Entre los días 20 y 21 de mayo se celebrará en Toledo la 53ª Conferencia Regional Europea de Interpol, la Organización Internacional de Policía Criminal, a la que asistirán más de un centenar de representantes de 50 países.

El encuentro contará además con la presencia del vocal miembro del Comité Ejecutivo de las Américas, el representante de Canadá, y Australia, Brasil y Benín como países miembros de Interpol.

La 53ª Conferencia Regional Europea abordará, entre otros asuntos, la lucha contra las redes de delincuencia organizada, el abuso sexual infantil en la Red, la ciberdelincuencia, la lucha contra los centros de estafas, las amenazas emergentes de drogas en Europa y la trata de personas.

En paralelo, unos 180 agentes de Policía Nacional de una decena de unidades especializadas vigilarán la celebración, este miércoles y jueves del evento que se celebrará en el Hotel Palacio de Buenavista de Toledo.

Un dispositivo que ha explicado este martes, en declaraciones a los medios, el inspector jefe de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, Francisco Javier Gómez, que ha explicado que entre las unidades participantes en el dispositivo están medios aéreos, unidades especializadas de guías caninos o unidades de subsuelo para “garantizar que el dispositivo se desarrolle con total normalidad”.

Los agentes, ha explicado el inspector jefe, pertenecen en gran medida a la Comisaría Provincial y la Jefatura de la Policía en Toledo, así como de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Toledo y Albacete y de los Grupos Operativos de Respuesta (GOR) tanto de la Comisaría Provincial como de Talavera de la Reina.

Guías caninos y unidades de subsuelo en el dispositivo

También ha detallado que los guías caninos y las unidades de subsuelo que forman parte del dispositivo llegan a través de la colaboración de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana.

Francisco Javier Gómez ha explicado que esta organización viene preparándose desde hace dos meses a través de reuniones operativas y ha reconocido que en los cuatro días de duración del dispositivo se va a notar “un incremento efectivo” de los agentes en las calles de la ciudad, pero ha insistido en que el grueso del mismo va a centralizarse en el Hotel Palacio de Buenavista en el que se desarrolla el evento.

En estos momentos, a un día de comenzar la conferencia, el dispositivo se encuentra en una fase previa y ya se han hecho requisas tanto del interior del hotel como del exterior para “garantizar la seguridad”.

Gómez ha recordado que en la Conferencia Regional Europea de Interpol van a participar mandos policiales de 50 países miembros de Interpol para debatir sus cuestiones de seguridad internacional y combatir el crimen internacional, lo que implica que en el evento podrían participar unas 200 personas.

Suecia no es, en principio, un país que se asocia con violencia, y mucho menos, con menores reclutados para matar. Sin embargo, en los últimos años, una serie de casos obliga a matizar esa imagen. Durante 2024 las autoridades suecas identificaron alrededor de 1.700 adolescentes de menos de 18 años vinculados a redes criminales y al menos 52 casos con participación de menores de 15 años en homicidios o intentos de homicidio.

Ese mismo año, en la ciudad de Karlskoga, se registraron por lo menos dos casos en los que bandas locales reclutaron a adolescentes de entre 13 y 15 años como sicarios aprovechando su condición de inimputables, según informes policiales recogidos por medios suecos como SVT Nyheter. En uno de estos episodios, uno de los menores expresó en redes sociales su deseo de cometer su “primer asesinato” en un intercambio directo con su 'empleador'.

Estos ejemplos permiten observar con nitidez el papel de las plataformas digitales en los procesos de reclutamiento. Otros casos alcanzan edades aún más bajas. Un niño de 12 años fue detenido por su presunta participación en un asesinato por encargo valorado en unos 20.000 euros, en el que además acabó disparando contra el objetivo equivocado. En otro caso, a un niño de 11 años le ofrecieron más de 13.000 euros a través de Snapchat para cometer un asesinato. Más allá del carácter extremo de estos sucesos, emerge un rasgo persistente: la disponibilidad de menores de 18 años como ejecutores de asesinatos por encargo.

Según la agencia Reuters, en 2024 el número de sospechosos de menos de 15 años en homicidios o intentos de homicidio se multiplicó en Suecia respecto al año anterior, en un contexto en el que las autoridades advierten sobre el uso creciente de adolescentes como asesinos a sueldo. El fenómeno ha llevado a que algunos medios y actores políticos hablen de barnsoldater, niños soldados. Más allá de la retórica del término, su uso da cuenta de una mutación en las pautas delictivas en la Suecia del bienestar.

Lejos de ser un fenómeno difuso, esta dinámica encuentra en ciertas ciudades una concentración particularmente visible. Gävle, al norte de Estocolmo, es una de ellas. Allí la violencia se ha intensificado de forma notable. En esa ciudad de poco más de 100.000 habitantes se han producido varios tiroteos, asesinatos y ataques con explosivos, incluido el uso de granadas de mano. En octubre de 2025, un tiroteo en una zona de bares y restaurantes dejó seis personas heridas; fue detenido un menor de 14 años. En febrero de ese mismo año se registraron dos homicidios en menos de una semana ambos vinculados a disputas entre bandas. Meses antes, en julio de 2024, un joven de 15 años fue procesado por el asesinato de un hombre de 23 años frente a un club nocturno, identificado como figura relevante dentro de la trama criminal local. En estos episodios se presenta el mismo patrón: las organizaciones reclutan de forma sistemática a menores de entre 10 y 14 años canalizando los encargos a través de redes sociales y mensajería cifrada, como han advertido organismos como la ONG Humanium y medios internacionales como Al Jazeera.

En este contexto, el trasfondo económico adquiere relevancia. ¿Según el informe Hur mycket narkotika finns det i Gävles avloppsvatten? (¿Cuánta droga hay en las aguas residuales de Gävle?, 2025), elaborado por Johnny Gustavsson y Sven Persson para el área de bienestar del municipio de la ciudad, el análisis de aguas residuales permitió estimar no solo el consumo de drogas, sino también el valor económico del mercado a escala local. En esta ciudad, el mercado anual de cannabis, cocaína y anfetaminas se sitúa en torno a los 46 millones de coronas suecas, aproximadamente 4 millones de euros. Lejos de ser un dato accesorio, esta escala de ingresos permite entender la dinámica de la violencia: en contextos donde la circulación de drogas genera rentas elevadas y se desarrolla en condiciones de ilegalidad, la competencia por el control de ese valor se resuelve mediante la fuerza. Incluso en esta pequeña ciudad, la combinación entre rentabilidad y competencia por mercados clandestinos configura un escenario en el que los conflictos se traducen en enfrentamientos armados. 

El mercado sueco de las drogas podría situarse entre los 300 y 600 millones de euros anuales, lo que refuerza la idea de que la violencia observada no responde a episodios aislados, sino a la disputa por circuitos económicos de considerable volumen.

Exportación de niños sicario

La violencia no solo organiza los mercados a nivel local, sino que tiende a desplazarse allí donde ese valor se produce, circula o se disputa. El reclutamiento de adolescentes como sicarios forma parte de esa lógica: no es solo una dinámica circunscrita a Suecia, sino un fenómeno que empieza a proyectarse fuera de sus fronteras, en el marco de circuitos criminales transnacionales.

En noviembre de 2024 la policía española desarticuló una red en Alicante que reclutaba adolescentes suecos para asesinar por encargo. La organización incluía a un matrimonio sueco y a su hijo de 15 años, que era el encargado de captar a otros jóvenes a través de Telegram, gestionar los pagos y coordinar la logística de los ataques. En el contexto de este caso, un menor fue enviado a la costa andaluza con un fusil de asalto y un plan de fuga previamente diseñado.

No se trata de un episodio aislado. Al mismo tiempo, en Benalmádena, otro joven sueco de 17 años fue detenido mientras planeaba un asesinato por encargo. Las autoridades españolas, así como otros organismos europeos, han documentado de forma reiterada la presencia de ciudadanos suecos implicados en tiroteos, atentados y ajustes de cuentas en la Costa del Sol, un destino que pasó de asociarse con la llegada de turistas escandinavas en bikini en los años 60 del siglo pasado, a estar hoy marcado por la presencia de jóvenes de ese mismo origen vinculados al asesinato por encargo. En esa lógica se inscribe el asesinato del famoso rapero sueco Hamza Karimi, conocido como “Hamko”, ejecutado a plena luz del día en Marbella por otro ciudadano sueco.

Reclutados en la red

El carácter transnacional de estos episodios ha llevado a Europol a describir el fenómeno como violence as a service (VaaS), una modalidad en la que las redes criminales externalizan la violencia mediante la contratación de terceros. El VaaS representa una mutación relevante en la organización del delito: la violencia deja de ser un recurso interno de las estructuras criminales para convertirse en un servicio subcontratado. Aplicaciones de mensajería cifrada como Telegram o Signal, junto con redes sociales como TikTok, Snapchat o Instagram, funcionan como espacios de intermediación donde circulan ofertas concretas para contratar asesinos a través de canales y grupos donde se publicitan, configurando un mercado descentralizado en el que los ejecutores no necesariamente forman parte de la organización que ordena el ataque. La lógica es simple: sustituir miembros propios por ejecutores externos permite reducir costos, acelerar los tiempos de acción y, sobre todo, desplazar el riesgo penal hacia actores periféricos.

El aumento reciente de la violencia en Suecia presenta un rasgo paradójico: la delincuencia juvenil en términos generales ha tendido a disminuir, sin embargo, la violencia con armas de fuego ha seguido una trayectoria divergente, concentrada en redes criminales y protagonizada principalmente por jóvenes varones

Felipe Estrada — profesor de criminología en la Universidad de Estocolmo

Dentro de este dispositivo los jóvenes ocupan el lugar central. De acuerdo con autoridades policiales suecas, la captación de adolescentes en plataformas digitales se ha intensificado en los últimos años, en parte debido a su menor exposición judicial, pero también por la facilidad de contacto en estos entornos. Las fuentes describen a estos actores como ejecutores intercambiables, incorporados bajo una lógica de uso intensivo y reemplazo rápido. La violencia se organiza así como una cadena fragmentada donde quien ordena, quien financia y quien ejecuta rara vez coinciden.

Este modelo responde además a una racionalidad económica precisa. El instigador, frecuentemente situado en otro país, tal como señala el especialista José Luis Gil, conserva la dirección estratégica, mientras que el ejecutor asume la totalidad del riesgo operativo. Su captura o neutralización no interrumpe necesariamente la actividad, lo que otorga a estas redes una elevada capacidad de resiliencia.

Un rasgo distintivo de esta nueva modalidad criminal es su articulación con códigos propios del entorno digital. Las tareas violentas son presentadas como “misiones” o “desafíos”, en una lógica que remite al lenguaje de los videojuegos. Distintos informes policiales y coberturas mediáticas han advertido sobre este proceso de gamificación, que contribuye a desensibilizar a los reclutas y facilita su incorporación en plazos extremadamente breves, en algunos casos de apenas 48 horas entre el primer contacto y la ejecución del hecho.

Las redes sociales no solo operan como canales de captación, sino también como dispositivos de legitimación simbólica: la exhibición de dinero, armas y estilos de vida asociados al delito funciona como mecanismo de atracción, mientras que la circulación de actos violentos, pensados también para ser vistos, contribuye a su normalización y amplificación, en una lógica donde la violencia no solo se ejecuta, sino que se muestra, se consume y se reproduce.

Finalmente, el vínculo entre reclutadores y ejecutores incorpora formas de manipulación digital que recuerdan a otros esquemas de captación coercitiva. Autoridades europeas han advertido sobre el uso combinado de seducción y amenaza, donde un contacto inicial en tono amistoso puede derivar en presiones explícitas una vez que el joven ha aceptado participar, reduciendo significativamente su capacidad de desvinculación.

La fábrica de reclutas asesinos

El reclutamiento de menores no es un fenómeno marginal. Distintos organismos e investigaciones en Suecia coinciden en que forma parte del funcionamiento estructural de las redes criminales. El Consejo Nacional Sueco para la Prevención del Delito (Brå) señala que estas organizaciones operan a partir de jerarquías por edades, en las que adolescentes mayores incorporan a los más pequeños en las tareas de mayor riesgo, todo, en una lógica que permite segmentar funciones y desplazar el riesgo penal.

Varios estudios advierten sobre la necesidad de evitar explicaciones simplistas. Como sostiene Felipe Estrada, profesor de criminología en la Universidad de Estocolmo, en conversación con elDiario.es, “el aumento reciente de la violencia en Suecia presenta un rasgo paradójico: la delincuencia juvenil en términos generales ha tendido a disminuir, sin embargo, la violencia con armas de fuego ha seguido una trayectoria divergente, concentrada en redes criminales y protagonizada principalmente por jóvenes varones”. “Esto no se trata de la punta de un iceberg, sino de un fenómeno específico que exige explicaciones situadas”, señala.

Entre los factores que identifica el profesor Estrada se encuentran la baja capacidad de detección de delitos graves en las fases iniciales de la ola de violencia entre 2016 y 2023, lo que facilitó dinámicas de venganza, la disponibilidad de armas y la competencia por mercados de drogas altamente rentables. Al mismo tiempo, advierte Estrada, “el reclutamiento de menores sigue siendo difícil de contener y la respuesta política ha tendido a privilegiar herramientas punitivas sobre estrategias de prevención”.

Más allá de su dimensión económica, este fenómeno responde a trayectorias educativas débiles, falta de expectativas y entornos socialmente deteriorados combinados con la capacidad de estas organizaciones para ofrecer estatus, pertenencia, protección y recompensas inmediatas en una lógica capitalista de enriquecimiento a corto plazo. 

En este paisaje de violencia desatada la dimensión urbana resulta clave. El llamado Programa del Millón, impulsado en Suecia entre los años 60 y 70 para garantizar la vivienda, dibujó en la periferia de las grandes ciudades una serie de barrios que, con el tiempo, fueron cambiando de signo. Lo que nació como emblema del Estado de bienestar hoy aparece, en muchos casos, como territorio deteriorado: zonas donde se concentra vulnerabilidad social, economías informales y presencia estatal más tenue. No es casual que la policía las identifique como utsatta områden, “áreas vulnerables”.

Es allí donde la violencia vinculada a redes criminales encuentra su mayor intensidad. No se trata de una simple causalidad, sino de una trama reconocible. Como advierte la investigadora Isabelle Magnusson, el diseño y la localización de estos barrios han contribuido a reforzar dinámicas de aislamiento, estigmatización y cohesión interna que, con los años, facilitaron la consolidación de redes delictivas. En ese cruce entre espacio, desigualdad y economías ilegales, la violencia deja de ser un hecho excepcional y pasa a formar parte cotidiana del paisaje.

La disputa política por la violencia

Como era de esperar, el fenómeno también se ha metido de lleno en la política sueca. Sectores de la derecha han vinculado el aumento de la violencia con problemas de integración e inmigración, impulsando una agenda de endurecimiento penal con foco en los jóvenes. Hoy la edad de imputación se mantiene en los 15 años, pero en los últimos años han ganado fuerza propuestas para bajarla incluso hasta los 13 en casos graves. Aunque todavía no se han aplicado, estas iniciativas están en el centro del debate.

El paquete incluye medidas como el aumento de penas para delitos vinculados a bandas, la reducción o eliminación de beneficios penales para jóvenes, la creación de centros de detención específicos para menores y la ampliación de poderes policiales, con permiso para hacer allanamientos sin sospecha previa (visitationszoner). También se ha planteado endurecer las políticas migratorias y ampliar el sistema penitenciario, con previsiones de duplicar, o incluso triplicar, su capacidad en la próxima década.

El reclutamiento de menores sigue siendo difícil de contener y la respuesta política ha tendido a privilegiar herramientas punitivas sobre estrategias de prevención

Felipe Estrada — profesor de criminología en la Universidad de Estocolmo

Pero este enfoque genera críticas. Expertos y organismos de derechos humanos advierten sobre sus posibles efectos contraproducentes. Felipe Estrada sostiene que el endurecimiento de las penas no reduce la reincidencia. En contextos donde muchos jóvenes operan con alta exposición a la violencia y una expectativa de vida corta, la disuasión pierde peso. A ello se suma un problema de calado: en mercados ilegales de alta rentabilidad como el de las drogas, la cárcel no desarma las redes. Al contrario, abre espacios que otros jóvenes y niños ocupan rápidamente.

En esa línea, organizaciones como BRIS (una ONG sueca dedicada a la defensa de los derechos de niños y adolescentes) advierten que el endurecimiento penal puede empujar a las redes a reclutar menores aún más jóvenes. A la vez, especialistas señalan que la entrada temprana al sistema penal tiende a reforzar trayectorias delictivas, al romper vínculos educativos y aumentar la exposición a entornos criminales. También hay cuestionamientos por el sesgo de las medidas. Entidades como Amnistía Internacional y Civil Rights Defenders advierten que las zonas de registro afectan de forma desproporcionada a jóvenes de origen inmigrante, profundizando la desconfianza en barrios ya marcados por la segregación. El debate queda así abierto entre quienes apuestan por el control y quienes ven en la violencia el resultado de problemas estructurales más profundos.

Niños que matan en un país que funciona

El cuadro que emerge de estos casos resulta especialmente significativo si se pone en relación con la posición que ocupa Suecia en los indicadores internacionales. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el país se ubica de manera sostenida entre los más altos del mundo en el Índice de Desarrollo Humano. A ello se suma una fuerte capacidad estatal, bajos niveles de corrupción y sistemas de bienestar ampliamente consolidados, rasgos que suelen asociarse a contextos de baja criminalidad estructural. Sin embargo, la evidencia muestra que estos atributos no funcionan como blindaje frente a determinadas dinámicas del crimen organizado. En particular, la expansión de mercados ilícitos de alto valor, como el de la cocaína y otros estupefacientes, introduce lógicas que no se dejan absorber fácilmente por las instituciones. Allí donde la regulación es imposible, la competencia no desaparece: se reorganiza.

En ese terreno, la disputa por el control del mercado se traduce en violencia. Y esa violencia, lejos de concentrarse en estructuras cerradas, tiende a externalizarse. En un país con altos niveles de desarrollo, fuerte presencia estatal y amplias capacidades institucionales, la combinación entre mercados ilícitos de alto valor y prohibición genera un tipo específico de criminalidad: fragmentada, adaptable y con capacidad para reclutar a los actores más vulnerables y rentables.

En ese escenario, los menores no son el origen del problema, sino uno de sus efectos más visibles. Son quienes absorben el riesgo en el último eslabón de una cadena que se organiza a escala transnacional. Y es ahí donde la imagen inicial termina de quebrarse: en uno de los países más ricos y estables del mundo, hay chicos que a los 10, 11 o 12 años aceptan un encargo de asesinato a través del teléfono móvil. No como excepción, sino como parte de una lógica que convierte la violencia en un servicio y la ejecuta, muchas veces, como si de un videojuego se tratara.

El interés de Mark Galeotti por la Rusia moderna ha ido a menudo en paralelo con el que tiene por las mafias, el blanqueo de dinero o la falsificación de moneda. Después de años dando clase a universitarios y asesorando gobiernos entre Londres, Nueva York, Praga, Florencia y Moscú, el historiador británico ha publicado varios libros sobre el Kremlin y la historia rusa reciente. Su último ensayo, Homo Criminalis –recién editado en español por Capitán Swing–, mira también al pasado más remoto con una historia del crimen organizado a lo largo del tiempo y del espacio. 

Cuenta historias de los piratas que contribuyeron a la creación de la fuerza naval de Estados Unidos, la falsificación de cacao azteca, el contrabando del té o los criminales deseosos de estabilidad que contribuyeron a la creación del Estado. Una de sus lecciones es que el crimen está tan embebido en la vida diaria y en las instituciones incluso en países democráticos que es imposible de suprimir. Su aspiración es que al menos los gobiernos lo reduzcan a niveles manejables. Eso espera también para Estados que han convertido a las bandas en parte de su estrategia de acción, como Rusia, su país de referencia y donde tiene prohibida la entrada como otros académicos y escritores desde 2022.

El libro empieza con una novela corta de Cervantes, como comentamos en esta conversación, editada por claridad y extensión.

¿Por qué eligió empezar su libro con Rinconete y Cortadillo?

Cuando lo leí, el paralelismo me pareció muy bueno. Cervantes escribe con precisión cómo han operado tantos grupos del crimen organizado a lo largo de los siglos y, en cierta medida, cómo todavía lo hacen hoy en día. El lector no tiene que saber nada sobre la España del siglo XVII, pero lo reconoce. Como si ve Los Soprano o una película de El Padrino.

¿Le sorprendió el patrón histórico del crimen organizado?

Me fascina la conexión que uno puede trazar con sociedades tan diferentes, como el ejemplo de los falsificadores de granos de cacao azteca. Esos trozos de estiércol convertidos en granos de cacao eran un lavado de dinero como el que ha sucedido de tantas otras maneras. La naturaleza humana crea ciertos patrones organizativos, ya estemos hablando de tríadas chinas o de sicilianos trasplantados a un entorno totalmente nuevo en Nueva York. Es una historia muy humana y bastante universal. Eso sí que me sorprendió.

¿Hasta qué punto el crimen organizado está arraigado en las instituciones, en los Estados, en las empresas como parte de nuestra vida cotidiana incluso en las democracias de Europa?

Totalmente… El crimen organizado es la sombra oscura que organiza la sociedad.

Nuestras sociedades se han vuelto mucho más organizadas. Y, por lo tanto, los criminales ya no son los bandidos que pululaban por los bosques ni los antiguos extorsionadores que exigían pagos. Los Estados modernos han mejorado mucho en la vigilancia y el control, y, por tanto, hay un proceso de evolución darwiniana que significa que los criminales tontos son atrapados. Los criminales inteligentes sobreviven para dar forma al modelo general y se mueven mucho más hacia las sombras, pero están ahí. Ya sea por el dinero sucio que fluye a través de nuestro sistema financiero, hasta el punto de que hoy en día no podemos distinguir el dinero limpio del sucio, ya sea en los cimientos de nuestras ciudades modernas –arena robada ilegalmente que se usa en los cimientos–, o ya sea en la medida en que hemos externalizado la criminalidad.

Nos beneficiamos de bienes que se fabrican con mano de obra barata, pero en algún otro lugar convenientemente fuera de la vista, aprovechando al máximo la globalización. Así que sí, el crimen organizado sustenta todos los aspectos de la sociedad moderna. Y, en cierto modo, eso es inevitable. Nunca vamos a poder derrotar por completo al crimen organizado. Podemos intentar controlarlo y reducirlo a niveles manejables. Pero, a fin de cuentas, siempre estará con nosotros.

Nunca vamos a poder derrotar por completo al crimen organizado. Podemos intentar controlarlo y reducirlo a niveles manejables. Pero, a fin de cuentas, siempre estará con nosotros

Cita en su libro a un representante de la ONU que dijo que en la crisis financiera de 2008 el dinero sucio jugó un papel importante en la estabilización del sistema financiero. ¿En ciertos momentos, el sistema financiero necesita ese tipo de dinero ilegal? 

Esa fue una situación muy específica, pero enfatiza la velocidad con la que el crimen organizado puede moverse. De la misma manera que, en Japón, la Yakuza fue la primera en brindar asistencia a las víctimas de los terremotos. No lo hicieron porque fueran buenas personas, sino porque querían aumentar su legitimidad dentro de la sociedad. El asunto es que podían operar mucho más rápido. 

De igual manera, fueron los narcotraficantes quienes pudieron mover su dinero al sistema financiero cuando hubo una crisis de liquidez más rápidamente que los estados, a pesar de que los estados tenían más recursos. 

Si los sistemas financieros necesitan o no dinero sucio, ahora es irrelevante: están enganchados a él. Londres recibe muchas críticas por ser un centro del lavado de dinero, pero eso simplemente refleja que es uno de los grandes centros financieros globales. Y todo el dinero asciende, como en una pirámide, desde las jurisdicciones dudosas hasta las establecidas. Pero si la City de Londres desapareciera, este dinero se movería a través de Frankfurt, París y Nueva York, dondequiera que esté el sistema bancario. 

Si los sistemas financieros necesitan o no dinero sucio, ahora es irrelevante: están enganchados a él

¿En Londres también influye el dinero ruso y el dinero de otros Estados turbios y sus oligarcas?

¿Hay dinero ruso cuestionable? Claro. Ahora menos, por razones obvias. Pero lo interesante es, ¿ha reducido eso los niveles de lavado de dinero global? No. En cierto modo, lo ha aumentado. El dinero sucio ruso no llega directamente a Occidente. Tal vez pase por Israel, China o Dubai, pero llega a su debido tiempo. 

Cada país tiene su tipo de fuentes de financiación ilícita, ya sean los cárteles de la droga latinoamericanos o la nueva generación de ciberdelincuentes que están ocupados convirtiendo su criptomoneda en moneda real para que realmente puedas gastarla. Hay un flujo constante y siempre hay una búsqueda de quiénes son los nuevos en el barrio. 

¿Y quiénes son?

Alguna nueva banda emergente que necesita esto.

Es interesante pensar en cómo se ensució tanto el sistema bancario ruso en la década de 1990. Una razón es que la mafia italiana se enfrentaba a una creciente presión de las autoridades italianas. La Guardia di Finanza, la policía financiera italiana, es la segunda fuerza después del FBI en la clasificación mundial de cazadores de dinero. Los mafiosos se enfrentaban a una presión creciente y, de repente, vieron el colapso de la Unión Soviética. Rusia emergió con una especie de economía del salvaje Oeste bastante desregulada. Y, entonces, empezaron a hablar con los rusos. Y los rusos dijeron: “Estamos encantados de blanquear su dinero. Por cierto, ¿ustedes también están encantados de blanquear el nuestro?”. Así se produjeron estas conexiones. 

No es que los rusos sean únicos. Eran la fuerza emergente en el ámbito de las finanzas criminales durante aquellos años. Desde entonces, han surgido otros.

¿Están siendo sustituidos por otros después de la invasión de Ucrania?

En realidad, no. Todavía hay una enorme fuga de capitales de Rusia, a pesar de la magnitud de la situación. El Kremlin no quiere esto, quiere mantener el dinero donde tenga acceso. Los rusos de todo tipo, desde grupos del crimen organizado hasta funcionarios corruptos cuestionables, buscan sacar su dinero. Simplemente, encuentran nuevas rutas. 

La última vez que estuve en Moscú, antes de que me prohibieran la entrada, fue en noviembre de 2021. Alguien me dijo que, en ese momento, Macao era el nuevo lugar de moda para mover el dinero. Y estoy seguro de que ahora habrá otros.

¿Otros países están siguiendo el ejemplo de cómo el Estado ruso ha utilizado el crimen también para sus intereses geopolíticos?

No es único caso ni el más extremo. Por ahora, Corea del Norte es el caso más extremo. Me refiero a la Oficina 39, que es, esencialmente, su ministerio de crimen organizado y ayuda a mantener a flote esta extraña dictadura a través de la metanfetamina, los fraudes cibernéticos y todo tipo de actividades delictivas. 

El caso de Rusia es especialmente triste para mí, que pese al veto de entrada sigo considerándome amigo de Rusia. Aunque ha habido un progreso real en la lucha contra la delincuencia en Rusia, desde la invasión de Ucrania, no solo se gasta menos recursos en la lucha contra el crimen (la policía tiene un 25% menos de efectivos), sino que el Kremlin está forjando cada vez más alianzas, ya sea para eludir las sanciones e introducir productos prohibidos en Rusia o para llevar a cabo operaciones de inteligencia y sabotaje en Europa. 

Vimos en España el asesinato de Kuzminov, el piloto de helicóptero desertor. Esto no se ha probado en un tribunal. Pero parece haber sido llevado a cabo por figuras del crimen organizado contratadas por la inteligencia militar rusa. 

Lo que vemos aquí es una combinación de dos factores. Uno es que los rusos están en modo de guerra. En la guerra, los estados tienden a usar todo tipo de instrumentos a su disposición. Y el otro factor es que los rusos han llegado a comprender cómo el crimen organizado se ha globalizado. De hecho, el crimen organizado ruso está muy conectado con otros grupos del crimen organizado europeo. Muchos de los ataques de sabotaje no son llevados a cabo por rusos, sino por polacos, por ucranianos, personas que están relacionadas con los servicios de inteligencia rusos. 

Este proceso está en marcha. En esencia, el Kremlin tiene que negociar con el crimen organizado. Es una relación muy transaccional y pragmática. Pero la cuestión es que el crimen organizado tiene cada vez más libertad para operar, siempre y cuando actúe también como instrumento del Kremlin en el extranjero. Eso tendrá implicaciones a largo plazo para Rusia y para sus vecinos.

El Kremlin tiene que negociar con el crimen organizado. Es una relación muy transaccional y pragmática. Pero la cuestión es que el crimen organizado tiene cada vez más libertad para operar, siempre y cuando actúe también como instrumento del Kremlin en el extranjero. Eso tendrá implicaciones a largo plazo para Rusia y para sus vecinos

¿La guerra en Europa y en Oriente Próximo está ayudando al crimen organizado?

El crimen organizado tiende a aprovecharse de las crisis. Las crisis tienden a distraer al Estado y a socavarlo, y tienden a crear cambios en la demanda. Por ejemplo, con el cierre del estrecho de Ormuz, ya hay bandas organizadas en Europa robando gasolina de coches, camiones cisterna y gasolineras porque el precio está subiendo. En África, hay una verdadera crisis por los fertilizantes: el suministro de una cuarta parte de todos los flujos de fertilizantes del mundo pasa por el estrecho de Ormuz y, por lo tanto, los precios de los fertilizantes están subiendo. Los países occidentales pueden pagar. Algunos países africanos no pueden.

Así que lo que estamos viendo cada vez más en África son bandas que compran fertilizantes y luego los adulteran como si fuera heroína. Es decir, lo mezclan con tierra, con lo que sea que puedan encontrar, y lo venden. Lo único que los agricultores desesperados pueden permitirse resulta ser, en realidad, fertilizante falso o una mezcla de fertilizante y mucha basura. Ese es el resultado de una economía criminal que ha surgido en cuestión de semanas.

El conflicto tiende a crear demandas de mercado que cambian rápidamente y, de hecho, los miembros del crimen organizado son los capitalistas por excelencia. Pueden responder más rápido porque no tienen que preocuparse por la burocracia. No tienen que preocuparse por obtener permisos ni regulaciones gubernamentales. Y también suelen tener mucho efectivo disponible para poder invertir rápidamente en nuevos negocios.

Los miembros del crimen organizado son los capitalistas por excelencia. Pueden responder más rápido porque no tienen que preocuparse por la burocracia. No tienen que preocuparse por obtener permisos ni regulaciones gubernamentales. Y también suelen tener mucho efectivo disponible para poder invertir rápidamente en nuevos negocios

¿La reacción contra la globalización en términos de comercio y cualquier tipo de cooperación está ayudando o perjudicando el crimen organizado?

Esto es un intento de ir contra la corriente. Puedes quejarte todo lo que quieras. No vas a poder hacer nada al respecto. Y, en realidad, ayuda al crimen porque cada vez que prohibimos algo, creamos mercados para el crimen organizado. Ahora bien, eso no significa necesariamente que no debamos hacerlo. No estoy diciendo que debamos liberalizar la heroína. Pero tenemos que ser conscientes de que eso es lo que estamos haciendo. 

Los aranceles crean nuevos desequilibrios de mercado que crean nuevas oportunidades para los criminales. Ahora bien, en este momento la situación es tan fluida que es difícil saber el impacto.

Trump habló de poner aranceles masivos al champán francés porque Emmanuel Macron lo había criticado. Si lo hace, ¿disuadirá a la gente que quiere champán? No. O pagarán el precio extra, o si alguien más lo ofrece a un precio intermedio entre el antiguo y el nuevo, es muy probable que lo compren. Ahora bien, el champán es un mercado especializado. El verdadero problema surge si, al empezar a ejercer presión sobre los componentes básicos y las materias primas, se produce un aumento del contrabando. Digamos que no se puede importar el producto X de Europa, pero sí de Canadá. ¿En qué momento la gente empieza a exportar productos a Canadá, a cambiarles la etiqueta y a reexportarlos a Estados Unidos? Esto crea oportunidades y mercados. Por lo tanto, cuanto más intente Trump jugar a este juego, más oportunidades creará para los grupos del crimen organizado más sofisticados y con mayor poder económico.

Los aranceles crean nuevos desequilibrios de mercado que crean nuevas oportunidades para los criminales

¿Cuáles son las principales lecciones del pasado que podrían extrapolarse al presente para los gobiernos, para las instituciones o incluso para los ciudadanos?

A los ciudadanos, de una forma básica, les diría que el crimen organizado no es su amigo. A veces lo puede parecer porque les venden productos baratos, pero al final ustedes sufrirán. Vale la pena avisar a las autoridades y evitar los tratos turbios, aunque sea comprar cosas baratas en un mercadillo. Lo mejor que pueden hacer los individuos es no facilitar la criminalidad.

Desde el punto de vista del Estado, el problema es no hacer la vista gorda. El blanqueo de dinero sigue siendo una actividad comercial que fluye a través de nuestros bancos. Pero la cuestión es que, si los criminales no pudieran blanquear su dinero, no cometerían los delitos más desagradables.

La cuestión es que ahora es un problema global. Puedes decirte a ti mismo que no es una prioridad, a menos que el electorado se queje, especialmente cuando el crimen organizado no está actuando en las calles. Hay muchos crímenes que sí generan una preocupación social genuina, como el narcotráfico en las esquinas. Puedes pensar que los tipos de criminalidad más invisibles, como delitos ecológicos o lavado de dinero, no son prioridad. 

¿De qué trata su próximo libro?

Se titula Rusia en el infierno. A pesar del título, es un intento de ser optimista sobre el futuro de Rusia. Pero utilizo el recurso del Infierno de Dante, en el que hay que descender por todos los anillos del infierno.

No estoy diciendo que a Rusia le irá bien. Estoy diciendo que a Rusia le puede ir bien. Hay mucho pesimismo peligroso en este momento, y es comprensible, dada la terrible situación. Casi se sugiere que así es Rusia, que está condenada, por razones de historia, geografía o ADN, a un autoritarismo imperial violento y peligroso. Si nos lo creemos, hace aún más probable que sea así. 

¿Sucederá un cambio después de Putin?

Soy inusualmente optimista sobre lo que vendrá después de Putin. Probablemente, como un buen líder soviético, morirá en el cargo. Mi sensación es que no le sucederá un Putin 2.0, un halcón fanático. Creo que Putin es el último suspiro del homo sovieticus. 

No puedo decir que haya estado con oligarcas, pero llegué a conocer a bastantes figuras importantes. La próxima generación es de cleptócratas oportunistas. Y eso no es bueno para Rusia, pero es bastante bueno para nosotros porque son personas que no tienen ningún incentivo real para buscar peleas con Occidente. Todo lo contrario. 

Creo que Putin es el último suspiro del 'homo sovieticus'. La próxima generación es de cleptócratas oportunistas. Eso no es bueno para Rusia, pero es bastante bueno para nosotros porque son personas que no tienen ningún incentivo real para buscar peleas con Occidente. Todo lo contrario

Si robas a escala industrial, quieres poder disfrutar de eso. ¿Qué sentido tiene hacerlo si no puedes mandar a tu esposa de compras a París y a tu amante a Milán? Si no puedes conseguir repuestos para tu BMW y no puedes aparcar tu yate frente a la costa española sin que te lo confisquen. Esta va a ser una generación que querrá tener mejores relaciones con Occidente.

No siempre sucede así, pero la cleptocracia a menudo puede conducir perversamente a un Estado basado en el estado de Derecho. Porque una vez que has robado todo, quieres que exista un estado de Derecho que lo proteja.

Podría imaginar a estos cleptócratas creando el estado de Derecho. La Rusia de los 90 demostró que no se puede crear democracia sin estado de Derecho. Se puede tener estado de Derecho sin democracia, pregúntenles a los singapurenses, pero no al revés. Si los cleptócratas pueden crear el estado de Derecho, tal vez la próxima generación política tenga la oportunidad de crear democracia en Rusia. Y bien podría no ser así. Pero les da su primera oportunidad real. Personalmente, tengo que sobrevivir a Putin antes de poder regresar a Rusia.

A las pocas horas de que fuerzas especiales mexicanas abatieran el 22 de febrero a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, 'El Mencho', líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el país vivió una represalia coordinada: vehículos incendiados, autopistas cortadas con bloqueos y ataques contra fuerzas del orden. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que las autoridades registraron más de 250 bloqueos en 20 estados y que más de 70 personas murieron durante el operativo para capturar a Oseguera y en el violento saldo posterior.

La violencia no fue una sorpresa. Fue el previsible “después”, la fase que sigue a la caída de un capo cuando el Estado no dispone de un plan creíble para lo que viene a continuación.

México ha aprendido esta lección una y otra vez. Los golpes a la cúpula pueden ser necesarios y, sin embargo, rara vez bastan. Un corpus importante de análisis advierte de que la eliminación de los máximos dirigentes criminales puede disparar la violencia: las organizaciones se fragmentan, los rivales irrumpen y los lugartenientes se disputan la sucesión y el territorio. Cuando el Estado no logra estabilizar ese vacío, un operativo contra un capo puede acabar provocando el efecto contrario al buscado: abrir un periodo de disputa interna y desorden todavía mayor.

Cómo mutó “el problema de México”

Durante buena parte de la segunda mitad del siglo XX, la economía criminal de México fue profundamente corrupta y, a menudo, tolerada. Pero, a grandes rasgos, seguía siendo un problema centrado en el narcotráfico: mover drogas hacia el norte, pagar por protección y calibrar la violencia para evitar desestabilizar el orden político. Con el tiempo, los cambios en las rutas y en la presión policial ayudaron a que los grupos mexicanos ampliaran su influencia dentro de la cadena de suministro dirigida a Estados Unidos.

Después llegó la ruptura. En 2006, el presidente Felipe Calderón Hinojosa militarizó la confrontación y la lucha contra los cárteles se convirtió en un proyecto nacional definitorio. Lo que México no construyó entonces, ni en los años posteriores, fue una estrategia duradera, de largo aliento, que se ajustara a la naturaleza transnacional del problema. Estados Unidos (demanda, dinero, armas e inteligencia), Guatemala y Centroamérica (la realidad de la frontera sur y los corredores de tránsito), y Colombia y la cadena andina (los flujos de cocaína) no son actores periféricos. Son variables estructurales.

Un planteamiento serio de “día después” habría exigido coordinación internacional sostenida entre los actores clave, además de un compromiso de recursos concebido para sobrevivir a un solo mandato. En su lugar, gobiernos sucesivos ensayaron retóricas y tácticas distintas, incluidas etapas de menor presión sobre los capos, con la esperanza de que regresara una “normalidad” anterior. Pero el reloj no marcha hacia atrás. Cuando las organizaciones criminales se diversifican, se incrustan y escalan, rara vez vuelven a un modelo de negocio más simple.

Esa fue la segunda mutación: la diversificación hacia la depredación interna. Bajo presión y en un contexto de fragmentación, muchos grupos ampliaron su actividad más allá del narcotráfico: extorsión (“derecho de piso”), secuestro, fijación de precios y control de industrias legales, sindicatos y rutas de transporte. En la práctica, esto se traduce en un impuesto informal sobre el comercio, pagado no al Estado, sino a grupos armados.

La tercera mutación es todavía más peligrosa: alcance global y penetración en las instituciones. En un informe de 2025, la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA por sus siglas en inglés) subraya que el CJNG se ha expandido más allá de México y ha establecido presencia en más de 40 países, respaldado por vastos recursos financieros, una estructura de franquicia, violencia y corrupción.

Cuando las redes criminales pueden comprar, coaccionar o incrustarse en las policías locales, las fiscalías, los tribunales y los gobiernos municipales, la amenaza deja de parecer "seguridad pública" y empieza a tomar la forma de una degradación institucional profunda: el armazón práctico de un narcoestado

Pero el peligro real no es solo la escala. Es la infiltración ascendente: de las calles y las cadenas de suministro hacia los ayuntamientos y las instituciones estatales. A principios de febrero, las autoridades mexicanas detuvieron a Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila (Jalisco), entre otras acusaciones por presunta extorsión a productores de tequila en un esquema que las autoridades vincularon al CJNG.

La violencia contra cargos locales tampoco es una hipótesis. El 1 de noviembre de 2025, el alcalde de Uruapan (Michoacán), Carlos Manzo Rodríguez, fue asesinado a tiros durante las celebraciones del Día de Muertos. Posteriormente, las autoridades detuvieron a siete de sus escoltas en relación con el homicidio, y el caso se enmarcó públicamente en un contexto de presión e infiltración por parte del CJNG. De forma más amplia, México lleva años soportando un goteo constante de asesinatos y atentados contra candidatos y políticos locales. Tan constante que la campaña electoral de 2024 se convirtió en la más sangrienta de la historia moderna del país, con decenas de candidatos asesinados antes de la votación.

Cuando las redes criminales pueden comprar, coaccionar o infiltrarse en las policías locales, las fiscalías, los tribunales y los gobiernos municipales, la amenaza deja de parecer “seguridad pública” y empieza a tomar la forma de una degradación institucional profunda: el armazón práctico de un narcoestado.

La máquina de reclutamiento y las “madres buscadoras”

A menudo, en Estados Unidos se subestima otra dimensión, más humana: los cárteles mexicanos no son únicamente redes de tráfico. Son una maquinaria de reclutamiento y exterminio. Reuters ha informado de sistemas que atraen a gente con ofertas de empleo y se sostienen en la coacción y la brutalidad, además del reclutamiento de menores por parte de los cárteles para asignarles roles violentos. En algunas regiones, jóvenes son secuestrados, encerrados en campos de entrenamiento (o concentración, según se vea) y obligados a integrarse. Si se niegan, la consecuencia puede ser una bala en la cabeza y una fosa clandestina.

Esa brutalidad desemboca en el trauma nacional de México: las desapariciones. Hoy, el país suma aproximadamente 130.000 personas desaparecidas. Y, en demasiados casos, las familias acaban haciendo lo que el Estado no puede: buscar. Las “madres buscadoras”, madres y familiares organizados en colectivos de búsqueda, han recurrido tanto a herramientas tan elementales como palas como a drones con cámaras térmicas, rastreando enormes extensiones de terreno en busca de anomalías que puedan señalar fosas sin marcar. En un país atravesado por la ausencia, la búsqueda se convierte en una institución paralela.

La estructura que sostiene la violencia

Basta observar cómo el poder de los cárteles se integra en la vida económica legal. En Michoacán, el asesinato de un dirigente destacado del sector limonero, que había denunciado reiteradamente las extorsiones, revela la presión que sufre el mismo ecosistema agrario que incluye la producción de aguacate y sus cadenas asociadas. La misma lógica se extiende a los corredores de transporte y a la logística. Opera no solo mediante bloqueos espectaculares, sino a través de un poder recaudador paralelo, impuesto por las armas, que se impone sobre rutas, trabajo y mercados locales de manera cotidiana.

El sector minero aporta otro ejemplo reciente y tangible. El 28 de enero de 2026, la empresa canadiense Vizsla Silver informó de que diez personas, incluidos geólogos e ingenieros, fueron secuestradas en su proyecto de Concordia (Sinaloa) por una facción de Los Chapitos (Cártel de Sinaloa). Las autoridades identificaron a cinco de los desaparecidos entre diez cadáveres hallados en fosas clandestinas en una comunidad cercana. Todo apunta a que el grupo entero fue asesinado. Sea cual sea el relato final de la Fiscalía, el mensaje comercial ya está escrito: en determinadas regiones, la actividad económica autorizada no puede separarse de forma fiable de la gobernanza criminal.

El error es tratar la captura o eliminación de un capo como si fuera el objetivo definitivo

Y, después, está el punto de presión institucional: el instante en que el miedo se convierte en gobierno. En la mañana del pasado 25 de febrero, el asesinato de Bernardo Soriano Castro, exresponsable de delitos de alto impacto en Baja California Sur, recientemente destituido por “pérdida de confianza”, añadió otro golpe. Iba acompañado de su hija menor, que, de forma sorprendente, sobrevivió. Las autoridades no han establecido públicamente el móvil. Pero la secuencia importa. La prensa local describió sus denuncias de corrupción y críticas públicas poco antes de su muerte. En un sistema que intenta resistir la penetración del crimen organizado, el efecto político es inconfundible: un silenciamiento de alto perfil, o uno percibido como tal, se convierte en una advertencia para quienes se planteen denunciar irregularidades.

La tentación Bukele

La ofensiva de El Salvador contra la delincuencia bajo el presidente Nayib Bukele ha producido resultados llamativos en los homicidios registrados y en la percepción de seguridad. Diversos medios de comunicación han confirmado el mínimo histórico de asesinatos contabilizado en 2024, mientras Gallup ha señalado que el 88 % de los salvadoreños afirmó sentirse seguro al caminar solo de noche en 2023. Esos números ayudan a entender dos cosas: por un lado, que, pese a sus defectos, las altísimas tasas de aprobación del mandatario revelan hasta qué punto la ciudadanía anhela resultados; por otro, por qué el “modelo Bukele” se ha convertido en un atajo político en la región para prometer una solución rápida, dura y visible.

Es preciso aclararlo: una parte del relato salvadoreño se sostiene sobre mecanismos que, desde el punto de vista del Estado de Derecho, serían difícilmente asumibles y, en muchos casos, indeseables. La lógica de la mano dura se apoya en detenciones masivas, un estado de excepción prolongado y una elasticidad preocupante de las garantías procesales. Human Rights Watch ha documentado preocupaciones graves sobre dichas detenciones masivas, esas garantías procesales y el debilitamiento de los contrapesos institucionales. A eso se añaden riesgos obvios para la libertad de prensa, la supervisión judicial y el control democrático del poder. Que una sociedad agotada por años de terror acepte esos costes no convierte el método en exportable ni en recomendable.

Además, hay un elemento práctico que suele olvidarse cuando se invoca el “modelo Bukele” como receta: la escala y la naturaleza del enemigo. México no está lidiando con bandas callejeras, sino con organizaciones criminales transnacionales, con economías diversificadas, capacidad de fuego que compite con ejércitos, redes de corrupción y control territorial. México es, en población, más de 20 veces mayor que El Salvador, y su territorio es inmensamente más grande. Así, una respuesta burda, basada en mano dura, la emergencia permanente, sin salvaguardas y convertida en norma no solo tensionaría el Estado de Derecho; también correría el riesgo de fabricar agravios, erosionar legitimidad y alimentar la siguiente oleada de reclutamiento. Pretender un “copiar y pegar” no solo sería una temeridad jurídica; sería una simplificación estratégica.

Aun así, El Salvador deja una lección exportable: velocidad y secuenciación. Actuar deprisa para estabilizar el vacío tras un golpe. Y, después, sostener el control con investigación, persecución penal y protección institucional, no con estado de emergencia permanente.

El único camino que puede funcionar

Esto no es “un problema de México”. Es un problema de seguridad norteamericano y hemisférico, con insumos y consecuencias compartidas. La Iniciativa Mérida fue el gran intento de convertir la “responsabilidad compartida” en un marco estable de cooperación entre México y Estados Unidos, combinando apoyo operativo con fortalecimiento institucional. Años después, el Marco Bicentenario amplió el enfoque, pero la lección permanece: sin una estrategia sostenida y medible, los golpes tácticos se los traga el sistema.

La Casa Blanca confirmó el apoyo de inteligencia estadounidense en la operación para capturar a 'El Mencho'. Ese dato debe orientar la política. Washington no puede exigir resultados mientras finge que la solución consiste, sin más, en “más acción militar” al sur de la frontera. Una estrategia eficaz requiere cooperación internacional a la altura de redes transnacionales, incluida la cooperación frente al tráfico de armas, el blanqueo de capitales y los precursores químicos, además de la acción policial. Es imposible pedir a México que resuelva esto en solitario a golpe de fuerza.

El plan de “día después” que México necesita

El error de México nunca ha sido perseguir a los líderes de los cárteles. El error es tratar la captura o eliminación de un capo como si fuera el objetivo definitivo. Puede ser tácticamente necesario, sí, pero solo como parte inicial de una estrategia más sólida, integral y sostenida en el tiempo. Un plan serio de “día después” debe ser un paquete prediseñado que se active automáticamente tras cualquier golpe mayor:

El plazo es real

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha insistido en que “no hay riesgo” para los visitantes del Mundial de 2026 y que existen garantías de seguridad, mientras la FIFA sigue de cerca la evolución de los acontecimientos. En la práctica, el torneo será algo más que un evento deportivo. Será una prueba de estrés bajo la mirada del mundo y un recordatorio de que la soberanía se mide menos por discursos que por la capacidad de mantener las autopistas abiertas, los tribunales operativos, la ciudadanía segura y los gobiernos locales fuera de subasta.

El futuro de México pasa por dejar de tratar la captura de capos como el fin y empezar a verla como lo que realmente es: una pieza táctica dentro de una campaña sostenida contra las redes que hacen duraderos a los cárteles, es decir, el dinero, el territorio, el reclutamiento, la coerción económica y la infiltración institucional. Ahí es donde verdaderamente empieza el combate contra el crimen organizado.

La sentencia de la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia que ha absuelto a 14 acusados de narcotráfico en el Puerto de València al invalidar la prueba de los chats encriptados de la aplicación SKY ECC ha escandalizado a las autoridades judiciales y policiales europeas, según ha podido saber elDiario.es. Europol (la Oficina Europea de Policía) y Eurojust (la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal) han expresado en privado su incredulidad por la anulación de la prueba, obtenida por investigadores policiales de Bélgica, Holanda y Francia y que ha propiciado decenas de causas en diversos países europeos contra presuntas tramas del crimen organizado, especialmente en materia de narcotráfico y de ajustes de cuentas.

A pesar de que una sentencia del Tribunal Supremo ya avaló la prueba clave, el fallo de la Audiencia de Valencia, que no es firme, la considera insuficiente y da la razón a las defensas de los acusados, que únicamente habían tenido acceso al “filtrado” por parte de la Guardia Civil “del paquete de información de inteligencia policial que recibió a través de Europol relativos a todos los hechos que se consideró de interés para las autoridades españolas”.

Entre los acusados figuraban los dos presuntos jefes del cártel del Puerto de Valencia (Borja M. R. e Iván T. R.), además de Fernando M. S., actualmente en prisión cumpliendo una condena de 19 años por otra causa de narcotráfico y considerado el principal capo, y Onofre G. R., un conocido culturista propietario de un gimnasio en Quart de Poblet. La Fiscalía antidroga pedía penas que oscilaban entre los 16 años (en el caso de Fernando M. S.) y los siete años de prisión.

“En ausencia de otros medios probatorios válidos que acrediten la participación de todos y cada uno de los acusados en los hechos (...) no cabe más que absolverlos de los delitos de que se les acusaba”, afirmaba la sentencia.

Las defensas de los acusados, tal como recuerda la sentencia absolutoria, argumentaron que la información de los chats desencriptados “carecían en origen de firma digital o de determinación de su valor HASH”, el código alfanumérico que se erige en una suerte de huella de un archivo informático.

Los investigadores del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil obtuvieron de las autoridades francesas, mediante una Orden Europea de Investigación (OEI), un enlace para descargar un archivo .zip, formato comprimido, con hojas de Excel que incluían las comunicaciones de los presuntos narcos de la aplicación que las autoridades policiales de Bélgica, Países Bajos y Francia, coordinadas bajo el paraguas de Europol, consiguieron desencriptar.

Poco podía imaginar Mario, nombre ficticio para guardar el anonimato de una víctima real de estafa, que los 20.000 euros que invirtió en una start up del cannabis iban a acabar financiando la fabricación de drones en una fábrica de San Petersburgo, en plena fiebre bélica por la invasión rusa de Ucrania. 

Hablamos con Pol Pareja, periodista de elDiario.es en Catalunya, cuya investigación sobre el negocio de Juicy Fields publicada en 2022 dio las primeras pistas de lo que había detrás de esta empresa que acabó desmoronándose en cuestión de días. Un fraude cocinado al calor de la regulación del cannabis para uso medicinal, y que se considera la mayor estafa piramidal a nivel europeo por cantidad de dinero defraudado y de personas afectadas. 

***

Envíanos una nota de voz por Whatsapp contándonos alguna historia que conozcas o algún sonido que tengas cerca y que te llame la atención. Lo importante es que sea algo que tenga que ver contigo. Guárdanos en la agenda como “Un tema Al día”. El número es el 699 518 743

***

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

A principios de año, un helicóptero lanzó panfletos sobre la capital del estado mexicano de Sinaloa acusando a influencers y a músicos locales de estar al servicio del crimen organizado. Cuatro de las 25 caras que aparecían en los folletos tenían estampada encima la palabra “ELIMINADO”.

Desde entonces, más personas han sido asesinadas, entre ellas el narcotraficante devenido en YouTuber Camilo Ochoa, muerto a tiros en agosto.

Los influencers se han convertido en un objetivo de la guerra entre facciones del cártel de Sinaloa, un reflejo de su supuesto papel en el blanqueo de dinero y en la propaganda del cartel, así como en la guerra que se libra en Internet.

Una cruenta guerra interna

El conflicto dentro del cártel estalló después de que en julio de 2024 las autoridades estadounidenses detuvieran en El Paso (Texas) a Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador junto a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán del cártel de Sinaloa, donde su avioneta había aterrizado. Joaquín Guzmán, hijo de ‘El Chapo’, fue detenido en la misma operación.

‘El Mayo’ ha acusado al hijo de ‘El Chapo’ de traicionarlo y entregarlo a las autoridades estadounidenses. Ahora, una facción liderada por el hijo de ‘El Mayo’ está librando una guerra contra la facción liderada por los dos hijos de ‘El Chapo’ que siguen en libertad en México.

Más de 2.500 personas han muerto por esta guerra interna, incluyendo varias personas que aparecían en el panfleto y otras que no figuraban en él. Al parecer, el folleto fue distribuido por la facción de ‘El Mayo’ que acusa a los influencers de blanquear dinero para los hijos de ‘El Chapo’.

Varios integrantes de la lista buscaron refugio en otros estados o países tras una serie de ataques contra influencers de Sinaloa, entre ellos el perpetrado contra el youtuber conocido como ‘El Jasper’, encontrado muerto con 70 heridas de bala. En noviembre, los medios informaron del asesinato a balazos de Gerardo 'El Jerry', creador de contenido.

Pero ya los están persiguiendo más allá de las fronteras de Sinaloa. Antes de que asesinaran a Ochoa en el estado de Morelos, en el estado de Baja California había sido asesinado a tiros Gail Castro, hermano del famoso influencer Markitos Toys.

“Máquina de propaganda”

Markitos Toys, de 26 años, comenzó a ganar muchos seguidores hace unos seis años. Ha estado en el centro de la polémica por sus amistades con gente cercana a los hijos de ‘El Chapo’ y por su estilo de vida de lujo, con coches deportivos y marcas de diseño. Su rostro era el primero en los panfletos distribuidos en enero.

Según el periódico Milenio, Markitos Toys es uno de los 64 influencers de Sinaloa bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de México. La sospecha es que grupos del crimen organizado inflan artificialmente el número de seguidores. Parte del dinero ‘lícito’ que reciben de las plataformas por su contenido podría terminar en manos de los cárteles.

El crimen organizado siempre está buscando nuevas formas de blanquear dinero, con sus expertos en finanzas explorando cada milímetro del ecosistema

Salvador Mejía — Abogado

Markitos Toys niega las acusaciones, pero desde que estalló la guerra ha estado en todas partes menos en Sinaloa. La casa en Culiacán de sus padres fue acribillada y en la acera alguien grabó las letras MF, iniciales de Mayito Flaco (hijo de El Mayo).

“El crimen organizado siempre está buscando nuevas formas de blanquear dinero, con sus expertos en finanzas explorando cada milímetro del ecosistema”, dice Salvador Mejía, abogado especializado en finanzas ilegales.

En opinión de Mejía, los influencers siguen siendo un canal de blanqueo relativamente menor, mientras que su verdadera utilidad reside en la propaganda. “Los cárteles tienen sus propios departamentos de relaciones públicas”, dice Mejía. “Lo que tenemos es una maquinaria de propaganda”.

Los grupos del crimen organizado llevan mucho tiempo grabando espeluznantes vídeos de torturas, confesiones y ejecuciones, o garabateando mensajes en pancartas junto a los cadáveres, para enviar mensajes y manipular a la opinión pública. En los últimos tiempos han recurrido también a las redes sociales, donde los narcoinfluencers promocionan un determinado estilo de vida y cercanía al crimen organizado, a menudo en tono aspiracional y con contenidos diseñados para atraer a los adolescentes.

Ahora, estos influencers se han visto envueltos ahora en una guerra paralela de propaganda en Sinaloa, donde les piden que transmitan ciertos mensajes y donde ellos mismos se convierten en el objetivo, explica Javier Llausas, que en Sinaloa es director de la ONG Construyendo Espacios para la Paz. “Esto es una guerra”, dice Llausas. “Como en cualquier guerra, la propaganda es importante”.

Traducción de Francisco de Zárate.

--

Este artículo ha sido editado y actualizado por la redacción de elDiario.es.

Wilmer Chavarría ('Pipo'), el máximo líder de Los Lobos, la banda criminal más grande y poderosa actualmente de Ecuador, fue detenido este domingo en España, tras haberse convertido en el delincuente más buscado por el país andino después de la recaptura del narcotraficante José Adolfo Macías Villamar ('Fito'), principal líder de Los Choneros, según anunció el Gobierno ecuatoriano.

A través de un mensaje en redes sociales, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, indicó que 'Pipo' fue capturado en una operación conjunta entre las policías de Ecuador y de España -en los últimos años se rumoreaba que el capo de Los Lobos dirigía las operaciones de la organización criminal desde España-.

Noboa no especificó que la detención se había realizado en España, dato que fue posteriormente confirmado por el ministro del Interior, John Reimberg.

El presidente ecuatoriano hizo el anuncio de la captura al mismo tiempo que se inauguraba la jornada electoral en Ecuador para el referéndum convocado por el jefe de Estado para decidir, entre otras cuestiones, si se establece una Asamblea Constituyente que permita combatir con mayor “mano dura” al crimen organizado, así como más flexibilidad para la llegada de inversiones y creación de empleo.

“Hoy capturamos a 'Pipo' Chavarría, el delincuente más buscado de la región y máximo líder de Los Lobos. El criminal que fingió su muerte, cambió de identidad y se escondió en Europa mientras ordenaba asesinatos en Ecuador, controlaba las operaciones de minería ilegal y movía rutas de droga junto al (mexicano) cártel Jalisco Nueva Generación”, señaló Noboa.

“Los unos lo dieron por muerto; nosotros lo buscamos en su mismísimo infierno. Esa es la diferencia cuando hay voluntad de luchar por tu país. Reconozco y agradezco el trabajo conjunto de la Policía Nacional ecuatoriana y española”, añadió.

Tras emitir su voto en la comuna costera de Olón de la provincia de Santa Elena, donde tiene su residencia de playa, Noboa declaró que la captura de 'Pipo' fue posible “gracias a la cooperación internacional con España y Estados Unidos”.

“Hemos hecho una operación bastante eficaz y muy bien coordinada. La cooperación internacional es la mejor forma de combatir estos grupos”, apuntó Noboa, que entre sus planteamientos para este referéndum también propone volver a permitir la instalación de bases militares extranjeras.

Fingió su muerte

Por su parte, Reimberg, que se encuentra actualmente en España, detalló que “Chavarría es responsable de al menos 400 muertes”.

“Este individuo —para quien 'Fito' no es más que un aprendiz— fingió su muerte en 2021 y luego sacó una nueva identidad en Venezuela, y después se registra y obtiene pasaporte colombiano, con el cual viaja en el 2022 a España para evadir la ley y trasladar su base de operaciones a Europa”, señaló el ministro.

Desde España, de acuerdo al ministro, 'Pipo' “dirigía un amplio esquema de narcotráfico y delictivo en Países Bajos, Italia, Alemania, México y Colombia, con conexiones directas al cártel Nueva Generación Ecuador y alianzas con carteles mexicanos, colombianos y europeos”.

Reimberg también declaró al canal TC Televisión que 'Pipo' residía habitualmente en Dubai y que viajaba con frecuencia a España, se alojaba los hoteles más lujosos con el dinero procedente del narcotráfico y de la minería ilegal, y se había realizado hasta siete cirugías estéticas para cambiar su rostro y no ser reconocido.

Narcotráfico y minería ilegal

Los Lobos se habían constituido en la banda criminal con mayor poder en Ecuador, al protagonizar la guerra de organizaciones criminales que se registra en el país desde finales de 2020, causante de la ola de violencia sin precedentes que atraviesa el país.

La banda liderada por 'Pipo' buscó emanciparse de Los Choneros y fue la que más éxito tuvo hasta lograr desplazarlos al crear, según las autoridades, una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación para el envío de cocaína a México, procedente principalmente de Colombia, en contraste con sus rivales, que están aliados con el cártel de Sinaloa.

Los Lobos incrementaron su radio de acción y diversificaron sus actividades al incursionar también con fuerza en la minería ilegal y crear, también de acuerdo a las autoridades, alianzas con disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para la explotación de enclaves mineros ilegales en zonas fronterizas de la Amazonía. 

Disimulando con roces o caricias, la mujer aprovechaba para extraer las joyas o relojes y el hombre preparaba el vehículo para la huida. La Policía Nacional ha detenido a 12 personas en una operación conjunta con la Agregaduría de Interior de Rumanía y Europol que investigaba a un clan familiar en Madrid que usaba la técnica del abrazo cariñoso: una treta para robar joyas o relojes de alta gama mientras se distrae a su dueño con gestos afectuosos.

Según ha informado la Policía en un comunicado, los agentes han realizado 25 entradas y dos registros en España y 23 en Rumanía, donde se han intervenido más de 22.900 euros, 7.150 leis de moneda rumana, 1.850 libras, 26 relojes de alta gama y se bloquearon inmuebles y vehículos. Los detenidos han ingresado en prisión acusados de pertenecer a una organización criminal y por 45 delitos contra el patrimonio.

En el inicio de la investigación a principios de 2024, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid y tutelada y apoyada por la Fiscalía contra el crimen organizado de Madrid, la Policía detectó en Madrid un clan familiar que se podría estar dedicando de manera itinerante al hurto de joyas y relojes de alta gama por el método del “abrazo cariñoso” o “hurto amoroso”.

Robos y hurtos por toda la geografía española

Las primeras averiguaciones dieron como resultado que este clan estaba afincado en Madrid pero que desarrollaba su actividad delictiva por toda la geografía española, centrándose en los últimos meses en las provincias de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Alicante, Granada y Murcia.

Según ha informado la Policía, los robos se cometían en parejas formadas por un hombre y una mujer, siendo el varón quien conducía el vehículo en el que se aproximaban a las víctimas. La mujer entablaba una conversación con las víctimas, engatusándolas con caricias y abrazos para, mientras tanto, sustraer joyas o relojes a la vez que el hombre prepara la huida del lugar una vez lograban el botín. Para organizar los atracos se seleccionaban centros de operaciones en zonas alejadas, en entornos rurales, donde alquilaban viviendas de seguridad desde donde distribuían a los equipos criminales a cientos de kilómetros para la búsqueda de víctimas potenciales a las que abordar.

Viajes exprés a Rumanía, el destino final para el material robado

Las investigaciones y vigilancias de los agentes pudieron determinar que, con este modus operandi, habían cometido 45 delitos contra el patrimonio constatando que los efectos sustraídos tenían como destino final Rumanía. Para ello, otros miembros de la organización eran los encargados de realizar viajes exprés a las ciudades donde estaban ubicados los equipos criminales y recogían los efectos sustraídos en los robos.

Posteriormente, realizaban envíos de paquetería a través de distintas empresas especializadas ocultando los relojes y las joyas en el interior de electrodomésticos. En Rumanía eran recibidas por los patriarcas y líderes de los clanes, quienes llevaban un alto nivel de vida contando con un gran número de propiedades y vehículos de alta gama.Durante el transcurso de la investigación se constituyó en el seno de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust) un Equipo Conjunto de Investigación entre las autoridades fiscales y judiciales de España y Rumanía. En este marco se han emitido varias órdenes europeas de investigación a Italia.

Una vez identificados los integrantes de la organización, se llevó a cabo un dispositivo policial simultáneo el pasado 4 de septiembre realizando el registro de un total de 25 domicilios (2 en Madrid y 23 en Rumanía) donde se han intervenido dinero en efectivo en varias divisas y varios objetos de valor.

“La libertad de expresión no es la capacidad de decir, escribir o comunicar; lo que es un derecho es poder seguir en el camino después de hacerlo. Y en el caso de México, la posibilidad de seguir viviendo y seguir contándolo”, señala Arturo Landeros, arquitecto mexicano y coordinador del programa Barcelona Protege a Periodistas de México, creado hace casi una década por la plataforma de periodistas Taula per Mèxic y auspiciado por el Ayuntamiento de Barcelona.

Tal vez esa sea la diferencia entre muchos periodistas mexicanos y sus colegas del otro lado del Atlántico: que mientras en España y Europa contar la verdad, denunciar los abusos del poder y del crimen organizado puede suponer juicios y demandas, en México el precio muchas veces es la propia vida del periodista.

De eso va Seguir contándolo (Ajuntament de Barcelona, 2025), una conmovedora crónica en forma de libro sobre un grupo de 32 periodistas que en su país natal, México, tienen que mirar debajo de su auto cada vez que suben a él, sentarse siempre de espaldas a un muro o una pared, o mirando continuamente a todos lados cuando caminan por la calle.

Pero tras esta triste realidad, Seguir contándolo, escrito por las periodistas Sandra Vicente Barreira y Majo Siscar Banyuls, ambas participantes de Taula per Mèxic, es un testimonio de rebelión y esperanza plasmada en un proyecto en que ha logrado sacar durante la última década a estos mismos 32 periodistas de sus entornos hostiles para acogerlos en Barcelona por periodos de entre tres y seis meses. El libro, ya disponible en librerías, se presentará el día 30 de octubre en la biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona.

El asesinato de Rubén Espinosa, punto de inflexión

Tanto Siscar como Vicente han tenido contacto previo con la realidad del periodismo mexicano. Siscar por haber trabajado ocho años en diversos medios del país y Vicente que, tras más de una década como activista por los derechos humanos en México, también ha podido reportear desde allí. Esta experiencia les ha impedido ignorar la creciente violencia que ha sufrido el país norteamericano en las últimas tres décadas y que se expresa de un modo especialmente dramático en las desapariciones y asesinatos de civiles, entre los que hay numerosos periodistas, más de 200 en la última década.

“El punto de inflexión fue el caso de Ayotzinapa [la desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural en la población de Ayotzinapa la noche del 25 al 26 de septiembre de 2014, cuyos cuerpos no han sido aún encontrados]”, apunta Vicente en conversación con elDiario.es, que se ha reunido con ambas autoras. “Es entonces cuando empezamos a pensar que hay que hacer algo, y llegamos al hartazgo con el asesinato, el verano siguiente, de Rubén Espinosa [reportero gráfico asesinado en Ciudad de México por sicarios en Colonia Navarte, un barrio de clase media normalmente ajeno a la violencia del narco]”, dice Siscar.

Siempre es complicado escoger quien viene a Barcelona y quién no, porque los candidatos no son pocos, hay muchos periodistas bajo amenaza

Sandra Vicente

Explica que decidieron salir a la plaza Sant Jaume con velas y allí comenzó a germinar lo que pronto sería Taula per Mèxic, que tantos años después cuenta con otros y diversos proyectos para proteger los derechos humanos en México. En aquél momento, aquello era impensable y, en la medida de lo posible, el objetivo era evitar futuros asesinatos como el de Espinosa. Tras la conformación de la Taula [“mesa” en castellano], llevaron el proyecto al Ayuntamiento de Barcelona. “Desde el primer momento en 2015 lo vieron con muy buenos ojos y se implicaron; con el nuevo consistorio no ha habido variaciones y esperemos que siga igual gobierne quien gobierne, porque los derechos humanos no deberían tener color político”, apunta la periodista.

“La idea era acoger al máximo posible de periodistas amenazados durante unos meses en Barcelona, de modo que se alejaran por un tiempo de la zona de peligro para que disminuyeran las amenazas y, a la vez, ellos mismos pudieran salir de la situación de estrés postraumático en la que viven después de haber estado expuestos a tanta violencia”, explica Vicente. Al o la periodista acogida se le ofrece una habitación en un piso que gestiona la Taula, además de una asignación económica mensual para que pueda vivir con independencia y, no menos importante, sesiones de apoyo psicológico para desescalar la situación de estrés y paranoia en la que han vivido.

Una vida de estrés bajo amenaza de muerte

“La gente llega muy afectada”, desvela Siscar, si bien reconoce que tras los meses de acogida, que normalmente son seis, “se logra que sean conscientes del estrés postraumático que arrastran y qué mecanismos tienen para cuidarse y protegerse”, apunta. Las amenazas cuando en México se es periodista pueden llegar por muchos cauces y desde muchos remitentes, tanto de los cárteles de la droga como del poder municipal o del empresarial cuando se denuncian irregularidades en adjudicaciones o delitos ecológicos, por ejemplo.

Una vez la persona es amenazada, ya sea con un mensaje en un grupo de Whatsapp o en papel, una llamada telefónica o la mención en un discurso del nombre del o la reportera por parte de un político local, comienza el calvario y la paranoia, que no hace más que crecer: cualquier motocicleta, cualquier persona, cualquier movimiento no previsto en la calle parece sospechoso en la mente del amenazado. Vicente explica que “siempre es complicado escoger quien viene a Barcelona y quién no, porque los candidatos no son pocos, hay muchos periodistas bajo amenaza”, por eso se apoyan en el triaje que hacen ogranizaciones locales mexicanas que conocen a los candidatos y el contexto.

Respecto al perfil del y la periodista que se acoge al programa, tanto Siscar como Vicente aclaran que no hay unos rasgos definitorios claros salvo el hecho de su gran compromiso con el periodismo y la libertad de información. “Son personas que viven el periodismo las 24 horas del día, y más cuando se sienten bajo amenaza y entran en modo estrés”, apostilla Vicente, que revela que en Barcelona “sufren una suerte de duelo” cuando se dan cuenta de que han vivido bajo presión tanto tiempo.

“Esta toma de conciencia muchas veces también les sirve para darse cuenta que en la vida hay más cosas que el periodismo y muchas y muchos descubren nuevas facetas de ellos mismos durante la acogida”, apunta Siscar. La relación con los miembros de la Taula, así como con las votanas –personas voluntarias que acompañan y ayudan a los acogidos durante su permanencia en el programa– es intensa, y no se ciñe a los meses en Barcelona, sino que continúa después a distancia en un monitoreo que, según las autoras, “les sirve una vez de vuelta en México para saber que no están solas ni solos y pueden pedir ayuda en cualquier momento”.

Periodismo en México, una profesión maldita

Para terminar, conviene incidir en uno de los aspectos más impactantes para lectoras y lectores de Seguir contándolo, que es la sorpresa experimentada al descubrir un México muy diferente al de la imagen que solemos tener, no porque se ignore el nivel de violencia del país, sino por la constatación del grado de vulnerabilidad de uno de los pilares del estado democrático en nuestro país como es el periodismo. Lo que en España es una profesión respetable a pesar de todo, en México es un oficio de riesgo e incluso maldito, hasta el punto de que cuando un o una periodista es amenazada, en lugar de encontrar la solidaridad de la profesión puede llegar a caer en el ostracismo e incluso en la precariedad económica.

Al final es un tema del mundo en el que vivimos, donde damos la espalda a todas las vulneraciones de derechos humanos que suceden, en México igual que en Palestina

Majo Siscar

“Solemos pensar en México como un país de colores y aromas, que es lo que nos venden sus campañas turísticas. Y lo es, pero la realidad es mucho más compleja; se trata de un país profundamente corrompido hasta las más altas esferas”, reflexiona Vicente, que asegura que los cárteles han infiltrado el poder político como solo lo han hecho los narcos en Colombia y las mafias en Italia, países que afortunadamente han conseguido en mayor o menos medida salir de las garras del crimen organizado, lo que supone un rayo de esperanza para el futuro.

Majo Siscar añade otra reflexión muy oportuna: “Al final es un tema del mundo en el que vivimos, donde damos la espalda a todas las vulneraciones de derechos humanos que suceden, en México igual que en Palestina, donde en dos años Israel ha asesinado a 200 periodistas”. Y concluye Vicente al respecto: “Lo que se quiere tanto en México como en Palestina es silenciar a los que cuentan lo que está sucediendo, y si dejamos que silencien a los periodistas, permitiéremos que silencien México”. Eso justifica, por tanto, la existencia del programa Barcelona Protege a Periodistas de México. Y también la publicación del muy necesario Seguir contándolo, cabe añadir.

Agentes de la Policía Nacional han esclarecido el asesinato de un ciudadano holandés de 25 años cometido en Fuengirola (Málaga) en diciembre de 2024. La investigación, desarrollada en cooperación con las autoridades de Países Bajos y Bélgica, ha culminado con la detención en los tres países de seis personas, entre ellas un menor en ese momento, que sería el presunto autor material y fue contratado en Holanda para llevar a cabo el crimen.

Así lo han informado desde el Cuerpo Nacional de Policía en una nota, en la que han indicado que también se ha identificado un séptimo supuesto implicado que murió en un intercambio de disparos con la policía neerlandesa.

El crimen se produjo la madrugada del 7 de diciembre de 2024 en Fuengirola, cuando la víctima fue asesinada en plena vía pública con múltiples disparos cometidos con un fusil de asalto. Junto al cadáver, se recuperó el arma utilizada y los casquillos, lo que evidenciaba el uso de munición de guerra.

Según han informado, las primeras indagaciones permitieron conocer que la víctima trabajaba en un club cannábico situado junto al lugar del crimen. Esa madrugada se encontraba en el interior con otros dos colaboradores del club, momento en el que el autor, vestido de negro y con la cara cubierta, ya esperaba apostado en las inmediaciones.

Posible ajuste de cuentas

Aprovechando la salida del último cliente, disparó en varias ocasiones contra la víctima en la puerta de acceso al establecimiento, logrando este cerrarla y salvar su vida de forma momentánea. Durante el ataque, la víctima recibió múltiples disparos al ser sorprendido por el agresor, quien posteriormente arrojó el fusil bajo un vehículo cercano y huyó en una bicicleta que tenía preparada en las inmediaciones.

Han indicado que se desconoce la motivación concreta, aunque han apuntado que los indicios permitieron a los agentes relacionar los hechos con un posible ajuste de cuentas dentro del crimen organizado neerlandés, lo que condujo a que, en apenas cuatro días, pudieran identificar a los autores.

En este punto, han señalado que el presunto autor material sería un menor de edad y de nacionalidad belga, que había sido contratado en Países Bajos para ejecutar el crimen en España. Otros dos ciudadanos neerlandeses supuestamente actuaron como cooperadores directos.

Según ha informado la Policía Nacional, el 11 de diciembre de 2024, apenas cuatro días después del asesinato, fruto de un fuerte operativo desplegado con apoyo del GOES de Málaga, se logró la detención en Torremolinos (Málaga) de uno de los implicados neerlandeses, decretándose su ingreso en prisión.

Cambio de apariencia

Además, los agentes comprobaron que el menor belga, supuesto autor de los disparos, había cambiado su apariencia y huido a Países Bajos junto a otro cómplice. Posteriores investigaciones confirmaron que, tras el asesinato, dos de los implicados huyeron de España hacia Francia y Países Bajos.

Han significado que la cooperación con la policía neerlandesa y el establecimiento de un grupo de trabajo para localizar a todos los implicados, permitió relacionar a uno de ellos con otro asesinato cometido en Ámsterdam semanas después. En el operativo para detenerlo abrió fuego contra los agentes, resultando abatido tras herir de gravedad a un policía y a una mujer ajena a los hechos.

Asimismo, han incidido en que la investigación internacional permitió acreditar que tanto el asesinato en España como el posterior en Países Bajos fueron presuntamente organizados por un varón neerlandés, detenido el 3 de enero de 2025 y actualmente en prisión en Holanda como instigador de ambos crímenes. Asimismo, se comprobó que tres mujeres neerlandesas trasladaron el fusil utilizado en Fuengirola desde París, colaborando en la logística de la ejecución.

En un centro de menores

Por ello, el pasado 17 de junio de este año fueron detenidas en Ámsterdam. Finalmente, el menor belga autor de los disparos fue localizado y detenido en Gante (Bélgica) el 20 de junio en virtud de una Orden Europea de Detención y Entrega, siendo entregado a España el 11 de julio e ingresado en un Centro de Menores en régimen cerrado.

La investigación, coordinada por el Juzgado de Instrucción número cuatro de Fuengirola y con la participación de Eurojust, ha permitido esclarecer plenamente el crimen en todos sus niveles de responsabilidad.

Almenys 10 persones han estat detingudes aquest dimecres en un nou operatiu contra la trama de narcotràfic que desenvolupen conjuntament la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Mallorca, entre els investigats de la qual es troben Faustino Nogales, conegut inspector de la Policia Nacional i excap del Grup II d'Estupefaents de la Prefectura Superior de Balears, Stefan Milojevic, líder de la banda ultra United Tribuns a Espanya, l'advocat Ignacio Gonzalo Márquez i un policia portuari acusat de col·laborar amb la suposada organització criminal.

De moment s'han dut a terme 16 registres a alguns carrers del centre de Palma, així com als barris de Corea, La Soledat, Verge de Lluc i als municipis de Manacor i Llucmajor. El dispositiu d'aquest matí s'emmarca en l'operació batejada com a 'Enroque Bal, Manso i Primo', dirigida contra una banda criminal suposadament dedicada al narcotràfic. Els nous sospitosos arrestats aquest dimecres estarien vinculats a la venda i distribució de les substàncies estupefaents.

La macrocausa, que està essent instruïda pel Jutjat d'Instrucció número 7 de Palma i continua sota secret de sumari, investiga la suposada comissió de delictes de blanqueig de capitals, contra la salut pública, grup criminal, tinença il·lícita d'armes i suborn. D'acord amb les investigacions de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, la banda va introduir diverses tones d'haixix i centenars de quilos de cocaïna procedents del nord d'Àfrica a bord d'embarcacions pneumàtiques de gran potència.

Primer concertaven un punt de recollida en algun punt del Mediterrani, on realitzaven el transbordament dels estupefaents des de les conegudes com a 'gomes' a altres embarcacions. D'allà portaven la mercaderia fins a Eivissa, on l'emmagatzemaven un temps fins a traslladar-la a la resta de les Balears ia la península.

La d'aquest dimecres és, en concret, la quarta fase d'una macrooperació que va arrencar l'11 d'agost passat i en què van ser detinguts, entre d'altres, el suposat capitost de la banda, Stefan Milojevic, i l'inspector Faustino Nogales. Així mateix, van ser intervinguts quatre armes de foc, sis rellotges de luxe i 1,4 milions d'euros.

Un altre dels investigats és el conductor d'un camió interceptat el 9 de juliol passat al port de València amb 675 quilos de cocaïna ocults al seu interior. El vehicle acabava d'arribar a bord d'un ferri procedent d?Eivissa. Un operatiu conjunt entre la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Vigilància Duanera de l'Agència Tributària va permetre intervenir la droga en una acció emmarcada dins de l''Operació Estiu'.

En total, durant l'operació 'Enroque Bal, Manso i Primo' han estat arrestades, sense tenir en compte les d'aquest dimecres, 35 persones suposadament vinculades a la trama. Diumenge passat, la titular del Jutjat d'Instrucció número 6 de Palma, en funcions de guàrdia, va ordenar presó provisional, comunicada i sense fiança per a tres de les 17 persones que van ser arrestades divendres. Vuit més, per la seva banda, van quedar en llibertat amb l'obligació de comparèixer davant el jutge de forma periòdica. El 26 d'agost passat van caure tres sospitosos més que suposadament actuaven com a testaferros.

Al menos 10 personas han sido detenidas este miércoles en un nuevo operativo contra la trama de narcotráfico que desarrollan conjuntamente la Policía Nacional y la Guardia Civil en Mallorca y entre cuyos investigados se encuentran Faustino Nogales, conocido inspector de la Policía Nacional y exjefe del Grupo II de Estupefacientes de la Jefatura Superior de Balears, Stefan Milojevic, líder de la banda ultra United Tribuns en España, el abogado Ignacio Gonzalo Márquez y un policía portuario acusado de colaborar con la supuesta organización criminal. 

Por el momento se han llevado a cabo 16 registros en algunas calles del centro de Palma, así como en los barrios de Corea, La Soledad, Verge de Lluc y en los municipios de Manacor y Llucmajor. El dispositivo de esta mañana se enmarca en la operación bautizada como 'Enroque Bal, Manso y Primo', dirigida contra una banda criminal supuestamente dedicada al narcotráfico. Los nuevos sospechosos arrestados este miércoles estarían vinculados a la venta y distribución de las sustancias estupefacientes.

La macrocausa, que está siendo instruida por el Juzgado de Instrucción número 7 de Palma y continúa bajo secreto de sumario, investiga la supuesta comisión de delitos de blanqueo de capitales, contra la salud pública, grupo criminal, tenencia ilícita de armas y cohecho. De acuerdo a las investigaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional, la banda introdujo varias toneladas de hachís y cientos de kilos de cocaína procedentes del norte de África a bordo de embarcaciones neumáticas de gran potencia.

Primero concertaban un punto de recogida en algún punto del Mediterráneo, donde realizaban el transbordo de los estupefacientes desde las conocidas como 'gomas' a otras embarcaciones. De allí llevaban la mercancía hasta Eivissa, donde la almacenaban un tiempo hasta trasladarla al resto de Balears y a la península.

La de este miércoles es, en concreto, la cuarta fase de una macrooperación que arrancó el pasado 11 de agosto y en la que fueron detenidos, entre otros, el supuesto cabecilla de la banda, Stefan Milojevic, y el inspector Faustino Nogales. Asimismo, fueron intervenidos cuatro armas de fuego, seis relojes de lujo y 1,4 millones de euros. 

Otro de los investigados es el conductor de un camión interceptado el pasado 9 de julio en el puerto de València con 675 kilos de cocaína ocultos en su interior. El vehículo acababa de llegar a bordo de un ferry procedente de Eivissa. Un operativo conjunto entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria permitió intervenir la droga en una acción enmarcada dentro de la 'Operación Verano'.

En total, durante la operación 'Enroque Bal, Manso y Primo', han sido arrestadas, sin tener en cuenta las de este miércoles, 35 personas supuestamente vinculadas a la trama. El pasado domingo, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Palma, en funciones de guardia, ordenó prisión provisional, comunicada y sin fianza para tres de las 17 personas que fueron arrestadas el viernes. Otras ocho, por su parte, quedaron en libertad con la obligación de comparecer ante el juez de forma periódica. El pasado 26 de agosto cayeron otros tres sospechosos que supuestamente actuaban como testaferros.

La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han detingut a Stefan Milojevic, líder de la banda motera neonazi United Tribuns a Espanya, en el marc de la macrooperació conjunta iniciada aquest dilluns a Mallorca. En concret, sobre ell pesen delictes de blanqueig de capitals, tràfic de drogues, possessió d'armes i pertinença a organització criminal, tal com han informat a elDiario.es fonts de la investigació.

La macrooperació d'aquest dilluns, que no està centrada únicament en el blanqueig de capitals malgrat les informacions errònies publicades en la premsa local, ha suposat la detenció de moment de 13 persones per presumptes delictes de blanqueig, tràfic de drogues i pertinença a organització criminal. Un jutjat de Palma dirigeix des de fa més d'un any les investigacions, que es troben sota secret sumarial.

Entre els arrestats es troba també l'advocat de Milojevic, Ignacio Gonzalo Márquez, per presumptament blanquejar diners procedents del narcotràfic. En la web del despatx registrat, Gonzalo Márquez, de 43 anys, assegura haver nascut “en una distingida família de l'alta noblesa europea, amb arrels en la Dinastia Grimaldi”.

Durant aquest dilluns la Policia Nacional també va detenir a Faustino Nogales, conegut inspector del cos i excap del Grup II d'Estupefaents de la Prefectura Superior de les Illes Balears, en la macrooperació conjunta amb la Guàrdia Civil que ha tingut lloc aquest dilluns a Mallorca. Actualment, exerceix de cap de torn del Grup d'Atenció al Ciutadà, conegut com a 'ZETAS'.

Nogales, feia temps que era investigat per Assumptes Interns, està acusat de col·laboració amb una organització criminal vinculada al narcotràfic.

Desmantellament dels United Tribuns Spain

Milojevic ja va ser detingut en 2020 a Mallorca, quan va ser desmantellada en 2020 la cúpula de la banda motera neonazi dels United Tribuns Nomads Spain, dedicats fins llavors a controlar el tràfic de drogues en locals d'oci nocturn, festes clandestines i clubs de prostitució. Amb forts vincles amb organitzacions alemanyes d'extrema dreta, al gener d'aquest any fins a 16 dels seus integrants eren detinguts per la Policia Nacional en una operació coordinada amb Europol i la BKA alemanya.

Els agents donaven així per desarticulada la branca espanyola dels Street Gang United Tribuns, una àmplia estructura internacional amb tentacles als EUA, Alemanya, Àustria, Bòsnia, Bulgària, Dinamarca, França, Itàlia, Suïssa, Tailàndia i Turquia i més de 1.700 membres a tot el món vinculats al tràfic de drogues, a l'explotació de dones per a la prostitució i a l'ajust de comptes amb bandes rivals.

Control de locals d'oci i prostíbuls

Des de l'illa, els membres del grup controlaven la seguretat de locals d'oci, prostíbuls i festes clandestines per a facilitar el tràfic de drogues en aquests ambients, aprofitant el buit que van deixar a l'illa els Àngels de l'Infern després de la seva desintegració.

En el curs de les investigacions, la Policia Nacional va detectar que l'organització blanquejava els beneficis procedents de les seves activitats il·lícites mitjançant un entramat empresarial dedicat a proporcionar als membres contractes i nòmines fraudulentes. Part del lucre econòmic de l'activitat delictiva es destinava a finançar accions dins de diferents grups vinculats amb l'extrema dreta radical i violenta, concretament, relacionats amb grups ultres esportius de futbol i organitzacions neonazis.

La seva actuació en Balears va arrencar en 2018 amb la inauguració del 'Clubhouse' d'United Tribuns Nomads Spain a Mallorca. L'organització criminal funcionava sota l'aparença de legalitat d'una associació legalment constituïda, amb jerarquia piramidal i estètica (rituals, cuir i tatuatges). Després de la creació de la primera branca espanyola a Palma va anar succeint-se la fundació d'altres grups de simpatitzants ('supporters') al llarg de la Península, amb un creixement exponencial. Els investigadors van detectar l'expansió del grup a Barcelona, Lleida, Girona, Madrid, València i Tenerife.

Finalment, els cinc responsables de l'organització van ser condemnats, l'any passat, a penes que sumen més de quinze anys de presó i al pagament de multes de més de 170.000 euros. Com en el cas dels Hells Angels, les acusacions contra tots ells van quedar reduïdes a un delicte de tràfic de drogues enfront dels d'associació il·lícita i organització criminal que se'ls imputava inicialment.

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a Stefan Milojevic, líder de la banda motera neonazi United Tribuns en España y peleador de MMA, en el marco de la macrooperación conjunta iniciada este lunes en Mallorca. En concreto, sobre él pesan delitos de blanqueo de capitales, tráfico de drogas, posesión de armas y pertenencia a organización criminal, tal como han informado a elDiario.es fuentes de la investigación.

La macrooperación de este lunes, que no está centrada únicamente en el blanqueo de capitales a pesar de las informaciones erróneas publicadas en la prensa local, ha supuesto la detención por el momento de 13 personas por presuntos delitos de blanqueo, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal. Un juzgado de Palma dirige desde hace más de un año las investigaciones, que se encuentran bajo secreto sumarial.

Entre los arrestados se encuentra también el abogado de Milojevic, Ignacio Gonzalo Márquez, por presuntamente blanquear dinero procedente del narcotráfico. En la web del despacho registrado, Gonzalo Márquez, de 43 años, asegura haber nacido “en una distinguida familia de la alta nobleza europea, con raíces en la Dinastía Grimaldi”.

Durante este lunes la Policía Nacional también detuvo a Faustino Nogales, conocido inspector del cuerpo y exjefe del Grupo II de Estupefacientes de la Jefatura Superior de las Illes Balears, en la macrooperación conjunta con la Guardia Civil que ha tenido lugar este lunes en Mallorca. Actualmente, ejerce de jefe de turno del Grupo de Atención al Ciudadano, conocido como 'ZETAS'.

Nogales, que llevaba tiempo siendo investigado por Asuntos Internos, está acusado de colaboración con una organización criminal vinculada al narcotráfico.

Desmantelamiento de los United Tribuns Spain

Milojevic ya fue detenido en 2020 en Mallorca, cuando fue desmantelada en 2020 la cúpula de la banda motera neonazi de los United Tribuns Nomads Spain, dedicados hasta entonces a controlar el tráfico de drogas en locales de ocio nocturno, fiestas clandestinas y clubes de alterne. Con fuertes vínculos con organizaciones alemanas de extrema derecha, en enero de ese año hasta 16 de sus integrantes eran detenidos por la Policía Nacional en una operación coordinada con Europol y la BKA alemana.

Los agentes daban así por desarticulada la rama española de los Street Gang United Tribuns, una amplia estructura internacional con tentáculos en EE.UU., Alemania, Austria, Bosnia, Bulgaria, Dinamarca, Francia, Italia, Suiza, Tailandia y Turquía y más de 1.700 miembros en todo el mundo vinculados al tráfico de drogas, a la explotación de mujeres para la prostitución y al ajuste de cuentas con bandas rivales.

Control de locales de ocio y prostíbulos

Desde la isla, los miembros del grupo controlaban la seguridad de locales de ocio, prostíbulos y fiestas clandestinas para facilitar el tráfico de drogas en esos ambientes, aprovechando el vacío que dejaron en la isla los Ángeles del Infierno tras su desintegración.

En el curso de las investigaciones, la Policía Nacional detectó que la organización blanqueaba los beneficios procedentes de sus actividades ilícitas mediante un entramado empresarial dedicado a proporcionar a los miembros contratos y nóminas fraudulentas. Parte del lucro económico de la actividad delictiva se destinaba a financiar acciones dentro de diferentes grupos vinculados con la extrema derecha radical y violenta, concretamente, relacionados con grupos ultra deportivos de fútbol y organizaciones neonazis.

Su actuación en Balears arrancó en 2018 con la inauguración del 'Clubhouse' de United Tribuns Nomads Spain en Mallorca. La organización criminal funcionaba bajo la apariencia de legalidad de una asociación legalmente constituida, con jerarquía piramidal y estética (rituales, chalecos de cuero, parches militares y tatuajes). Tras la creación de la primera rama española en Palma fue sucediéndose la fundación de otros grupos de simpatizantes ('supporters') a lo largo de la Península, con un crecimiento exponencial. Los investigadores detectaron la expansión del grupo en Barcelona, Lleida, Girona, Madrid, València y Tenerife.

Finalmente, los cinco cabecillas de la organización fueron condenados, el pasado año, a penas que suman más de quince años de cárcel y al pago de multas de más de 170.000 euros. Como en el caso de los Hells Angels, las acusaciones contra todos ellos quedaron reducidas a un delito de tráfico de drogas frente a los de asociación ilícita y organización criminal que se les imputaba inicialmente.

La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han detingut un total de 13 persones per presumptes delictes de blanqueig, tràfic de drogues i pertinença a organització criminal en el marc d'una macrooperació duta a terme aquest dilluns a Mallorca.

Entre els arrestats hi ha l'advocat Ignacio Gonzalo Márquez per presumptament blanquejar diners procedents del narcotràfic. En el marc del dispositiu policial, els agents han practicat 16 registres, entre ells al despatx palmesà del lletrat detingut -situat al número 8 del Passeig Mallorca- així com en altres immobles de la capital balear, Binissalem, Pollença i Inca.

Als registres, els funcionaris han confiscat gran quantitat de substàncies estupefaents, tal com han informat fonts de la investigació a elDiario.es.

A la web del despatx registrat, Gonzálo Márquez, de 43 anys, assegura haver nascut “en una distingida família de l'alta noblesa europea, amb arrels a la Dinastia Grimaldi”. I prossegueix: “Gonzalo va demostrar des de jove una gran capacitat intel·lectual. Va completar els seus estudis a la Universitat Complutense de Madrid, destacant per finalitzar els dos últims cursos en un sol any i obtenint reconeixements acadèmics. Posteriorment, va ampliar la seva formació amb un Màster en Empresa i Finances al prestigiós Centre d'Estudis Garrigues de Madrid”.

Fundador de GM Business Law i GM Apex Hospitality, compta -segons afegeix a la mateixa pàgina- “amb una trajectòria excepcional que abasta el dret, la consultoria i el sector hoteler”.

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a un total de 13 personas por presuntos delitos de blanqueo, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal en el marco de una macrooperación llevada a cabo este lunes en Mallorca.

Entre los arrestados se encuentra el abogado Ignacio Gonzalo Márquez por presuntamente blanquear dinero procedente del narcotráfico. En el marco del dispositivo policial, los agentes han practicado 16 registros, entre ellos en el despacho palmesano del letrado detenido -situado en el número 8 del Paseo Mallorca- así como en otros inmuebles de la capital balear, Binissalem, Pollença e Inca.

En los registros, los funcionarios se han incautado de gran cantidad de sustancias estupefacientes, tal como han informado fuentes de la investigación a elDiario.es.

En la web del despacho registrado, Gonzálo Márquez, de 43 años, asegura haber nacido “en una distinguida familia de la alta nobleza europea, con raíces en la Dinastía Grimaldi”. Y prosigue: “Gonzalo demostró desde joven una gran capacidad intelectual. Completó sus estudios en la Universidad Complutense de Madrid, destacando por finalizar los dos últimos cursos en un solo año y obteniendo reconocimientos académicos. Posteriormente, amplió su formación con un Máster en Empresa y Finanzas en el prestigioso Centro de Estudios Garrigues de Madrid”.

Fundador de GM Business Law y GM Apex Hospitality, cuenta -según añade en la misma página- “con una trayectoria excepcional que abarca el derecho, la consultoría y el sector hotelero”.

Hoy te traemos un podcast producido por una colaboración entre Sonoro y Revista Factum. Está narrado por el periodista salvadoreño-estadounidense Daniel Alvarenga en cooperación con Bryan Avelar. Juntos, exponen la cruda verdad sobre las pandillas, la corrupción y la lucha por el poder en El Salvador.

***

Accede aquí a toda la serie del podcast ‘Humo’ producido por Sonoro

***

¿Cómo escuchar 'Un tema Al día'?

▶ Si eres socio/a, puedes escuchar los nuevos capítulos del podcast cada noche en elDiario.es con unas horas de antelación respecto al resto de lectores. Recibirás el enlace en tu correo electrónico en el boletín del Adelanto de noticias.

▶ Si no eres socio/a, el episodio está disponible a primera hora de la mañana en cualquier aplicación que uses habitualmente. 

▶ Acuérdate de suscribirte al podcast 'Un tema al día' en tu app para que te lleguen automáticamente los nuevos capítulos. Es gratis.

▶ Tendrás disponibles también todas las entregas de 'Un tema Al día' en elDiario.es/aldia

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que, presuntamente, explotaba sexualmente a mujeres de origen colombiano en pisos de seis comunidades autónomas. Las víctimas eran captadas en su país de origen mediante falsas ofertas de trabajo en España, y después de facilitar su traslado, el entramado las imponía una deuda de hasta 8.000 euros que debían saldar ejerciendo la prostitución. Hay 18 mujeres liberadas y cinco personas han sido detenidas en Bilbao tres y en Gijón otras dos, dos de las cuales han ingresado en prisión provisional. Además, se han realizado siete registros domiciliarios y se ha ordenado la clausura judicial de seis inmuebles.

La investigación policial que ha logrado desarticular la organización criminal que operaba en seis comunidades autónomas comenzó en septiembre de 2024, a raíz del testimonio de una víctima que denunció haber sido engañada y traficada desde Colombia hasta Santander, donde terminó siendo explotada sexualmente. A partir de esta declaración, los agentes iniciaron numerosas pesquisas que permitieron identificar una estructura criminal inicialmente compuesta por cinco individuos que, con el tiempo, evolucionó hacia tres ramas independientes, cada una con autonomía para continuar las actividades delictivas, pero manteniendo colaboración entre ellas. Su actividad era itinerante, gestionando pisos de forma temporal o estable en las comunidades autónomas de Galicia (A Coruña), Cantabria (Santander), Asturias (Oviedo) y (Gijón), Euskadi (Bilbao, Donostia, Vitoria), Navarra (Pamplona) y Castilla y León (Burgos, León y Ponferrada).

Las víctimas, en situación de extrema vulnerabilidad, eran captadas en Colombia por una de las principales investigadas. El entramado les prometía trabajos bien remunerados o mejoras económicas en nuestro país, y una vez aceptaban, les facilitaban los billetes de avión y una cantidad de dinero para sortear el control fronterizo haciéndoles pasar por turistas.

Al llegar a España, las mujeres recibían instrucciones precisas para llegar a las ciudades donde serían explotadas. Allí, les retiraban el pasaporte e inmediatamente eran informadas de una supuesta deuda contraída con la organización, que oscilaba entre 3.000 y 4.500 euros —aunque una de las víctimas llegó a pagar hasta 8.000 euros—, y que debía ser saldada a través de servicios sexuales. Tras pagar la deuda, y sin otra alternativa de subsistencia, las víctimas continuaban ejerciendo la prostitución con un reparto del 50% del beneficio, motivo por el cual no llegaban a desvincularse de la organización.

Las víctimas, en situación de extrema vulnerabilidad, eran captadas en Colombia por una de las principales investigadas. El entramado les prometía trabajos bien remunerados o mejoras económicas en nuestro país, y una vez aceptaban, les facilitaban los billetes de avión y una cantidad de dinero para sortear el control fronterizo haciéndoles pasar por turistas.

Al llegar a España, las mujeres recibían instrucciones precisas para llegar a las ciudades donde serían explotadas. Allí, les retiraban el pasaporte e inmediatamente eran informadas de una supuesta deuda contraída con la organización, que oscilaba entre 3.000 y 4.500 euros —aunque una de las víctimas llegó a pagar hasta 8.000 euros—, y que debía ser saldada a través de servicios sexuales. Tras pagar la deuda, y sin otra alternativa de subsistencia, las víctimas continuaban ejerciendo la prostitución con un reparto del 50% del beneficio, motivo por el cual no llegaban a desvincularse de la organización.

Durante la operación policial se llevaron a cabo registros en siete inmuebles, donde se intervinieron 12.245 euros en efectivo, nueve teléfonos móviles y abundante documentación incriminatoria. Además, fueron bloqueadas 10 cuentas bancarias utilizadas por los delincuentes para canalizar los beneficios obtenidos de la explotación sexual.

En la misma fecha en la que se desarrolló el operativo que ha desmantelado esta organización criminal, agentes de la Policía Nacional en una operación conjunta con la Ertzaintza, pusieron en marcha un dispositivo que ha permitido la desarticulación de otro entramado criminal dedicado a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. En este caso la organización contaba con ramificaciones en Bilbao, Vitoria, Pamplona, Zaragoza, Santander, Logroño, Figueras e Irún. Los explotadores captaban a sus víctimas en Brasil y las imponían una deuda que debían saldar ejerciendo la prostitución en condiciones infrahumanas en inmuebles que utilizaban como prostíbulos. Fruto de esta operación se logró la liberación de nueve mujeres y 21 personas fueron arrestadas en Vizcaya (6), Álava (5), Zaragoza (3), Navarra (2), Gerona (2), Barcelona (1), Guipúzcoa y La Rioja (1).

La Policía Nacional, en una macroperación internacional contra la explotación sexual y la trata de seres humanos, ha detenido a cinco personas, entre ellas al administrador de un conocido club de alterne, y ha liberado a una víctima de explotación sexual en Asturias.

La operación, que se enmarca en la 'Jad Global Chain 2025', ha permitido la identificación de más de un centenar de personas.

Golpe al crimen organizado

La intervención policial se ha desarrollado del 2 al 6 de junio en una acción conjunta liderada por Austria y que contó con la colaboración de Frontex, Interpol y Europol.

Durante los cinco días de operativo, se llevaron a cabo inspecciones en siete clubes de alterne y otros negocios en Asturias, con el objetivo de desarticular grupos de crimen organizado, incautar bienes y, fundamentalmente, proteger a las posibles víctimas.

En la operación participaron funcionarios/as policiales de la Jefatura Superior de Asturias y del resto de Comisarías locales, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Los resultados de la operación incluyen la detención del administrador de un establecimiento de hostelería y club de alterne, por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores (artículo 311.bis del Código Penal), así como la detención de otras cuatro personas por estancia irregular en el país.

Se detectaron 61 mujeres ejerciendo la prostitución, de las cuales 20 se encontraban en situación irregular.

Rescatada una víctima de trata

El hallazgo más significativo fue el rescate de una víctima de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, a quien ya se le están aplicando las medidas de protección y asistencia del protocolo marco contra esa especialidad delictiva.

Esta operación reafirma el compromiso de las autoridades españolas en la lucha contra la trata de personas y la protección de las víctimas, reforzando la indispensable colaboración internacional para combatir este grave delito.