La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha asegurado este miércoles que María Chivite le debe la presidencia de Navarra a “un presunto corrupto”, en referencia a Santos Cerdán. “La necesitaba en el poder”, ha aseverado la líder regionalista. UPN fue el. partido que denunció ante la Guardia Civil la adjudicación de la obra de los túneles de Belate a la UTE de Acciona, Osés y Servinabar 2000 antes de que estallara el caso de corrupción por el que está imputado el exdirigente socialista Santos Cerdán, quien presuntamente era copartícipe de la mercantil del empresario vasco Antxon Alonso.

“El mayor sostén y valedor político de María Chivite está lucrándose presuntamente de una adjudicación a cargo de su Gobierno y María Chivite sigue en vano tratando de escurrir el bulto, sigue adelante a costa de lo que sea, entre otras cosas, arrastrando por los suelos la imagen de Navarra”, ha añadido la presidenta regionalista.

Ibarrola ha realizado un balance de legislatura cuando se cumplen tres años de la segunda investidura de Chivite y cuando resta solo un curso político para las próximas elecciones forales, para las que todavía no ha aclarado si UPN buscará una alianza con el PP o acudirá de nuevo a las urnas en solitario como hizo en 2023.

Para la líder del partido regionalista el PSN de María Chivite ha “deteriorado” la marca Navarra y la ha unido a la “corrupción, tramas criminales y mordidas por adjudicación de obra pública”. “No hay maquillaje que pueda tapar el hedor a corrupción y la mala gestión de los servicios públicos del Gobierno de Chivite y EH Bildu. Navarra solo lidera los índices de presuntos corruptos. Desde que llegó Chivite ha empeorado en cualquier parámetro que queramos comparar con otras Comunidades”, ha criticado.

Así, ha asegurado que “el teterioro” de la confianza de la ciudadanía navarra en Chivite “es cada día mayor” por “los espurios acuerdos conocidos entre Santos Cerdán y EH Bildu para repartirse el poder institucional, por ”la presunta trama corrupta que recibía adjudicaciones de obra pública a cambio de pagar mordidas liderada por Santos Cerdán según el auto del juez y por “la adjudicación ilegal de las obras de los túneles de Belate a esas empresas de la trama, que ha acabado siendo investigada por la Justicia dentro del caso de amaños de obra pública”.

“Hoy la sociedad navarra se pregunta hasta cuándo, señora Chivite, merece la pena seguir en esta situación”. “No hay proyecto político ni personal que se sostenga sobre la falta de ética política, la inmoralidad, las sospechas y las investigaciones judiciales por corrupción. No hay proyecto político ni personal que aguante la embestida social de la indignación y la desconfianza”, ha señalado Ibarrola.

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha pedido este martes la “asunción de responsabilidades políticas por parte del Gobierno” foral y de su presidenta, la socialista María Chivite, ante la confirmación de que la UCO de la Guardia Civil y el Tribunal Central de Instancia ampliarán sus investigaciones sobre corrupción a la adjudicación de los túneles de Belate, que recayó en una UTE de Acciona, Osés y Servinabar 2000. Esta última es una mercantil de Antxon Alonso en la que presuntamente también participaba el exdirigente socialista Santos Cerdán.

“La realidad” es que “por primera vez en 30 años, una adjudicación de obra pública está siendo investigada por la UCO en Navarra y es una situación que la principal fuerza de la oposición considera ”tremendamente grave“. Esparza ha recalcado que la obra de los túneles está siendo investigada porque ”UPN en septiembre del año 2024 presentó una denuncia ante la Guardia Civil“. Desde el partido regionalista ”siempre“ han creído que era necesario poner el foco en ”la adjudicación de Belate“, y sostiene que la UCO ha encontrado ”indicios sólidos y suficientes“ para continuar una ”investigación en profundidad“. ”Yo creo que era blanco y en botella desde el inicio“, ha afirmado el portavoz.

“El Gobierno -ha continuado Esparza- ha ido dando tumbos desde el inicio de este caso, diciendo unas cosas y luego las contrarias y, evidentemente, al final se ha dado de bruces con la realidad. En todo este tiempo María Chivite ha negado todo, ha atacado a quien denunciaba algo y ha querido trasladar a la opinión pública que había una campaña de acoso contra su Gobierno”.

“La semana pasada la presidenta habló de caza de brujas y de una posición ridícula de Unión del Pueblo Navarro”, ha descrito. Sin embargo, ironiza con que parece que ahora el Ejecutivo foral parece que “se alegra mucho” de la investigación. “No tienen ninguna credibilidad”, considera Esparza, que cree que no puede ser una buena noticia “que la Guardia Civil tenga que venir a investigar” en una comunidad la “adjudicación de una obra pública de semejante magnitud”. Es “tomar a la sociedad navarra por tonta”.

UPN está personada en la causa. Esperan que la investigación demuestre que en Navarra el entorno de Santos Cerdán, Koldo García y el exministro Jose Luís Ábalos ha estado “recibiendo adjudicaciones de obra pública de forma ilícita” y “cobrando mordidas del 2%” al igual que han hecho “por toda España” para “enriquecerse”. En este sentido, se ha referido a la comisión parlamentaria de investigación. A su juicio, se demostró que la ajudicación de Belate está “repleta de irregularidades” pero el dictamen dijo que no hubo pruebas de ello. “La explicación la encontraremos en el informe que la Guardia Civil realiza sobre esta adjudicación”, pronostica.

La comisión, presidida por Irati Jiménez (EH Bildu) y que finalizó a comienzos del pasado junio, concluyó a partir de un documento acordado por PSN, Geroa Bai y EH Bildu, que no se “ha podido acreditar” que haya habido corrupción ni injerencia política en las mesas de contratación de las siete obras adjudicadas a las empresas investigadas por presunta corrupción, Acciona y Servinabar 2000.

“Hay nervios dentro del propio Gobierno y falta de confianza entre sus socios”, perciben desde UPN, aludiendo a “algún 'quit' llamativo empezando a recular”. Se refería veladamente a EH Bildu, que quiso matizar este lunes que la comisión que ellos dirigieron no dijo que no hubiera corrupción sino que, con los datos con los que disponía, no se podía acreditar. El resto de la legislatura se va “a vivir con mucha incertidumbre” y “mucha tensión” al no saber “qué se van a encontrar” los agentes de la UCO durante la investigación, ha vaticinado el portavoz de UPN. Las elecciones forales son en mayo en 2027.

La Hacienda foral de Bizkaia entregó el pasado jueves un informe que le había sido requerido en el marco de la investigación de corrupción al entorno del exsecretario general del PSOE, Santos Cerdán. El documento fue remitido al Tribunal Supremo, aunque en realidad esta causa está ahora en manos del instructor Ismael Moreno, del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional), adonde fue trasladado este viernes automáticamente.

Se trata de un requerimiento de noviembre de 2025 que no llegó a la Diputación vizcaína hasta mayo de 2026. La Hacienda foral, tres meses después, informa de los datos de los que tiene constancia de Karmele Atutxa, la pareja del empresario Antxon Alonso, amigo de Cerdán y titular de la empresa clave de la trama, Servinabar 2000. También repasa la trayectoria de otra mercantil de Alonso, la cooperativa Noran y la información obrante sobre el directivo de Acciona Tomás Olarte. Acciona recibió adjudicaciones en UTE con Servinabar 2000 o de acuerdo con ella y se analiza si abonó comisiones ilegales en operaciones como las obras de la cárcel de Zubieta en Donostia, los túneles de Belate en Navarra y en otros territorios. Bizkaia aclara, eso sí, que no dispone de datos de la esposa de Cerdán y de su hermana, como tampoco de otro directivo de Acciona, Justo Vicente Pelegrini, o de otra cooperativa relacionada con Alonso, Erkolan. El informe tiene unas 340 páginas.

Entre la abundante información contenida aparece que la empresa Noran, de la que ya se conocía que tuvo dada de alta a la pareja de Cerdán y en cuya génesis participó Koldo García, tuvo relaciones económicas empresa constructora vasca VUSA. En otro sumario del Tribunal Central de Instancia, el del caso Hirurok en el que se analizan las operaciones de Alonso con otros dos socialistas, la vizcaína Leire Díez y el andaluz Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, una de las adjudicaciones bajo sospecha guarda relación con la empresa de Navarra de demoliciones Erri Berri y, según la UCO de la Guardia Civil, parte de los pagos presuntamente ilegales se canalizaron a través de VUSA.

Esos pagos investigados en torno a la operación de Erri Berri, que fue paralela al rescate de Tubos Reunidos, datan de 2021. Sin embargo, las relaciones económicas entre Noran y VUSA son de años antes, de 2015, 2016 y 2017. En concreto, en 2015 se recogen dos operaciones en la casilla de “ventas” por un valor total de 48.400 euros, en 2016 otra imputación con un total conjunto de esa misma cuantía, 48.400 euros, y en 2017 una única “venta” de un 10% de ese dinero, 4.840 euros. Aquellos flujos posteriores relacionados con Erri Berri rondaban los 240.000 euros, según las estimaciones contenidas en los atestados policiales. Se puede leer aquí más sobre las cuentas de Noran.

El juez instructor del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional) Ismael Moreno ha acordado investigar también la adjudicación de las obras de desdoblamiento de los túneles de Belate, en el norte de Navarra, dentro de la causa por corrupción tiene abierta. Se trata de una contratación de 76 millones de euros que recayó en Acciona, lo local Osés y Servinabar 2000, la mercantil del empresario vasco Antxon Alonso y de la que aparentemente era copartícipe el exdirigente socialista Santos Cerdán. Esta última tenía un 15%.

El juez Moreno pidió la pasada semana a la UCO de la Guardia Civil, la Policía judicial, que le hiciese un reporte sobre la situación procesal de los túneles de Belate. El cuerpo, en un oficio, indica que en un informe de 2025 ya mencionó la cuestión e indica que reflejó “someramente” los “diferentes indicios” de estas obras con la etapa en el Ministerio de Fomento del ya condenado José Luis Ábalos o que el partido UPN, desde la oposición en Navarra, también había denunciado “irregularidades en el proceso licitador”.

Según la UCO, está pendiente un nuevo atestado con una “ampliación” sobre los datos relativos a estas obras. El instructor, en una providencia, ha acordado este lunes “integrar” esta adjudicación en el sumario y queda “a la espera” del informe. Solamente después de que entreguen el documento “se acordará lo procedente”.

Las obras de Belate se adjudicaron en 2023 y fueron las más cuantiosas de todas las adjudicaciones recibidas por Servinabar 2000 en Navarra. El Parlamento foral acaba de finalizar una comisión de investigación en el que la mayoría política descartó la existencia de corrupción. El dictamen aprobado por el foro presidido por Irati Jiménez, de EH Bildu, sí apuntó a “irregularidades y deficiencias procedimentales” en determinados expedientes. Por el contrario, los últimos informes de la Guardia Civil apuntan a que Servinabar 2000 fue empleada para recaudar comisiones ilegales y que Cerdán y su familia dispusieron de fondos de esta firma.

La comisión de investigación no vio “injerencia”

Desde el Gobierno navarro han expresado su “máximo respeto” a las actuaciones “judiciales y policiales” y también un “compromiso de total colaboración”. Añaden fuentes del Gobierno de María Chivite que el Ejecutivo “estudiará solicitar la personación ante la Audiencia Nacional, como ya se intentó ante el Tribunal Supremo con respuesta negativa, por si mediase daño patrimonial contra la Hacienda navarra”.

“En lo concerniente a la adjudicación de la obra de ampliación de los túneles de Belate, el Gobierno de Navarra recuerda que se trató de una adjudicación con reparo 'no suspensivo' de la Intervención delegada y que cuenta con el aval de la Intervención General en tanto que se abordó mediante una deliberación 'adecuada'. Además la Cámara de Comptos especificó que no medió 'responsabilidad contable ni de ninguna otra naturaleza', mientras que la comisión de investigación acometida en el Parlamento de Navarra descartó la existencia de presiones ni injerencias políticas”; sostienen fuentes del Gobierno.

La presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, ha asegurado este viernes que sufre una “caza de brujas”. Chivite ha sido llamada a comparecer en el Parlamento foral por UPN a raíz del último informe de la UCO de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán. “Cuanto más se investiga y más se avanza en los tribunales, más queda claro que no hay nada de nada sobre mí. No hay nada ni va a haber nada contra mí”, ha afirmado desde la “tranquilidad total”.

“La única intervención que ha tenido este Gobierno relacionada con ese informe es la colaboración con la Justicia para dar información y contribuir al buen desarrollo de la investigación. Todo lo demás es parte de una estrategia de caza de brujas contra mí que ni el Supremo ni la UCO avalan con sus investigaciones y pronunciamientos porque no hay nada”, ha subrayado, según informa Europa Press.

Chivite ha indicado a UPN: “Ustedes seguirán con su historia falsa y yo diciendo una verdad que nunca van a querer creer porque no les interesa. Y así podemos estar en bucle lo que resta de legislatura. Pues yo estoy dispuesta. Si alguien ha hecho algo, que pague, pero no seré yo”.

La presidenta ha comparecido en comisión parlamentaria a petición de UPN. Ha dicho que no ha tenido acceso al informe de la Guardia Civil y ha criticado las filtraciones. “No sé si son conscientes sus señorías de que la filtración de informes de la UCO pudiera constituir un delito. Esos informes forman parte del procedimiento y no tienen que ser documentos públicos, aunque de hecho lo son”. Esas filtraciones, hechas además a modo 'goteo', permiten sobre todo a la oposición, construir un 'relato' desvirtuando la realidad, porque lo que los informes contienen son elementos indiciarios que deben ser validados en parte o en su totalidad por un juez y posteriormente en un juicio oral“, ha interpretado. Y ha agregado: ”Que la presidenta tenga que hablar de un informe que no recibimos oficialmente porque no somos parte de esta causa sobre una investigación patrimonial de una persona, que ni forma ni ha formado parte del Gobierno de Navarra, es cuando menos extraño“. Entrando al contenido, ha indicado que Cerdán hizo uso de la tarjeta de Servinabar 2000 hasta febrero de 2024, mientras que los pagos por las obras de Belate, en las que participaba esta empresa UTE, se inicieron ”en junio“ de 2024.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha dicho: “No tiene usted ninguna credibilidad; es imposible desvincular Cerdán y Belate, con 129.000 euros en medio. Usted ha pasado de cuadrarse ante Cerdán a proclamar que 'esto no va conmigo'; y esto sí va con usted”. “Sin Cerdán usted no hubiera sido presidenta nunca”, ha dicho también. “Y a Cerdán y a sus amigos, usted les abrió las puertas del Palacio de Navarra de par en par para que andaran a sus anchas”, ha añadido.

Por parte de EH Bildu, Laura Aznal ha indicado que UPN ha llamado hoy a la presidenta con “el único objetivo de estirar el chicle de la comisión de investigación y tratando de volver a inflar un globo que ya quedó pinchado en las conclusiones”. Esta formación presidió el foro parlamentario por medio de Irati Jiménez. El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha pedido no “relativizar en absoluto la corrupción ni la preocupación ante ciertas informaciones”, pero “tampoco” el hecho de “convertir sospechas en sentencias o utilizar una investigación que está en curso para construir un relato político concreto”. “La corrupción debe investigarse hasta el final”, ha dicho.

Por su parte, Javier García, del PP, ha indicado a la presidenta “la verdad”. “Si después de todo lo que vamos conociendo sostiene usted que no sabía nada, no escuchó nada y no sospechó nada, solo quedan dos posibilidades, o es que su Gobierno carecía de controles sobre lo que ocurría a su alrededor, o que prefiere pedir a los navarros que crean en lo increíble”, ha señalado. Finalmente, Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha expuesto que el informe de la UCO avala “tanto la falta de ética política del señor Cerdán como ”la sospecha que tiene que ver con sus relaciones con Acciona y Servinabar“, aunque ha matizado que no hay ”ninguna prueba, tampoco indiciaria, de que haya habido alguna manipulación o injerencia en la obra pública de Navarra“.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha declarado este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien investiga la supuesta trama orquestada por la exmilitante del PSOE Leire Díez para desestabilizar procedimientos relacionados con el PSOE o con el entorno de Pedro Sánchez. En la última pregunta del interrogatorio, la abogada de González ha pedido disculpas por la “obviedad” de lo que iba a preguntarle aunque ha remarcado la necesidad de hacerlo. A continuación ha dicho: “¿Tuvo que ver la señora Leire en la apertura de alguna de las investigaciones [informaciones] reservadas que se examinan aquí?”. “No tiene nada que ver”, contesta la investigada.

“Si ustedes cogen la línea temporal, no encaja ni a martillazos”, añade sobre la vinculación que hace la UCO entre sus “encuentros” con Leire Díez y el hecho de que se abrieran tres informaciones reservadas por noticias publicadas en relación con investigaciones de la UCO.

“Los hechos son los hechos que son, los que provocan esas informaciones reservadas, como se han producido a lo largo de todo este tiempo”, responde González en relación a que las tres publicaciones ya justificaban sobradamente la apertura de las investigaciones internas. En dos de ellas aparecían conversaciones del presidente del Gobierno que, entre otros actores, estaban en poder de la UCO, al menos una parte. Otra está vinculada a la publicación de unas direcciones de correo de la mujer y el hermano de Sánchez a partir de uno de los 10.000 mensajes que había incautado la UCO. Y la tercera se produce después de que El Mundo titule a toda página que el teniente general Llamas es “un peón de Marlaska” y se citen fuentes conocedoras del conflicto entre el DAO y la UCO.

En este sentido, Mercedes González ha concluido “¿Es como si me dijera reciben presiones las comandancias de la Guardia Civil? Porque a lo largo de estos dos años se han abierto siete informaciones reservadas sobre hechos concretos y determinados. La de Madrid por una cosa, la de Cantabria, por otra, la de Almería, por otra, la de Asturias por otra. No es que ha habido hechos que nos han llevado a abrir informaciones reservadas para analizarlos, para investigarlos y para concluirlos. Nada más”.

Por otro lado, también ha señalado que la presunta 'fontanera' del partido no llegó a ella a través de quien fuera número tres del PSOE, Santos Cerdán. “La señora Leire Díez utilizó, se amparó, en la relación que tuviera o en el mando que tuviera en esa estrategia o entramado alguna persona o cargo relevante del Partido Socialista o del Gobierno. ¿De alguna manera venía con la carta de presentación de alguien, de Santos Cerdán o de alguien del partido?”, pregunta su abogada.

“No, nunca. Y como hay obra publicada lo puedo decir. Nadie que viniera a mi puerta bajo el... mando o la vía de Santos Cerdán era bien recibido. O sea que todo el mundo sabe, hay artículos publicados sobre el listado de víctimas de Santos Cerdán y una de ellas soy yo. No, nunca he tenido ninguna relación buena con Santos Cerdán. No he tenido nada que ver nunca con Cerdán. Y no. Por lo tanto, no creo que utilizara nunca esa vía de acceso”, responde la directora general de la Guardia Civil.

La UCO de la Guardia Civil, en su último informe sobre el patrimonio de Santos Cerdán y sobre la empresa Servinabar 2000, apunta a presuntas irregularidades en la adjudicación de las obras de la recién inaugurada cárcel de Zubieta, en Donostia. Detalla que el empresario Antxon Alonso, presunto socio del exdirigente del PSOE en Servinabar 2000 y administrador de esa mercantil, habría participado en la preparación de una oferta de una UTE entre Acciona, Cycasa y Murias, la adjudicataria, y que después había recibido pagos, que ascendieron a 181.492,74 euros.

La cárcel de Zubieta fue construida por el Gobierno de España y adjudicada en 2021 por 42,7 millones de euros. Ese mismo año, los Ejecutivos central y vasco acordaron la transferencia de Prisiones a la comunidad autónoma pero se acordó que Zubieta seguiría siendo responsabilidad del Estado hasta la finalización de las obras. Así, ha sido este mes de junio cuando se abierto el nuevo presidio que sustituye al viejo de Martutene, que ha sido entregado al Estado para su demolición y el inicio de un plan de construcción de viviendas.

En 2018, Alonso envió a un directivo de Acciona una noticia con los planes para las futuras obras. Acababa de llegar el PSOE al Gobierno de España. Servinabar 2000 tenía un acuerdo con Acciona para acceder a diferentes obras públicas en Navarra y fuera de ella. Oficialmente, la licitación fue anunciada en noviembre de 2020. A los cinco días, Alonso escribió al presidente de Sumelzo, Juan Sumelzo: “Me llega que tu amigo tiene interés. Hablamos”. Es la compañía de la familia de la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo.

En diciembre, un Alonso sin participación aparente en una UTE de Acciona, Murias y Cycasa, recibió un mensaje con el acuerdo de reparto entre esas empresas. En un nuevo intercambio con su contacto en Sumelzo, Alonso le explicaba que del 25% que correspondía a Cycasa ellos tendrían un porcentaje. “De ese 25 ellos el 15 y nosotros el 10”, exponía. En febrero de 2021 se confirmó la adjudicación de las obras de Zubieta a Acciona, Murias y Cycasa. Y empezaron los pagos de esta última a Servinabar 2000. Además de los 181.492,74 euros pagos de Cycasa se registaron 12.100 directamente abonados por Sumelzo.

En esta trama de corrupción, la Guardia Civil, que ejerce de Policía judicial, encontró un documento en la casa de Alonso en Elorrio por el cual el 45% de Servinabar 2000, aunque no estuviera escriturado, era de Cerdán, a quien le unía una relación de amistad. En 2021, tal y como se investiga en otra causa judicial, Alonso también participaba en un grupo llamado Hirurok con el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero y con la vizcaína Leire Díez. Se analiza si igualmente cobraban comisiones por operaciones como el rescate de Tubos Reunidos.

El informe patrimonial relativo al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, concluye que el político navarro pudo manejar “una posible fuente de ingresos no declarada”. Llega a esta conclusión por varios motivos. Uno es el ingreso 18.000 euros de origen desconocido entre 2014 y 2017. Otro es que redujo el uso de la tarjeta o de las disposiciones de efectivo en cajero desde 2019 coincidiendo con “la etapa ministerial” de Ábalos y las adjudicaciones a Acciona. Y otro más son los ingresos en efectivo realizados por Koldo García y su pareja Patricia Uriz “para abonar las cuotas del renting de un vehículo”.

El documento, de más de 160 páginas ha sido entregado ya al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que es quien investiga el presunto papel coordinador de Cerdán en una trama que buscaba el amaño de adjudicaciones de obra pública dependientes del Ministerio de Transportes a cambio de mordidas. En el mismo, indica el Instituto Armado que “han observado indicios que apuntan a esa posible existencia de una fuente alternativa de ingresos no declarada” para Cerdán y que se han reforzado los indicios previos de que el político y su entorno “se lucró” con fondos que encuentran origen en las mercantiles Servinabar, Erkolan y Noran.

La primera mercantil es en la que, según una nota hallada en el domicilio del empresario Antxon Alonso, Cerdán habría tenido participaciones, algo que el político siempre negó porque alega que finalmente se decantó por seguir en política y no adentrarse en el mundo empresarial cuando s elo propuso su amigo Antxon. La UCO resalta ahora que Cerdán y su familia “habrían disfrutado de unos beneficios entre 2015 y 2024 de al menos 323.178 euros” recibidos desde esa mercantil que los investigadores ubican en el epicentro de la trama de amaños. E insiste en que los fondos de Servinabar estaban puestos a “plena disposición” de Santos Cerdán. Esos 323.178 euros incluyen nóminas percibidas por ejemplo por la mujer de Cerdán, que trabajó para esa consultora navarra radicada en Pamplona.

En este sentido, la UCO destaca además que Cerdán y su familia obtuvieron los mayores beneficios entre 2019 y 2023, periodo en el que se enmarca la “etapa ministerial” de Ábalos en la que la constructora Acciona resultó adjudicataria de las licitaciones investigadas. El Instituto Armado considera necesario que el juez le dé permiso para seguir indagando en el patrimonio de la familia de Cerdán, y por eso solicita poder acceder a la información financiera tanto de Francisca Muñoz, esposa de Cerdán, como de su hija, su hermana y su cuñado “quienes también se habrían beneficiado de fondos provenientes de Sevinabar”.

A los indicios que sustentan la tesis de la UCO de que existió esa fuente de ingresos opaca, suma que el político liquidó gastos con el PSOE y con el Congreso “por totales superiores a las disposiciones de efectivo y los gastos observados en cuentas bajo conceptos susceptibles de ser reclamados”.

El primer instructor que tuvo la causa contra Cerdán, el magistrado del Supremo Leopoldo Puente, elaboró una tesis inusual en el auto con el que envió al ex secretario de Organización a la cárcel, en noviembre de 2025. Según Puente, si Acciona, el principal corruptor de la trama, obtuvo 537 millones de euros en adjudicaciones sospechosas, los investigados se podrían haber llevado un 1% si se atiende a lo que el magistrado considera habitual en este tipo de tramas.

En total, 5 millones de euros, una cifra muy alejada de los 18.000 euros o de los 300.000 euros recibidos desde Servinabar que la UCO ha localizado a Cerdán. Por otra parte, Acciona, señalada como el principal corruptor, sigue desde entonces sin ser investigada como persona jurídica.

Los bienes de Cerdán

A lo largo del infome de la UCO se relata que del análisis conjunto de la información tributaria aportada tanto por la Agencia Tributaria como por la Hacienda Foral Navarra, consta que Cerdán es propietario junto a su mujer de “un solo inmueble ubicado en la localidad de Milagro (Navarra)”, donde reside actualmente. Y a esa casa añade que en la actualidad tiene en propiedad un Volvo XC60.

Sobre los ingresos en cuentas tituladas por el expolítico y su mujer en el periodo investigado, la UCO indica que entre 2014 y 2025 han sido cuantificados en 1,12 millones de euros, de los que 830.000 euros fueron abonos de nómina.

En otro bloque del atestado, los investigadores analizan los ingresos percibidos por Cerdán en concepto de gastos, dietas y kilometraje procedentes del Congreso de los Diputados, del PSN y del PSOE. De la cámara baja percibió entre 2020 y 2025 un total de 40.928,80 euros en concepto de kilometraje. Del PSN, el político habría recibido en concepto de liquidación de gastos 27.843,23 euros entre 2014 y 2017. Del PSOE entre junio de 2017 y junio de 2025 le fueron abonados un total de 95.007,36€, tanto mediante transferencia como en efectivo.

Sobre el efectivo, la UCO dice que Cerdán recibió 84 abonos, una cantidad total de 30.797,38 euros. A eso suma 92 transferencias para la liquidación de gastos que suman un total de 64.209,98 euros. Y apunta que ha detectado discrepancias entre la información aportada por el PSOE y la información bancaria de Cerdán.

Sobre esas liquidaciones del partido, la UCO se para en una transferencia que ingresó Cerdán de 1.816 euros en junio de 2016. Entiende que se abonaron al político desde el PSN dos tipos de gastos: por un lado los devengados vía transferencia bancaria y declarados por el propio partido, y por otro lado los que le fueron previsiblemente entregados en efectivo a través de una tal 'Edi', y que no constan en la información aportada por el PSOE.

“La asignación mensual de Francisca Muñoz”

Por otro lado, los investigadores deslizan en su informe que Francisca Muñoz, esposa de Cerdán, pudo ser contratada por una empresa vinculada con Antxon Alonso un día después de la detención de Koldo García el 20 de febrero de 2024 para que “bajo la apariencia de un contrato laboral, hacerle llegar a la mujer de Cerdán una asignación mensual de en torno a 1.300 euros mensuales, ascendiendo a un total de 18.730,15 euros”.

Otro punto en el que se para es en una conversación de Antxon y su esposa en la que le traslada que Cerdán estaría interesado en un piso cuyo valor ascendería a 950.000€ y el cual necesitaría una reforma de alrededor de 350.000 euros. La UCO considera que se produjo una “tentativa de la compra de una vivienda valorada en aproximadamente un millón de euros, ubicada en calle Santa Cruz de Marcenado de Madrid” meses después de haber sido nombrado Cerdán secretario de Organización del PSOE.

La UCO explica que se ha podido evidenciar que Cerdán y su mujer habrían visitado en calidad de posibles compradores el inmueble y que hicieron una oferta a la baja, 900.000 euros. Esa oferta fue rechazada y finalmente tras varias visitas en las que intervino Alonso se fijó el precio de 985.000 euros. Pero finalmente esa compra fracasó por discrepancias con el tiempo de entrega por parte de los vendedores. Los investigadores consideran que ese piso fue“ un intento fallido de que Servinabar realizara para Cerdán la compra de un inmueble en Madrid por importe cercano al millón de euros”. “Pone de manifiesto, en conjunto con los bienes efectivamente disfrutados, la plena disposición por parte de Cerdán de los fondos de Servinabar”.

Era 19 de enero de 2021. Koldo García acababa de comer cuando recibió un 'wasap' del constructor José Ruz, propietario de la empresa Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC). “¿Has hablado con la jefa?”, le preguntaba. A los cuatro minutos, el asesor del Ministerio de Transportes, la 'mano derecha' de uno de los ministros con más poder en el Ejecutivo de Pedro Sánchez le respondía. “Sí, me prometió que lo tienes lo de Elche”. Esa “jefa” era la entonces presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera.

La conversación, que viene recogida en un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) y que se alargó por días, iba sobre un asunto muy concreto. Pepe Ruz presionaba para que Adif se hiciera cargo del sobrecoste de una obra que había realizado su constructora en Elche. Había ido en UTE con Construcciones Vilor y se había encargado de levantar la estación de AVE en esa localidad alicantina.

La UCO dijo en ese informe, que se conoció en junio de 2025, que la estación comenzó a funcionar en febrero de 2021 y que desconoce “la naturaleza o el objeto de la reclamación” del constructor. Pero añadía que esa conversación y otras que recoge el atestado muestran a las claras que Koldo García “departía directamente con la presidenta de Adif” para que esta diera adjudicaciones o agilizara reclamaciones como la de Elche.

Por lo que decía Koldo García, esa reclamación en beneficio de LIC era pan comido, porque Pardo de Vera le había “prometido” que así sería. Pero, a juzgar por una reciente sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es, la realidad no era tal y como se la pintaba el asesor ministerial al constructor. Pardo de Vera no se hizo cargo de ese montante que ascendía a más de 1,55 millones de euros y resolvió desestimar la reclamación. Es más, encargó a los servicios jurídicos de Adif que defendieran esa postura ante los tribunales. La magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Míriam Bris, en abril de este año acordó desestimar el recurso que presentó LIC por esos sobrecostes. A pesar de lo que recoge la UCO en el atestado, no parece que Pardo de Vera remara a favor de los intereses de la presunta organización criminal que se investiga o, al menos, no en este caso concreto.

La sentencia recoge, de hecho, el argumento de la Abogacía del Estado, que defendía los intereses de Adif: “Ninguna de las reclamaciones de la UTE puede prosperar porque el contrato se ejecutó bajo el principio de riesgo y ventura, y la actora no ha acreditado que los supuestos daños deriven de una actuación imputable a Adif, sino de incidencias propias de la ejecución ordinaria del contrato”.

Además, el ente público alegaba que la certificación final de obra “fue aprobada mediante resolución firme no impugnada”, por lo que la UTE no podía “reabrir su contenido ni cuestionar mediciones que debió discutir en su momento”.

La magistrada, en su resolución realiza una lectura de la situación que deja en muy mal lugar a la constructora de Ruz: “Ninguna de las pretensiones ejercitadas puede prosperar. (…) Las reclamaciones de la actora presentan un carácter heterogéneo y mezclan conceptos contractuales y extracontractuales incompatibles entre sí, lo que impide construir una base jurídica coherente para su estimación”.

Dice más: “Esta confusión se traslada y se refleja igualmente en la prueba. La UTE no ha acreditado que los sobrecostes, retrasos o trabajos extraordinarios tengan su origen en una actuación imputable a Adif, ni ha aportado prueba técnica que permita establecer el nexo causal exigido por la jurisprudencia”.

Extremo este que desde el entorno de Pardo de Vera siempre han negado, explicando que en los contratos públicos del administrador de infraestructuras ferroviarias intervienen un gran número de funcionarios, lo que dificulta poder elegir a dedo constructoras.

El caso es que esos esfuerzos del constructor para que Adif se hiciera cargo de los sobrecostes de Elche le venía preocupando desde finales de 2020 a juzgar por otras conversaciones de Ruz con Koldo. Y Koldo transmitía esa preocupación a Pardo de Vera.

“Va a cantar”

A pesar de que en este asunto Koldo García no parece que logró torcer la voluntad de Pardo de Vera, la UCO en su informe añadía otras conversaciones donde sí infieren que entre ambos había complicidad. La expresidenta de Adif consta como investigada en la causa de la Audiencia Nacional en la que el juez Ismael Moreno investiga también al ex número tres del PSOE Santos Cerdán, al empresario Víctor de Aldama, a Koldo García, al exministro José Luis Ábalos y al exdirector de Carreteras Javier Herrero, entre otros, por esos presuntos amaños en obra pública a cambio de mordidas. Las constructoras que están en el punto de mira de la UCO son Acciona, LIC y Obras Públicas y Regadíos (OPR).

Quizá la conversación más comprometida de Pardo de Vera en esta causa es una que grabó de forma subrepticia el propio Koldo García. Era 18 de noviembre de 2020 y el asesor le solicitó a la presidenta de Adif que llevara a cabo una adjudicación discrecional de una obra en Asturias en favor de LIC.

Si se analiza la transcripción de ese audio, al que ha tenido acceso este diario, se observa cómo Koldo le explica que “Levantina ya ha estado trabajando” con Adif en algunas cosas y le solicita que “por favor” entren en una obra relativa a mantenimiento. Pardo de Vera le explica entonces que esa constructora “no pinta nada en mantenimiento”.

Acto seguido, García le pregunta si tiene alguna licitación ahora, y la expresidenta de Adif le indica que hay una “muy interesante que son 60 millones”. Pero Koldo García quiere que se les dé alguna obra de emergencia. “Y una posible obra de emergencia en cualquier sitio de abajo”, inquiere, ante lo que Pardo de Vera le recuerda que ya les han dado una de 700.000 euros. “Hace nada, es que otra vez va a cantar, déjamelo mirarlo (sic)”, indica la expresidenta.

Koldo, antes de finalizar la conversación le explica que LIC podría estar a punto de tener un problema y por eso necesitaba que hicieran “algo durante este mes (ininteligible) para hablar del finiquito”. Ante esa insistencia, el asunto acaba con una frase de Pardo de Vera: “Bueno, pues déjamelo mirarlo (sic)”.

La UCO explica en su informe que poco tiempo después, el 17 de diciembre de 2020, apenas un mes después de la conversación mantenida entre Koldo e Isabel Pardo de Vera, Adif propuso directamente a LIC como adjudicataria de una obra de emergencia por importe de 592.000 euros.

Otro de los episodios que afecta directamente a Pardo de Vera y que viene recogido en el informe de la UCO ocurrió en enero de 2019 cuando Koldo García envió a la entonces presidenta de Adif un documento en el que aparecía un listado de adjudicatarias con dos subrayados -uno más intenso y otro más tenue-. El asesor le escribió que estaba descontento por la empresa que había obtenido la mayor puntuación y le indicó: “Nos a (sic) jodido un poco”. Pardo de Vera le preguntó entonces por el “fosforito” (una UTE en la que participaba OPR), y el asesor de Ábalos le dijo que era “por disimulo”. La UCO infiere que esa licitación debía haber sido adjudicada a Acciona, y como no fue así, el asunto “habría generado descontento”.

Por otro lado, en una conversación grabada entre Santos Cerdán y Koldo García de 22 de abril de 2019 el segundo le dijo al exdirigente socialista que tenían un problema porque Pedro Saura quería cesar a Isabel Pardo de Vera y a Javier Herrero. Para él eran piezas clave en los amaños que se perpetraban. Pero la relación con Pardo de Vera se enturbió con el tiempo. Con la salida de Ábalos y Koldo del Ministerio, el que fuera asesor del ministro se quejaba amargamente a Santos Cerdán de la actitud de la expresidenta de Adif: “No tiene perdón de Dios, tío”.

La UCO explica que Koldo “terminó enfrentado con ella”. “El motivo de este desencuentro habría radicado en que esta no habría accedido a ayudar a la empresa que Ábalos le había indicado sino todo lo contrario, bloqueándola de las adjudicaciones públicas”, indica la Guardia Civil.

Era 21 de noviembre de 2024. El empresario Víctor de Aldama acababa de 'tirar de la manta' y había implicado en el cobro de mordidas en el caso Mascarillas tanto al exministro José Luis Ábalos como a su asesor ministerial Koldo García. Los pormenores de la declaración cundieron por el 'zulo' —así se suele llamar de manera coloquial a la sala de prensa en la que trabajan una veintena de periodistas en la Audiencia Nacional—. Y con esos detalles, se hizo una primera llamada a una de las fuentes del caso. Lo que dijo entonces ya era revelador: “Siempre supe que Aldama era el eslabón más débil”.

Dos años después, el tiempo y una sentencia puede que hayan echado por tierra esa reflexión. Quizá no era el más débil y sí el más avispado: tras su declaración fue puesto en libertad —había sido detenido por otra causa, un fraude millonario al IVA en el sector de los hidrocarburos— y hoy, a juzgar por algunos programas televisivos a los que acude, es presentado casi como un prócer de la nación, el 'campeón' contra la corrupción.

Si uno se da una vuelta por su cuenta de Instagram pareciera que a Aldama le quiere hasta el papa León XIV. Durante la visita del pontífice a España, el empresario colgó una foto de un rosario que había sido bendecido por Prevost. “Un regalo muy especial recibido de manos del Santo Padre”, colgó en el post. Su figura ha cogido tal vuelo que le paran para hacerse 'selfies' por la calle, le escoltan los 'chicos' de Dani Desokupa y hasta le aclaman en manifestaciones como la del pasado 23 de mayo, apoyada por el PP y Vox contra “el Gobierno corrupto”. Allí, ya con el juicio finalizado y pendiente de sentencia, clamaba ante un reportero: “El pueblo es el que gana al final”. Buena parte de la sociedad ya ha encontrado a su vellocino de oro. Pero, ¿quién es realmente Víctor de Aldama?

Los inicios en la informática

Personas de su entorno, consultadas por elDiario.es, indican que el empresario, que se crio en Móstoles —es hijo de un peluquero de caballeros con un toque especial— arrancó haciendo sus pinitos en la informática. Pronto cayó en que con el ladrillo podía ganarse la vida bien y se enganchó a un buen 'mentor' que le llevó de la mano. “No tiene estudios universitarios o, para decirlo de otro modo, tiene la misma carrera que Begoña Gómez”, dicen quienes le conocen desde hace décadas. Consideran que tampoco era el más avezado del mundillo inmobiliario y argumentan que de 20 negocios le salía uno. Eso sí, “siempre se supo subir al carro”.

Para algunos de los consultados, el empresario se tiene en una alta estima, suele priorizarse sobre los demás y siempre le ha gustado vivir rodeado de lujos. Otros, más cercanos, le califican como “un padrazo” al que le pierden los coches y el deporte —llegó a ser presidente del Zamora CF—. Es visceral, apuntan, pero “una persona normal e íntegra”. ¿Que fuera calificado por la UCO como el nexo corruptor de la organización criminal por la que ha sido condenado a más de cuatro años de cárcel? “Nada más alejado de la realidad”, dicen, argumentando que cuando conoció a Koldo y a Ábalos ya era rico. Le buscaron ellos a él, explican, por su capacidad de contacto. También destacan que Aldama “se batió el cobre” durante años en América Latina afrontando proyectos de envergadura en países como México y Colombia. Ahí se hizo con una buena agenda de políticos relacionados con el ladrillo.

Ahora, con una sentencia a sus espaldas, no ha tenido que entrar en prisión. Todo gracias a que los magistrados del Tribunal Supremo premiaron de forma ejemplarizante su colaboración con la justicia —le libraron incluso de pagar una multa de 3,7 millones al absolverle del delito de uso de información privilegiada—. Quienes vivieron el momento en el que se le comunicó la decisión en el Alto Tribunal explican que hubo lágrimas y abrazos. El ponente de la sentencia, Andrés Martínez Arrieta, había logrado tejer una unanimidad que ponía el foco en una corrupción sistémica con la que había que acabar. El tanto se lo apuntó el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, padre de esa idea.

“Un compromiso moral”

Aldama y sus allegados salieron del trago pensando que le había echado “muchos cojones”, que “se había plantado ante el sistema y había salido vivo”. Y por eso, ahora entiende que ha adquirido “un compromiso moral” con la eliminación de la corrupción en el país. Sí, todo un corruptor 'pasándose el juego' en poco más de un año y gracias a una instrucción en el Supremo que tenía tintes de 'blitzkrieg' por aquello de la velocidad, la sorpresa y la fuerza masiva. “Le ha cogido el gusto a eso de ser conciencia, es el nuevo Pepito Grillo”, dicen.

En la faceta empresarial, a juzgar por lo que dicen hombres de negocios prestigiados consultados por este periódico, tampoco le pasan factura ni la condena ni las causas en las que continúa siendo investigado. Que se haya aprovechado de una pandemia mundial para poner el cazo (6,6 millones en comisiones) y hacerse con adjudicaciones públicas gracias al pago de mordidas mensuales que rondaban los 10.000 euros no es óbice para que tenga tirón entre el empresariado español.

“Tiene un grandísimo mérito, es una persona que se ha equivocado en su vida pero se ha arrepentido”, indican para añadir que, ante amenazas de muerte —se ha hablado de tres tiros en su coche blindado y de una extraña visita en la cárcel— ha sido “valiente”. “Todo el mundo se puede equivocar, me da más asco ZP haciendo campaña en Andalucía, ese sí es un delincuente”, indica el empresario, vinculado antaño con el partido Ciudadanos, para luego añadir que “si arrepentirse no sirviera de nada, San Pablo nunca habría llegado a santo”.

Otro de los cercanos a Aldama va más allá en eso de los negocios y habla de que ya hay importantes directivos del Real Madrid que le tienen en “gran estima” y que están a la expectativa de entablar negocios con él. “Tiene muy buenos quereres, una gran respuesta social, se hizo 70 fotos en Jerez en la feria”.

Aldama ha sabido construir su personaje desde que en 2024 quedara en libertad provisional: cercanía con determinados medios y pseudomedios y pastelitos para los periodistas a la entrada del juicio. La baza en su travesía por los juzgados era ganarse, por un lado, a la Fiscalía —su abogado ayudó mucho con eso— y, por otro, a esa parte de la sociedad que no comulga con el presidente del Gobierno y que, a ojos de determinados políticos, se cuentan por votos. Por eso, utiliza el enfrentamiento directo en redes con políticos socialistas de la talla del ministro Óscar Puente.

La rueda sigue. Dado que está siendo investigado en más casos, debe alimentar su colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. “¿Qué tienes contra Sánchez?”, le preguntó el periodista Antonio Naranjo en su programa de Telemadrid hace escasos días. Aldama, contemporizando, le indicó que a eso no le podía contestar, pero pronto se sabría. A Iker Jiménez, presentador de Horizonte, en Cuatro, le echó un caramelo mejor que el que le soltó a Naranjo: “Ahora tras la sentencia, me da pie a contar más. Lo que he entregado es un aperitivo. Tengo mucho, contundente e importante”. Aldama, el antisistema, aspira a hacer caer un Gobierno y, por eso, a juzgar por estas declaraciones, sostiene una estrategia de colaboración a cuentagotas con la justicia.

Por delante, le queda afrontar la causa de los amaños de obra pública y la causa del fraude en el sector de los hidrocarburos. Pero la sentencia del Supremo ya apuntaba a que su colaboración con la justicia había propiciado y favorecido el esclarecimiento de más procedimientos en curso, por lo que está por ver si sigue teniendo 'crédito' positivo en Fiscalía de cara a eventuales nuevas condenas.

Las causas pendientes

En el asunto de la obra pública, su aportación ayudó en mayor o menor medida a que el juez del Supremo Leopoldo Puente arrancara con unas pesquisas que resultaron en la imputación no solo de Ábalos y Koldo García sino también de quien era el número tres del PSOE Santos Cerdán. El político navarro acabó entrando en prisión provisional unos meses dado su papel protagónico en la trama que buscaba hacerse con mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública. Aldama entregó una nota en la que aparecían comentarios escritos por Koldo García y que tenían relación con determinadas adjudicaciones. Esa causa reside ahora en la Audiencia Nacional dado que Ábalos dejó de ser aforado.

Aldama también consta en el juzgado de Santiago Pedraz como uno de los cabecillas, junto a su socio Claudio Rivas, de una trama que buscaba defraudar el IVA en el sector de los hidrocarburos. Según describen los atestados de la UCO consultados por este diario, la operativa de esta trama era tan sencilla como efectiva. Lograron una licencia de operadora mayorista para la mercantil Villafuel y con ella adquirieron a otros operadores como Exolum distintos productos petrolíferos para, ficticiamente, simular su transmisión a siete empresas interpuestas, suministradoras o subcuentas que actuaban bajo el control de la organización criminal y servían para ocultar la transmisión directa y real del hidrocarburo a los verdaderos destinatarios finales.

El impuesto del IVA, que debían asumir esas interpuestas, nunca era abonado al Estado y así consiguieron defraudar una cuota de 182,5 millones de euros desde septiembre de 2022. Esas mismas empresas interpuestas habrían sido usadas como “canales de blanqueo” para mover lo defraudado a terceros países “para alejarlo, ocultarlo y dificultar su trazabilidad”.

Además, según un informe reciente de la Agencia Tributaria presentado en la rama del caso de las Mascarillas que reside en la Audiencia Nacional, Aldama habría defraudado a Hacienda una cuota de 2,4 millones de euros. La cuota exigible al conseguidor es, en realidad, de 1,6 millones de euros, cantidad que se obtiene de deducir las cantidades ingresadas en concepto de Impuesto de Sociedades en 2020 por sus mercantiles Deluxe Fortune SL y MTM 180 Capital SL. La cantidad sobrepasa ampliamente la frontera que separa la falta administrativa del delito penal, por lo que indefectiblemente el empresario se enfrentará a un delito contra la Hacienda Pública.

Aldama sube un 'tiktok' bailando en la feria, se sienta en su casa a hacer directos para sus fans, se emociona, llora ante su público. Muchas de sus aseveraciones contra Pedro Sánchez o contra ministros como Ángel Víctor Torres nunca han sido probadas y han sido calificadas como simples bulos. Durante los 14 días de juicio llevó prendida de la solapa de su americana una cruz. Su amiga, una anticuaria, se la prestó para que le protegiera en su periplo judicial. Y, a juzgar por el resultado, de momento el amuleto 'le ha servido'. Está por ver si esa cruz tiene tirón también en el resto de causas a las que se enfrenta. Solo le falta un 'reality'.

El ex 'número dos' del PSN Ramón Alzórriz, que dejó su cargo en el partido el pasado año por tener a su pareja trabajando en la empresa Servinabar 2000, investigada por corrupción, ha negado que eso fuera un trato de favor por parte de Antxon Alonso, el empresario dueño de esa mercantil. Es más, Alzórriz ha acusado al empresario guipuzcoano de haber despedido a su pareja de manera “improcedente” en el año 2024 por el “revuelo” que se había generado en torno a la obra de los túneles de Belate tras la denuncia de UPN. Alzórriz, que aún se mantiene como parlamentario, era una persona de la máxima confianza de Santos Cerdán, a quien la Guardia Civil atribuye la titularidad del 45% de Servinabar 2000.

“Le llamó su jefe, Antxon Alonso, a una reunión a su despacho, le dijo que con el revuelo que se había montado con la adjudicación de los túneles de Belate, ella era la pareja del portavoz del Partido Socialista y del secretario de Organización y que, por lo tanto, no quería problemas y la despidió de manera improcedente”, ha explicado Alzórriz este martes en su comparecencia en la comisión de investigación del 'caso Koldo' del Senado a preguntas de la senadora del PP Ana Beltrán. Según ha añadido, recibió una indemnización por ello.

El todavía parlamentario socialista en la Cámara navarra ha asegurado que Santos Cerdán, con quien ha reconocido que ha hablado tras su salida de prisión, “no tuvo nada que ver” en la contratación de su pareja en Servinabar 2000. Ha afirmado que habló con Antxon Alonso para pedirle un empleo para su pareja porque el que tenía era “precario” y que fue contratada tras realizar una entrevista y una formación en prevención de riesgos laborales. “Su sueldo era de 30.000 euros brutos anuales, un sueldo normal”, ha apostillado.

Alzórriz, que en junio del año pasado, salió en rueda de prensa para anunciar que dimitía de todos sus cargos en el PSN, ha explicado ahora que fue Chivite quien, al enterarse de que le había ocultado la relación laboral de su pareja con la empresa investigada por corrupción, le forzó a dejar la vicesecretaría general del partido. “Ella me lo pidió y yo, por coherencia con la situación que se estaba produciendo y también por lealtad, no solo a ella sino al proyecto que tenemos en Navarra, acepté”, ha reconocido un año después.

Con todo, el ex 'número dos' del PSN ha vuelto a reiterar que desconocía que Santos Cerdán fuese propietario de Servinabar 2000 y ha asegurado que no ha leído los informes de la UCO de la Guardia Civil que vinculan al ex secretario de Organización del PSOE con esta mercantil. “Me he distanciado de esta situación”, ha apuntado.

Por último, Alzórriz ha negado que se hayan cometido “irregularidades” en las obras que realizó en su domicilio particular y que fueron encargadas a la misma constructora a la que Parquenasa, sociedad participada por el Gobierno de Navarra, le adjudicó cuatro contratos para la reconstrucción del parque Sendaviva y que están siendo investigados por un juzgado por un posible fraccionamiento ilegal. Hace una semana el Tribunal Superior de Justicia de Navarra inadmitió una querella presentada por Vox contra Alzórriz por estas obras de su casa.

“Durante años fui quien ayudó a que la maquinaria funcionara, quien engrasaba piezas que parecían incompatibles, quien llegó a convertir conversaciones que la mayoría consideraba imposibles en acuerdos viables”, afirma el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en su libro La Caída: poder, relato y destrucción en la era del juicio político autoeditado por el mismo. Su papel, añade, “era el de hacer que las cosas pasaran, el de conectar posiciones que parecían incompatibles” y “mantener abiertos canales de diálogo cuando otros los daban por rotos y de convertir lo improbable en posible”. “Y ese papel, a la vista de los acuerdos conseguidos, es la historia de un trabajo demostrado de éxito. Y tengo claro que a muchos ha molestado”, zanja.

Esa es la principal conclusión sobre la que se construye el libro: que si en este momento está acusado de cohecho, organización criminal y tráfico de influencias por el supuesto amaño de obras públicas dentro del caso Koldo y si pasó casi cinco meses en la cárcel de Soto del Real fue por su papel como principal negociador del PSOE. Primero, por haber logrado aupar a Pedro Sánchez en las primarias y, después, por ser quien logró los apoyos para la moción de censura, además de los acuerdos con PNV, EH Bildu y Junts para hacer presidente al secretario general de los socialistas. En el libro, Cerdán se presenta, de hecho, como “el arquitecto de las mayorías imposibles”.

A lo largo de las 118 páginas, Cerdán no menciona a Leire Díez, la exmilitante socialista con la que según los informes policiales tuvo varias reuniones y a la que supuestamente hizo encargos para el partido. Tampoco habla de Koldo García y apenas hay una sucinta cita a José Luis Ábalos, pero sin señalar el caso que ha llevado a este último a ser condenado a 24 años y tres meses de prisión.

“Hay un momento que marcó un antes y un después en España, pero también en mi vida, las negociaciones para la investidura con Junts. Pasé de trabajar principalmente en la sombra, siendo un rostro poco conocido, a ser el protagonista de una negociación que tenía como objetivo conseguir la investidura más difícil de la democracia en España”, señala el exdirigente socialista. “Pero hubo un día que marcó esas negociaciones, al menos en lo personal: el día en que me hice la fotografía con Carles Puigdemont en Bruselas. A partir de ese momento, dejé de ser una figura desconocida para la opinión pública y eso cambió todo. Porque cuando pasas a ser visible, también pasas a ser objeto de atención, de análisis y en muchos casos de crítica”, concluye.

Es más, Cerdán añade que todo ese es el contexto “en el que se produce todo lo que viene después, un contexto que, sin entenderlo, hace que la caída parezca un hecho aislado, cuando en realidad no lo es”, concluye. “Es el resultado de una trayectoria, de un rol y de un conjunto de dinámicas que, en algún momento, convergen y lo hacen sin avisar. En política, cuando incomodas lo suficiente, dejas de ser útil. Te conviertes en un problema, y los problemas no se gestionan. Se eliminan”, remarca.

La soledad tras la acusación

Cerdán identifica el “inicio de la caída” en “lo sutil”. “Empiezas a notar una incomodidad. Lees una noticia. Luego otra. Y otra. Tu nombre empieza a aparecer, no en una acusación formal, no en una decisión judicial, aparece en titulares. Y los titulares no preguntan, sugieren. La sospecha no necesita ser cierta, solo necesita repetirse. Al principio piensas que pasará, que se aclarará, que todo esto se frenará en algún momento, pero no se frena, todo lo contrario, crece. El problema no era lo que pasaba. Era lo que empezaba a parecer. En ese momento el entorno empieza a cambiar, recibes llamadas, mensajes de apoyo, gestos de cercanía, pero también empiezas a percibir algo distinto. Miradas que cambian, conversaciones que se vuelven más medidas, silencios donde antes había naturalidad”, relata, en un libro que asegura haber escrito “desde la soledad de una celda del módulo 13 de la prisión de Soto del Real”.

Si bien todo comenzó con esas percepciones, su caída real se produjo el 12 de junio de 2025 cuando se conoció el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. “Era un jueves de pleno, pero no iba a ser uno más, para mí fue el último. El informe llega al móvil. Lo abro. Empiezo a leerlo desde mi escaño, en el hemiciclo, con el pleno en marcha. Al principio intento mantener la normalidad, pero a medida que avanzo página a página, todo empieza a cambiar. El ruido, las voces, desaparecen. El hemiciclo sigue ahí. Yo ya no. Y lo que leo no tiene sentido, interpretaciones sin sustento, afirmaciones que no reconozco y, sobre todo, unos audios que no son conversaciones mías”, apunta.

A continuación dice que cuanto más lee el informe “más claro” lo tiene todo. “No es solo lo que pone, es lo que va a provocar. Las acusaciones son gravísimas. El impacto va a ser inmediato, no hay margen, no hay tiempo y no hay espera. Cuando termina el pleno, ya no tengo dudas, me dirijo a mi despacho en Ferraz. Allí con mi equipo, tomo una decisión. No porque reconozca lo que dice, sino porque entiendo lo que viene. Redacto mi dimisión como secretario de Organización y decido que voy a entregar mi acta de diputado”, señala. Cerdán remarca que no fue Sánchez quien le pidió marcharse, sino que fue él quien lo decidió.

“En cuestión de días pasé de debatir estrategias con el presidente del Gobierno a ser acusado de delitos muy graves y a cruzar la puerta de una prisión preventiva”, lamenta. Y el exdirigente socialista afirma que ahí se sintió abandonado, sobre todo cuando el PSOE le dejó de pagar el abogado. “No se trata solo de perder un cargo, eso es lo de menos, es descubrir que cuando la maquinaria se activa, quienes deberían sostenerte o al menos pensar en la presunción de inocencia, se apartan, te abandonan y la soledad deja de ser un concepto abstracto para convertirse en algo físico. Y todo eso vivido desde el aislamiento de una celda, donde el tiempo se detiene, mientras la vida en el exterior continua. Y a esa soledad, se suma el ruido mediático y de las redes sociales”, añade.

También carga Cerdán contra las filtraciones de documentos judiciales a la prensa. “¿Con qué intención supuestamente la UCO, según afirma la propia periodista Pilar Gómez, filtraba el informe a la prensa mucho antes de que se entregara a la justicia, en este caso al Tribunal Supremo?”, se pregunta. “¿Desde cuándo se producían estas filtraciones? ¿Desde cuándo se me estaba investigando? Podría seguir haciendo preguntas, pero la realidad es que casi un año antes de la entrega del informe puedo leer artículos que intentan ataques contra mí en esa línea. Estas filtraciones, ¿cómo se deben tratar? Recientemente han condenado al fiscal general del Estado por unas supuestas filtraciones. Por estas filtraciones, que según la periodista no son supuestas, ¿sucederá algo?, evidentemente ni tengo, ni espero respuesta”, concluye.

El paso por la cárcel

Manteniendo la teoría de la persecución por sus acciones políticas, Cerdán asegura que cuando el Supremo decidió que entrara en prisión provisional entendió “el momento” y “que la decisión no se explicaba solo en términos jurídicos”. “Se explicaba dentro de un contexto más amplio, dentro de una dinámica que iba más allá de lo estrictamente procesal. Porque cuando entiendes el momento, dejas de preguntarte solo por los argumentos. Empiezas a preguntarte por el entorno que hace posible esa decisión”.

Sobre su paso por la cárcel de Soto del Real, Cerdán recuerda que la primera noche la pasó con otro preso, Carlos, que estaba a la espera de ser extraditado a Alemania. “La puerta se cerró. Y con ella, se cerró también la continuidad de la vida que conocía”, sostiene. A los cinco días le visitó “por primera vez” su familia. “Mi mujer, mi hermana y mi cuñado”, precisa. “Ellos fueron los únicos que me visitaron en prisión, además de mis abogados. Fueron los únicos que me visitaron, y no tengo ningún problema en decirlo. Lo digo porque hay grupos políticos que han pedido conocer quién me visitó”, matiza.

“Una mañana en el patio vino un preso y me dijo que había oído que estaban ofreciendo hasta 50.000 euros por una foto mía en prisión. Aquí no se puede tener móviles, pero parece ser que alguno consigue introducirlos, no sé cómo lo hacen porque en las visitas familiares, por lo que decían, es imposible. Pero lo cierto es que el 10 de julio, diez días después de entrar en prisión, se publican unas fotos mías en OK diario, fotos que recorrieron todas las televisiones. No tardaron en pillar a los dos presos que hicieron las fotos a través de las cámaras del módulo, se los llevaron a las celdas de aislamiento. Ya no los volví a ver. El acoso ya no es solo en la calle, también han conseguido hacerlo en prisión”, recuerda.

A continuación, Cerdán dedica párrafos enteros a dar una suerte de consejos para quien pase por su misma experiencia. Habla del “coste invisible del linchamiento”, la necesidad de “la resiliencia” para “reconstruirse como persona y como institución” y, finalmente, cómo afrontar “la reconstrucción de la reputación” para “volver a existir”. También es muy crítico con el papel de la Justicia. “Cuando la opinión pública sentencia antes que la justicia, cuando la percepción sustituye al derecho, lo que está en juego no es una reputación. Está en juego el propio equilibrio del sistema. Entonces el problema ya no es individual. Es democrático”, concluye.

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán se ha mostrado contrario a que la Audiencia Nacional llegue a unificar y asumir las dos causas abiertas contra la exmilitante socialista Leire Díez sobre presuntas maniobras para desestabilizar causas judiciales, al considerar que la competencia corresponde a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, donde se empezó a investigar.

Mediante un recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, la defensa de Cerdán, que está investigado en la causa de la Audiencia Nacional, se opone a la decisión del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de requerir a otro juez, Arturo Zamarriego, que le remita la otra causa, en la que sólo está investigada Díez junto al empresario Javier Pérez Dolset y el periodista Pere Rusiñol.

Cerdán sostiene que la competencia de la investigación debe permanecer en la Plaza Número 9 del Tribunal de Instancia de Madrid, en Plaza de Castilla, “sin que resulte procedente la inhibición acordada a favor de la Audiencia Nacional”.

“Todos los hechos objeto de investigación habrían sido presuntamente cometidos en la Comunidad de Madrid y, en todo caso, guardan relación con organismos y sedes de entes públicos ubicados en dicha comunidad autónoma. Por ello, en modo alguno puede mantenerse la competencia de la Plaza a la que nos dirigimos”, argumenta.

A su juicio, la presunta trama que habría buscado desestabilizar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, en la que los investigadores sitúan a Cerdán al frente, son “hechos totalmente aislados” y la Audiencia Nacional “en ningún caso puede investigar” el “grupo de gestión de crisis iniciado en el año 2024”.

Y señala que “en el improbable caso” de que Pedraz entienda que es competente para seguir con la investigación de la otra pieza, la de presuntas comisiones en contratos públicos, en la que el juez también ubica en el liderazgo del denominado grupo 'Hirurok' a Cerdán, “no lo es para investigar la gestión de la crisis política y judicial”.

Para el exdirigente socialista, las dos piezas tienen objetos diferentes y la de las supuestas maniobras “tiene un ámbito aislado completamente de la pretendida trama relacionada con los hechos de naturaleza económica ocurridos a partir del año 2021”, ya que “se centra de forma exclusiva en cuestiones de gestión política y comunicativa, alejada totalmente de cualquier investigación relativa a una posible defraudación económica”.

Este martes, a mediodía, la compañía de Amurrio Tubos Reunidos celebra su junta general anual de accionistas. Por vez primera, la convocatoria es únicamente telemática y no será un foro abierto, sino que solamente podrán participar los socios que se hayan registrado previamente. Salvo filtraciones, se desconocerá lo que allí se discuta. La dirección de la empresa ha decidido blindarse al máximo coincidiendo con su entrada en concurso de acreedores y, sobre todo, con la investigación de la Audiencia Nacional por corrupción. Otro detalle: la reunión llega al límite legal, que obliga a hacer esas reuniones dentro del primer semestre del año.

2026 está siendo el 'annus horribilis' de Tubos Reunidos. Centenares de despidos, huelgas y movilizaciones y ahora el concurso de acreedores son la muestra de la delicadísima situación económica, con un pasivo de unos 260 millones de euros. De esa deuda, unos 160 millones corresponden a la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Son los 112,8 millones del rescate de 2021 y otros más de 40 millones en intereses acumulados. Y la SEPI es, precisamente, el otro gran problema para la compañía.

El juez Santiago Pedraz inició a finales de 2025 una causa penal para analizar si el rescate de 2021 escondió el pago de comisiones ilegales a quienes lo posibilitaron. Lo hizo a instancias de la Fiscalía, que vio una sólida base de indicios. ¿De dónde surgieron? En junio de 2025 fue arrestado en Elorrio el empresario guipuzcoano Antton Alonso, amigo del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. De su casa y de una oficina en Pamplona, la UCO de la Guardia Civil se llevó decenas y decenas de documentos, aparatos electrónicos e incluso bolsas con dinero en efectivo. Ese material se fue procesando y, en noviembre, la Policía judicial elaboró un atestado para la causa contra Cerdán.

En él, se mencionaba por vez primera que Alonso usaba una aplicación de mensajería supuestamente mejor encriptada que WhatsApp y Telegram, Threema. Allí tenía un grupo llamado Hirurok con dos socialistas, Leire Díez, de Portugalete, y Vicente Fernández Guerrero, andaluz. Éste último había sido presidente de la SEPI desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018 hasta su imputación en un proceso sobre Aznalcóllar en Andalucía, en 2019. Sin embargo, se sospecha que mantuvo capacidad de influencia sobre el organismo estatal y que movió los hilos para engrasar la inyección económica a Tubos Reunidos a cambio de un “agradecimiento”, como llamaba a la presunta comisión en un mensaje el propio expresidente de la SEPI.

El sumario del caso muestra que la trama Hirurok se empezó a interesar por Tubos Reunidos en 2020, cuando ya iba barruntando la necesidad de apoyo público. La relación no se cortó hasta noviembre de 2025, hasta el momento previo a que Alonso, Fernández Guerrero y Díez acabaron detenidos. La causa, que ha comportado varios registros policiales en las instalaciones de Tubos Reunidos de Amurrio y de Bilbao, ha permanecido en secreto hasta junio. El sumario ha generado más morbo porque, a la vez, analiza el papel de Díez y Cerdán en las presuntas 'cloacas' del PSOE, pero su origen está en el rescate de Tubos Reunidos, que dobla al de la aerolínea Plus Ultra por el que se investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Según la Guardia Civil, se eleva a 247.459 euros la presunta mordida que obtuvo Hirurok. La compañía no niega que se produjeran los pagos. Se canalizaron por una doble vía. Hay 114.950 euros que se pagaron a través de una pantalla, una mercantil de Zaragoza llamada Mediaciones Martínez. Giraba unas facturas por supuestos asesoramientos que eran “mendaces”, en descripción de la UCO. En realidad, era una sociedad controlada en un 98% por Alonso. Asimismo, Fernández Guerrero obtuvo directamente 130.000 euros más. Los “agradecimientos”, siempre usando la expresión de Fernández Guerrero, se produjeron por facilitar el rescate en 2021 y, tres años después, en 2024, para flexibilizar la devolución de intereses. La empresa obtuvo una inyección de 15 millones por la venta de un terreno en Sestao, tenía que devolver 9,8 a su acreedor, a la SEPI, y presuntamente entró en juego de nuevo la intermediación de Hirurok y de Cerdán a cambio de otro pago, que se cifra en 40.000 euros. Este dato está recogido también en un acta interna de Tubos Reunidos de 2025 a la que ha tenido acceso este periódico.

En este segundo momento, la investigación ha localizado una reunión en Ferraz, la sede del PSOE, con Díez, Cerdán y directivos de la empresa. Allí, en el cuartel general socialista, apareció una “agenda con anotaciones manuscritas” de Cerdán. ¿Qué decían? Estaban “específicamente vinculadas a la autorización del aplazamiento de la amortización parcial anticipada de la deuda con la SEPI”, cree la Fiscalía. Añade que “dichas anotaciones pondrían de manifiesto, en conjunto con los indicios recogidos en el atestado [de la UCO de mayo de 2026] que Santos Cerdán habría tenido conocimiento de las pretensiones de Tubos Reunidos”.

La investigación judicial tiene tres focos. Por un lado, está el grupo Hirurok. Cerdán, por el momento, no consta como investigado en este procedimiento. Por otro lado, están los directivos de Tubos Reunidos. Son tres los señalados. Francisco Irazusta es el primero. Era el presidente de la compañía en el momento del rescate y quien conversaba con regularidad con Fernández Guerrero sobre el asunto, como consta en los mensajes del sumario. “Vicente sigue siendo una persona de peso dentro del partido y gobierno. Sigue estando muy unido a la Ministra de Hacienda [María Jesús Montero]. De echo [sic] cuando no teníamos feedback directo de la presidenta lo tenía por su parte ya que sigue teniendo un vínculo muy estrecho con muchos miembros de SEPI. La primera persona a la que informó Charo, la técnico que llevaba nuestra solicitud de la aprobación fue él, quien me envió un mensaje inmediato. Yo os lo explicaré sí queréis más en detalle en el próximo consejo”, contó Irazusta en un correo electrónico compartido con la dirección de su empresa.

Pero Irazusta se marchó en 2023. Es más, la trama Hirurok dudó si las facturas que giraba Mediaciones Martínez iban a continuar sin él en la empresa. Sin embargo, lograron mantener la relación con Carlos López de las Heras, su sucesor y todavía primer ejecutivo de la empresa alavesa. Fue él el que gestionó la renegociación de los intereses en 2024. El nexo común entre ambos mandatos era Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia, directivo bilbaíno afincado en Andalucía y relacionado con Fernández Guerrero en la mercantil Denarius. Él estuvo en los contactos para el rescate y también en Ferraz por los intereses. Dimitió hace dos semanas tras ser imputado por el juez Pedraz, aunque alegó que era por otras razones profesionales. Según 'El Correo', López de las Heras ha sido apartado de las negociaciones con inversores interesados en reflotar la compañía.

Y, claro, el tercer grupo investigado son los miembros de la SEPI que, supuestamente, se dejaron controlar por su expresidente desde fuera, facilitándole información privilegiada. En otras derivadas del caso, como la relacionada con un contrato en Asturias a la empresa navarra Erri Berri, incluso hicieron movimientos a su dictado, siempre según la Fiscalía y la Policía judicial. “Estoy influyendo”, se jactaba Fernández Guerrero en otro mensaje. Son hasta ocho los diferentes cargos del 'holding' estatal los señalados en los informes policiales.

Mediaciones Martínez, según la Guardia Civil, tuvo una facturación próxima al millón de euros. Entraba dinero también en Servinabar 2000, la principal empresa de Alonso. El sumario muestra que, con esos fondos, Alonso se reformó su casa de Elorrio -160.000 euros de obra-, que Fernández Guerrero siguió comprando pisos en Marbella para alquiler turístico y que Díez cambió de coche.

Hasta hace pocas semanas, ya con la existencia de la investigación de la Audiencia Nacional con un elemento de dominio público, diferentes cargos institucionales han abogado por que la SEPI facilite una quita de la deuda para salvar a Tubos Reunidos, que busca inversores que den continuidad a la actividad industrial en la comarca más tocada de Álava, la de Ayala. El consejero del PNV Mikel Jauregi, de hecho, lo hizo el mismo día que la Guardia Civil estaba realizando registros en el marco de esta operación, a comienzos de junio. Sin embargo, fuentes de la compañía dan por hecho que dadas las circunstancias el organismo estatal no puede hacer ningún movimiento con dinero público que pueda dar a entender que hay un nuevo trato de favor a una empresa bajo la lupa de la Justicia.

El Tribunal Supremo ha convertido a José Luis Ábalos en el ministro con la condena de cárcel más alta de la historia de España. La sentencia dibuja un sistema de corrupción gestionado por Koldo García y alimentado por Víctor de Aldama para beneficiarse del titular de una de las carteras más abultadas y laberínticas del Consejo de Ministros. De pagar un piso para su pareja en pleno centro de Madrid hasta sufragar unas vacaciones, la trama se ajustó a las necesidades del político para usar su nombre como una ganzúa para abrir la puerta de cualquier despacho. Los magistrados hacen en este fallo el alegato contra la corrupción que no hicieron en ninguna de las sentencias del caso Gürtel para sentenciar un entramado que todavía tiene varios juicios por delante.

José Luis Ábalos (Torrent, 1959) se curtió durante 25 años en la política valenciana antes de desembarcar en Madrid como diputado del Congreso en 2009. Con los años se convirtió en uno de los grandes apoyos de Pedro Sánchez dentro del PSOE: cuando se presentó a las primarias de 2014, cuando fue defenestrado y cuando volvió a ganar. El ascenso de Sánchez en el partido y en el Gobierno convirtió a Ábalos en uno de los hombres con más poder de la calle Ferraz y también con más obras públicas a su disposición. Secretario de Organización del PSOE y ministro, primero de Fomento y después de Transportes.

La cartera de Fomento, hoy conocida como Transportes y Movilidad Sostenible, no es la que más dinero maneja en los Presupuestos Generales del Estado, pero sí tiene unas particularidades que convierten ese Ministerio en objeto de deseo para los aspirantes a corruptos y corruptores. Empresas públicas del calibre de Renfe o ADIF, direcciones generales como la de Carreteras y una lista de adjudicaciones de obras públicas por todo el país tan larga como infraestructuras tiene el Estado. Un potencial botín que aumentó durante la pandemia mientras la intensidad de los controles bajaba en aras de la velocidad: la compra de material sanitario se gestionó, al menos en un principio, a través de empresas dependientes de este Ministerio.

El Tribunal Supremo declara probado en las primeras páginas de su sentencia lo que los cronistas políticos llevan relatando desde el estallido del caso. Que Koldo García llegó a la vida de José Luis Ábalos a través de Santos Cerdán durante las primarias que encumbraron a Pedro Sánchez por segunda vez. El hombre para todo del socialismo navarro pasó a estar al servicio del nuevo ministro y Secretario de Organización en una labor que el Supremo define como “omnipresente”. Conductor y asesor de manera oficial, gestor de corruptelas de manera oficiosa y consejero en Puertos del Estado y Renfe. Víctor de Aldama llegó hasta Ábalos a través de su hermano Rubén, escolta del ministro y en contacto constante, por tanto, con Koldo García, su sombra oficial. Sus muchos y muy variados intereses empresariales tenían una oportunidad de oro.

Aldama, hoy arrepentido colaborador de la Justicia y de la Fiscalía, se pegó entonces al ministro para medrar. Según la sentencia, tanto Koldo García como José Luis Ábalos fueron receptivos. El empresario se convirtió en el encargado de captar “empresas o particulares” para darles trato de favor a cambio de “la correspondiente prestación económica”. Para Víctor de Aldama, según demuestra la sentencia, tener contento y atendido a José Luis Ábalos era una inversión de futuro. Desde octubre de 2019 hasta junio de 2022 entregó 10.000 euros al mes a Koldo o a su hermano para satisfacer, entre otras cosas, “gastos fijos” de Ábalos.

Pisos, vacaciones y enchufes

Los pagos de Víctor de Aldama para agasajar al grupo dejaron de ser a fondo perdido cuando llegó la pandemia. La crisis sanitaria se convirtió en una oportunidad de negocio para el empresario cuando la máxima prioridad del Estado fue conseguir mascarillas, el gran escudo para combatir la propagación del coronavirus en espacios públicos. Y los astros se alinearon para el gran corruptor del caso: la gestión millonaria de las compras quedó en manos del Ministerio de Ábalos con los controles de legalidad bajo mínimos para conseguir el material sanitario cuanto antes mientras cientos de personas morían cada día. Las empresas de la trama firmaron un acuerdo para suministrar ocho millones de mascarillas a Puertos del Estado, la empresa encargada de la gestión, días antes de que la orden ministerial fuera publicada.

Si la necesidad era dinero, Víctor de Aldama lo ponía. Si la necesidad eran unas vacaciones, el empresario aportaba una casa. La sentencia declara probado que José Luis Ábalos presionó al secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, para que sacase una nota de prensa sobre el rescate de Air Europa que tranquilizase a los acreedores. Lo hizo a petición de Aldama, que por entonces cobraba unos 12.000 euros al mes por asesorar a la aerolínea. A cambio de un comunicado, la trama alquiló una casa en Marbella de la que Ábalos disfrutó en agosto de 2020.

A veces no era necesario ni que la gestión llegase a buen puerto. Víctor de Aldama también tenía intereses en el sector de los hidrocarburos y se propuso conseguir una licencia para una de sus empresas, Villafuel. Ni siquiera se dirigieron al Ministerio adecuado. A cambio, según el Supremo, Víctor de Aldama gestionó la compra de una casa en La Línea de la Concepción que se pondría a disposición de Ábalos a través de un contrato de alquiler con opción a compra. Ábalos pagó solo dos meses de renta y los empresarios del sector de los hidrocarburos rompieron el contrato cuando la administración negó la licencia a Villafuel.

La trama, según la describe el Tribunal Supremo, se levantó sobre la simbiosis entre Víctor de Aldama, José Luis Ábalos y Koldo García, y a veces el peaje para tener poder en el Ministerio no era agasajar directamente al político o al asesor sino a su entorno. Una de las vías fue dar casa y trabajo a Jessica Rodríguez, quien fuera pareja del político, antes incluso de que llegara la pandemia y el gran botín de las mascarillas. La trama pagó un apartamento para ella en la Plaza de España de Madrid entre marzo de 2019 y septiembre de 2021. Se encargaban hasta de las incidencias con los electrodomésticos.

No todo eran contratos y comisiones. El Supremo también aborda cómo Ábalos y su asesor hacían y deshacían en Transportes para sus necesidades personales, enchufando a dos personas en varias empresas públicas. Una de ellas fue Rodríguez, que llegó a cobrar más de 43.000 euros de Tragsatec e Ineco sin ir a trabajar. O Claudia Montes, que pidió ayuda a Ábalos para encontrar trabajo y se encontró un trabajo en Logirail. Los enchufes eran ineludibles y si alguna tenía algún problema allí estaba Koldo García para mover un currículum o hacer una llamada. Un directivo de Logirail, recuerda el Supremo, fue cesado de su puesto sin explicación cuando expedientó a Montes por no acudir a trabajar.

24 años de cárcel y dos causas por delante

Todas estas corruptelas, las grandes y las medianas, se amontonan en nueve delitos distintos y se traducen en 24 años y 3 meses de prisión para Ábalos, la condena más alta para un ministro en la historia de la democracia, aunque su cumplimiento máximo será de 15 años y 8 meses de presidio, descontando el tiempo que ya ha pasado en prisión provisional. Por los mismos delitos, su mano derecha Koldo García es condenado a poco menos de 20 años de prisión. Y Víctor de Aldama, el hombre que levantó el entramado y atendió cada necesidad del exministro para mantener su cuota de poder, ha sido condenado a cuatro años y medio pero solo tendrá que hacer un año de servicios para la comunidad, sin tener que volver a la cárcel donde apenas pasó un mes a lo largo de 2024.

La sentencia ensalza la confesión de Aldama en los puntos en los que ha sido determinante para condenar a Ábalos y pasa de puntillas sobre las acusaciones que lanzó y que no han tenido más prueba que su palabra. Por ejemplo, su intento tan fallido como explícito de involucrar en la trama a María Jesús Montero o de señalar a Pedro Sánchez como el líder del entramado y mezclarlo todo con una posible financiación ilegal del PSOE. Todo el caso, se deduce de la sentencia, tenía que ver con Ábalos y sus necesidades, y todo lo que Koldo García y Víctor de Aldama querían sacar de él.

El entorno de Ábalos ya ha anunciado que llevará esta sentencia ante el Tribunal Constitucional y hasta instancias europeas si es necesario, entre denuncias de falta de pruebas y de un exceso punitivo por parte del Supremo, sobre todo en comparación con un Víctor de Aldama que evitará la prisión gracias a una confesión que solo llegó después de pasar un mes en Soto del Real. Pero el horizonte del caso no está en Estrasburgo. Sigue en la plaza Villa de París de Madrid, aunque en otro edificio, en la Audiencia Nacional.

El foco se pone ahora sobre dos diligencias que siguen bajo investigación en ese tribunal central. Las dos con Ábalos en la nómina de imputados, pero mucho más allá del neopreno de corrupción que describe el Tribunal Supremo en su sentencia. Obras públicas, más contratos de mascarillas y la sombra de Santos Cerdán, su sustituto en la sala de máquinas del PSOE, como nueva figura de poder en el entramado. Y todo bajo la amenaza de que las palabras de Víctor de Aldama, tanto las que tienen pruebas detrás como las que llegan subidas a un globo sonda televisivo, son consideradas en su mayoría una prueba de cargo.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa al actual consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, de la parte de Geroa Bai, como el “primer” vínculo de la actividad conjunta del trío llamado Hirurok que conformaban el empresario guipuzcoano Antxon Alonso, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero y la socialista vizcaína Leire Díez. Hirurok presuntamente cobraba las comisiones ilegales por intermediación en operaciones como el rescate de Tubos Reunidos u otras gestiones con empresas como la navarra Erri Berri. Se sospecha que Fernández Guerrero mantenía en 2021, cuando se sustanciaron estas operaciones, una capacidad influencia en la SEPI a pesar de haber dejado el cargo en 2019.

Según un atestado de finales de 2025 al que ha tenido acceso este periódico, Hirurok empezó a operar en 2021. Y los agentes de la Guardia Civil sitúan a Aierdi, entonces consejero de Vivienda y también vicepresidente segundo en el primer Gobierno de la socialista María Chivite pero propuesto por Geroa Bai (en concreto, por la rama de los Socialverdes y no por el PNV), como “el primer elemento” que relaciona a los tres de manera conjunta. Lo hace tras localizar un mensaje de WhatsApp que Alonso le envió a Aierdi el 10 de febrero de 2021 con los teléfonos de Fernández Guerrero y Díez. Según la UCO, Alonso escribe este mensaje al consejero “en el contexto de una reunión que ese mismo día podría haber tenido lugar entre ellos”.

Fuentes del Gobierno navarro niegan que Aierdi se reuniese con los miembros del grupo Hirurok y aseguran que el consejero no recuerda haber recibido esos contactos por parte de Alonso. En la documentación que el Ejecutivo de Chivite envió hace unos meses a UPN, el partido que lidera de la oposición en la comunidad foral, sobre las reuniones de Alonso con miembros del Gobierno, entre ellos Aierdi, no se detalla este encuentro al que hace referencia la UCO.

Se da la circunstancia de que fue el propio Aierdi quien, a finales de 2019, informó al Parlamento navarro de que quería firmar un convenio para la promoción de viviendas con la mercantil de Alonso Servinabar 2000, en la que aparentemente el socialista Santos Cerdán tenía una participación del 45%. “Se están realizando gestiones para formalizar un convenio con la empresa Servinabar 2000. El formato sería similar al de la fundación bancaria Caja Navarra y se construirían 40 VPO en alquiler sobre una parcela de Nasuvinsa en Ardoi. Actualmente, se está realizando el estudio de viabilidad”, explicaba en la Cámara Aierdi. En el caso de Caja Navarra que se toma como referencia, la Administración le cedía suelo y la entidad privada asumía las obras y “al término de los 30 años” de concesión “el suelo y el edificio revertían a Nasuvinsa”.

Es un movimiento muy relevante, porque es de los pocos negocios en que Servinabar 2000 ha operado en solitario y no con Acciona, por ejemplo. Además, en aquel momento, Servinabar 2000 tenía como objeto social la “gestión de servicios para trabajos administrativos como archivos, digitalización y destrucción de documentos, bibliotecas, cobros, encuestas, toma de datos, lectura de contadores, organización de todo tipo de eventos como congresos, ferias y exposiciones; y otras”, nada relacionado con la promoción inmobiliaria.

Aierdi, al conocerse el informe de la UCO de junio del 2025 que vinculaba a Cerdán con Servinabar 2000 tras haber encontrado en el domicilio de Alonso un documento privado por el que adquirió el 45% de las participaciones de la mercantil, aseguró que no recordaba haber querido impulsar ese convenio de colaboración pero, posteriormente, en su comparecencia en la comisión de investigación en el Parlamento de Navarra, sí que lo reconoció. Pero señaló que no se llegó a concretar.

En esa misma comparecencia Aierdi desveló que su primera reunión con Alonso tuvo lugar en 2018 cuando él era gerente de la sociedad pública de vivienda Nasuvinsa. Servinabar 2000 ha obtenido contratos en Navarra de esta sociedad para construcción de vivienda protegida, aunque de la mano de Acciona. Según explicó Aierdi, su primer encuentro se debió a que Alonso tenía interés en hacerse con unos terrenos cerca de la localidad de Lumbier para ubicar el espacio logístico “ligado” al proyecto Mina Muga. Ya como consejero, en 2023, tuvo otros tres encuentros con el empresario vasco, dos sobre Mina Muga y otro sobre Forestalia.

El socialista andaluz y expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero, el empresario guipuzcoano Antxon Alonso y la socialista de Portugalete Leire Díez conformaron un grupo llamado Hirurok, pretendidamente constituido para recaudar comisiones ilegales en los negocios públicos y privados en los que intermediaban, según la Fiscalía. La UCO de la Guardia Civil, en un informe entregado al juez instructor de este caso, Santiago Pedraz, del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional), estima que la trama pudo captar una cantidad cercana al millón de euros a través de sociedades controladas por Alonso: Mediaciones Martínez, domiciliada en Zaragoza, Servinabar 2000, de Pamplona, e incluso Next Generation Caliope Innova. Y ha encontrado también cómo se gastó parte del dinero. Solamente tres ejemplos: Fernández Guerrero compró un piso en Marbella para ponerlo en alquiler turístico, Alonso realizó una reforma de 163.000 euros en su casa de Elorrio y Díez adquirió en coche de la marca Škoda.

Hirurok empezó a operar en 2021. Adquiere su nombre de un grupo de la aplicación de mensajería Threema, pretendidamente más encriptada que WhatsApp o Telegram, y que luego fue renombrado como Hirurok berriro. Su primera gran operación por la mediación para que la SEPI rescatara con 112,8 millones de euros la empresa de Amurrio Tubos Reunidos. Los responsables de la investigación estiman que Fernández Guerrero mantenía hilos en el organismo que dirigió hasta 2019 y que los usó con fines de lucro personal. La compañía no niega los pagos a Hirurok. Son 247.459, 114.950 vía Mediaciones Martínez y el resto directamente a Fernández Guerrero. Después de Tubos Reunidos llegó la navarra Erri Berri, que pudo acceder a un contrato de una filial de la SEPI en Asturias -“estoy influyendo”, dejó por escrito Fernández Guerrero- y otros negocios. El grupo usaba a Alonso como una suerte de 'comercial' ante grandes empresas vascas como ITP, Teknei o Sapa.

En un atestado de finales de 2025 al que ha tenido acceso este periódico, la UCO rastrea no ya los ingresos sino cómo gastaron las presuntas comisiones ilícitas obtenidas. Mediaciones Martínez fue adquirida precisamente en 2021 en un 98% por Alonso justo cuando estaban negociando un “agradecimiento” por parte de Tubos Reunidos, de nuevo en palabras de Fernández. Sin actividad ni trabajadores, según la Agencia Tributaria, facturó 913.199,29 euros en total en poco más de dos años e ingresó incluso algo más, 1.089.715,05 euros. Servinabar 2000, en la que el exdirigente del PSOE aparentemente tenía una participación del 45% según un documento en poder de su amigo Alonso, también movilizó importantes sumas de dinero. En Next Generation Caliope Innova, con interés en algunos proyectos de renovables, tenía una participación societaria los dos hijos de Alonso.

Según la Guardia Civil, Alonso empleó 163.350 euros de los fondos supuestamente ilícitos en reformar su dúplex en Elorrio, en Bizkaia. Es precisamente allí donde los agentes de la Policía judicial encontraron en junio del pasado año todo el material que está dando pie a estas investigaciones de corrupción. ¿Qué exactamente? Papeles, dinero en efectivo, el documento de Cerdán y, sobre todo, dispositivos electrónicos que revelaron la existencia del grupo Hirurok. La obra se pagó en tres partes idénticas de 54.450 euros en tres momentos de 2022.

Las dos primeras corrieron a cargo de Mediaciones Martínez y la tercera de Servinabar 2000, aunque después esta segunda mercantil le giró un cargo del mismo importe a la sociedad de Zaragoza por “asesoramiento comercial”. Hubo también un peloteo de otros 96.448,23 euros en facturas de “general corporate consulting” que Servinabar 2000 extrajo de Mediaciones Martínez. Alonso, igualmente, dispuso de 6.970,95 euros con la tarjeta de crédito de Mediaciones Martínez. La UCO estima que “el importe total percibido por Antxon de Mediaciones Martínez habría ascendido a 266.769,18 euros”.

En el caso de Fernández Guerrero, dispuso de 37.650 euros en 'nóminas' de Mediaciones Martínez -que no tenía trabajadores dados de alta- y de 128.092,80 euros de pagos de Servinabar 2000, donde sí estuvo dado de alta como trabajador desde junio de 2021 hasta abril de 2023. De cajeros sacó 11.700 euros en efectivo con cargo a los depósitos de Mediaciones Martínez. Eran cuantías de entre 100 y 1.200 euros. La Guardia Civil menciona también que hubo unas transferencias a Fernández Guerrero por valor de 100.000 euros, aunque el dinero luego fue reintegrado en apenas tres semanas.

En los mensajes intercambiados entre Alonso y Fernández Guerrero se aprecia que el expresidente de la SEPI pidió a su socio un adelanto de sus retribuciones en un momento dado a comienzos de 2022. “Antton, una cosa de las que -como ya me vas conociendo- me cuesta mucho trabajo hablar. Tengo pensado comprar otro piso al lado del que tengo en Marbella para doblar los alojamientos turísticos. Ya tengo concedida la hipoteca pero me falta algo de cash para ir lo suficientemente desahogado. ¿Crees que podrías anticiparme algunas nóminas ahora junto con la de enero? Gracias en cualquier caso, puedas o no. Y perdona. Pedir para mí es algo que toda mi vida me ha costado muchísimo trabajo”, le escribió. En apenas dos minutos, tenía el dinero: “Sí, claro. Dime cómo te puedo ayudar. El miércoles lo cerramos. Sin problema. Abrzs”. “Besarkada!”, le agradeció en euskera el andaluz. Fernández Guerrero tenía muchos guiños en ese idioma con sus socios vascos.

Según la Guardia Civil, “tan sólo unos días después” de la transferencia de Alonso al expresidente de la SEPI se firmó la escritura de un piso en Marbella valorado en 199.500 euros en total. Fernández Guerrero era titular al 50%. A los nueve meses, Fernández Guerrero adquirió otra propiedad en esa misma localidad andaluza, de nuevo al 50%. Aquí no consta si había o no fondos procedentes de Hirurok.

En el caso de Díez, la Guardia Civil sostiene que hay “diversos indicios” que, “bajo el prisma policial”, podrían hacer concluir que igualmente se lucró con el dinero de Mediaciones Martínez. En concreto, se menciona la adquisición de un Škoda Octavia de 21.500 euros. El coche estaba a nombre de la empresa, pero las revisiones las ha pasado en estaciones de ITV cercanas a las residencias de Díez, que es natural de Portugalete. El administrador nominal de Mediaciones Martínez, Carmelo Aznárez, que hacía las veces de contable del dueño real, Alonso, llegó a preguntar por una multa que había llegado. “Del coche Skoda que compraste para una amiga... Entiendo que la multa se la vas a remitir para su pago”, le planteaba a Alonso. Aznárez, de su lado, cobró 16.452 euros por sus funciones a través de otra sociedad llamada Azpe.

Los flujos de dinero apuntan también a la participación de Mediaciones Martínez en la creación de una mercantil en Marbella para la “adquisición de una serie de parcelas” que eran propiedad de “filiales de Acciona”. Acciona estaba asociada a Alonso y recibió varias adjudicaciones públicas de la mano de Servinabar 2000. “El tema de Marbella va ya como las balas [...] Para el día de la compraventa, de acuerdo con las cuentas del excel que adjunto, tendremos que contar con la mitad del precio que hay que desembolsar al contado, que es el 10% más el IVA total, lo que totaliza 837.000,31 euros, lo que implica que la parte de Mediaciones Martínez con la que habrá que contar el día de la escritura son 418.500,15 euros”, planteaba Fernández Guerrero a Díez y Alonso en un correo electrónico.

A la vez, el expresidente de la SEPI urgía a ingresar dinero de Erri Berri, que no solamente había participado en la operación de Asturias con la SEPI. “Necesitamos que Félix [el dueño de la empresa navarra] nos abone los 250K que hablamos el otro día. ¿Te encargas tú, Antton, ahora que está reciente la reunión del jueves, de pasarle las dos facturas de 100K por Avilés más los 150K por el FC Barcelona?”, agregaba. La trama, aparentemente, medió igualmente para que Erri Berri pudiera demoler el Camp Nou a cambio de una gratificación.

La investigación de Hirurok está en el Tribunal Central de Instancia. El secreto de sumario se levantó hace unos días. Deriva de la causa abierta en el Supremo el pasado año contra Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. Fueron los datos incautados a Alonso en Elorrio los que dieron pie a esta nueva vía, luego refrendada porque en el material encontrado en poder de Fernández Guerrero y Díez es idéntico. Con todo, en ese otro sumario la Guardia Civil ya indicó que los fondos de Servinabar 2000 se habían empleado con fines personales por parte del entorno de Cerdán. En concreto, la UCO señaló que el político había pagado con cargo a ese dinero quince mensualidades de un alquiler en Madrid, a lo que se suman 7.849 euros en muebles.

Igualmente, se dispusieron de 33.574 euros en las tarjetas de crédito justo hasta el momento en que fue arrestado en 2024 Koldo García, socialista navarro y recomendado por Cerdán al ahora condenado José Luis Ábalos. Se da la circunstancia de que la esposa de Alonso, que residía en la vivienda reformada con cargo a Mediaciones Martínez, se quejaba en un mensaje que se hizo muy sonado de que la esposa de Cerdán no hacía más que “gastar y gastar”. “La Paqui. Que la conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés. Gastar y gastar. Y restaurantes fin de semana sí y otro también. Ya les vale. Todos de lo bueno, lo mejor. Eso no es plan. Y encima no son nada discretos”, protestaba.

El empresario guipuzcoano Antxon Alonso es también el titular del 98,3% de las participaciones de Mediaciones Martínez, la empresa a través de la que Tubos Reunidos canalizó parte de las presuntas comisiones ilegales tras su rescate de 112,8 millones por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), según constata la UCO de la Guardia Civil. Mediaciones Martínez, con sede en Zaragoza, también cobró de otros proyectos investigados por corrupción, como los relacionados con la empresa navarra de demoliciones Erri Berri.

En un atestado de finales de 2025 que motivó la apertura de una nueva causa en la Audiencia Nacional en torno al rescate de la empresa de Amurrio, al que ha tenido acceso este periódico, la UCO sitúa al empresario en un papel adicional al que ya se le conocía como principal referencia de Servinabar 2000, en la que aparentemente el dirigente del PSOE Santos Cerdán tenía una participación del 45%.

Alonso conformaba un grupo llamado Hirurok con el expresidente de la SEPI, el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero, y con la vizcaína Leire Díez. Según la tesis de la Fiscalía, que solicitó la apertura de esta nueva causa, Hirurok presuntamente cobraba las comisiones ilegales por intermediación en el rescate de Tubos Reunidos y de otras gestiones con empresas como la navarra Erri Berri. Se sospecha que Fernández Guerrero mantenía en 2021, cuando se sustanciaron estas operaciones, una capacidad influencia en la SEPI a pesar de haber dejado el cargo en 2019.

En ambos casos, Tubos Reunidos y Erri Berri, se ha constatado que los pagos -o parte de ellos- se hicieron a través de Mediaciones Martínez, con sede en Zaragoza. En el caso del rescate, inicialmente se había planteado hacerlo a través de Servinabar 2000 pero, finalmente, se cambió de idea. Los nuevos datos indican que, en realidad, seguía estando detrás la misma persona, Alonso.

La Policía judicial acredita que el 27 de julio de 2021 Alonso adquirió el 98,33% de las acciones de Mediaciones Martínez. Es decir, lo hizo a los pocos días de consumarse el rescate de Tubos Reunidos y un día antes de que, en una cena, Fernández Guerrero le comunicara al primer ejecutivo de la compañía, Francisco Irazusta, que quería un “agradecimiento” por sus gestiones, como detalló la Fiscalía.

Las participaciones restantes, añade la UCO, “con el aparente objetivo de evitar la unipersonalidad de la sociedad” quedaron en manos de Carmelo Aznárez —el anterior propietario—, que “formalmente asumió el cargo de administrador único” de la sociedad “con el propósito de encubrir la titularidad y administración real de la sociedad, en manos del grupo Hirurok”, apostilla la Guardia Civil. Mediaciones Martínez llevaba años inactiva por aquel entonces. Según la documentación remitida por la Agencia Tributaria a la investigación esta mercantil no contó con personal dado de alta entre octubre de 2021 y mayo de 2025. Así, las facturaciones con conceptos como “prospección de mercado” eran “mendaces”.

Es a partir de la entrada de Alonso en el accionariado cuando, siempre según la UCO, Mediaciones Martínez comenzó a ser utilizada por el grupo Hirurok para el cobro de mordidas. La Guardia Civil cifra en 913.000 euros las comisiones que podrían haber cobrado Alonso, Fernández Guerrero y Díez a través de la empresa. En detalle, a los 114.950 euros de Tubos Reunidos -al margen, Fernández Guerrero cobró a título individual otros 130.000-, y a los 400.000 de Erri Berri cobrados a través la empresa hermana Derribos Olite y Servinabar 2000, se suman 237.033 de VUSA, 77.137 del Grupo Aldesa, 38.720 de Alto Mineral, 24.200 de Madrid Aranda Empresa Constructora, 33.800 de LAAM Arquitectura o 17.545 de SDP Carrillo y Montes Abogados.

La UCO de la Guardia Civil eleva a 247.459 euros las presuntas comisiones cobradas por el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero, por sus gestiones para facilitar primero el rescate de la empresa de Amurrio Tubos Reunidos, una inyección de 112,8 millones de euros, y luego la renegociación de la devolución de intereses tras la obtención de unos ingresos de 15,2 millones por una venta en Sestao.

Fernández Guerrero, socialista andaluz, conformaba un grupo llamado Hirurok con la socialista de Portugalete Leire Díez y con el empresario guipuzcoano Antxon Alonso. El grupo, según los mensajes incorporados al sumario, tenía especial interés en hacer ver que tenía mano con el PNV para presionar al Gobierno central en la aprobación del rescate. El partido admite que claro que se preocupa por empresas estratégicas vascas, pero insiste en que “nada tienen que ver” con las “actividades” que “en paralelo” pudieran realizar “terceras personas”.

El caso de Tubos Reunidos lo investiga el juez del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional) Santiago Pedraz. El arresto de Alonso en 2025 por su presunta relación con la trama de corrupción de su amigo y dirigente del PSOE Santos Cerdán reveló la existencia del grupo Hirurok. Ello derivó en la apertura de esta pieza, a instancias de la Fiscalía, a finales de 2025. Fueron arrestados Alonso, Fernández Guerrero y Díez.

La UCO ha elaborado un atestado específico sobre este rescarte, emitido en mayo. La Policía judicial ha registrado dos veces la empresa, en diciembre de 2025 y ahora, en junio de 2026. Con los tres de Hirurok, están imputados igualmente los altos directivos de la empresa Francisco Irazusta, Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia -ya fuera de la compañía- y Carlos López de las Heras. Todos ellos tramitaron pagos a Fernández Guerrero. Una testigo de la empresa ha declarado ya en el proceso que eran facturas gestionadas directamente por los ejecutivos de la compañía.

¿Cómo se gestionaron los pagos? Este periódico ya adelantó, a la luz de un informe de la Fiscalía, que Fernández Guerrero, pese a haber dejado la SEPI en 2019, mantuvo influencia en el organismo y que se ofreció a Tubos Reunidos para engrasar un rescate que se formalizó en 2021. A cambio, pidió un “agradecimiento”, según manifestó él mismo en un mensaje. En otro, llamó “success fee” a otra presunta comisión.

114.950 euros se canalizaron por la vía de la mercantil zaragozana Mediaciones Martínez. Inicialmente, se iba a tramitar a través de la “vasco-navarra” Servinabar 2000, pero se desechó esa opción. Pero la Guardia Civil estima que Fernández Guerrero ingresó directamente otros 132.500 euros.

El informe de la UCO realiza una anatomía a través de los mensajes de Fernández Guerrero, Alonso y Díez de las gestiones que hicieron primero para ganarse la confianza de la empresa -hasta el punto de multiplicar las comidas y reuniones o de presentar a Díez falsamente como “directora de gabinete” de la SEPI- y después para interceder durante la tramitación de la inyección económica de 112,8 millones.

“Vicente sigue siendo una persona de peso dentro del partido y gobierno. Sigue estando muy unido a la Ministra de Hacienda [María Jesús Montero]. De echo [sic] cuando no teníamos feedback directo de la presidenta lo tenía por su parte ya que sigue teniendo un vínculo muy estrecho con muchos miembros de SEPI. La primera persona a la que informó Charo, la técnico que llevaba nuestra solicitud de la aprobación fue él, quien me envió un mensaje inmediato. Yo os lo explicaré sí queréis más en detalle en el próximo consejo”, contó Irazusta en un correo electrónico compartido con la dirección de su empresa. Es más, constan en actas internas en las que se discutió sobre el apoyo externo de Fernández Guerrero.

El punto más crítico se dio poco antes de que se confirmara definitivamente el rescate, en julio de 2021. Al parecer, la vicepresidenta Nadia Calviño y su equipo pusieron dificultades. Es ahí cuando la trama intentó implicar al PNV para que presionara al Gobierno central, dada su labor habitual de apoyo a las empresas vascas. No hay pruebas directas de qué pudo hacer el partido entonces liderado por Andoni Ortuzar o la consejera vasca de Industria de la época, Arantxa Tapia, más allá de estar encima de un tema de interés objetivo para la economía de Euskadi.

Fernández Guerrero, en todo caso, ofrecía a Alonso como una suerte de contacto con el PNV. Lo define ante Tubos Reunidos, en esas horas críticas, como una persona “íntima” de un tal “Aurreku”, en posible referencia a Joseba Aurrekoetxea, responsable de Organización del Euzkadi Buru Batzar durante años, mano derecha de Ortuzar y tan influyente como desconocido ante la opinión pública. En esas mismas fechas, la consejera Tapia habló con Montero de Tubos Reunidos, pero en el sumario no hay indicios de vinculación con los movimientos de la trama Hirurok.

Años después, ya con Irazusta fuera de la compañía, Tubos Reunidos volvió a movilizar a Fernández Guerrero para flexibilizar una devolución de intereses. La venta de una propiedad en Sestao le procuró 15 millones, pero las condiciones del rescate les impedían disponer de la liquidez mientras tuvieran deudas con la SEPI. En concreto, 9,8 millones irían directamente a amortizar el crédito. El plazo para abonarlos se acababa en julio de 2025 y en 2024 ya se movieron las piezas.

Según la Guardia Civil, Fernández Guerrero y Díez empezaron a hacer gestiones. En sus mensajes, se menciona a Mikel Torres, vicelehendakari socialista de Imanol Pradales, o a “Eneko”, presumiblemente Eneko Andueza, líder del PSE-EE. Díez, después, elevó el asunto a Cerdán. Ya se conocía que a finales de 2024 hubo una reunión en Ferraz con directivos de Tubos Reunidos. Antes, Fernández Guerrero se citó con los empresarios en un restaurante vasco de Madrid. La Guardia Civil habla de otra comida en Hortaleza entre Fernández Guerrero, Díez y Cerdán para las mismas “gestiones”. Como detalle, a Díez se le ubica en variados lugares porque se han rastreado sus movimientos a través de la aplicación Waze.

Nuevamente, la trama quiso meter en medio al PNV. El socialista andaluz se ofreció para que los directivos de Tubos Reunidos se vieran con Ortuzar y con Aurrekoetxea. Fuentes del entorno del PNV recalcan que no precisan de nadie para tener interlocución con empresas vascas. La UCO sí da credibilidad a que se celebrara la reunión, ya en 2025, pero no la asocia a ningún movimiento económico.

En todo caso, en febrero de ese año el Consejo de Administración fue informado de otro pago de 40.000 euros a Fernández Guerrero. “El CEO informa al Consejo que desde el 1 de noviembre de 2024 está vigente con el consultor D. Vicente Fernández un contrato de consultoría por el que el mismo está aportando valor al CEO con su conocimiento y experiencia, por lo que el mismo percibirá una remuneración total por su asesoramiento durante estos meses por importe total de 40.000 euros, cuando la compañía pueda disponer de los fondos”, recoge el acta de esa reunión.

Hay correos electrónicos de Fernández Guerrero a López de las Heras, el sustituto de Irazusta, en el que plantea percibir un “success fee” del 2% del ahorro en el asunto de los intereses. Finalmente, recibió como contrapropuesta un 1,5% para el primer 75% y un 2% para el resto. “Por mí de acuerdo. Comenzamos y firmamos cuando quieras”, respondió el expresidente de la SEPI.

La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) ha abierto un expediente sancionador contra Pedro López Vera, quien fuera director general de Obras Públicas hasta hace unos meses, y el director general del Servicio de Conservación, Pablo González Sánchez, por haber represaliado a Lorenzo Serena, secretario de la mesa de contratación de las obras de Belate y que denunció la adjudicación de este contrato a la UTE de Acciona y Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán. Según el informe al que ha tenido acceso elDiario.es, la OANA considera una infracción “muy grave” que se trasladase al denunciante a una nave industrial y propone una sanción de entre 30.000 y 300.000 euros.

La obra para el desdoblamiento de los túneles de Belate, el contrato más elevado adjudicado por el Gobierno de Navarra a las empresas investigadas por presunta corrupción (76 millones de euros), estuvo envuelta en polémica desde su adjudicación después de que tres miembros de la mesa se opusieran alegando indicios de arbitrariedad. El secretario de la mesa y denunciante, un alto funcionario del Gobierno de Navarra, llegó a decir que sobre la obra “existía el nubarrón de que podía estar dada de antemano”. Al poco tiempo de denunciar la adjudicación, Lorenzo Serena fue trasladado a una nave industrial, lo que para la OANA supuso un acto de represalia. “Constituyó un acto de represalia contra don Lorenzo Serena Puig, ya que se produjo una modificación sustancial de las condiciones de trabajo como consecuencia de su denuncia ante la OANA”, señala en informe.

Entre los motivos para considerarlo una represalia la OANA destaca que la decisión de trasladarlo por motivos de “reorganización”, según señaló el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, se tomó tan solo seis días antes de que Serena tomará posesión de su plaza, que “llevaba adscrita al Negociado de Explotación Zona Este desde el año 2017” cuyas oficinas están en la sede de la calle San Ignacio, en el centro de Pamplona. “La decisión del cambio de adscripción de la plaza se tomó una vez que al señor Serena se le había adjudicado la plaza, no antes”, añade.

La directora de la Oficina Anticorrupción, Edurne Eginoa, también considera que las declaraciones que dio el director general del Servicio de Conservación, Pablo González Sánchez en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra fueron “esclarecedoras” a este respecto. En su comparecencia admitió que el director general, Pedro López Vera, le propuso que “sacaran el edificio” a Lorenzo Serena por el “mal ambiente laboral” que se había generado en las odicinas San Ignacio cuando se supo que volvía tras haber denunciado la adjudicación de Belate. La Oficina concluye que “sacar del edificio” a un denunciante no es reorganizar, “sino tomar una represalia”.

También destaca que, pese a que Lorenzo Serena “mostró su negativa a trasladarse” y que “los responsables conocían sus limitaciones” para desplazarse a la nueva ubicación en Landaben, “hicieron caso omiso a sus circunstancias y procedieron con el cambio”. Con todo, al conocerse que la OANA lo consideraba una represalia, el Gobierno de Navarra anuló la resolución del traslado y devolvió a Lorenzo Serena a su plaza en el centro de la capital.

Por todo ello, Anticorrupción considera este traslado una infracción “muy grave” de la ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Una infracción de este tipo está sancionada con una multa de entre 30.000 y 300.000 euros. La OANA da este paso después de que el propio Gobierno de Navarra no haya tomado la iniciativa de poner en marcha el procedimiento sancionador.

A este respecto, el parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin ha criticado la “dejación de funciones del Gobierno de Chivite, en especial del Departamento de Cohesión Territorial -dirigido por el consejero Oscar Chivite-, por no incoar como debían el correspondiente procedimiento sancionador una vez comunicada la resolución de la OANA de junio de 2025 por la que se calificaba de represalia e infracción muy grave las medidas adoptadas contra el letrado denunciante de las ilegalidades en la mesa de Belate”. “Ha tenido que ser la OANA quien, en uso de sus atribuciones, iniciase el procedimiento que debió incoar en primer lugar, el consejero Chivite, como responsable directo de los responsables de la infracción”, ha agregado.

El director general de Obras Públicas, Pedro López Vera, fue destituido en diciembe de 2025 tras una crisis entre los socios de Chivite a raíz de un informe de reparo de la Intervención General por el sobrecoste de 8,5 millones de euros propuesto por Acciona y Servinabar y firmado por López Vera y que Intervención consideró que no estaba justificado.