La Audiencia Nacional imputa a José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra. El juez Calama firma un auto de 85 páginas con indicios de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. Eso, jurídicamente, significa una cosa concreta: hay motivos suficientes para investigar. Nada más.

Lo que ocurre a continuación en los medios de comunicación es otra cosa. En pocas horas, dos relatos opuestos e igualmente cerrados copan el espacio público. Desde la derecha mediática y política, la imputación se lee como confirmación de lo que “ya se sabía”: corrupción socialista, trama organizada, el mentor del sanchismo ante la justicia. El PP habla de “gravedad extrema”. Vox pide elecciones. Varios medios describen el auto (un inicio de investigación) con el tono de quien lee un veredicto.

Desde la izquierda, el relato es el contrario: ‘lawfare’, ofensiva judicial coordinada con la derecha mediática, persecución política disfrazada de justicia. Ferraz publica un comunicado que atribuye la imputación a una “ofensiva política y mediática de la derecha y la ultraderecha”. Podemos habla de “guerra sucia judicial”.

Ninguno de los dos marcos deja espacio para lo que el auto realmente dice: que hay indicios que merecen investigarse y que, al final del proceso, habrá una resolución. Eso puede tardar mucho tiempo. Para entonces, el juicio mediático ya habrá dictado la suya.

Este es el mecanismo que debería preocuparnos. No la imputación en sí, sino la velocidad con que el ecosistema informativo convierte una figura procesal en un veredicto moral. El término “imputado” se desliza hacia “culpable” en titulares, tertulias y comunicados de partido. La repetición masiva produce el efecto contrario a la información: cuanto más se reitera una acusación, más verdadera parece, con independencia de las pruebas.

A esto se suma el contexto acumulativo. La imputación llega dos días después de la derrota electoral del PSOE en Andalucía, en paralelo a los casos de Begoña Gómez y el hermano del presidente. Los medios los agrupan en un único relato de corrupción sistémica. Judicialmente son expedientes separados. Narrativamente, se retroalimentan hasta que la suma parece mayor que las partes.

Todo esto tendría un alcance acotado si el proceso concluyera pronto. Pero los tiempos judiciales en España son impredecibles, y esa imprevisibilidad se convierte en un instrumento político con coste directo sobre los socios que sostienen al Gobierno.

La justicia española tiene velocidades muy distintas según el caso. El caso Púnica, desvelado en 2014, no llegó a juicio hasta once años después, en abril de 2025, con 37 imputados. El caso Ábalos, en cambio, avanzó a una velocidad inusualmente rápida para los estándares españoles, situándose en fases avanzadas en aproximadamente trece meses. Las razones son técnicas, procesales, pero también dependen de quién investiga, qué pruebas existen y qué presiones rodean la causa. El caso Zapatero puede resolverse en dos años o en diez. Nadie lo sabe. Y esa incertidumbre es, en sí misma, un instrumento político.

Para los socios de investidura (ERC, Junts, PNV y EH Bildu), el dilema que plantea esta situación puede ser delicado. Junts pide que “se esclarezcan los hechos” respetando la presunción de inocencia. El PNV, el más cauto, apela a la prudencia y señala que las acusaciones “en principio son graves”. EH Bildu también ha optado por la prudencia y evita extender “un cheque en blanco” al expresidente socialista. Es la posición formalmente correcta. Pero esa corrección tiene un precio en campaña.

Las próximas elecciones generales deben celebrarse como máximo en agosto de 2027, lo que sitúa el horizonte electoral en poco más de un año. En ese plazo, el proceso judicial contra Zapatero no habrá concluido. Tampoco los de Begoña Gómez, el hermano del presidente, ni probablemente el de Santos Cerdán. Para los partidos periféricos que apuntalan al Gobierno, apoyar el presupuesto, votar con la mayoría o simplemente no romper la legislatura significa asumir en sus electorados respectivos la imagen de cómplices de una cultura de corrupción que, aunque esté pendiente de demostrar judicialmente, ya ha sido condenada en el tribunal mediático.

El PNV ya se encuentra por debajo de EH Bildu en Euskadi según las encuestas, y Junts sufre el desgaste competitivo de Aliança Catalana. Ambos partidos tienen incentivos propios para distanciarse de un Gobierno que acumula frentes judiciales, independientemente de lo que resuelvan los tribunales. El problema es que distanciarse electoralmente es difícil cuando se está ligado parlamentariamente, y romper el bloque tiene costes que también sus electorados penalizarían.

Esta es la trampa que encierra el ‘framing’ mediático que convierte imputaciones en condenas: no solo daña al imputado. Contamina a quienes le rodean, obliga a sus aliados a posicionarse sobre hechos no probados y les sitúa ante una disyuntiva en la que no hay respuesta buena. Defender la presunción de inocencia parece cómplice; exigir responsabilidades antes del juicio supone traicionar un principio básico del Estado de Derecho.

La presunción de inocencia no es un tecnicismo garantista para expertos jurídicos. Es la diferencia entre una democracia con separación de poderes y un sistema en el que basta con acusar para destruir. Aplicarla no implica ignorar los indicios del auto. Implica recordar que un juicio todavía no ha ocurrido.

Distinguir entre el hecho (existen indicios que justifican investigar) y la interpretación política (eso ya prueba la culpabilidad), es el mínimo exigible a quienes informan sobre este país. Uno es periodismo. El otro, con independencia del color que lo vista, es otra cosa.

El que fuera asesor fiscal del bar Franky de Pamplona al que la Guardia Civil señala como un presunto lavadero de dinero proveniente de Acciona ha reconocido este miércoles en su declaración como testigo en la Audiencia Nacional que entre 2016 y 2018 emitió facturas falsas a nombre de la constructora a petición del que tiempo después fuera asesor en el Ministerio de Transportes, Koldo García. Miguel Moreno Purroy ha ratificado, por tanto, las declaraciones que hizo el pasado marzo en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra. 

La Unidad Central Operativa (UCO) puso el foco en el informe que incriminó al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la “operativa” que permitió “al entorno” de Koldo García “obtener liquidez proveniente de Acciona” a través de un pequeño establecimiento hostelero, el Franky. El bar elaboraba facturas falsas por supuestas comidas de empleados de Acciona por “700 o 800 euros” y el dinero acababa en el bolsillo del que tiempo después fuera mano derecha de José Luis Ábalos. En su atestado, la UCO hace referencia a tres facturas que suman 6.975 euros. 

Ante el juez que instruye el caso Koldo en la Audiencia Nacional, el asesor fiscal ha confirmado, no obstante, que emitió unas seis facturas entre 2016 y 2018 a petición Koldo García y en las que este le indicaba el importe y él se inventaba los tiquets para justificar las facturas. Esas facturas se emitían a nombre de Acciona y una de ellas a nombre de UTE Recajo, participada por la constructora. Ha sostenido, además, que Koldo García no le entregó los tiquets que justificasen las facturas que emitía y que simplemente le decía el importe que debía constar en la factura y a quien debía emitirse.

Este miércoles también ha comparecido como testigo Francisco Javier Lorente, propietario y gestor del establecimiento, que ya está cerrado. Durante el interrogatorio, ha afirmado que a petición de Koldo García le pudo indicar en una ocasión a gerente que elaborase una factura y que este era el encargado de elaborar facturas contra los tiquets que le entregaban los clientes, si bien ha manifestado que no sabe si en este caso se hizo de esa manera. No obstante, ha insistido en que nunca entregó dinero a Koldo García.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha sido la última persona en comparecer ante la comisión de investigación sobre la derivada navarra del 'caso Koldo' en el Parlamento foral, que este miércoles finaliza sus trabajos, a falta de la redacción del dictamen, tras más de nueve meses de comparecencias. Una vez más ha reiterado la “honestidad” del Gobierno que ella lidera respecto a las obras adjudicadas a la UTE de Acciona y Servinabar 2000. “Pongo mi honestidad como aval a mi responsabilidad política. Nadie ha encontrado ni encontrará un delito”, ha aseverado.

Chivite ha recordado que las obras para el desdoblamiento del túnel de Belate no está siendo investigadas por el momento por la Justicia. Este es el contrato más alto (76 millones de euros) que el Ejecutivo navarro ha adjudicado a las empresas investigadas por una posible trama de corrupción que según la Guardia Civil estaría liderada por el ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán.

Así, ha reprochado al portavoz de UPN, Javier Esparza, que quiera “darle la vuelta a la prueba” y que “se tenga que demostrar la inocencia” en lugar de la culpabilidad. “Yo no voy a asumir responsabilidades políticas por algo que no ha ocurrido”, ha asegurado. 

Ahondando en Belate, ha afirmado que ella como presidenta “no puede intervenir” en una mesa de contratación y ha recordado que “todos” los miembros de aquella mesa declararon en la misma comisión que “no hubo ni instrucción ni injerencia política” para que modificasen sus puntuaciones.

 “Al respecto de las puntuaciones, ya he dicho que hemos modificado algunas de las lagunas que había en los procedimientos de las mesas de contratación y puedo explicar qué mejoras hemos introducido ya en los procesos de licitación de las obras públicas”. Ha hablado así de “la digitalización de los expedientes; la mejora en los criterios de adjudicación incluyendo en los pliegos criterios con una puntuación diferenciada, de forma que se concretan los aspectos que se valoran en las adjudicaciones y su relevancia en las mismas”.

Chivite también ha apuntado que cuando se adjudicó la obra nadie sabía de la “presunta” participación de Cerdán en la mercantil señalada por la UCO.

A este respecto, ha señalado que fue un “shock” para ella la publicación del informe en el que los agentes de la Guardia Civil desvelaron que Cerdán había adquirido en 2016 el 45% de las participaciones de Servinabar 2000 tras haber encontrado un documento privado en el trastero del empresario vasco Antxon Alonso en el registro de su domicilio. “Cuando salieron los rumores hablé con él (Santos Cerdán) y me dijo que todo eran rumores, que era falso”, ha añadido Chivite, que ha repetido que no ha vuelto a hablar con Cerdán desde que se conoció el informe.

“Cerdán no negoció la moción de censura en Pamplona”

Javier Esparza ha centrado gran parte de su interrogatorio a la presidenta en la figura de Santos Cerdán, a quien consideran muñidor de los pactos de Gobierno de Chivite y de la moción de censura a UPN en el Ayuntamiento de Pamplona para investir a Joseba Asiron, de EH Bildu.

“La moción de censura en Pamplona se habló, se acordó, se negoció y se decidió tanto en una asamblea del PSN de Pamplona como en una reunión de la Comisión Ejecutiva del PSN”, ha aseverado Chivite, que sí ha reconocido que “se informó a los órganos del partido” de la decisión de hacer alcalde al candidato de EH Bildu.

De igual manera, ha indicado que la negociación del Gobierno de Navarra también se llevó en la comunidad foral. “Para conformar Gobierno no tengo que pedir autorización a Ferraz, tengo que someterme al comité regional del PSN, otra cosa es que el partido esté informado”.

“Es falso que necesite una autorización de Ferraz y si quiere le remito los estatutos de nuestro partido. Otra cosa, porque somos un partido de estructura federal, es que se esté informado de las cosas que se hablan en otras federaciones”, ha finalizado.

Mantiene la “confiaza política” en Alzórriz

Cuestionada por Ramón Alzórriz, su ex 'número dos' en el PSN a quien forzó a dimitir por haberle ocultarle que su pareja había trabajado en Servinabar 2000, ha manifestado que aquel día le retiró su “confiaza personal” pero que mantiene la “política”. “Sin duda”, ha añadido.

“Cada uno puede trabajar donde quiera, pero es algo que tenía que haber sabido, y como no me lo dijo, tuve que tomar esa decisión”, ha señalado, para negar que pactara con él mantenerlo como parlamentario. “Le retiré mi confianza personal, que no política, porque hasta donde yo sé no ha cometido ningún delito”, ha indicado.

Hace unos días, la titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona plaza número 5 ha remitió al Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) una denuncia de Vox por las obras que realizó en su domicilio Ramón Alzórriz. Las obras las realizó la empresa Adentro Construimos, la misma a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó los cuatro contratos para la reconstrucción del parque natural de Sendaviva tras el incendio que lo calcinó en verano de 2022.

La comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno foral a la UTE de Acciona y Servinabar 2000 encara esta semana su recta final con las comparecencias de la expresidenta Uxue Barkos y la actual jefa del Ejecutivo navarro, María Chivite. Este martes ha sido el turno de la expresidenta Barkos, que ha circunscrito su relación con el empresario vasco Antxon Alonso, el socio de Cerdán en la mercantil Servinabar 2000 según la UCO, al proyecto Mina Muga.

La ahora senadora autonómica ha asegurado que, pese a que mantuvo una relación “cordial” con Alonso (“incluso más cuando dejé el Gobierno”), su Ejecutivo no dio un “trato preferencial” a Servinabar 2000. Así, ha añadido que fueron “muy pocas” las reuniones que mantuvo con el empresario y ha aseverado que no ha vuelto a hablar con él desde que se conoció el informe de la UCO de la Guardia Civil que sitúa a Servinabar como la empresa que funcionaba como vehículo para el cobro de comisiones ilegales por la presunta trama de corrupción.

Barkos ha asegurado que nunca habló con Alonso de obras públicas y que “de ninguna manera” sospechó de la existencia de la presunta trama de corrupción investigada. “Si al final los tribunales detallan efectivamente que lo que la UCO apunta es así, Navarra no es, ni mucho menos por dimensión, el ámbito de desarrollo de esa trama”, ha apostillado.

Sobre un correo que, según la UCO, Antxon Alonso habría escrito para enviárselo a Uxue Barkos sobre distintas cuestiones relacionadas con Mina Muga, la expresidenta ha precisado que “no existe constancia” de que ese correo fuera enviado al correo de la Presidencia del Gobierno. “Es un correo que está hablando de cuál es la marcha de la Declaración de Impacto Ambiental, que se está tramitando en el Gobierno de España”, ha explicado.

Sí que ha reconocido que se tomó una fotografía con Alonso en un local de hostelería cercano a la plaza de toros de Pamplona durante los Sanfermines que ha enmarcado en uno de los “muchos encuentros cordiales” que ha mantenido con empresarios a lo largo de su presidencia.

Durante su presidencia el Gobierno de Navarra adjudicó un total de cuatro obras a la UTE de Acciona y Servinabar (una de ellas, la del colegio de Arbizu, fue en realidad a una UTE Acciona con Alegure, empresa hermana de Servinabar). Barkos ha defendido que fueron obras que se adjudicaron con “normalidad” y en cuyo proceso de licitación ella nunca participó. “Dijimos desde el principio que no existía caso alguno de corrupción. Creo que ha quedado perfectamente acreditado a lo largo de esta comisión”, ha solemnizado.

No negoció con Cerdán las coaliciones de gobierno

La expresidenta también ha sido interrogada por su relación con el ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán, a quien ha dicho que conoció durante su etapa como parlamentario del PSN.

Uxue Barkos ha negado que negociase con él las coaliciones de gobierno con el PSN en los años 2019 y 2023 y ha asegurado que siempre lo hizo con la secretaria general de los socialistas navarros, la actual presidenta María Chivite. “Comprenderá que yo no voy a entrar ni a justificar, ni avalar cuál es su estructura ni cuál es su equilibrio de poder”, ha apostillado.

Así, ha afeado al portavoz de UPN, Javier Esparza, que haya querido “remarcar la relación de determinadas personas en la conformación de un Gobierno, como si aquello manchara la legitimidad de un Gobierno”.

La expresidenta de Navarra Yolanda Barcina, de UPN, ha reprochado este miércoles a los grupos de la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que la hayan citado a comparecer cuando Servinabar 2000, la empresa que la UCO sitúa en el centro de la presunta trama de corrupción por la que se investiga al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, cuando esta mercantil “se constituyó 44 días después” de que ella abandonara la presidencia del Gobierno navarro.

La que fuera presidenta navarra entre los años 2011 y 2015, que ha bromeado al inicio de su intervención con que no entraba en sus “planes” regresar al Parlamento foral tras abandonar la política, ha aseverado que en la causa abierta en el Tribunal Supremo por el cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública no aparece “ninguna” adjudicación de su Ejecutivo y ha acusado a los partidos de querer “igualar” las tres últimas legislaturas citando a las tres presidentas. “No todos somos iguales. Hay personas honradas, no honradas; corruptas, no corruptas”.

Según ha explicado, durante su mandato únicamente se “inició” la tramitación administrativa del proyecto Mina Muga, en el que según la UCO Cerdán y Koldo García entraron en contacto con Acciona. “Fue una tramitación administrativa normal y técnica, no hubo intervención política”, ha asegurado.

Sobre Servinabar ha comentado que tras ver que la Fiscalía la consideraba una empresa “creada 'ad hoc' para lucrarse con obras públicas” comprobó cuándo se había constituido y vio que fue el 4 de septiembre del 2015, cuando ella dejó de ser presidenta del Gobierno el 22 de julio de ese mismo año. “En ese sumario se está investigando principalmente a una empresa creada 'ad hoc' para lucrarse que se constituye 44 días después de dejar de ser presidenta”, ha manifestado.

“En esa causa no hay ninguna adjudicación realizada por el Gobierno de Navarra con dinero público en el mandato en el que soy presidenta. Y en ese sumario tampoco aparecen ni citado ni involucrado ningún miembro de mi Gobierno”, ha aseverado.

Preguntada por Geoalcali, la empresa promotora de Mina Muga, ha asegurado que no conocía al exdirector de la empresa Pedro Rodríguez, que en la misma comisión señaló que se había reunido con la expresidenta. “He visto la foto de ese señor en el diario y es como si no lo hubiese visto nunca, pero si él dice que ha estado conmigo, pues habré estado, ningún problema, aunque yo no lo recuerde”.

Barcina ha explicado que no recordaba cómo fueron los inicios de este proyecto, pero ha señalado que “una presidenta recibe a todo aquel que tiene algún interés por la comunidad”. “Eso es básico y va a generar riqueza, porque la riqueza la generan los empresarios, los autónomos, los que están trabajando”, ha indicado.

La expresidenta ha precisado que “una cosa es recibir, que es normal, y otra cosa es lo que pasa después, que tiene que haber un procedimiento administrativo, un expediente que lo sustente, y que intervengan los técnicos para que se cumpla ley”. Ha afirmado que ella no realizó ninguna intermediación en este proyecto y ha asegurado que se hizo “una mera tramitación administrativa sin intervención política”.

También se ha interrogado a la expresidenta Barcina por el proceso de adjudicación de la ampliación de la primera fase del Canal de Navarra durante su Gobierno, con Javier Esparza como consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. Barcina ha defendido que este procedimiento fue “impecable” y ha expresado su “confianza total en la gestión de Javier Esparza cuando era consejero”.

El portavoz socialista, Javier Lecumberri, le ha cuestionado por el hecho de que Javier Esparza, como consejero, trasladara la recomendación del Gobierno a la mesa de contratación de dicha obra de que valorase incorporar nuevos informes, en este caso técnicos, de colegios profesionales, que estuvieran vinculados con la infraestructura.

Yolanda Barcina ha afirmado que “los controles siempre son buenos para evitar corrupción” y ha subrayado que la mesa de contratación del Canal fue “impecable”.

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha reprochado al PSN que le haya citado este martes en la comisión de investigación por “revancha” por haber denunciado la adjudicación de las obras de los túneles de Belate a la UTE de Acciona, Osés y Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán. “Yo hoy estoy aquí porque soy quien ha denunciado el caso Belate, soy quien ha denunciado al Partido Socialista de Navarra y soy quien ha denunciado a Santos Cerdán”, ha aseverado.

Javier Esparza, que entre los años 2012 y 2015 fue consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del gobierno de la regionalista Yolanda Barcina, ha sido llamado a la comisión por el PSN para explicar las obras de ampliación de la zona regable de la primera fase del Canal de Navarra. Una obra que fue “absolutamente impecable”, ha solemnizado el portavoz de UPN.

Así, Esparza ha achacado su comparecencia a un “intento” de los socialistas de “esparcir la sospecha y la duda” por haber adjudicado “el mayor contrato de obra pública de la última década” en Navarra a “una UTE en la que está una empresa de la que según la Guardia Civil Cerdán es su propietario”.

“Esta comparecencia es un ataque político y personal hacia mí. Vengo yo que no tengo nada que ver con una adjudicación a ninguna presunta trama corrupta, y no viene el señor Alzórriz -exportavoz del PSN-, porque no han querido que venga cuando fue cesado por la presidenta del Gobierno el año pasado como portavoz del grupo parlamentario y como vicesecretario del PSN porque su compañera trabajaba en Servinabar”, ha añadido.

Reunión con Sánchez en 2018

Pero el portavoz regionalista ha aprovechado el interrogatorio de su compañera de partido Marta Álvarez para desvelar que el 30 de octubre de 2018 mantuvo una reunión con Pedro Sánchez la Moncloa a partir de la cual abrió una vía de diálogo con el presidente a través de quien era su director de gabinete, Iván Redondo. Así, ha asegurado que en 2019 “desde el entorno de la Moncloa” le trasladaron que “Pedro Sánchez no quería un acuerdo con EH Bildu en Navarra”. En agosto de ese año la socialista María Chivite fue investida presidenta de la comunidad foral tras alcanzar un acuerdo con Geroa Bai y Podemos y con el apoyo indirecto en forma de abstención de EH Bildu.

Esparza ha añadido que esos mismos contactos de la Moncloa le informaron que el PSOE quiso conformar una comisión gestora en Navarra “para quitar a María Chivite” de la secretaria general del PSN. “Los nombres de esa gestora que se proponían, los que me llegaron a mí, son el que hoy es vicepresidente del Gobierno, el señor Javier Remírez, y otro, creo que ya no está en la actividad política, se llama Guzmán Garmendia”, ha afirmado.

El portavoz de UPN ha confirmado que en 2017, cuando la presidenta de Navarra era Uxue Barkos (Geroa Bai), mantuvo un encuentro con Santos Cerdán, a la que también acudió el regionalista Óscar Arizcuren, para “tantear el clima político de un posible acuerdo después de las elecciones del 2019”. Tras la negativa de Cerdán, ha añadido Esparza, UPN exploró la vía de un acuerdo, que finalmente acabaron cerrando, con Ciudadanos y PP para conformar Navarra Suma.

El empresario vasco Antxon Alonso, dueño de la mercantil Servinabar 2000 que la Guardia Civil sitúa en el centro de la presunta trama del cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública, estuvo presente en una reunión en el año 2015 celebrada en el Palacio de Navarra entre la entonces presidenta Uxue Barkos y el director de Geoalcali, la promotora de Mina Muga, para la exposición del proyecto para la construcción de una mina de potasa en la frontera entre la comunidad foral y Aragón.

“Llegamos y él ya estaba allí con la presidenta”, ha desvelado este miércoles Pedro Rodríguez, director de Geoalcali entre los años 2012 y 2016, durante su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno foral a las empresas Acciona y Servinabar 2000. “No tengo ni idea quién le invitó, conocía bien a Uxue Barkos, supongo que habrían quedado”, ha apostillado. Según la UCO fue en Mina Muga donde Koldo García y Santos Cerdán iniciaron sus contactos con Acciona a través del exdirectivo Fernando Merino.

Rodríguez ha asegurado que no supo de Servinabar hasta que salió “en prensa” en informe de la UCO en junio de 2025 a pesar de que la empresa minera remitió a los grupos de la comisión el acuerdo que firmaron en 2015 con la mercantil de Antxon Alonso para trabajos de asesoría jurídica por más de 350.000 euros.

El exdirector de Geoalcali ha explicado que fue un miembro del consejo de la minera australiana Highfield Resources, principal accionista de Geoalcali, quien le instó a contactar con Acciona para impulsar Mina Muga. Fue así, y tras una reunión con el vicepresidente de Acciona, Ignacio Entrecanales, como entró en contacto con Fernando Merino, que según ha explicado le trasladó el interés de Acciona de encargarse “de la obra civil” del proyecto, en ningún caso de la parte “minera”.

Fue a raíz de ahí cuando conoció a Antxon Alonso, ha apuntado, de quien ha dicho que “siempre” lo asoció con Acciona. “Para nosotros en ese tiempo había un vínculo total o muy próximo entre Antxon Alonso y Acciona”, ha afirmado.

Pedro Rodríguez también ha reconocido que mantuvo “tres o cuatro” encuentros con Koldo García, a quien conoció después de que se lo presentase un compañero de Geoalcali. El exdirector ha negado que Koldo estuviera en la plantilla de Geoalcali y que cobrara de la empresa minera, si bien sí que ha reconocido que hizo “trabajos” para ellos como ponerles en contacto con la comandancia de la Guardia Civil a raíz de un robo en las instalaciones de la mina o con una alcaldesa socialista de Aragón. “Era una persona afectiva, cordial y dispuesta a colaborar desinteresadamente”, ha apuntado.

El exdirector de Geoalcali ha explicado que durante su etapa al frente de la minera mantuvo encuentros con políticos de distinto signo para exponerles el proyecto de Mina Muga. Así, ha mencionado reuniones con representantes de UPN (Javier Esparza), PSOE, Geroa Bai o EH Bildu, entre otros.

El proyecto Mina Muga se encuentra actualmente paralizado por la Justicia. En 2021 Geolcali obtuvo la concesión del Ministerio para la Transición Ecológica, así como de los Gobiernos de Navarra (ya con la socialista María Chivite como presidenta) y de Aragón (presidido por el también socialista Javier Lambán) para la puesta en marcha del proyecto. Pero un recurso de Ecologistas en Acción y Sustrai Erakuntza hizi que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra diera la razón a los grupos ecologistas y anulara la concesión en septiembre de 2024 al considerar que el proyecto debía haberse llevado a cabo con un procedimiento único de tramitación y no mediante un fraccionamiento del proyecto entre las tres administraciones (Gobierno de España, de Navarra y de Aragón). Así el TSJN dictó que sería necesaria una única autorización por parte del Ministerio de Transición Ecológica, que todavía no ha llegado.

El auditor de la Cámara de Comptos, el Tribunal de Cuentas navarro, Miguel Ángel Aurrecoechea, que realizó un informe sobre las Cuentas Generales de Navarra de 2024 posteriormente corregido por el presidente del órgano fiscalizador, ha señalado este martes que los hechos relacionados con la modificación del proyecto de las obras de duplicación del túnel de Belate “podrían considerarse indicios de delitos y susceptibles de traslado a las instancias administrativas o jurisdiccionales correspondientes”.

Las obras para el desdoblamiento del túnel de Belate fueron adjudicadas por el Gobierno de Navarra a la UTE de Acciona, Osés Construcciones y Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán, por 68,2 millones de euros. Las empresas de la UTE anunciaron al iniciar la obra un sobrecoste de 8,5 millones que fue autorizado por la dirección de Obras Públicas. La Intervención General lo tumbó con un reparo suspensivo al considerar que no estaba justificado, lo que generó una crisis entre los socios del Gobierno después de que Geroa Bai y Contigo/Zurekin hablaran de una “pérdida de confianza” con el PSN y exigieran a la presidenta “responsabilidades políticas”. Finalmente, para resolver la crisis, María Chivite destituyó al director general de Obras Públicas, Pedro López Vera.

Después de que el presidente de la Cámara de Comptos no compartiera las conclusiones de Aurrecoechea y decidiera corregirlas con el aval de la asesoría jurídica de la institución, el auditor decidió incluir una cláusula de discrepancia en el informe para ratificarse en algunas de sus posiciones. Estas discrepancias hicieron que UPN citara a comparecer a Aurrecoechea en el Parlamento de Navarra, donde ha intervenido este miércoles en la Comisión de Economía y Hacienda.

El auditor ha afirmado que, en el caso relativo a los sobrecostes de las obras de Belate, analizó “una multitud de documentos que constituyeron evidencias suficientes y adecuadas, tal y como exigen las normas técnicas de auditoría, para concluir que no concurrían causas habilitantes para tramitar la modificación”.

Aurrecoechea ha defendido así que “se hizo un análisis exhaustivo, muy riguroso y con evidencias más que suficientes que me permitieron concluir” que “la tramitación de un expediente de modificación con el pretendido sobrecoste y sin causa legal que lo justificaba podrían considerarse indicios de delitos y susceptibles de traslado a las instancias administrativas o jurisdiccionales correspondientes”. No obstante, ha señalado que la Cámara de Comptos, sin solicitarle “ningún tipo de documentación”, concluyó que “no se aprecian indicios de responsabilidades”.

En su cláusula de discrepancia, el auditor menciona dos resoluciones del entonces director general de Obras Públicas de octubre y noviembre de 2024. En cuanto a la primera, considera que “supone una aprobación implícita del proyecto constructivo generadora de derechos a favor de la adjudicataria” y que implica “una modificación de facto del proyecto original”.

Respecto a la resolución de noviembre, el auditor ha afirmado que en sus conclusiones “se relatan hechos que podrían considerarse indicios de delitos y susceptibles de traslado a las instancias administrativas o jurisdicciones correspondientes”.

Durante su comparecencia, Aurrecoechea ha subrayado que “en ningún momento” se ha sentido “presionado” en el ejercicio de su labor y ha resaltado que “la cláusula de discrepancia no constituye una anomalía del sistema, sino una previsión expresa del ordenamiento jurídico que regula el funcionamiento de la Cámara de Comptos”.

Además, ha señalado que el ejercicio de esta discrepancia “se ha desarrollado en todo momento desde el respeto a la institución, a sus procedimientos y a las decisiones adoptadas por sus órganos competentes”. “El ejercicio de esa facultad lo realizo con pleno respeto a las competencias que corresponden a la Presidencia de la Cámara, a quien corresponde la aprobación del informe definitivo y al que tengo máximo respeto”, ha afirmado.

No obstante, se ha mostrado en “total desacuerdo” con los comunicados que ha remitido la Cámara de Comptos sobre este tema, “porque hay que reconocer que me han supuesto una pública humillación, pero he preferido poner el foco en la exposición técnica”.

Un juzgado navarro ha abierto diligencias previas por un presunto delito de desobediencia contra el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, después de que la Fiscalía le denunciase tras haberse negado hasta en dos ocasiones a comparecer en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno foral a las empresas Acciona y Servinabar 2000, la mercantil de Antxon Alonso y, según la UCO de la Guardia Civil, Santos Cerdán.

Entrecanales ha sido citado a declarar en sede judicial el día 4 de septiembre a las 10:00 horas, según ha adelantado Diario de Navarra y ha confirmado este periódico de fuentes jurídicas. De esta forma, el presidente de Acciona no comparecerá en el Legislativo navarro, ya que, según fuentes consultadas los trabajos de la comisión finalizarán en el mes de junio, antes de que Entrecanales tenga que acudir a sede judicial a declarar.

José Manuel Entrecanales fue citado en enero por la comisión navarra de investigación en calidad de presidente de Acciona, empresa a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó en UTE con Servinabar 2000 al menos siete contratos. No acudió a la citación argumentando que Acciona había designado a otro representante para comparecer. La Fiscalía sostiene a este respecto que su incomparecencia “carece de justificación” porque los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra ya le habían “advertido expresamente” que la citación iba dirigida a su persona y no a un representante de Acciona.

Tras volver a ser citado en febrero, una vez más se negó a comparecer. Ante el nuevo plantón, los grupos de la comisión votaron dar traslado de los hechos a la Fiscalía al considerar que Entrecanales había incurrido en un delito de desobediencia recogido en el Código Penal. Hace unas semanas la Fiscalía lo denunció por estos hechos y ahora la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona plaza número 5 abre diligencias previas y le cita a declarar.

Isabel Pardo de Vera, quien fuera presidenta de Adif, ha presentado ante la Audiencia Nacional un contrainforme en el que rebate el presentado el pasado marzo por la unidad de apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) adscrita a la Fiscalía Anticorrupción que ponía el foco en posibles incumplimientos normativos en los contratos de obra pública adjudicados, entre otros, por el administrador de infraestructuras ferroviarias a Acciona o a UTEs en las que participó. Pardo de Vera está imputada en la causa que investiga la Audiencia Nacional por supuesto amaño de obras en el ministerio de Transportes junto al exministro José Luis Ábalos, su asesor, Koldo García y el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

En su escrito, la defensa legal de Pardo de Vera indica que tiene “dudas sobre el rigor” de la IGAE a la hora de realizar ese informe y lamenta que ese organismo dependiente del ministerio de Hacienda “emita conjeturas o infiera irregularidades” sobre cuestiones técnicas de manera injustificada y sin motivación suficiente. A esto, suma que la Intervención obvia en dicho informe que miembros de su propio cuerpo, delegados en Adif, realizan informes de fiscalización periódicos en ese organismo que incluyen la contratación, la ejecución y las modificaciones de los mismos. Por eso, no entiende que ahora, y en el marco de la investigación que se lleva a cabo en el Juzgado Central de Instrucción número 2, se presente 'ex post' como una rectificación “tácita e indiferenciada de todos los expedientes”.

Al hilo de esa cuestión, el escrito presentado por Pardo de Vera advierte de que en ninguno de los informes previos de esa delegación de la IGAE en Adif constan “aseveraciones, especulaciones o insinuaciones” como las que se recogen en el informe de la Intervención del pasado 2 de marzo de 2026. Y recuerda, además, que este organismo también participa en los contratos de carácter administrativo de la entidad Adif en las mesas de contratación.

Añade que en esas modificaciones en las que pone el foco el informe de la IGAE del pasado marzo participan tanto los servicios técnicos y jurídicos de Adif como los interventores del Ministerio de Fomento, que “verifican la concurrencia de las circunstancias legalmente habilitantes para proceder a su aprobación y formalización”. Al hilo, recuerda que todos esos informes técnicos, económicos y jurídicos fueron con pronunciamiento favorable, lo que implica “la correcta apreciación de la concurrencia y cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación vigente”.

A eso, suma que las manifestaciones “de gran contenido y calado técnico fueron realizados por profesionales con la titulación y experiencia adecuada para hacerlos y, en definitiva, sirven de base para que el órgano de contratación tome una decisión al respecto”.

Pronunciamiento de los tribunales

Por otro lado, el abogado de Pardo de Vera recuerda que todos los contratos objeto de análisis por parte de la Audiencia Nacional y su proceso de adjudicación y ejecución, así como los modificados de los mismos, se encuentran sometidos a la jurisdicción de los tribunales competentes y a la revisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Y destaca que no consta que en los expedientes analizados se haya obtenido pronunciamiento alguno sobre la actuación de Adif o Adif-Alta Velocidad. Además, destaca que es “llamativo” que los potenciales afectados no hayan apreciado en ningún momento vicio o defecto, como los que parece apuntar ahora el informe de la IGAE, que les hubiera movido a presentar el correspondiente recurso.

En todo caso, subraya el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, era exigible a la IGAE que sus opiniones sobre cuestiones técnicas debían haber sido “motivadas o justificadas debidamente antes de emitir conjeturas o inferir ilegalidades”. Y para apuntalar las dudas que le genera el informe destaca, por ejemplo, que tenga en cuenta y cite en su análisis una normativa caduca, decretos ley que se encuentran “derogados y superados” o que plasme afirmaciones que denotan un “desconocimiento de lo previsto de forma expresa en la normativa en vigor” recogida en el reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Y, por eso, denuncia que el informe de la IGAE realiza un análisis “parcial y tergiversado” de las diferentes normas .

Así las cosas, subraya que Adif cumplió “escrupulosamente la normativa que resultaba en cada caso de aplicación” y que nada se le puede reprochar. Por tanto, añade que la Intervención no debió limitarse a formular “una sospecha retrospectiva” para insinuar que las adjudicaciones estuvieran predeterminadas, que las valoraciones fueran anómalas o que determinados modificados no se ajustaran a derecho. E insiste en que la unidad de apoyo de la IGAE para Anticorrupción solo hace “manifestaciones genéricas” que no son suficientes para afirmar que “se hayan aplicado criterios de arbitrariedad o discriminatorios o que se haya incurrido en error material”.

Por eso, precisamente, indica la defensa de Pardo de Vera que el informe “carece de cualquier valor invalidante de las decisiones” y reduce por completo su valor como prueba pericial.

Juicio de valor

Asimismo, la defensa de Pardo de Vera indica que el proceder de Adif en los expedientes cuestionados, tanto a la hora de fijar los criterios, como a la hora de llevar a cabo su aplicación, “se ajusta a la normalidad administrativa (...) y a la legislación vigente”. Y añade que en una licitación “multicriterio” la adjudicación no la determina la oferta técnica de manera aislada ni la oferta económica considerada en abstracto.

“La adjudicación la determina la puntuación total resultante de aplicar el pliego a las ofertas válidas”, explica, y añade que, por ello, afirmar que el juicio de valor determinó la adjudicación carece de relevancia jurídica autónoma si no se acredita, además, alguna de estas circunstancias: acceso anticipado al precio, contaminación de sobres, alteración de la fórmula, manipulación del umbral técnico, exclusión irregular de ofertas o arbitrariedad o falta de motivación en la valoración técnica.

Por último, tras reiterar que la IGAE no analizó de manera suficiente informes técnicos tenidos en cuenta en esas adjudicaciones, recalca que en procedimientos de contratación pública relativos a obras de infraestructura complejas, “las valoraciones técnicas efectuadas por los equipos responsables del proyecto, de la dirección de obra y de los servicios técnicos de la entidad gozan de una presunción de acierto derivada de la cualificación técnica de quienes las emiten”.

En la carretera N-121-A, la que une Pamplona con Francia a través de Irún, hay dos túneles que llevan años incumpliendo la normativa europea de seguridad en este tipo de infraestructuras, lo que ha llevado incluso a una amenaza de cierre de esta carretera por la que circulan a diario multitud de vehículos, sobre todo tráfico pesado. Son los túneles de Belate y Almándoz, que en la actualidad son bidireccionales y que la normativa obliga a desdoblar. La obra para separar el tráfico que circula en sentido norte (Irún) del que lo hace dirección sur (Pamplona) en el de Belate ya está avanzada, y no sin polémica. El contrato fue adjudicado por 62,8 millones de euros más IVA a la UTE de Acciona, Excavaciones Fermín Osés y Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y, según la Guardia Civil, también de Santos Cerdán. Tras hacerse público el informe de la UCO, esta mercantil fue excluida de la obra, en la que participaban dos empleados dedicados a labores de seguridad y prevención de riesgos laborales.

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, la directora general de Obras Públicas, María Torres, la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, así como personal de las empresas que conforman la UTE han enseñado este viernes a los alcaldes de la zona y a la prensa cómo avanzan las obras de desdoblamiento del primero de los dos túneles de la N-121-A. Según han detallado, de los alrededor de tres kilómetros que tendrá el túnel de longitud, se han excavado ya más de 2,5 kilómetros (“un 90%”), la gran mayoría por la cara norte. Para la unión de ambas caras, lo que se conoce como el “cale”, tan solo faltan unos 340 metros y se espera que se produzca “antes del verano”. Tras ello se desarrollarán los trabajos de “destroza”, todo lo que tiene que ver con la excavación de la parte inferior del túnel. Se prevé que la infraestructura sea inaugurada a finales del 2027, aunque el consejero no ha querido fijar una fecha.

En la obra, según ha apuntado el consejero, trabaja “24 horas al día, siete días a la semana” un equipo de unas 200 de personas, entre operarios, técnicos, ingenieros, personal de oficina o personal asignado a seguridad y calidad. Entre el personal ya no queda nadie con uniforme de la empresa Servinabar 2000, cuyo único rastro en la obra es un pequeño logo en uno de los carteles de la boca norte del túnel, por donde se ha entrado a la visita de los trabajos. En el resto de la cartelería ha desaparecido toda referencia a la empresa de Alonso y Cerdán que la UCO sitúa en el centro de la trama de corrupción por supuestamente funcionar como el vehículo para el cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública.

Es en exterior de la cara norte del túnel, por donde se están llevando la gran parte de los trabajos de “avance”, las empresas de la UTE han montado “una pequeña ciudad”: hay un taller para reparar la maquinaria averiada, un espacio en el que se forjan las cerchas con las que asegura el techo del túnel, así como vestuarios, aseos y un pequeño comedor. Todo ello 'edificado' sobre un terreno pantanoso y lleno de trozos de pizarra extraida del interior del túnel. Para esas labores se están empleando un Jumbo de tres brazos; un Jumbo de dos brazos; dos Robot gunitador (hormigón proyectado); tres plataformas elevadoras normed; dos telescópicas; dos miniretroexcavadoras; dos bombas de inyección; cuatro extraviales articulados; un camión articulado; dos palas cargadoras; cuatro retros con martillo hidráulico; ocho vehículos de apoyo; dos patines de avance (cuadro eléctrico en el interior del túnel), uno por cada boca; dos transformadores eléctricos, uno por cada boca; cuatro bombas para achique de agua; dos sistemas láser de guiado y dos sistemas de ventilación compuesto por ventiladores y mangas, uno por cada boca.

El jefe de obra, Jerónimo Pérez, ha explicado que el terreno sobre el que se está excavando el túnel “es más complicado” de lo que se había “anticipado”, lo que ha obligado a solicitar un modificado del contrato. Las mayores dificultades, ha precisado, se encuentran en los cambios de la tipología de la geología y en las numerosas vetas de agua que han aparecido. Así, se han tenido que utilizar diferentes técnicas de excavación en función de la dureza del terreno. De los 300 metros que quedan para el “cale”, la unión de las dos bocas, la práctica totalidad del material es blando, pizarra, lo que obliga al uso de máquinas excavadoras en lugar de material explosivo.

La obra de este túnel no es objeto de la causa que ahora investiga la Audiencia Nacional, pero está bajo sospecha de corrupción por ser el contrato más elevado adjudicado por el Gobierno de Navarra a la empresa Servinabar 2000, de un total de siete. Además, estuvo envuelto en polémica desde el principio porque tres de los ocho miembros de la mesa de contratación, los tres letrados, emitieron sendos votos particulares oponiéndose a la adjudicación. En sus escritos justificaron sus reticencias alegando indicios de “arbitrariedad”. Aseguraron que el informe de valoración de las siete ofertas presentadas no exponía “las razones que justifican las puntuaciones”, ni expresaba “las ventajas de unas ofertas frente a otras”, lo que, según añadieron, podía “generar arbitrariedad e indefensión para los licitadores”. 

También destacaron que el presidente de la mesa, Jesús Polo, conoció las puntuaciones de los otros cuatro técnicos expertos en Obras Públicas, lo que según la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra debió “anular” el proceso de adjudicación.

En paralelo a estas obras se trabaja en la redacción de un segundo modificado del contrato que incluirá los sobrecostes por imprevistos de la obra después de que el primero de ellos fuera objeto de un reparo suspensivo por parte de la intervención general, que consideró que gran parte de los 8,5 millones de euros de sobrecoste presupuestados no estaban justificados. Este reparo provocó una crisis entre los socios del Ejecutivo de María Chivite que se saldó con la destitución del director general de Obras Públicas, Pedro López Vera, quien había autorizado el modificado.

Mientras se desarrollan estas obras también se está avanzando en las obras del tramo de carretera que comunica los túneles de Belate y Almándoz, y en la licitación del desdoblamiento de este segundo túnel, que se prevé para este 2026. El consejero ha avanzado que se tratará de negociar con la Unión Europea una prórroga del plazo fijado para la finalización de los dos túneles, que el Gobierno navarro había fechado en 2027, para evitar una sanción.

La Fiscalía ha denunciado por un delito de desobediencia al presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, por haberse negado hasta en dos ocasiones a comparecer en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno foral a las empresas Acciona y Servinabar 2000.

Entrecanales no acudió a su citación argumentando que Acciona había designado a otro representante para comparecer. La Fiscalía señala en un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es que su incomparecencia “carece de justificación” porque los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra ya le habían “advertido expresamente” que la citación iba dirigida a su persona y no a un representante de Acciona.

“Ni el informe con alegaciones ni la sustitución a cargo de los sres. Mollinedo y Figueroa podían suplir su comparecencia personal”, apunta para añadir que nada de ello “ampara la desobediencia o la desatención de un requerimiento parlamentario que no sólo es legítimo, sino que, además, está respaldado por el Código Penal, que prevé, en caso de incumplimiento de tal requerimiento, la sanción más grave del ordenamiento jurídico, la pena de prisión.

José Manuel Entrecanales fue citado en calidad de presidente de Acciona, empresa a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó en UTE con Servinabar 2000 al menos siete contratos. Servinabar 2000 es la mercantil de Antxon Alonso que la UCO sitúa en el centro de la trama del cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública tras haber encontrado un documento en el domicilio del empresario vasco por el que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán adquiría el 45% de las participaciones de la compañía.

Tras negarse a comparecer en enero, la comisión de investigación decidió volver a citar al presidente de Acciona el lunes 9 de febrero y, una vez más, volvió a dar plantón a este foro. La multinacional argumentó que Entrecanales no había sido la persona designada por el consejo de administración para hacerlo. Añadieron que en su lugar se planteó la posibilidad de que declarase otro directivo de Acciona y que su comparecencia fue rechazada por los grupos. La Fiscalía desestima ahora esos argumentos y solicita a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona abrir diligencias contra José Manuel Entrecanales.

El exvicepresidente de UPN Óscar Arizcuren ha reconocido en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre la derivada foral del 'caso Koldo' que facturó a Servinabar 2000, la empresa propiedad de Antxon Alonso y, según la UCO de la Guardia Civil, también de Santos Cerdán.

Arizcuren, que ha reconocido que con Cerdán le unía una relación “estrecha y de amistad”, ha explicado que obtuvo 28.000 de beneficios por labores de consultoría facturados a Servinabar 2000 vía OAP Asesoramiento Integral, una consultora de su propiedad. La Hacienda Foral de Navarra cifra en 69.000 euros la cantidad facturada por esa colsultora a la empresa que la UCO sitúa en el epicentro de la trama de corrupción durante los ejercicios 2022, 2023 y 2024. “Una empresa tiene ingresos y gastos. Todo está justificadísimo y todos los cobros se hicieron por cuenta bancaria, no hay un solo movimiento en efectivo”, ha asegurado el exdirigente regionalista.

Según ha apuntado toda su relación con la empresa Servinabar se produjo a través de Antxon Alonso. “Era una empresa normal, si hubiera visto algún indicio de algo hubiera cortado relación”, ha apostillado. También ha señalado que tras leer el informe de la UCO que situaba a Cerdán al frente de la presunta trama de corrupción cortó su relación con él y con Antxon Alonso “por prudencia”.

Óscar Arizcuren, que en 2019 dejó la política navarra y la vicepresidencia de UPN para dar el salto a Madrid como directivo de Aena (desde diciembre de 2017), también ha reconocido que mantuvo “una o dos” reuniones con Santos Cerdán y el expresidente de UPN Javier Esparza, pero ha descartado que estuvieran relacionadas con negociaciones entre el partido regionalista y el PSOE para la reforma laboral. “Solo facilitaba la relación personal entre ellos dos”, ha apostillado.

“Nosotros venimos de estar en la oposición juntos y claro que hemos tenido comidas, una o dos, pero el único objetivo de esa comida es tejer relación por si hubiese la posibilidad de tener un acuerdo para llegar a un acuerdo de gobierno en el caso de que hubiese unas elecciones. Pero no tiene nada que ver con la posición del partido en ninguna cuestión”.

Arizcuren ha desvinculado su salto a Madrid y a Aena con su relación de amistad con Cerdán. “El PSOE aún no estaba en el Gobierno”, ha puntualizado. En 2020 dejó de ser afiliado de UPN aunque ha asegurado que sigue “siendo” del partido regionalista para negar su presencia en actos del PSOE.

Los dos principales casos de presunta corrupción destapados en los últimos meses, el caso Koldo y la trama Forestalia, tienen lazos con Aragón. Pero no solo eso: también existen vínculos entre ellos sin salir de la comunidad autónoma. El exdirector del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) bajo sospecha, Jesús Lobera, adjudicó un contrato de externalización de expedientes –uno de los puntos donde ponen el foco los investigadores– pocos días antes de dejar el cargo, en agosto de 2023, a una empresa que administra Alfonso Martínez, ingeniero de minas cuyo nombre apareció en los audios del caso Koldo. Así consta en los informes de la Guardia Civil en las pesquisas judiciales en torno a la empresa Forestalia.

Se trata de la firma Natural Resources Research and Development, cuyo socio único desde su creación en 2008 es el propio Martínez. La adjudicación del contrato menor de servicios se formalizó el 9 de agosto y solo unos días más tarde se hizo efectivo el relevo en el Gobierno, por el que el popular Jorge Azcón se puso al frente del Ejecutivo y Lobera dejó su cargo en el Inaga. El objeto de la mencionada externalización, adjudicada por 12.000 euros, era llevar a cabo informes técnicos como evaluaciones de impacto ambiental incluido en “zonas sensibles” o bien modificaciones de la declaración de impacto ambiental, entre muchos otros aspectos.

Precisamente una de las cuestiones que mencionan los investigadores de la Unidad Central Operativa de Medioambiente (UCOMA) respecto al caso Forestalia es que Lobera recurrió “directamente a consultoras externas”, entre las que cita Natural Resources pero también Vea Global o Satel, para que “redactaran informes a su gusto”. “Dichos informes, según los testigos, se elaboraban con criterios técnicos más laxos y omitiendo aspectos desfavorables para los promotores, siendo posteriormente validados por la Dirección del Inaga”, abunda la Guardia Civil.

Se da la circunstancia de que Alfonso Martínez, que desde la última renovación del PSOE aragonés forma parte del Comité Regional del partido, está afiliado en la misma agrupación en Zaragoza capital –Centro I– que Jesús Lobera y también que Alfonso Gómez Gámez, secretario general socialista de esta área y que apareció asimismo mencionado en los audios de la UCO dentro del caso Koldo.

Este no es, en todo caso, el único contrato de la Administración autonómica con Natural Resources, aunque sí el último tramitado por el Inaga. De hecho, en marzo de 2024 –ya con el PP en el Gobierno– se le adjudicó por 8.600 euros la redacción del estudio de impacto ambiental de la concentración parcelaria de la zona de Villarroya del Campo (Zaragoza). Antes, en marzo de 2022, la oficina dirigida por Jesús Lobera también le había elegido para otro contrato de la misma naturaleza que el de agosto de 2023. Mientras, Natural Resources Research and Development es un contratista habitual del Ayuntamiento de Calatayud, donde desde hace años lleva a cabo la coordinación de obras puntuales para la corporación del popular José Manuel Aranda.

Aunque no ha adquirido la categoría formal de investigado –en esta causa en concreto–, Jesús Lobera está en el ojo del huracán por su gestión presuntamente laxa hacia los proyectos medioambientales impulsados por Forestalia y que precisaban del visto bueno del Inaga para ver así la luz. Según la Guardia Civil, Lobera sería la “figura central en las acusaciones de presión y cambio de procedimientos”. Los investigadores le atribuyen, a partir eso sí de testimonios de empleados del Inaga, el hecho de que “los informes técnicos internos con valoración desfavorable” fueran “sistemáticamente ignorados o devueltos”. También le achacan que presionara a empleados del Inaga respecto a expedientes concretos o que reorganizara su oficina para dar “máxima celeridad” a los proyectos de Forestalia.

Mientras, Alfonso Martínez aparece mencionado en las grabaciones de la UCO en relación con los trámites para Mina Muga, aunque solo con su nombre de pila. En la conversación entre captada entre Koldo García y Santos Cerdán, el primero llega a explicar que “Alfonso”, que es “ingeniero de minas”, había “discutido con el Guipuchi” –apelativo de Antxón Alonso– en relación con “el proyecto de la Potasa”: “Que si no salía, no salía y le debía un dinero el (silencio), uno que manda en Acciona, que es el que lleva en Navarra, bueno, uno de Acciona”, relataba Koldo. La UCO sitúa a Antxón Alonso como uno de los personajes centrales de la presunta trama criminal a través de la empresa Servinabar.

La sociedad pública de vivienda Nasuvinsa ha sancionado con 449.000 euros a la UTE de Acciona Construcción S.A. y Servinabar 2000 S.L., la empresa de Antxon Alonso, y vinculada a Santos Cerdán, por incumplir el plazo de construcción de 46 viviendas de protección oficial en el barrio de Erripagaña. Este es uno de los siete contratos adjudicados por el Ejecutivo navarro a la empresa que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el centro de la presunta trama de corrupción por el cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública.

Según ha detallado Nasuvinsa en una nota, el 9 de febrero de 2023 Nasuvinsa formalizó con la UTE Acciona Construcción y Servinabar el contrato de obras para la ejecución de esta promoción de vivienda protegida, con un plazo de ejecución de 608 días naturales. Las obras se retrasaron 101 días -algo más de tres meses-, ha continuado, de los cuales 53 días no fueron justificados ni autorizados por Nasuvinsa.

Asimismo, la sociedad pública tuvo conocimiento de retrasos en el pago de varias facturas a una empresa subcontratista por un plazo superior al máximo permitido de 30 días, “lo que constituye un incumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones Reguladoras del contrato”, ha explicado.

Como consecuencia de estos incumplimientos -“considerados faltas muy graves tanto por el retraso injustificado en el plazo de ejecución como por el incumplimiento en los pagos a subcontratistas”-, Nasuvinsa ha impuesto a la UTE Acciona-Servinabar una penalización por importe de 449.000 euros.

Según ha indicado Nasuvinsa, la UTE ha comunicado su rechazo a la penalización, al considerarla improcedente. No obstante, empresa pública ha iniciado su tramitación procediendo a ejecutar la garantía del contrato, constituida mediante seguros de caución y ha interpuesto una reclamación judicial para exigir el importe total de la penalización, así como la reposición de la garantía que debe mantenerse vigente conforme al contrato.

La unidad de apoyo de la Intevención General de la Administración del Estado (IGAE) adscrita a la Fiscalía Anticorrupción ha estudiado un total de once contratos de obra pública, de los cuales cinco fueron adjudicados por ADIF y seis por el Ministerio de Transportes y la Dirección General de Carreteras. Del primer grupo, el órgano de control del sector público indica en su informe remitido a la Audiencia Nacional que en tres de ellos, que fueron otorgados a Acciona Construcción individualmente o en UTE con Ferrovial Agroman, se dieron modificaciones que supusieron “un incremento del precio del contrato ligeramente por debajo del 20% y en los tres casos esa modificación incumple la normativa” vigente.

Así consta en el informe remitido al magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, en el marco del caso en el que se investiga tanto a los ex secretarios de Organización del PSOE Sántos Cerdán y José Luis Ábalos como al que fuera asesor ministerial del segundo, Koldo García.

Este nuevo informe unido a la causa, y al que ha tenido acceso elDiario.es, explica que en esos tres primeros contratos analizados que afectan a ADIF el contratista “puso de manifiesto una serie de defectos” que determinaban que se tuviera que tramitar una modificación del proyecto. Así, en el caso del proyecto de soterramiento de la red ferroviaria en la ciudad de Murcia se tramitó y aprobó el 29 de marzo de 2021 una modificación del contrato por importe de 31,3 millones de euros, lo que supuso un coste adicional del 19,72%.

Explica que el importe de las modificaciones no sustanciales -contempladas en la normativa- fue de más de 14 millones, algo “superaba el umbral establecido” por la la ley 31/2007 que fijaba el tope en 5,5 millones de euros. Y añade que “al menos los 17,3 millones de la descontaminación de suelos de la Estación El Carmen no eran imprevisibles”. Por eso, la IGAE entiende que esa propuesta de modificaciones de la constructora debería haber conllevado “la resolución del contrato”.

Además, resalta que los soterramientos de Barriomar y Nonduermas debieron tramitarse dentro del proyecto de Murcia y no como independientes. “Seguramente el hecho de tramitarlo como proyecto independiente se debió a que, si se tramitaba como modificado, las modificaciones superarían el 20% del contrato primitivo”.

En cuanto a los proyectos de la cobertura de las vías del ferrocarril a su paso por el núcleo urbano de Sant Feliu de Llobregat (licitado en 68 millones) y el proyecto de construcción de la plataforma de Alta Velocidad Murcia-Almería que comprendía el tramo Pulpi-Vera (licitado por 170 millones) , la IGAE explica que también sufrieron modificados por parte de Acciona que elevaron el precio un 19,83%, evitando así superar el 20% que habría conllevado un dictamen preceptivo del Consejo de Estado y sería causa de resolución del contrato.

Sobre el contrato para la ejecución de obras del tratamiento de infraestructuras como puentes y túneles de dos tramos de la vía Monforte-Lugo, y que fue adjudicado a la UTE conformada por Obras Públicas y Regadíos (OPR) y a ASCH Infraestructuras y Servicios por 7,3 millones de euros, explica que tuvo un incremento del precio por modificaciones posteriores del contrato de 896.449 euros. Se fija, además, en que determinados presupuestos relacionados con esa obra se elaboraron “a tanto alzado, sin mediciones detalladas” y que “los precios son redondos en miles de euros, lo que dificulta la certificación y el control del gasto”.

Los contratos de carreteras

En los contratos investigados que están ligados a la Direción General de Carreteras, la IGAE señala que en los dos otorgados a Acciona se detectan también incrementos similares a los de Adif por modificados y siempre sin pasar el 20% del precio inicial. Además, encuentra excesos de mediciones en las obras de la autovía A-32 que supusieron un incremento de 3,3 millones, y modificaciones no sustanciales que superaron el umbral permitido en la A-68 y que elevaron el coste en 7,5 millones.

Sobre el proyecto de construcción de los tirantes del Puente del Centenario de la SE-30 de Sevilla, una de las adjudicaciones que aparecía en los audios incautados al exasesor Koldo García, la IGAE resalta que se licitó por 88 millones de euros y que fue adjudicada a una UTE conformada por Acciona y otras dos constructoras. Tras analizar el caso, indica que sufrió una modificación en junio de 2023 que supuso un incremento de 13 millones y que parte de ese sobrecoste viene derivado de sustituir el acero laminado estructural S355 presupuestado inicialmente por otras unidades de acero laminado estructural autopatinable S460, que eran el doble de caras. Y lamenta que el precio de esas nuevas láminas se calculó utilizando precios de mercado de junio de 2022 mientras que por ley debía haberse hecho con los precios a fecha de adjudicación del contrato (mayo de 2021).

Por último, sobre la ejecución de operaciones de conservación en la provincia de Teruel que fueron adjudicadas a una UTE en la que estaba otra de las constructoras investigadas, Levantina de Ingeniería y Construcción, la Intervención General explica que ésta obtuvo la puntuación más alta en juicio de valor de las 31 empresas que se presentaron a concurso, y que obtuvo el tercer puesto en los criterios basados en fórmulas. Además, explica que ese contrato no tuvo modificaciones aunque sí dos prórrogas ya previstas en los pliegos de la adjudicación.

El exasesor del ministro José Luis Ábalos Koldo García ha declarado este martes en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que va “a demostrar la verdad” en el juicio por corrupción que se va a celebrar en el Tribunal Supremo. “Esto acaba de empezar”, ha advertido durante su comparecencia, en la que se ha negado a dar explicaciones y no ha respondido a las preguntas de los grupos de la comisión que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno de Navarra a las empresas Acciona y Servinabar 2000, la mercantil de Antxon Alonso y Santos Cerdán.

García ha comparecido en la comisión navarra por videoconferencia después de que su defensa solicitase no trasladarle hasta Pamplona alegando motivos médicos. Su declaración estaba prevista para las 10:00 horas, pero Instituciones Penitenciarias la ha retrasado a las 12:00. El exasesor de Ábalos ha comenzado su declaración lamentando que haya políticos que quieran tener “su minuto de gloria” para contribuir a “un circo político y mediático”.

“Esto acaba de empezar, hay que tener un poco más de paciencia, queda mucho”, ha aseverado Koldo García, quien ha asegurado que “todo” lo que ha dicho lo ha “podido demostrar”. “Hay un procedimiento judicial que manda sobre encima de todas las cosas. Estoy en la cárcel por cosas que no se han demostrado, yo tengo que demostrar judicialmente que todo lo que están diciendo son barbaridades y voy a demostrar la verdad”, ha apostillado.

García ha asegurado que no es “idiota” y que meses antes de ser detenido sabía que le estaban “haciendo un seguimiento” por sus años de “colaboración” con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. “Yo mismo puse en conocimiento de la Guardia Civil que me estaban haciendo un seguimiento. Lo único que pedí es que no hicieran lo que hicieron, entrar de esa forma en mi domicilio”, ha apuntado.

“Cometí un error de cálculo porque no pensé que iban a hacer todo ese daño a la gente de mi entorno. Yo asumiré todos mis actos, pero pensé que se iba a focalizar en mí, no en los de mi alrededor”, ha lamentado. “Se han destrozado vidas que no tienen nada que ver aquí. Nadie va a poder borrar lo que se ha dicho sobre mi persona. Me preocupa que el día de mañana no se puedan borrar todas las falsedades que se han dicho sobre mí”, ha concluido. 

“He defendido los intereses de España”

Durante el interrogatorio, el portavoz de UPN, Javier Esparza, le he reprochado que pasase “de escolta de víctimas de ETA” a “defender” los acuerdos del PSOE con EH Bildu y “con Otegi”.

“No puede poner en duda que he defendido los intereses de España, usted no se lo cree y lo sabe”, le ha respondido Koldo García, quien ha señalado que mantuvo “una conversación” con el parlamentario regionalista. “Creo que he cumplido bastante bien a todos los españoles en mi área”, ha añadido.

Instituciones Penitenciarias acepta que “hay razones médicas” para que Koldo García no acuda este miércoles al Parlamento de Navarra a declarar en la comisión de investigación y ha desaconsejado su traslado. Así, ha propuesto que su comparecencia se realice por videoconferencia, tal y como había solicitado la defensa del exasesor del ministro José Luis Ábalos. Los grupos de la comisión de investigación han aceptado la recomendación de Prisiones y García comaprecerá por medios telemáticos.

Según ha informado fuentes del Parlamento navarro, Prisiones ha realizado esta comunicación por teléfono a primera hora de la mañana, cuando los grupos de la comisión que investiga las obras adjudicadas por el Gobierno de Navarra a las empresas Acciona y Servinabar 2000 se iban a reunir para votar la petición de Koldo García de comparecer desde la prisión de Soto del Real.

Koldo García está citado por su presunta implicación en la trama del cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública. Según el informe de la UCO de la Guardia Civil, ejerció de intermediario con Acciona para lograr contratos a cambio de mordidas. La semana pasada el asesor contable del bar Franky de Pamplona señalado por la UCO en su informe, confesó que emitió facturas falsas a la constructora por supuestas comidas en el establecimiento para que posteriormente Koldo García cobrase el dinero en efectivo.

La directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA), Edurne Eginoa, ha avanzado este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que la oficina que ella dirige ha recibido dos denuncias “anónimas” por contratos adjudicados por el Gobierno foral para la construcción de viviendas de protección oficial a Servinabar 2000, la empresa propiedad de Antxon Alonso y Santos Cerdán que la Guardia Civil sitúa en el centro de la presunta trama de cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública.

Edurne Eginoa ha precisado que las dos denuncias llegaron a la OANA a raíz de la publicación de los informes que encargó la presidenta de Navarra, María Chivite, para auditar las obras encargadas por su Ejecutivo a la empresa Servinabar 2000 tras conocerse el informe de la UCO sobre Santos Cerdán. En esos informes, Anticorrupción detectó más de una decena de irregularidades en los procesos de adjudicación de cuatro obras. La adjudicación de una de ellas, la del desdoblamiento de los túneles de Belate, la llegó a calificar de “nula de pleno derecho”.

La presidenta de la OANA se ha ratificado en todo lo recogido en las conclusiones de los informes que elaboró a petición de Chivite. Incluso ha apuntado que tras escuchar las sesiones de la comisión de investigación de la Cámara foral en las que comparecieron los técnicos de la mesa de contratación de Belate, la OANA podría hacer ahora “un informe más extenso”.

Así, se ha referido a que los miembros de la mesa “pusieron de manifiesto la falta de una reunión presencial” y ha cuestionado la actuación del presidente de la mesa, Jesús Polo, por haberse “negado” a convocar reuniones presenciales. “Los propios miembros de la mesa han dicho que una reunión presencial hubiese solucionado determinadas discrepancias”, ha expuesto, para considerar fundamental en las mesas “deliberar”.

Con todo, ha apuntado que “lo lógico” es que la obra siga para no causar “perjuicio al interés general”. “La obra ya estaba adjudicada y ya incluso había comenzado. Yo entiendo, pero bueno, eso ya no me corresponde, que la obra tiene que continuar y hacerse hasta el final, por supuesto”, ha afirmado, para opinar que “sería un desastre parar ahora esa obra”.

Una represalia “de manual”

Preguntada por el traslado del puesto de trabajo del secretario de la mesa de contratación de las obras del túnel de Belate y denunciante, Lorenzo Serena, lo ha calificado de una “represalia de manual”.

El secretario fue trasladado a trabajar a una nave al polígono industrial de Landaben, decisión que posteriormente el Departamento de Cohesión Territorial corrigió tras recibir un informe de la OANA que afeaba el traslado y lo consideraba una represalia por haber denunciado ante Anticorrupción el procedimiento de la mesa de contratación.

“Trasladar a esta persona a un almacén de Landaben constituye una represalia, pero hay que reconocer la rápida actuación del consejero Chivite -consejero de Cohesión Territorial-, que lo admitió en seguida y a los dos días se anuló la resolución de traslado a Landaben”. Con todo, ha señalado que su traslado fue “inadmisible”, que nada lo justificaba y que la propia presidenta de Navarra lo reconoció.

El que era el asesor contable del bar Franky de Pamplona que aparece señalado en el informe de la UCO de la Guardia Civil por presuntamente funcionar como lavadero de dinero proveniente de Acciona, ha reconocido este martes en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que emitió facturas falsas a la constructora para que posteriormente Koldo García cobrase el dinero en efectivo.

“Entre mediados de 2016 y principios de 2018 emití determinadas facturas que no respondían a una prestación real. Fue una decisión equivocada por mi parte, no la justifico y me arrepiento de haber actuado así. No volvería a hacerlo. Actué en un ámbito que entendí estrictamente personal, intenté ayudar a quien me trasladaba una situación económica complicada, fue un error de juicio”, ha reconocido Miguel Moreno Purroy.

El asesor contable ha explicado que él, Koldo García y el dueño del bar Franky, Francisco Javier Lorente, diseñaron un “circuito” que funcionaba de la siguiente manera: García solicitaba a Miguel Moreno que elaborase facturas falsas; él las emitía y se las enviaba a Acciona a través del responsable del departamento de construcción de Navarra y La Rioja, Fernando Merino; recibía el dinero en la cuenta del bar y se lo pagaba en efectivo a Koldo García. Miguel Moreno ha cuantificado estos pagos en “unos 8.000 euros”. “Todo lo que dice la UCO es cierto”, ha añadido.

Según ha explicado Miguel Moreno las facturas eran “falsas” y no correspondían a comidas reales de empleados de Acciona y, si bien se usaban tickets que sí existían, correspondían a los de otros clientes y no de la constructora. Su confesión contradice así la versión del responsable de Acciona Fernando Merino, que en la misma comisión del Parlamento navarro, aseguró que las facturas sí que correspondían a comidas de empleados de la empresa.

El contable del bar ha enmarcado estas actuaciones en “favores personales” a Koldo García, de quien ha dicho que les unía una relación de “amistad”. “Él me dijo que tenía una necesidad, que estaba pasando por un mal momento económico desde que había tenido un accidente siendo escolta, que sus ingresos eran más pobres, y que no tenía dificultad para que por parte de Acciona pagaran alguna facturas que tuvieran que ver con comidas del restaurante Franky”, ha señalado.

Con todo, ha asegurado que su actuación se limitó a la emisión de esas facturas, que cesó en 2018, coincidiendo con el traslado de Koldo García a Madrid como asesor de José Luis Ábalos. También ha negado haber participado “en adjudicación pública ni decisión administrativa alguna”. “No tuve conocimiento ni indicio de estructura organizada vinculada a contratación pública”, ha apostillado. 

Por último, Miguel Moreno Purroy ha afirmado que el juez instructor del Tribunal Supremo Leopoldo Puente le indicó que no estaba siendo investigado en la causa penal abierta por el presunto cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública.