Eugenio Ribón: de protector de los preferentistas a decano de la abogacía madrileña cercano a Ayuso

Eugenio Ribón Seisdedos es decano del Ilustre Colegio de Abogados (ICAM) desde hace tres años. Una institución que, con más de 70.000 letrados en sus filas, presume de ser el colegio de abogados más grande de toda Europa y que, desde la llegada de Ribón, destaca por algo más que por su actividad corporativa: encabezó la acusación penal contra el ex fiscal general del Estado, va camino de abrir un centro universitario con el permiso de Isabel Díaz Ayuso y está sumido en una guerra directa con la Abogacía Española. Ribón, abogado especialista en derechos de los consumidores, se erige como un líder de la abogacía que se hizo popular como defensor de preferentistas y ahora ejerce con un perfil personalista y cercano a la Comunidad de Madrid.

Ribón, gaditano que estudió Derecho en ICADE, se dio a conocer en la capital cuando, hace ya 15 años, la crisis de las participaciones preferentes llegó a los juzgados españoles. Miles de personas vieron cómo sus ahorros se habían quedado atrapados en unos productos que prometían una rentabilidad astronómica, pero cuya letra pequeña terminó arruinando a muchos pequeños inversores. El preludio de otras crisis judiciales como las de las cláusulas suelo de las hipotecas o los desahucios en el que Eugenio Ribón emergió como paladín de los consumidores. Consiguiendo, por ejemplo, que un juzgado obligara a Bankia a devolver los 140.000 euros que un matrimonio afectado por el aceite de colza tenía atrapados en las preferentes.

Curtido en el turno de oficio y en las batallas contra los bancos, Ribón dio el salto al ICAM en 2013 como responsable de la Sección de Consumo. Una división del colegio en el que se ofrecía información y asesoramiento a los letrados encargados de defender a los consumidores en sus peleas con los bancos, aseguradoras, inmobiliarias o agencias de viajes. Algunos de los que pasaron por allí recuerdan que las herramientas que Ribón puso a su disposición impulsó sus pleitos y fueron de gran ayuda para que mucha gente recuperase su dinero.

Los años pasaron y en el ICAM, que entonces tenía como decana a Sonia Gumpert, algunos consideraban que la intensidad con la que Ribón gestionaba la Sección de Consumo iba más allá de la formación. Las sospechas sobre un uso inadecuado de su puesto y sus bases de datos para promocionar su propia actividad profesional o promover la litigiosidad llevaron al ICAM a pedirle que dejara el puesto, según fuentes conocedoras del proceso. La invitación a coger la puerta coincidió con una queja contra Ribón presentada por una sección antónima del colegio: la de derecho bancario. Sus rivales en el juzgado.

Era mayo de 2016 y Ribón tomó la delantera. Se dirigió por correo a sus compañeros atribuyendo a esa queja un papel “determinante” en su expulsión. El David de los preferentistas contra el Goliat de los bancos. En un movimiento que puede causar estupor con una década de por medio, la Asociación Libre de la Abogacía (ALA) –hoy los mayores detractores de la gestión de Ribón– pidió explicaciones a la decana Gumpert, salió en su defensa y destacó la “extraordinaria utilidad” de un trabajo que terminaba abruptamente. El ICAM nunca explicó públicamente su punto de vista de lo sucedido. Muchos de los que entonces le defendieron hoy se encuentran entre sus principales detractores.

Ribón no pasó mucho tiempo fuera del colegio madrileño. Un año después de su salida fundó la Asociación Española de Derecho del Consumo, pero en diciembre de 2017 formó parte de la lista electoral de José María Alonso, ganador de las elecciones a decano. Ribón volvía al ICAM como diputado tercero y como una de las caras visibles de la candidatura que había ganado a la opción continuista de Gumpert por menos de 600 votos de diferencia con una participación por debajo del 10% del censo. Cinco años después, Ribón subió el último peldaño y se presentó a decano del ICAM. Su candidatura, llamada 'Compromiso Abogacía', se impuso al irreverente Juan Gonzalo Ospina por 875 votos en unas elecciones marcadas, una vez más, por la pírrica participación: votaron poco más de 5.500 abogados de los casi 75.000 que habían sido convocados a las urnas. En el colegio de abogados más grande de Europa nadie parece muy preocupado por su gobierno corporativo.

José María Alonso, su antecesor en el cargo, era socio director de Baker McKenzie. Ribón presentaba un perfil completamente distinto. Había fundado su propio despacho y había quemado suela en los pasillos de los juzgados defendiendo consumidores y trabajando en el turno de oficio. En 2012 se había encerrado en el ICAM para defender el turno y siempre había mantenido un pie en ALTODO, la asociación referente en este ámbito de la abogacía. Surgió entonces un nuevo perfil de un Ribón más personalista, con una junta de gobierno más desdibujada y con una línea de acción que ha acercado al ICAM a la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso mientras se enfrenta con el Consejo General de la Abogacía Española.

Juicio al fiscal general y universidad propia

El primer mandato de Ribón ha cruzado el ecuador con el ICAM convertido en el protagonista de algunos momentos inéditos de los tribunales en Madrid. El más relevante, sin duda, cuando acudió a los juzgados de la Plaza de Castilla a presentar la primera denuncia interpuesta contra la Fiscalía por la filtración de un correo del abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El correo en el que su letrado Carlos Neira ofrecía un pacto y reconocía, en nombre de Alberto González Amador, un fraude fiscal de 350.000 euros. “Hoy el ICAM no se arrodilla”, dijo Ribón ese día tras fotografiarse presentando la denuncia en el registro de los juzgados, un lugar donde no es fácil sacar fotos sin llamar la atención de los miembros de seguridad del edificio.

La abogacía madrileña se convirtió así en el ariete penal contra Álvaro García Ortiz, escoltando a la acusación ejercida por el propio González Amador y llegando a pedir cuatro años de cárcel para el entonces fiscal general. Compareció ante el juez Ángel Hurtado en instrucción y ante el tribunal ya fase de juicio a medio camino entre el testigo y el perito dejando clara su posición: la pareja de Ayuso había perdido cualquier oportunidad de defenderse gracias a la filtración de su confesión.

Su declaración ante Hurtado fue una de las más tensas de la fase de investigación. Sobre todo cuando la Abogacía del Estado puso a prueba sus afirmaciones sobre cómo las conformidades habían saltado por los aires a raíz de la filtración. “Es una inconsciencia venir sin datos para afirmar algo incierto”, le reprochó la Abogacía del Estado por decir eso cuando los datos demostraban que los abogados no habían dejado de llegar a acuerdos con la Fiscalía. “¿Está cuestionando la imparcialidad de un juzgador?”, dijo entonces la abogada del Estado. La pregunta sobre si Ribón estaba acusando a los jueces de condenar por adelantado a la pareja de Ayuso se quedó sin contestar.

El ICAM de Ribón se personó en esa causa alegando que el trabajo del abogado de González Amador había sido dinamitado por la filtración. No reconsideraron su posición cuando la investigación puso de manifiesto que la defensa del comisionista había ocultado datos clave a los tribunales: que el propio empresario reveló datos confidenciales del caso a Miguel Ángel Rodríguez o que el abogado Carlos Neira también había mandado ese correo a un abogado del Estado buscando el beneplácito de Hacienda. Tampoco cuando se supo que González Amador había autorizado al jefe de gabinete de Ayuso a difundir entre decenas de periodistas un correo igual de confidencial del fiscal Julián Salto.

Ribón compaginó su papel de testigo con el de comentarista del proceso con un protagonismo inédito del ICAM en un proceso judicial de máxima envergadura penal y política. Todo mientras sus detractores pedían su dimisión por embarcar al colegio en esta causa sin consultar a la abogacía madrileña de forma extraordinaria. Unas críticas que se reproducen después del juicio, no solo por ejercer la acusación, sino por buscar la impunidad de González Amador en su caso de fraude fiscal a través de sus alegaciones en el Tribunal Supremo. También por celebrar cursos durante las deliberaciones con tres miembros del tribunal entre los ponentes.

El papel protagonista del ICAM en la causa contra Álvaro García Ortiz –con una condena final de dos años de inhabilitación mucho menos gravosa que los cuatro años de cárcel que llegó a pedir el colegio de Ribón– ha coincidido en el tiempo con la consumación de un proyecto que se ha encontrado incluso con un recurso del Gobierno: la creación de un centro universitario del ICAM con la autorización de la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso. Un centro adscrito a la Universidad Complutense donde el ICAM tiene intención de ofrecer un grado en Derecho y tres másteres.

El acercamiento judicial e institucional del ICAM a la Comunidad de Madrid coincide con la consumación de su divorcio con el Consejo General de la Abogacía Española. El último pleno de este organismo estatal finalizó con la expulsión de Ribón de sus órganos directivos. El CGAE no confirma de forma oficial cuál es el motivo, pero distintas fuentes apuntan al enfrentamiento que existe entre ambas instituciones desde que Ribón es decano en Madrid. El colegio madrileño ha decidido disminuir la cuota que aporta a la financiación del Consejo estatal y que los nuevos abogados no tengan que pagar una tasa de incorporación. Ribón presume de esa medida como una “reducción del coste de la colegiación” y la eliminación de dobles pagos y que en el CGAE consideran, sin micrófonos, como una reducción de su aportación que afecta al resto de colegios territoriales.

Los detractores de Ribón se asombran de las diferencias que separan al abogado que en 2013 defendía a capa y espada a los preferentistas del decano que hace oídos sordos a las críticas, se enfrenta al Consejo al que pertenece y se acerca al poder político en Madrid. En una de las últimas juntas, incluso, alguien le comentó a medio camino entre la ironía y el lamento que sus críticos iban a acabar echando de menos a José María Alonso como decano. Los que ya hace años consideraban que Ribón usaba el ICAM para promocionarse como abogado recuerdan que, hace tan solo unos días, el colegio tuvo que modificar una guía jurídica para víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz porque contenía un repaso de su currículum como experto en defender a consumidores, incluyendo su foto en una primera versión.

El Ilustre Colegio de Abogados de Madrid tiene la fuerza que otorga la representación de más de 70.000 abogados y una presencia institucional grande frente a otros actores del mundo de la Justicia. Sostenido, en paralelo, por votaciones que lustro tras lustro dejan una participación impensable, por ejemplo, en unas elecciones municipales de una localidad con un número similar de habitantes. Y con un peso político cada vez mayor dirigido por un decano que, con varios años de mandato todavía por delante, ha decidido ir al choque con el resto de la abogacía mientras camina de la mano institucional de la Comunidad de Madrid.