos criticar las prioridades nacionales de algunos y callarnos ante otras prioridades y privilegios que, nos lo cuenten como nos lo cuenten, fragmentan la sociedad y el mundo del trabajo”, ha criticado.

Por su parte, el presidente de la omisión gestora de UGT Euskadi, Tximi López, ha reafirmado el papel del sindicalismo de clase como “primera línea de defensa” de los derechos laborales en el actual contexto de incertidumbre global y ha subrayado que su prioridad absoluta es la mejora de las condiciones de vida de la clase trabajadora “por encima de intereses y de siglas”.

En este sentido, Tximi López ha defendido la apuesta por la negociación y el acuerdo que mantiene UGT y ha rechazado las críticas por su participación en la Mesa de Diálogo Social, porque el compromiso con los trabajadores se demuestra “con hechos y convenios, no con descalificaciones”.

“Que nos oigan los que tanto nos critican: no estamos aquí para afianzar siglas, sino derechos”, ha asegurado en referencia a ELA y LAB que no participan en ese foro.

Tximi López ha añadido que, frente a quienes prefieren “la parálisis” para reafirmar sus posiciones, UGT opta por “mancharse las manos para lograr avances reales”.

Este Primero de Mayo de 2026, en el que los sindicatos sacarán a las calles vascas miles de trabajadores reivindicando sus derechos, parece calcado al del año pasado, como si las reivindicaciones que centraron los lemas de 2025 hubieran quedado suspendidas. El año pasado las reclamaciones de los sindicatos vascos iban del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio para Euskadi al “no a guerra”. Y en esas mismas estamos un año después, con situaciones incluso peores en lo que se refiere a los conflictos bélicos, que están repercutiendo -al margen de en la pérdida de vidas humanas- en un progresivo deterioro de las condiciones económicas que influye directamente en la situación de los trabajadores. En cuanto al SMI vasco, sigue estancado, sin que la patronal vasca quiera sentarse a negociar.

Así las cosas, los salarios dignos y las consecuencias que tendrán las guerras abiertas -Ucrania, Gaza, Irán- sobre los trabajadores, con lo que eso supone en el coste de la vida, la pérdida de poder adquisitivo, las dificultades para acceder a una vivienda o el incremento de la precariedad laboral, centrarán los lemas de los sindicatos que se manifestarán este viernes festivo por las capitales vascas, en su mayoría separados, como ya es habitual en el panorama sindical vasco.

Aunque son muchas las reivindicaciones que comparten, solo CCOO y UGT se manifestarán de forma conjunta entre los cuatro sindicatos más representativos. El primer sindicato vasco, ELA, y el segundo en representatividad, LAB, lo harán por separado, ratificando una vez más que la unidad de acción entre ambas centrales queda restringida a casos muy puntuales. Otras centrales como ESK compartirán convocatoria con Steilas, CGT y CNT. Aunque habrá manifestaciones de todas las centrales en las tres capitales, la mayoría ha elegido Bilbao para sus actos centrales. Este es el caso de ELA, CCOO y UGT, mientras que LAB tendrá la manifestación central,con sus principales líderes, en Donostia.

En el caso de ELA, el sindicato que dirige Mitxel Lakuntza concentra sus esfuerzos en una única manifestación en la capital vizcaína -tendrá otra en Pamplona- bajo el lema ‘SMI 1.500; Jo ta ke, hemen erabaki arte’, un lema que ya es toda una declaración de intenciones: no cesará en su reivindicación de un salario propio de mínimo 1.500 euros hasta que se consiga, como ya advirtió con motivo de la huelga general por este motivo que capitaneó junto con LAB y otros sindicatos como Steilas, ESK, Etxalde, Hiru, CNT, CGT. El sindicato, que junto a otras centrales nacionalistas de varias comunidades autónomas ha puesto en marcha una campaña en el Congreso para conseguir modificar el Estatuto de los Trabajadores y que las comunidades puedan legislar sobre el SMI, insta al lehendakari a implicarse directamente en el proceso y reivindicar esta competencia a Madrid. ELA considera que “con un SMI propio, se demostrará otro principio cada vez más evidente: es necesario reforzar la soberanía de Euskal Herria. Cuanto más cerca esté el poder de decisión, más justas serán las medidas políticas”.

LAB realizará un total de 26 manifestaciones en las capitales vascas y navarra, en Baiona y Maule, se movilizará junto a la intersindical y en varias comarcas, aunque la movilización central tendrá lugar en Donostia. Ante la guerra y el encarecimiento de la vida, LAB reivindicará políticas a favor de los trabajadores bajo el lema 'Langileok eragin'. Denuncian desde este sindicato que la patronal, como ocurrió con la crisis financiera, la pandemia o la guerra de Ucrania, intentará hacer que la clase trabajadora “pague la factura de la guerra en Oriente Medio, encareciendo los precios y atacando el empleo y las condiciones laborales”. Ante ello, consideran que hay que expresar con firmeza un mensaje contra la guerra: “No a la guerra y no a pagar la factura de la guerra”.

En este contexto incierto reclaman “políticas en favor de los trabajadores”, con salarios y pensiones con “ingresos mínimos dignos”. “Hay que reivindicar que se ponga en el centro las vidas de todos y todas, en lugar de los beneficios de unos pocos”. “Hay que establecer políticas de redistribución en Euskal Herria; políticas para el reparto del empleo, de los cuidados y de la riqueza”, señalan desde el sindicato.

UGT y CCOO se movilizarán juntos en Euskadi, siguiendo la estela de sus formaciones en todo el Estado. Realizarán movilizaciones en las tres capitales vascas, con acto central en Bilbao, bajo el lema 'Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y democracia'.  “Es decir, defender derechos frente a trincheras, salarios frente a precariedad, vivienda frente a especulación y democracia frente a discursos de odio y exclusión”, señalan desde estos sindicatos. Ambas centrales quieren además quieren que sea un día para contraponer el diálogo social que defienden “herramienta eficaz y útil” ante el “ruido y la crispación” de sindicatos que defienden “el conflicto estéril y el grito”. Además, quieren que sea una oportunidad para reclamar la defensa de proteger la industria para garantizar salarios dignos y exigir a las Administraciones públicas que no destinen ni un euro de dinero público a las empresas que optan por la deslocalización ante la mínima dificultad.

Otros sindicatos como ESK, Steilas, CGT y CNT comparten convocatoria con manifestaciones en las tres capitales vascas en contra de la guerra y el imperialismo, aunque el acto central será en Vitoria: “No vamos a permitir que sigan empobreciéndonos para enriquecerse a nuestra costa y, menos aún, que lo hagan justificando, por acción o por omisión, guerras e injerencias imperialistas”, señalan.

Estas son las principales manifestaciones

ELA: El sindicato mayoritario concentra las movilizaciones en la CAV en Bilbao, a las 11.30 horas. Un acto central en la plaza del Sagrado Corazón con intervención de Mitxel Lakuntza dará paso después a la manifestación que acabará en la plaza Circular.

LAB: La movilización principal será en Donostia. Una manifestación arrancará a las 12 horas de la plaza Easo y termirá en la plaza de la Trinidad, con un acto de la coordinadora general Garbiñe Aranburu. Además, se manifestarán en Vitoria a las 12.30 desde la plaza de la Provincia, y en Bilbao a las 12 desde la plaza Zabalburu.

CCOO y UGT: El acto central de estos sindicatos tendrá lugar en Bilbao, con la presencia de Santi Martínez, secretario general de CCOO, y de Tximi López, responsable de la comisión gestora que dirige UGT. La manifestación arrancará a las 11.30 a la altura del número 77. En Vitoria arrancará a las 12 de la Virgen Blanca y en Donostia a la misma hora desde el Alderdi Eder

ESK, Steilas, CGT y CNT: Manifestaciones en las capitales, a las 11.30 desde la Gran Vía de Bilbao, a la altura del número 56; a las 12 en Donostia desde el Museo de San Telmo; y a las 12,30 desde el Palacio Europa de Vitoria.

Un trabajador falleció este pasado martes en un accidente laboral ocurrido en la empresa Desarrollos en Madera Olatek, ubicada en el polígono industrial de Gojain, en Legutio (Álava), y que pertenece al grupo Egoin. Desde LAB han señalado que se trata de un transportista de 41 años que realizaba labores de carga en el momento del accidente. Según los datos de los que dispone este sindicato, “el propio transportista estaba descargando serrín cuando la carga le cayó encima, provocándole heridas graves que causaron su muerte”.

Desde ELA aseguran que, con este nuevo fallecimiento, serían al menos 11 las personas trabajadoras fallecidas en las comunidades autónomas vasca y navarra en accidente laboral, y la cuarta en Álava. LAB eleva esta cifra de trabadores fallecidos a 14. Este sindicato considera que la naturaleza de este accidente “evidencia que todavía no se aplican en la mayoría de los centros de trabajo las medidas preventivas relacionadas con los procedimientos de carga, a pesar de que la ley las establece como obligatorias desde 1997. Estos procedimientos regulan tanto los pasos del transportista subcontratado como los del personal de la propia empresa”.

“Es evidente que, en este ejercicio de coordinación, las garantías de seguridad del transportista subcontratado son responsabilidad de la empresa contratante. Una vez más, la prevención ha fallado y quien ha fallecido es un trabajador, no un empresario”, denuncian desde LAB. Por su parte, desde ELA han denunciado el incremento de los accidentes laborales mortales en los últimos años, “algo que no puede normalizarse”, y han exigido al Gobierno vasco “que establezca medidas de control y seguimiento ante los incumplimientos de la legislación preventiva”. “La patronal debe cumplir la legislación preventiva vigente y obligatoria”. “Es urgente tomar decisiones que pongan en el centro la salud y la vida de las personas trabajadoras para evitar la muerte de más de 50 personas cada año”, ha apuntado. Los trabajadores de Olatek realizarán un paro de 24 horas a partir de la noche de este miércoles y han convocado una concentración mañana miércoles a las 11:00 en la entrada del centro de trabajo.

La patronal vasca, Confebask, vuelve a decir que no. Ni los llamamientos al diálogo de las instituciones, ni la huelga general del 17 de marzo han hecho que varíe su postura sobre negociar un salario mínimo propio para los trabajadores vascos, más elevado que el del Estado. Los empresarios han anunciado que no asistirán a la reunión a la que les habían citado ELA y LAB en la sede del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) para este martes y cierran de nuevo la puerta a la negociación.

“Declinamos nuevamente la petición cursada para la apertura del ámbito negocial pretendido y esperamos que se desista de la misma”, han señalado los empresarios a través de un comunicado adelantándose a la cita de este martes. Los sindicatos habían planteado esta última reunión centrando la negociación sólo en salario, dejando fuera las cotizaciones sociales que se referencian a él. Pero tampoco así quieren sentarse los empresarios, que es ya la cuarta vez que rechazan abrir la negociación. Las centrales ya han advertido de que “si esta fase de interlocución y negociación” que intentaban abrir tras la huelga general “concluye sin acuerdo, llegará el momento de volver a las movilizaciones”. “La reivindicación del salario mínimo ha venido para quedarse y hasta que se logre las iniciativas sindicales no se van a para”, alegan.

Confebask considera que esta convocatoria no se distingue en nada de las anteriores. En este sentido, indica que ELA y LAB “siempre han planteado una única y exclusiva pretensión: un salario o retribución mínima para quienes presten servicios en la comunidad autónoma del País Vasco. ”Así se deduce de todos los documentos presentados en el CRL, de la demanda interpuesta ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de las manifestaciones vertidas en el acto del juicio celebrado, e incluso del reciente recurso de casación presentado ante el Tribunal Supremo. Nunca se refirieron o pretendieron otra cosa o efecto secundario derivado de ese salario o retribución mínima reclamado“, exponen. Por eso, señalan que ”sorprende la nueva convocatoria cursada por ELA y LAB ante el CRL, cuya única aportación respecto a las previas es que especifican y explican que sólo pretenden negociar el referido salario o retribución mínima 'en términos laborales'. Nunca tuvimos nadie esa duda“, afirman.

Por ello, han insistido en que se trata de una cuestión que “ya ha sido debatida bilateralmente y en el seno del CRL en múltiples ocasiones”, que ha sido analizada por el Superior, “concluyendo que existe una causa legal para no negociar esa materia (o, dicho de otra manera, que sería ilegal hacerlo)”. Además, han recordado que “se encuentra pendiente de recurso de casación presentado por ELA y LAB ante el Tribunal Supremo, situación que exige la ausencia de negociación respecto de una materia sobre la que el único pronunciamiento judicial hasta el momento ha decretado que no puede someterse a dicha negociación”. 

Llamamiento desde el Gobierno al diálogo social

El nuevo portazo de la patronal al diálogo se ha acogido con disgusto desde el Gobierno vasco. El vicelehendakari, Mikel Torres, ha vuelto ha hacer un llamamiento al “diálogo social” tras conocer el rechazo de Confebask a acudir a la cita. Torres ha pedido a sindicatos y patronal “hacer los esfuerzos necesarios para continuar en el diálogo y avanzar en la negociación colectiva”.

Tras lamentar la falta de avances, ha advertido que tanto la falta de diálogo social como la judicialización de los conflictos laborales es “un error”: “Los problemas de negociación colectiva, entre los que está la consecución de unos salarios acordes a la situación sociolaboral de Euskadi, no deben llevarse ni a los tribunales ni a reformas legislativas de consecuencias imprevisibles, sino a la mesa de diálogo social”, ha destacado.

Mientras tanto, ELA y LAB han exigido al Gobierno vasco que deje de “buscar equidistancias entre los agentes sociales y hacer frente directamente a Confebask para que abandone su modelo de negocio del siglo XIX basado en la pobreza extrema de los trabajadores y las trabajadoras”.

Tras la huelga general el pasado 17 de marzo que se acompañó de multitudinarias manifestaciones en las capitales vascas, la negociación para conseguir un salario mínimo propio en Euskadi, por encima del vigente en el Estado, vuelve a la casilla de salida. En concreto, al emplazamiento a la patronal a que siente a negociar la cantidad mínima que los trabajadores deben cobrar en Euskadi. Los sindicatos ELA y LAB han citado a Confebask a una reunión en el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) el martes día 24 para abordar la negociación. En el caso de Navarra la cita con la patronal está convocada un día después, el día 25.

La reunión de este martes será la cuarta ocasión en la que se intenta llegar a un acuerdo con los empresarios sobre este tema, después del primer encuentro que se celebró en febrero de 2025 y al que los empresarios acudieron solo para decir que no tienen intención de abordar este tema, al menos tal y como lo plantean los sindicatos. A partir de ahí no ha habido más que desencuentros con los empresarios. Por un lado, los empresarios se aferran a que se trata de una competencia que es del Estado y, por lo tanto, no les corresponde a ellos fijarla. Y por otro, consideran que establecer un salario mínimo común para todas las empresas de Euskadi, más elevado que el de otras comunidades, pondría en “riesgo a la competitividad y la sostenibilidad de las empresas vascas”.

Ante la negativa de la patronal a sentarse a negociar, ELA y LAB llevaron el tema a los tribunales, pero el TSJPV desestimó la demanda por ser una cuestión de competencia estatal. Sin embargo, los sindicatos se han aferrado precisamente a la argumentación contenida en esta sentencia para volver a citar a los empresarios. Las centrales señalan que la Justicia estableció que los sindicatos “pueden negociar con Confebask un salario mínimo para las relaciones laborales, pero sin afectar a las prestaciones sociales” y, por ello, ahora proponen “una nueva negociación dentro de ese marco”. En su petición de reunión señalan expresamente que solo quieren negociar un nivel salarial básico que afecte a las relaciones laborales de Euskadi y no a las prestaciones sociales.

ELA y LAB consideran que la sentencia supone que no pueden reclamar a la patronal la negociación de un salario mínimo legal que supere el marco de las relaciones laborales, ya que las negociaciones “no pueden afectar, por ejemplo, a la regulación de la Seguridad Social, a la inembargabilidad legal de los salarios o la determinación de las indemnizaciones del Fogasa” algo que, según aseguran, nunca han exigido en su reclamación de negociación a la patronal, razón por la que recurrirán la sentencia.

CCOO y UGT, que no convocaron ni secundaron la huelga , consideran que este nuevo emplazamiento entra de la fórmula de salario mínimo de convenio que estos sindicatos sí defienden, por lo que han emplazado a la patronal a negociar. Los sindicatos convocantes del paro consideran que “el éxito de la huelga general y las movilizaciones masivas” demuestran que “la sociedad vasca no va a ceder en la reivindicación de un SMI propio de 1.500 euros” y han considerado que “el clamor social debe obligar a gobiernos y patronales a avanzar de modo inmediato en su implantación”. Creen que la huelga ha sido “una demostración de fuerza de la clase trabajadora vasca”. “Estamos más fuertes que ayer, y tanto los partidos políticos como las patronales se han dado cuenta”. “No pararemos hasta conseguir el objetivo”, advierten. Y consideran por ello que la patronal debe escuchar el mensaje que le ha lanzado la huelga y sentarse a negociar.

De forma paralela, se mantiene abierta la vía iniciada de pedir a los partidos en el Congreso de los Diputados que presenten iniciativas para modificar el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, de manera que las comunidades autónomas tengan capacidad para legislar sobre el SMI, siempre y cuando sea para elevarlo por encima del vigente en el conjunto del Estado. Esta iniciativa ha llevado a reunirse con los partidos en el Congreso a los sindicatos nacionalistas de Euskadi, Catalunya, Galicia, Islas Baleares y Valencia. “Ningún partido con los que nos hemos reunido -todos con representación a excepción de PP y Vox- nos han dicho que no”, han asegurado.

El sindicato ELA ha denunciado que en los últimos cinco meses se han registrado 173 agresiones a profesoras y ha exigido al Departamento de Educación del Gobierno vasco, “responsable de la situación en los centros”, que tome medidas preventivas como mejorar las cargas de trabajo, las ratios y los recursos, o dotar a los centros de psicólogos o trabajadores sociales.

En un comunicado, ELA ha explicado que esta semana se han celebrado las reuniones de los Comités de Seguridad y Salud Laboral de la educación pública en Euskadi, donde el Servicio de Prevención del Departamento de Educación ha ofrecido “datos preocupantes”, ya que, desde septiembre 2025 a enero 2026, se han registrado 466 accidentes laborales, de los cuales 173 han sido agresiones. Según ha detallado el sindicato, se han constatado conflictos en siete centros y recibido 16 solicitudes de atención psicológica. En la mayoría de los casos las agresiones provienen del alumnado (165) y las agredidas son profesoras de entre 31 y 50 años. Del 23% de los casos registrados, el 23% han ocurrido “in itinere”, es decir, en tránsito.

Sin embargo, ha advertido que se observa una tendencia a no solicitar bajas laborales a pesar de las agresiones. En ese sentido, ha indicado que “solo en el 34% de los casos la persona agredida se ha acogido a una baja, en 159 casos”, lo que ha llevado al servicio de prevención a concluir que “puede haber un subregistro, ya que muchas personas trabajadoras no acuden a la mutua ni solicitan la baja”, según recoge Europa Press. ELA también ha apuntado que se han realizado 22 adaptaciones de puestos de trabajo y se han derivado a la mutua 36 casos de sospecha de enfermedad profesional. Tras afirmar que los protocolos, las mediaciones o formaciones “son necesarias”, ELA ha considerado “imprescindible analizar el origen del problema”.

Para ello, ha dicho que es necesario “realizar un diagnóstico adecuado y adoptar medidas preventivas eficaces para hacer frente a estos problemas, como mejorar las cargas de trabajo, ratios y recursos, dotar a los centros de los perfiles profesionales necesarios (como personal psicólogo o trabajador social), agilizar la burocracia, estabilizar al personal y una mejor organización y coordinación del trabajo”. Por otro lado, el sindicato ha considerado preciso “acelerar los procesos de adaptación de puestos de trabajo y dejar de lado criterios excluyentes”.

Sin embargo, ha lamentado, “no parece que el Departamento de Educación tenga intención de tomar las decisiones necesarias para ello”, ya que, por el momento, no se reforzará el Servicio de Prevención, a pesar de que solo hay 15 puestos de técnicos, de los cuales solo 11 están cubiertos“. Además, ha criticado que Educación ”seguirá adelante con una evaluación de riesgos psicosociales que no garantiza la participación de los y las trabajadoras y que es muy generalizado“. Por último, ELA ha asegurado que seguirá trabajando para ”garantizar la salud laboral del personal, porque no es posible garantizar el bienestar del alumnado sin el bienestar de las plantillas“.

La mayoría sindical vasca, capitaneada por ELA y LAB, ha hecho una demostración de fuerza este martes al conseguir sacar a miles de personas a la calle en una jornada de huelga general para presionar a la patronal, y también a los Gobiernos vasco y navarro, con el objetivo conseguir un salario mínimo propio, diferenciado y más elevado que en el Estado, y por encima de los 1.500 euros. Las movilizaciones del mediodía han llenado las calles de Bilbao, Vitoria, Donostia y Pamplona, y también ha habido convocatorias en otras localidades más pequeñas. Mientras, el seguimiento ha sido desigual en los diferentes sectores. ELA ha cifrado en 105.000 las personas en la calle. Ha sido una jornada con algunos incidentes, como los ocurridos a primera hora en Vitoria, con quemas de neumáticos y contenedores, o a mediodía en Bilbao, donde se ha producido un detenido en la Gran Vía.

“Nos van a tener enfrente hasta que decidan sentarse y acordar con los sindicatos un salario mínimo”, ha avisado Mitxel Lakuntza, secretario general de ELA, en el mitin que ha cerrado la manifestación de este martes por la mañana en Bilbao y en la que se han congregado miles de personas contra “el saqueo organizado que se está dando desde los empresarios”. “Hoy la clase trabajadora vasca ha demostrado la fuerza que tiene”, ha advertido el coordinador general de LAB, Igor Agirre, que ha estado también en la marcha de la capital vizcaína. Steilas, ESK, Etxalde, Hiru, CNT, CGT o el movimiento alrededor de GKS o los pensionistas también llamaban a la huelga, pero no CCOO y UGT.

Las manifestaciones se han celebrado también en Vitoria, Donostia, Pamplona, Eibar y Tudela. Con ellas, los sindicatos convocantes han querido mostrar en la calle su fuerza en un paro que han calificado de rotundo éxito, aunque ha tenido un seguimiento desigual según los sectores, con mayor repercusión en educación y empresas industriales, con amplio seguimiento en algunas de las grandes, sobre todo en Gipuzkoa. En Osakidetza, donde la huelga vasca ha coincidido con jornada de paro de los médicos, la incidencia ha sido menor que la de este lunes, con solamente la convocatoria profesional. Los transportes, aunque con retrasos, han circulado en general por encima del 30% de servicios mínimos. En el comercio ha habido cierres al paso de los piquetes u obligados por ellos, sobre todo en el centro de Bilbao.

Partidos como EH Bildu o Podemos han instado a la población a sumarse a la huelga. El fin de la huelga es doble: por un lado, presionar a la patronal para que se fije un salario mínimo en Euskadi de 1.500 euros, frente a los 1.221 euros vigentes ahora en todo el Estado. Por otro, presionar a las fuerzas políticas para que exijan las competencias para fijar el SMI, hoy por hoy legislación básica, y, por lo tanto, competencia exclusiva del Estado. De hecho, gran parte de las intervenciones de los líderes sindicales se han destinado a cargar contra los Gobiernos de Imanol Pradales, sobre todo, y de María Chivite.

“Los Gobiernos de Chivite y de Pradales tienen que rectificar. Es injustificable que tengan una posición contraria al salario mínimo interprofesional. Es una decisión que va en contra del propio autogobierno y lo único que hace es favorecer la continuidad de la precariedad”, ha señalado Lakuntza. De igual forma, Arroyo se ha dirigido directamente a Pradales: “Se presentó como una especie de cambio respecto a Iñigo Urkullu, pero parece que está haciendo un recambio, un cambio 'fake'. Estamos viendo como una tras otra está dando negativas a reivindicaciones populares”. Y ha citado las negativas a la ILP de las pensiones o del SMI. “Pues bien, señor Pradales, si sigue en esas, va a ir viendo como su Gobierno tiene un declive, porque aquí no valen medias tintas. O se está con las inquilinas o se está con los fondos buitres, o se está con las mujeres que luchan contra la precariedad salarial o con una patronal que se aprovecha del trabajo productivo y reproductivo de las mujeres. O con Tubos Reunidos y con la gente que defiende sus puestos de trabajo o con la oligarquía de Josu Jon Imaz o de José Antonio Jainaga”, ha señalado.

Estas críticas directas han servido al PNV para otorgar a la huelga una “clara motivación política”. A través de un comunicado, los de Aitor Esteban han acusado a los sindicatos de buscar únicamente “generar ruido y mostrar una sensación de un descontento social que no se acerca a la realidad”. Además, ha advertido el PNV de que en ningún caso el derecho a la huelga “ampara actos vandálicos y violentos”, en relación sobre todo a los incidentes que se han producido en Bilbao al paso de piquetes en los que se han producido ataques a varios comercios con rotura de escaparates y en algunos piquetes en empresas a primera hora de la mañana.

“Como partido defensor de los derechos fundamentales de las personas, [el PNV] respeta el derecho a la huelga de la ciudadanía, un derecho que incluye respetar también a quien no quiera ejercitarlo y que, en ningún caso, ampara actos vandálicos y violentos”, opinan. Y recalcan que las comunidades “carecen de competencias” para aumentar el Salario Mínimo Interprofesional: “Es el Gobierno español, y en concreto el Ministerio de Trabajo, quien tiene la potestad para establecer y subir anualmente el SMI”.

También el Gobierno vasco, que ha celebrado su Consejo de Gobierno con total normalidad, ha criticado los incidentes, y han abogado por defender el SMI propio a través del diálogo social. Como ocurre en todas las huelgas, el entusiasmo de los sindicatos sobre el seguimiento del paro se ha minimizado por parte de la Administración, en el caso del sector público, o de las diferentes patronales.

A falta de datos más concretos al cierre de la jornada, a mediodía, los sindicatos cifraban la huelga en Educación en más del 80% en las 'haurreskolak', más del 80% en las ikastolas, más del 60% entre el profesorado del sector público y más del 65% entre el personal de servicios. Educación, por su parte, ha cifrado el seguimiento en los colegios publicos en un 49%. En la Administración general el dato es del 16,82%, en Prisiones únicamente diez personas han hecho huelga, en Euskotren ronda el 19% y en Osakidetza un 12%, según las fuentes oficiales consultadas.

En el caso de los transportes, Metro Bilbao ha informado de que su servicio se ha desarrollado al 60% de un día normal, aunque los servicios mínimos fijaban la frecuencia de trenes en un 30%. También Bilbobus o Lurraldebus han circulado muy por encima de los servicios público. Tuvisa, en Vitoria, tenía solamente al 13% de huelga a primera hora.

En cuanto al seguimiento en la industria, el balance de los sindicatos es de una incidencia máxima en el sector industrial, sobre todo en Gipuzkoa, con muchas fábricas que han tenido que parar la producción, como KSB Itur; Inda Taldea; Elmubas; Korta; Ampo; Mendiaraz; Corrugados; Natra; Garay; Elay; Tesa; Yurrita; Arcelor Bergara; Ikankonitrek; CIE Legazpi; GKN; Indar; Hine; CAF de Irun y Beasain; Niessen; Lau lagun; Ubis; Mendiola; Ahlstrom; ITV zerbitzuak; Biele Azpeitia, Guerra Hnos Beasain; ABC Eibar; JMA; o Indaux. También la huelga ha tenido impacto en Irizar, Orona, Fagor Electronica, o Ulma Embedded.

El seguimiento de la huelga también está siendo muy amplio en importantes empresas de Bizkaia, como Cementos Lemona, Kide, Cikautxo, Nemak, Kauxot, Kutenik, Losal, Bruss, Pronutec, Teknia, Sermanfer, Winoa, Ingeteam, Alstom, Gestamp, Arisawa y Salica. En Álava lo mismo, con paro en Cie Goian, AEG, Cie Nova Recyd, Cie Gameco, SAS Autosystemtechnik, Fibertecnic, Dominion, Tauxme, Wec, Arcelor y Laminaciones Arregui, según informan los sindicatos. Además, han destacado el impacto en las empresas de Aiaraldea, por ejemplo en empresas como Maderas de Llodio, Tubos Reunidos -que está en huelga indefinida- , Tubacex, Inausa, Amurrio Ferrocarril o Envases Metalúrgicos. Otras grandes empresas, alavesas como Mercedes o Michelin han trabajado con normalidad. En Navarra, los sindicatos han destacado el paro en empresas como Funvera, Savera, Torraspapel, Lakuntza Calor, Barranquesa, Omnia, Magotteaux, Arcelor Lesaka, Portland, Aceros Moldeados, GhGuema, Mecaisa o Guerra Hnos y en otras compañías como Kybse, Icer Rail o Ingeteam, entre otras.

En el comercio el seguimiento ha sido desigual, y muchas tiendas han cerrado al paso de las columnas de manifestantes. En Bilbao, en Pull & Bear han accedido tirando la ropa de la tienda y golpeando los escaparates.

Las manifestaciones volverán a tener lugar esta tarde. Los sindicatos, que han convocado a una reunión a las patronales la próxima semana para negociar el SMI propio y advierten a los empresarios de que el seguimiento de este martes les ha dado fuerza para seguir: “No pararemos hasta conseguirlo”.