El empresario vasco Antxon Alonso, dueño de la mercantil Servinabar 2000 que la Guardia Civil sitúa en el centro de la presunta trama del cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública, estuvo presente en una reunión en el año 2015 celebrada en el Palacio de Navarra entre la entonces presidenta Uxue Barkos y el director de Geoalcali, la promotora de Mina Muga, para la exposición del proyecto para la construcción de una mina de potasa en la frontera entre la comunidad foral y Aragón.

“Llegamos y él ya estaba allí con la presidenta”, ha desvelado este miércoles Pedro Rodríguez, director de Geoalcali entre los años 2012 y 2016, durante su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno foral a las empresas Acciona y Servinabar 2000. “No tengo ni idea quién le invitó, conocía bien a Uxue Barkos, supongo que habrían quedado”, ha apostillado. Según la UCO fue en Mina Muga donde Koldo García y Santos Cerdán iniciaron sus contactos con Acciona a través del exdirectivo Fernando Merino.

Rodríguez ha asegurado que no supo de Servinabar hasta que salió “en prensa” en informe de la UCO en junio de 2025 a pesar de que la empresa minera remitió a los grupos de la comisión el acuerdo que firmaron en 2015 con la mercantil de Antxon Alonso para trabajos de asesoría jurídica por más de 350.000 euros.

El exdirector de Geoalcali ha explicado que fue un miembro del consejo de la minera australiana Highfield Resources, principal accionista de Geoalcali, quien le instó a contactar con Acciona para impulsar Mina Muga. Fue así, y tras una reunión con el vicepresidente de Acciona, Ignacio Entrecanales, como entró en contacto con Fernando Merino, que según ha explicado le trasladó el interés de Acciona de encargarse “de la obra civil” del proyecto, en ningún caso de la parte “minera”.

Fue a raíz de ahí cuando conoció a Antxon Alonso, ha apuntado, de quien ha dicho que “siempre” lo asoció con Acciona. “Para nosotros en ese tiempo había un vínculo total o muy próximo entre Antxon Alonso y Acciona”, ha afirmado.

Pedro Rodríguez también ha reconocido que mantuvo “tres o cuatro” encuentros con Koldo García, a quien conoció después de que se lo presentase un compañero de Geoalcali. El exdirector ha negado que Koldo estuviera en la plantilla de Geoalcali y que cobrara de la empresa minera, si bien sí que ha reconocido que hizo “trabajos” para ellos como ponerles en contacto con la comandancia de la Guardia Civil a raíz de un robo en las instalaciones de la mina o con una alcaldesa socialista de Aragón. “Era una persona afectiva, cordial y dispuesta a colaborar desinteresadamente”, ha apuntado.

El exdirector de Geoalcali ha explicado que durante su etapa al frente de la minera mantuvo encuentros con políticos de distinto signo para exponerles el proyecto de Mina Muga. Así, ha mencionado reuniones con representantes de UPN (Javier Esparza), PSOE, Geroa Bai o EH Bildu, entre otros.

El proyecto Mina Muga se encuentra actualmente paralizado por la Justicia. En 2021 Geolcali obtuvo la concesión del Ministerio para la Transición Ecológica, así como de los Gobiernos de Navarra (ya con la socialista María Chivite como presidenta) y de Aragón (presidido por el también socialista Javier Lambán) para la puesta en marcha del proyecto. Pero un recurso de Ecologistas en Acción y Sustrai Erakuntza hizi que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra diera la razón a los grupos ecologistas y anulara la concesión en septiembre de 2024 al considerar que el proyecto debía haberse llevado a cabo con un procedimiento único de tramitación y no mediante un fraccionamiento del proyecto entre las tres administraciones (Gobierno de España, de Navarra y de Aragón). Así el TSJN dictó que sería necesaria una única autorización por parte del Ministerio de Transición Ecológica, que todavía no ha llegado.

El auditor de la Cámara de Comptos, el Tribunal de Cuentas navarro, Miguel Ángel Aurrecoechea, que realizó un informe sobre las Cuentas Generales de Navarra de 2024 posteriormente corregido por el presidente del órgano fiscalizador, ha señalado este martes que los hechos relacionados con la modificación del proyecto de las obras de duplicación del túnel de Belate “podrían considerarse indicios de delitos y susceptibles de traslado a las instancias administrativas o jurisdiccionales correspondientes”.

Las obras para el desdoblamiento del túnel de Belate fueron adjudicadas por el Gobierno de Navarra a la UTE de Acciona, Osés Construcciones y Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán, por 68,2 millones de euros. Las empresas de la UTE anunciaron al iniciar la obra un sobrecoste de 8,5 millones que fue autorizado por la dirección de Obras Públicas. La Intervención General lo tumbó con un reparo suspensivo al considerar que no estaba justificado, lo que generó una crisis entre los socios del Gobierno después de que Geroa Bai y Contigo/Zurekin hablaran de una “pérdida de confianza” con el PSN y exigieran a la presidenta “responsabilidades políticas”. Finalmente, para resolver la crisis, María Chivite destituyó al director general de Obras Públicas, Pedro López Vera.

Después de que el presidente de la Cámara de Comptos no compartiera las conclusiones de Aurrecoechea y decidiera corregirlas con el aval de la asesoría jurídica de la institución, el auditor decidió incluir una cláusula de discrepancia en el informe para ratificarse en algunas de sus posiciones. Estas discrepancias hicieron que UPN citara a comparecer a Aurrecoechea en el Parlamento de Navarra, donde ha intervenido este miércoles en la Comisión de Economía y Hacienda.

El auditor ha afirmado que, en el caso relativo a los sobrecostes de las obras de Belate, analizó “una multitud de documentos que constituyeron evidencias suficientes y adecuadas, tal y como exigen las normas técnicas de auditoría, para concluir que no concurrían causas habilitantes para tramitar la modificación”.

Aurrecoechea ha defendido así que “se hizo un análisis exhaustivo, muy riguroso y con evidencias más que suficientes que me permitieron concluir” que “la tramitación de un expediente de modificación con el pretendido sobrecoste y sin causa legal que lo justificaba podrían considerarse indicios de delitos y susceptibles de traslado a las instancias administrativas o jurisdiccionales correspondientes”. No obstante, ha señalado que la Cámara de Comptos, sin solicitarle “ningún tipo de documentación”, concluyó que “no se aprecian indicios de responsabilidades”.

En su cláusula de discrepancia, el auditor menciona dos resoluciones del entonces director general de Obras Públicas de octubre y noviembre de 2024. En cuanto a la primera, considera que “supone una aprobación implícita del proyecto constructivo generadora de derechos a favor de la adjudicataria” y que implica “una modificación de facto del proyecto original”.

Respecto a la resolución de noviembre, el auditor ha afirmado que en sus conclusiones “se relatan hechos que podrían considerarse indicios de delitos y susceptibles de traslado a las instancias administrativas o jurisdicciones correspondientes”.

Durante su comparecencia, Aurrecoechea ha subrayado que “en ningún momento” se ha sentido “presionado” en el ejercicio de su labor y ha resaltado que “la cláusula de discrepancia no constituye una anomalía del sistema, sino una previsión expresa del ordenamiento jurídico que regula el funcionamiento de la Cámara de Comptos”.

Además, ha señalado que el ejercicio de esta discrepancia “se ha desarrollado en todo momento desde el respeto a la institución, a sus procedimientos y a las decisiones adoptadas por sus órganos competentes”. “El ejercicio de esa facultad lo realizo con pleno respeto a las competencias que corresponden a la Presidencia de la Cámara, a quien corresponde la aprobación del informe definitivo y al que tengo máximo respeto”, ha afirmado.

No obstante, se ha mostrado en “total desacuerdo” con los comunicados que ha remitido la Cámara de Comptos sobre este tema, “porque hay que reconocer que me han supuesto una pública humillación, pero he preferido poner el foco en la exposición técnica”.

Un juzgado navarro ha abierto diligencias previas por un presunto delito de desobediencia contra el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, después de que la Fiscalía le denunciase tras haberse negado hasta en dos ocasiones a comparecer en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno foral a las empresas Acciona y Servinabar 2000, la mercantil de Antxon Alonso y, según la UCO de la Guardia Civil, Santos Cerdán.

Entrecanales ha sido citado a declarar en sede judicial el día 4 de septiembre a las 10:00 horas, según ha adelantado Diario de Navarra y ha confirmado este periódico de fuentes jurídicas. De esta forma, el presidente de Acciona no comparecerá en el Legislativo navarro, ya que, según fuentes consultadas los trabajos de la comisión finalizarán en el mes de junio, antes de que Entrecanales tenga que acudir a sede judicial a declarar.

José Manuel Entrecanales fue citado en enero por la comisión navarra de investigación en calidad de presidente de Acciona, empresa a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó en UTE con Servinabar 2000 al menos siete contratos. No acudió a la citación argumentando que Acciona había designado a otro representante para comparecer. La Fiscalía sostiene a este respecto que su incomparecencia “carece de justificación” porque los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra ya le habían “advertido expresamente” que la citación iba dirigida a su persona y no a un representante de Acciona.

Tras volver a ser citado en febrero, una vez más se negó a comparecer. Ante el nuevo plantón, los grupos de la comisión votaron dar traslado de los hechos a la Fiscalía al considerar que Entrecanales había incurrido en un delito de desobediencia recogido en el Código Penal. Hace unas semanas la Fiscalía lo denunció por estos hechos y ahora la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona plaza número 5 abre diligencias previas y le cita a declarar.

La exdirectora general de Universidades y Recursos Educativos del Gobierno de Navarra en la legislatura 2015/2019, Nekane Oroz, ha insistido este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento foral que tres auditorías externas han “avalado” la adjudicación que ella firmó en el año 2018 a la UTE de Acciona con Alegure, una empresa hermana de Servinabar 2000 sin estructura ni trabajadores, para la construcción del colegio público de Arbizu.

Oroz, que ha asegurado que no tuvo conocimientos de esa mercantil hasta leer el expediente de la mesa de contratación, ha defendido que la adjudicación no respondió únicamente a la oferta económica, como señaló la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA), sino que también a criterios técnicos como los plazos de obra.

La obra para la construcción de este centro escolar es el único contrato que el Ejecutivo navarro adjudicó a la empresa Alegure. Alegure estaba domiciliada en el mismo lugar que Servinabar 2000, la pretendida pieza central de la trama y en la que, supuestamente, el exdirigente socialista Cerdán tenía intereses y participación a pesar de que el único administrador nominal era su amigo Alonso. Alegure se compone en un 96% de Servinabar 2000 y el 4% de Uribene, una entidad controlada por el empresario vasco Iñaki Alzaga, de Grupo Noticias, Euskaltel o Nortegás, entre otras. En las antiguas oficinas de Servinabar 2000, ya desmanteladas después de que trascendiera esta investigación, no había ningún rastro de esta otra empresa.

Fue adjudicataria de esta obra en UTE con Acciona, como solía operar Servinabar 2000. Conformaron la UTE denominada CPEIP Arbizu específicamente para esta obra. Se impusieron en un concurso abierto pero que tuvo carácter “de urgencia” a Río Valle, EBA, Erri-Berri y Murias. En la parte técnica EBA tenía una propuesta que fue ligeramente más valorada, pero en la oferta económica la de Acciona y Alegure era claramente la mejor.

De hecho, incluido el modificado, el total facturado por la obra del colegio, que ya está operativo, no supera los 3.563.706,28 de tope máximo previsto por la Administración inicialmente. Se quedó en exactamente 3.268.137,37 euros. Es también más bajo que cualquiera de las otras ofertas del concurso. EBA, por ejemplo, propuso 3.314.596,22 euros. En la UTE Acciona tenía un peso del 75% y Alegure del 25%, pero estos porcentajes se cambiaron posteriormente en escritura pública y Acciona pasó a tener el 99% de las participaciones y Alegure únicamente un 0,01%. Nekane Oroz ha asegurado que nadie le informó de esta circunstancia. “Mi labor es la coordinación y supervisión de los informes y la firma de las resoluciones”, ha afirmado.

La tramitación de esta adjudicación se hizo en la legislatura 2015-2019, con Uxue Barkos de Geroa Bai como presidenta y María Solana, de esa coalición y, en concreto, del PNV navarro, como consejera responsable. Todos los pasos del concurso los supervisó una mesa de contratación encabezada por el director del Servicio de Infraestructuras Educativas de Navarra. El modificado, en cambio, lo firmó ya el Ejecutivo de María Chivite, con Carlos Gimeno al frente de Educación. De hecho, consta en el expediente que el anterior equipo aceptaba dar más plazo pero no más dinero y que las empresas recurrieron y lograron esa compensación adicional.

La exdirectora general ha apuntado que ella únicamente autorizó una ampliación de plazo de ejecución de las obras y que respondió a un informe elaborado por la dirección facultativa en el que se exponía que “habían surgido algunos problemas con la red de pluviales durante las obras”. “Era un informe muy exhaustivo”, ha aseverado, para añadir que se les dio dos meses más de plazo “sin coste añadido”.

El exgerente de la sociedad pública navarra de vivienda Nasuvisa Alberto Bayona ha admitido este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre el 'caso Koldo' que mantuvo varias reuniones con el empresario guipuzcoano Antxon Alonso, si bien ha negado cualquier “relación laboral o contractual” con Servinabar 2000, la mercantil propiedad también de Santos Cerdán que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el centro de la trama de corrupción por funcionar supuestamente como el vehículo para el cobro de comisiones ilegales.

Según ha detallado Alberto Bayona, los contactos con Antxon Alonso, que no ha sabido cuantificar, se produjeron tras su salida de la empresa pública de vivienda en el año 2023, es decir, después de que el Gobierno de Navarra adjudicase a Servinabar 2000, en UTE con Acciona, el contrato para la construcción de 46 viviendas de protección oficial en el barrio de Erripagaña en 2022. El exgerente de Nasuvinsa ha enmarcado esos encuentros en su actividad profesional tras su salida de la empresa pública. Según ha explicado trabajaba para una empresa en el análisis de parcelas de uso residencial que pudiesen ser de interés para promotores para la gestión de proyectos.

“Tuvimos un encuentro casual en la calle, él me preguntó cuál era mi actividad y le expliqué que estaba analizando unas parcelas para ver si podían ser de interés para promotores. Él estaba interesado en unas parcelas, pero no se llegó a concretar nada”, ha señalado Alberto Bayona sobre sus reuniones con Antxon Alonso. “No he cobrado nada de Servinabar 2000”, ha aseverado.

El exgerente de Nasuvinsa ha negado también haber tenido relación con Santos Cerdán o Koldo García y haber desarrollado algún tipo de actividad incompatible con su cargo como gerente en Nasuvinsa. Asimismo ha asegurado desconocer que Cerdán era accionista de Servinabar.

La sociedad pública Nasuvinsa adjudicó dos lotes de VPO a la UTE de Acciona y Servinabar 2000, uno de 62 viviendas en el año 2018 y otro de 43 en 2022, los dos en el barrio de Erripagaña. La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra detectó algunas “irregularidades” en el proceso de esas adjudicaciones como la inexistencia de actas de las reuniones que mantuvo la mesa de contratación.

En la carretera N-121-A, la que une Pamplona con Francia a través de Irún, hay dos túneles que llevan años incumpliendo la normativa europea de seguridad en este tipo de infraestructuras, lo que ha llevado incluso a una amenaza de cierre de esta carretera por la que circulan a diario multitud de vehículos, sobre todo tráfico pesado. Son los túneles de Belate y Almándoz, que en la actualidad son bidireccionales y que la normativa obliga a desdoblar. La obra para separar el tráfico que circula en sentido norte (Irún) del que lo hace dirección sur (Pamplona) en el de Belate ya está avanzada, y no sin polémica. El contrato fue adjudicado por 62,8 millones de euros más IVA a la UTE de Acciona, Excavaciones Fermín Osés y Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y, según la Guardia Civil, también de Santos Cerdán. Tras hacerse público el informe de la UCO, esta mercantil fue excluida de la obra, en la que participaban dos empleados dedicados a labores de seguridad y prevención de riesgos laborales.

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, la directora general de Obras Públicas, María Torres, la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, así como personal de las empresas que conforman la UTE han enseñado este viernes a los alcaldes de la zona y a la prensa cómo avanzan las obras de desdoblamiento del primero de los dos túneles de la N-121-A. Según han detallado, de los alrededor de tres kilómetros que tendrá el túnel de longitud, se han excavado ya más de 2,5 kilómetros (“un 90%”), la gran mayoría por la cara norte. Para la unión de ambas caras, lo que se conoce como el “cale”, tan solo faltan unos 340 metros y se espera que se produzca “antes del verano”. Tras ello se desarrollarán los trabajos de “destroza”, todo lo que tiene que ver con la excavación de la parte inferior del túnel. Se prevé que la infraestructura sea inaugurada a finales del 2027, aunque el consejero no ha querido fijar una fecha.

En la obra, según ha apuntado el consejero, trabaja “24 horas al día, siete días a la semana” un equipo de unas 200 de personas, entre operarios, técnicos, ingenieros, personal de oficina o personal asignado a seguridad y calidad. Entre el personal ya no queda nadie con uniforme de la empresa Servinabar 2000, cuyo único rastro en la obra es un pequeño logo en uno de los carteles de la boca norte del túnel, por donde se ha entrado a la visita de los trabajos. En el resto de la cartelería ha desaparecido toda referencia a la empresa de Alonso y Cerdán que la UCO sitúa en el centro de la trama de corrupción por supuestamente funcionar como el vehículo para el cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública.

Es en exterior de la cara norte del túnel, por donde se están llevando la gran parte de los trabajos de “avance”, las empresas de la UTE han montado “una pequeña ciudad”: hay un taller para reparar la maquinaria averiada, un espacio en el que se forjan las cerchas con las que asegura el techo del túnel, así como vestuarios, aseos y un pequeño comedor. Todo ello 'edificado' sobre un terreno pantanoso y lleno de trozos de pizarra extraida del interior del túnel. Para esas labores se están empleando un Jumbo de tres brazos; un Jumbo de dos brazos; dos Robot gunitador (hormigón proyectado); tres plataformas elevadoras normed; dos telescópicas; dos miniretroexcavadoras; dos bombas de inyección; cuatro extraviales articulados; un camión articulado; dos palas cargadoras; cuatro retros con martillo hidráulico; ocho vehículos de apoyo; dos patines de avance (cuadro eléctrico en el interior del túnel), uno por cada boca; dos transformadores eléctricos, uno por cada boca; cuatro bombas para achique de agua; dos sistemas láser de guiado y dos sistemas de ventilación compuesto por ventiladores y mangas, uno por cada boca.

El jefe de obra, Jerónimo Pérez, ha explicado que el terreno sobre el que se está excavando el túnel “es más complicado” de lo que se había “anticipado”, lo que ha obligado a solicitar un modificado del contrato. Las mayores dificultades, ha precisado, se encuentran en los cambios de la tipología de la geología y en las numerosas vetas de agua que han aparecido. Así, se han tenido que utilizar diferentes técnicas de excavación en función de la dureza del terreno. De los 300 metros que quedan para el “cale”, la unión de las dos bocas, la práctica totalidad del material es blando, pizarra, lo que obliga al uso de máquinas excavadoras en lugar de material explosivo.

La obra de este túnel no es objeto de la causa que ahora investiga la Audiencia Nacional, pero está bajo sospecha de corrupción por ser el contrato más elevado adjudicado por el Gobierno de Navarra a la empresa Servinabar 2000, de un total de siete. Además, estuvo envuelto en polémica desde el principio porque tres de los ocho miembros de la mesa de contratación, los tres letrados, emitieron sendos votos particulares oponiéndose a la adjudicación. En sus escritos justificaron sus reticencias alegando indicios de “arbitrariedad”. Aseguraron que el informe de valoración de las siete ofertas presentadas no exponía “las razones que justifican las puntuaciones”, ni expresaba “las ventajas de unas ofertas frente a otras”, lo que, según añadieron, podía “generar arbitrariedad e indefensión para los licitadores”. 

También destacaron que el presidente de la mesa, Jesús Polo, conoció las puntuaciones de los otros cuatro técnicos expertos en Obras Públicas, lo que según la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra debió “anular” el proceso de adjudicación.

En paralelo a estas obras se trabaja en la redacción de un segundo modificado del contrato que incluirá los sobrecostes por imprevistos de la obra después de que el primero de ellos fuera objeto de un reparo suspensivo por parte de la intervención general, que consideró que gran parte de los 8,5 millones de euros de sobrecoste presupuestados no estaban justificados. Este reparo provocó una crisis entre los socios del Ejecutivo de María Chivite que se saldó con la destitución del director general de Obras Públicas, Pedro López Vera, quien había autorizado el modificado.

Mientras se desarrollan estas obras también se está avanzando en las obras del tramo de carretera que comunica los túneles de Belate y Almándoz, y en la licitación del desdoblamiento de este segundo túnel, que se prevé para este 2026. El consejero ha avanzado que se tratará de negociar con la Unión Europea una prórroga del plazo fijado para la finalización de los dos túneles, que el Gobierno navarro había fechado en 2027, para evitar una sanción.

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, de Geroa Bai, ha desvelado este miércoles en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' en el Parlamento foral que en 2018, cuando era gerente de la sociedad pública de vivienda Nasuvinsa, mantuvo una reunión con el empresario Antxon Alonso de la que no había informado hasta ahora por el interés que tenía el dueño de Servinabar 2000, la mercantil que la UCO sitúa en el centro de la presunta trama de corrupción, en hacerse con unos terrenos cerca de la localidad de Lumbier para ubicar el espacio logístico “ligado” al proyecto Mina Muga.

“Hubo una solicitud por su parte en este sentido para llevar adelante esta cuestión, y desde Nasuvinsa se le establecieron las condiciones que podrían contemplar una opción de esas características, pero que finalmente no se materializaron. Si no recuerdo mal, se le envió una propuesta de precios de alquiler, etc., que no contestó y que, por lo tanto, no llevó a ningún sitio”, ha explicado.

Asimismo, ha detallado que ya como consejero mantuvo otras dos reuniones con Alonso en relación con el proyecto de Mina Muga en las que analizaron “la conveniencia de impulsar, acelerar los procesos de desarrollo de políticas de vivienda y de desarrollo industrial en el ámbito de Sangüesa en función de cómo iba el desarrollo del proyecto de Mina Muga”.

Según José María Aierdi, en esas reuniones Alonso acudía como representante de Servinabar, “pero en una relación con Acciona, como ejecutantes de una parte de las obras previstas en el caso de Mina Muga”. Así, ha añadido, el Ayuntamiento de Sangüesa se dirigió al Departamento de Vivienda que él lideró en la legislatura 2019-2023 para “planificar el suelo necesario para atender esa demanda de vivienda y las posibilidades que tiene de desarrollo industrial”.

En ese contexto, ha dicho que mantuvo “unas 50 reuniones” con el señor Ignacio Salazar -consejero delegado de Geoalcali-, que era responsable gerente de Mina Muga, y en dos ocasiones con el señor Antxon Alonso para saber si el proyecto, por parte de los socios, “tenía visos de realidad o únicamente pretendía un pelotazo financiero y no había detrás un desarrollo industrial”.

Según ha añadido el consejero navarro, Antxon Alonso le trasladó que no había “ninguna intención por los entonces accionistas de llevar adelante el proyecto” y que simplemente estaban tratando de obtener las autorizaciones oportunas “para vender a un tercero, que sería el industrial, que desarrollaría el proyecto”.

Sobre si el proyecto Mina Muga era entonces artificial, el consejero ha comentado que vieron que “quienes dirigían este proyecto en ese momento no tenían en el corto plazo una previsión de intervención”. “Por eso lo único que hacemos en relación con Sangüesa es un desarrollo residencial de recuperación de viviendas de Camineros, un desarrollo de nueva construcción de 12-14 viviendas e iniciamos el proceso de modificación del PSIS, del polígono industrial del concejo que está pegado a Sangüesa”, ha señalado.

Ha asegurado el consejero que no tuvo “ninguna” reunión con Antxon Alonso en relación con la adjudicación a la UTE Acciona-Servinabar de las 62 VPO en Erripagaña. “En relación con este expediente, no he estado con nadie de Acciona ni Servinabar”, ha dicho.

La Fiscalía ha denunciado por un delito de desobediencia al presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, por haberse negado hasta en dos ocasiones a comparecer en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno foral a las empresas Acciona y Servinabar 2000.

Entrecanales no acudió a su citación argumentando que Acciona había designado a otro representante para comparecer. La Fiscalía señala en un escrito al que ha tenido acceso elDiario.es que su incomparecencia “carece de justificación” porque los servicios jurídicos del Parlamento de Navarra ya le habían “advertido expresamente” que la citación iba dirigida a su persona y no a un representante de Acciona.

“Ni el informe con alegaciones ni la sustitución a cargo de los sres. Mollinedo y Figueroa podían suplir su comparecencia personal”, apunta para añadir que nada de ello “ampara la desobediencia o la desatención de un requerimiento parlamentario que no sólo es legítimo, sino que, además, está respaldado por el Código Penal, que prevé, en caso de incumplimiento de tal requerimiento, la sanción más grave del ordenamiento jurídico, la pena de prisión.

José Manuel Entrecanales fue citado en calidad de presidente de Acciona, empresa a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó en UTE con Servinabar 2000 al menos siete contratos. Servinabar 2000 es la mercantil de Antxon Alonso que la UCO sitúa en el centro de la trama del cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública tras haber encontrado un documento en el domicilio del empresario vasco por el que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán adquiría el 45% de las participaciones de la compañía.

Tras negarse a comparecer en enero, la comisión de investigación decidió volver a citar al presidente de Acciona el lunes 9 de febrero y, una vez más, volvió a dar plantón a este foro. La multinacional argumentó que Entrecanales no había sido la persona designada por el consejo de administración para hacerlo. Añadieron que en su lugar se planteó la posibilidad de que declarase otro directivo de Acciona y que su comparecencia fue rechazada por los grupos. La Fiscalía desestima ahora esos argumentos y solicita a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona abrir diligencias contra José Manuel Entrecanales.

El exvicepresidente de UPN Óscar Arizcuren ha reconocido en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre la derivada foral del 'caso Koldo' que facturó a Servinabar 2000, la empresa propiedad de Antxon Alonso y, según la UCO de la Guardia Civil, también de Santos Cerdán.

Arizcuren, que ha reconocido que con Cerdán le unía una relación “estrecha y de amistad”, ha explicado que obtuvo 28.000 de beneficios por labores de consultoría facturados a Servinabar 2000 vía OAP Asesoramiento Integral, una consultora de su propiedad. La Hacienda Foral de Navarra cifra en 69.000 euros la cantidad facturada por esa colsultora a la empresa que la UCO sitúa en el epicentro de la trama de corrupción durante los ejercicios 2022, 2023 y 2024. “Una empresa tiene ingresos y gastos. Todo está justificadísimo y todos los cobros se hicieron por cuenta bancaria, no hay un solo movimiento en efectivo”, ha asegurado el exdirigente regionalista.

Según ha apuntado toda su relación con la empresa Servinabar se produjo a través de Antxon Alonso. “Era una empresa normal, si hubiera visto algún indicio de algo hubiera cortado relación”, ha apostillado. También ha señalado que tras leer el informe de la UCO que situaba a Cerdán al frente de la presunta trama de corrupción cortó su relación con él y con Antxon Alonso “por prudencia”.

Óscar Arizcuren, que en 2019 dejó la política navarra y la vicepresidencia de UPN para dar el salto a Madrid como directivo de Aena (desde diciembre de 2017), también ha reconocido que mantuvo “una o dos” reuniones con Santos Cerdán y el expresidente de UPN Javier Esparza, pero ha descartado que estuvieran relacionadas con negociaciones entre el partido regionalista y el PSOE para la reforma laboral. “Solo facilitaba la relación personal entre ellos dos”, ha apostillado.

“Nosotros venimos de estar en la oposición juntos y claro que hemos tenido comidas, una o dos, pero el único objetivo de esa comida es tejer relación por si hubiese la posibilidad de tener un acuerdo para llegar a un acuerdo de gobierno en el caso de que hubiese unas elecciones. Pero no tiene nada que ver con la posición del partido en ninguna cuestión”.

Arizcuren ha desvinculado su salto a Madrid y a Aena con su relación de amistad con Cerdán. “El PSOE aún no estaba en el Gobierno”, ha puntualizado. En 2020 dejó de ser afiliado de UPN aunque ha asegurado que sigue “siendo” del partido regionalista para negar su presencia en actos del PSOE.

La directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA), Edurne Eginoa, ha avanzado este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que la oficina que ella dirige ha recibido dos denuncias “anónimas” por contratos adjudicados por el Gobierno foral para la construcción de viviendas de protección oficial a Servinabar 2000, la empresa propiedad de Antxon Alonso y Santos Cerdán que la Guardia Civil sitúa en el centro de la presunta trama de cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública.

Edurne Eginoa ha precisado que las dos denuncias llegaron a la OANA a raíz de la publicación de los informes que encargó la presidenta de Navarra, María Chivite, para auditar las obras encargadas por su Ejecutivo a la empresa Servinabar 2000 tras conocerse el informe de la UCO sobre Santos Cerdán. En esos informes, Anticorrupción detectó más de una decena de irregularidades en los procesos de adjudicación de cuatro obras. La adjudicación de una de ellas, la del desdoblamiento de los túneles de Belate, la llegó a calificar de “nula de pleno derecho”.

La presidenta de la OANA se ha ratificado en todo lo recogido en las conclusiones de los informes que elaboró a petición de Chivite. Incluso ha apuntado que tras escuchar las sesiones de la comisión de investigación de la Cámara foral en las que comparecieron los técnicos de la mesa de contratación de Belate, la OANA podría hacer ahora “un informe más extenso”.

Así, se ha referido a que los miembros de la mesa “pusieron de manifiesto la falta de una reunión presencial” y ha cuestionado la actuación del presidente de la mesa, Jesús Polo, por haberse “negado” a convocar reuniones presenciales. “Los propios miembros de la mesa han dicho que una reunión presencial hubiese solucionado determinadas discrepancias”, ha expuesto, para considerar fundamental en las mesas “deliberar”.

Con todo, ha apuntado que “lo lógico” es que la obra siga para no causar “perjuicio al interés general”. “La obra ya estaba adjudicada y ya incluso había comenzado. Yo entiendo, pero bueno, eso ya no me corresponde, que la obra tiene que continuar y hacerse hasta el final, por supuesto”, ha afirmado, para opinar que “sería un desastre parar ahora esa obra”.

Una represalia “de manual”

Preguntada por el traslado del puesto de trabajo del secretario de la mesa de contratación de las obras del túnel de Belate y denunciante, Lorenzo Serena, lo ha calificado de una “represalia de manual”.

El secretario fue trasladado a trabajar a una nave al polígono industrial de Landaben, decisión que posteriormente el Departamento de Cohesión Territorial corrigió tras recibir un informe de la OANA que afeaba el traslado y lo consideraba una represalia por haber denunciado ante Anticorrupción el procedimiento de la mesa de contratación.

“Trasladar a esta persona a un almacén de Landaben constituye una represalia, pero hay que reconocer la rápida actuación del consejero Chivite -consejero de Cohesión Territorial-, que lo admitió en seguida y a los dos días se anuló la resolución de traslado a Landaben”. Con todo, ha señalado que su traslado fue “inadmisible”, que nada lo justificaba y que la propia presidenta de Navarra lo reconoció.

El gerente de la zona norte de Acciona Costrucción, Eduardo Montes, quien era subordinado de los dos directivos de la constructora imputados por el 'caso Koldo', ha confirmado este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que fue Acciona la que introdujo a Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán, en la UTE que fue adjudicataria de las obras para el desdoblamiento del túnel de Belate en la comunidad foral.

Montes ha señalado que fue él quien comunicó a la tercera empresa de la UTE, Osés Construcción, la participación de un 15% de Servinabar, si bien ha negado que fuese él quien tomó la decisión. Según ha dicho, fue el directivo imputado Tomás Olarte quien le comunicó la decisión. “No digo que él lo decidiese, solo que él me lo comunicó”. También ha reconocido que Servinabar 2000 “no era imprescindible”.

La UTE a la que el Gobierno de Navarra adjudicó la obra para el desdoblamiento del túnel de Belate estaba conformada por Acciona (con una participación del 55%), Osés Construcción (30%) y Servinabar 2000 (15%). Tras el estallido del 'caso Cerdán' Acciona y Osés excluyeron a Servinabar 200 de la unión temporal de empresas.

El gerente de la zona norte de Acciona Construcción ha asegurado que Servinabar 2000, además de aportar “conocimiento del medio”, realizaba trabajos en la obra que justificaban su 15% en la UTE a pesar de que únicamente contaba con dos empleados en la misma, dedicados a labores de seguridad y prevención de riesgos laborales. “Las facturas respondían a trabajos realizados”, ha aseverado para explicar que una participación del 15% “no implica que tenga que aportar el 15% de los medios”.

Según ha contado, como gerente de Acciona Construcción en Navarra ya había tenido una experiencia previa con la mercantil de Antxon Alonso, al que conoció en 2019. Fue en las obras para la construcción de 42 viviendas VPO en el barrio de Erripagaña, situado en la comarca de Pamplona. Allí, según ha apuntado, la mercantil que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el centro de la trama de corrupción también hacía trabajos reales, tanto es así que ha apuntado que el director de obra era de Servinabar 2000.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha cuestionado durante su interrogatorio que Servinabar 2000 haya realizado trabajos en la obra y ha atribuido su participación en la UTE a la presencia de Santos Cerdán en el accionariado de la mercantil para conseguir la adjudicación. “No es razonable que por dos trabajadores se tenga una participación del 15%”, ha reprochado.

La mayoría de la comisión del Parlamento de Navarra sobre el 'caso Koldo' ha rechazado la petición de UPN para que comparezcan todos los empleados que tuvo Servinabar 2000, la empresa propiedad e Antxon Alonso y Santos Cerdán y que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el centro de la trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública.

El partido regionalista había solicitado también que acudiesen al Parlamento de Navarra “todos los socios de Servinabar 2000” para citar a quien según la UCO es el tercer accionista de la mercantil, el periodista navarro Joseba Santamaría, así como todas las personas y empresas que hayan facturado de Servinabar 2000. Únicamente ha sido aceptada la comparecencia del exdirigente de UPN y socio de Cerdán Óscar Arizcuren, que será citado en próximas fechas.

Óscar Arizcuren, amigo personal del ex secretario de Organización del PSOE, fue secretario general de UPN y alcalde de Noáin, y entre los años 2022 y 2024 facturó 69.000 euros a Servinabar 2000 a través de OAP Asesoramiento Integral, una consultora de su propiedad. Cuando en verano un informe de la Hacienda Foral de Navarra destapó los pagos de Servinabar 2000 a la consultora de Arizcuren, este aseguró no pertenecer “a ninguna trama de nada” en unas declaraciones a 'Diario de Navarra'.

UPN ha defendido la “necesidad” de citar a todas aquellas personas o empresas que hayan tenido relación con una mercantil “que según un juez se ha creado exclusivamente para cobrar mordidas”, destacó su portavoz, Javier Esparza.

La comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre la derivada foral del 'caso Koldo' citará a declarar al excargo de UPN y socio de Santos Cerdán Óscar Arizcuren. Exalcalde y ex secretario general de UPN, el principal ariete en Navarra contra este caso, Arizcuren ha facturado unos 69.000 euros vía OAP Asesoramiento Integral, una consultora de su propiedad, a Servinabar 2000, la empresa propiedad de Antxon Alonso y Santos Cerdán que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el centro de la trama de cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública.

Los grupos de la comisión votarán este martes la comparecencia de Arizcuren, pero UPN, PSN, Geroa Bai, Contigo/Zurekin y Vox ya han avanzado su voto afirmativo, suficiente para que sea llamado. EH Bildu y PP han señalado que valorarán su postura a lo largo de este lunes. Al excargo regionalista le une además una amistad personal con Cerdán, tal y como el propio ex secretario de Organización socialista declaró en el Parlamento foral. Cuando en verano un informe de la Hacienda Foral de Navarra destapó los pagos de Servinabar 2000 a la consultora de Arizcuren, este aseguró no pertenecer “a ninguna trama de nada” en unas declaraciones a 'Diario de Navarra'.

La comisión que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno de Navarra a las empresas Acciona y Servinabar 2000 también votará este martes la propuesta de UPN de que comparezcan Joseba Santamaría, a quien la UCO sitúa como el tercer socio de la mercantil Servinabar; todos los trabajadores que haya tenido la empresa, entre los que se incluyen familiares de Cerdán como su cuñado, su hermana o su mujer; y todas las personas y empresas que hayan facturado a Servinabar 2000. PSN y Geroa Bai ya han avanzado que se opondrán a estas comparecencias.

El partido regionalista ha defendido este lunes la “necesidad” de citar a todas aquellas personas o empresas que hayan tenido relación con una mercantil “que según un juez se ha creado exclusivamente para cobrar mordidas”, ha destacado su portavoz, Javier Esparza.

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha utilizado este miércoles la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre la derivada foral del 'caso Koldo' para acusar a UPN de corrupción. Cerdán, pese a que ha iniciado su intervención diciendo que se iba a acoger a su derecho a no declarar por estar implicado en una causa judicial, ha lanzado una batería de acusaciones al portavoz regionalista Javier Esparza. “Usted entró de concejal en Aoiz en 1995 de la mano de su padrino a cambio de que le hicieran un campo de fútbol. Eso es prevaricación, creo yo”, le ha espetado Cerdán a Esparza.

Durante su comparecencia, el exdirigente socialista ha vuelto a negar ser socio de Servinabar 2000, la empresa que la UCO sitúa en el centro de la presunta trama del cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública tras haber encontrado en el domicilio privado del empresario Antxon Alonso un documento por el que Cerdán adquiría el 45% de las participaciones de la mercantil. Santos Cerdán también ha negado haber efectuado pagos con la tarjeta de Servinabar, si bien sí que ha reconocido que compartió piso con Alonso en Madrid durante un año y medio y que “parte” de los muebles los pagó la empresa.

Al igual que hizo en el Senado, Cerdán ha cuestionado la veracidad de los audios que le incriminan que fueron incautados al exasesor Koldo García y ha negado la validez del documento por el que según la UCO se convirtió en accionista de Servinabar 2000. “No hay ninguna prueba de que Servinabar sea mi empresa, no se pagó por acciones ni se llevó al notario ni a Registro Mercantil”. También ha negado haber realizado gestiones en favor de empresas en adjudicaciones de obra pública. “No va a encontrar ninguna gestión de Santos Cerdán en ninguna de esas obras, y menos en Belate, que aquí no hablé con nadie”.

El ex secretario de Organización ha vuelto a aludir a teorías sobre el origen de la investigación contra él, que ha situado en sus negociaciones con EH Bildu y Junts para la investidura de Pedro Sánchez. “Había una orden por parte de unas supuestas policías para ir contra mí. El objetivo era Santos Cerdán”, ha afirmado.

“Es una venganza de UPN por sacarlos del Gobierno”

Pero el grueso de su declaración lo ha centrado en acusar a UPN de corrupción. Así ha recordado que a Antxon Alonso se lo “presentó” un alcalde regionalista “en torno al año 2004” en el marco de un proyecto urbanístico en Milagro, localidad de la que es originario Cerdán y en la que fue concejal. “Yo me opuse a ese proyecto”, ha apostillado.

Del portavoz regionalista, Javier Esparza, ha asegurado que trató de “interferir” en las puntuaciones de la mesa de adjudicación de la ampliación del Canal de Navarra cuando Esparza era consejero de Desarrollo Rural y Medioambiente del Gobierno de Yolanda Barcina. También le ha reprochado que “entró de concejal en Aoiz en 1995 de la mano de su padrino a cambio de que le hicieran un campo de fútbol”.

Según Cerdán, la comisión del Parlamento navarro que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno foral a la UTE de Acciona y Servinabar 2000 “no investiga los túneles de Belate (la mayor obra adjudicada a la UTE por el Ejecutivo foral)”, sino “una venganza política” de UPN y de Javier Esparza, de quien ha dicho: “Es un muerto político como yo”.

Cerdán ha cerrado el interrogatorio de UPN incidiendo en que el “fondo” de la comisión navarra es que a UPN le “molesta” que el PSOE lograra la presidencia de Navarra con la abstención de EH Bildu. “Estoy orgulloso de haber dialogado entre diferentes para sacarle también a usted del Gobierno”, ha concluido.

“Me reservo la opinión sobre Pedro Sánchez”

Al ser preguntado por su relación con antiguos compañeros de partido, el exdirigente socialista ha asegurado que “no está solo” y que tiene “muchos amigos socialistas” que le muestran su apoyo. Ha explicado que no ha vuelto a hablar con la presidenta navarra, María Chivite, y sobre Pedro Sánchez ha apuntado: “Me reservo mi opinión”.

Santos Cerdán ha asegurado que acudió a reuniones entre el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra en las que se hablaba de obras públicas como diputado por Navarra, a lo que Esparza ha señalado que era “como meter un zorro en el gallinero”. En ese punto, Cerdán ha pedido ser tratado con “respeto”.

“Hay un diputado con influencia en el Gobierno de España, sí, tenía influencia, consigue subvenciones para Navarra, para los vecinos de esta comunidad, y me siento orgulloso de haberlo hecho y traer 40 millones para esa obra -el túnel de Belate- y otros tantos para la Nacional-121-A, que afortunadamente se han evitado muchos accidentes de tráfico y alguna muerte”, ha afirmado Cerdán.

El exdirigente socialista ha reconocido que participó en las reuniones del PSN con “representantes de la izquierda abertzale” para la moción de censura a UPN en el Ayuntamiento de Pamplona en diciembre de 2023 y darle la Alcaldía a Joseba Asiton (EH Bildu). Con todo, ha negado que negociase con Arnaldo Otegi las investiduras de María Chivite en 2019 y 2023, aunque sí ha admitido que mantuvo “muchas reuniones” con él para negociar el Gobierno de España.

También ha hablado reuniones que tuvo con representantes de UPN como Javier Esparza u Óscar Arizcuren, quien recibió pagos de Servinabar por valor de 70.000 euros. Cerdán ha enmarcado esos encuentros en conversaciones “sobre la situación política de Navarra” y ha mencionado reuniones previas a la conformación del Gobierno progresista de Chivite en 2019 en las que, según Cerdán, Esparza le ofreció hacer un gobierno de coalición entre regionalistas y socialistas que no fructificó.

También negociaron la reforma laboral y, en ese contexto, Santos Cerdán ha contado que Esparza le llamó “llorando” por la “traición” que sufrió de los dos diputados regionalistas, Sergio Sayas y Carlos García Adanero, que se saltaron la disciplina de voto y votaron en contra de la reforma laboral. Finalmente, los dos dieron el salto al PP.

El consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite, ha defendido este martes la “legalidad” de las obras de desdoblamiento del túnel de Belate, adjudicada a la UTE de Acciona, Óses y Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán. “No forman parte de ninguna investigación judicial que sepamos después de dos años y medio”, ha apuntado para defender que la licitación de las obras fue “legal y transparente” y que “no ha habido corrupción”.

Óscar Chivite, familiar de la presidenta de Navarra, asumió la cartera de Cohesión Territorial en agosto de 2023, cuando ya se había iniciado la licitación de las obras, que fueron adjudicadas en diciembre de ese año. Así, ha remarcado que las discrepancias que surgieron entre los miembros de la mesa de contratación “fueron anteriores” a su toma de posesión y ha asegurado que la función del consejero en la adjudicación “está limitada”.

“Yo no he firmado ningún documento sobre la adjudicación de Belate porque ni los consejeros ni la presidenta participamos en los procesos de adjudicación y de control de ejecución de las obras”, ha dicho, para incidir en que “son procesos controlados por técnicos y funcionarios”.

También ha asegurado que no existió “injerencia política” en la adjudicación de las obras y ha destacado que las auditorías encargadas por el Ejecutivo foral a la Cámara de Comptos y a empresas externas “No encontraron ninguna ilegalidad”. La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) sí que detectó irregularidades en el proceso y consideró que era “nula de pleno derecho”.

Con todo, Óscar Chivite, no ha querido poner “la mano en el fuego” por María Chivite, Ramón Alzórriz o Santos Cerdán. “Es una dialéctica en la que no voy a entrar porque poner la mano en el fuego conlleva dos aspectos, uno, tener total conocimiento, y otro, juzgar, y ninguna de las dos cosas tengo”, ha respondido a preguntas del portavoz de UPN Javier Esparza.

En relación con el sobrecoste de 8,5 millones de euros que había autorizado la dirección general de Obras Públicas y que fue objeto de un reparo suspensivo por parte de la Intervención General, Chivite ha explicado que la destitución del director general Pedro López Vera se produjo por haberle considerado “responsable de la tramitación inadecuada” del modificado. “Es evidente que el modificado no se tramitó correctamente, porque aunque el origen del modificado son causas ciertas, como es la morfología del terreno, que hay más agua de la prevista en el proyecto y que ha habido requerimientos externos, la realidad es que esa tramitación fue paralizada”.

La comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre el 'caso Koldo' ha enviado a la Fiscalía la negativa a comparecer del presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales. Todos los grupos, salvo Vox, coinciden en que Entrecanales ha podido incurrir en un delito de desobediencia recogido en el Código Penal por haber dado plantón hasta en dos ocasiones a la comisión. Ahora será la Fiscalía la que deberá analizar si considera que el presidente de la multinacional ha cometido ese delito.

José Manuel Entrecanales fue citado en calidad de presidente de Acciona, empresa a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó en UTE con Servinabar 2000 al menos siete contratos. Servinabar 2000 es la mercantil de Antxon Alonso que la UCO sitúa en el centro de la trama del cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública tras haber encontrado un documento en el domicilio del empresario vasco por el que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán adquiría el 45% de las participaciones de la compañía.

Tras negarse a comparecer en enero, la comisión de investigación decidió volver a citar al presidente de Acciona el lunes 9 de febrero y, una vez más, volvió a dar plantón a este foro. La multinacional argumenta que Entrecanales no ha sido la persona designada por el consejo de administración para hacerlo. Añaden que en su lugar se planteó la posibilidad de que declarase otro directivo de Acciona y que su comparecencia fue rechazada por los grupos.

Los servicios jurídicos de la Cámara Foral defienden que la citación es personal y está dirigida al presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, por lo que Acciona no puede designar a otro representante para acudir a declarar al Parlamento Navarro.

Desde Acciona insisten en que la citación debería dirigirse a Acciona Construcción, no a Acciona, al considerar que “Acciona no ha sido licitadora ni adjudicataria en las obras investigadas en Navarra”. “La empresa que sí participó en la UTE adjudicataria del túnel de Belate es Acciona Construcción, filial de una filial de Acciona”, ha indicado, para señalar en un escrito enviado al Parlamento que “ninguna de las dos sociedades está investigada en la causa judicial, ahora en la Audiencia Nacional”.

Los grupos de la comisión navarra que investiga la derivada foral del 'caso Koldo' estudian denunciar al presidente de Acciona José Manuel Entrecanales por negarse a comparecer. Entrecanales ha dado plantón por segunda vez este lunes a la comisión del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno foral a la UTE de Acciona y Servinabar 2000, la empresa propiedad de Antxon Alonso y, según la UCO de la Guardia Civil, también Santos Cerdán.

UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai, PP y Contigo/Zurekin ya han mostrado su voluntad de dar traslado a la Fiscalía de la negativa del presidente de Acciona a no comparecer para que analice si ha podido incurrir en un delito de desobediencia recogido en el Código Penal. La decisión la tomarán el martes en la reunión interna que celebrarán los grupos de la comisión antes de la comparecencia del consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite.

José Manuel Entrecanales fue citado en calidad de presidente de Acciona, empresa a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó en UTE con Servinabar 2000 al menos siete contratos. Tras negarse a comparecer en enero, la comisión decidió volver a citarle este lunes 9 de febrero, pero el presidente de Acciona ha vuelto a dar plantón a la comisión de investigación.

La multinacional argumenta que Entrecanales no ha sido la persona designada por el consejo de administración para hacerlo. Añaden que en su lugar se planteó la posibilidad de que declarase otro directivo de Acciona, extremo que rechazaron los miembros de la comisión. “Quien tiene que comparecer es él, no puede designar un suplente cuando la citación es personal”, señaló en una entrevista con este periódico la presidenta de la comisión. Este lunes también ha acudido en lugar de Entrecanales Joaquín Mollinedo, director de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marca de la compañía, y de nuevo se ha rechazado su declaración.

Desde Acciona insisten en que la citación debería dirigirse a Acciona Construcción, no a Acciona, al considerar que “Acciona no ha sido licitadora ni adjudicataria en las obras investigadas en Navarra”. “La empresa que sí participó en la UTE adjudicataria del túnel de Belate es Acciona Construcción, filial de una filial de Acciona”, ha indicado, para señalar en un escrito enviado al Parlamento que “ninguna de las dos sociedades está investigada en la causa judicial, ahora en la Audiencia Nacional”.

El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, tampoco acudirá a su segunda citación en la comisión navarra que investiga la derivada foral del 'caso Cerdán'. Entrecanales, que ya dio plantón a la comisión del Parlamento navarro el pasado 20 de enero, ha enviado un escrito a este foro en el que avanza que tampoco acudirá el próximo lunes, según ha avanzado la Cadena Ser y han confirmado a elDiario.es fuentes de la comisión.

Las personas citadas por la comisión de investigación tienen la obligación de comparecer y no hacerlo puede constituir un delito de desobediencia tipificado en el Código Penal. La presidenta de la comisión, Irati Jiménez, ya avanzó que de no acudir de nuevo a la citación, serán los grupos de la comisión los que decidan si dar traslado a la Fiscalía.

José Manuel Entrecanales fue citado en calidad de presidente de Acciona, empresa a la que el Gobierno de Navarra le adjudicó en UTE con Servinabar 2000 al menos siete contratos. Servinabar 2000 es la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el centro de la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública.

En su escrito enviado a los miembros de la comisión navarra de investigación, Acciona vuelve a explicar que la negativa de Entrecanales a comparecer se debe a que no ha sido la persona designada por el consejo de administración de la multinacional para hacerlo. Añaden que en su lugar se planteó la posibilidad de que declarase otro directivo de Acciona, extremo que rechazaron los miembros de la comisión. “Quien tiene que comparecer es él, no puede designar un suplente cuando la citación es personal”, señaló en una entrevista con este periódico la presidenta de la comisión.

La empresa insiste en que la citación debería dirigirse a Acciona Construcción, no a Acciona, al considerar que “Acciona no ha sido licitadora ni adjudicataria en las obras investigadas en Navarra”. “La empresa que sí participó en la UTE adjudicataria del túnel de Belate es Acciona Construcción, filial de una filial de Acciona”, ha indicado, para señalar en su escrito que “ninguna de las dos sociedades está investigada en la causa judicial, ahora en la Audiencia Nacional”.

A su juicio, la comparecencia que correspondería sería la de Acciona Construcción, “cuya participación en el proyecto sí es directa”. “Así lo confirmaría la decisión de la comisión de requerir la comparecencia de Eduardo Montes de Frutos, gerente de departamento Zona Norte de Acciona Construcción en España, lo que hace, si cabe, menos necesaria la comparecencia del presidente de la matriz”, ha añadido.

Insiste la compañía en su escrito en que “la citación se dirige a la sociedad, no al presidente a título individual” y recuerda que el presidente de una sociedad anónima no ostenta legalmente la representación de la compañía, que corresponde al Consejo de Administración. En su escrito a la comisión, Acciona considera que, con la convocatoria, “podría estar vulnerando el derecho de la empresa a designar a su propio representante, derecho reconocido en la Ley Orgánica 5/1984 y en la Ley de Sociedades de Capital”.

Más de dos meses después de la destitución de Pedro López Vera en plena crisis por el 'Caso Cerdán', el Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de este miércoles el nombramiento de María Torres como nueva directora general de Obras Públicas.

Se da la circunstancia de que su nombramiento se ha producido a la vez que López Vera comparecía en la comisión que investiga en el Parlamento de Navarra las obras adjudicadas a la UTE de Acciona y Servinabar 2000, la empresa propiedad de Antxon Alonso y, según la UCO de la Guardia Civil, también del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. El exdirector general de Obras Públicas ha asegurado que nadie le dio “muchas explicaciones” y que no tiene “muy claro” cuáles fueron los motivos de su adiós.

Pedro López Vera fue quien el sobrecoste de 8,5 millones de euros que fue objeto de un reparo suspensivo por parte de la Intervención General, que consideró que no estaba del todo justificado. El reparo generó una crisis de “confianza” entre los socios del Ejecutivo de la socialista María Chivite, a quien Geroa Bai (socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre) reclamaron “responsabilidades políticas”. Finalmente, la presidenta cedió y destituyó a López Vera el 2 de diciembre.

María Torres es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos desde el año 2002 y desempeña su actividad profesional en el Departamento de Cohesión Territorial desde marzo de 2023. Hasta ahora, ha formado parte del equipo técnico del Servicio de Proyectos y Obras, realizando labores de Dirección de Obra en diversos proyectos.

La nueva directora general suma 23 años de experiencia profesional en el sector de la construcción, ejerciendo responsabilidades tanto de jefa de obra como jefa de Oficina Técnica y de Estudios en Galicia, La Rioja y Navarra. Su dilatada experiencia profesional se ha desarrollado tanto en la empresa privada como en el sector público.

Torres asume la responsabilidad para liderar proyectos “estratégicos para Navarra”, destacan desde el Ejecutivo foral. Entre otros, la construcción de infraestructuras como el desdoblamiento de la N-121-A, el desarrollo de los túneles de Belate y Almándoz, la ejecución de la variante ferroviaria entre los polígonos de Landaben y Arazuri-Orkoien, la supervisión de la conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras de Navarra, y el inicio de los trabajos de la A-15, que conectará la comunidad foral con Madrid. 

El exconsejero de Cohesión Territorial y presidente del PSN, Bernardo Ciriza, ha defendido este martes en la comisión del Parlamento de Navarra que investiga las obras adjudicadas a la UTE de Acciona y Servinabar 2000, la presencia de Santos Cerdán en “algunas” reuniones del Gobierno de Navarra con el Ministerio de Fomento pese a que no era un cargo de ninguno de los dos Ejecutivos.

“Ocupaba un puesto de referencia en el PSOE como diputado y como secretario de Organización”, ha señalado Ciriza para justificar la presencia de Cerdán en las reuniones en las que se habló de la “urgencia” de duplicar los túneles de Belate en la carretera N-121-A. Esas obras fueron adjudicadas posteriormente a la UTE de Acciona, Osés y Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y, según la Guardia Civil también de Santos Cerdán.

Sobre las reuniones, el que fuera consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra entre 2019 y 2023, ha asegurado que Cerdán tenía una actuación “normal” y “discreta” y ha afirmado que “nunca” hablaron de empresas. También ha señalado que era una práctica “habitual” y que otroes diputados también han acudido a reuniones con el Ministerio, sin saber concretar quiénes. “Fuimos a hablar de financiación, a pedir ayuda al Ministerio porque nosotros solos no podíamos acometer la obra”, ha solemnizado Ciriza, que ha apuntado que en ningún caso sospechó de la participación de Cerdán en la mercantil investigada por el Tribunal Supremo.

Preguntado por el portavoz de UPN, Javier Esparza, por su relación con Santos Cerdán, ha explicado que lo conoció en el año 2011 y que tenía una relación “cordial” con él, pero ha negado que fuese él quien le introdujera en el Gobierno foral. “Fui en las listas al Parlamento de Navarra a petición de María Chivite y es ella la que me nombra consejero”, ha apuntado para añadir que Cerdán “nunca” le habló de liderar la consejería.

También ha negado que hablara con el ex secretario de Organización del PSOE sobre los asuntos a tratar en las reuniones con Fomento. “No preparábamos nada con él antes de las reuniones, yo preparaba las reuniones con mi equipo y a Cerdán le contaba lo mismo que a otros partidos sobre las necesidades que teníamos en infraestructuras como el TAV, la N-121-A o la AP-15”, ha añadido.

Sobre la mesa de contratación de las obras para el desdoblamiento del túnel de Belate, ha afirmado que él no la quiso “controlar” con nombramientos como el del exdirector general de Obras Públicas Pedro López Vera. Según ha precisado esa propuesta, que constaba en un correo electrónico enviado por el propio director general, era “de trabajo”, y buscaba que la mesa fuera “lo más plural y transparente”. “Estábamos buscando lo mismo que ahora, mejorar los procesos de adjudicación”, ha expuesto. “Cuando se hizo esa propuesta, ha apuntado, ”no había ni proyecto de los túneles“, ha apostillado. ”En el momento que nos dijeron que no se podía, pues se quitó“.

Ciriza también ha justificado la “necesidad” de prorrogar el contrato del director de Nuevas Infraestructuras del Gobierno foral y que ejerció como presidente de la mesa, Jesús Polo, a pesar de que estaba en edad de jubilación por las “dificultades” para cubrir las plazas de dirección.