El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado tener como perjudicada en el caso Leire Díez a la jueza instructora de Badajoz que llevó a juicio a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez. Acepta su personación como acusación particular pero por el momento sólo como víctima de un posible delito de calumnias y la cita a declarar como testigo el próximo 8 de octubre.

El magistrado sigue así el criterio de la Fiscalía Anticorrupción que en su informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, entendía que el resto de delitos que decía la jueza Biedma haber sufrido debían quedar fuera de la investigación. En concreto, las dos fiscales se referían a la anotación que aparecería en una de las agendas de Leire Díez y en la que se decía literalmente: 'Jueza Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano'. Explicaban que ese posible encargo a un clan de narcotraficantes para que hostigara a Biedma no está recogido en ninguno de los informes policiales previos y que “no es posible abrir una línea de investigación por cada una de las anotaciones que aparecen en las múltiples agendas” de la exmilitante.

La jueza quería que se investigara “el significado y alcance de la anotación”, que data del 25 de marzo de 2025, de la que tuvo conocimiento gracias a un medio de comunicación -Artículo 14- y que, por el nombre de 'La Celsa', estaría relacionada con investigaciones que la magistrada dirigía “sobre clanes dedicados al narcotráfico”.

Diezma explicaba así en su escrito que había tenido conocimiento de la existencia de contactos promovidos por el supuesto grupo criminal investigado en el caso Leire Díez con personas vinculadas a un conocido clan asentado en la ciudad de Badajoz “con la finalidad de actuar contra la magistrada”. Añadía que podía haber sido víctima de una operación que buscaba “la generación de hostilidad” frente a ella “o cualquier otra actuación tendente a presionarla, desacreditarla o comprometer su seguridad personal”.

El juez Pedraz, en cambio, le recuerda que la UCO de la Guardia Civil no puede comprobar la trascendencia de esa anotación “sin otros datos que le doten de relevancia” y añade que la jueza solo dice conocer de esa anotación referente al clan a través de informaciones que, en cambio, no se recogen en su escrito. “Tampoco se recoge en su denuncia que ella fuera directa conocedora u objeto de tales amenazas o coacciones en esos términos en el curso de la instrucción” en la que investigó al hermano de Sánchez.

Pedraz atempera con su decisión el discurso político que ha florecido alrededor de esa anotación: el PP y Vox en el Congreso acusaron el pasado miércoles al PSOE de querer “amedrentar” a la jueza Beatriz Biedma. De hecho, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, aludió a que las “cloacas del PSOE” habrían contactado con un clan de delincuentes -Los Rochos-: “No me diga que son bulos porque el clan ha confirmado que las cloacas de su partido le entregaron itinerarios, horarios y fotos de la juez y de sus hijos. ¿Pero sabe qué es lo más sorprendente? Que el clan de Badajoz, que es uno de los más peligrosos, que tiene en su haber delitos de todo tipo de violencia, de homicidio, le dijo a su partido que no, que no quería delinquir para el partido del presidente Sánchez”.

A juicio de Muñoz, ya se habían visto mafias intentando corromper a gobiernos, “lo que no se había visto hasta ahora son partidos de gobierno intentando corromper a mafias”. Y preguntó al ministro Félix Bolaños hasta dónde pensaba llegar el Ejecutivo para “no asumir responsabilidades por la corrupción”. El ministro reclamó dejar actuar a la Justicia: “Quien tenga que pagar por cualquier responsabilidad, que lo pague”.

Este asunto también generó un nuevo incendio entre asociaciones de jueces. Las secciones territoriales de Extremadura de la Asociación Profesional de la Magistratura, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y de Foro Judicial Independiente suscribieron un comunicado en el que se hacían eco de las informaciones de diversos medios “sobre la existencia de presiones externas, situaciones de hostigamiento personal y familiar que tuvieron lugar con la pretensión de deslegitimar” la labor de la magistrada. De ese comunicado se desmarcó la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia, que consideró que se trataba de informaciones “procedentes de una filtración, presuntamente ilícita” y “cuya verosimilitud habrá de ser contrastada y valorada en el procedimiento judicial correspondiente”.

Pedraz , siguiendo el criterio de las fiscales también deja fuera la pretensión de Biedma de que se investigara un posible delito de descubrimiento y revelación de secretos en relación a las actuaciones dirigidas por la trama para obtener información sobre la jueza. Indica que “el hecho de que una persona busque información con el propósito de encontrar datos desfavorables, comprometedores o perjudiciales para otra puede ser relevante para determinar la finalidad de su actuación, a los efectos de tenerle por partícipe o colaborador en delito de organización criminal, (...) pero no convierte por sí misma la búsqueda de información en delito contra la intimidad”, añade.

Geroa Bai es el principal socio del PSN en la coalición de Gobierno que lidera María Chivite y en la que también está Contigo/Zurekin. Y como otra pata del Gobierno ha querido marcar distancias con sus socios en el debate del Estado de la Comunidad en el que se ha respirado ya un clima preelectoral.

Durante su intervención, Pablo Azcona, portavoz de Geroa Bai, ha criticado la gestión “accidentada” de los socialistas en la obra de Belate, adjudicada por 76 millones a la UTE de Acciona, Osés y Servinabar, la mercantil del empresario vasco Antxon Alonso y de la que aparentemente era copartícipe al 15% el exdirigente socialista Santos Cerdán.

“No puede volver a ocurrir y mucho menos en momentos como este porque la falta de rigor en la gestión administrativa es caldo de cultivo para el avance de la ultraderecha”, ha aseverado Azcona.

También ha criticado la gestión del PSN en Educación por haberla convertido “en un instrumento de confrontación a base de decisiones cortoplacistas”. Geroa Bai y PSN chocaron hace unos meses por la renovación de los conciertos educativos. “Seguiremos defendiendo una educación pública fuerte y una política educativa capaz de dar respuesta a la realidad plural de Navarra”, ha asegurado.

El portavoz de Geroa Bai también ha aprovechado su intervención para criticar a la otra pata del Gobierno, a la coalición Contigo/Zurekin, que lidera la consejería de Vivienda. Ha dicho que el sorteo de las 87 viviendas protegidas de alquiler ha sido un ejercicio de “administrar escasez” porque había 4.995 personas pendientes del sorteo.

Con todo, ha emplazado a Chivite a “no conformarse” con “administrar lo conseguido” y “preparar” a la comunidad foral “para los próximos diez años” con “firmeza, valentía y ambición”.

Las secciones territoriales en Extremadura de tres de las principales asociaciones de la judicatura (la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente) han difundido este martes un comunicado conjunto para expresar públicamente su respaldo y solidaridad con la magistrada Beatriz Biedma Rojano, titular de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz.

El pronunciamiento de los colectivos judiciales se produce a raíz de las recientes informaciones periodísticas y actuaciones judiciales que apuntan a la existencia de episodios de seguimiento, presiones externas y maniobras de hostigamiento personal y familiar dirigidas a deslegitimar y menoscabar su labor jurisdiccional con el objetivo de apartarla de la instrucción judicial que investigó la contratación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz.

“Consideramos imprescindible reiterar que el Poder Judicial actúa con plena independencia, sometido únicamente al imperio de la ley”, señalan las asociaciones en la nota difundida en la región. En el texto, advierten de que “cualquier intento de presión, intimidación o descrédito hacia jueces y juezas en el ejercicio de sus funciones constituye una grave amenaza para el Estado de Derecho y para el normal funcionamiento de nuestras instituciones democráticas”.

Defensa de la función jurisdiccional

Las tres organizaciones firmantes han subrayado su “firme defensa de la independencia judicial como uno de los pilares fundamentales del sistema democrático”, al tiempo que destacan la “profesionalidad y compromiso con la legalidad” manifestados por la instructora extremeña en el desempeño de su cargo.

Beatriz Biedma estuvo al frente de la instrucción de la causa abierta tras las denuncias contra David Sánchez por presunta prevaricación y tráfico de influencias. Recientemente, la magistrada ha solicitado su personación como acusación particular en el 'caso Leire Díez', que se tramita en la Audiencia Nacional sobre supuestas maniobras irregulares para obstaculizar casos que afectan al PSOE y al Gobierno. La presunta trama habría estado liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la exmilitante Leire Díez.

El comunicado conjunto suscrito por las asociaciones de la judicatura en Extremadura concluye reafirmando la cohesión del estamento judicial en la región en la preservación de las garantías de independencia frente a cualquier interferencia o intento de interferencia externa en el ejercicio de la labor judicial.

Tras los informes jurídicos que han paralizado el pago del sobrecoste de 8,3 millones de la obra para el desdoblamiento del túnel de Belate, el Gobierno de Navarra ha decidido que la única salida posible al entuerto que ha generado varias crisis entre los socios es la de romper el contrato de la obra y volver a abrir el proceso de licitación. Así lo ha anunciado este miércoles la presidenta, María Chivite, en el Parlamento foral.

“No vamos a pagar ni un euro que no esté perfectamente justificado y acreditado como necesario”, ha solemnizado la presidenta navarra en una comparecencia parlamentaria solictada por UPN, principal partido de la oposición y el que denunció las obras de este túnel ante la Guardia Civil.

El de Belate es el contrato más elevado adjudicado por su Ejecutivo a las empresas que investiga el juez instructor del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional) Ismael Moreno por corrupción. Recayó por 76 millones de euros en Acciona, la local Osés y Servinabar 2000, la mercantil del empresario vasco Antxon Alonso y de la que aparentemente era copartícipe el exdirigente socialista Santos Cerdán. Esta última tenía un 15%, pero fue excluida de la UTE al saltar el presunto caso de corrupción.

Al poco de empezarse las obras, las empresas de la UTE anunciaron un sobrecoste de 8,3 millones de euros que justificaban por razones técnicas y de proyecto. El Departamento de Cohesión Territorial, del que depende Obras Públicas, lo tramitó como un modificado, pero a la hora de abonarlo, un informe de la Intervención General lo echó para atrás al considerar que no estaba debidamente justificado. Este hecho se cobró el cargo del director general Pedro López Vera tras una importante crisis entre los socios del Gobierno.

Pero los trabajos de ese modificado ya se habían ejecutado en la obra, por lo que el Gobierno de Navarra ha estado estudiando estos meses fórmulas para abonar a las empresas de la UTE esos 8,3 millones de euros. La vía elegida fue la del enriquecimiento injusto, pero de nuevo ha sido rechazada, esta vez por la asesoría jurídica.

Ahora, y tras no encontrar otra solución, el Ejecutivo ha decidido resolver el contrato “por desistimiento expreso de las partes” para así poder abrir una nueva licitación, que la obra “continúe” y cumplir “los plazos de la Comisión Europea”, que amenazó a Navarra a cerrar la carretera N-121-A, la que une Pamplona con Francia a través de Irún por incumplir la normativa de túneles al no estar desdoblados. 

“No podemos mantener indefinidamente una situación contractual en la que existen trabajos pendientes, una modificación contractual que hoy no puede desplegar los efectos pretendidos y una necesidad evidente de dar una salida jurídica a la relación entre la Administración y la actual empresa contratista”, ha añadido el vicepresidente primero y portavoz del Gobierno, Javier Remírez. Fuentes de la UTE consultadas por este periódico aseguran que han trasladado al Ejecutivo su “total disposición para colaborar en la búsqueda de la mejor solución”.

El portavoz del Ejecutivo también ha avanzado que lo “esperable” es que ahora se produzca un “periodo de transición” en la obra, donde la maquinaria lleva semanas parada. “Creemos que todas y todos los presentes aquí hoy entenderán que es mucho más responsable afrontar esa transición de manera ordenada que tratar de mantener una situación contractual que no ofrece una salida segura, ha apostillado. 

Por su parte, el consejero de Cohesión Territorial ha informado que la actual adjudicataria del contrato ha completado un 56% de la obra y que se le han abonado ya 38 millones de euros. Según ha añadido, la UTE ha ejecutado trabajos por valor de 9 millones de euros no incluidos en el contrato y que no han sido abonados.

“Se quería satisfacer a Servinabar”

La oposición ha criticado con dureza la decisión tomada por el Gobierno de Chivite. El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha asegurado que volver a licitar la obra “constata el fracaso de una gestión de este Gobierno que no es limpia” y le ha preguntado a la presidenta cuánto dinero va a costar y si alguien va a asumir responsabilidades.

El portavoz regionalista ha afirmado que el Gobierno de Navarra ha estado “al servicio de presuntos corruptos” en la gestión de esta obra. “Tenemos la convicción de que no se trata de ineptitud, se trataba de satisfacer a las empresas de la UTE, entre las que estaba Servinabar”, ha añadido. Chivite le ha respondido que el Gobierno “podría haber levantado el reparo suspensivo” pero que no lo hizo porque habría “añadido un foco interesado” a la obra.

“Su tesis de que había un pacto oculto para pagar se cae con tres hechos: el reparo suspensivo que no se ha levantado; el informe jurídico; y que las obras se están haciendo, no se ha pagado por nada que no se haya hecho”, ha defendido.

Los socios del PSN en el Gobierno de Navarra, Geroa Bai y Contigo/Zurekin, así como EH Bildu, socio presupuestario, han mostrado su preocupación por el retraso que porovocará una nueva licitación en las obras y han pedido “un análisis sosegado” sobre la gestión de la obra y su adjudicación.

La presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, buscaba este lunes templar las aguas con sus socios de Gobierno tras el duro revés de los servicios jurídicos, que tumbaron la vía que exploraba el Departamento de Cohesión territorial para pagar los 8,3 millones de euros de sobrecoste derivados del modificado que en noviembre de 2025 rechazó la intervención general del Gobierno. Pero lejos de eso, su principal socio, Geroa Bai, ha elevado el tono y asegura que “no se ha actuado con rigor técnico y jurídico suficiente”. “Salimos todavía más preocupados”, ha lamentado su portavoz, Pablo Azcona, a la salida de la reunión que han mantenido durante más de dos horas los tres partidos que conforman la coalición de gobierno.

La obra de Belate, que ahora investiga el juez instructor del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional) Ismael Moreno, es una contratación de 76 millones de euros que recayó en Acciona, lo local Osés y Servinabar 2000, la mercantil del empresario vasco Antxon Alonso y de la que aparentemente era copartícipe el exdirigente socialista Santos Cerdán. Esta última tenía un 15%, pero fue excluida de la UTE al saltar el presunto caso de corrupción.

Al poco tiempo de iniciarse la obra, las empresas de la UTE presentaron un modificado del contrato que incluía un sobrecoste de 8,3 millones de euros. La dirección general de Obras Públicas lo autorizó, pero a última hora un informe de la Intervención General lo echó para atrás al considerar que ese sobrecoste no estaba debidamente justificado. Aquel informe derivó en una primera crisis entre los socios del Ejecutivo de María Chivite, que terminó destituyendo al director general Pedro López Vera.

Pero los trabajos de ese modificado ya se habían ejecutado en la obra, por lo que el Gobierno de Navarra ha estado estudiando estos meses fórmulas para abonar a las empresas de la UTE esos 8,3 millones de euros. La vía elegida fue la del enriquecimiento injusto, pero de nuevo ha sido rechazada, esta vez por la asesoría jurídica.

Este nuevo varapalo jurídico ha vuelto a levantar ampollas entre los socios, que han exigido que no se pague a la UTE “ni un solo euro más” de lo que esté avalado jurídicamente. Pero Geroa Bai (Socialverdes y PNV) asegura que “encauzar las cosas va a ser difícil”. Ven complicada una solución al pago del sobrecoste y mientras tanto la obra está parada. “Ha habido una gestión defectuosa en el trámite de esta obra”, ha insistido Azcona, que ha reclamado al Gobierno que presente una propuesta con respaldo jurídico para solucionar la crisis del sobrecoste “cuanto antes”.

También Contigo/Zurekin, el tercer socio del Ejecutivo, ha reclamado “rigor” y “transparencia” y, a diferencia de Geroa Bai, su portavoz, Miguel Garrido, ha señalado que ha salido del encuentro “con algunas certezas”, como por ejemplo el compromiso por parte del Ejecutivo foral de que “no se va a pagar ni un euro más del que correspondía al proyecto inicial” de las obras de duplicación del túnel“.

El PSN, quien está al frente de la consejería de Cohesión Territoral, por su parte ha insistido en que se sigue buscando una “solución jurídica” que aporte la “máxima garantía legal” a la obra. “La prioridad absoluta del Gobierno foral es continuar con las obras de la duplicación del túnel de Belate, siempre buscando una solución jurídica que nos dé la máxima garantía legal posible”, ha aseverado la portavoz socialista, Ainhoa Unzu.

Las obras para el desdoblamiento del túnel de Belate, en el norte de Navarra, han abierto una nueva brecha entre los socios del Gobierno de Chivite tras el último revés jurídico sobre el abono del sobrecoste de 8,3 millones de euros que acumulan los trabajos. Los servicios jurídicos del Gobierno navarro han rechazado el pago de ese sobrecoste mediante la fórmula del enriquecimiento injusto, una vía legal que existe para el pago de trabajos ajenos al contrato de adjudicación. Se trata del mismo sobrecoste que ya generó una crisis entre los socios en noviembre del año pasado después de que la Intervención General tumbase el modificado del contrato al considerar que carecía de justificación.

Geroa Bai y Contigo/Zurekin, socios del PSN en el Ejecutivo foral, así como EH Bildu, socio presupuestario, han mostrado su malestar por el futuro incierto de las obras y han reclamado a la presidenta Chivite más explicaciones sobre el pago del sobrecoste.

“Lo que está ocurriendo no puede abordarse ya como una cuestión meramente técnica o administrativa”, ha explicado Geroa Bai en una nota de prensa. “La dimensión que ha adquirido el expediente exige una respuesta política al más alto nivel, que permita determinar con claridad qué ha ocurrido, qué consecuencias puede tener la situación actual y, sobre todo, qué medidas va a adoptar a partir de ahora”, ha añadido la coalición de Socialverdes y el PNV.

“Especialmente incomprensible resulta que los socios de gobierno del PSN no hayamos tenido ocasión de conocer este informe hasta momentos antes de hacerse pública la existencia del mismo y las graves consecuencias ahora detalladas. Esta actitud del PSN colisiona frontalmente con la transparencia y lealtad debidas entre socios de Gobierno”, ha reprochado. En ese sentido, Geroa Bai ha recordado que viene reclamando “desde el momento en que tuvo conocimiento de los sobrecostes” que cualquier actuación relacionada con las obras “debía llevarse a cabo con el máximo rigor y con todas las garantías jurídicas y procedimentales, además de con la máxima diligencia política, precisamente por la importancia y trascendencia de esta infraestructura para Navarra”.

Desde Contigo/Zurekin, coalición de Podemos, IU y Batzarre, han considerado “inaceptable la posibilidad de que la ciudadanía pueda acabar sufriendo las consecuencias de la chapuza administrativa del modificado planteado para la obra”, ha expuesto. Ha advertido además de que no aceptarán “ninguna solución que le cueste a la ciudadanía un solo euro más del imprescindible para la obra”. “Los responsables de esta situación son quienes deben poner las soluciones, y éstas deben pasar por garantizar la continuidad de la obra al coste derivado de las necesidades constructivas y de nada más”, ha opinado.

Por último, EH Bildu, socio externo del Gobierno de Chivite, ha reconocido su “preocupación” por el informe de los servicios jurídicos a raíz del sobrecoste, si bien no ha querido hacer más valoraciones hasta no tener más explicaciones de Chivite, a quien han solicitado una reunión. “Consideramos que le corresponde al propio Gobierno de Navarra determinar y, en su caso, depurar las responsabilidades políticas de haber llegado a esta situación”, han expuesto en un comunicado.

La obra de Belate, que ahora investiga el juez instructor del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional) Ismael Moreno, se trata de una contratación de 76 millones de euros que recayó en Acciona, lo local Osés y Servinabar 2000, la mercantil del empresario vasco Antxon Alonso y de la que aparentemente era copartícipe el exdirigente socialista Santos Cerdán. Esta última tenía un 15%, pero fue excluida de la UTE al saltar el presunto caso de corrupción.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga la trama conspiranoica que trabajó para frenar investigaciones judiciales que atañen al entorno del PSOE y del Gobierno sigue buscando el rastro del dinero con el que supuestamente el partido financió estas maniobras. Para ello, ha interrogado este miércoles a la gerente de la formación socialista, Ana Fuentes, a la que la Guardia Civil señala como quien contribuyó a dar cobertura a los pagos opacos del partido hacia la exmilitante Leire Díez, artífice de esos movimientos para desacreditar o inquietar el trabajo de jueces, fiscales o policías.

Ante el juez, Fuentes, también imputada, ha descargado toda la responsabilidad sobre esos abonos en el que fuera secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, según informan a elDiario.es fuentes conocedoras del contenido de su declaración. La gerente ha asegurado que entre sus tareas no está controlar en qué se gasta el dinero, sino que su cometido es cerciorarse con la dirección del departamento que hace los encargos que esos servicios se han prestado para proceder a su abono.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señaló en un informe que Fuentes, como gerente del partido, “habría sido la persona encargada, con la intermediación de Díez y bajo las directrices de Cerdán, de falsear dos notas de encargo profesional”: una con el despacho de abogados vinculado a Ismael Oliver, que también ha declarado este miércoles; y otra con Jacobo Teijelo, letrado de Cerdán también imputado.

“Ambas notas de encargo profesional habrían sido suscritas de manera meramente instrumental, con la finalidad de simular una relación profesional entre las partes y de servir como medio para que la formación política pudiese materializar pagos con destino a ambos abogados”, explicó la UCO. Ante el juez, la gerente sí ha admitido que la contratación de ambos letrados se hizo “verbalmente” antes de que se realizaran esas hojas de encargo.

Fuentes ha explicado que la dirección del departamento correspondiente hace la contratación, la asesoria juridica del partido la revisa y, si está correcto, se procede al pago. Los abonos que superan los 5.000 euros, como es el caso de estas contrataciones bajo sospecha, requieren la autorización de la gerencia.

La alto cargo, quien ha dicho que no conoce a Leire Díez, ha explicado también que no le extrañaron esas contrataciones dado que es frecuente que el partido recurra a abogados externos porque la asesoría jurídica está desbordada por todos los pleitos que tiene el partido. Y ha detallado que se trata de gastos ordinarios que no son competencia ni de la Comisión Ejecutiva Federal ni de la Secretaría General que dirige Pedro Sánchez.

Exabogado de Koldo García

Respecto a Oliver, la tesis de los investigadores es que se “falseó una nota de encargo” por la que el PSOE abonó 27.225 euros a una de las empresas de Oliver. Y que, para “romper la trazabilidad de los fondos”, Oliver transfirió posteriormente esa misma cantidad a Leire Díez utilizando otra de sus sociedades. “Voy a darle una vuelta, pero probablemente lo haga con una sociedad y otra con la otra para que no se vinculen te parece?”, le escribió Oliver a Leire Díez.

Ante el juez, el que fuera abogado de Koldo García ha explicado que el PSOE le contrató por orden de Santos Cerdán para que analizara la trascendencia jurídica de la Operación Catalunya, las maniobras de la brigada política en los Gobiernos de Mariano Rajoy contra políticos, partidos y cargos catalanes que la cúpula de Interior y el PP vinculaban con el independentismo.

Y ha desvinculado lo cobrado por ese supuesto trabajo con las cantidades que después él abonó a Leire Díez a través de una de sus sociedades a pesar de que ambas cantidades coinciden. Así, ha explicado que Leire Díez ofreció hacer un trabajo para uno de sus clientes, el exviceministro de Hugo Chávez Nervis Villalobos, salpicado en causas de corrupción. Ese trabajo, según su relato, consistiría en borrar el rastro en internet del exjerarca venezolano, quien tenía sus cuentas bloqueadas, lo que que explica que el abono se realizara a través de una de sus sociedades.

Respecto a la coincidencia entre ambas cantidades —la que el PSOE pagó a Oliver y la que Oliver pagó a Leire Díez—, el abogado ha explicado que la exmilitante reclamó cobrar una cantidad superior, pero finalmente acordaron que no debía percibir más dinero que el que él había recibido del PSOE.

La obra para el desdoblamiento del túnel de Belate, en el norte de navarra, ha sufrido un nuevo revés jurídico en las últimas horas. La asesoría jurídica del Gobierno de Navarra ha tumbado el pago de 8,3 millones de euros de sobrecoste mediante la fórmula del enriquecimiento injusto, una vía legal que existe para el pago de trabajos ajenos al contrato de adjudicación. La obra de Belate, que ahora investiga el juez instructor del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional) Ismael Moreno, se trata de una contratación de 76 millones de euros que recayó en Acciona, lo local Osés y Servinabar 2000, la mercantil del empresario vasco Antxon Alonso y de la que aparentemente era copartícipe el exdirigente socialista Santos Cerdán. Esta última tenía un 15%, pero fue excluida de la UTE al saltar el presunto caso de corrupción.

Se trata del segundo varapalo jurídico que recibe esta obra a causa de un sobrecoste de 8,3 millones de euros que inicialmente se incluyeron en un modificado que el Departamento de Obras Públicas avaló. Pero en noviembre de 2025, la Intervención del Gobierno foral lo tumbó a través de un informe en el que consideró que ese sobrecoste no estaba debidamente justificado. Aquel informe derivó en una crisis entre los socios del Ejecutivo de María Chivite, que terminó destituyendo al director general Pedro López Vera.

Pero los trabajos de ese modificado ya se habían ejecutado en la obra, por lo que el Gobierno de Navarra ha estado estudiando estos meses fórmulas para abonar a las empresas de la UTE esos 8,3 millones de euros. La vía elegida fue la del enriquecimiento injusto, pero de nuevo ha sido rechazada, esta vez por la asesoría jurídica.

Así, en estos momentos la actividad en el túnel es muy escasa y todavía no se está trabajando en el avance y destroza, una vez en junio se unieron las dos bocas del nuevo túnel. “Todos los escenarios están abiertos”, ha reconocido el portavoz del Ejecutivo, Javier Remírez. “No vamos a pagar aquello que no tenga cobertura jurídica, pero al mismo tiempo no vamos a dejar de trabajar para que Belate continúe y se termine”, ha añadido.

El consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, ha señalado que ahora se deberá estudiar con Acciona y Osés la situación “contractual y económica” del contrato de obra. “Quiero ser también muy prudente respecto a lo que pueda suceder a partir de ahora, aunque ningún escenario está descartado, porque dependerá de las próximas reuniones y decisiones que debemos tener en el seno del Gobierno y teniendo en cuenta también la posición y el diálogo con la UTE”, ha apostillado.

Por el momento desde el Gobierno navarro no se atreven a dar plazos para que se retomen los trabajos, aunque insisten en que trabajarán para que sea lo antes posible. Sobre el pago del sobrecoste, seguirán estudiando posibles fórmulas. Hasta la fecha, el Ejecutivo ha abonado unos 40 millones de euros a la UTE desde que se iniciaron las obras en 2024.

La investigación abierta en la Audiencia Nacional por el juez Santiago Pedraz en la causa penal que tiene como principal protagonista e imputada a la exmilitante del PSOE Leire Díez acumula ya varias declaraciones tanto de investigados como de testigos. El magistrado, de la mano de la Fiscalía Anticorrupción, busca acotar las pesquisas y valorar los indicios de delito existentes. Esas declaraciones van detallando la personalidad y las tareas desempeñadas por Leire Díez en los dos últimos años.

Por el momento, comparecencias como la de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, la de quien fuera el primer abogado del exministro José Luis Ábalos, José Aníbal Álvarez, o la de la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, dan cuenta de cómo se movía la presunta 'fontanera' socialista, a la que se atribuye un plan para desestabilizar causas judiciales que afectan tanto al PSOE como al entorno del presidente de Gobierno. elDiario.es ha tenido acceso a los audios de esas declaraciones celebradas el pasado julio.

El letrado José Aníbal Álvarez, a preguntas de una de las fiscales anticorrupción —el caso lo llevan las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen— explicó que estuvo presente en dos reuniones con Leire Díez. La primera tuvo que ver con el ex secretario de Estado de Interior durante el mandato del PP, Francisco Martínez, procesado y juzgado por la operación Kitchen. El abogado José Aníbal Álvarez asesoró en 2024 a Martínez de manera altruista y por amistad cuando se quedó sin abogado. “En aquella época a él le dejaron los letrados que le llevaban y yo lo cogí. Me firmó una hoja de encargo y luego lo cogió otro letrado que también conozco y nada más. Estuve con el año y pico”, recordó ante el juez.

Corría el mes de julio de 2024 cuando Leire Díez le contactó al fijo del despacho y se presentó “como una persona que venía del Partido Socialista y que era amiga del señor Ábalos”. Le comentó que quería reunirse con Martínez y se citaron en su despacho.

El abogado “entraba y salía” de esa reunión y no dio gran detalle de la misma, pero sí explicó que tras ese encuentro Francisco Martínez le indicó: “Una vez más me están tomando el pelo”. Ante Pedraz, José Aníbal Álvarez indicó que él entendió de sus palabras que habría tenido reuniones previas que ya habían sido infructuosas porque “le debían prometer el oro y el moro”. Según consta en la investigación y según la grabación de esos encuentros incautada a Leire Díez, la exmilitante socialista buscó un acercamiento a Francisco Martínez al que le habría prometido algún tipo de acuerdo con el Ministerio Fiscal en el caso Villarejo a cambio de determinada información relativa a operaciones orquestadas desde la policía política del PP.

La fiscal del caso se interesó entonces por saber si Leire Díez le transmitió a Martínez si pondría la información que le diera en conocimiento de “la calle Ferraz”, que son “los que gobiernan” —hizo varias alusiones a que tenía acceso a la grabación de ese encuentro—, pero el que fuera primer abogado de Ábalos indicó que no recordaba bien, pero sí que recordaba que Leire Díez “hablaba, y con perdón, por los codos”.

El letrado también explicó que Leire Díez se interesó por si Ábalos le pagaba por su defensa legal. Después de que él le dijera que no había cobrado nada por su labor —“me fui fiando, me fui fiando y nada”—, ella le dijo que iba a ver qué podía hacer. Al cabo de un tiempo le comentó que si quería cobrar por sus servicios a Ábalos le podía pasar la minuta “a través de una sociedad de ella”, pero él se negó porque si cobraba era al cliente y “no a una sociedad que no se sabe en qué condiciones está fiscalmente”. “No sé qué le dije. Sé que (dije) esto no es serio o la mandé por ahí, no lo sé, no me acuerdo”.

Narbona: “Santos tenía todas las atribuciones”

Otro de los interrogatorios que suscitó gran interés en julio y a cuyo audio ha tenido acceso este medio es el de la presidenta del PSOE. Cristina Narbona indicó que en abril de 2024, cuando se celebraron reuniones en Ferraz a las que asistió la exmilitante Leire Díez, ella ya era presidenta de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español.

Tras explicar su relación con Díez —la conoce desde 2017 cuando era responsable de prensa socialista en Cantabria— fue preguntada por la fiscal del caso sobre los contratos que se investigan en la causa y que tienen que ver con el pago a dos abogados (Ismael Oliver y Jacobo Teijelo) desde el PSOE por servicios que podrían haber sido una tapadera para canalizar retribuciones a favor de la presunta fontanera.

“El avance de la instrucción nos está permitiendo conocer algunos detalles no menores, como por ejemplo el hecho de que la señora Leire Díez presuntamente pudo recibir una retribución (...) que a la postre parece ser que habría salido de las cuentas bancarias del Partido Socialista a través de pagos de sociedades o de letrados”, indicó la fiscal, para luego preguntar a Narbona sobre quién puede autorizar ese tipo de pagos desde el Partido Socialista.

La presidenta del PSOE contestó entonces que eso “estaba dentro de las facultades muy amplias del secretario de Organización, que podía llevar a cabo los contratos que considerase necesarios para su propia tarea en el funcionamiento del Partido Socialista”. Y añadió: “Él tenía la capacidad de decidir y de instrumentar contrataciones”. Señaló así al entonces número tres del partido Santos Cerdán, quien también consta como imputado en esta causa.

“Hoy día la Secretaría de Organización tiene algunas competencias menos y, sobre todo, no puede actuar de forma individual. Necesita siempre la firma de otros dos miembros de la Comisión Ejecutiva Federal. Pero en ese momento Santos Cerdán tenía todas las atribuciones para hacer cualquier tipo de contratación”, indicó.

Por su parte, en el interrogatorio al exteniente fiscal de la Fiscalía General del Estado (FGE) Diego Villafañe, al que también ha tenido acceso este medio, la fiscal anticorrupción quiso saber sobre el detalle de las dos reuniones que mantuvo con el abogado Jacobo Teijelo y la exmilitante Leire Díez. Para arrancar, quiso matizar que en ambos encuentros no se trató “ningún asunto que fuese reservado, por cuanto el contenido de la reunión, o bien eran cuestiones de público conocimiento, o eran rumores o conjeturas, o incluso eran datos judicializados que en consecuencia están accesibles”.

Y aclaró un punto que suscitó interés mediático por cuanto la FGE mantuvo en una nota que Leire Díez fue presentada como una compañera del despacho de Teijelo mientras que el abogado negó que hubiera sido así. Villafañe reiteró en su declaración que en la Fiscalía se entendió que era “una colaboradora o una compañera”.

En todo caso, indicó que esas reuniones fueron “marcianas”, y que en las mismas se habló de un procedimiento de hidrocarburos que se sigue en la Audiencia Nacional, y que a raíz de ese caso se indicaron que podía haber nulidades que afectaban a otras causas.

También relató que se expuso en la reunión que podía haber ciertos beneficios para Repsol a raíz de esas causas de fraude del IVA en el sector, y que el jefe de la UCO Antonio Balas podía ser contratado por esa petrolera como jefe de Seguridad. “Rumores sin relevancia”, indicó.

Un interrogatorio hasta el llanto

Si bien en todas las declaraciones se hace patente que la responsable del Ministerio Fiscal mantiene un tono tenso con los interrogados, quizá en el que más tensión hubo fue en el de la letrada Leticia de la Hoz, que compareció como imputada y que respondió sobre cuándo conoció a la presunta fontanera. “Eso sí que lo tengo clarísimo. La conozco el 11 de marzo de 2025. ¿Y por qué me acuerdo? Me acuerdo porque el bulo de la señora Pano se publica el 10 de marzo”, dijo. Con el 'bulo' se refería a lo que la empresaria Carmen Pano ha sostenido en medios y ante el juez: que existió un intento por parte de la trama investigada para comprar su silencio. Una cantidad de dinero, un coche y los gastos de la boda de su hija a cambio de no sostener ante los tribunales que llevó dinero en metálico a la sede socialista de Ferraz.

La fiscal afeó a De la Hoz que hablara de bulo porque eran hechos que aún se investigaban, y para entonces la letrada, emocionada y a punto de echar a llorar, le explicó que era “una noticia falsa”. “Como comprenderá es que es lo que me sale, es lo que me sale. (...) yo entro en estado de shock tremendo. (...) Y el 11 de marzo ella (Leire Díez) entra por la puerta sin pedir cita y la recuerdo con mucho cariño. Ella venía a ver quién era yo, qué había pasado, por qué se había publicado eso”, recordó.

La fiscal del caso se interesó por si tuvo la intuición de que Leire Díez venía de parte del PSOE. “¿A quién conocía en el Partido Socialista?”, le preguntó, pero la abogada abundó en que la fontanera “preguntaba muchas cosas” y sintió que era “alguien que venía del PSOE para ver quién era yo”.

Leticia de la Hoz aseguró que el PSOE no pagó la defensa legal de Koldo García —exasesor de Ábalos—. “Puedo contestar que no me ha pagado el Partido Socialista ni directamente, ni indirectamente, ni por persona interpuesta. La respuesta es un no rotundo. No tengo absolutamente nada que ver con el Partido Socialista. Y no ha pagado la defensa de Koldo respecto de mi persona”, dijo.

Tras esto, y al ser preguntada por las conexiones de Leire Díez con altas instituciones del Estado, De la Hoz explicó que entendió que estaba bien relacionada. “¿Le parece a usted que esta persona está actuando por cuenta del Partido Socialista? Ella le habla de que tiene relación con gente del Partido Socialista, con Santos Cerdán, con la directora general de la Guardia Civil, que puede conseguir citas de alto nivel”, le preguntó la fiscal. De la Hoz contestó que “sí”.

A continuación, De la Hoz se matizó a sí misma y explicó que no sabía si lo que decía la exmilitante era verdad. “En las conversaciones yo llegaba a la conclusión de que ella conocía a todo el mundo, de que podía tener acceso a mucha gente”.

La ronda de declaraciones se retomará este mes de septiembre. El juez tendrá un intenso calendario dado que por su juzgado deberán pasar más de una veintena de investigados. La primera será la actual gerente del PSOE, Ana Fuentes, quien el próximo 9 de septiembre deberá aclarar su papel en la investigación porque era quien emitía “las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino a Leire Díez”, según la acusación. Ese mismo día está previsto que declare el letrado Ismael Oliver, quien supuestamente habría usado sociedades para canalizar esos pagos.

Juan Manuel Serrano, quien fuera jefe de Gabinete del Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de Correos, ha recurrido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el clonado de su teléfono móvil que se produjo, en presencia de su abogado, a mediados del mes de agosto. Entiende que tanto el procedimiento de la UCO por el que se le incautó el dispositivo en mayo como el acto de volcado de la información que contenía no cumplieron con la legalidad.

En el recurso de apelación, al que ha tenido acceso elDiario.es, recuerda la defensa de Serrano que a finales de mayo los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) le exigieron la entrega inmediata de su iPhone 15 Pro-Max, junto con el pin de acceso y el código de desbloqueo. Esa reclamación se hizo en plena calle, en la esquina entre Ponzano y Maudes (Madrid) y afea que los agentes “actuaron de forma imperativa y sin resolución judicial que lo permitiera” y le dieron la condición de “investigado no detenido” a pesar de que el juez días antes denegaba esa condición por falta de indicios.

A este hito, la defensa suma que una vez el juez Pedraz autorizó la copia del móvil en presencia del abogado de Serrano, a UCO el 14 y 15 de julio llevó a cabo la extracción en sede policial y “de espaldas” al investigado y de manera “unilateral”, algo que la propia Benemérita calificó con posterioridad como un “posible error”. El magistrado optó entonces por realizar ese volcado del móvil pero esta vez en sede judicial y en presencia del afectado y de su abogado para que pudieran comprobar que se cumplía con todas las exigencias legales.

Ahora, la defensa entiende que el clonado deviene nulo de pleno derecho y dicha nulidad no se puede subsanar como lo ha pretendido el instructor. Apunta que no le vale que no hubiera resolución judicial contraria a esa incautación del móvil porque, recuerda, la norma establece que solo puede hacerse lícitamente aquello que la ley o el mandato judicial autoriza“.

Por otro lado, sobre el desprecinto en sede policial sin presencia de Serrano, la defensa explica que no le vale el razonamiento de Pedraz de que se trató de un “error involuntario” porque el auto que autorizaba esa medida invasiva de su privacidad “impuso de forma expresa y reforzada como condición de la diligencia” esa presencialidad del afectado. Además, explica que el juez ordenaba un análisis previo al volcado y, por tanto, la extracción en bruto de todo no se contemplaba y estaba “fuera de los límites de la autorización”.

Destaca la defensa que tampoco puede considerarse que la irregularidad quede salvada “por la mera posibilidad de verificar el clonado o practicar uno nuevo en la comparecencia” que se produjo el pasado 18 de agosto. “Una irregularidad esencial en la obtención de la fuente de prueba no se convalida por la posterior oportunidad de discutirla”, subraya.

Y a todo esto suma un detalle más: el móvil ha estado en manos de la UCO desde el 27 de mayo hasta el 14 de julio, cuando se hizo el clonado. Entiende que se hizo un desprecinto sin control judicial ni de la defensa y, por tanto, no se puede acreditar la fidelidad de la prueba porque “no se puede garantizar que durante todo ese tiempo no haya habido acceso ilegítimo al contenido del dispositivo móvil”. “Por lo demás, se ha convocado a mi representado y al letrado de mi representado para el 18 de agosto de 2026 a verificar el clonado ya realizado o, en su caso, ordenar uno nuevo en sede judicial, pero ese acto no puede convalidar lo que nació viciado”.

Por otro lado, sobre el auto de Pedraz de 7 de agosto que indicaba que en el nuevo clonado del 18 de agosto Serrano podía hacerse acompañar por un perito designado por él para cuestionar todos aquellos aspectos del volcado que considerara oportuno, la defensa explica que esa resolución le fue comunicada al interesado el mismo día del volcado (el 18 de agosto) y no hubo tiempo material de “localizar y designar de antemano un perito”. “Se ofrece un derecho de control pericial cuya existencia se comunica cuando ya no es posible ejercerlo”, lamenta para luego explicar que ese auto debe ser también anulado.

El presunto papel de Serrano en la causa

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó en julio imputar en el caso Leire Díez a Juan Manuel Serrano y dio luz verde con el informe positivo de la Fiscalía Anticorrupción al volcado y clonado de su teléfono. El magistrado, que investiga los intentos de la presunta trama para, por un lado, hacerse con adjudicaciones públicas de manera irregular y, por otro, para desestabilizar procedimientos judiciales que afectan al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno, considera que existen indicios para relacionar a Serrano con los integrantes de la organización criminal, sobre todo con el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y con la exmilitante socialista Leire Díez.

En una resolución focalizada en la figura de Serrano, el juez detalló las presuntas actuaciones irregulares que se le atribuyen en su etapa al frente de Correos y ponía el foco en la “irregular” contratación en esa empresa pública de la 'fontanera' del PSOE y en que se sucedieron “distintas actuaciones de características semejantes a las denunciadas respecto de otras entidades públicas de la SEPI”. Explicaba que tras nombrar a Leire Díez “llevó a cabo distintos procesos de contratación” que permitían sostener que se llevaron a cabo “con apartamiento de la normativa pública, en beneficio de la misma o de terceros (Vicente Fernández) y, todo indicaría, que se contaba con la aquiescencia de Juan Manuel Serrano”.

Asimismo, para Pedraz resultaba relevante su imputación para determinar el ámbito de responsabilidad de Serrano en la toma de decisiones surgidas en la reunión celebrada en Ferraz el 26 de abril de 2024 -a raíz de la carta a la ciudadanía de Pedro Sánchez- en la que estuvo presente y tras la que mantuvo constante comunicación con Leire Díez. Indicaba que la 'fontanera' le daba cuenta del avance de sus gestiones, en concreto, sobre el material de Villarejo que “podrían utilizar para la consecución de sus objetivos”. Y resalta que se cruzaron entre noviembre de 2020 y diciembre de 2024 hasta 9.355 mensajes wasaps, y otros 1.487 mensajes por la aplicación Signal entre abril de 2024 y noviembre de 2025.

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha asegurado este miércoles que María Chivite le debe la presidencia de Navarra a “un presunto corrupto”, en referencia a Santos Cerdán. “La necesitaba en el poder”, ha aseverado la líder regionalista. UPN fue el. partido que denunció ante la Guardia Civil la adjudicación de la obra de los túneles de Belate a la UTE de Acciona, Osés y Servinabar 2000 antes de que estallara el caso de corrupción por el que está imputado el exdirigente socialista Santos Cerdán, quien presuntamente era copartícipe de la mercantil del empresario vasco Antxon Alonso.

“El mayor sostén y valedor político de María Chivite está lucrándose presuntamente de una adjudicación a cargo de su Gobierno y María Chivite sigue en vano tratando de escurrir el bulto, sigue adelante a costa de lo que sea, entre otras cosas, arrastrando por los suelos la imagen de Navarra”, ha añadido la presidenta regionalista.

Ibarrola ha realizado un balance de legislatura cuando se cumplen tres años de la segunda investidura de Chivite y cuando resta solo un curso político para las próximas elecciones forales, para las que todavía no ha aclarado si UPN buscará una alianza con el PP o acudirá de nuevo a las urnas en solitario como hizo en 2023.

Para la líder del partido regionalista el PSN de María Chivite ha “deteriorado” la marca Navarra y la ha unido a la “corrupción, tramas criminales y mordidas por adjudicación de obra pública”. “No hay maquillaje que pueda tapar el hedor a corrupción y la mala gestión de los servicios públicos del Gobierno de Chivite y EH Bildu. Navarra solo lidera los índices de presuntos corruptos. Desde que llegó Chivite ha empeorado en cualquier parámetro que queramos comparar con otras Comunidades”, ha criticado.

Así, ha asegurado que “el teterioro” de la confianza de la ciudadanía navarra en Chivite “es cada día mayor” por “los espurios acuerdos conocidos entre Santos Cerdán y EH Bildu para repartirse el poder institucional, por ”la presunta trama corrupta que recibía adjudicaciones de obra pública a cambio de pagar mordidas liderada por Santos Cerdán según el auto del juez y por “la adjudicación ilegal de las obras de los túneles de Belate a esas empresas de la trama, que ha acabado siendo investigada por la Justicia dentro del caso de amaños de obra pública”.

“Hoy la sociedad navarra se pregunta hasta cuándo, señora Chivite, merece la pena seguir en esta situación”. “No hay proyecto político ni personal que se sostenga sobre la falta de ética política, la inmoralidad, las sospechas y las investigaciones judiciales por corrupción. No hay proyecto político ni personal que aguante la embestida social de la indignación y la desconfianza”, ha señalado Ibarrola.

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha pedido este martes la “asunción de responsabilidades políticas por parte del Gobierno” foral y de su presidenta, la socialista María Chivite, ante la confirmación de que la UCO de la Guardia Civil y el Tribunal Central de Instancia ampliarán sus investigaciones sobre corrupción a la adjudicación de los túneles de Belate, que recayó en una UTE de Acciona, Osés y Servinabar 2000. Esta última es una mercantil de Antxon Alonso en la que presuntamente también participaba el exdirigente socialista Santos Cerdán.

“La realidad” es que “por primera vez en 30 años, una adjudicación de obra pública está siendo investigada por la UCO en Navarra y es una situación que la principal fuerza de la oposición considera ”tremendamente grave“. Esparza ha recalcado que la obra de los túneles está siendo investigada porque ”UPN en septiembre del año 2024 presentó una denuncia ante la Guardia Civil“. Desde el partido regionalista ”siempre“ han creído que era necesario poner el foco en ”la adjudicación de Belate“, y sostiene que la UCO ha encontrado ”indicios sólidos y suficientes“ para continuar una ”investigación en profundidad“. ”Yo creo que era blanco y en botella desde el inicio“, ha afirmado el portavoz.

“El Gobierno -ha continuado Esparza- ha ido dando tumbos desde el inicio de este caso, diciendo unas cosas y luego las contrarias y, evidentemente, al final se ha dado de bruces con la realidad. En todo este tiempo María Chivite ha negado todo, ha atacado a quien denunciaba algo y ha querido trasladar a la opinión pública que había una campaña de acoso contra su Gobierno”.

“La semana pasada la presidenta habló de caza de brujas y de una posición ridícula de Unión del Pueblo Navarro”, ha descrito. Sin embargo, ironiza con que parece que ahora el Ejecutivo foral parece que “se alegra mucho” de la investigación. “No tienen ninguna credibilidad”, considera Esparza, que cree que no puede ser una buena noticia “que la Guardia Civil tenga que venir a investigar” en una comunidad la “adjudicación de una obra pública de semejante magnitud”. Es “tomar a la sociedad navarra por tonta”.

UPN está personada en la causa. Esperan que la investigación demuestre que en Navarra el entorno de Santos Cerdán, Koldo García y el exministro Jose Luís Ábalos ha estado “recibiendo adjudicaciones de obra pública de forma ilícita” y “cobrando mordidas del 2%” al igual que han hecho “por toda España” para “enriquecerse”. En este sentido, se ha referido a la comisión parlamentaria de investigación. A su juicio, se demostró que la ajudicación de Belate está “repleta de irregularidades” pero el dictamen dijo que no hubo pruebas de ello. “La explicación la encontraremos en el informe que la Guardia Civil realiza sobre esta adjudicación”, pronostica.

La comisión, presidida por Irati Jiménez (EH Bildu) y que finalizó a comienzos del pasado junio, concluyó a partir de un documento acordado por PSN, Geroa Bai y EH Bildu, que no se “ha podido acreditar” que haya habido corrupción ni injerencia política en las mesas de contratación de las siete obras adjudicadas a las empresas investigadas por presunta corrupción, Acciona y Servinabar 2000.

“Hay nervios dentro del propio Gobierno y falta de confianza entre sus socios”, perciben desde UPN, aludiendo a “algún 'quit' llamativo empezando a recular”. Se refería veladamente a EH Bildu, que quiso matizar este lunes que la comisión que ellos dirigieron no dijo que no hubiera corrupción sino que, con los datos con los que disponía, no se podía acreditar. El resto de la legislatura se va “a vivir con mucha incertidumbre” y “mucha tensión” al no saber “qué se van a encontrar” los agentes de la UCO durante la investigación, ha vaticinado el portavoz de UPN. Las elecciones forales son en mayo en 2027.

La Hacienda foral de Bizkaia entregó el pasado jueves un informe que le había sido requerido en el marco de la investigación de corrupción al entorno del exsecretario general del PSOE, Santos Cerdán. El documento fue remitido al Tribunal Supremo, aunque en realidad esta causa está ahora en manos del instructor Ismael Moreno, del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional), adonde fue trasladado este viernes automáticamente.

Se trata de un requerimiento de noviembre de 2025 que no llegó a la Diputación vizcaína hasta mayo de 2026. La Hacienda foral, tres meses después, informa de los datos de los que tiene constancia de Karmele Atutxa, la pareja del empresario Antxon Alonso, amigo de Cerdán y titular de la empresa clave de la trama, Servinabar 2000. También repasa la trayectoria de otra mercantil de Alonso, la cooperativa Noran y la información obrante sobre el directivo de Acciona Tomás Olarte. Acciona recibió adjudicaciones en UTE con Servinabar 2000 o de acuerdo con ella y se analiza si abonó comisiones ilegales en operaciones como las obras de la cárcel de Zubieta en Donostia, los túneles de Belate en Navarra y en otros territorios. Bizkaia aclara, eso sí, que no dispone de datos de la esposa de Cerdán y de su hermana, como tampoco de otro directivo de Acciona, Justo Vicente Pelegrini, o de otra cooperativa relacionada con Alonso, Erkolan. El informe tiene unas 340 páginas.

Entre la abundante información contenida aparece que la empresa Noran, de la que ya se conocía que tuvo dada de alta a la pareja de Cerdán y en cuya génesis participó Koldo García, tuvo relaciones económicas empresa constructora vasca VUSA. En otro sumario del Tribunal Central de Instancia, el del caso Hirurok en el que se analizan las operaciones de Alonso con otros dos socialistas, la vizcaína Leire Díez y el andaluz Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, una de las adjudicaciones bajo sospecha guarda relación con la empresa de Navarra de demoliciones Erri Berri y, según la UCO de la Guardia Civil, parte de los pagos presuntamente ilegales se canalizaron a través de VUSA.

Esos pagos investigados en torno a la operación de Erri Berri, que fue paralela al rescate de Tubos Reunidos, datan de 2021. Sin embargo, las relaciones económicas entre Noran y VUSA son de años antes, de 2015, 2016 y 2017. En concreto, en 2015 se recogen dos operaciones en la casilla de “ventas” por un valor total de 48.400 euros, en 2016 otra imputación con un total conjunto de esa misma cuantía, 48.400 euros, y en 2017 una única “venta” de un 10% de ese dinero, 4.840 euros. Aquellos flujos posteriores relacionados con Erri Berri rondaban los 240.000 euros, según las estimaciones contenidas en los atestados policiales. Se puede leer aquí más sobre las cuentas de Noran.

El juez instructor del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional) Ismael Moreno ha acordado investigar también la adjudicación de las obras de desdoblamiento de los túneles de Belate, en el norte de Navarra, dentro de la causa por corrupción tiene abierta. Se trata de una contratación de 76 millones de euros que recayó en Acciona, lo local Osés y Servinabar 2000, la mercantil del empresario vasco Antxon Alonso y de la que aparentemente era copartícipe el exdirigente socialista Santos Cerdán. Esta última tenía un 15%.

El juez Moreno pidió la pasada semana a la UCO de la Guardia Civil, la Policía judicial, que le hiciese un reporte sobre la situación procesal de los túneles de Belate. El cuerpo, en un oficio, indica que en un informe de 2025 ya mencionó la cuestión e indica que reflejó “someramente” los “diferentes indicios” de estas obras con la etapa en el Ministerio de Fomento del ya condenado José Luis Ábalos o que el partido UPN, desde la oposición en Navarra, también había denunciado “irregularidades en el proceso licitador”.

Según la UCO, está pendiente un nuevo atestado con una “ampliación” sobre los datos relativos a estas obras. El instructor, en una providencia, ha acordado este lunes “integrar” esta adjudicación en el sumario y queda “a la espera” del informe. Solamente después de que entreguen el documento “se acordará lo procedente”.

Las obras de Belate se adjudicaron en 2023 y fueron las más cuantiosas de todas las adjudicaciones recibidas por Servinabar 2000 en Navarra. El Parlamento foral acaba de finalizar una comisión de investigación en el que la mayoría política descartó la existencia de corrupción. El dictamen aprobado por el foro presidido por Irati Jiménez, de EH Bildu, sí apuntó a “irregularidades y deficiencias procedimentales” en determinados expedientes. Por el contrario, los últimos informes de la Guardia Civil apuntan a que Servinabar 2000 fue empleada para recaudar comisiones ilegales y que Cerdán y su familia dispusieron de fondos de esta firma.

La comisión de investigación no vio “injerencia”

Desde el Gobierno navarro han expresado su “máximo respeto” a las actuaciones “judiciales y policiales” y también un “compromiso de total colaboración”. Añaden fuentes del Gobierno de María Chivite que el Ejecutivo “estudiará solicitar la personación ante la Audiencia Nacional, como ya se intentó ante el Tribunal Supremo con respuesta negativa, por si mediase daño patrimonial contra la Hacienda navarra”.

“En lo concerniente a la adjudicación de la obra de ampliación de los túneles de Belate, el Gobierno de Navarra recuerda que se trató de una adjudicación con reparo 'no suspensivo' de la Intervención delegada y que cuenta con el aval de la Intervención General en tanto que se abordó mediante una deliberación 'adecuada'. Además la Cámara de Comptos especificó que no medió 'responsabilidad contable ni de ninguna otra naturaleza', mientras que la comisión de investigación acometida en el Parlamento de Navarra descartó la existencia de presiones ni injerencias políticas”; sostienen fuentes del Gobierno.

La presidenta de Navarra, la socialista María Chivite, ha asegurado este viernes que sufre una “caza de brujas”. Chivite ha sido llamada a comparecer en el Parlamento foral por UPN a raíz del último informe de la UCO de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán. “Cuanto más se investiga y más se avanza en los tribunales, más queda claro que no hay nada de nada sobre mí. No hay nada ni va a haber nada contra mí”, ha afirmado desde la “tranquilidad total”.

“La única intervención que ha tenido este Gobierno relacionada con ese informe es la colaboración con la Justicia para dar información y contribuir al buen desarrollo de la investigación. Todo lo demás es parte de una estrategia de caza de brujas contra mí que ni el Supremo ni la UCO avalan con sus investigaciones y pronunciamientos porque no hay nada”, ha subrayado, según informa Europa Press.

Chivite ha indicado a UPN: “Ustedes seguirán con su historia falsa y yo diciendo una verdad que nunca van a querer creer porque no les interesa. Y así podemos estar en bucle lo que resta de legislatura. Pues yo estoy dispuesta. Si alguien ha hecho algo, que pague, pero no seré yo”.

La presidenta ha comparecido en comisión parlamentaria a petición de UPN. Ha dicho que no ha tenido acceso al informe de la Guardia Civil y ha criticado las filtraciones. “No sé si son conscientes sus señorías de que la filtración de informes de la UCO pudiera constituir un delito. Esos informes forman parte del procedimiento y no tienen que ser documentos públicos, aunque de hecho lo son”. Esas filtraciones, hechas además a modo 'goteo', permiten sobre todo a la oposición, construir un 'relato' desvirtuando la realidad, porque lo que los informes contienen son elementos indiciarios que deben ser validados en parte o en su totalidad por un juez y posteriormente en un juicio oral“, ha interpretado. Y ha agregado: ”Que la presidenta tenga que hablar de un informe que no recibimos oficialmente porque no somos parte de esta causa sobre una investigación patrimonial de una persona, que ni forma ni ha formado parte del Gobierno de Navarra, es cuando menos extraño“. Entrando al contenido, ha indicado que Cerdán hizo uso de la tarjeta de Servinabar 2000 hasta febrero de 2024, mientras que los pagos por las obras de Belate, en las que participaba esta empresa UTE, se inicieron ”en junio“ de 2024.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha dicho: “No tiene usted ninguna credibilidad; es imposible desvincular Cerdán y Belate, con 129.000 euros en medio. Usted ha pasado de cuadrarse ante Cerdán a proclamar que 'esto no va conmigo'; y esto sí va con usted”. “Sin Cerdán usted no hubiera sido presidenta nunca”, ha dicho también. “Y a Cerdán y a sus amigos, usted les abrió las puertas del Palacio de Navarra de par en par para que andaran a sus anchas”, ha añadido.

Por parte de EH Bildu, Laura Aznal ha indicado que UPN ha llamado hoy a la presidenta con “el único objetivo de estirar el chicle de la comisión de investigación y tratando de volver a inflar un globo que ya quedó pinchado en las conclusiones”. Esta formación presidió el foro parlamentario por medio de Irati Jiménez. El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha pedido no “relativizar en absoluto la corrupción ni la preocupación ante ciertas informaciones”, pero “tampoco” el hecho de “convertir sospechas en sentencias o utilizar una investigación que está en curso para construir un relato político concreto”. “La corrupción debe investigarse hasta el final”, ha dicho.

Por su parte, Javier García, del PP, ha indicado a la presidenta “la verdad”. “Si después de todo lo que vamos conociendo sostiene usted que no sabía nada, no escuchó nada y no sospechó nada, solo quedan dos posibilidades, o es que su Gobierno carecía de controles sobre lo que ocurría a su alrededor, o que prefiere pedir a los navarros que crean en lo increíble”, ha señalado. Finalmente, Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha expuesto que el informe de la UCO avala “tanto la falta de ética política del señor Cerdán como ”la sospecha que tiene que ver con sus relaciones con Acciona y Servinabar“, aunque ha matizado que no hay ”ninguna prueba, tampoco indiciaria, de que haya habido alguna manipulación o injerencia en la obra pública de Navarra“.

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, ha declarado este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, quien investiga la supuesta trama orquestada por la exmilitante del PSOE Leire Díez para desestabilizar procedimientos relacionados con el PSOE o con el entorno de Pedro Sánchez. En la última pregunta del interrogatorio, la abogada de González ha pedido disculpas por la “obviedad” de lo que iba a preguntarle aunque ha remarcado la necesidad de hacerlo. A continuación ha dicho: “¿Tuvo que ver la señora Leire en la apertura de alguna de las investigaciones [informaciones] reservadas que se examinan aquí?”. “No tiene nada que ver”, contesta la investigada.

“Si ustedes cogen la línea temporal, no encaja ni a martillazos”, añade sobre la vinculación que hace la UCO entre sus “encuentros” con Leire Díez y el hecho de que se abrieran tres informaciones reservadas por noticias publicadas en relación con investigaciones de la UCO.

“Los hechos son los hechos que son, los que provocan esas informaciones reservadas, como se han producido a lo largo de todo este tiempo”, responde González en relación a que las tres publicaciones ya justificaban sobradamente la apertura de las investigaciones internas. En dos de ellas aparecían conversaciones del presidente del Gobierno que, entre otros actores, estaban en poder de la UCO, al menos una parte. Otra está vinculada a la publicación de unas direcciones de correo de la mujer y el hermano de Sánchez a partir de uno de los 10.000 mensajes que había incautado la UCO. Y la tercera se produce después de que El Mundo titule a toda página que el teniente general Llamas es “un peón de Marlaska” y se citen fuentes conocedoras del conflicto entre el DAO y la UCO.

En este sentido, Mercedes González ha concluido “¿Es como si me dijera reciben presiones las comandancias de la Guardia Civil? Porque a lo largo de estos dos años se han abierto siete informaciones reservadas sobre hechos concretos y determinados. La de Madrid por una cosa, la de Cantabria, por otra, la de Almería, por otra, la de Asturias por otra. No es que ha habido hechos que nos han llevado a abrir informaciones reservadas para analizarlos, para investigarlos y para concluirlos. Nada más”.

Por otro lado, también ha señalado que la presunta 'fontanera' del partido no llegó a ella a través de quien fuera número tres del PSOE, Santos Cerdán. “La señora Leire Díez utilizó, se amparó, en la relación que tuviera o en el mando que tuviera en esa estrategia o entramado alguna persona o cargo relevante del Partido Socialista o del Gobierno. ¿De alguna manera venía con la carta de presentación de alguien, de Santos Cerdán o de alguien del partido?”, pregunta su abogada.

“No, nunca. Y como hay obra publicada lo puedo decir. Nadie que viniera a mi puerta bajo el... mando o la vía de Santos Cerdán era bien recibido. O sea que todo el mundo sabe, hay artículos publicados sobre el listado de víctimas de Santos Cerdán y una de ellas soy yo. No, nunca he tenido ninguna relación buena con Santos Cerdán. No he tenido nada que ver nunca con Cerdán. Y no. Por lo tanto, no creo que utilizara nunca esa vía de acceso”, responde la directora general de la Guardia Civil.

La UCO de la Guardia Civil, en su último informe sobre el patrimonio de Santos Cerdán y sobre la empresa Servinabar 2000, apunta a presuntas irregularidades en la adjudicación de las obras de la recién inaugurada cárcel de Zubieta, en Donostia. Detalla que el empresario Antxon Alonso, presunto socio del exdirigente del PSOE en Servinabar 2000 y administrador de esa mercantil, habría participado en la preparación de una oferta de una UTE entre Acciona, Cycasa y Murias, la adjudicataria, y que después había recibido pagos, que ascendieron a 181.492,74 euros.

La cárcel de Zubieta fue construida por el Gobierno de España y adjudicada en 2021 por 42,7 millones de euros. Ese mismo año, los Ejecutivos central y vasco acordaron la transferencia de Prisiones a la comunidad autónoma pero se acordó que Zubieta seguiría siendo responsabilidad del Estado hasta la finalización de las obras. Así, ha sido este mes de junio cuando se abierto el nuevo presidio que sustituye al viejo de Martutene, que ha sido entregado al Estado para su demolición y el inicio de un plan de construcción de viviendas.

En 2018, Alonso envió a un directivo de Acciona una noticia con los planes para las futuras obras. Acababa de llegar el PSOE al Gobierno de España. Servinabar 2000 tenía un acuerdo con Acciona para acceder a diferentes obras públicas en Navarra y fuera de ella. Oficialmente, la licitación fue anunciada en noviembre de 2020. A los cinco días, Alonso escribió al presidente de Sumelzo, Juan Sumelzo: “Me llega que tu amigo tiene interés. Hablamos”. Es la compañía de la familia de la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo.

En diciembre, un Alonso sin participación aparente en una UTE de Acciona, Murias y Cycasa, recibió un mensaje con el acuerdo de reparto entre esas empresas. En un nuevo intercambio con su contacto en Sumelzo, Alonso le explicaba que del 25% que correspondía a Cycasa ellos tendrían un porcentaje. “De ese 25 ellos el 15 y nosotros el 10”, exponía. En febrero de 2021 se confirmó la adjudicación de las obras de Zubieta a Acciona, Murias y Cycasa. Y empezaron los pagos de esta última a Servinabar 2000. Además de los 181.492,74 euros pagos de Cycasa se registaron 12.100 directamente abonados por Sumelzo.

En esta trama de corrupción, la Guardia Civil, que ejerce de Policía judicial, encontró un documento en la casa de Alonso en Elorrio por el cual el 45% de Servinabar 2000, aunque no estuviera escriturado, era de Cerdán, a quien le unía una relación de amistad. En 2021, tal y como se investiga en otra causa judicial, Alonso también participaba en un grupo llamado Hirurok con el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero y con la vizcaína Leire Díez. Se analiza si igualmente cobraban comisiones por operaciones como el rescate de Tubos Reunidos.

El informe patrimonial relativo al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, concluye que el político navarro pudo manejar “una posible fuente de ingresos no declarada”. Llega a esta conclusión por varios motivos. Uno es el ingreso 18.000 euros de origen desconocido entre 2014 y 2017. Otro es que redujo el uso de la tarjeta o de las disposiciones de efectivo en cajero desde 2019 coincidiendo con “la etapa ministerial” de Ábalos y las adjudicaciones a Acciona. Y otro más son los ingresos en efectivo realizados por Koldo García y su pareja Patricia Uriz “para abonar las cuotas del renting de un vehículo”.

El documento, de más de 160 páginas ha sido entregado ya al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que es quien investiga el presunto papel coordinador de Cerdán en una trama que buscaba el amaño de adjudicaciones de obra pública dependientes del Ministerio de Transportes a cambio de mordidas. En el mismo, indica el Instituto Armado que “han observado indicios que apuntan a esa posible existencia de una fuente alternativa de ingresos no declarada” para Cerdán y que se han reforzado los indicios previos de que el político y su entorno “se lucró” con fondos que encuentran origen en las mercantiles Servinabar, Erkolan y Noran.

La primera mercantil es en la que, según una nota hallada en el domicilio del empresario Antxon Alonso, Cerdán habría tenido participaciones, algo que el político siempre negó porque alega que finalmente se decantó por seguir en política y no adentrarse en el mundo empresarial cuando s elo propuso su amigo Antxon. La UCO resalta ahora que Cerdán y su familia “habrían disfrutado de unos beneficios entre 2015 y 2024 de al menos 323.178 euros” recibidos desde esa mercantil que los investigadores ubican en el epicentro de la trama de amaños. E insiste en que los fondos de Servinabar estaban puestos a “plena disposición” de Santos Cerdán. Esos 323.178 euros incluyen nóminas percibidas por ejemplo por la mujer de Cerdán, que trabajó para esa consultora navarra radicada en Pamplona.

En este sentido, la UCO destaca además que Cerdán y su familia obtuvieron los mayores beneficios entre 2019 y 2023, periodo en el que se enmarca la “etapa ministerial” de Ábalos en la que la constructora Acciona resultó adjudicataria de las licitaciones investigadas. El Instituto Armado considera necesario que el juez le dé permiso para seguir indagando en el patrimonio de la familia de Cerdán, y por eso solicita poder acceder a la información financiera tanto de Francisca Muñoz, esposa de Cerdán, como de su hija, su hermana y su cuñado “quienes también se habrían beneficiado de fondos provenientes de Sevinabar”.

A los indicios que sustentan la tesis de la UCO de que existió esa fuente de ingresos opaca, suma que el político liquidó gastos con el PSOE y con el Congreso “por totales superiores a las disposiciones de efectivo y los gastos observados en cuentas bajo conceptos susceptibles de ser reclamados”.

El primer instructor que tuvo la causa contra Cerdán, el magistrado del Supremo Leopoldo Puente, elaboró una tesis inusual en el auto con el que envió al ex secretario de Organización a la cárcel, en noviembre de 2025. Según Puente, si Acciona, el principal corruptor de la trama, obtuvo 537 millones de euros en adjudicaciones sospechosas, los investigados se podrían haber llevado un 1% si se atiende a lo que el magistrado considera habitual en este tipo de tramas.

En total, 5 millones de euros, una cifra muy alejada de los 18.000 euros o de los 300.000 euros recibidos desde Servinabar que la UCO ha localizado a Cerdán. Por otra parte, Acciona, señalada como el principal corruptor, sigue desde entonces sin ser investigada como persona jurídica.

Los bienes de Cerdán

A lo largo del infome de la UCO se relata que del análisis conjunto de la información tributaria aportada tanto por la Agencia Tributaria como por la Hacienda Foral Navarra, consta que Cerdán es propietario junto a su mujer de “un solo inmueble ubicado en la localidad de Milagro (Navarra)”, donde reside actualmente. Y a esa casa añade que en la actualidad tiene en propiedad un Volvo XC60.

Sobre los ingresos en cuentas tituladas por el expolítico y su mujer en el periodo investigado, la UCO indica que entre 2014 y 2025 han sido cuantificados en 1,12 millones de euros, de los que 830.000 euros fueron abonos de nómina.

En otro bloque del atestado, los investigadores analizan los ingresos percibidos por Cerdán en concepto de gastos, dietas y kilometraje procedentes del Congreso de los Diputados, del PSN y del PSOE. De la cámara baja percibió entre 2020 y 2025 un total de 40.928,80 euros en concepto de kilometraje. Del PSN, el político habría recibido en concepto de liquidación de gastos 27.843,23 euros entre 2014 y 2017. Del PSOE entre junio de 2017 y junio de 2025 le fueron abonados un total de 95.007,36€, tanto mediante transferencia como en efectivo.

Sobre el efectivo, la UCO dice que Cerdán recibió 84 abonos, una cantidad total de 30.797,38 euros. A eso suma 92 transferencias para la liquidación de gastos que suman un total de 64.209,98 euros. Y apunta que ha detectado discrepancias entre la información aportada por el PSOE y la información bancaria de Cerdán.

Sobre esas liquidaciones del partido, la UCO se para en una transferencia que ingresó Cerdán de 1.816 euros en junio de 2016. Entiende que se abonaron al político desde el PSN dos tipos de gastos: por un lado los devengados vía transferencia bancaria y declarados por el propio partido, y por otro lado los que le fueron previsiblemente entregados en efectivo a través de una tal 'Edi', y que no constan en la información aportada por el PSOE.

“La asignación mensual de Francisca Muñoz”

Por otro lado, los investigadores deslizan en su informe que Francisca Muñoz, esposa de Cerdán, pudo ser contratada por una empresa vinculada con Antxon Alonso un día después de la detención de Koldo García el 20 de febrero de 2024 para que “bajo la apariencia de un contrato laboral, hacerle llegar a la mujer de Cerdán una asignación mensual de en torno a 1.300 euros mensuales, ascendiendo a un total de 18.730,15 euros”.

Otro punto en el que se para es en una conversación de Antxon y su esposa en la que le traslada que Cerdán estaría interesado en un piso cuyo valor ascendería a 950.000€ y el cual necesitaría una reforma de alrededor de 350.000 euros. La UCO considera que se produjo una “tentativa de la compra de una vivienda valorada en aproximadamente un millón de euros, ubicada en calle Santa Cruz de Marcenado de Madrid” meses después de haber sido nombrado Cerdán secretario de Organización del PSOE.

La UCO explica que se ha podido evidenciar que Cerdán y su mujer habrían visitado en calidad de posibles compradores el inmueble y que hicieron una oferta a la baja, 900.000 euros. Esa oferta fue rechazada y finalmente tras varias visitas en las que intervino Alonso se fijó el precio de 985.000 euros. Pero finalmente esa compra fracasó por discrepancias con el tiempo de entrega por parte de los vendedores. Los investigadores consideran que ese piso fue“ un intento fallido de que Servinabar realizara para Cerdán la compra de un inmueble en Madrid por importe cercano al millón de euros”. “Pone de manifiesto, en conjunto con los bienes efectivamente disfrutados, la plena disposición por parte de Cerdán de los fondos de Servinabar”.

Era 19 de enero de 2021. Koldo García acababa de comer cuando recibió un 'wasap' del constructor José Ruz, propietario de la empresa Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC). “¿Has hablado con la jefa?”, le preguntaba. A los cuatro minutos, el asesor del Ministerio de Transportes, la 'mano derecha' de uno de los ministros con más poder en el Ejecutivo de Pedro Sánchez le respondía. “Sí, me prometió que lo tienes lo de Elche”. Esa “jefa” era la entonces presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera.

La conversación, que viene recogida en un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) y que se alargó por días, iba sobre un asunto muy concreto. Pepe Ruz presionaba para que Adif se hiciera cargo del sobrecoste de una obra que había realizado su constructora en Elche. Había ido en UTE con Construcciones Vilor y se había encargado de levantar la estación de AVE en esa localidad alicantina.

La UCO dijo en ese informe, que se conoció en junio de 2025, que la estación comenzó a funcionar en febrero de 2021 y que desconoce “la naturaleza o el objeto de la reclamación” del constructor. Pero añadía que esa conversación y otras que recoge el atestado muestran a las claras que Koldo García “departía directamente con la presidenta de Adif” para que esta diera adjudicaciones o agilizara reclamaciones como la de Elche.

Por lo que decía Koldo García, esa reclamación en beneficio de LIC era pan comido, porque Pardo de Vera le había “prometido” que así sería. Pero, a juzgar por una reciente sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es, la realidad no era tal y como se la pintaba el asesor ministerial al constructor. Pardo de Vera no se hizo cargo de ese montante que ascendía a más de 1,55 millones de euros y resolvió desestimar la reclamación. Es más, encargó a los servicios jurídicos de Adif que defendieran esa postura ante los tribunales. La magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Míriam Bris, en abril de este año acordó desestimar el recurso que presentó LIC por esos sobrecostes. A pesar de lo que recoge la UCO en el atestado, no parece que Pardo de Vera remara a favor de los intereses de la presunta organización criminal que se investiga o, al menos, no en este caso concreto.

La sentencia recoge, de hecho, el argumento de la Abogacía del Estado, que defendía los intereses de Adif: “Ninguna de las reclamaciones de la UTE puede prosperar porque el contrato se ejecutó bajo el principio de riesgo y ventura, y la actora no ha acreditado que los supuestos daños deriven de una actuación imputable a Adif, sino de incidencias propias de la ejecución ordinaria del contrato”.

Además, el ente público alegaba que la certificación final de obra “fue aprobada mediante resolución firme no impugnada”, por lo que la UTE no podía “reabrir su contenido ni cuestionar mediciones que debió discutir en su momento”.

La magistrada, en su resolución realiza una lectura de la situación que deja en muy mal lugar a la constructora de Ruz: “Ninguna de las pretensiones ejercitadas puede prosperar. (…) Las reclamaciones de la actora presentan un carácter heterogéneo y mezclan conceptos contractuales y extracontractuales incompatibles entre sí, lo que impide construir una base jurídica coherente para su estimación”.

Dice más: “Esta confusión se traslada y se refleja igualmente en la prueba. La UTE no ha acreditado que los sobrecostes, retrasos o trabajos extraordinarios tengan su origen en una actuación imputable a Adif, ni ha aportado prueba técnica que permita establecer el nexo causal exigido por la jurisprudencia”.

Extremo este que desde el entorno de Pardo de Vera siempre han negado, explicando que en los contratos públicos del administrador de infraestructuras ferroviarias intervienen un gran número de funcionarios, lo que dificulta poder elegir a dedo constructoras.

El caso es que esos esfuerzos del constructor para que Adif se hiciera cargo de los sobrecostes de Elche le venía preocupando desde finales de 2020 a juzgar por otras conversaciones de Ruz con Koldo. Y Koldo transmitía esa preocupación a Pardo de Vera.

“Va a cantar”

A pesar de que en este asunto Koldo García no parece que logró torcer la voluntad de Pardo de Vera, la UCO en su informe añadía otras conversaciones donde sí infieren que entre ambos había complicidad. La expresidenta de Adif consta como investigada en la causa de la Audiencia Nacional en la que el juez Ismael Moreno investiga también al ex número tres del PSOE Santos Cerdán, al empresario Víctor de Aldama, a Koldo García, al exministro José Luis Ábalos y al exdirector de Carreteras Javier Herrero, entre otros, por esos presuntos amaños en obra pública a cambio de mordidas. Las constructoras que están en el punto de mira de la UCO son Acciona, LIC y Obras Públicas y Regadíos (OPR).

Quizá la conversación más comprometida de Pardo de Vera en esta causa es una que grabó de forma subrepticia el propio Koldo García. Era 18 de noviembre de 2020 y el asesor le solicitó a la presidenta de Adif que llevara a cabo una adjudicación discrecional de una obra en Asturias en favor de LIC.

Si se analiza la transcripción de ese audio, al que ha tenido acceso este diario, se observa cómo Koldo le explica que “Levantina ya ha estado trabajando” con Adif en algunas cosas y le solicita que “por favor” entren en una obra relativa a mantenimiento. Pardo de Vera le explica entonces que esa constructora “no pinta nada en mantenimiento”.

Acto seguido, García le pregunta si tiene alguna licitación ahora, y la expresidenta de Adif le indica que hay una “muy interesante que son 60 millones”. Pero Koldo García quiere que se les dé alguna obra de emergencia. “Y una posible obra de emergencia en cualquier sitio de abajo”, inquiere, ante lo que Pardo de Vera le recuerda que ya les han dado una de 700.000 euros. “Hace nada, es que otra vez va a cantar, déjamelo mirarlo (sic)”, indica la expresidenta.

Koldo, antes de finalizar la conversación le explica que LIC podría estar a punto de tener un problema y por eso necesitaba que hicieran “algo durante este mes (ininteligible) para hablar del finiquito”. Ante esa insistencia, el asunto acaba con una frase de Pardo de Vera: “Bueno, pues déjamelo mirarlo (sic)”.

La UCO explica en su informe que poco tiempo después, el 17 de diciembre de 2020, apenas un mes después de la conversación mantenida entre Koldo e Isabel Pardo de Vera, Adif propuso directamente a LIC como adjudicataria de una obra de emergencia por importe de 592.000 euros.

Otro de los episodios que afecta directamente a Pardo de Vera y que viene recogido en el informe de la UCO ocurrió en enero de 2019 cuando Koldo García envió a la entonces presidenta de Adif un documento en el que aparecía un listado de adjudicatarias con dos subrayados -uno más intenso y otro más tenue-. El asesor le escribió que estaba descontento por la empresa que había obtenido la mayor puntuación y le indicó: “Nos a (sic) jodido un poco”. Pardo de Vera le preguntó entonces por el “fosforito” (una UTE en la que participaba OPR), y el asesor de Ábalos le dijo que era “por disimulo”. La UCO infiere que esa licitación debía haber sido adjudicada a Acciona, y como no fue así, el asunto “habría generado descontento”.

Por otro lado, en una conversación grabada entre Santos Cerdán y Koldo García de 22 de abril de 2019 el segundo le dijo al exdirigente socialista que tenían un problema porque Pedro Saura quería cesar a Isabel Pardo de Vera y a Javier Herrero. Para él eran piezas clave en los amaños que se perpetraban. Pero la relación con Pardo de Vera se enturbió con el tiempo. Con la salida de Ábalos y Koldo del Ministerio, el que fuera asesor del ministro se quejaba amargamente a Santos Cerdán de la actitud de la expresidenta de Adif: “No tiene perdón de Dios, tío”.

La UCO explica que Koldo “terminó enfrentado con ella”. “El motivo de este desencuentro habría radicado en que esta no habría accedido a ayudar a la empresa que Ábalos le había indicado sino todo lo contrario, bloqueándola de las adjudicaciones públicas”, indica la Guardia Civil.

Era 21 de noviembre de 2024. El empresario Víctor de Aldama acababa de 'tirar de la manta' y había implicado en el cobro de mordidas en el caso Mascarillas tanto al exministro José Luis Ábalos como a su asesor ministerial Koldo García. Los pormenores de la declaración cundieron por el 'zulo' —así se suele llamar de manera coloquial a la sala de prensa en la que trabajan una veintena de periodistas en la Audiencia Nacional—. Y con esos detalles, se hizo una primera llamada a una de las fuentes del caso. Lo que dijo entonces ya era revelador: “Siempre supe que Aldama era el eslabón más débil”.

Dos años después, el tiempo y una sentencia puede que hayan echado por tierra esa reflexión. Quizá no era el más débil y sí el más avispado: tras su declaración fue puesto en libertad —había sido detenido por otra causa, un fraude millonario al IVA en el sector de los hidrocarburos— y hoy, a juzgar por algunos programas televisivos a los que acude, es presentado casi como un prócer de la nación, el 'campeón' contra la corrupción.

Si uno se da una vuelta por su cuenta de Instagram pareciera que a Aldama le quiere hasta el papa León XIV. Durante la visita del pontífice a España, el empresario colgó una foto de un rosario que había sido bendecido por Prevost. “Un regalo muy especial recibido de manos del Santo Padre”, colgó en el post. Su figura ha cogido tal vuelo que le paran para hacerse 'selfies' por la calle, le escoltan los 'chicos' de Dani Desokupa y hasta le aclaman en manifestaciones como la del pasado 23 de mayo, apoyada por el PP y Vox contra “el Gobierno corrupto”. Allí, ya con el juicio finalizado y pendiente de sentencia, clamaba ante un reportero: “El pueblo es el que gana al final”. Buena parte de la sociedad ya ha encontrado a su vellocino de oro. Pero, ¿quién es realmente Víctor de Aldama?

Los inicios en la informática

Personas de su entorno, consultadas por elDiario.es, indican que el empresario, que se crio en Móstoles —es hijo de un peluquero de caballeros con un toque especial— arrancó haciendo sus pinitos en la informática. Pronto cayó en que con el ladrillo podía ganarse la vida bien y se enganchó a un buen 'mentor' que le llevó de la mano. “No tiene estudios universitarios o, para decirlo de otro modo, tiene la misma carrera que Begoña Gómez”, dicen quienes le conocen desde hace décadas. Consideran que tampoco era el más avezado del mundillo inmobiliario y argumentan que de 20 negocios le salía uno. Eso sí, “siempre se supo subir al carro”.

Para algunos de los consultados, el empresario se tiene en una alta estima, suele priorizarse sobre los demás y siempre le ha gustado vivir rodeado de lujos. Otros, más cercanos, le califican como “un padrazo” al que le pierden los coches y el deporte —llegó a ser presidente del Zamora CF—. Es visceral, apuntan, pero “una persona normal e íntegra”. ¿Que fuera calificado por la UCO como el nexo corruptor de la organización criminal por la que ha sido condenado a más de cuatro años de cárcel? “Nada más alejado de la realidad”, dicen, argumentando que cuando conoció a Koldo y a Ábalos ya era rico. Le buscaron ellos a él, explican, por su capacidad de contacto. También destacan que Aldama “se batió el cobre” durante años en América Latina afrontando proyectos de envergadura en países como México y Colombia. Ahí se hizo con una buena agenda de políticos relacionados con el ladrillo.

Ahora, con una sentencia a sus espaldas, no ha tenido que entrar en prisión. Todo gracias a que los magistrados del Tribunal Supremo premiaron de forma ejemplarizante su colaboración con la justicia —le libraron incluso de pagar una multa de 3,7 millones al absolverle del delito de uso de información privilegiada—. Quienes vivieron el momento en el que se le comunicó la decisión en el Alto Tribunal explican que hubo lágrimas y abrazos. El ponente de la sentencia, Andrés Martínez Arrieta, había logrado tejer una unanimidad que ponía el foco en una corrupción sistémica con la que había que acabar. El tanto se lo apuntó el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, padre de esa idea.

“Un compromiso moral”

Aldama y sus allegados salieron del trago pensando que le había echado “muchos cojones”, que “se había plantado ante el sistema y había salido vivo”. Y por eso, ahora entiende que ha adquirido “un compromiso moral” con la eliminación de la corrupción en el país. Sí, todo un corruptor 'pasándose el juego' en poco más de un año y gracias a una instrucción en el Supremo que tenía tintes de 'blitzkrieg' por aquello de la velocidad, la sorpresa y la fuerza masiva. “Le ha cogido el gusto a eso de ser conciencia, es el nuevo Pepito Grillo”, dicen.

En la faceta empresarial, a juzgar por lo que dicen hombres de negocios prestigiados consultados por este periódico, tampoco le pasan factura ni la condena ni las causas en las que continúa siendo investigado. Que se haya aprovechado de una pandemia mundial para poner el cazo (6,6 millones en comisiones) y hacerse con adjudicaciones públicas gracias al pago de mordidas mensuales que rondaban los 10.000 euros no es óbice para que tenga tirón entre el empresariado español.

“Tiene un grandísimo mérito, es una persona que se ha equivocado en su vida pero se ha arrepentido”, indican para añadir que, ante amenazas de muerte —se ha hablado de tres tiros en su coche blindado y de una extraña visita en la cárcel— ha sido “valiente”. “Todo el mundo se puede equivocar, me da más asco ZP haciendo campaña en Andalucía, ese sí es un delincuente”, indica el empresario, vinculado antaño con el partido Ciudadanos, para luego añadir que “si arrepentirse no sirviera de nada, San Pablo nunca habría llegado a santo”.

Otro de los cercanos a Aldama va más allá en eso de los negocios y habla de que ya hay importantes directivos del Real Madrid que le tienen en “gran estima” y que están a la expectativa de entablar negocios con él. “Tiene muy buenos quereres, una gran respuesta social, se hizo 70 fotos en Jerez en la feria”.

Aldama ha sabido construir su personaje desde que en 2024 quedara en libertad provisional: cercanía con determinados medios y pseudomedios y pastelitos para los periodistas a la entrada del juicio. La baza en su travesía por los juzgados era ganarse, por un lado, a la Fiscalía —su abogado ayudó mucho con eso— y, por otro, a esa parte de la sociedad que no comulga con el presidente del Gobierno y que, a ojos de determinados políticos, se cuentan por votos. Por eso, utiliza el enfrentamiento directo en redes con políticos socialistas de la talla del ministro Óscar Puente.

La rueda sigue. Dado que está siendo investigado en más casos, debe alimentar su colaboración con la Fiscalía Anticorrupción. “¿Qué tienes contra Sánchez?”, le preguntó el periodista Antonio Naranjo en su programa de Telemadrid hace escasos días. Aldama, contemporizando, le indicó que a eso no le podía contestar, pero pronto se sabría. A Iker Jiménez, presentador de Horizonte, en Cuatro, le echó un caramelo mejor que el que le soltó a Naranjo: “Ahora tras la sentencia, me da pie a contar más. Lo que he entregado es un aperitivo. Tengo mucho, contundente e importante”. Aldama, el antisistema, aspira a hacer caer un Gobierno y, por eso, a juzgar por estas declaraciones, sostiene una estrategia de colaboración a cuentagotas con la justicia.

Por delante, le queda afrontar la causa de los amaños de obra pública y la causa del fraude en el sector de los hidrocarburos. Pero la sentencia del Supremo ya apuntaba a que su colaboración con la justicia había propiciado y favorecido el esclarecimiento de más procedimientos en curso, por lo que está por ver si sigue teniendo 'crédito' positivo en Fiscalía de cara a eventuales nuevas condenas.

Las causas pendientes

En el asunto de la obra pública, su aportación ayudó en mayor o menor medida a que el juez del Supremo Leopoldo Puente arrancara con unas pesquisas que resultaron en la imputación no solo de Ábalos y Koldo García sino también de quien era el número tres del PSOE Santos Cerdán. El político navarro acabó entrando en prisión provisional unos meses dado su papel protagónico en la trama que buscaba hacerse con mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública. Aldama entregó una nota en la que aparecían comentarios escritos por Koldo García y que tenían relación con determinadas adjudicaciones. Esa causa reside ahora en la Audiencia Nacional dado que Ábalos dejó de ser aforado.

Aldama también consta en el juzgado de Santiago Pedraz como uno de los cabecillas, junto a su socio Claudio Rivas, de una trama que buscaba defraudar el IVA en el sector de los hidrocarburos. Según describen los atestados de la UCO consultados por este diario, la operativa de esta trama era tan sencilla como efectiva. Lograron una licencia de operadora mayorista para la mercantil Villafuel y con ella adquirieron a otros operadores como Exolum distintos productos petrolíferos para, ficticiamente, simular su transmisión a siete empresas interpuestas, suministradoras o subcuentas que actuaban bajo el control de la organización criminal y servían para ocultar la transmisión directa y real del hidrocarburo a los verdaderos destinatarios finales.

El impuesto del IVA, que debían asumir esas interpuestas, nunca era abonado al Estado y así consiguieron defraudar una cuota de 182,5 millones de euros desde septiembre de 2022. Esas mismas empresas interpuestas habrían sido usadas como “canales de blanqueo” para mover lo defraudado a terceros países “para alejarlo, ocultarlo y dificultar su trazabilidad”.

Además, según un informe reciente de la Agencia Tributaria presentado en la rama del caso de las Mascarillas que reside en la Audiencia Nacional, Aldama habría defraudado a Hacienda una cuota de 2,4 millones de euros. La cuota exigible al conseguidor es, en realidad, de 1,6 millones de euros, cantidad que se obtiene de deducir las cantidades ingresadas en concepto de Impuesto de Sociedades en 2020 por sus mercantiles Deluxe Fortune SL y MTM 180 Capital SL. La cantidad sobrepasa ampliamente la frontera que separa la falta administrativa del delito penal, por lo que indefectiblemente el empresario se enfrentará a un delito contra la Hacienda Pública.

Aldama sube un 'tiktok' bailando en la feria, se sienta en su casa a hacer directos para sus fans, se emociona, llora ante su público. Muchas de sus aseveraciones contra Pedro Sánchez o contra ministros como Ángel Víctor Torres nunca han sido probadas y han sido calificadas como simples bulos. Durante los 14 días de juicio llevó prendida de la solapa de su americana una cruz. Su amiga, una anticuaria, se la prestó para que le protegiera en su periplo judicial. Y, a juzgar por el resultado, de momento el amuleto 'le ha servido'. Está por ver si esa cruz tiene tirón también en el resto de causas a las que se enfrenta. Solo le falta un 'reality'.