Entre cajas de mudanza, Pedro, que prefiere no dar su nombre real, explica por qué ha preferido dejar su piso a enviar un burofax para pedir la prórroga a su casero. “No quería convivir dos años con una situación desagradable y una mala relación con mi casero”, explica, “y además, tenía alternativa”, remata. A unos 2,8 millones de inquilinos en un millón de hogares en España les vence el contrato de alquiler antes del 31 de diciembre y pueden acogerse al real decreto extraordinario por la guerra en Oriente Medio que prorrogará dos años los contratos vencidos. La medida inquieta o enfada a algunos caseros y los inquilinos se debaten entre el miedo al burofax por el conflicto que abre y la apuesta a la mejor carta ganadora para alargar un contrato sin que te suban el alquiler.

El burofax es el servicio de envío de documentos que proporciona validez legal ante tercero y ante la justicia para acreditar de forma fehaciente el remitente, el contenido de un mensaje y su fecha de recepción y es la forma de comunicación recomendada por abogados para solicitar esta prórroga. El problema es que el real decreto aprobado en Consejo de Ministros no cuenta con apoyos en el Congreso, el PSOE ha desistido siquiera de negociarlo y Sumar se encuentra solo defendiendo el texto, por lo que lo más probable es que decaiga antes del próximo 29 de abril, fecha límite para aprobarlo después de que saliera en el Boletín Oficial del Estado el pasado 21 de marzo.

Confianza en la medida

El abogado de la cooperativa CAES, Víctor Palomo, que trabaja con el Sindicato de Inquilinos de Madrid, reconoce que existe un “miedo a levantar la liebre o a confrontar al casero” con el burofax. En una asamblea celebrada en Puerta del Ángel, un inquilino preguntaba si no había otra forma menos agresiva: “Es muy drástico”. Pero desde el sindicato, los asesores le advertían: “Esta es la forma legal más segura. Por muy buen inquilino que seas y por muy buena relación, el propietario siempre está tentado a ganar más dinero”. Así se manifiesta también Palomo: “Los propietarios tienen un alto incentivo a rescindir el contrato, los entornos familiares y amistades le van a decir que pueden obtener una ganancia mayor”.

Para Palomo está claro, por la jurisprudencia y sentencias del Supremo, que la prórroga será válida si el burofax se envía antes de que decaiga el decreto. “El derecho se activa cuando la norma está en vigor y se despliega después. El Supremo dice que tú tienes que activar el derecho cuando la norma está en vigor”, asegura, a diferencia de lo que opina parte de los abogados de la patronal y propietarios.

La prórroga limita la subida de la renta al 2% y afecta a todos los contratos que finalicen entre el 22 de marzo, cuando se aprobó el real decreto, y el 31 de diciembre de 2027, con excepción de los casos en que el arrendador ya haya comunicado su necesidad de ocupar la vivienda o que las partes hayan llegado a otro acuerdo. El decreto tampoco ampara a los contratos de habitaciones, que se firman por el Código Civil y no por la LAU, pero Palomo recomienda que también envíen burofax porque hay sentencias que reconocen que estas habitaciones pueden llegar a estar amparadas por la ley al ser consideradas vivienda habitual.

La visión de la patronal

En el otro lado de la trinchera, Eduard Soler, abogado y secretario de Som Habitatge, patronal de propietarios de reciente creación, asegura que las prórrogas que serán válidas son “las que tengan el fin de contrato con el decreto en vigor, independientemente del burofax”. Además, Soler advierte que en lugares tensionados que aplican las regulaciones como Catalunya o Navarra “no está claro que esta prórroga beneficie a los inquilinos”, ya que la tácita, que se aprueba cuatro meses antes del fin de contrato en caso de que no haya comunicación, es de tres años. Esta renovación tácita también puede darse en zonas no reguladas, pero como el precio no está topado lo habitual es que vayan acompañadas de una subida de precio en el nuevo contrato.

Soler recomienda a los propietarios “prudencia”, pero prevé una alta judicialización de casos. “Los propietarios que no estén seguros de aceptar esta prórroga, tendrán armas jurídicas para llevarlo a juicio”, asegura. Más allá del debate jurídico, la representante de los Agentes Inmobiliarios de Catalunya, Montserrat Junyent, critica que el decreto se ha aprobado “sin suficiente debate y añade más incertidumbre” al mercado.

Entre los inquilinos, reina la duda por dos motivos: el miedo al conflicto y a “abrir el melón” que, a la postre, lleve al propietario a reaccionar y evitar la otra prórroga, la tácita de los contratos cuya finalización no haya sido avisada cuatro meses antes del término. En el caso de Paco, el joven del primer párrafo, relata que su casero ya le había dicho que quería vender la vivienda, aunque fue cambiando de versión. Entonces, le expresó su intención de enviar el burofax por un contrato que vencía ya en abril. “El tono de la conversación cambió por completo y se enfadó. Me dijo: ”Si vas a fastidiar la relación, vamos a ir a los tribunales“. Así que decidí no seguir adelante con el burofax y abandonar la vivienda”, relata.

Éxitos, fracasos y dudas del burofax

Existen ya casos de éxito, también, con el envío del burofax. Es el caso de Mariel, joven de Barcelona que paga 870 euros por un apartamento en Glòries y que ha comunicado a la inmobiliaria, con quien tiene buena relación. “Tenía dudas porque enviar el burofax me parecía agresivo. Me daba miedo también que no quisiera renovar. Avisé por correo y me dijo que sí, que podía enviar el burofax o arreglar la prórroga por otra vía. Así que estamos en ello y ha salido bien”, cuenta.

También hay casos, ya, en que el burofax no ha surtido efecto. Como para Laura Martínez, de Camarena, en Toledo. Su contrato vencía el 1 de abril y envió el burofax el 26 de marzo, pero la propiedad, un fondo gran tenedor, le ha devuelto el último ingreso por el alquiler. “Propuse una subida del alquiler, una opción de compra, pero no me respondieron. Es difícil encontrar un interlocutor y se pasan la pelota unos a otros. Me llegaron a mandar un burofax diciéndome que si me iba dentro de dos meses me condonaban la deuda de esos dos meses. Pero yo les he dicho que me he acogido a la prórroga del real decreto. Y, si no, es posible que ya esté en tácita reconducción”, explica, sin saber muy bien cómo va a avanzar su caso.

Entre los casos de éxito y los que no han ido también, existe todavía una gran cantidad de inquilinos que no acaban de decidirse sobre si enviar o no el correo, como se puede ver en las asambleas que los sindicatos de vivienda han organizado estos días. En una del pasado jueves en Puerta del Ángel, surgían dudas concretas sobre cada caso y los inquilinos preguntaban si no existía otra forma menos agresiva de comunicar la prórroga que el burofax. “Es muy drástico”, decía uno de ellos. “Pero es la forma”, replicaba una inquilina que ya había enviado.

“Por muy buena relación que tengas con la propiedad o por muy buen inquilino que seas, siempre van a querer ganar un poco más de dinero. El conflicto ya existe antes del burofax porque una persona ejerce su poder sobre otra”, defendía un portavoz del Sindicato en defensa de esta medida.

La movilización del Sindicato de Inquilinas de Madrid ante el decreto del Gobierno que prorroga cientos de miles de alquileres no se va a quedar en una campaña mediática o digital. La organización emprende desde este martes 7 de abril una concatenación de asambleas abiertas en diferentes barrios de la capital, donde asesorar a todas aquellas personas que tengan dudas sobre el procedimiento para solicitar las renovaciones o los argumentos jurídicos con los que cuentan.

“Hay que recordar que en Madrid entre 2026 y 2027 finalizarán 474.000 contratos de alquiler, afectando a casi 1,6 millones de personas”, recalcan desde el Sindicato. Todos los que deban renovarse hasta el 31 de diciembre del próximo año, sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos, están englobados en el real decreto que el Consejo de Ministros aprobó en marzo.

Un paquete de medidas en materia de vivienda ante el impacto de la Guerra en Irán que todavía espera una quimérica convalidación en el Congreso, pero que a criterio de muchos juristas puede mantener sus efectos incluso si la Cámara Baja no lo aprueba, siempre y cuando los arrendatarios soliciten formalmente las prórrogas antes de la previsible desestimación parlamentaria del decreto.

Las asambleas físicas llegan después de “miles de visitas desde que se lanzó la página web poderinquilino.org, en donde se explica el Real Decreto-ley sobre la prórroga de 2 años de los alquileres, los pasos a seguir y los modelos a enviar”. Ahora el Sindicato da un paso más y “sale a las calles a hablar directamente con las inquilinas e inquilinos a los que se les acaba su contrato de alquiler antes de 2028 para que pidan la prórroga”.

Arrancan este martes 7 de abril con dos asambleas a las que puede sumarse quien lo desee: a las 12.00 en la plaza Agustín Lara de Lavapiés y a las 19.00 en el Casino de Lucero (en el número 1 de la calle Luis Pando, en el distrito de Latina). El miércoles 8, a las 19.00, regresan al mismo distrito para un encuentro en la plaza del Mercado de Tirso de Molina (en el barrio de Puerta del Ángel).

La actividad continuará el fin de semana: el sábado 11 a las 18.30 en el Centro Social Okupado La Rosa (calle del Bastero, 1) y el domingo 12 desde el mediodía en la plaza de las Palomas de Tetuán (nombre oficioso de la plaza del Canal de Isabel II).

La semana que viene las asambleas se celebrán el lunes 13, a las 18.30, en El Sanky de Carabanchel (número 23 de la calle José del Río). También el miércoles 15, colofón a la iniciativa en una jornada de intensa actividad, ya que a las 19.00 tendrán lugar tres encuentros simultáneos: en la plaza Rutilio Gazis de Arganzuela, en la plaza Roja de Vallecas y en la plaza de Daoíz y Velarde de Retiro.

Estas citas excepcionales se complementan con la actividad ordinaria del Sindicato. Así, el lunes 20 de abril tendrán sus habituales asambleas inquilinas los nodos de la organización en Madrid: este (número 63 de la calle Pedro Antonio de Alarcón), sur (calle Virgen de Icíar, 15), Latina (avenida de Portugal, 79), Carabanchel (El Sanky), Centro-Arganzuela (La Rosa), Corredor del Henares (Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz) y Sierra Norte (La Cabrera).

Por último, la agrupación recuerda que todos los viernes de abril (también este día 10) el Ateneo La Maliciosa alberga sus asambleas de bienvenida. El espacio del número 12 de la calle Peñuelas se abre a inquilinos e inquilinas con interés en sumarse a la lucha cada viernes desde las 18.30.

Los límites al alquiler del decreto y cómo beneficiarse de él

Una potente movilización que busca exprimir al máximo las posibilidades de los arrendatarios. La norma hace efectiva, desde su publicación en el BOE el pasado 22 de marzo, la congelación durante dos años de todos los alquileres residenciales acogidos a la Ley de Arrendamientos Urbanos con independencia de su fecha de firma, siempre que venzan desde ese 22 de marzo y hasta el 31 de diciembre de 2027. Solo podrán experimentar una actualización anual limitada al 2% durante el periodo de prórroga, salvo que casero y ocupante de la vivienda acuerden un alza mayor. En este último caso, además, debe tratarse un propietario no considerado gran tenedor (diez viviendas o más). Si lo es, la subida quedará obligatoriamente restringida al 2%.

El Sindicato de Inquilinas ha creado dos modelos para acogerse a la prórroga, en función de si se trata de zonas declaradas tensionadas o no. Para recibirlos, solo hay que rellenar un pequeño formulario disponible en este enlace. La portavoz de la organización en Madrid, Valeria Racu, recuerda que es una prórroga “obligatoria, pero no automática” y de ahí la importancia de actuar. El Ministerio de Consumo ha lanzado asimismo su propio modelo de solicitud.

Desde el Sindicato animan a dirigir la solicitud al domicilio del casero, que se indica en el contrato, o a la sede de la inmobiliaria en caso de que haya sido gestionada mediante esta. “En realidad, a la dirección que ponga a efectos de notificaciones en el contrato, que suele aparecer en el encabezamiento o en una cláusula concreta que se llamada dirección a efectos de notificaciones”, especifica el abogado experto en vivienda Víctor Palomo. La comunicación deberá ser por escrito y con comprobante de entrega. Aunque es posible mediante correo electrónico certificado, el método más recomendado es el burofax. Correos explica cómo se ejecutan en esta página. Las organizaciones en defensa de los arrendatarios remarcan la importancia de guardar todo documento recibido o enviado.

El Consejo de Ministros aprobaba el pasado viernes dos reales decretos-ley para hacer frente al impacto derivado de la guerra en Oriente Medio: uno con el grueso de las medidas fiscales o económicas y otro, ante la presión de la vicepresidenta Yolanda Díaz y el resto de ministros de Sumar, enfocado en vivienda. Este último texto incluye la congelación durante dos años de todos los alquileres residenciales acogidos a la Ley de Arrendamientos Urbanos con independencia de su fecha de firma, sin que venzan hasta el 31 de diciembre de 2027. Solo podrán experimentar actualización anual limitada al 2% durante el periodo de prórroga.

La medida se aplica desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado el pasado sábado y afecta por tanto a todos los contratos que deben renovarse entre el 22 de marzo (día siguiente a dicha publicación) y el 31 de diciembre de 2027. Queda eso sí a expensas de que pueda tumbarla el Congreso, un más que posible escenario.

Sin embargo, la negativa de la mayoría de diputados podría no impedir que miles de personas se beneficien de un importante freno al alza de las mensualidades que abonan. Es la interpretación que hacen diversos juristas en atención de la jurisprudencia y que ha provocado ya la movilización del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid o de partidos como Más Madrid. Una coyuntura que abre la puerta a que cientos de miles de arrendatarios respiren y eviten previsibles subidas del 30, 40 o 50%. A continuación, recopilamos los motivos de esta posibilidad y qué pasos deben seguir los inquilinos para ampararse en ella.

¿Puedo acogerme a la medida aunque decaiga el decreto?

Si el contrato vence antes de que el Congreso rechace el real decreto, no hay duda alguna: la respuesta es sí. Los efectos son válidos desde el 22 de marzo, día siguiente a la publicación en el BOE. Así, los acuerdos de alquiler cuya caducidad y renovación se produzca antes de la votación deberán actualizarse. Su validez se mantendrá por dos años, con independencia de que el la Cámara Baja tumbe la iniciativa en una votación que debe tener lugar como fecha límite el próximo 6 de mayo, ya que su aplicación está sujeta a convalidación en un plazo de 30 días hábiles según el artículo 86.2 Constitución.

En cuanto a los contratos que venzan desde esa futura sesión en el Congreso y hasta el 31 de diciembre del próximo año, entidades como el Centro de Asesorías y Estudios Sociales (CAES) defienden que los derechos y obligaciones generados durante la vigencia del real decreto se mantendrán. En la práctica esto implica, según argumentan, que deberá aplicarse también a todos los contratos vigentes hasta el 31 de diciembre de 2027 en los que los inquilinos soliciten formalmente a sus caseros la renovación. Es decir, si el decreto decae y pierde vigencia, la prórroga no podría aplicarse para nuevos casos, pero las solicitudes presentadas durante su vigencia tendrán validez. Los contratos en que los inquilinos hayan notificado la solicitud de prórroga antes que decaiga en el Congreso quedarán por tanto sujetos a las condiciones del decreto, incluso si este cae.

Explican que el Tribunal Supremo ha interpretado esta cuestión en relación a prórrogas anteriores y confirma su plena validez. En una sentencia de 2023, la Audiencia Provincial de Barcelona había denegado la prórroga porque el contrato no estaba formalmente “en situación de prórroga”, sino que finalizaba su plazo inicial pactado. Pero el Supremo consideró esto una distinción injustificada y entendió que no se puede condicionar a que el arrendador haya comunicado previamente la no renovación, pues eso significaría dejar a la voluntad del propietario la posibilidad de disfrutar de una prórroga excepcional del contrato derivada de una legislación de emergencia. En aquel caso, el Real Decreto Ley 11/2020, medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la pandemia.

Por ello, la conclusión del CAES es tajante: “A partir de estos criterios del Tribunal Supremo, no hay margen para dudar de que si el contrato finaliza antes del 31 de diciembre de 2027 y se comunica estando en vigor el Real Decreto-ley 8/2026, el inquilino habrá activado la prórroga de dos años desde que termine su contrato con plena validez y eficacia jurídica”.

¿Cómo rellenar la solicitud de prórroga y qué datos incluir?

Para acogerse al decreto, el inquilino o los inquilinos deberán enviar una solicitud expresa al arrendador durante su período de validez. Tendrán que identificarse, aportar los datos sobre la vivienda, expresar con claridad la voluntad de renovación acogiéndose al decreto y firmarla. Desde CAES inciden en que incluya un párrafo similar al que sigue:

De conformidad con el Artículo 1 del Real Decreto-ley 8/2026, y al amparo de su entrada en vigor el 22 de marzo de 2026, solicito la prórroga extraordinaria del contrato de arrendamiento de la vivienda situada en [dirección], por un plazo de dos años adicionales, al finalizar el periodo de prórroga obligatoria/tácita antes del 31 de diciembre de 2027. La norma no exige que el arrendador haya notificado previamente su voluntad de no renovar, por lo que esta solicitud es válida y debe ser aceptada obligatoriamente, salvo que concurra alguna de las excepciones previstas en el citado artículo.

El Sindicato de Inquilinas ha creado dos modelos para acogerse a la prórroga, en función de si se trata de zonas declaradas tensionadas o no. Para recibirlos, solo hay que rellenar un pequeño formulario disponible en este enlace. La portavoz de la organización en Madrid, Valeria Racu, recuerda que es una prórroga “obligatoria, pero no automática” y de ahí la importancia de actuar.

¿Cómo enviar la solicitud a mi casero y dejar constancia de ello?

Para los arrendatarios, por motivos de seguridad jurídica y dada la previsible provisionalidad del decreto, conviene actuar con rapidez y en todo caso antes de que decaiga el decreto. Pero igual de importante es proceder adecuadamente, con los cauces pertinentes y dejando constancia documental de los pasos que se dan.

Habrá que dirigir la solicitud al domicilio del casero, que se indica en el contrato, o a la sede de la inmobiliaria en caso de que haya sido gestionada mediante esta. “En realidad, a la dirección que ponga a efectos de notificaciones en el contrato, que suele aparecer en el encabezamiento o en una cláusula concreta que se llamada dirección a efectos de notificaciones”, especifica el abogado experto en vivienda Víctor Palomo.

La comunicación deberá ser por escrito y con comprobante de entrega. Aunque es posible mediante correo electrónico certificado, el método más recomendado es el burofax. Correos explica cómo se ejecutan en este enlace. Es importante guardar todo documento recibido o enviado.

¿Desde qué fecha entra en vigor la prórroga de dos años?

Un punto importante, ya que la prórroga de dos años entra en vigor desde la fecha de finalización del contato, con independencia de que se pida meses antes para acogerse a este real decreto. “Si el contrato termina el 1 de septiembre de 2027, se prorrogará hasta el 1 de septiembre de 2029 aunque la solcitud se haga en marzo o abril de este 2026”, explica Palomo a Somos Madrid.

¿Cuánto me subirá el alquiler si consigo acogerme al decreto?

Cuando los contratos acogidos a la Ley de Arrendamientos Urbanos cumplen su validez de cinco años (siete si pertenecen a una persona jurídica), los propietarios pueden imponer las subidas que deseen a los inquilinos. En cambio, este real decreto limita las alzas a un 2% anual durante los dos años de prórroga, salvo un acuerdo entre las partes que sitúe ese porcentaje por encima en caso de que el dueño no sea un gran tenedor. Esto es, que tenga menos de diez viviendas, o menos de cinco en zonas tensionadas.

¿Qué contratos quedan fuera de la prórroga?

Los que no se acogen a la Ley de Arrendamientos Urbanos. Es decir, aquellos que van por habitaciones o por temporada. Tampoco en aquellos que sí se acojan a la citada normativa, pero que hayan caducado antes del 22 de marzo o lo hagan después del 31 de diciembre de 2027.

Además, desde el Sindicato de Inquilinas puntualizan que aquellos contratos que se acaban en menos de cuatro meses sin que se haya producido aviso por vía escrita se prorrogan automáticamente tres años más, según la legislación.

Miguel tenía apenas 18 años cuando entró en la asociación de su barrio, La Unidad de Villaverde, que lucha por mejoras en un distrito popular del sur de Madrid. “Estaba muy metido en la Marea Verde de mi instituto y la defensa de la educación pública. Cuando acabé seguí en el movimiento estudiantil de la universidad, pero sobre todo me dediqué a la lucha vecinal”, cuenta. Se lo debe a un proyecto de cultura urbana, gracias al cual una sección juvenil de 15 personas se incorporó a La Unidad. Cuatro años después, recién graduado y con apenas 22, se convirtió en su presidente. Un cargo que ha ocupado hasta los 30 y que dejó en 2024, pese a que siga implicándose. Circunstancias todas ellas “excepcionales” para el movimiento vecinal de la capital, que el propio Miguel reconoce “envejecido”. No en vano, después del acceso de ese importante grupo, si han llegado más jóvenes a La Unidad ha sido “por goteo”.

Las causas son variadas: ajenas y propias; por acción u omisión; achacables a los propios jóvenes, a quienes protagonizan el asociacionismo actual, a las redes y a la coyuntura general. Al menos es lo que se desprende de una conversación transversal, en edades y en implantación territorial, con varias de estas entidades en Madrid. Miguel ofrece una de las explicaciones más completas: “Pérdida de redes comunitarias en el barrio, mayor atomización e individualización, nuevas formas de producción que impiden la implicación con horarios complicados... no hay un factor único. Cuando nuestra asociación abre el local, mucha gente sigue volviendo del trabajo. Las formas de participación se han quedado un poco obsoletas. Fue curioso lo que pasó en pandemia, cuando se vio una red de cuidados inaudita en la que sí hubo gran participación, en parte porque muchas personas tuvieron más tiempo. Luego volvimos a lo mismo”.

Para Miguel, en conversación con Somos Madrid, el efecto de la situación de la vivienda es igualmente “evidente”, ya que “muchas personas se han visto obligadas a dejar de participar”. Desde su punto de vista, juegan a la contra “la inestabilidad e incapacidad de construir un modelo estable”.

Pero no reduce todo a cuestiones externas y cree que “bastantes asos [asociaciones] no han sabido adaptarse a nuevas demandas en los barrios”. Así, achaca el gran impacto de estos movimientos en los años setenta u ochenta al surgimiento de nuevos barrios, donde “los objetivos originales eran garantizar bienes o servicios básicos”. Considera que “la lucha por un centro de salud no es tan atractiva ahora para un joven, ni tan intergeneracional, por importante que sea”. “Muchas veces las movilizaciones parecen cerradas e inamovibles. Hay que buscar nuevos espacios y luchas para que la gente vea sentido en su implicación diaria. Falta conocer hacia dónde mirar. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca o el Sindicato de Inquilinas sí han sabido”. Su conclusión es que “la gente joven no sabe para qué sirve una asociación”.

Las sociedades liberales tienden al aislamiento social y por supuesto en Madrid las administraciones fomentan aún menos la cultura de la participación. Hay un paso atrás en el que también tiene que ver un modelo de ciudad individualista

Jorge Nacarino — Presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid

Algunos argumentos de Miguel coinciden con los de Jorge Nacarino, recién reelegido presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm). Expone que desde su llegada al puesto, en 2024, incorporar los jóvenes ha sido una de sus principales líneas de trabajo, como también a personas migrantes: “En nuestra reciente renovación de cargos hemos fomentado esa participación y queremos empezar a trabajar con datos sobre los aspectos en los que tenemos más cuentas pendientes”. Lo “evidente”, dice, es que “hay un retroceso de la cultura de la participación”.

“Las sociedades liberales tienden al aislamiento social y por supuesto en Madrid las administraciones fomentan aún menos la cultura de la participación. Hay un paso atrás en el que también tiene que ver el desarrollo de un modelo de ciudad individualista, frente a uno comunitario”. Según Nacarino, la problemática es un reflejo de una cuestión más genérica, un contexto en el que “la gente no está tan movilizada al no estar tan apegada al territorio”: “El cambio respecto a la estructura de la propiedad transforma la realidad de los barrios y la precariedad lo dificulta todo. Muchos vecinos no saben si en unos meses seguirán en sus casas”. De hecho, el presidente de la Fravm recalca que “la fuerza del movimiento vecinal en España no existe en otros países de Europa, en parte porque aquí la movilidad residencial tradicionalmente era menor”.

Pero no todo se debe a lo macro, de hecho Nacarino (de 42 años) ve diferencias dentro de reclamaciones concretas: “En la movilización por los servicios públicos, vemos que el perfil de población es más mayor. En las viviendas llegamos a gente más joven, como el simbólico Entierro de los Barrios que organizamos coincidiendo con el de la Sardina. Hay un componente de vida de barrio, pero yo opino que el sentimiento de pertenencia también puede movilizar a los jóvenes. A través de diversas convivencias y de actividades deportivas estamos consiguiendo incorporar gente de en torno a 20 años”.

En la charla con Nacarino surge también el Sindicato de Inquilinas, una de las organizaciones con mayor poder de movilización juvenil en la capital. “Sus planteamientos parten más de una lucha de poder, no es tanto un movimiento territorial, aunque tenga ese componente a través de los nodos y, de hecho, colaboremos. No es un movimiento que se mete en la gestión del día a día del barrio, como pueden ser los centros de salud, las zonas verdes o determinadas condiciones de habitabilidad. Lo que es indudable es que ha conseguido enganchar a esa población joven, interpelada por una precariedad que sufre de manera directa. Eso te vincula”.

De hecho, el dirigente de la Fravm lanza un aviso: “No queremos que el movimiento vecinal se convierta en un movimiento de propietarios. Tenemos que trabajar porque las asociaciones se parezcan a los barrios que defienden, que la reclamación vecinal esté vinculada a la realidad del territorio. Es un movimiento reivindicativo, pero también de trabajo comunitario. Sin ese tejido o esa heterogeneidad hay algo que nos estamos dejando”.

¿Se manifiestan los jóvenes solo por cosas que están “de moda”?

Susana de la Higuera cuenta que la Asociación Pasillo Verde Imperial de Arganzuela, la cual preside, ha emprendido numerosas iniciativas en este sentido: “Nos hemos acercado mucho a los coles, a la universidad o a la Formación Profesional, con actividades en el Colegio de los Salesianos de Atocha. Hemos organizado paseos estudiantiles por el distrito, junto a la Framv y otras asociaciones. Hemos colaborado con jóvenes que estudian Antropología para documentarse sobre el movimiento No a la Tala y otro chaval ha hecho un documental sobre nuestros huertos urbanos. Y, sin embargo, en muchas de esas acciones nos damos cuenta de que para muchos jóvenes no hay nada que hacer”.

De la Higuera, nacida en 1966, da uno de los testimonios menos halagüeños sobre el futuro del asociacionismo vecinal. Eso sí, responsabiliza no tanto a los jóvenes de hoy como a sus progenitores: “Nos cuesta muchísimo llegar a gente menor de 30. En un paseo reciente una chica, con la que hablaba sobre fondos buitre, derecho a la ciudad, gentrificación y turistificación, me dijo que según su padre tenía que aceptar no vivir en Madrid. Que se lo quitara de la cabeza. Yo le respondí que por qué ella no tiene derecho y un multimillonario sí”.

“No entiendo que no se movilicen por la vivienda”, lamenta, algo encendida. “O puede que sí lo hagan, pero en una agenda como más antisistema, como pasa con el Centro Social Okupado La Rosa. Nos ven como algo muy de sus padres”, resume la activista vecinal antes de ir un paso más allá: “Hay una cosa un poco deprimente, la sensación de manifestarse solo por cosas como que están de moda. No quiero apuntar a ninguna causa porque todas son importantes, nosotras apoyamos a quienes acampaban en la Universidad Complutense por Gaza, pero es algo que percibo. Al final son muchos años de individualismo y hacen mella”.

Hay que compaginar la lucha con actividades lúdicas que hacen comunidad. En el No a la Tala una de las claves fue que nos lo pasamos bien, porque tampoco somos masoquistas. Aprendimos mucho y conocimos gente muy maja

Susana de la Higuera — Presidenta de la Asociación Vecinal Pasillo Verde Imperial

Ante ello, anima a “compaginar la lucha con actividades lúdicas que hacen comunidad”, de manera que “el asociacionismo no se perciba solo como una responsabilidad”: “En el No a la Tala una de las claves fue que nos lo pasamos bien, porque tampoco somos masoquistas. Aprendimos mucho y conocimos gente muy maja”. Miguel también remarca esta cuestión y destaca todo lo que le ha aportado pertenecer a La Unidad de Villaverde: “Me otorgó herramientas de organización y relación con personas de distintas edades o con la administración, que me han servido a nivel incluso laboral. Es una experiencia bastante enriquecedora”.

Nuevos barrios, mismo problema

Arganzuela es un distrito en el que se alternan zonas castizas y nuevos desarrollos. Por ello, Susana de la Higuera ha percibido de primera mano el contraste entre los barrios tradicionales y “un urbanismo de vida para dentro y del coche para todo”. Habla incluso de “polideportivos municipales que no fomentan el deporte colectivo, sino el individual”. Concluye que “te vas olvidando de que somos seres sociales”. No ayudan las “actividades cada vez más dirigidas, con poco tiempo en la calle”, a las que se han acostumbrado las nuevas generaciones de niños y adolescentes. Su solución ante ello es tajante: “Hay que pelear y no asumir las cosas”.

Este contexto se presenta en una dimensión amplificada en nuevos desarrollos urbanos, como El Cañaveral, en el distrito de Vicálvaro. En él confluyen algunas de las reclamaciones originales del asociacionismo vecinal que Miguel destacaba: un transporte de calidad, centros de salud, escuelas infantiles, colegios públicos y dotaciones culturales o deportivas básicas. Todas ellas cuentas pendientes de una zona en la que ya viven más de 30.000 personas y apenas una veintena de ancianos.

Marga, de 51 años, es la presidenta de la Asociación Vecinal El Cañaveral. Una organización que “se creó antes del barrio” y en la que conviven dos tipos de miembros. Por un lado, quienes depositaron miles de euros ya a finales del siglo pasado en unas viviendas que no empezaron a recibir hasta la década pasada. Cooperativistas que batallaron en los juzgados para conseguir sus casas. Por otro, vecinos que se han mudado más reciente y armoniosamente, la mayoría de ellos más jóvenes que esos primeros compradores.

Reconoce Marga que la mayoría de miembros de la asociación, en torno al centenar (han empezado a cobrar cuota y eso ha mermado sus cuadros), pertenecen al primero de esos dos grupos. De hecho, no es demasiado optimista sobre el porvenir: “No veo relevo. Me he pasado años luchando mientras criaba tres hijos, con la teta p'acá y p'allá. Peleando desde que en el 2000 descubrimos que se habían quedado con dinero que pusimos para unas casas que en principio nos iban a entregar en 2003. Le pusimos pancartas a Alberto Ruiz-Gallardón y organizamos una 'mani' en el centro de Madrid. Ahora todo se mueve menos. La gente lo quiere todo dado”. Sobre el futuro ante este panorama, afrontará el problema cuando llegue: “Si veo que no aguanto, ya buscaré a alguien”.

Marga, una pragmática redomada que prioriza el poder de las reuniones en los despachos sobre el de las pancartas en la calle (aunque como bien cuenta le ha tocado ponerse en los dos lugares), tira para adelante pese a esa sensación de que unos pocos sacan todo el trabajo: “Al Ayuntamiento le pedimos la carta de los Reyes Magos porque lo necesitamos, no tenemos casi de nada”. Una insistencia inquebrantable que, dice, se topa a veces con el cinismo y la sospecha: “Lo que más desanima son los vecinos que creen que tenemos un beneficio por implicarnos, protestar o reunirnos con la administración, cuando solo pierdes tiempo y dinero”. También, con la pasividad y la vida a las espaldas de lo colectivo: “Organizamos un mercadillo vecinal el segundo domingo de cada mes. Bueno, pues el otro día pasó por allí una chica que llevaba 10 años en El Cañaveral y no nos conocía. ¡Yo flipaba, con la matraca que damos!”.

Encender la chispa

En este contexto a priori adverso, una nueva asociación vecinal echó andar en 2025 en La Latina, barrio oficioso en el centro de Madrid. La Chispera incluye a residentes que quedaban fuera del ámbito de acción de Pasillo Verde Imperial, de la Asociación Vecinal Las Cavas Latina y La Corrala de Lavapiés. Un grupo de unas 75 personas unidas ante la amenaza de que “la turistificación, la gentrificación y la parque-tematización se lleven el barrio”, como alerta Marianne.

De 40 años y origen brasileño, lleva cinco años en La Latina y ha sido una de las ocho fundadoras de La Chispera. Cree que “la desaparición del comercio de proximidad, el aumento de los precios de alquiler y la pérdida de identidad” son los grandes desafíos que se les presentan. Para combatirlos, han conseguido incorporar “tanto a los vecinos del barrio de toda la vida como a muchos perfiles jóvenes”. Una combinación que les gusta: “Distintas generaciones pueden tener problemáticas iguales, aunque luego haya particularidades”.

Le acompañan en una distendida charla con este medio Celia y Felipe, de 29 y 30 años. Esta pareja, mudada a la zona en 2024, se ha incorporado a la entidad hace solo un mes. Aunque desde La Chispera han acometido un proceso de escucha ciudadana con encuentros y aperitivos en diferentes lugares del barrio, Celia les descubrió por Instagram y acudió a una asamblea con Felipe (que no utiliza las redes sociales).

Desde entonces, se han puesto manos a la obra dentro de sus posibilidades. Celia, periodista de formación, ha colaborado en la comunicación sobre el caso de los cuatro mayores que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida quiere desalojar de pisos municipales para ejecutar unas obras. Felipe, investigador, echa una mano en tareas vinculadas con encuestas que sirven para conocer mejor las transformaciones que experimenta La Latina y cómo actuar ante ellas o para recopilar las principales preocupaciones vecinales. “Somos gente con habilidades muy diversas y complementarias que las ponemos a disposición de la comunidad donde vivimos. Eso es muy práctico”, indica Felipe.

La asociación trabaja divida en comisiones y, en el contexto de crisis de vivienda, la dedicada a esta cuestión es una de las más activas. Marianne lo considera un problema “transversal”: “Está claro que afecta más a quien ve cómo le pueden subir las mensualidades 600 euros de un momento a otro. Pero también a un propietario que va perdiendo vecinos o negocios locales que han estado ahí toda la vida, sustituidos por nómadas digitales o pisos turísticos”. Percibe una “sensibilización general de los miembros de La Chispera que tienen una vivienda hacia quienes pagan alquiler”.

Celia conoce el tema de primera mano, ya que se independizó hace cuatro años y se encontró con “una situación bastante terrible”. Cree que, debido a la amenaza de que “en cualquier momento subirán el alquiler y tendrás que irte”, siempre “tienes la sensación de estar de paso”: “Eso, unido a la precariedad laboral, te hace preguntarte para qué te vas a implicar dónde estás viviendo si igual mañana no sigues ahí”.

Nota un creciente “desencanto” en las amistades de su edad: “Cuando acabas la carrera, o no tienes ganas o el tiempo no te da para más”. Habla también, en consonancia con lo que apuntaba Susana de la Higuera, de “cierto pesimismo” frente a “cambios en los barrios de Madrid que damos por hecho y ante los que pensamos que ya no se puede hacer nada al respecto”. Celia opina que “no hace falta pensar que te vas a quedar a largo plazo en un sitio para implicarte”, aunque “algo de estabilidad mental debes de tener”.

Felipe, por su parte, compara sus diferentes experiencias colectivas en función del entorno y el territorio. Nacido en Torre de Miguel Sesmero, municipio pacense con algo más de 1.000 habitantes, lo describe como “una pequeña comunidad muy en contacto”. Una localidad en la que “sales a hablar con tu vecino y te enteras de lo que pasa en la vida de las personas que te rodean”. Siente que, cuando se mudó a Getafe para estudiar en la Universidad Carlos III, “eso se perdió por mucho que desarrollara lazos sociales, quizá en parte también por el momento vital como estudiante”. Pero también le ocurrió cuando posteriormente se mudó al distrito de Usera, ya con Celia: “No sentía que estuviera inserto en una comunidad. Toda la gente era muy independiente”.

Lo curioso es lo que se encontró al llegar a La Latina: “Pensaba que, al estar en el centro más centro y en pleno barrio de Palacio, lo de Usera se iba a incrementar muchísimo. Que todo lo que ya hemos comentado, la vivienda turística y el desplazamiento de las personas, lo potenciaría. Sin embargo, lo que he encontrado en la calle de Jerte es un entorno muy parecido al del lugar donde nací. La gente se para por la calle, se pregunta, el peluquero le deja la moto al frutero... y bajo esas circunstancias, me es muy fácil involucrarme en la asociación y en los problemas que trabajan”.

Las redes sociales: ¿enemigo o aliado?

En todas las conversaciones surge el tema de las redes sociales y su uso para alcanzar nuevos públicos. Para el presidente de la Fravm, “hay que saber utilizarlas”, ya que “es una herramienta que puede servir para acercarse a los jóvenes”. Ahora bien, es consciente de su empleo como “medio de difusión de mensajes de odio”. Aboga por “no denostarlas y potenciar su papel como redes colaborativas”. En La Unidad de Villaverde, dice Miguel, han conseguido “campañas con cierto alcance” gracias a reels de Instagram que abordan algunas de sus principales reclamaciones o conflictos vecinales.

Susana, en cambio, no las tiene todas consigo: “Hace poco un profesor nos decía que los jóvenes se están radicalizados hacia un lado en TikTok, que les vendría muy bien pisar el terreno”. Además, las fuerzas y las manos llegan hasta donde llegan: “Nosotras no tenemos 10 o 15 años. La persona más joven de Pasillo Verde Imperial tiene 30 y pico y es la que nos hace vídeos. Pero no somos capaces, ni tenemos tiempo, de por ejemplo crear un canal de TikTok, aunque lo hemos planteado. Encima lo haríamos mal y si no consigues enganchar no merece la pena. A veces llegamos al público de Instagram, pero ya no es tan jovencito”.

Jorge Nacarino decanta la balanza hacia el lado positivo y apostilla que estas tecnologías pueden ser un medio para combatir el retroceso de la participación vecinal: “El aislamiento social puede revertirse y las redes contribuyen a ello”. Quizá apagan muchas luces y encierran millones de personas en sí mismas, pero también fueron la chispa que animó a jóvenes como Celia y Felipe.

Resignación, aunque esperanza y ánimos para seguir peleando, a la puerta de los juzgados. Es lo que se ha vivido este miércoles frente a la sede de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid. En su interior, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y Alquiler Seguro han protagonizado un paso más en su batalla judicial. En este caso, la audiencia previa que ha fijado la fecha de celebración de un juicio que dirime posibles abusos e irregularidades por parte de la compañía.

Azael Babiano, abogado de la organización en defensa de los arrendatarios, ha atendido a Somos Madrid en Plaza de Castilla y ha actualizado los pormenores del proceso. La mayor novedad es, precisamente, que no habrá grandes novedades inminentes. La jueza responsable del caso ha fijado la fecha de inicio del juicio para el próximo 8 de febrero de 2028. Dos años de espera que se suman a los que ya han transcurrido, ya que el Sindicato presentó la demanda en marzo de 2024. Babiano lamenta que “los tiempos de la Justicia sean tan lentos”, aunque apunta que “el resumen de los hechos controvertidos por parte de la magistrada transmite bastante bien lo que estamos denunciando”. Por ello, esperan una sentencia “positiva”.

La organización de arrendatarios demandó a Alquiler Seguro a inicios de 2024 por honorarios encubiertos y retención irregular de los depósitos de fianza de los alquileres. La Ley de Vivienda 12/2023 establece que los gastos de gestión inmobiliaria o los necesarios para formalizar contratos corresponden siempre al propietario en lo relativo a viviendas habituales. Sin embargo, el Sindicato ha observado numerosos casos en los que la empresa atribuye esos pagos a los inquilinos, camuflados mediante otros conceptos.

Para Babiano, Alquiler Seguro “está cobrando esos gastos de manera encuebierta mediante el servicio de asistencia al inquilino”. En esta coyuntura, y ante los dilatados tiempos del proceso judicial, el abogado llama a “organizarse y seguir luchando contra prácticas abusivas para conseguir por otras vías lo que la Justicia va a tardar en darnos”.

Alquiler Seguro, entre las sanciones de Consumo y la defensa de un influyente abogado

Se trata del primer juicio a Alquiler Seguro después de la propuesta de sanción por parte del Ministerio de Consumo, que llegó después de que el propio Sindicato elevara una denuncia a la Dirección General de Consumo. La cartera liderada por Pablo Bustindy puso sobre la mesa, el pasado octubre, una multa de 3,6 millones de euros a la compañía por seis infracciones de carácter “muy grave” y otra “grave”. Obedecían, según explicó la asociación de consumidores Facua (personada en el procedimiento), a la aplicación de comisiones ilegales a los inquilinos. Unas cláusulas relativas a la gestión, la obligación de contratar un seguro o la imposición de servicios no solicitados.

Rufina Parra, portavoz del Sindicato y afectada por el cobro de los honorarios irregulares que denuncian, cree que “ha llegado el momomento de decir basta a quienes se hacen ricos a costa de abusar de las inquilinas”. Considera que “toda empresa que cometa prácticas abusivas debería cerrarse” y avanza que harán “todo lo posible” por acabar con este tipo de prácticas.

Desde el Sindicato de Inquilinas son conscientes de la dificultad de la empresa legal. El abogado que defiende a Alquiler Seguro es Eugenio Ribón, decano del ICAM (Ilustre Colegio de Abogados de Madrid) y un perfil muy vinculado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ribón ha pasado de defender los derechos de los consumidores, actuando en nombre de los preferentistas contra grandes bancos como Bankia, a “defender los abusos de empresas como Alquiler Seguro”, según indica el Sindicato en una nota remitida a los medios.

La entidad destaca que ha logrado “recuperar en estos dos años de proceso cientos de honorarios cobrados ilegalmente por las inmobiliarias gracias a la campaña estatal desde la Confederación de Sindicatos de Inquilinas”. “Hacemos un llamamiento a todas las inquilinas que se hayan visto obligadas a pagar honorarios en el último año a que se organicen y denuncien esta situación con el Sindicato de Inquilinas para acabar con todos los abusos que sufrimos frente a las inmobiliarias”, concluyen.

Desde que un día llamaron a su puerta con una oferta de 10.000 euros a tocateja, la vida de Ángel ha dado un vuelco. Pero ahora el miedo a perder su casa se ha convertido en rabia. Más de un año después, comienza a verterla contra aquellos huéspedes. “El fondo de inversión Palau & Manfredi ha comprado el edificio y nos quiere echar a la calle”, denunciaba este domingo, arropado entre sus vecinos. En enero de 2025, un agente contratado por esta sociedad inmobiliaria se presentó en su domicilio, en el número 37 de la calle Gaztambide, donde alquila un piso con su pareja. La noticia les dejó a cuadros: la propietaria había fallecido y ahora los herederos querían vaciarlo. La idea era hacer reformas, exprimir el recurso y venderlo al mejor postor; así que, de día para otro, el bloque pasó a ser una gallina de los huevos de oro en uno de los barrios más cotizados de Madrid.

Desde entonces, los vecinos se han organizado para poner en marcha una campaña de denuncias en redes y, recientemente, una jornada de protesta. Fue este mismo domingo, 15 de marzo, cuando se movilizaron conjuntamente con el Sindicato de Inquilinas de Madrid para reclamar una reunión al fondo que gestiona actualmente la propiedad. En un comunicado, el órgano sindical pidió negociar nuevos contratos de alquiler “estables y asumibles” para los inquilinos. Para algunos, como es el caso de Ángel e Irene, su contrato no concluye hasta 2028, así que les ofrecieron los 10.000 euros por marcharse.

Si no accedían, la otra opción era cobrar unos 200 euros cada vez que la sociedad family office organizara una visita al piso --en el que aún son inquilinos-- en busca de potenciales compradores. Desde el Sindicato de Inquilinas sostienen que la empresa tiene en mente “reconvertir el bloque en pisos de lujo”, aunque de momento no se ha confirmado oficialmente nada parecido. A principios del año pasado, Ángel se topó con dos personas en el rellano que, según él, parecían inspeccionar el edificio. Ese día marcó un punto de inflexión.

Eran un hombre y una mujer. Ella se presentó como su abogada y les informó de que iban a efectuar obras en las instalaciones, instándoles a “tener en cuenta las molestias” que eso puede suponer en su día a día. Para estos inquilinos, aquella fue una táctica de acoso inmobiliario. Desde entonces, la presión sobre los vecinos se acentuó: burofaxes que anuncian la no renovación de contratos, visitas constantes de potenciales compradores, llamadas insistentes, ofertas económicas para marcharse antes de tiempo. Y, según su denuncia, algo más: cortes de suministros y obras que complican la vida diaria.

Su denuncia la recogieron desde la oposición política de Más Madrid. La portavoz municipal del distrito, Sara Ladra, también habla de “mobbing inmobiliario” para referirse a este tipo de práticas. En declaraciones a este periódico, la concejala de Chamberí, recuerda otros casos parecidos –algunos muy recientes“ como los que ocupan a vecinos de Tribulete, San Ifelfonso o General Lacy. ”Si nos quieren echar de nuestras casas, van a tener un problema“, resumieron los vecinos durante la protesta, a modo de reafirmación colectiva después de meses de incertidumbre piso a piso.

Uno de los rostros involuntarios de la reivindicación fue Carmen, que trabaja en uno de los locales que habrán de desalojar. Lleva ocho años y medio en una conocida pastelería de la calle, que terminaba su contrato este mismo año y será uno de los primeros espacios en desaparecer con la compra. Ella ha cumplido 41 y vive con su madre no muy lejos de allí, aunque ha de coger el metro para llegar a su puesto. Con el tiempo, se ha convertido en una cara conocida para algunos vecinos.

Comprar siempre en la misma panadería, ir a por dulces caseros o salir de los supermercados es lo que da calidad a un barrio. Y temo que este acabe perdiendo su esencia

Carmen — Trabaja en uno de los locales comerciales que concluyen su contrato

“Carmen ha sido nuestra mejor red social”, proclamaba desde el balcón en uno de los pisos, megáfono en mano, una de las manifestantes este domingo. A pie de calle estaba Carmen, uniformada de blanco y sonrojada por los aplausos. “Ahora se queda en paro, así que queremos agradecerte todo lo que nos has ayudado. Si alguien puede pasar su currículum, agradeceremos que no se nos vaya de aquí”, concluía la vecina en su discurso dando paso a una cadena de aplausos y vítores. En diciembre, su jefe recibió otro burofax de la empresa advirtiendo de que deberían abandonar el edificio a finales de abril.

“Me siento agradecida de haber podido ayudarles o alegrarles si es que ha sido así. Pero al final, aunque solo sea un trabajo, duele por la gente a la que dejas atrás y también por la incertidumbre que llega”, revela Carmen días después, al otro lado del teléfono. “Esta es una zona muy buena y quieren aprovechar la situación, pero siento que estas situaciones son las que terminan por cargarse el pequeño comercio en los barrios”, sentencia la trabajadora, augurando que el ejemplo de Gaztambide puede repetirse en otros puntos de la ciudad: “Comprar siempre en la misma panadería, ir a por dulces caseros o salir de los supermercados es lo que le da calidad a un vecindario. Y temo que este acabe perdiendo su esencia”.

El de este bloque no es un caso aislado. Las organizaciones de inquilinos llevan tiempo alertando de una dinámica que se ha extendido por distintos barrios de Madrid: fondos de inversión que compran edificios enteros con contratos en vigor, comunican su intención de no renovarlos y despliegan distintas fórmulas de presión para acortar los plazos. En el caso de Palau & Manfredi, las vecinas aseguran que el mismo esquema se ha reproducido en otros inmuebles fuera de Madrid, como en Barcelona, donde el fondo posee otro edificio en el Eixample.

Por vivir en su piso, Ángel e Irene pagna 1.100 euros al mes sin contar gastos como luz, wi-fi, gas o agua. Son unos 80 metros cuadrados con tres habitaciones, dos de ellas más pequeñas y la tercera sin ventana. Creen que la maniobra incrementará el precio de la vivienda para equipararla al estatus del barrio. Así que la protesta del domingo se presentó como una llamada a la negociación, donde los vecinos solicitaron a la propiedad que respetara los contratos y no trate de expulsar a sus inquilinos de forma inminente. En el interior del portal, entre buzones y carteles improvisados, alguien ha escrito un mensaje que resume el momento: “Aquí vive gente”.

Jueves por la tarde. Una cafetería elegante y tranquila, en pleno centro de Madrid. Apenas se oye el runrún de un puñado de clientes, los ruedines de las maletas que entran o salen y una plácida música de ascensor. Todo transcurre con normalidad en el Hotel Marriott Princesa, uno de los alojamientos de cinco estrellas que la lujosa cadena gestiona en la ciudad. Al menos, hasta que el reloj marca las 19.30 horas. Una marabunta silenciosa accedió en cuestión de segundos a la zona del restaurante, despertando la curiosidad entre las mesas o miradas inquietas del personal. Decenas de personas comenzaron a apilarse hasta formar un semicírculo en el centro. Algunos sacan megáfonos y otros, unos chalecos reflectantes de color naranja. En el torso puede leerse un nombre: Sindicato de Inquilinas.

“¡Somos las vecinas de Madrid contra Brookfield!”, gritó una de ellas, coreada al instante por quienes estaban a su alrededor. El órgano sindical, promotor de la iniciativa, motivó una protesta en las instalaciones de este céntrico hotel para denunciar sus vínculos con Brookfield Asset Management, una multinacional canadiense dedicada a la compra-venta de activos que adquirió este hotel en la zona de Princesa. Su irrupción en el mercado español ha causado incertidumbre entre quienes esa tarde tomaron el hotel, que denunciaron a viva voz cómo ese movimiento ponía otra pieza sobre el pesado puzle de la vivienda.

Preguntados por esta cuestión, desde el Sindicato de Inquilinas confirman que todo es parte de una campaña para advertir de la entrada a paso firme de esta compañía en España. Un país donde el problema de la vivienda lleva meses liderando el ranking de las principales preocupaciones de los españoles, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Después de negociar la compra de 5.300 inmuebles por 1.200 millones de euros a otro de los grandes fondos de inversión inmobiliaria, Blackstone, Brookfield ha adquirido todas estas propiedades que, afirman los promotores de la protesta, nacieron como promociones públicas o de protección oficial “impulsadas por administraciones municipales”.

Que Brookfield, propietario del hotel que ha protagonizado la tarde, se hiciera con un paquete de viviendas alejándolo del parque público en un momento de alta tensión inmobiliaria ha sido la mecha que prendió los planes del sindicato. Los manifestantes, durante su incursión en el Marriot junto a Plaza España, han hecho llegar una carta al director del establecimiento en la que le transmiten la “preocupación” vecinal por la subida de los precios o la intranquilidad ante una renovación de alquiler. Pero la acción no solo ha sorprendido en Madrid.

Desde la entidad por los derechos de los inquilinos se ha organizado un movimiento paralelo en Barcelona, donde otra comitiva de vecinos hizo lo propio con el Hotel Moxy de la ciudad condal, tal y como han confirmado los manifestantes en la capital. Fuentes del órgano sindical aseguran que la multinacional canadiense es dueña de otros hoteles en Madrid, además del Marriott de Princesa. Temen que la intención del fondo para las 5.300 viviendas que ha comprado a Blackstone termine siendo la venta uno a uno de los pisos, transfiriéndolos definitivamente al mercado.

“A todos los que estáis aquí, queremos informaros de por qué hemos venido”, comenzó uno de los portavoces de la protesta, compartiendo con la clientela del hotel cómo su propietario “empeora” la situación de muchos inquilinos. “Brookfield quiere vender nuestras casas, pero no nos iremos de allí. Nos quedamos”, afirmó, solemne, otro de los jóvenes allí presentes, entre aplausos y vítores de sus compañeros. La admiración no crecía tanto entre empleados. “A mí me están grabando”, ironiza una de las mujeres uniformadas con el traje que portan el resto de trabajadores, movilizados desde su irrupción para controlar el espacio.

Varios vehículos policiales, tanto de la Policía Nacional como Municipal, empezaron a amontonarse en la entrada pocos minutos después de comenzar la protesta. “Los ha llamado el manager”, susurraron entre los manifestantes. Más de una decena de agentes del Cuerpo Nacional de Policía termiraron por entrar a la recepción del hotel y acudieron a hablar con los portavoces del acto. Intercambiaron unas palabras y luego estos últimos accedieron a continuar la protesta en la puerta del edificio, cuando el reloj ya marcaba las 19.45 horas.

“Queremos que todo el mundo sepa que la compra por parte de Brookfield no es tan bonita como creen”, resume desde el exterior uno de los portavoces de la cita, César Sanjuan. Explica que la decisión de iniciar sus presiones desde este hotel tiene que ver con la ubicación de la sede de este fondo en España, en un noveno piso de la calle Serrano. “Lo que queremos es que gente como nosotros sepa quiénes son, y eso solo puede conseguirse desde aquí”, determina Sanjuan.

En los últimos meses ha trascendido la intención de Blackstone, el fondo buitre que propició la gran entrada de Brookfield al mercado español, y otras sociedades inmobiliarias preparan la venta de miles de viviendas en alquiler dentro del país. Fueron comprándolas durante años y ahora, en pleno auge de precios, tratarán de ofrecerlas al mejor postor. Muchos de los inmuebles que fluctúan en esa operación inmobiliaria, contabilizados en unos 25.000, fueron adquiridos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, en un periodo de trasvase de las familias a los bancos y, de estos, a estas entidades, conocidas como fondos buitre.

Recientemente, desde el Sindicato de Inquilinas se ha impulsado una campaña junto a los vecinos de los bloques pertenecientes a Nestar (incluido en el grupo Azora) o Fidere, de Blackstone, cuya compra precisamente negocian los del fondo Brookfield. La iniciativa tiene el objetivo de “impedir la venta masiva de más de 17.000 viviendas, muchas de ellas antiguamente públicas, que los fondos buitre quieren volver a poner en el mercado para seguir especulando con nuestras vida”, tal y como expresa el propio órgano sindical. Creen que esta problemática se replica ahora con la adquisición de 5.300 viviendas por parte de la compañía canadiense. “Que no se piensen que van a comprar un caramelo. Lo que van a hallar es un problema”, ha zanjado en sus instalaciones uno de los portavoces de la protesta.

Ya hay acuerdo para relanzar el CSA Tabacalera, en Lavapiés, contando con la presencia de entidades vecinales. El complejo volverá a acoger el tejido asociativo del céntrico barrio de Madrid a finales de 2026. Así lo han acordado el Ministerio de Cultura, titular del inmueble, y representantes del colectivo Remontada Tabacalera.

Se prevé que dos edificaciones, anexas al edificio principal, estén disponibles para estos usos asociativos en el último trimestre de este año después de las obras de rehabilitación que llevará a cabo el Ministerio de Cultura, a cargo de su presupuesto. Se trata de las naves Trapecio y Trastocados/Metrópolis (de 512 y 288 metros cuadrados) dentro del complejo de Tabacalera, que serán rehabilitadas integralmente para garantizar su adecuación para el uso y que cumplen todas las garantías de seguridad.

La cesión formal se hará al CSA La Tabacalera, de acuerdo con los colectivos y asociaciones que forman parte del colectivo Remontada Tabacalera, entre los que se encuentran el propio CSA y otras entidades como el Sindicato de Inquilinas de Madrid, 8M Lavapiés, la Oficina de urbanismo social o Red Interlavapiés.

Según ambas partes han acordado, estos espacios serán autogestionados por el CSA La Tabacalera, en colaboración con asociaciones vecinales del barrio de Lavapiés. Con este compromiso, se recupera un espacio fundamental para el uso comunitario y cultural en el centro de la ciudad de Madrid, privilegiando la función social y apertura al público de esta dotación con independencia de la residencia y centro artístico que la cartera liderada por Ernest Urtasun planea impulsar en el resto del recinto.

El Sindicato de Inquilinas lo celebra: “Recuperamos para la ciudad la Tabacalera”

El Sindicato de Inquilinas ha celebrado el acuerdo en una nota remitida a los medios de comunicación: “Gracias a la negociación y movilización de los movimiento sociales de la ciudad, el acuerdo se ha desbloqueado, formalizando el uso del espacio a través del convenio existente e incorporando las modificaciones necesarias para adaptarlo al momento actual del proceso”.

Carolina Vilariño, portavoz del Sindicato, cree que con este compromiso consiguen “un espacio que había sido arrebatado a los movimientos sociales y que es fundamental para los vecinos de Lavapiés y de todo Madrid”. Opina que “se abre un nuevo paradigma del modelo de ciudad que vamos a construir”.

En el escrito detallan el enfoque que Remonta Tabacalera dará al proyecto: “Se plantea una visión de colaboración amplia junto al CSA Tabacalera y otros movimientos y colectivos sociales del territorio, articulada en torno a tres ejes estratégicos: la cultura de base autogestionada, el sindicalismo social y la economía solidaria”.

En las negociaciones se ha acordado entender este proceso como “una oportunidad para incorporar la participación ciudadana en la rehabilitación del edificio con una perspectiva de regeneración urbana en su contexto territorial y ampliar derechos culturales y sociales de las personas que habitan y atraviesan Madrid”. Señalan que, “por todas las partes”, se ha manifestado “una aspiración para explorar formas innovadoras y contemporáneas de gestión cultural y urbana acorde al momento actual y a los retos sociales que afrontamos.

Casi tres siglos de historia en el corazón de Lavapiés

Situado en el número 53 de la calle Embajadores, el complejo de Tabacalera está formado por diversas edificaciones, ocupando una superficie total de más de 21.000 metros cuadrados. Tabacalera se ubica en la Antigua Fábrica de Tabacos de Madrid, cuya construcción tuvo lugar entre 1780 y 1792 y que perdió ese uso a finales del siglo XX.

Adscrito al Ministerio de Cultura desde 2003, ese mismo año el edificio se abre al público como espacio centrado en la exhibición y la programación de actividades. Entre 2010 y 2021 desarrolla un programa permanente de exposiciones temporales y de actividades en torno a la fotografía, el arte contemporáneo y las artes visuales. Actualmente el complejo de Tabacalera se encuentra en proceso de rehabilitación arquitectónica y reforma integral de las instalaciones para adecuar el edificio a su futuro uso como centro de producción y residencias artísticas, en la línea de otros centros internacionales.

En marzo de 2025, un Real Decreto oficializó la creación del Centro de Producción y de Residencias Artísticas Tabacalera. Este futuro Centro Tabacalera es un proyecto estratégico del Ministerio de Cultura y está dirigido a la reactivación del tejido creativo, promoviendo un espacio de investigación artística e intercambio de experiencias entre artistas, en colaboración también con las comunidades autónomas. El proyecto aspira, asimismo, a ser una institución abierta al barrio de Lavapiés, un propósito relanzado con este acuerdo.

Mariano Ordaz podrá seguir viviendo en su casa, por mucha que esta sea cada vez más inhabitable. Su posible desahucio ha despertado una ola de solidaridad, apoyo y contestación que se ha materializado en la mañana de este viernes. Ni siquiera la intensa lluvia con la que ha arrancado el día en Madrid ha amedrentado a las decenas de personas que han acudido al portal de su edificio en el barrio de Embajadores para detener la posible expulsión. Alrededor de las 9.20, más de dos horas después de la hora prevista para el desalojo, la comitiva policial y judicial desplazada ha comenzado a marcharse. El lanzamiento ha quedado aplazado, sin nueva fecha establecida hasta el momento.

“¡Lo hemos parado, Mariano se queda!”, ha celebrado el Sindicato de Inquilinas en sus redes sociales. Esta entidad se ha volcado en el apoyo al vecino de la calle del Carnero. De hecho, la mayoría de personas concentradas llevaban sus característicos chalecos naranjas, incluído el propio Mariano. ‪“Empapados, casi sin dormir, hemos parado el cuarto intento de expulsarle de su casa. ‬‪Lo hemos hecho con organización, con nuestros cuerpos y resistencia ante una ley deficiente”, trasladan desde la agrupación.

Antes, poco después de las 7.00, comenzaban a informar de su movilización para evitar a toda costa la enajenación: “Hoy luchamos por Mariano. La VOT [Venerable Orden Tercera] pretende desahuciarle habiendo vivido toda su vida en su casa, después de dejarla caerse a cachos: acoso inmobiliario. Nos defendemos y organizamos donde las instituciones y justicia nos fallan”.‬ La jornada ha estado repleta de eslóganes combativos: “Poder inquilino”; “vecina, despierta, desahucian en tu puerta” o “las llaves de Mariano se quedan en su mano”.

Alicia del Río, portavoz del Sindicato, ha explicado que esta suspensión ha sido posible “gracias a que Mariano fue valiente” y acudió a la entidad, así como a “la organización popular”. “Las instituciones iban a sacarle a la calle: el Congreso, los jueces, la policía, servicios sociales y todo el sistema rentista. Hemos parado una barbarie ante la cual solo queda desbodecer las leyes que nos quieran echar para especular”, ha aseverado en declaraciones a los medios.

Según trasladan desde la organización, la jornada no ha estado exenta de tensión antes de que llegase el final feliz para Mariano: “La policía lo llama quedada, saben que hoy lo van a tener muy difícil para expulsar a Mariano de su casa”. Finalmente ha sido tan complicado que no han podido hacerlo.

A sus 67 años, tiempo en el que solo ha conocido esta casa donde nació cuando ya vivían en ella su abuela y sus padres, Mariano se enfrenta a una encrucijada compleja. Debe elegir entre su propia seguridad o su más que probable desahucio si abandona el piso para que la orden franciscana que ostenta la propiedad ejecuten los trabajos de reforma necesarios.

El techo de la cocina, carcomido por las humedades, se vino abajo el pasado 8 de noviembre. La estancia ha quedado inutilizable desde entonces, con la excepción de la nevera. La encimera, el fregadero o la propia cocina cedieron ante la caída de unos escombros ahora agolpados en una esquina. Más de tres meses después, pilotes colocados por los bomberos evitan el colapso de la estructura y la apuntalan. Estos elementos también ocupan la mitad del baño, incluida la ducha, para reforzar la estabilidad. Mariano hace algunas elaboraciones con un hornillo o busca lugares baratos para comer. Se ducha en casas de amigos, la de su vecina o en el gimnasio de un centro social. No sabe si su vivienda regresará algún día a la normalidad.

La propiedad solo se pliega a acometer las obras necesarias si él la abandona. “Ahora que el desahucio se ha parado sin fecha, la propiedad tiene tiempo para las reformas acometidas sin echar a Mariano de la casa en la que lleva toda su vida”, apunta el Sindicato en un comunicado.

Mariano estuvo a punto de ser desalojado (llegó a recibir una orden) ya en 2022, después de acumular impagos. No hubo caridad por parte de su casero, la milenaria Venerable Orden Tercera de San Francisco, llamada popularmente VOT y conocida más recientemente como Orden Franciscana Seglar (OFS). Finalmente, el lanzamiento lo evitaron la movilización del Sindicato de Inquilinas y el freno judicial amparado en el decreto del Gobierno para la paralización de los desahucios a quienes acrediten vulnerabilidad. Este último escudo está ahora mismo en el aire, pero el apoyo del Sindicato ha vuelto a convertirse en su mejor protección.

Mariano se dedicaba a la hostelería y se quedó sin empleo en la pandemia. Después solo pudo acumular contratos menores en el Hospital Gregorio Marañón, además de cobrar una paga que no llegaba a los 500 euros. Ya jubilado, le quedan algo más de 1.000. Por ello quiere renegociar su deuda y su alquiler con la orden religiosa, ahora que puede afrontarlos. A cambio, pide que los trabajos se hagan con él en el interior o marcharse provisionalmente después de firmar un acuerdo que acredite que, una vez acabada la rehabilitación, volverá a su hogar.

La propiedad, que desde la caída del techo solo ha enviado un técnico que instó a colocar pilotes también en el baño (los de la cocina los pusieron los bomberos), rechaza sus peticiones e incluso una reunión. “Es una treta para que me vaya”, opina sobre las instancias que ha recibido para dejar la vivienda debido a la obra. Está convencido de que, si se marcha, no podrá volver.

El real decreto que se votará este martes en el Congreso de los Diputados, mantendría suspendidos unos 70.000 desahucios de familias vulnerables en todo el país, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), pero todo apunta a que fracasará. Ante esta “situación límite”, según el Sindicato de Inquilinas, tanto este colectivo como la PAH han anunciado futuras acciones: “Si este real decreto cae, va a haber concentraciones, va a haber movilizaciones y vamos a responder”, ha asegurado Valeria Racu, portavoz del sindicato este martes frente al Congreso de los Diputados.

La medida se votará este martes en el Congreso de los Diputados dentro de un decreto ómnibus aprobado en el último Consejo de Ministros de 2025 que llevará, entre otras propuestas, la revalorización de las pensiones. El PP ha anunciado que no lo apoyará, a pesar de que que ha asegurado que estaría dispuesto a llevar adelante esta última por separado. El rechazo por parte de la oposición viene del resto de elementos de este “escudo social”, como lo califica el Gobierno, entre los cuales se encuentran esta moratoria de desahucios o la prórroga de la prohibición del corte de suministros básicos a hogares vulnerables. Junts no ha aclarado si votará en contra o si se abstendrá, pero en ambos casos, el decreto no saldría adelante y los miles de hogares que se habían beneficiado de la moratoria entre abril de 2020 y diciembre de 2025, verían su desahucio reactivado.

“Que hoy caiga este real decreto, no implica simplemente 70.000 desahucios, una oleada que es totalmente inasumible, sino que implica que somos incapaces de proteger el derecho a la vivienda”, ha denunciado Racu, que ha señalado a los grupos que, previsiblemente, no aprobarán estas políticas: “Vamos a ver una vez más cómo la derecha parlamentaria, representada por PP, Vox y sorprendentemente Junts, que también se alinea ahí, a pesar de que Cataluña es líder en desahucios, van a ser una vez más los secuaces de la patronal inmobiliaria y del negocio de la vivienda”. Paco Morote, de la PAH, se ha dirigido también al PP, al que ha reprochado su inacción para regular la vivienda en las comunidades donde gobierna así como de “haberse arrojado en brazos de la especulación y la construcción”.

Valeria Racu ha acusado también al Gobierno de ser “incapaz” de “sacar una única medida que nos proteja a las que más lo necesitamos en este momento”, apuntando a una situación de “emergencia habitacional” que va más allá de este decreto. A las 70.000 familias que podrían verse expulsadas de su casa, se sumarían además los “más de 600.000 que es posible que ocurra en este año”, según ha indicado la portavoz.

Desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, su portavoz, Damián Rodríguez, se ha referido al “chantaje” de la derecha, que amenza con tumbar el decreto por el resto de medidas que lo engloban y ha apuntado que los pensionistas “también están afectados” por la situación de la vivienda.  “El año pasado se votó - el decreto ómnibus- en su conjunto. ¿por qué este año se tiene que separar? La única razón es electoralista”, ha añadido.

Un juez de Barcelona ha admitido a trámite la denuncia que los vecinos de un bloque del barrio del Poble-sec han interpuesto contra el fondo que compró el edificio, Urbe Enginova, y ha citado a declarar como investigado al administrador de la empresa.

La denuncia, interpuesta por 18 vecinos del bloque representados por el Col·lectiu Ronda, el Sindicat de Llogaters y el Sindicat de barri del Poble-sec, acusa al fondo de una “estrategia deliberada de degradación” del edificio para que los vecinos se marchen. En concreto, relatan los vecinos, la empresa pasó 39 días sin reparar el ascensor (hay varios vecinos con movilidad reducida) y ha dejado de prestar servicios de mantenimiento y limpieza.

El fondo, según la denuncia, adquirió el edificio en febrero de 2025, y a partir de entonces los vecinos empezaron a recibir comunicaciones de que sus contratos de alquiler no serían renovados. Algunos arrendatarios ya han recibido las primeras demandas de desahucio, mientras que otros todavía tienen contratos en vigor.

Los vecinos también acusan al fondo de contratar a una empresa de desokupaciones ilegales “para presionar e intimidar a los inquilinos” y acelerar su marcha del edificio.

Uno de los peores episodios incluidos en la denuncia vecinal ocurrió el 6 de octubre del año pasado, cuando se estropeó el ascensor de la finca. Los inquilinos solicitaron a la propiedad su reparación, pero ante la falta de respuesta contactaron ellos mismos con la empresa de mantenimiento, que envió un presupuesto de 2.000 euros a la propiedad y a los vecinos.

La empresa de ascensores aseguró que la avería se resolvería en 15 días, pero no ocurrió. La propiedad, según los vecinos, solo contestó 35 días después de que el ascensor dejara de funcionar, y alegó que se cambiaba la empresa de mantenimiento, pero los vecinos lo contrastaron y, según su versión, la información resultó ser “falsa”.

En una providencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado del juzgado de instrucción 32 de Barcelona ha citado para el 27 de febrero a dos testigos y al administrador de Urbe Enginova como investigado.

De los 14 pisos que forman parte de la finca, 11 tienen contrato vigente y cinco se encuentran en la bolsa de alquiler del Ayuntamiento. Uno de los pisos está vacío porque uno de los inquilinos abandonó la vivienda y dos de los contratos de alquiler ya han caducado. “La salud física y mental de los inquilinos se ha visto perjudicada”, asegura el Sindicat en un comunicado.

Medio centenar de personas han ocupado este viernes la sede de la Socimi Vandor en Barcelona, propiedad del fondo de inversión británico Patron SL, en protesta por la compra de 14 bloques de la ciudad –con 193 pisos– que en los últimos ocho años han sido transformados en colivings gestionados por la empresa Cotown. “Seguiré luchando para que sean ellos quienes se vayan, yo no me iré de mi casa”, ha dicho Rosario Castelló, la única inquilina que sigue en el bloque de la calle Entença 69, en el barrio de l’Esquerra de l’Eixample.

El resto de viviendas del edificio han ido transformándose en colivings desde 2019. La mujer, de 63 años, convive ahora con decenas de chicos y chicas jóvenes, en su mayoría norteamericanos, que vienen a estudiar a Barcelona durante unos tres meses. “Vienen a pasárselo bien, y eso es comprensible, pero hacen mucho ruido y ensucian las zonas comunes del edificio”, lamenta. 

En otro de los bloques en el barrio de Les Corts, Kheira Nahal, de 65 años, continúa con otras tres familias que se niegan a aceptar la compensación ofrecida; los otros seis pisos ya se han convertido en coliving. “Por 30.000 euros no dejo el piso donde llevo 30 años”, afirma. Por su parte, Joan —nombre ficticio—, vecino de otra finca afectada en Sant Gervasi, denuncia que los colivings multiplican de cinco a diez veces el precio que pagaba el antiguo inquilino. “A este ritmo, no quedará ningún vecino en Barcelona”, lamenta. 

Esta es la tercera vez que algunas de las familias de los bloques afectados, junto con activistas del Sindicat de Llogateres, entran a las oficinas de Cotown en protesta. Reclaman principalmente la renovación de los contratos de alquiler, que se han ido paralizando a medida que la inmobiliaria adquiría las fincas. Desde el Sindicat advierten que Vandor está “incumpliendo las órdenes administrativas del Ayuntamiento de Barcelona, que obligan a revertir las obras ilegales y garantizar que las viviendas mantengan su uso residencial”.

Desde Vandor han respondido a lo que consideran un “asalto” a sus oficinas asegurando que llevan a cabo la comunicación con los inquilinos de forma “directa e individualizada”. “El 94% de los contratos preexistentes se han resuelto mediante acuerdos negociados”, aseguran sobre la situación de los inmuebles, y añaden que han ofrecido viviendas alternativas con contratos de siete años a algunos de los inquilinos. 

En un comunicado aseguran que estas opciones “de estabilidad” que dicen ofrecer a los inquilinos van más allá de lo que dicta la ley, y lamentan que “no hayan sido aceptadas”.

Por su parte, el Sindicat ha presentado una denuncia ante la Agència Catalana de Consum contra Vandor al consdierar que anuncian habitaciones a un precio superior al que establece la ley aprobada hace un mes por el Parlament de Catalunya. La normativa indica que la suma de lo que pagan todas las habitaciones no puede superar el precio máximo que tendría el piso si se alquilara entero, que en este caso equivaldría al importe que pagaba el antiguo inquilino. Sin embargo, señalan que los precios por habitación en la empresa Cotown pueden llegar a los 900 euros, lo que supera el límite establecido.

Durante el acto, los inquilinos han pedido varias veces sentarse a negociar con la inmobiliaria para intentar llegar a un acuerdo. Pero al igual que las otras tres veces donde lo han intentado, tanto la CEO de Cotown, Vanesa Esteban, como el representante legal de Vandor, Francesc Puiggalí, se han opuesto a ello. “La voluntad de negociación la tenemos, pero individualmente”, ha afirmado Esteban.

Por su parte, Puiggalí ha condenado el acto alegando que los manifestantes le estaban “intimidando” y haciendo “mobbing” en su “propia casa”. Ha reiterado lo dicho por Esteban y ha pedido a las personas abandonar el edificio y “dejar de hacer el numerito”. Sin embargo, tanto los inquilinos como los activistas del Sindicat de Llogateres han permanecido, sin causar altercados, en la entrada del inmueble sosteniendo pancartas.

El próximo febrero se votará una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que permitirá blindar la regulación catalana frente a los intentos de la oposición de recurrirla ante el Constitucional. La reforma incluirá también una prórroga de tres años en los contratos de alquiler, lo que aseguran, desde el Sindicat de Llogateres, que “protegerá a los inquilinos de los fondos buitre frente a futuras expulsiones”.

“Avaricia, codicia, ambición. O como a nosotras nos gusta decir, Francisco David Villar Ausocua”. Así arranca un contundente vídeo del Sindicato de Inquilinas de Madrid donde tres vecinos de Puerta del Ángel arremeten contra el propietario del bloque en el que viven. Situado en el número 3 de la calle Antillón, los residentes denuncian así la brutal subida de alquiler a la que se enfrentan, por la que pagarían el doble por sus arrendamientos.

Califican de “insultante” esa subida del 100% en el edificio donde viven. “No tiene sentido que, ante la actual crisis de vivienda, personas como esta piensen que pueden hacer lo que quieran con nuestras casas”. Por ello, se han organizado con el Sindicato de Inquilinas para demandar “nuevos contratos al mismo precio” ahora que se cumplen los cinco años que la Ley de Arrendamientos Urbanos establece como límite para su vencimiento.

Con la combativa letra de Ama, ama, ama y ensancha el alma de Robe Iniesta de fondo (“que solo os enseñaron el odio y la avaricia”), en la publicación los residentes avanzan que planean seguir en sus pisos: “No nos vamos, nos quedamos. Señor Villar Ausocua, le recordamos que la avaricia rompe el saco. No vamos a permtir que nos eches de nuestras casas. Ante tu violencia rentista, poder inquilino”.

“No queremos abandonar nuestras casas, ni que Puerta del Ángel se convierta en el complejo turístico de Madrid”, aseguran. Esta zona del distrito de Latina ha protagonizado un fuerte encarecimiento en el precio de la vivienda por la acción de fondos buitre como Madlyn, que han tratado de modificar el tejido social, comercial o estético del barrio para apelar a otro perfil de inquilino y que los alojamientos temporales se impongan a los habituales. Según el portal inmobiliario Idealista, en los últimos cinco años el precio medio del alquiler en Latina ha aumentado un 70% para situarse en 18,1 euros el metro cuadrado. Esa cifra alcanza los 20 euros en el caso de Puerta del Ángel.

Los tres protagonistas del clip exponen a su casero para evidenciar que ese drástico encarecimiento no surge de necesidad alguna: “Este señor, lejos de conformarse con los beneficios como director del Grupo Vibau; Raomi SL; Funerarias El Recuerdo y como directivo ni en una ni en dos ni tres, sino hasta 25 empresas, nos quiere subir el 100% del alquiler por ser dueño del edificio en el que vivimos”.

Desde el Sindicato citan tres empresas de sectores diferentes con Villar Ausocua al frente. Grupo Vibau es una promotora inmobiliaria con sede en Boadilla del Monte que factura anualmente más de 500.000 euros. También a la promoción inmobiliaria se dedica Raomi, afincada en Parla y con actividades ligadas además al alquiler de bienes inmobiliarias. Respecto a El Recuerdo, ofrece servicios funerarios y gestiona tanatorios en Sevilla, Málaga y Madrid (tanto en la ciudad como en otros municipios, caso de Valdemoro o Parla). Según el diario Expansión, Villar Ausocua ocupa además un puesto directivo en una compañía dedicada al “corte, tallado y acabado de la piedra”. Precisamente en piedra buscan grabar su nombre los inquilinos del bloque de la calle Antillón, con la indignación propia y la vergüenza ajena como armas.

El Sindicato de Inquilinas de Zaragoza ha logrado evitar el desahucio de todas las familias que residen en un bloque de viviendas situado en la avenida San José, en el barrio del mismo nombre, después de varios meses de conflicto con la propiedad. La empresa propietaria había comunicado a los inquilinos su intención de aplicar una subida del alquiler de hasta un 60%, un incremento que las familias calificaron de inasumible y que, según el sindicato, suponía una amenaza directa de expulsión para quienes no aceptaran las nuevas condiciones.

Entre las personas afectadas se encuentran Matilde y José, junto a otras ocho familias que llevaban años viviendo en el edificio. Hace unos meses recibieron una carta en la que la propiedad les daba un breve plazo para aceptar el nuevo precio del alquiler o abandonar las viviendas. Ante esta situación, una de las vecinas contactó con el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, que comenzó a acompañar a los residentes en la organización colectiva del conflicto y en la constitución de lo que denominan un “bloque en lucha”.

Desde el sindicato denuncian que el inmueble presenta un estado de conservación muy deficiente, con problemas de mantenimiento que la propiedad no habría solucionado durante años, incumpliendo sus obligaciones como arrendadora. A pesar de ello, sostienen, se pretendía imponer “precios de mercado completamente inasumibles” para unas familias mayoritariamente trabajadoras, entre las que hay personas de origen migrante y hogares con menores a cargo. Para ellas, explican, la subida exigida suponía “una expulsión directa de sus casas y de su barrio”.

Durante el proceso, el Sindicato de Inquilinas asegura que la propiedad intentó intimidar y dividir a los vecinos mediante presiones individuales y tratando de desvincularlos de la organización. Sin embargo, la respuesta colectiva permitió frenar estas maniobras y forzó a la empresa a dar marcha atrás. Finalmente, se han renovado los contratos de todas las viviendas sin aplicar la subida anunciada, lo que garantiza la continuidad de las familias en sus hogares.

“Nos han hecho creer que las subidas del alquiler son inevitables y que irnos de nuestra casa es lo que toca, pero eso no es cierto”, señalan desde el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, que considera este caso un ejemplo de que la organización colectiva puede lograr “victorias reales”. Añaden además que el problema trasciende este conflicto concreto y apunta a un modelo estructural: “Mientras la vivienda siga siendo una mercancía y un negocio, no podrá garantizarse como un derecho”.

Una de las vecinas afectadas destaca que “sin el apoyo del sindicato, muchas familias ya no estaríamos aquí”, y reconoce que el miedo inicial dio paso a una mayor fuerza colectiva al organizarse. El Sindicato de Inquilinas de Zaragoza ha aprovechado este caso para hacer un llamamiento a las personas inquilinas de la ciudad a organizarse y afiliarse para defender el derecho a la vivienda y frenar los abusos de la propiedad.

Un estruendo sorprendió a Mariano Ordaz mientras dormitaba en el salón de su casa. Eran las 7.15 de la mañana del sábado 8 de noviembre cuando el techo de la cocina, carcomido por las humedades, se vino abajo. La estancia ha quedado inutilizable desde entonces, con la excepción de la nevera. La encimera, el fregadero o la propia cocina cedieron ante la caída de unos escombros ahora agolpados en una esquina. Mes y medio después, pilotes colocados por los bomberos evitan el colapso de la estructura y la apuntalan. Estos elementos también ocupan la mitad del baño, incluida la ducha, para reforzar la estabilidad. Mariano hace algunas elaboraciones con un hornillo o busca lugares baratos para comer. Se ducha en casas de amigos, la de su vecina o en el gimnasio de un centro social. No sabe si su vivienda regresará algún día a la normalidad. La propiedad solo se pliega a acometer las obras necesarias si él la abandona.

A sus 67 años, tiempo en el que solo ha conocido esta casa donde nació cuando ya vivían en ella su abuela y sus padres, se enfrenta a una encrucijada compleja. Debe elegir entre su propia seguridad o su más que probable desahucio si abandona este piso del número 1 de la calle Carnero de Madrid (en el céntrico barrio de Embajadores) para que los dueños ejecuten los trabajos.

Mariano estuvo a punto de ser desalojado (llegó a recibir una orden) ya en 2022, después de acumular impagos. No hubo caridad por parte de su casero, la milenaria Venerable Orden Tercera de San Francisco, llamada popularmente VOT y conocida más recientemente como Orden Franciscana Seglar (OFS). Finalmente, el lanzamiento lo evitaron la movilización del Sindicato de Inquilinas y el freno judicial amparado en el decreto del Gobierno para la paralización de los desahucios a quienes acrediten vulnerabilidad.

Mariano se dedicaba a la hostelería y se quedó sin empleo en la pandemia. Después solo pudo acumular contratos menores en el Hospital Gregorio Marañón, además de cobrar una paga que no llegaba a los 500 euros. Ya jubilado, le quedan algo más de 1.000. Por ello quiere renegociar su deuda y su alquiler con la orden religiosa, ahora que puede afrontarlos. A cambio, pide que los trabajos se hagan con él en el interior o marcharse provisionalmente después de firmar un acuerdo que acredite que, una vez acabada la rehabilitación, volverá a su hogar. La propiedad, que desde la caída del techo solo ha mandado un técnico que instó a colocar pilotes también en el baño (los de la cocina los pusieron los bomberos), rechaza sus peticiones e incluso una reunión. “Es una treta para que me vaya”, dice Mariano sobre las instancias que ha recibido para dejar la vivienda debido a la obra. Está convencido de que, si se marcha, no podrá volver.

Mientras enseña “un fregadero hecho paté”, Mariano cuenta que después de la muerte de su madre la orden religiosa amplió dos años el contrato de renta antigua. Sin embargo, como las prórrogas que protege la ley ya se habían cumplido, la orden franciscana comenzó con aumentos muy acusados justo cuando su situación laboral se complicó. “He estado pagando religiosamente hasta 2022. Luego empecé a dar lo que podía. Pero no soy un okupa, llevo aquí 67 años”. Sostiene que actualmente se podría “arreglar” con 500 euros mensuales de alquiler, pero la VOT le exige el pago de unos 15.000 euros en concepto de deuda y un alquiler de 800. “Tengo que comer y vivir”, recuerda.

Mariano tacha su situación de “inadmisible”. Además de la precaria situación en su cocina y su baño, de la tragedia que no se produjo por un puñado de metros y de unas vigas que según varios técnicos “están muy mal”, las humedades se han propagado por una de las habitaciones y por el falso techo del salón. “La Iglesia me dijo que menos mal que no había pasado y que lo arreglarían. Pero esto fue el 8 de noviembre y aquí sigo. Como desde 2023 no tengo contrato, se amparan en eso para no arreglar nada”, critica. La dejadez, sin embargo, se extiende por todo el bloque: “La finca está hecha una pena y hay muchos vecinos con problemas de humedad. Aquí se paga la comunidad solo para que venga una persona a limpiar un rato los lunes por la mañana”.

La VOT es propietaria de varias fincas y edificios en el centro de Madrid, así como de centenares en la ciudad y el país. La mayoría de ellas están alquiladas, sea para vivienda o para un uso comercial de gran implantación en la colindante Ribera de Curtidores, corazón del mercado callejero de El Rastro y con numerosos negocios dedicados a la artesanía o al comercio de proximidad.

Desde la orden franciscana defienden en su web la labor y filosofía que les define: “Somos hombres y mujeres que desde nuestra familia vivimos en el mundo intentando construir una sociedad más humana y cristiana. Queremos estar presentes en el mundo: construyendo un mundo más fraterno, luchando por la Justicia, trabajando por la Ecología, colaborando en proyectos misioneros, queriendo ser puente entre el tercer y primer mundo, siendo instrumentos de Paz e intentando llevar al mundo Esperanza y Alegría. Es decir, ser revolucionarios del Amor de Cristo y vivir las Bienaventuranzas”. Por parte de la entidad no responden por el momento a las preguntas de Somos Madrid sobre este caso.

Mariano, “abrumado” a la espera de una nueva resolución judicial

La vida de Mariano es modesta, no precisa de grandes lujos. De hecho carece de Internet o de móvil inteligente, tiene uno que apenas utiliza para llamar o recibir llamadas. “No tengo WhatsApp”, comenta. Su caso ha trascendido gracias a la colaboración y el empuje del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Una de sus integrantes, Carolina Vilariño, denuncia la “falta de consideración de la orden, que ni siquiera ofrece una alternativa habitacional”.

“Mariano les propuso que aceptaba un realojamiento temporal, en una residencia incluso, siempre y cuando sea únicamente mientras se ejecuten obras mínimas. Pero en la orden sostienen que no tienen responsabilidad porque el contrato no está vigente”, expone. La entidad religiosa ha enviado un escrito al juzgado para efectuar la reforma de la vivienda, en el que detalla que Mariano debe dejarla por riesgo estructural y sugiere además que no tiene derecho a regresar al no haber contrato vigente. “El juzgado tendrá que pronunciarse. No sabemos qué decidirá”, apunta Vilariño.

Mariano les propuso que aceptaba una alternativa temporal, en una residencia incluso, siempre y cuando sea únicamente mientras se ejecuten obras mínimas. Pero en la orden sostienen que no tienen responsabilidad porque el contrato no está vigente

Carolina Vilariño — Sindicato de Inquilinas de Madrid

Pese a la entereza que el inquilino demuestra durante la visita de este periódico a su domicilio, Carolina Vilariño aborda la afectación que esta situación genera a un nivel emocional: “Mariano nos traslada que está cada vez más desorientado y abrumado. Le cuesta afrontar el día a día por su nivel de estrés y nerviosismo. No es amable estar en esa vivienda, con vigas y pilotes dentro de casa y el miedo a que se desplome todo. El arquitecto de la VOT dice que no hay riesgo de colapso en principio, pero las vigas estructurales están muy dañadas”.

Vilariño subraya que “es la casa en la que ha vivido toda su vida” y que “en el barrio le conoce todo el mundo”. Muchos vecinos le preguntan por su situación y él hace lo propio con los problemas de humedades o filtraciones de agua en otras viviendas. “A la del cuarto se le vino abajo parte del techo de la finca”, denuncia. Coyunturas que no alcanzan la gravedad de su caso, pero dan cuenta de la falta de implicación de la orden franciscana. Ante ella, responden con solidaridad vecinal y ciudadana. Una empatía que explica quizá la primera reacción de Mariano cuando colapsó el techo de su cocina: “Me asomé al patio interior porque pensaba que el ruido venía de fuera”. Incluso con la precariedad de su casa, el impulso inicial fue pensar que quien necesitaba ayuda era alguien al otro lado de la pared. Una auténtica muestra de fraternidad.

“La fuerte falta de vivienda provocó grandes problemas de hacinamiento y deterioro en los alojamientos disponibles. Existía algo de vivienda pública pero se confió casi por completo en el mercado. En los barrios más antiguos de Barcelona, muchos pisos o casas fueron divididos en unidades minúsculas”.

“Eran las llamadas ciudadelas: viviendas baratas, donde varias personas compartían habitación, aseos y cocina para poder pagar el alquiler que consumía una parte notable del salario. Es un tipo de vivienda colectiva, generalmente desarrollada en una planta baja, compuesta por un cierto número de habitaciones independientes”.

¿Dónde situar estas escenas? Suenan terriblemente actuales, pero sucedieron hace cerca de un siglo en Barcelona y Tenerife. Más de 2.000 kilómetros de distancia que no eliminaron esa problemática común. Ambas compartieron propietarios que se lucraron con las rentas y que fueron respondidos con huelgas de inquilinos. Como dijo hace unos meses la presidenta de la asociación de propietarios SOM Habitatge, Núria Garrido, “tener inquilinos es como tener un hijo”. Los propietarios de vivienda como padres de familia contaron – y cuentan – con un poder casi absoluto, que les permite exigir una buena parte de su salario a quienes trabajan. Ecos del pasado que regresan hoy.

Hace un par de semanas, vivimos la primera victoria de una huelga de alquileres victoriosa en nuestra historia reciente. Desde el mes de abril, 71 familias que vivían en pisos propiedad de Fundació La Caixa en Sentmenat, Sitges, Banyoles y Palau Solità i Plegamans sostuvieron una huelga de alquileres alejada de los focos.

Viven en promociones de viviendas que habían sido levantadas con apoyo y financiación públicas, pero La Caixa quería venderlas una vez acabase el periodo de protección. Una operación que culminaría una transferencia masiva y descarada de recursos públicos hacia un gran tenedor privado. Por desgracia, eso ha sido en muchas ocasiones la “vivienda protegida” en España.

Las familias lograron retener más de 257.000 euros y, sobre todo, han conseguido que los bloques pasen a estar protegidos “para siempre”. Por fin, el 26 de noviembre, la Generalitat anunció la compra de 1.100 viviendas de InmoCaixa. Se han recuperado un total de 1.700 pisos. Nuestra primera huelga de alquileres del siglo XXI aún no ha terminado y ya ha permitido celebrar varias victorias.

El sindicato ya ha convocado nuevas asambleas y movilizaciones para extender la recuperación de vivienda protegida al conjunto de bloques de Fundació La Caixa. Sería, en todo caso, un error leer esta huelga como un éxito particular. Ha demostrado ser una herramienta capaz de obligar a las administraciones a revertir décadas de privatización y especulación que han llevado al actual colapso del mercado inmobiliario. Hay una batalla por la redefinición misma de la noción de interés público. Consolidar un parque de vivienda pública protegida es una condición indispensable para frenar la lógica de la vivienda como un activo financiero. No se trata de un grupo de interés particular, sino de una población que se ha visto expropiada y busca recuperar el control de su vida. La huelga, en definitiva, ha actuado como palanca para hacer efectivo el derecho constitucional a la vivienda.

El regreso de esta práctica dice hasta qué punto la situación actual de la vivienda se ha degradado. La ciudadanía la señala en las encuestas como su principal preocupación y, según un informe del Ministerio de Consumo, liderado por Pablo Bustinduy, 630.000 contratos de alquiler vencerán el próximo año. En los últimos cuarenta años, la vivienda se convirtió en un producto financiero, con el cual las familias invertían sus ahorros y, de manera progresiva, multipropietarios y empresas se han dedicado a hacer negocio y a especular. Según los cálculos de CCOO, en estas décadas se han gastado más de 200.000 millones de euros en políticas de vivienda. Pero en la dirección equivocada. La intervención pública sirvió, de manera principal, para mantener artificialmente alto un bien que nunca se consolidó como un verdadero derecho social. Como resultado, hoy tenemos un proceso de desposesión masiva que afecta al corazón de las clases trabajadoras y medias. Como ocurrió otras veces en el pasado en las huelgas de inquilinos las mujeres y las personas migrantes están teniendo un papel protagonista. Ahí se está conformando una nueva clase social. Sin atajos, como dice uno de los libros de cabecera del sindicato.

El éxito de la huelga llega en un momento de bloqueo parlamentario, degradación institucional y desorientación de la izquierda, mientras la extrema derecha capitaliza el malestar. Crece el sentimiento de orfandad política y se refuerza un círculo vicioso que une y alimenta la desmovilización social y la impotencia institucional. La profunda crisis del PSOE, debida a la pésima gestión de las denuncias por acoso sexual, de un lado, y, de otro, a las corruptelas de altos cargos en las empresas públicas, parece haber llevado el estado de shock a un punto definitivo. Sin embargo, la huelga de inquilinos, como antes las protestas contra el genocidio en Gaza o en defensa de la sanidad pública, demuestra que ese círculo vicioso no es inevitable. La organización popular tiene la capacidad de cambiar el foco y fuerza decisiones que abren nuevas posibilidades. André Gorz lo llamó “reformismo radical”: reformas que no se agotan en sí mismas, sino que ensanchan lo posible. La compra de 1.700 viviendas no es un trámite administrativo más, sino la prueba de que una huelga puede cambiar el mundo. Una huelga de inquilinos cambia la vida, en primer lugar, de sus protagonistas y nos recuerda a los demás que no está todo perdido. Es posible reapropiarnos del mundo común para poder cambiarlo.

Carabanchel es un distrito de Madrid, pero también una ciudad en sí misma. No solo porque fue un municipio independiente hasta su anexión en 1948, sino por sus dimensiones, su demografía (con 274.000 habitantes es el más poblado de la ciudad) o sus múltiples facetas. Las diferencias socioeconómicas entre San Isidro, Vista Alegre y Abrantes son tantas, al menos, como sus similitudes. Es por eso que resulta tan difícil analizar el efecto que en estas zonas ha generado la gentrificación. Casi inexistente en algunas áreas, ineludible en otras. Recorrer estas últimas permite observar cómo se transforman algunos barrios por la acción de determinados agentes que llegan a ellos. Y prever cómo pueden cambiar en el futuro los que todavía viven ajenos a esas dinámicas.

Por ello fue tan revelador el segundo paseo crítico organizado desde el Grupo de Estudios Críticos Urbanos (GECU) y el Sindicato de Inquilinas de Madrid, que el martes 25 de noviembre se adentró en “la gentrificación cultural y la especulación inmobiliaria en Carabanchel”. Antes, recorrieron la acción de fondos buitre como Madlyn en el barrio de Puerta del Ángel (distrito de Latina), el pasado día 6. Y el 29 de noviembre miraron al norte con un itinerario por las Cinco Torres y el proyecto de Madrid Nuevo Norte (la Operación Chamartín), con el título “De la vivienda obrera al desarrollo urbano neoliberal”.

La de Carabanchel fue una ruta de fachadas coloridas, galerías de arte, salas de ensayo y murales chic. También de un edificio okupado y autogestionado que lucha contra el capital que desea adueñarse del barrio, o de intercambios de ideas para desentrañar quién prende la mecha de la gentrificación. Todo el mundo tiene clara la responsabilidad de ciertos fondos buitre en un distrito en el que un 26% de la población vive de alquiler y donde el precio de la vivienda ha pasado en diez años de 8,7 euros el metro cuadrado a 16,9. Un aumento sostenido que en el último año y medio ha crecido exponencialmente, un 40%. Pero ¿hasta dónde llega el papel de ciertos agentes culturales? ¿Son coautores del alza y de la pérdida de identidad de un barrio, en ocasiones bajo el ala de esos mismos fondos? ¿Son meras cabezas de turco? ¿Pueden hacer barrio y a la vez condenarlo a que pierda parte de sus esencias?

Cuestiones complejas que ayudaron a desentrañar los “guías” de un itinerario que reunió a decenas de personas: Yolanda Riquelme y Bea Martins, coordinadoras del colectivo mediación cultural La Liminal; Alberto Crespo y Carlos Castillo, miembros del Sindicato de Inquilinas; Álvaro Ardura, profesor en la Escuela de Arquitectura de Madrid de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) o Jorge Sequera, coordinador de GECU. Este último dejó una reflexión esencial, que habla de la gentrificación como un fenómeno que incluye lo económico, pero lo excede: “En Carabanchel, como en Lavapiés, hay personas o entidades que llegan y generan un discurso legitimador o ejemplificador, sobre cómo deben comportarse sus vecinos. Es un afán higienizador. La lógica es yo no quiero lo que hay aquí aunque lleve toda la vida. Pero no puedes ir contra la lógica del barrio solo porque no sea una arcadia”.

Así, la gentrificación cultural tiene un doble sentido: un nivel causal (contribuyen a ella agentes culturales que llegan al barrio) y un nivel consecuencial (el fenómeno modifica costumbres o modos de vida del lugar en el que se produce). Algo que en La Liminal analizaron ya en 2017: “En un proyecto abordamos cómo avanza la gentrificación en este barrio y cómo, en teoría, los agentes culturales la traen de la mano. Hablamos con artistas, vecinos y entidades autogestionadas”, expuso Bea Martins.

Por aquel entonces el libro de Martha Rosler Clase cultural. Arte y gentrificación, que disecciona entre otras cuestiones el impacto del SoHo en Nueva York, había sacudido este tipo de estudios urbanos. Una comparativa, la del Soho, que repiten hasta la saciedad determinados sectores para tratar de modificar la idiosincrasia de ciertos barrios. Aunque, como indican, Carabanchel también ha sido tachada de “Brooklyn madrileño”. Lo hizo Esperanza Aguirre ya en 2011.

Vestigios industrailes convertidos en el refugio ideal del arte

Porque el empeño de ciertos sectores choca con “una identidad obrera que marca Carabanchel, tanto por la población que se asienta como por ejemplos como el Polígono ISO, una zona muy inserta en el entramado urbano que resistió la instalación de viviendas”. El denominado Polígono ISO, en San Isidro, era una zona industrial donde se asientan imprentas, talleres, manufacturas textiles y fábricas como la que elaboraba el peculiar isocarro de la marca ISO. Después del progresivo cierre industrial en los noventa, “los edificios sobreedificados tenían tantos metros cuadrados que no salía rentable derruir”, apunta Álvaro Ardura.

Esto ha fomentado que el entorno se convierta en foco de un gran movimiento creativo en el que se han asentado más de 130 artistas distribuidos en unos 40 estudios, talleres de artesanía y espacios creativos: Casabanchel , Corner Gallery & Studio, Photoalquimia Studio... Surgió así “una ciudad en sí misma” donde caben una iglesia evangélica, una academia de idiomas o varios estudios (en los que la ley no permite residir, aunque dentro de muchos de ellos “ves una cortinita que separa no sé sabe muy bien qué”, desliza el profesor de urbanismo). A los primeros artistas se unieron luego galerías y progresivamente festivales de arte, como el desaparecido ArtBanchel, que en sus primeras ediciones se dirigía abiertamente a unos turistas a quienes pedía “cruzar el río y venir al margen”. Algo que ya granjeó críticas de los movimientos del barrio en 2018, con mensajes como “cuando llegan los turistas, se van los vecinos”.

Son algunas de las iniciativas que impulsaron la llegada a Carabanchel de “gente dramáticamente moderna”, como las definió un participante del paseo. Martins y Riquelme describieron cómo se produce la simbiosis, o el choque, con el tejido que por entonces conformaba el distrito: “Muchas historias de Carabanchel están atravesadas por el estigma y lo conflictivo. Hay una sombra muy alargada de la migración y de la cárcel de Carabanchel. Luego aparece en esos relatos festivales culturales, espacios difíciles de definir y campañas en medios que lo venden como el barrio más cool del mundo mundial. Pero eso sucede mientras se mantienen noticias constantes sobre sucesos. El estigma y la promoción son imágenes que conviven”.

Una modernidad aliada del barrio, una especulación incompatible con él

Un “símbolo de las contradicciones” es la fábrica de Cervezas Patanel, en el 21 de la avenida de Pedro Díez. El itinerario se detiene en ella, en el entorno del ISO. “La cerveza artesanal es un símbolo moderno, pero es una marca creada por chavales de Carabanchel y es muy valorada en el barrio”. De hecho, adquirió “legitimidad” a la par que un proyecto en las antípodas como es el EKO, espacio social okupado en el que más tarde se detendrá la caminata. “La atención logística durante lo peor de la pandemia hizo a ambos ganarse ese respeto y cariño. La Despensa Solidaria de Carabanchel creó un importante cajón de alimentos y Patanel se organizaba para los repartos. Cada sábado atendían a más de 200 personas y las propias trabajadoras sociales derivaban a ellos”, relata Álvaro Ardura. Una coyuntura que ejemplifica una demanda común entre quienes viven y quienes llegan al barrio: el aumento de servicios y dotaciones públicas.

De este modo, fuerzas que pueden provocar un alza de precios no siempre actúan automática ni instantáneamente. Sobre todo en un distrito tan extenso y diverso: “Una diferencia gentrificadora básica con el centro es que todo está más salpicado o diseminado que allí”. De ahí el valor del paseo itinerante, que se detuvo después en un lugar más siniestro: el estudio-apartahotel Cielo Madrid, en el número 40 de la efervescente calle de Matilde Hernández. En ella se encuentra el popular mural de Dalí elaborado en PhotoAlquimia, encima de una cafetería de especialidad.

“En CIELO MADRID encontrarás la mayor comodidad para tu descanso o un ambiente inspirador para trabajar”, recoge la web del alojamiento, una frase que es toda una declaración de intenciones sobre el perfil de sus huéspedes: “Son hoteles de larga estancia dirigidos a una comunidad creativa, en general por un periodo máximo de un año”, dice Alberto Crespo. Muchos cuentan con el acicate de importantes fondos de inversión, como Kronos Real State. Esta entidad también financia VETA Galería, espacio de arte ubicado en la calle de Antoñita Jiménez.

Es ahí donde surge la verdadera sinergia entre arte y especulación, según explican los “guías”. Una estampa que quedó inmortalizada en el propio Cielo Madrid allá por 2019, cuando el Festival Obertura Carabanchel celebró un cocktail en su terraza. Los expertos no aclaran, eso sí, qué factor pesa más en la llegada de un nuevo perfil de habitante a ciertas áreas de Carabanchel: ¿Vienen porque el barrio ahora mola o porque el coste habitacional de otras partes de la ciudad se ha vuelto insostenible? Puede que haya un poco de todo.

Carbanchel, caja de Pandora de los fondos buitre en Madrid

El EKO de Carabanchel, espacio de resistencia que ha sufrido “acoso” y coacciones“ por parte de una empresa de desokupación contratada por el fondo con sede en Miami Midtown Capital Partner, es el escenario donde el Sindicato de Inquilinas rememora otro empuje a la especulación en el barrio. Quizá el mayor, ya que no es una cuestión de tendencias, sino de acción directa sobre la estructura de la propiedad. Se trata de las promociones que el Ayuntamiento de Ana Botella vendió en 2013 al fondo buitre Blackstone ”para promocionar la llegada de fondos a Madrid y toda España“, subraya Carlos Castillo.

“Como mucha vivienda se había convertido en activo tóxico, el Gobierno de Mariano Rajoy introdujo cambios legislativos para que llegasen más fondos: modificaron la normativa fiscal de las Socimi y también la Ley de Arrendamientos Urbanos para que los contratos caducaran a los tres años [ahora son cinco, siete si el arrendador es persona jurídica]. Pero no era suficiente, así que Comunidad y Ayuntamiento de Madrid vendieron parte de su patrimonio de vivienda pública. Fue lo que sucedió con la PAU de Carabanchel, donde muchas viviendas siguen en manos de Blackstone o han pasado a otros fondos como Nestar-Azora”, cuenta Castillo.

Ahora el centro autogestionado sigue bajo amenaza de desalojo, pero “parece que los propietarios van a tirar de la vía legal”. Mientras, el Sindicato de Vivienda de Carabanchel y otras entidades vecinales han estrechado contactos con el de Inquilinas, que ha abierto su propio nodo en el distrito. Entre sus iniciativas contra la especulación están las Brigadas Inquilinas, en las que llaman puerta a puerta en edificios de propiedad vertical. “Hemos encontrado muchos bloques de fondos y, en Puerta Bonita, Oporto y Vista Alegre, bloques de antiguas familias enriquecidas durante el franquismo que lo siguen gestionando mediante sociedades o están en proceso de venta a fondos”.

La “gentrificación parasitaria” en la Colonia Tercio y Terol

La travesía culmina en la Colonia Tercio y Terol, levantada sobre unos terrenos que fueron zona roja durante la Guerra Civil. La autoconstrucción guiada conformó un coqueto conjunto de viviendas unifamiliares, salvo un puñado de edificaciones de dos y cuatro plantas, donde en los últimos años se han instalado varias salas de ensayo, a la par que llegaban actores, actrices, productores y en general gentes del teatro o el cine. En esta zona, Álvaro Ardura habla de una “gentrificación parasitaria”: como la intervención de los fondos en la Colonia es más difícil dado el cariz “fragmentario” de su propiedad (apenas hay dueños de más de una vivienda), estos acaban “vampirizando” inmuebles en los alrededores.

Dentro de la propia Colonia, para Ardura “el capital cultural moviliza más que el económico, que también”. El Bar Hogar, habitual centro de reunión vecinal, desapareció hace años. Le dio tiempo a convivir con la chulapa que Jorge Rodríguez-Gerada pintó en la torre del Antiguo Depósito de Aguas de la calle Amalarico, elemento que el propio Ayuntamiento de Madrid ha incluido en guías turísticas. Ahora ese punto de encuentro sociocultural se ha convertido en el gastrobar Come, Bebe, Ama. Se hicieron con su traspaso María Moreno y el actor Daniel Holguín (visto en la película Way Down o la serie Los favoritos de Midas).

Luego emergió Merinas Bar, “como reacción, o más bien como un mix entre el bar de toda la vida y el más cuqui”. No es el gastrobar, tampoco el garito de una asociación. “Surge como algo amable para residentes de aquí, los de toda la vida y los nuevos”, precisó Álvaro Ardura. Una de las tres propietarias del establecimiento, antiguo ultramarinos del barrio, es otra actriz: Marta Belenguer (Camera Café). El docente habló de un “efecto llamada” entre intérpretes y creadores escénicos o culturales: “Alberto Jiménez y Nantxho Novo fueron los primeros en llegar a Carabanchel a principios de siglo. Luego se han sumado Andrés Lima, Facu Díaz, Alex O' Dogherty, Willy Toledo o Melanie Olivares. También varios periodistas culturales de RTVE o Telemadrid, a los que la zona pillaba de paso para el trabajo, además de ser más barata. Hace unos años, cuando la tendencia empezó, había quien hablaba incluso de Beverly Urgel [risas entre los asistentes]”.

Bajo el brillo de unas luces de Navidad que han llegado por primera vez a la Colonia (la influencia de la chulapa del depósito es alargada), Ardura explicó que estas llegadas se dan en una zona rodeada de otras “muy estigmatizadas” al otro lado del parque. “Conocidas figuras del tráfico de drogas viven a pocos cientos de metros. Algunas, incluso, en la propia Colonia”. Pero el prejuicio va más allá de actividades criminales. Este académico lo ilustra sin paños calientes: “Actualmente el mayor efecto depresor del mercado inmobiliario, quizá el único, es la población gitana”.

“Esta misma charla está siendo un agente gentrificador”

“Carabanchel ha cambiado mucho. Por el lugar en el que está, le influyen y moldean las relaciones entre centro y periferia”, aseguró Bea Martins. Como resaltan en distintas parte del recorrido, algunas áreas del distrito vivieron, viven o vivirán un proceso de reconfiguración en su identidad y en sus condiciones materiales al tiempo que “bajar a Madrid” pasa a ser “bajar al centro”.

Álvaro Ardura considera que “la gran sustitución se produce en Carabanchel antes de que sea cool, aunque fuera con estética de vivienda de protección oficial”. Desde 2008, artistas o salas expulsados de Lavapiés como Gruta 77 fueron a parar al distrito, sin mayor impacto que ofercer una oferta sociocultural más completa. Pero este fenómeno es paralelo a un cambio en los propietarios del suelo desde 2007. En muchos casos pasan de los dueños originales a fondos que cambian radicalmente el escenario. La operación amparada por el Ejecutivo de Botella fue el golpe de gracia.

El investigador rescató unas declaraciones del director de una conocida escuela de diseño asentada en la zona de Urgel, cerca de la calle General Ricardos, que encapsula esas reticencias (a la par que exigencias) de los agentes gentrificadores: “No hay suficiente calidad en los edificios de la zona para vivir aquí”. Ardura plantea sugerentes preguntas: “¿Cuánta es mucha gentrificación? ¿Cuándo es irreversible?”.

En este sentido, remarcó que “no todos los agentes del espacio consideran la gentrificación algo negativo, hay quien defiende que mejora las condiciones para el intercambio económico”. Carlos Castillo abordó estas divergencias con los casos de la VETA Galería y Espac101. La primera nació con el respaldo y los intereses en el barrio de Kronos. La otra, sin embargo, es “una iniciativa de jóvenes artistas que no pueden hacerlo en otros sitios”. Apostilla Ardura que “todos hemos sido agentes gentrificadores, esta misma charla lo está siendo al ocupar espacio público del barrio”.

Rememoró que PhotoAlquimia Studio fue pionera con su llegada en 2005 y han demostrado ser “artistas concienciados”. Ahora, en un contexto de imparable alza de los alquileres que también afecta a estos proyectos culturales, se enfrentan a un posible proceso de expulsión. El caso evidencia quiénes son víctimas y quiénes verdaderos responsables de la gentrificación en un distrito que solo tiene siete escuelas infantiles públicas, mientras el número de inmobiliarias alcanza ya las 400.

“Vamos a ganar. Sé que estaréis ahí para luchar por vuestros derechos y vuestra casa”. Con este agradecimiento y esta proclama, Maricarmen ha valorado la suspensión este martes del inminente desahucio de su vivienda. La mujer, de 87 años, iba a ser expulsada de su piso en Madrid este miércoles 29 de octubre. La afectada, que lleva 70 años en su domicilio, ha agradecido “de todo corazón” el apoyo social que ha despertado su situación y ha admitido que el desahucio “no se ha parado de la forma que queríamos”.

Así lo ha expresado en una rueda de prensa en el número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda, frente a su vivienda, en el distrito de Retiro. A Maricarmen le han acompañado Beatriz Duro, abogada del caso y Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Las tres se han visto rodeadas por una multitid de periodistas, vecinos y miembros de la organización en defensa de los arrendatarios. Han interrumpido sus intervenciones los gritos “fuera buitres de nuestros barrios” y “no nos vamos, nos quedamos”, secundados por una Maricarmen que se ha puesto en pie emocionada. Al cuello, se ha enfundado una bufanda del Sindicato que recoge los mensajes “poder inquilino” y “bloque a bloque contra el rentismo”.

“Hay un informe de servicios sociales que dice que Maricarmen se encuentra en situación de vulnerabilidad. Nos dan un plazo de alegaciones a ese informe de cinco días”, cuenta Duro en declaraciones a los medios. Cuando transcurra ese período, los tribunales decidirán si anulan definitivamente la expulsión o fijan una nueva fecha. “En casos como este, la ley prevé la suspensión por cuatro meses para que las administraciones públicas doten de alternativa habitacional”, apunta Duro, aunque la concesión de esa prórroga no es una certeza. En cualquier caso, la abogada recalca que “por las circunstancias de Maricarmen, su edad o los 70 años que lleva en su casa, la única alternativa habitacional es su casa”. Apostilla asimsimo que “no se dan alternativas reales, te mandan al Samur Social o un albergue durante un tiempo concreto y después de una lista de espera eterna”.

Duro ha explicado que, aunque habían solicitado la suspensión del desalojo por motivos de vulnerabilidad en base a la conocida como moratoria “antidesahucios” (vigente hasta el 31 de diciembre), la jueza considera que Maricarmen no puede acogerse a ese decreto por tres motivos: es aplicable a contratos solo suscritos con la Ley de Arrendamientos Urbanos, la situación de vulnerabilidad económica debe ser consecuencia del covid y el importe de la renta más los suministros debe superar el 35% de los ingresos. “Acreditaremos que esto último no es así en el recurso que presentaremos. Los otros dos puntos demuestran la preocupante ineficiencia de estas leyes. Parece que tienes que ser pobre y serlo desde no hace mucho”, expone la letrada.

Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid celebran este aplazamiento, pero apuntan que “la única solución pasa por que Maricarmen se quede en su casa”. “Esto no va solo de ella, sino del miedo y la inseguridad que sufrimos todas las inquilinas por culpa del rentismo, la especulación y los buitres. Por eso, los contratos indefinidos y la expropiación de viviendas a fondos que especulan con ellas es esencial”, añaden en un comunicado.

“La lucha tiene que volver a empezar. Tengo muy claro que no me van a echar. Mi casa no son solamente las paredes. Es mi vida y no me voy a ir. Aquí moriré”, adelanta Maricarmen. Llama además a que el Gobierno central actúe: “Los contratos de alquiler tienen que ser indefinidos y hay que echar a los especuladores de nuestro país”.

Para Valeria Racu, portavoz del Sindicato, el caso de Maricarmen “es un síntoma de lo que nos pasa a millones de personas en España, pero especialmente en Madrid”. Habla de una ciudad y una región “hecha para echarnos, donde se premia mucho más la especulación de unos pocos que el derecho a la vivienda o al territorio de la mayoría”. Ha rememorado que “los fondos buitres llegaron a España gracias a que Ana Botella le vendió a Blackstone un paquete de 1.860 viviendas públicas, invitándoles a hacer negocio con nuestras viviendas y a que ahora gestionen millones de vida”. Racu cree que las leyes de vivienda son “injustas” y por ello “hay que desobedecerlas”: “Es lo que nos enseña Maricarmen, una mujer organizada, luchadora, con agencia propia y que tiene que quedarse en su casa”.

La lucha tiene que volver a empezar. Tengo muy claro que no me van a echar. Mi casa no son solamente las paredes. Es mi vida y no me voy a ir. Aquí moriré

Maricarmen — Afectada por una orden de desahucio a los 87 años

“El rentismo cada vez se hace con más partes de nuestras vidas. Lo que le pasa a Maricarmen nos pasa a muchísimas de nosotras, que vivimos con la incertidumbre de qué será con nuestra vida simplemente porque tenemos un casero, porque somos esa cosa que paga la hipoteca sola. La pagamos nosotros con nuestra vida, nuestra salud, nuestro tiempo y nuestro dinero. Ante este modelo especialmente protegido por Ayuso y Almeida, pero con el beneplácito también del Gobierno central, nuestra estrategia es resisitir. En el próximo año, cientos de miles de personas nos vamos a enfrentar a la finalización de contrato. Las leyes injustas hay que desobedcerlas”, proclama Racu en una semana clave para su organización, ya que desplegarán diversas acciones en la ciudad.

Emblema contra la especulación que paga las consecuencias del machismo de las leyes franquistas

Maricarmen había presentado varios informes y documentación para probar su vulnerabilidad, como persona con un 50% de minusvalía. La Justicia aplaza ahora el desahucio para que la mujer, de 87 años de edad, pueda aportar documentación adicional. Su caso ha ganado peso mediático en los últimos días y la mujer se ha convertido en un emblema de las organizaciones por el derecho a la vivienda de lo que representa la especulación inmobiliaria para la vida en los vecindarios. El Sindicato de Inquilinas convocó este mismo lunes una marcha por las calles del madrileño barrio de Ibiza, como muestra de respaldo, además de reuniones la semana pasada con asociaciones de vecinos de la zona.

Con un contrato de renta antigua firmado pro su padre en 1956, después de la muerte de este la madre de Maricarmen se subrogó a él en 1960. Cuando su madre falleció en 2005, Maricarmen se acogió a una segunda subrogación. Entonces, la propiedad no puso pegas y le mantuvo las condiciones: una renta que se iba adaptando al IPC y el pago del IBI, ahora limitado a los arrendadores. Sin embargo, varios cambios de propiedad a partir de 2018 terminaron en un proceso legal que se inició en 2020, después de que ella no pudiera asumir ni la compra del inmueble, por 250.000 euros, ni un incremento del alquiler que cifra en un 300%. Condiciones impuestas por el fondo Urbagestión Desarrollo e Inversión S. L.

En un primer momento, el juzgado nº 90 de Madrid dio la razón a la mujer, al considerar que, en 2005, los entonces propietarios del inmueble la aceptaron “tácitamente”, así como los nuevos, cuando compraron la vivienda. Sin embargo, la actual propietaria recurrió ante la Audiencia Provincial, que ordenó el desahucio de Maricarmen, que confirmó el Supremo. En la sentencia, se indica que las rentas antiguas solo pueden prorrogarse indefinidamente en una ocasión y que la segunda prórroga, la de la octogenaria, solo dura un par de años. Una norma que ella considera machista, porque cuando sus padres firmaron el contrato, en pleno franquismo, solo podía rubricarlo el cabeza de familia. Por ello, el paso de la titularidad de su padre a su madre se consideró una subrogación. Con la normativa actual, la de su madre a ella habría sido la primera y su protección sería mucho mayor.

Maricarmen responde a Almeida mientras su caso se convierte en “ejemplo de movilización”

Este lunes el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, afirmaba que “no le consta” que la mujer hubiera acudido a los servicios sociales a pedir ayuda por la orden de expulsión, marcada inicialmente en el calendario para este miércoles. “Estoy seguro de que sabrán darle la ayuda necesaria”, aseguró. La mujer asegura que acudió a servicios sociales, pero que las únicas opciones que le plantearon fueron acudir a una residencia pública, para la que había lista de espera, o a recursos que exigen un pago. Todavía autónoma, ella se niega a abandonar su barrio y la casa en la que ha pasado 70 años, desde que se mudó con sus padres en 1956, a los 17 años de edad.

Maricarmen ha respondido a Almeida en declaraciones a Somos Madrid, aunque ha preferido ser comedida: “Yo sí tengo vergüenza, a otros les falta mucha. Un señor alcalde que representa a los ciudadanos de Madrid jamás debería ser tan impertinente para decir las cosas que dice”.

Beatriz Duro cree que este caso demuestra cómo “la movilización social sirve” y “es ejemplo para que personas en situación similar sepan que no tienen que abandonar sus casas sin social, que no están solas en esos procesos y muchas peleamos que haya unas leyes justas que garanticen el acceso a la vivienda”.

Maricarmen se queda. De momento. La Justicia ha suspendido el desahucio de la mujer de 87 años que iba a ser expulsada de su casa en Madrid a falta de que las administraciones la provean una alternativa habitacional.

Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid celebran este aplazamiento pero apuntan que “la única solución pasa por que Maricarmen se quede en su casa”. “Esto no va solo de ella, sino del miedo y la inseguridad que sufrimos todas las inquilinas por culpa del rentismo, la especulación y los buitres. Por eso, los contratos indefinidos y la expropiación de viviendas a fondos que especulan con ellas es esencial”, añaden en un comunicado.

Maricarmen había presentado varios informes y documentación para probar su vulnerabilidad, como persona con un 50% de discapacidad. La justicia aplaza ahora el desahucio para que la mujer, de 87 años de edad, pueda aportar documentación adicional.

El caso de Maricarmen ha ganado peso mediático en los últimos días y la mujer se ha convertido en un emblema de las organizaciones por el derecho a la vivienda de lo que representa la especulación inmobiliaria para la vida en los vecindarios. El Sindicato de Inquilinas convocó este mismo lunes una marcha por las calles del madrileño barrio de Ibiza, como muestra de apoyo, además de reuniones la semana pasada con asociaciones de vecinos de la zona.

Maricarmen tenía un contrato de renta antigua, firmado pro su padre en 1956, al que se subrogó su madre a la muerte de este, en 1960 y ella misma, cuando su madre falleció en 2005. Entonces, la propiedad no puso pegas y le mantuvo las condiciones: una renta que se iba adaptando al IPC y el pago del IBI, ahora limitado a los arrendadores. Sin embargo, varios cambios de propiedad a partir de 2018 terminaron en un proceso legal que se inició en 2020, después de que ella no pudiera asumir ni la compra del inmueble, por 250.000 euros, ni un incremento del alquiler que cifra en un 300%.

En un primer momento, el juzgado nº 90 de Madrid dio la razón a la mujer, al considerar que, en 2005, los entonces propietarios del inmueble la aceptaron “tácitamente”, así como los nuevos, cuando compraron la vivienda. Sin embargo, la actual propietaria recurrió ante la Audiencia Provincial, que ordenó el desahucio de Maricarmen, que confirmó el Supremo. En la sentencia, se indica que las rentas antiguas solo pueden prorrogarse indefinidamente en una ocasión y que la segunda prórroga, la de la octogenaria, solo dura un par de años. Una norma que ella considera machista, porque cuando sus padres firmaron el contrato, en pleno franquismo, solo podía rubricarlo el cabeza de familia.

Este lunes, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, afirmaba que “no le consta” que la mujer hubiera acudido a los servicios sociales a pedir ayuda por la orden de expulsión, marcada inicialmente en el calendario para este miércoles. “Estoy seguro de que sabrán darle la ayuda necesaria”, aseguró. La mujer asegura que acudió a servicios sociales, pero que las únicas opciones que le plantearon fueron acudir a una residencia pública, para la que había lista de espera, o a recursos que exigen un pago. Todavía autónoma, ella se niega a abandonar su barrio y la casa en la que ha pasado 70 años, desde que se mudó con sus padres en 1956, a los 17 años de edad.

Como ya advirtió en una entrevista con elDiario.es, está dispuesta a plantar cara a un desahucio que considera injusto: “Si me van a cortar el cuello, será luchando”.

El Ministerio de Consumo ha propuesto una multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro, por el supuesto cobro de comisiones ilegales a los inquilinos, relativas a la gestión, la obligación de contratar un seguro o la imposición de servicios no solicitados. Según ha adelantado la organización Facua en un comunicado publicado este lunes, la inmobiliaria habría cometido un total de siete infracciones de la normativa de protección de los derechos de los consumidores.

Por ahora, la propuesta del departamento que dirige Pablo Bustinduy no es firme, sino que pasa ahora a la fase de valoración del secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán. La decisión definitiva se espera para los próximos meses, tras el análisis de las alegaciones presentadas por Alquiler Seguro, quien ha defendido en todo momento que cumple con la norma “a rajatabla”.

La Dirección General de Consumo inició sus actuaciones hace más de un año, tras detectar posibles prácticas abusivas en varias agencias inmobiliarias. Esas investigaciones surgieron tras recibir varias denuncias sobre este tipo de comportamientos por parte del Sindicato de Inquilinas, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y la propia Facua Consumidores en Acción. Precisamente, desde Facua han tenido acceso a la millonaria propuesta de sanción al estar personada como parte del procedimiento.

En concreto, según indican desde Facua, entre las irregularidades detectadas estarían “la imposición de un supuesto servicio de atención al inquilino que disfraza el cobro a los arrendatarios de gastos que debe soportar el propietario del inmueble; y la obligación de contratar un seguro del hogar —cuestión que también debe competer al arrendador— y un estudio de solvencia económica, así como limitar el derecho de desistimiento del contrato e imponer igualmente a los inquilinos todos los gastos derivados de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales”.

En total, se trata de seis infracciones calificadas como “muy graves” y una más, como “grave”. Por la imposición del servicio de atención al inquilino, que en realidad “no les reportan ningún beneficio y que solo es una forma de cargar sobre ellos una serie de gastos que debería afrontar el propietario del inmueble”, indica Facua, Consumo habría propuesto una multa de un millón de euros. Por obligar a los inquilinos a pagar por un seguro del hogar, la cuantía asciende a 990.900 euros.

Además, se proponen otras tres sanciones, de medio millón de euros cada una, por infracciones muy graves relativas a cargos relacionados con posiciones deudoras y reclamaciones judiciales y por introducir una cláusula de autorización para la inclusión en ficheros de morosos y solvencia patrimonial. Por ejemplo, hacerse cargo de los gastos derivados de la devolución de recibos, aunque no sea culpa de los inquilinos, o afrontar los gastos de todos los gastos y costas de los procesos judiciales en los que se vean inmersos, independientemente de que haya condena en costas o no.

La cuantía aumenta por otras dos propuestas de sanción, informa Facua. Una de 100.001 euros por la renuncia al derecho de desistimiento sobre el servicio de atención al inquilino y la “grave”, de 10.001 euros, por la imposición a los inquilinos del pago de un estudio de solvencia económica.

El Ministerio de Consumo anunció a finales de marzo la apertura de un expediente sancionador, pero nunca ha mencionado a ninguna empresa concreta para proteger las actuaciones. En aquel momento, se refirió a “una gran agencia inmobiliaria que opera en todo el territorio nacional”. De hecho, fue la propia Alquiler Seguro quien reconoció haber recibido ese expediente que debían “analizar”, según indicó en una rueda de prensa el CEO de la compañía, David Caraballo, quien defendió que la empresa cumplía la norma “a rajatabla”.