La UCO de la Guardia Civil, en su último informe sobre el patrimonio de Santos Cerdán y sobre la empresa Servinabar 2000, apunta a presuntas irregularidades en la adjudicación de las obras de la recién inaugurada cárcel de Zubieta, en Donostia. Detalla que el empresario Antxon Alonso, presunto socio del exdirigente del PSOE en Servinabar 2000 y administrador de esa mercantil, habría participado en la preparación de una oferta de una UTE entre Acciona, Cycasa y Murias, la adjudicataria, y que después había recibido pagos, que ascendieron a 181.492,74 euros.

La cárcel de Zubieta fue construida por el Gobierno de España y adjudicada en 2021 por 42,7 millones de euros. Ese mismo año, los Ejecutivos central y vasco acordaron la transferencia de Prisiones a la comunidad autónoma pero se acordó que Zubieta seguiría siendo responsabilidad del Estado hasta la finalización de las obras. Así, ha sido este mes de junio cuando se abierto el nuevo presidio que sustituye al viejo de Martutene, que ha sido entregado al Estado para su demolición y el inicio de un plan de construcción de viviendas.

En 2018, Alonso envió a un directivo de Acciona una noticia con los planes para las futuras obras. Acababa de llegar el PSOE al Gobierno de España. Servinabar 2000 tenía un acuerdo con Acciona para acceder a diferentes obras públicas en Navarra y fuera de ella. Oficialmente, la licitación fue anunciada en noviembre de 2020. A los cinco días, Alonso escribió al presidente de Sumelzo, Juan Sumelzo: “Me llega que tu amigo tiene interés. Hablamos”. Es la compañía de la familia de la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo.

En diciembre, un Alonso sin participación aparente en una UTE de Acciona, Murias y Cycasa, recibió un mensaje con el acuerdo de reparto entre esas empresas. En un nuevo intercambio con su contacto en Sumelzo, Alonso le explicaba que del 25% que correspondía a Cycasa ellos tendrían un porcentaje. “De ese 25 ellos el 15 y nosotros el 10”, exponía. En febrero de 2021 se confirmó la adjudicación de las obras de Zubieta a Acciona, Murias y Cycasa. Y empezaron los pagos de esta última a Servinabar 2000. Además de los 181.492,74 euros pagos de Cycasa se registaron 12.100 directamente abonados por Sumelzo.

En esta trama de corrupción, la Guardia Civil, que ejerce de Policía judicial, encontró un documento en la casa de Alonso en Elorrio por el cual el 45% de Servinabar 2000, aunque no estuviera escriturado, era de Cerdán, a quien le unía una relación de amistad. En 2021, tal y como se investiga en otra causa judicial, Alonso también participaba en un grupo llamado Hirurok con el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero y con la vizcaína Leire Díez. Se analiza si igualmente cobraban comisiones por operaciones como el rescate de Tubos Reunidos.

El ex 'número dos' del PSN Ramón Alzórriz, que dejó su cargo en el partido el pasado año por tener a su pareja trabajando en la empresa Servinabar 2000, investigada por corrupción, ha negado que eso fuera un trato de favor por parte de Antxon Alonso, el empresario dueño de esa mercantil. Es más, Alzórriz ha acusado al empresario guipuzcoano de haber despedido a su pareja de manera “improcedente” en el año 2024 por el “revuelo” que se había generado en torno a la obra de los túneles de Belate tras la denuncia de UPN. Alzórriz, que aún se mantiene como parlamentario, era una persona de la máxima confianza de Santos Cerdán, a quien la Guardia Civil atribuye la titularidad del 45% de Servinabar 2000.

“Le llamó su jefe, Antxon Alonso, a una reunión a su despacho, le dijo que con el revuelo que se había montado con la adjudicación de los túneles de Belate, ella era la pareja del portavoz del Partido Socialista y del secretario de Organización y que, por lo tanto, no quería problemas y la despidió de manera improcedente”, ha explicado Alzórriz este martes en su comparecencia en la comisión de investigación del 'caso Koldo' del Senado a preguntas de la senadora del PP Ana Beltrán. Según ha añadido, recibió una indemnización por ello.

El todavía parlamentario socialista en la Cámara navarra ha asegurado que Santos Cerdán, con quien ha reconocido que ha hablado tras su salida de prisión, “no tuvo nada que ver” en la contratación de su pareja en Servinabar 2000. Ha afirmado que habló con Antxon Alonso para pedirle un empleo para su pareja porque el que tenía era “precario” y que fue contratada tras realizar una entrevista y una formación en prevención de riesgos laborales. “Su sueldo era de 30.000 euros brutos anuales, un sueldo normal”, ha apostillado.

Alzórriz, que en junio del año pasado, salió en rueda de prensa para anunciar que dimitía de todos sus cargos en el PSN, ha explicado ahora que fue Chivite quien, al enterarse de que le había ocultado la relación laboral de su pareja con la empresa investigada por corrupción, le forzó a dejar la vicesecretaría general del partido. “Ella me lo pidió y yo, por coherencia con la situación que se estaba produciendo y también por lealtad, no solo a ella sino al proyecto que tenemos en Navarra, acepté”, ha reconocido un año después.

Con todo, el ex 'número dos' del PSN ha vuelto a reiterar que desconocía que Santos Cerdán fuese propietario de Servinabar 2000 y ha asegurado que no ha leído los informes de la UCO de la Guardia Civil que vinculan al ex secretario de Organización del PSOE con esta mercantil. “Me he distanciado de esta situación”, ha apuntado.

Por último, Alzórriz ha negado que se hayan cometido “irregularidades” en las obras que realizó en su domicilio particular y que fueron encargadas a la misma constructora a la que Parquenasa, sociedad participada por el Gobierno de Navarra, le adjudicó cuatro contratos para la reconstrucción del parque Sendaviva y que están siendo investigados por un juzgado por un posible fraccionamiento ilegal. Hace una semana el Tribunal Superior de Justicia de Navarra inadmitió una querella presentada por Vox contra Alzórriz por estas obras de su casa.

Este martes, a mediodía, la compañía de Amurrio Tubos Reunidos celebra su junta general anual de accionistas. Por vez primera, la convocatoria es únicamente telemática y no será un foro abierto, sino que solamente podrán participar los socios que se hayan registrado previamente. Salvo filtraciones, se desconocerá lo que allí se discuta. La dirección de la empresa ha decidido blindarse al máximo coincidiendo con su entrada en concurso de acreedores y, sobre todo, con la investigación de la Audiencia Nacional por corrupción. Otro detalle: la reunión llega al límite legal, que obliga a hacer esas reuniones dentro del primer semestre del año.

2026 está siendo el 'annus horribilis' de Tubos Reunidos. Centenares de despidos, huelgas y movilizaciones y ahora el concurso de acreedores son la muestra de la delicadísima situación económica, con un pasivo de unos 260 millones de euros. De esa deuda, unos 160 millones corresponden a la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Son los 112,8 millones del rescate de 2021 y otros más de 40 millones en intereses acumulados. Y la SEPI es, precisamente, el otro gran problema para la compañía.

El juez Santiago Pedraz inició a finales de 2025 una causa penal para analizar si el rescate de 2021 escondió el pago de comisiones ilegales a quienes lo posibilitaron. Lo hizo a instancias de la Fiscalía, que vio una sólida base de indicios. ¿De dónde surgieron? En junio de 2025 fue arrestado en Elorrio el empresario guipuzcoano Antton Alonso, amigo del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. De su casa y de una oficina en Pamplona, la UCO de la Guardia Civil se llevó decenas y decenas de documentos, aparatos electrónicos e incluso bolsas con dinero en efectivo. Ese material se fue procesando y, en noviembre, la Policía judicial elaboró un atestado para la causa contra Cerdán.

En él, se mencionaba por vez primera que Alonso usaba una aplicación de mensajería supuestamente mejor encriptada que WhatsApp y Telegram, Threema. Allí tenía un grupo llamado Hirurok con dos socialistas, Leire Díez, de Portugalete, y Vicente Fernández Guerrero, andaluz. Éste último había sido presidente de la SEPI desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno en 2018 hasta su imputación en un proceso sobre Aznalcóllar en Andalucía, en 2019. Sin embargo, se sospecha que mantuvo capacidad de influencia sobre el organismo estatal y que movió los hilos para engrasar la inyección económica a Tubos Reunidos a cambio de un “agradecimiento”, como llamaba a la presunta comisión en un mensaje el propio expresidente de la SEPI.

El sumario del caso muestra que la trama Hirurok se empezó a interesar por Tubos Reunidos en 2020, cuando ya iba barruntando la necesidad de apoyo público. La relación no se cortó hasta noviembre de 2025, hasta el momento previo a que Alonso, Fernández Guerrero y Díez acabaron detenidos. La causa, que ha comportado varios registros policiales en las instalaciones de Tubos Reunidos de Amurrio y de Bilbao, ha permanecido en secreto hasta junio. El sumario ha generado más morbo porque, a la vez, analiza el papel de Díez y Cerdán en las presuntas 'cloacas' del PSOE, pero su origen está en el rescate de Tubos Reunidos, que dobla al de la aerolínea Plus Ultra por el que se investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Según la Guardia Civil, se eleva a 247.459 euros la presunta mordida que obtuvo Hirurok. La compañía no niega que se produjeran los pagos. Se canalizaron por una doble vía. Hay 114.950 euros que se pagaron a través de una pantalla, una mercantil de Zaragoza llamada Mediaciones Martínez. Giraba unas facturas por supuestos asesoramientos que eran “mendaces”, en descripción de la UCO. En realidad, era una sociedad controlada en un 98% por Alonso. Asimismo, Fernández Guerrero obtuvo directamente 130.000 euros más. Los “agradecimientos”, siempre usando la expresión de Fernández Guerrero, se produjeron por facilitar el rescate en 2021 y, tres años después, en 2024, para flexibilizar la devolución de intereses. La empresa obtuvo una inyección de 15 millones por la venta de un terreno en Sestao, tenía que devolver 9,8 a su acreedor, a la SEPI, y presuntamente entró en juego de nuevo la intermediación de Hirurok y de Cerdán a cambio de otro pago, que se cifra en 40.000 euros. Este dato está recogido también en un acta interna de Tubos Reunidos de 2025 a la que ha tenido acceso este periódico.

En este segundo momento, la investigación ha localizado una reunión en Ferraz, la sede del PSOE, con Díez, Cerdán y directivos de la empresa. Allí, en el cuartel general socialista, apareció una “agenda con anotaciones manuscritas” de Cerdán. ¿Qué decían? Estaban “específicamente vinculadas a la autorización del aplazamiento de la amortización parcial anticipada de la deuda con la SEPI”, cree la Fiscalía. Añade que “dichas anotaciones pondrían de manifiesto, en conjunto con los indicios recogidos en el atestado [de la UCO de mayo de 2026] que Santos Cerdán habría tenido conocimiento de las pretensiones de Tubos Reunidos”.

La investigación judicial tiene tres focos. Por un lado, está el grupo Hirurok. Cerdán, por el momento, no consta como investigado en este procedimiento. Por otro lado, están los directivos de Tubos Reunidos. Son tres los señalados. Francisco Irazusta es el primero. Era el presidente de la compañía en el momento del rescate y quien conversaba con regularidad con Fernández Guerrero sobre el asunto, como consta en los mensajes del sumario. “Vicente sigue siendo una persona de peso dentro del partido y gobierno. Sigue estando muy unido a la Ministra de Hacienda [María Jesús Montero]. De echo [sic] cuando no teníamos feedback directo de la presidenta lo tenía por su parte ya que sigue teniendo un vínculo muy estrecho con muchos miembros de SEPI. La primera persona a la que informó Charo, la técnico que llevaba nuestra solicitud de la aprobación fue él, quien me envió un mensaje inmediato. Yo os lo explicaré sí queréis más en detalle en el próximo consejo”, contó Irazusta en un correo electrónico compartido con la dirección de su empresa.

Pero Irazusta se marchó en 2023. Es más, la trama Hirurok dudó si las facturas que giraba Mediaciones Martínez iban a continuar sin él en la empresa. Sin embargo, lograron mantener la relación con Carlos López de las Heras, su sucesor y todavía primer ejecutivo de la empresa alavesa. Fue él el que gestionó la renegociación de los intereses en 2024. El nexo común entre ambos mandatos era Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia, directivo bilbaíno afincado en Andalucía y relacionado con Fernández Guerrero en la mercantil Denarius. Él estuvo en los contactos para el rescate y también en Ferraz por los intereses. Dimitió hace dos semanas tras ser imputado por el juez Pedraz, aunque alegó que era por otras razones profesionales. Según 'El Correo', López de las Heras ha sido apartado de las negociaciones con inversores interesados en reflotar la compañía.

Y, claro, el tercer grupo investigado son los miembros de la SEPI que, supuestamente, se dejaron controlar por su expresidente desde fuera, facilitándole información privilegiada. En otras derivadas del caso, como la relacionada con un contrato en Asturias a la empresa navarra Erri Berri, incluso hicieron movimientos a su dictado, siempre según la Fiscalía y la Policía judicial. “Estoy influyendo”, se jactaba Fernández Guerrero en otro mensaje. Son hasta ocho los diferentes cargos del 'holding' estatal los señalados en los informes policiales.

Mediaciones Martínez, según la Guardia Civil, tuvo una facturación próxima al millón de euros. Entraba dinero también en Servinabar 2000, la principal empresa de Alonso. El sumario muestra que, con esos fondos, Alonso se reformó su casa de Elorrio -160.000 euros de obra-, que Fernández Guerrero siguió comprando pisos en Marbella para alquiler turístico y que Díez cambió de coche.

Hasta hace pocas semanas, ya con la existencia de la investigación de la Audiencia Nacional con un elemento de dominio público, diferentes cargos institucionales han abogado por que la SEPI facilite una quita de la deuda para salvar a Tubos Reunidos, que busca inversores que den continuidad a la actividad industrial en la comarca más tocada de Álava, la de Ayala. El consejero del PNV Mikel Jauregi, de hecho, lo hizo el mismo día que la Guardia Civil estaba realizando registros en el marco de esta operación, a comienzos de junio. Sin embargo, fuentes de la compañía dan por hecho que dadas las circunstancias el organismo estatal no puede hacer ningún movimiento con dinero público que pueda dar a entender que hay un nuevo trato de favor a una empresa bajo la lupa de la Justicia.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa al actual consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José María Aierdi, de la parte de Geroa Bai, como el “primer” vínculo de la actividad conjunta del trío llamado Hirurok que conformaban el empresario guipuzcoano Antxon Alonso, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero y la socialista vizcaína Leire Díez. Hirurok presuntamente cobraba las comisiones ilegales por intermediación en operaciones como el rescate de Tubos Reunidos u otras gestiones con empresas como la navarra Erri Berri. Se sospecha que Fernández Guerrero mantenía en 2021, cuando se sustanciaron estas operaciones, una capacidad influencia en la SEPI a pesar de haber dejado el cargo en 2019.

Según un atestado de finales de 2025 al que ha tenido acceso este periódico, Hirurok empezó a operar en 2021. Y los agentes de la Guardia Civil sitúan a Aierdi, entonces consejero de Vivienda y también vicepresidente segundo en el primer Gobierno de la socialista María Chivite pero propuesto por Geroa Bai (en concreto, por la rama de los Socialverdes y no por el PNV), como “el primer elemento” que relaciona a los tres de manera conjunta. Lo hace tras localizar un mensaje de WhatsApp que Alonso le envió a Aierdi el 10 de febrero de 2021 con los teléfonos de Fernández Guerrero y Díez. Según la UCO, Alonso escribe este mensaje al consejero “en el contexto de una reunión que ese mismo día podría haber tenido lugar entre ellos”.

Fuentes del Gobierno navarro niegan que Aierdi se reuniese con los miembros del grupo Hirurok y aseguran que el consejero no recuerda haber recibido esos contactos por parte de Alonso. En la documentación que el Ejecutivo de Chivite envió hace unos meses a UPN, el partido que lidera de la oposición en la comunidad foral, sobre las reuniones de Alonso con miembros del Gobierno, entre ellos Aierdi, no se detalla este encuentro al que hace referencia la UCO.

Se da la circunstancia de que fue el propio Aierdi quien, a finales de 2019, informó al Parlamento navarro de que quería firmar un convenio para la promoción de viviendas con la mercantil de Alonso Servinabar 2000, en la que aparentemente el socialista Santos Cerdán tenía una participación del 45%. “Se están realizando gestiones para formalizar un convenio con la empresa Servinabar 2000. El formato sería similar al de la fundación bancaria Caja Navarra y se construirían 40 VPO en alquiler sobre una parcela de Nasuvinsa en Ardoi. Actualmente, se está realizando el estudio de viabilidad”, explicaba en la Cámara Aierdi. En el caso de Caja Navarra que se toma como referencia, la Administración le cedía suelo y la entidad privada asumía las obras y “al término de los 30 años” de concesión “el suelo y el edificio revertían a Nasuvinsa”.

Es un movimiento muy relevante, porque es de los pocos negocios en que Servinabar 2000 ha operado en solitario y no con Acciona, por ejemplo. Además, en aquel momento, Servinabar 2000 tenía como objeto social la “gestión de servicios para trabajos administrativos como archivos, digitalización y destrucción de documentos, bibliotecas, cobros, encuestas, toma de datos, lectura de contadores, organización de todo tipo de eventos como congresos, ferias y exposiciones; y otras”, nada relacionado con la promoción inmobiliaria.

Aierdi, al conocerse el informe de la UCO de junio del 2025 que vinculaba a Cerdán con Servinabar 2000 tras haber encontrado en el domicilio de Alonso un documento privado por el que adquirió el 45% de las participaciones de la mercantil, aseguró que no recordaba haber querido impulsar ese convenio de colaboración pero, posteriormente, en su comparecencia en la comisión de investigación en el Parlamento de Navarra, sí que lo reconoció. Pero señaló que no se llegó a concretar.

En esa misma comparecencia Aierdi desveló que su primera reunión con Alonso tuvo lugar en 2018 cuando él era gerente de la sociedad pública de vivienda Nasuvinsa. Servinabar 2000 ha obtenido contratos en Navarra de esta sociedad para construcción de vivienda protegida, aunque de la mano de Acciona. Según explicó Aierdi, su primer encuentro se debió a que Alonso tenía interés en hacerse con unos terrenos cerca de la localidad de Lumbier para ubicar el espacio logístico “ligado” al proyecto Mina Muga. Ya como consejero, en 2023, tuvo otros tres encuentros con el empresario vasco, dos sobre Mina Muga y otro sobre Forestalia.

El socialista andaluz y expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero, el empresario guipuzcoano Antxon Alonso y la socialista de Portugalete Leire Díez conformaron un grupo llamado Hirurok, pretendidamente constituido para recaudar comisiones ilegales en los negocios públicos y privados en los que intermediaban, según la Fiscalía. La UCO de la Guardia Civil, en un informe entregado al juez instructor de este caso, Santiago Pedraz, del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional), estima que la trama pudo captar una cantidad cercana al millón de euros a través de sociedades controladas por Alonso: Mediaciones Martínez, domiciliada en Zaragoza, Servinabar 2000, de Pamplona, e incluso Next Generation Caliope Innova. Y ha encontrado también cómo se gastó parte del dinero. Solamente tres ejemplos: Fernández Guerrero compró un piso en Marbella para ponerlo en alquiler turístico, Alonso realizó una reforma de 163.000 euros en su casa de Elorrio y Díez adquirió en coche de la marca Škoda.

Hirurok empezó a operar en 2021. Adquiere su nombre de un grupo de la aplicación de mensajería Threema, pretendidamente más encriptada que WhatsApp o Telegram, y que luego fue renombrado como Hirurok berriro. Su primera gran operación por la mediación para que la SEPI rescatara con 112,8 millones de euros la empresa de Amurrio Tubos Reunidos. Los responsables de la investigación estiman que Fernández Guerrero mantenía hilos en el organismo que dirigió hasta 2019 y que los usó con fines de lucro personal. La compañía no niega los pagos a Hirurok. Son 247.459, 114.950 vía Mediaciones Martínez y el resto directamente a Fernández Guerrero. Después de Tubos Reunidos llegó la navarra Erri Berri, que pudo acceder a un contrato de una filial de la SEPI en Asturias -“estoy influyendo”, dejó por escrito Fernández Guerrero- y otros negocios. El grupo usaba a Alonso como una suerte de 'comercial' ante grandes empresas vascas como ITP, Teknei o Sapa.

En un atestado de finales de 2025 al que ha tenido acceso este periódico, la UCO rastrea no ya los ingresos sino cómo gastaron las presuntas comisiones ilícitas obtenidas. Mediaciones Martínez fue adquirida precisamente en 2021 en un 98% por Alonso justo cuando estaban negociando un “agradecimiento” por parte de Tubos Reunidos, de nuevo en palabras de Fernández. Sin actividad ni trabajadores, según la Agencia Tributaria, facturó 913.199,29 euros en total en poco más de dos años e ingresó incluso algo más, 1.089.715,05 euros. Servinabar 2000, en la que el exdirigente del PSOE aparentemente tenía una participación del 45% según un documento en poder de su amigo Alonso, también movilizó importantes sumas de dinero. En Next Generation Caliope Innova, con interés en algunos proyectos de renovables, tenía una participación societaria los dos hijos de Alonso.

Según la Guardia Civil, Alonso empleó 163.350 euros de los fondos supuestamente ilícitos en reformar su dúplex en Elorrio, en Bizkaia. Es precisamente allí donde los agentes de la Policía judicial encontraron en junio del pasado año todo el material que está dando pie a estas investigaciones de corrupción. ¿Qué exactamente? Papeles, dinero en efectivo, el documento de Cerdán y, sobre todo, dispositivos electrónicos que revelaron la existencia del grupo Hirurok. La obra se pagó en tres partes idénticas de 54.450 euros en tres momentos de 2022.

Las dos primeras corrieron a cargo de Mediaciones Martínez y la tercera de Servinabar 2000, aunque después esta segunda mercantil le giró un cargo del mismo importe a la sociedad de Zaragoza por “asesoramiento comercial”. Hubo también un peloteo de otros 96.448,23 euros en facturas de “general corporate consulting” que Servinabar 2000 extrajo de Mediaciones Martínez. Alonso, igualmente, dispuso de 6.970,95 euros con la tarjeta de crédito de Mediaciones Martínez. La UCO estima que “el importe total percibido por Antxon de Mediaciones Martínez habría ascendido a 266.769,18 euros”.

En el caso de Fernández Guerrero, dispuso de 37.650 euros en 'nóminas' de Mediaciones Martínez -que no tenía trabajadores dados de alta- y de 128.092,80 euros de pagos de Servinabar 2000, donde sí estuvo dado de alta como trabajador desde junio de 2021 hasta abril de 2023. De cajeros sacó 11.700 euros en efectivo con cargo a los depósitos de Mediaciones Martínez. Eran cuantías de entre 100 y 1.200 euros. La Guardia Civil menciona también que hubo unas transferencias a Fernández Guerrero por valor de 100.000 euros, aunque el dinero luego fue reintegrado en apenas tres semanas.

En los mensajes intercambiados entre Alonso y Fernández Guerrero se aprecia que el expresidente de la SEPI pidió a su socio un adelanto de sus retribuciones en un momento dado a comienzos de 2022. “Antton, una cosa de las que -como ya me vas conociendo- me cuesta mucho trabajo hablar. Tengo pensado comprar otro piso al lado del que tengo en Marbella para doblar los alojamientos turísticos. Ya tengo concedida la hipoteca pero me falta algo de cash para ir lo suficientemente desahogado. ¿Crees que podrías anticiparme algunas nóminas ahora junto con la de enero? Gracias en cualquier caso, puedas o no. Y perdona. Pedir para mí es algo que toda mi vida me ha costado muchísimo trabajo”, le escribió. En apenas dos minutos, tenía el dinero: “Sí, claro. Dime cómo te puedo ayudar. El miércoles lo cerramos. Sin problema. Abrzs”. “Besarkada!”, le agradeció en euskera el andaluz. Fernández Guerrero tenía muchos guiños en ese idioma con sus socios vascos.

Según la Guardia Civil, “tan sólo unos días después” de la transferencia de Alonso al expresidente de la SEPI se firmó la escritura de un piso en Marbella valorado en 199.500 euros en total. Fernández Guerrero era titular al 50%. A los nueve meses, Fernández Guerrero adquirió otra propiedad en esa misma localidad andaluza, de nuevo al 50%. Aquí no consta si había o no fondos procedentes de Hirurok.

En el caso de Díez, la Guardia Civil sostiene que hay “diversos indicios” que, “bajo el prisma policial”, podrían hacer concluir que igualmente se lucró con el dinero de Mediaciones Martínez. En concreto, se menciona la adquisición de un Škoda Octavia de 21.500 euros. El coche estaba a nombre de la empresa, pero las revisiones las ha pasado en estaciones de ITV cercanas a las residencias de Díez, que es natural de Portugalete. El administrador nominal de Mediaciones Martínez, Carmelo Aznárez, que hacía las veces de contable del dueño real, Alonso, llegó a preguntar por una multa que había llegado. “Del coche Skoda que compraste para una amiga... Entiendo que la multa se la vas a remitir para su pago”, le planteaba a Alonso. Aznárez, de su lado, cobró 16.452 euros por sus funciones a través de otra sociedad llamada Azpe.

Los flujos de dinero apuntan también a la participación de Mediaciones Martínez en la creación de una mercantil en Marbella para la “adquisición de una serie de parcelas” que eran propiedad de “filiales de Acciona”. Acciona estaba asociada a Alonso y recibió varias adjudicaciones públicas de la mano de Servinabar 2000. “El tema de Marbella va ya como las balas [...] Para el día de la compraventa, de acuerdo con las cuentas del excel que adjunto, tendremos que contar con la mitad del precio que hay que desembolsar al contado, que es el 10% más el IVA total, lo que totaliza 837.000,31 euros, lo que implica que la parte de Mediaciones Martínez con la que habrá que contar el día de la escritura son 418.500,15 euros”, planteaba Fernández Guerrero a Díez y Alonso en un correo electrónico.

A la vez, el expresidente de la SEPI urgía a ingresar dinero de Erri Berri, que no solamente había participado en la operación de Asturias con la SEPI. “Necesitamos que Félix [el dueño de la empresa navarra] nos abone los 250K que hablamos el otro día. ¿Te encargas tú, Antton, ahora que está reciente la reunión del jueves, de pasarle las dos facturas de 100K por Avilés más los 150K por el FC Barcelona?”, agregaba. La trama, aparentemente, medió igualmente para que Erri Berri pudiera demoler el Camp Nou a cambio de una gratificación.

La investigación de Hirurok está en el Tribunal Central de Instancia. El secreto de sumario se levantó hace unos días. Deriva de la causa abierta en el Supremo el pasado año contra Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. Fueron los datos incautados a Alonso en Elorrio los que dieron pie a esta nueva vía, luego refrendada porque en el material encontrado en poder de Fernández Guerrero y Díez es idéntico. Con todo, en ese otro sumario la Guardia Civil ya indicó que los fondos de Servinabar 2000 se habían empleado con fines personales por parte del entorno de Cerdán. En concreto, la UCO señaló que el político había pagado con cargo a ese dinero quince mensualidades de un alquiler en Madrid, a lo que se suman 7.849 euros en muebles.

Igualmente, se dispusieron de 33.574 euros en las tarjetas de crédito justo hasta el momento en que fue arrestado en 2024 Koldo García, socialista navarro y recomendado por Cerdán al ahora condenado José Luis Ábalos. Se da la circunstancia de que la esposa de Alonso, que residía en la vivienda reformada con cargo a Mediaciones Martínez, se quejaba en un mensaje que se hizo muy sonado de que la esposa de Cerdán no hacía más que “gastar y gastar”. “La Paqui. Que la conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés. Gastar y gastar. Y restaurantes fin de semana sí y otro también. Ya les vale. Todos de lo bueno, lo mejor. Eso no es plan. Y encima no son nada discretos”, protestaba.

El empresario guipuzcoano Antxon Alonso es también el titular del 98,3% de las participaciones de Mediaciones Martínez, la empresa a través de la que Tubos Reunidos canalizó parte de las presuntas comisiones ilegales tras su rescate de 112,8 millones por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), según constata la UCO de la Guardia Civil. Mediaciones Martínez, con sede en Zaragoza, también cobró de otros proyectos investigados por corrupción, como los relacionados con la empresa navarra de demoliciones Erri Berri.

En un atestado de finales de 2025 que motivó la apertura de una nueva causa en la Audiencia Nacional en torno al rescate de la empresa de Amurrio, al que ha tenido acceso este periódico, la UCO sitúa al empresario en un papel adicional al que ya se le conocía como principal referencia de Servinabar 2000, en la que aparentemente el dirigente del PSOE Santos Cerdán tenía una participación del 45%.

Alonso conformaba un grupo llamado Hirurok con el expresidente de la SEPI, el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero, y con la vizcaína Leire Díez. Según la tesis de la Fiscalía, que solicitó la apertura de esta nueva causa, Hirurok presuntamente cobraba las comisiones ilegales por intermediación en el rescate de Tubos Reunidos y de otras gestiones con empresas como la navarra Erri Berri. Se sospecha que Fernández Guerrero mantenía en 2021, cuando se sustanciaron estas operaciones, una capacidad influencia en la SEPI a pesar de haber dejado el cargo en 2019.

En ambos casos, Tubos Reunidos y Erri Berri, se ha constatado que los pagos -o parte de ellos- se hicieron a través de Mediaciones Martínez, con sede en Zaragoza. En el caso del rescate, inicialmente se había planteado hacerlo a través de Servinabar 2000 pero, finalmente, se cambió de idea. Los nuevos datos indican que, en realidad, seguía estando detrás la misma persona, Alonso.

La Policía judicial acredita que el 27 de julio de 2021 Alonso adquirió el 98,33% de las acciones de Mediaciones Martínez. Es decir, lo hizo a los pocos días de consumarse el rescate de Tubos Reunidos y un día antes de que, en una cena, Fernández Guerrero le comunicara al primer ejecutivo de la compañía, Francisco Irazusta, que quería un “agradecimiento” por sus gestiones, como detalló la Fiscalía.

Las participaciones restantes, añade la UCO, “con el aparente objetivo de evitar la unipersonalidad de la sociedad” quedaron en manos de Carmelo Aznárez —el anterior propietario—, que “formalmente asumió el cargo de administrador único” de la sociedad “con el propósito de encubrir la titularidad y administración real de la sociedad, en manos del grupo Hirurok”, apostilla la Guardia Civil. Mediaciones Martínez llevaba años inactiva por aquel entonces. Según la documentación remitida por la Agencia Tributaria a la investigación esta mercantil no contó con personal dado de alta entre octubre de 2021 y mayo de 2025. Así, las facturaciones con conceptos como “prospección de mercado” eran “mendaces”.

Es a partir de la entrada de Alonso en el accionariado cuando, siempre según la UCO, Mediaciones Martínez comenzó a ser utilizada por el grupo Hirurok para el cobro de mordidas. La Guardia Civil cifra en 913.000 euros las comisiones que podrían haber cobrado Alonso, Fernández Guerrero y Díez a través de la empresa. En detalle, a los 114.950 euros de Tubos Reunidos -al margen, Fernández Guerrero cobró a título individual otros 130.000-, y a los 400.000 de Erri Berri cobrados a través la empresa hermana Derribos Olite y Servinabar 2000, se suman 237.033 de VUSA, 77.137 del Grupo Aldesa, 38.720 de Alto Mineral, 24.200 de Madrid Aranda Empresa Constructora, 33.800 de LAAM Arquitectura o 17.545 de SDP Carrillo y Montes Abogados.

La UCO de la Guardia Civil ha localizado 1.288 mensajes de WhatsApp en el período comprendido entre 2020 y 2025 entre la socialista de Portugalete Leire Díez, investigada por corrupción, y el vicelehendakari segundo del Gobierno vasco, Mikel Torres. Cabeza de la parte socialista del Ejecutivo de coalición de Imanol Pradales, Torres es el líder del PSE-EE vizcaíno y durante años fue alcalde de Portugalete, donde se conocieron. La Policía judicial resalta de esas conversaciones lo relativo al rescate de Tubos Reunidos, aunque no aporta indicios de que el dirigente del PSE-EE realizara alguna gestión en ese sentido.

Díez, aunque tuvo su primer cargo público en Cantabria, es originaria de Portugalete, donde ha solido participar en actos del PSE-EE como la festividad del Primero de Mayo. Esta localidad del área metropolitana de Bilbao es un feudo socialista. Torres ha sido alcalde desde 2008 hasta 2024, cuando accedió al Gobierno vasco. También es el lugar de origen del lehendakari Patxi López y de residencia del actual secretario general en Euskadi, Eneko Andueza.

Díez conformaba un grupo llamado Hirurok con el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández Guerrero, y con el empresario guipuzcoano Antxon Alonso. La Guardia Civil eleva a 250.000 euros las comisiones que percibió presuntamente Fernández Guerrero por intermediar tanto en el rescate de 2021 de Tubos Reunidos, empresa de Amurrio, como en la renegociación de la devolución de unos intereses en 2024. La empresa admite los pagos realizados.

El atestado de la UCO de mayo sobre Tubos Reunidos destaca solamente los mensajes relaciones con esa compañía y ya en la segunda fase, la de los intereses. A los pocos días de acceder al cargo de vicelehendakari, el socialista andaluz Fernández Guerrero le pidió a Díez un encuentro entre “Mikel” y un directivo de la compañía, Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia, uno de los tres imputados. “Podrías gestionar una reu con él y con Jesús Urrutia? Informal. Rollo caña”, le plantea en un mensaje el expresidente de la SEPI. “Lo intento”, dijo ella. “No va a pedir nada. Solo colocarse en situación. Ya pedirá en la siguiente ocasión [...] Pero así le empoderamos (y a nosotros de paso)”, explica Fernández Guerrero.

Torres lidera las carteras de Economía, Trabajo y Empleo, pero la política industrial la gestiona el PNV por medio del consejero Mikel Jauregi. Fernández Guerrero, en cambio, cometió ese error en una nota que guardaba en su Drive: “Modelo presión política. Ramo de industria en el Gobierno Vasco al PSE, nombrándose responsable del ramo y vicelehendakari al alcalde de Portugalete. Mikel Torres. Gestionando reunión con él para el día 24/25 de julio a través de Leire Díez”.

La Guardia Civil no ha encontrado rastro de esa reunión, pero sí conversaciones sobre Tubos Reunidos entre el vicelehendakari y Díez de meses después, de octubre de 2024. Antes, en septiembre, Fernández Guerrero -que buscaba una nueva “success fee” de la empresa, es decir, nuevos pagos por sus gestiones- insistía en mantener abiertos los canales también “con la vicepresidencia del GV”.

En ese otoño, Díez planteó a Tubos Reunidos “ayuda desde otras vías”. En ese contexto, le insistió a Torres para que atendiera a los directivos de la empresa. “Recuerdas que te dije el día que nos vimos la posibilidad de ver a Jesús Urrutia, el Consejero Coordinador de Tubos Reunidos? Tu podrías verle el miércoles x la tarde en algún momento (miércoles 30). Me dices cuando puedas si es posible? Me esta insistiendo. La situación de TTRR es complicada” [sic], le mandó por WhatsApp Díez al vicelehendakari.

Nuevamente, la Guardia Civil admite que “no se han encontrado conversaciones posteriores que puedan confirmar o desmentir la definitiva celebración de este encuentro”, pero sí constata que Torres y Díez cruzaron 1.288 mensajes, a la luz de los dispositivos incautados a la segunda y volcados en el sumario de una causa dirigida por el juez Santiago Pedraz, del Tribunal Central de Instancia.

En noviembre de 2024, el CEO de Tubos Reunidos, Carlos López de las Heras, asumió la interlocución con Díez y Fernández Guerrero. Les participa que la situación de la empresa es crítica. Incluso no se descarta el concurso de acreedores. “Se lo he mandado tal cual a Santos y a Mikel”, escribe ella. Santos, según infiere la UCO, es Cerdán. Ése es el origen de una reunión en Ferraz con directivos de la compañía que acabó con otro pago de 40.000 euros a la trama, según sostiene la Guardia Civil y no niega Tubos Reunidos.

Desde el entorno del vicelehendakari, han querido “puntualizar” que “en ningún momento el vicelehendakari se ha reunido con Leire Díez para el rescate de ninguna empresa”. Añaden que “los mensajes de WhatsApp intercambiados se deben a que Leire Díez era una persona muy activa socialmente en Portugalete, formó parte de las Ampas de varios centros educativos y equipos deportivos de la localidad y realizó un sello de Correos de Portugalete coincidiendo con el 700 aniversario de la villa cuando Díez era la responsable institucional de Correos”. “Ni Leire Díez le solicitó nunca una reunión para hablar de Tubos Reunidos ni le pidió nada con respecto a esta empresa. Por tanto, durante los 16 años como alcalde del ahora vicelehendakari mantuvo una relación como con otros vecinos activos en la vida social de Portugalete”, abundan estas fuentes.

La UCO de la Guardia Civil eleva a 247.459 euros las presuntas comisiones cobradas por el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández Guerrero, por sus gestiones para facilitar primero el rescate de la empresa de Amurrio Tubos Reunidos, una inyección de 112,8 millones de euros, y luego la renegociación de la devolución de intereses tras la obtención de unos ingresos de 15,2 millones por una venta en Sestao.

Fernández Guerrero, socialista andaluz, conformaba un grupo llamado Hirurok con la socialista de Portugalete Leire Díez y con el empresario guipuzcoano Antxon Alonso. El grupo, según los mensajes incorporados al sumario, tenía especial interés en hacer ver que tenía mano con el PNV para presionar al Gobierno central en la aprobación del rescate. El partido admite que claro que se preocupa por empresas estratégicas vascas, pero insiste en que “nada tienen que ver” con las “actividades” que “en paralelo” pudieran realizar “terceras personas”.

El caso de Tubos Reunidos lo investiga el juez del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional) Santiago Pedraz. El arresto de Alonso en 2025 por su presunta relación con la trama de corrupción de su amigo y dirigente del PSOE Santos Cerdán reveló la existencia del grupo Hirurok. Ello derivó en la apertura de esta pieza, a instancias de la Fiscalía, a finales de 2025. Fueron arrestados Alonso, Fernández Guerrero y Díez.

La UCO ha elaborado un atestado específico sobre este rescarte, emitido en mayo. La Policía judicial ha registrado dos veces la empresa, en diciembre de 2025 y ahora, en junio de 2026. Con los tres de Hirurok, están imputados igualmente los altos directivos de la empresa Francisco Irazusta, Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia -ya fuera de la compañía- y Carlos López de las Heras. Todos ellos tramitaron pagos a Fernández Guerrero. Una testigo de la empresa ha declarado ya en el proceso que eran facturas gestionadas directamente por los ejecutivos de la compañía.

¿Cómo se gestionaron los pagos? Este periódico ya adelantó, a la luz de un informe de la Fiscalía, que Fernández Guerrero, pese a haber dejado la SEPI en 2019, mantuvo influencia en el organismo y que se ofreció a Tubos Reunidos para engrasar un rescate que se formalizó en 2021. A cambio, pidió un “agradecimiento”, según manifestó él mismo en un mensaje. En otro, llamó “success fee” a otra presunta comisión.

114.950 euros se canalizaron por la vía de la mercantil zaragozana Mediaciones Martínez. Inicialmente, se iba a tramitar a través de la “vasco-navarra” Servinabar 2000, pero se desechó esa opción. Pero la Guardia Civil estima que Fernández Guerrero ingresó directamente otros 132.500 euros.

El informe de la UCO realiza una anatomía a través de los mensajes de Fernández Guerrero, Alonso y Díez de las gestiones que hicieron primero para ganarse la confianza de la empresa -hasta el punto de multiplicar las comidas y reuniones o de presentar a Díez falsamente como “directora de gabinete” de la SEPI- y después para interceder durante la tramitación de la inyección económica de 112,8 millones.

“Vicente sigue siendo una persona de peso dentro del partido y gobierno. Sigue estando muy unido a la Ministra de Hacienda [María Jesús Montero]. De echo [sic] cuando no teníamos feedback directo de la presidenta lo tenía por su parte ya que sigue teniendo un vínculo muy estrecho con muchos miembros de SEPI. La primera persona a la que informó Charo, la técnico que llevaba nuestra solicitud de la aprobación fue él, quien me envió un mensaje inmediato. Yo os lo explicaré sí queréis más en detalle en el próximo consejo”, contó Irazusta en un correo electrónico compartido con la dirección de su empresa. Es más, constan en actas internas en las que se discutió sobre el apoyo externo de Fernández Guerrero.

El punto más crítico se dio poco antes de que se confirmara definitivamente el rescate, en julio de 2021. Al parecer, la vicepresidenta Nadia Calviño y su equipo pusieron dificultades. Es ahí cuando la trama intentó implicar al PNV para que presionara al Gobierno central, dada su labor habitual de apoyo a las empresas vascas. No hay pruebas directas de qué pudo hacer el partido entonces liderado por Andoni Ortuzar o la consejera vasca de Industria de la época, Arantxa Tapia, más allá de estar encima de un tema de interés objetivo para la economía de Euskadi.

Fernández Guerrero, en todo caso, ofrecía a Alonso como una suerte de contacto con el PNV. Lo define ante Tubos Reunidos, en esas horas críticas, como una persona “íntima” de un tal “Aurreku”, en posible referencia a Joseba Aurrekoetxea, responsable de Organización del Euzkadi Buru Batzar durante años, mano derecha de Ortuzar y tan influyente como desconocido ante la opinión pública. En esas mismas fechas, la consejera Tapia habló con Montero de Tubos Reunidos, pero en el sumario no hay indicios de vinculación con los movimientos de la trama Hirurok.

Años después, ya con Irazusta fuera de la compañía, Tubos Reunidos volvió a movilizar a Fernández Guerrero para flexibilizar una devolución de intereses. La venta de una propiedad en Sestao le procuró 15 millones, pero las condiciones del rescate les impedían disponer de la liquidez mientras tuvieran deudas con la SEPI. En concreto, 9,8 millones irían directamente a amortizar el crédito. El plazo para abonarlos se acababa en julio de 2025 y en 2024 ya se movieron las piezas.

Según la Guardia Civil, Fernández Guerrero y Díez empezaron a hacer gestiones. En sus mensajes, se menciona a Mikel Torres, vicelehendakari socialista de Imanol Pradales, o a “Eneko”, presumiblemente Eneko Andueza, líder del PSE-EE. Díez, después, elevó el asunto a Cerdán. Ya se conocía que a finales de 2024 hubo una reunión en Ferraz con directivos de Tubos Reunidos. Antes, Fernández Guerrero se citó con los empresarios en un restaurante vasco de Madrid. La Guardia Civil habla de otra comida en Hortaleza entre Fernández Guerrero, Díez y Cerdán para las mismas “gestiones”. Como detalle, a Díez se le ubica en variados lugares porque se han rastreado sus movimientos a través de la aplicación Waze.

Nuevamente, la trama quiso meter en medio al PNV. El socialista andaluz se ofreció para que los directivos de Tubos Reunidos se vieran con Ortuzar y con Aurrekoetxea. Fuentes del entorno del PNV recalcan que no precisan de nadie para tener interlocución con empresas vascas. La UCO sí da credibilidad a que se celebrara la reunión, ya en 2025, pero no la asocia a ningún movimiento económico.

En todo caso, en febrero de ese año el Consejo de Administración fue informado de otro pago de 40.000 euros a Fernández Guerrero. “El CEO informa al Consejo que desde el 1 de noviembre de 2024 está vigente con el consultor D. Vicente Fernández un contrato de consultoría por el que el mismo está aportando valor al CEO con su conocimiento y experiencia, por lo que el mismo percibirá una remuneración total por su asesoramiento durante estos meses por importe total de 40.000 euros, cuando la compañía pueda disponer de los fondos”, recoge el acta de esa reunión.

Hay correos electrónicos de Fernández Guerrero a López de las Heras, el sustituto de Irazusta, en el que plantea percibir un “success fee” del 2% del ahorro en el asunto de los intereses. Finalmente, recibió como contrapropuesta un 1,5% para el primer 75% y un 2% para el resto. “Por mí de acuerdo. Comenzamos y firmamos cuando quieras”, respondió el expresidente de la SEPI.

La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) ha abierto un expediente sancionador contra Pedro López Vera, quien fuera director general de Obras Públicas hasta hace unos meses, y el director general del Servicio de Conservación, Pablo González Sánchez, por haber represaliado a Lorenzo Serena, secretario de la mesa de contratación de las obras de Belate y que denunció la adjudicación de este contrato a la UTE de Acciona y Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán. Según el informe al que ha tenido acceso elDiario.es, la OANA considera una infracción “muy grave” que se trasladase al denunciante a una nave industrial y propone una sanción de entre 30.000 y 300.000 euros.

La obra para el desdoblamiento de los túneles de Belate, el contrato más elevado adjudicado por el Gobierno de Navarra a las empresas investigadas por presunta corrupción (76 millones de euros), estuvo envuelta en polémica desde su adjudicación después de que tres miembros de la mesa se opusieran alegando indicios de arbitrariedad. El secretario de la mesa y denunciante, un alto funcionario del Gobierno de Navarra, llegó a decir que sobre la obra “existía el nubarrón de que podía estar dada de antemano”. Al poco tiempo de denunciar la adjudicación, Lorenzo Serena fue trasladado a una nave industrial, lo que para la OANA supuso un acto de represalia. “Constituyó un acto de represalia contra don Lorenzo Serena Puig, ya que se produjo una modificación sustancial de las condiciones de trabajo como consecuencia de su denuncia ante la OANA”, señala en informe.

Entre los motivos para considerarlo una represalia la OANA destaca que la decisión de trasladarlo por motivos de “reorganización”, según señaló el consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, se tomó tan solo seis días antes de que Serena tomará posesión de su plaza, que “llevaba adscrita al Negociado de Explotación Zona Este desde el año 2017” cuyas oficinas están en la sede de la calle San Ignacio, en el centro de Pamplona. “La decisión del cambio de adscripción de la plaza se tomó una vez que al señor Serena se le había adjudicado la plaza, no antes”, añade.

La directora de la Oficina Anticorrupción, Edurne Eginoa, también considera que las declaraciones que dio el director general del Servicio de Conservación, Pablo González Sánchez en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra fueron “esclarecedoras” a este respecto. En su comparecencia admitió que el director general, Pedro López Vera, le propuso que “sacaran el edificio” a Lorenzo Serena por el “mal ambiente laboral” que se había generado en las odicinas San Ignacio cuando se supo que volvía tras haber denunciado la adjudicación de Belate. La Oficina concluye que “sacar del edificio” a un denunciante no es reorganizar, “sino tomar una represalia”.

También destaca que, pese a que Lorenzo Serena “mostró su negativa a trasladarse” y que “los responsables conocían sus limitaciones” para desplazarse a la nueva ubicación en Landaben, “hicieron caso omiso a sus circunstancias y procedieron con el cambio”. Con todo, al conocerse que la OANA lo consideraba una represalia, el Gobierno de Navarra anuló la resolución del traslado y devolvió a Lorenzo Serena a su plaza en el centro de la capital.

Por todo ello, Anticorrupción considera este traslado una infracción “muy grave” de la ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Una infracción de este tipo está sancionada con una multa de entre 30.000 y 300.000 euros. La OANA da este paso después de que el propio Gobierno de Navarra no haya tomado la iniciativa de poner en marcha el procedimiento sancionador.

A este respecto, el parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin ha criticado la “dejación de funciones del Gobierno de Chivite, en especial del Departamento de Cohesión Territorial -dirigido por el consejero Oscar Chivite-, por no incoar como debían el correspondiente procedimiento sancionador una vez comunicada la resolución de la OANA de junio de 2025 por la que se calificaba de represalia e infracción muy grave las medidas adoptadas contra el letrado denunciante de las ilegalidades en la mesa de Belate”. “Ha tenido que ser la OANA quien, en uso de sus atribuciones, iniciase el procedimiento que debió incoar en primer lugar, el consejero Chivite, como responsable directo de los responsables de la infracción”, ha agregado.

El director general de Obras Públicas, Pedro López Vera, fue destituido en diciembe de 2025 tras una crisis entre los socios de Chivite a raíz de un informe de reparo de la Intervención General por el sobrecoste de 8,5 millones de euros propuesto por Acciona y Servinabar y firmado por López Vera y que Intervención consideró que no estaba justificado.

El 6 de julio suele ser un día de bullicio en Pamplona: es el día del chupinazo de San Fermín. Pero en 2021, como un año antes, no hubo fiestas por la COVID-19. Sin embargo, en Servinabar 2000, la empresa domiciliada en Pamplona en la que presuntamente el dirigente del PSOE Santos Cerdán tenía una participación del 45%, se produjo una reunión clave. Era la víspera de la autorización del rescate de 112,8 millones de euros a la empresa alavesa Tubos Reunidos y los asistentes, aparentemente, querían recaudar una comisión por su intermediación.

El orden del día de ese encuentro en “Pamplona-Iruña” ha aparecido por triplicado en la investigación que lleva a cabo el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz a raíz de una denuncia de finales de 2025 de la Fiscalía Anticorrupción. La UCO de la Guardia Civil encontró el Word en el teléfono móvil de Antxon Alonso, el empresario guipuzcoano dueño de Servinabar 2000 y amigo de Cerdán. A su vez, el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, lo envió también por la aplicación Threema. Y, finalmente, una versión aderezada con notas manuscritas forma parte del abundante material que se le ha incautado a la vizcaína Leire Díez. Ese papel, de 29 puntos, esboza los negocios que el trío, que se hacía llamar Hirurok en euskera (y más adelante Hirurok Berriro), tenía en cartera en ese momento. De su lectura, así como de otras notas incorporadas al sumario, se deduce que Alonso ejercía como una suerte de 'comercial' con empresas vascas.

El relativo a Tubos Reunidos es el vigesimonoveno y último punto del orden del día. Ahí ya se menciona la posibilidad de que Alonso (al que se refieren en todo momento como Antton y no como Antxon) pudiera interceder con el PNV. Otro de los puntos hace mención a Teknei. Esta compañía llegó a Bilbao en 2019 desde México. Su fundador, Joseba Lekube, era el presidente del PNV en México. La empresa ha adquirido gran notoriedad en 2025 por ser parte de la 'cuadrilla' que, de la mano del Gobierno vasco, lideró la recompra de Ibermática a Ayesa. Se puede leer más aquí sobre esta firma.

Sobre Teknei, el grupo Hirurok aboga por tener una “relación preferente”. “Antton y Teknei se reunirán a corto plazo. Antton fijará fecha”. En otro documento que la Guardia Civil halló en posesión de Díez, se apostillaba: “Tienen un proyecto grande y bonito, pero es un proyecto suyo. En la comida: al principio había reticencias y dijeron que no, posteriormente dijeron que sí. Pretendían una reunión con Calviño [Nadia, vicepresidenta del Gobierno de España] o algo así para tener algo grande. Eso no le gustó a Antton, que le planteó que xa [para] hacer eso, nosotros comprábamos una empresa y gestionábamos directamente. Trabajar xa otros, es jodido”. Por el momento, los informes de la UCO o las resoluciones judiciales no han concretado nada más sobre este asunto.

La trama menciona igualmente ITP, gigante aeronáutico que en aquella época cambió de dueños. Rolls Royce vendió su participación al fondo Bain Capital, liderado por SAPA y JB Capital. Fue una operación de 1.700 millones. “Cada vez más complicado el tema” o “hay que seguir observando la operación” son algunas de las anotaciones. Aluden a que “la oferta compradora” no incluía a Talde. En los cuadernos de Díez hay más menciones a Talde —“Antton ya ha enviado los contratos”—y a SAPA, particularmente a la familia Aperribay. “Llegada de Antton en avión. Comida con Ibon y Jokin. Quién ha ayudado en el tema ITP”, expone Díez. Jokin Aperribay es el presidente de la Real Sociedad. El informe de la Hacienda de Navarra sobre las cuentas de Servinabar 2000 acreditaba una relación mercantil entre esta empresa y SAPA. Los pagos ascendieron a unos 145.200 euros. En 'El Mundo', Ibon Aperribay explicó que las facturas que respondían a un “tema puntual inmobiliario”.

En el negocio de Erri Berri en Asturias con la SEPI, donde la Fiscalía ve pruebas claras del abono de comisiones por la mediación sobre todo de Fernández Guerrero —“estoy influyendo”, escribió textualmente en un mensaje sobre las vicisitudes de una adjudicación—, aparece la firma VUSA como una de las empleadas para canalizar los pagos. Esta compañía, en 2019, fue objeto de controversia en Hondarribia en relación al fallido proyecto de Zaldunborda y por haber fichado al exalcalde del PNV Aitor Kerejeta.

La lista de asuntos en los que Servinabar 2000 tenía interés era más larga. Se menciona, por ejemplo, una “papelera del Cadagua y residuos de purines” en Bizkaia O el traslado de Mercabilbao: “Intentar que sea en Mungia o en Amorebieta, no en Abanto y Ciérbana. Liberación de suelos en Basauri”. La realidad desmiente estos planes porque, en 2022, se eligió Ortuella por parte del Gobierno vasco. Sin embargo, este año este periódico ha explicado que ni siquiera están adquiridas las parcelas para el traslado.

Varios cargos públicos, como el líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, el ahora presidente del PNV en Bizkaia, Iñigo Ansola, antes en el Ente Vasco de la Energía, el exvicepresidente navarro Félix Taberna o las presidentas María Chivite y Uxue Barkos han admitido que conocían a Alonso por haber venido en nombre de Forestalia, como su representante. Esta empresa aragonesa promovía una línea eléctrica para trasladar energía renovable desde Zaragoza hasta Vitoria pasando por Navarra. En la documentación aparecida ahora se menciona que “VCT”, por Fernández Guerrero, iba a preparar un “papel” para que “Santos”, presumiblemente Cerdán, intentara que el Ministerio aprobara el plan. En 2026 quedó frustrado el proyecto por su impacto ambiental. Las anotaciones del sumario sitúan también a “Antton” preguntando por “seis parcelas en Derio” relacionadas con “Blackstone-Aliseda”.

Esta investigación de corrupción se fundamenta en una denuncia de la fiscal Elisa Lamelas basándose en pruebas halladas en otra causa, la que inició el Tribunal Supremo contra Cerdán y Alonso. La mayoría de las primeras evidencias fueron localizadas en el domicilio de Elorrio del empresario cuando fue arrestado en junio del pasado año por la Guardia Civil o, en su defecto, en la oficina de Servinabar 2000 en la plaza del Castillo de Pamplona. Después, tras el escrito de la Fiscalía, Alonso fue de nuevo arrestado, como también Fernández Guerrero y Díez. Fue entonces cuando se conoció la existencia de Hirurok, como llamaban a su grupo de Threema. En algún momento le tuvieron que cambiar el nombre y optaron por Hirurok Berriro, pero su misión y componentes era la misma, según los responsables de la investigación.

Según la Fiscalía Anticorrupción, los indicios apuntan a la posible comisión de delitos de prevaricación, malversación de caudales, tráfico de influencias y organización criminal. El asunto, que permaneció bajo secreto hasta hace una semana, acabó recayendo en el juez Pedraz y esta parte económica ha quedado opacada porque derivó en una ampliación de la investigación para indagar en la actividad llevada a cabo por Díez para atacar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La tesis del ministerio público es clara: el grupo Hirurok “valiéndose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre personas vinculadas a la función pública, habría orientado la resolución de diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros”. Además, se analiza si Cerdán, que mantenía contacto con los tres, coordinaba de alguna manera esta operativa.

Nueve meses y 43 comparecencias después, la comisión de investigación sobre las obras adjudicadas por el Ejecutivo foral a las empresas investigadas por presunta corrupción en el 'caso Cerdán', Acciona y Servinabar 2000, ha echado el cierre este miércoles con una última sesión en la que se ha votado un dictamen consensuado entre los socios de Gobierno PSN, Geroa Bai y el socio presupuestario EH Bildu, y en el que la tercera pata del Ejecutivo navarro, Contigo/Zurekin, se ha abstenido. En él se recogen cuatro conclusiones en las que se descarta la existencia de corrupción y de injerencia en la adjudicación de obra pública en la comunidad foral durante las tres últimas legislaturas.

Así, según el dictamen, que será aprobado en el pleno del próximo 18 de junio, las comparecencias, la documentación examinada y el resto de actuaciones desarrolladas en sede parlamentaria durante casi un año no han aportado pruebas directas que permitan afirmar la existencia de sobornos, comisiones ilícitas, conflictos de intereses o acuerdos irregulares dirigidos a alterar los procesos de contratación pública investigados.

Enmarca a su vez estas conclusiones en un escenario en el que se han encontrado con “limitaciones” como el hecho de que haya coincidido en el tiempo con el proceso penal, lo que ha impedido a los grupos acceder por ejemplo a los informes de la UCO y el resto de documentación recogida en el sumario. Que el proceso judicial estuviera abierto también ha provocado que varios de los comparecientes, entre ellos Santos Cerdán, Koldo García o Antxon Alonso se hayan acogido a su derecho a no declarar. En el caso del presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, directamente se ha negado a acudir a la citación, lo que le ha llevado a ser denunciado por la Fiscalía por un delito de desobediencia.

No obstante, se constata la existencia de “irregularidades y deficiencias procedimentales” en determinados expedientes, especialmente en la licitación de las obras de duplicación del túnel de Belate, el más cuantioso de los siete adjudicados por la Administración foral a la UTE de Acciona y Servinabar 2000 (76 millones de euros). Entre otras cuestiones, se alude a defectos formales en la tramitación, discrepancias sobre la aplicación de la normativa de contratación, reparos formulados por órganos de control y distintas interpretaciones jurídicas acerca del alcance y las consecuencias de las incidencias detectadas.

Así, los socios del Gobierno de Chivite y EH Bildu han afeado a la oposición de UPN, PP y Vox que en sus conclusiones dieran por buenas “teorías” y “conjeturas” para demostrar la existencia de corrupción. El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha hablado de “corrupción por analogías” para referirse a los argumentos que ha dado UPN en relación con Santos Cerdán para asegurar que se cometió corrupción en la adjudicación de Belate. “Dicen que como esto pasaba en otros sitios y son las mismas personas, necesariamente tiene que pasar aquí”, ha apuntado.

“Si ha pasado solamente el 10% de lo que dicen ustedes que ha pasado en sus dictámenes, ¿cómo es posible que no tengamos ni una sola de esas obras investigada en un juzgado?”, ha añadido el portavoz del PSN, Javier Lecumberri. “Se trataba en esta comisión de confirmar hechos y no de alimentar ni indicios ni relatos interesados, algunos ya preestablecidos”, ha apostillado Pablo Azcona, de Geroa Bai. El portavoz de Cintigo/Zurekin, Miguel Garrido, por su parte, ha apuntado que “no todo se ha hecho bien” y que hay “comportamientos incompatibles con los principios básicos de la contratación pública” que se deben corregir. “Hay evidencias de una falta de ética política y también empresarial”, ha apostillado.

En el lado contrario, UPN, PP y Vox han considerado qué sí se han demostrado indicios de la existencia de corrupción y han acusado a los socios de querer “proteger” al Gobierno y a María Chivite con este dictamen. “¿Hubiera escrito el mismo dictamen si los protagonistas fueran UPN, Miguel Sanz y Javier Esparza?”, le ha preguntado el portavoz regionalista, Javier Esparza, a Adolfo Araiz, de EH Bildu. “Según la UCO, la trama investigada nace en Navarra y se articula desde relaciones políticas del PSN para luego expandirse por toda España”, ha continuado Esparza para afirmar que “la adjudicación de Belate es el paradigma de este modus operandi que la trama utiliza por todo el país”.

El dictamen aprobado incluye un segundo punto de recomendaciones, que en este caso sí ha sido firmado y apoyado por Contigo/Zurekin. Entre ellas destaca la aprobación de un plan integral de contratación pública con una “revisión de pliegos tipo”, un desarrollo reglamentario que regule que las valoraciones “sean de una manera suficientemente motivada” y “se garantice su privacidad hasta su registro independiente”.

Además, se plantea garantizar que estas evaluaciones “se puedan hacer de manera simultánea y de la manera más objetiva posible”, la implantación de mecanismos “que detecten los posibles conflictos de intereses”, “fortalecer el control y los límites entre el poder político y los poderes empresariales”, y establecer un protocolo de actuación “cuando existan indicios de corrupción”.

Se plantea, asimismo, una modificación de la Ley de Contratos Públicos para “aclarar la regulación y exista una mayor claridad en el funcionamiento” de las mesas de contratación. Igualmente, propone “reforzar las obligaciones de publicidad activa” incluyendo en el portal de transparencia “las modificaciones, prórrogas y liquidaciones que pueda haber”. También un “refuerzo de medios” en la Intervención General para que “pueda haber un control suficiente y adecuado de los modificados y la verificación de la correcta ejecución de las obras que se estén llevando a cabo”.

El documento recoge, a su vez, el “refuerzo” de los sistemas de contratación electrónica dirigido “asegurar la trazabilidad completa de todos los actos de este procedimiento”, y “consolidar la plantilla” de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra.

El expresidente de la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales), Vicente Fernández Guerrero, maniobró en el año 2021 para que la empresa navarra Erri Berri, especializada en demoliciones, fuese la adjudicataria de un contrato de 2,85 millones de euros para el derribo de las Baterías de Cok en Avilés, en Asturias. A cambio, según la Fiscalía Anticorrupción, Fernández Guerrero habría pactado una comisión de 400.000 euros. Los pagos se camuflaron a través de una mercantil de Zaragoza, Mediaciones Martínez (ahora renombrada como Ku-Ma), de VUSA y de Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso en la que, supuestamente, Santos Cerdán tenía una participación del 45%. No respondían a un servicio real, sino a la contraprestación del expresidente de la SEPI por haber maniobrado para la consecución del contrato, siempre según esta documentación judicial a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Según Anticorrupción, Erri Berri, con sede en Olite, abonó de manera “indirecta” a Mediaciones Martínez y Servinabar 2000 un total de 575.857 euros, de los que 400.000 se corresponderían a la intermediación de Fernández Guerrero para el contrato en Asturias. Dicho contrato fue licitado por el Parque Empresarial Principado de Asturias SL (PEPA), una sociedad participada en su integridad por la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (SEPIDES), sociedad cuyo capital social pertenece a su vez en su totalidad a la SEPI, de la que Fernández Guerrero fue su presidente entre 2018 y 2019, aunque se investiga si mantuvo su influencia en años posteriores.

Las obras para la demolición de las baterías habían sido adjudicadas en un primer momento el 26 de abril de 2021 a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Lezama-Los Álamos, pero Erri Berri, que se había presentado a la licitación, presentó un recurso. Lo hizo después de que Leire Díez enviara un mensaje en el grupo de la aplicación Threema 'Hirurok', que compartía con Fernández Guerrero y Alonso, en el que proponía decirle al administrador de Erri Berri Félix Azcona la manera de poder anular el concurso. “Nos deberían algo [...] Aunque no se pueda cuantificar”, añadió Díez en el mismo foro. Así, el 7 de mayo, Fernández Guerrero envió un documento de Word a Alonso en el que se recogía como posible motivo para la impugnación de la licitación el hecho de que una de las vocales de la mesa de contratación hubiese participado anteriormente en la redacción de los pliegos. Erri Berri presentó su recurso y el 9 de agosto el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales lo estimó.

Así, el 11 de agosto el PEPA ordenó el reinicio de la licitación. Esta vez, Erri Berri, que en el anterior pliego había presentado una oferta económica de 6,5 millones de euros, hizo una de 2,5 millones, rebajándola así en 4 millones de euros. Esta oferta “anormalmente baja” hizo que se le fuera requerida una justificación por parte de la mesa de contratación. Unos días antes de que terminase el plazo para el envío de la documentación, Fernández Guerrero escribió a Alonso preguntándole si en Erri Berri tenían controlados los plazos. “No debe haber problemas con lo que he hablado”, respondió Alonso. “Si es necesario, que la gente de Erri Berri lo contraste también con nosotros. Nos jugamos (todos) mucho”, añadió Fernández Guerrero.

El 26 de octubre el expresidente de la SEPI volvió a escribir a Alonso para informarle de que la oferta a la baja había sido admitida. Lo hizo antes de que los técnicos firmaran el informe de admisión de la oferta y dieran cuenta a la mesa de contratación, circunstancia que para la Fiscalía Anticorrupción refuerza las sospechas de la influencia que tenía Fernández Guerrero en la SEPI para la adjudicación de contratos. Finalmente, el 27 de octubre la mesa de contratación propuso a Erri Berri como adjudicataria del contrato.

Pero la UTE Lezama-Los Álamos, que había sido adjudicataria de la primera licitación presentó un recurso. Y de nuevo Fernández Guerrero maniobró para que no prosperase. “He quedado con la Presidenta del Tribunal de Contratos para que esté alineada con nosotros cuando se produzca el recurso por parte de Lezama-Los Álamos”, expuso en el grupo 'Hirurok'. La presidenta del Tribunal de Contratos a la que se refiere es María de la Concepción Ordiz Fuertes, quien previamente había trabajado en la SEPI con Vicente Guerrero. “Estoy influyendo para que lo inadmitan x (sic) fuera de plazo y xq (sic) el contrato ya estaba formalizado. [...] El abogado [...] que lleva la defensa de Erri Berri está coordinándose con nuestro hombre en SEPIDES”, apostilló.

El 20 de enero de 2022 el Tribunal de Contratos desestimó el recurso de la UTE Lezama-Los Álamos. “Conchita [por María de la Concepción Ordiz] ha cumplido”, celebró Fernández Guerrero en el chat de Threema compartido con Díez y Alonso. “Ha sido un año de trabajo, de gestiones con unos y con otros [...] gracias al esfuerzo de los tres, cada uno en su ámbito [...] hemos hecho mucho porque conseguir revertir la inicial adjudicación a Lezama-Los Álamos parecía casi imposible. Y el resultado ha sido enormemente bueno. Este es el camino”, añadió.

Por este servicio, la mercantil Mediaciones Martínez emitió una factura a una empresa vinculada a Erri Berri, Reciclajes y Derribos Olite SL, por importe de 99.825 euros más IVA (120.000 en total) bajo el concepto de “trabajos de obra civil realizados relativos al mantenimiento de Pamplona durante el periodo junio 2021 a enero de 2022”. Pero la Fiscalía Anticorrupción sostiene que la cifra pactada fue mayor por un mensaje que Fernández Guerrero envió a Alonso el 14 de marzo en relación con otras gestiones en favor de Erri Berri. “No quiero avanzar hasta que veamos los 400 k (o una parte de ellos) de Félix [Félix Azcona, administrador de Erri Berri]”. Un día después, el 15 de marzo, Erri Berri abonó la factura.

El 27 de mayo, Mediaciones Martínez emitió una segunda factura a Derribos Olite por importe de 61.213 euros, con el mismo concepto que la anterior pero modificando las fechas, y que no se abonó hasta un mes después, el 27 de junio. En esa misma fecha re emitió una tercera con el mismo importe, 61.213 euros, que fue abonada el 1 de agosto. En total, las tres facturas sumaron un total de 201.000 euros. Otros 100.000 fueron abonados a través de una tercera sociedad ajena a Erri Berri, VUSA, con la que según la Fiscalía Anticorrupción se pretendía “desvincular” el origen de los fondos “supuestamente ilícitos” percibidos por Mediaciones Martínez.

Los 100.000 euros restantes de los 400.000 supuestamente pactados fueron abonados, sostiene la Fiscalía, a través de facturas emitidas por Servinabar 2000 a Erri Berri en diciembre de 2023 y enero de 2024 de 50.215 y 49.277 euros respectivamente. Son los pagos que la Hacienda de Navarra recogió en el informe que envió al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente sobre la contabilidad de la mercantil propiedad de Alonso y presuntamente, también de Cerdán. Se da la circunstancia de que Fernández Guerrero estuvo dado de alta también en Servinabar 2000. Cobró 68.632,45 de sueldo bruto en 2021 y 33.251,05 en 2023 y al menos 40.800 en 2022, según datos de la Hacienda foral de Navarra.

Erri Berri explicó en diciembre de 2025, tras el registro de la Guardia Civil en sus oficinas de Olite, que esos pagos a Servinabar 2000 respondían a unos trabajos de “servicios y gestiones” por parte de esa entidad enmarcados en el proyecto de demolición de la antigua Universidad Laboral de Zaragoza, obras en las que Erri Berri fue subcontratada por Acciona para esas labores.

“Aparentemente y considerando los elementos expuestos, unido al hecho de que no se han localizado por la policía Judicial otros datos o documentos de los que se evidencie cualquier tipo de actividad relacionada con el objeto de las facturas, se considera que el verdadero objeto de los pagos habría sido abono de parte del pago acordado -aparentemente 400.000 euros- como consecuencia de las gestiones efectuadas por el grupo Hirurok”, concluye Anticorrupción, que añade que “la operación de Avilés supuso el inicio de la relación mercatil entre Erri Berri, Mediaciones Martínez y Servinabar 2000”.

El expresidente de la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales), el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero, pactó en una cena de finales de julio de 2021 con el presidente de Tubos Reunidos, Francisco Irazusta, un “agradecimiento” de 5.000 euros mensuales más IVA que, según la Fiscalía Anticorrupción, era una comisión ilegal por su mediación para que la compañía con sede en la localidad alavesa de Amurrio obtuviera, unos días antes de ese encuentro, un rescate de 112,8 millones de euros por parte de la SEPI. Los pagos cesaron cuando Irazusta dejó la empresa en 2023, se camuflaron a través de una mercantil de Zaragoza, Mediaciones Martínez (ahora renombrada como Ku-Ma), pero no respondían a un servicio real, siempre según esta documentación judicial a la que ha tenido acceso este periódico.

¿De dónde sale esta información que ahora investiga el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional? En junio de 2025, la UCO de la Guardia Civil arrestó en la localidad vizcaína de Elorrio al entonces desconocido empresario guipuzcoano Antxon Alonso. En ese registro aparecieron tres elementos fundamentales. Uno, dinero en efectivo en bolsas. Dos, un papel que vinculaba al entonces dirigente del PSOE Santos Cerdán con su empresa, Servinabar 2000, con oficina en el centro de Pamplona. Y, tres, un teléfono móvil con varias cuentas de correo electrónico y una aplicación de mensajería llamada Threema, pretendidamente más segura que WhatsApp o Telegram. En noviembre, este periódico publicó que los secretos de ese dispositivo iban a arrojar luz sobre adjudicaciones relacionadas con el PSOE.

Esto llevó, en diciembre de 2025, a otro arresto de Alonso, al de Fernández Guerrero y al de Leire Díez, natural de Bizkaia. Se registró también Tubos Reunidos. ¿Por qué? En el Threema había un grupo conformado por Alonso, por Fernández Guerrero y por la socialista vizcaína. Se llamaba Hirurok, en euskera. Después, crearon otro, Hirurok Berriro. Aparentemente, usaban ese foro para coordinar su intervención en diferentes negocios para recaudar mordidas. La investigación trata de determinar qué grado de influencia mantenía Fernández Guerrero en la SEPI, ya que había abandonado el cargo en 2019 por su imputación en otro proceso penal sobre Aznalcóllar. Y también si Cerdán, socio de Alonso, era el coordinador de estas actividades.

La fiscal Anticorrupción Elisa Lamelas presentó ante la Audiencia Nacional el pasado 9 de diciembre de 2025 una denuncia que derivó en esos arrestos. Achaca a la terna los delitos de prevaricación, malversación de caudales, tráfico de influencias y organización criminal. El asunto, que permaneció bajo secreto hasta hace una semana, acabó recayendo en el juez Pedraz y derivó en una ampliación de la investigación para indagar en la actividad llevada a cabo por Díez para atacar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Pero antes de las cloacas estuvieron los tubos. Antes de este giro que copa titulares y tertulias, estuvo el millonario rescate de Tubos Reunidos, la gran operación del grupo Hirurok y que dobla en cuantía al de la aerolínea Plus Ulta. En esa denuncia inicial, a la que ha tenido acceso elDiario.es y que ahora ya ha sido ampliada con un nuevo informe de la UCO de mayo y nuevos registros, la fiscal explica que la trama, desde 2021, “valiéndose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre personas vinculadas a la fúnción pública, habría orientado la resolución de diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros”. Enumera cinco operaciones, pero la principal es de la de Tubos Reunidos.

En el móvil de Alonso hay una primera mención a la empresa a mediados de junio de 2021, pocas semanas antes de confirmarse el rescate. Fernández Guerrero quería saber qué opinaba el PNV de ese negocio, porque el secretario de Estado de Economía (socialista, Gonzalo García) estaría “dificultando la operación”. Después, el 3 de julio Fernández Guerrero colgó en Hirurok un documento con detalles del cronograma del rescate y explicaba que la nueva presidenta de la SEPI, Belén Gualda, había dado el visto bueno aunque persistían las dudas en el Ministerio de Economía. La SEPI cuelga de Hacienda. El andaluz añadía en ese mensaje que “ligaba su contribución al rescate de TR a la consecución de una retribución”. Repitió la misma idea en varios correos electrónicos.

El 6 de julio de 2021, Servinabar 2000 organizó una reunión en Pamplona, de normal colapsada en esa fecha por el chupinazo de San Fermín pero que no celebró sus fiestas ese año por la COVID-19. Fernández Guerrero era empleado de la firma de Alonso en la que Cerdán era socio. Tuvieron un orden del día de 29 puntos en esa reunión. El vigésimo noveno y último era Tubos Reunidos: “Los 112,8 MM € comprometidos por la SEPI están en el aire. Hoy 6/Jul, pese a la promesa de la presidenta de la SEPI no se va a aprobar la operación. Posibilidad de que Antton [Alonso] lo confirme ante el PNV, demostrando que cuenta la información fidedigna. Presión del PNV ante el Gobierno. ¿Compensación para Servinabar? Vct [Fernández Guerrero] tiene hilo directo con Presidente de TR, Francisco Irazusta”.

La Fiscalía, como también mantiene la UCO, no descarta Alonso intermediara con el PNV para desbloquear la financiación. Cerdán siempre ha dicho que su amigo, con el que niega cualquier relación mercantil, era cercano a la formación nacionalista y a su coalición en Navarra, Geroa Bai. En todo caso, el rescate se concretó el 13 de julio. En Threema, Fernández Guerrero destacó el papel de Alonso con el PNV “en la resolución del asunto”. El 18 de julio, el expresidente de la SEPI ya hablaba con sus compañeros de Hirurok de poder recibir un “agradecimiento” y planteaba mostrar sus cartas en una cena con Irazusta, el primer ejecutivo de la compañía.

Según la documentación judicial, esa cena tuvo lugar el 28 de julio y, al día siguiente, Fernández Guerrero ya tenía una fórmula para que Servinabar 2000 girase facturas a la empresa alavesa. Finalmente, la “colaboración” se firmó en noviembre de 2021, aunque se optó por camuflar los pagos a través de una empresa de Zaragoza, Mediaciones Martínez. La “oferta” era de una “cuota mensual” de 5.000 euros. Las facturas a Tubos Reunidos estaban en el buzón de correo electrónico de Servinabar 2000 con conceptos como la “prospección de mercados”. “En ninguna de las evidencias obrantes en el procedimiento se han observado elementos de los que se pueda concluir que se llevaron a cabo gestiones de prospección de mercado”, estima la Fiscalía. Y es “especialmente significativo” que los pagos se cortaron cuando Irazusta dejó la empresa. Anunció su renuncia en julio de 2023 y la de agosto fue la ultima minuta.

Fuentes de Tubos Reunidos confirman los pagos a Mediaciones Martínez. Añaden que también hubo pagos a título individual a Fernández Guerrero. La pasada semana se abrió una nueva línea de investigación porque, tras la marcha de Irazusta, dos directivos buscaron de nuevo ayuda de Hirurok para flexibilizar los pagos de intereses del rescate. En 2024 se produjo, según la Guardia Civil, una reunión en Ferraz para tratar el asunto. Estaba Cerdán y Díez, pero aparentemente quien recibió de nuevo una gratificación fue Fernández Guerrero. Se analiza si fueron 40.000 euros. La compañía admite que mantuvo los pagos al expresidente de la SEPI hasta noviembre de 2025, es decir, hasta su arresto.

En Euskadi, Tubos Reunidos ha copado titulares este 2026. La empresa ha entrado en concurso de acreedores. Acumula un pasivo de 260 millones y la SEPI es el principal acreedor. El rescate ha acumulado intereses y alcanza los 160 millones de euros. En estos meses tras la aparición en escena de Fernández Guerrero ha habido 242 despidos, huelgas y movilizaciones. El PNV ha insistido en reclamar una quita a la SEPI, extremo que en la empresa dan por imposible dadas las circunstancias.

La investigación de la Audiencia Nacional sobre las maniobras de Leire Díez o Santos Cerdán, que tantos y tantos titulares está copando, tiene su origen en otro hito. Se trata del rescate por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (conocida por sus siglas SEPI) de la empresa de Amurrio Tubos Reunidos. Fue una operación de 112,8 millones de euros y se sospecha que encerró el pago de comisiones, el primero de otra serie de negocios similares y que han sido bautizados con el nombre en euskera Hirurok ('Nosotros tres', en castellano) por aglutinar a tres personas del entorno de Cerdán, la propia Díez, socialista vizcaína, Antxon Alonso, empresario guipuzcoano, y Vicente Fernández Guerrero, socialista andaluz y expresidente de la SEPI.

La UCO de la Guardia Civil, en calidad de Policía judicial, ha elaborado para el instructor Santiago Pedraz un informe específico sobre este asunto. Tiene fecha de 6 de mayo. Además, menciona el tema en otro dictamen más amplio y más reciente, del 26 de mayo. En él, señala también la “intermediación” de “algún miembro” del PNV en la operación de Tubos Reunidos, aunque no se aporta ningún dato identificativo y deja el rol de estas personas en condicional. No es la primera vez que en las investigaciones de la UCO que rodean al exsecretario de Organización del PSOE, el navarro Cerdán, se menciona al PNV. En otro informe se apuntaba a que los nacionalistas sugirieron unos nombramientos tras apoyar en 2018 la moción de censura que aupó al poder a Pedro Sánchez.

La empresa ha sido registrada nuevamente este mismo jueves. Ya lo fue durante horas en diciembre de 2025, justo antes de que trascendieran las detenciones de los tres de Hirurok. En aquel momento se llevaron una ingente cantidad de archivos informáticos y buscaron el rastro de dos directivos concretos de la empresa, los mismos que habían mantenido más contacto con Cerdán y Díez.

El rescate fue ejecutado en 2021. En ese momento, el expresidente de la SEPI, Fernández Guerrero, fue contratado por Tubos Reunidos como asesor externo. Cobró 114.950 euros a través de la asesoría zaragozana Mediaciones Martínez, según ha detectado la Policía judicial. La empresa no lo niega. En paralelo, Fernández Guerrero fue dado de alta como trabajador de Servinabar 2000, mercantil pamplonesa del empresario guipuzcoano Antxon Alonso y en la que Cerdán, aparentemente, controlaba el 45% de forma oculta.

Técnicamente, llevaba más de dos años fuera de su cargo y no había incompatibilidad legal en estas actividades mercantiles, pero los responsables de la investigación sostienen que en el período de 2019 a 2021, aunque formalmente estuvo fuera por otro problema legal relacionado con Aznalcóllar, siguió influyendo en el organismo estatal o intentando regresar. Es más, se sostiene que, cuando Belén Gualda fue elegida ese mismo 2021 para cubrir la vacante, la trama intentó que Díez fuese su jefa de gabinete.

Sobre los hechos de 2021, expone la Guardia Civil que “se pudo comprobar cómo Leire y Vicente, en un momento dado en el que el rescate se encontraba bloqueado, propusieron acudir a Santos y Antxón para impulsar el mismo”. En sus informes, este cuerpo siempre cita a los implicados por su nombre de pila. Agrega que, “previsiblemente como resultado de lo anterior, las acciones desarrolladas por el grupo Hirurok consistieron, según las palabras de los propios investigados, en al menos su 'intermediación' con algún miembro del Partido Nacionalista Vasco, lo cual podría haber contribuido a propiciar el otorgamiento de la ayuda en cuestión”.

Abunda la UCO que, años después del rescate, “se ha identificado una segunda operativa llevada a cabo entre 2024 y 2025, a los fines de conseguir el aplazamiento de una amortización parcial de los intereses de la deuda, en la cual habría podido participar Santos”. ¿En qué se basan? El 13 de noviembre de 2024 se celebró en el despacho de Cerdán “en la sede del PSOE, sita en la calle Ferraz”, una cita entre el dirigente socialista, Díez “y dos directivos de Tubos Reunidos”. Después, arreglado el problema, Fernández Guerrero facturó 40.000 euros adicionales a Tubos Reunidos. El expresidente de la SEPI mantuvo su relación económica con la empresa hasta un mes antes de ser detenido, hasta noviembre de 2025, según fuentes de la compañía.

¿Y cómo se conformó Hirurok con gentes de tan variada procedencia? La Guardia Civil ubica el inicio de la relación “personal” entre Fernández Guerrero y Díez en la SEPI, donde ella era responsable de comunicación de la filial Enusa. Era el año 2019. Un poco después, a finales de 2020, ambos conocieron a Alonso por mediación de Cerdán. Para demostrar que Cerdán y Fernández Guerrero también se conocían, la UCO muestra unos mensajes del actual secretario de Organización del PSE-EE, Miguel Ángel Morales. A finales de 2018, Cerdán le pidió a Morales, con quien mantenía una estrecha relación, que contactara con el entonces presidente de la SEPI.

“Es un favor que nos tienes que hacer”, ponía el socialista vasco. Hace un año, cuando Morales salía mencionado en otro informe sobre las causas que rodean a Cerdán, el PSE-EE desmintió totalmente cualquier implicación en irregularidades. Morales vuelve a ser mencionado en un mensaje de Díez a Fernández Guerrero. “Hoy volveré a ver a Santos porque ayer se reunía con Eneko y Morales”, le decía, en referencia previsible a Eneko Andueza, secretario general del partido en Euskadi. Fuentes del PSE-EE explican que Morales planteaba un favor de índole persona, dentro de la legalidad y sin relación alguna con los hechos investigados.

Hirurok como tal nace en 2021. Es un grupo de Threema, una aplicación de mensajería aparentemente más segura que WhatsApp. Se crea el mismo día en que Fernández Guerrero es dado de alta como trabajador de Servinabar 2000. Sin embargo, operaba de antes, según la tesis de la Guardia Civil.

La UCO sostiene que cobraron 117.612 euros en comisiones de otros dos negocios además de Tubos Reunidos. Menciona 18.119,75 euros ingresados en Servinabar 2000 por una adjudicación en Mercasa y 99.492,25 euros de la empresa navarra Excavaciones Erri-Berri por unos trabajos en Asturias. Se menciona, igualmente, que Forestalia “pactó” el pago de 200.000 euros a Hirurok para que Sepides aprobara una inversión de 17,32 millones para Arapellet, una filial. Alonso ejerció de representante de Forestalia ante numerosos cargos públicos y Fernández Guerrero también participó en reuniones, siempre según la Guardia Civil. Por otro lado, Díez creó en Marbella una sociedad llamada “Andalukadi”, en probable referencia a la unión de Andalucía y Euskadi.

El expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero, estuvo dado de alta durante cuatro años como consultor externo de la empresa Tubos Reunidos, con sede en Amurrio, en Álava, y rescatada por la SEPI en 2021 con una inyección de 112,8 millones de euros. Según ha adelantado también 'El Mundo', la cantidad facturada por Fernández Guerrero ascendería a 114.950 euros. Los pagos no eran directos, sino a través de una “consultora” que él mismo había indicado y que estaba residenciada en Zaragoza, según añaden fuentes de la empresa.

Fernández Guerrero tuvo una relación económica para Tubos Reunidos entre diciembre de 2021 y noviembre de 2025. Las fechas son relevantes. Sobre la de inicio, Fernández Guerrero dejó la SEPI en 2019, de modo que cumplió con la espera legal de dos años para que exaltos cargos no incurran en incompatibilidades. Y, sobre la de final, fue justo antes de que fuera arrestado por ser parte de un grupo llamado Hirurok, en euskera, del que formaban parte también el empresario guipuzcoano Antxon Alonso y la socialista vizcaína Leire Díez.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz analiza si este grupo influyó en la SEPI para garantizar el millonario rescate de la empresa de Amurrio, que es de más del doble de cantidad que el de Plus Ultra, por ejemplo. Esta operación es el origen de la investigación más amplia de la pasada semana que incluyó la entrada en Ferraz o en el domicilio del exdirigente del PSOE Santos Cerdán, al que se sitúa indiciariamente como coordinador del grupo Hirurok. En uno de los mensajes se alude “Andalukadi”, un posible juego de palabras sobre Andalucía y Euskadi, el origen de los integrantes de Hirurok, que se comunicaba en Threema, una plataforma de mensajería supuestamente mejor cifrada que WhatsApp.

La UCO de la Guardia Civil, en calidad de Policía judicial, acudió a las instalaciones de Amurrio en diciembre de 2025, antes de trascender los arrestos de Fernández Guerrero, Alonso y Díez. Después de horas de registro, clonaron abundantísima cantidad de documentación y correos electrónicos. Se espera que el secreto de sumario de esa causa pueda ser levantado de forma inmediata después de varias prórrogas.

Se da la circunstancia de que mientras Fernández Guerrero cobraba de Tubos Reunidos vía Zaragoza estuvo dado de alta también en Servinabar 2000 de Pamplona, la mercantil de Alonso en la que, supuestamente, Cerdán tenía una participación del 45%. Cobró 68.632,45 de sueldo bruto en 2021 y 33.251,05 en 2023 y al menos 40.800 en 2022, según datos de la Hacienda foral de Navarra. La investigación sobre Servinabar 2000 sigue otro recorrido judicial paralelo. 

La de Tubos Reunidos, en todo caso, coincide con un momento crítico para la empresa. Acaba de entrar en concurso de acreedores. Ha vivido un arranque de 2026 marcado por una propuesta de 300 despidos que finalmente se han concretado en 242 y que han acarreado huelgas y movilizaciones. Los intereses del rescate de la SEPI elevan ya a 160 millones el montante adeudado al Estado, que es el principal acreedor de un pasivo total de unos 260 millones. Las instituciones vascas y alavesas, dirigidas por el PNV, demandan a la SEPI que flexibilice su deuda con Tubos Reunidos.

A las 10.35 horas de este miércoles, el consejero vasco de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, del PNV, enviaba al Parlamento Vasco una respuesta a preguntas de la coalición Sumar sobre la situación de la empresa Tubos Reunidos, que ha entrado recientemente en concurso de acreedores y que antes presentó un ERE para centenares de trabajadores. Su tesis fundamental era insistir en que el Estado, la Sepi, debería flexibilizar la deuda que reclama a la compañía, que asciende ya a unos 160 millones de euros.

La petición, que no es nueva, ha coincidido con la operación anticorrupción de la UCO de la Guardia Civil en la sede del PSOE en Ferraz y en otros puntos lanzada a primera hora de la mañana. Se trata de una causa de la Audiencia Nacional que deriva de otra iniciada en diciembre del pasado año (con número 89/25) precisamente con el rescate de Tubos Reunidos a cargo de la SEPI como epicentro. En aquel momento fueron arrestadas tres personas, el empresario guipuzcoano Antxon Alonso, la socialista vizcaína Leire Díez y el expresidente de la Sepi, el andaluz Vicente Fernández Guerrero. Se trataba de un grupo que se hacía llamar 'Hirurok', en euskera, en una plataforma de mensajería llamada Threema, aparentemente más segura que WhatsApp.

El rescate de Tubos Reunidos se produjo en 2021 y estuvo cuantificado en 112,8 millones de euros, más del doble que el de la línea aérea Plus Ultra investigado en otra causa, la que involucra al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El resto hasta 160 son los intereses acumulados.

Fernández Guerrero fue presidente de la SEPI entre 2018 y 2019. Después de dejar la entidad estatal, en 2021, cuando se efectuó el rescate, estuvo dado de alta como trabajador de la mercantil Servinabar 2000, con oficinas en Pamplona y detrás de la que está Alonso y, aparentemente, también el exdirigente del PSOE Santos Cerdán. Cobró 68.632,45 de sueldo bruto en 2021 y 33.251,05 en 2023 y al menos 40.800 en 2022, según datos de la Hacienda foral de Navarra. Asimismo, después de esa etapa, en diciembre de 2025, Tubos Reunidos confirmó que había realizado también pagos directos a Fernández Guerrero hasta pocos meses antes. Se trataba de “un contrato de asesoramiento con cantidades estándar”.

El auto de la nueva pieza secreta del juez Santiago Pedraz explica que el grupo 'Hirurok', sobre el que sitúan a Cerdán como una suerte de coordinador, pretendió mantener el control de la Sepi tras la salida de Fernández Guerrero. Estima que “valiéndose de su posición, relaciones y capacidad de influencias” quisieron “orientar” determinadas operaciones -y no solamente la de Tubos Reunidos- “con una finalidad lucrativa”. Según el magistrado, “fundamentalmente” operaron en 2021. Siempre según esta resolución judicial, Díez pretendió ser jefa de gabinete de la sustituta de Fernández Guerrero. Antes, había estado en Enusa, una sociedad de la Sepi.

Desde Tubos Reunidos, que ha copado titulares en los últimos meses por la propuesta de ejecutar 300 despidos -finalmente fueron 242- y la entrada en concurso de acreedores con una deuda de más de 260 millones y pérdidas de 118 millones en 2025, se insiste en que no tienen constancia de nada nuevo por parte de la Audiencia Nacional. Aseguran que han ido aportando a la autoridad judicial toda la documentación que se les ha requerido y recalcan que así lo seguirán haciendo.

Lo último que ha trascendido es que el juez instructor prorrogó el 8 de mayo durante un mes más el secreto de sumario de este procedimiento. Ha emitido varias resoluciones de ese mismo tenor. Entretanto, continúa la partida de ajedrez para salvar una empresa histórica, ya que tiene su origen en el siglo XIX. Teniendo en cuenta que la SEPI es el principal acreedor, el Gobierno vasco asegura que sigue “manteniendo contactos” con el Ejecutivo central “para explorar alternativas de reestructuración”. El consejero Jauregi, que ya ha aludido públicamente a que hay “inversores” interesados en el proyecto, destaca la importancia de esta compañía para el “empleo industrial”. La caída de Tubos Reunidos se suma a otras empresas en crisis en la comarca de Ayala, al norte de Álava, como Guardian, Maderas de Llodio o Tubacex, aunque también tiene planta en la zona vizcaína de Trapagaran.

La comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno foral a la UTE de Acciona y Servinabar 2000 encara esta semana su recta final con las comparecencias de la expresidenta Uxue Barkos y la actual jefa del Ejecutivo navarro, María Chivite. Este martes ha sido el turno de la expresidenta Barkos, que ha circunscrito su relación con el empresario vasco Antxon Alonso, el socio de Cerdán en la mercantil Servinabar 2000 según la UCO, al proyecto Mina Muga.

La ahora senadora autonómica ha asegurado que, pese a que mantuvo una relación “cordial” con Alonso (“incluso más cuando dejé el Gobierno”), su Ejecutivo no dio un “trato preferencial” a Servinabar 2000. Así, ha añadido que fueron “muy pocas” las reuniones que mantuvo con el empresario y ha aseverado que no ha vuelto a hablar con él desde que se conoció el informe de la UCO de la Guardia Civil que sitúa a Servinabar como la empresa que funcionaba como vehículo para el cobro de comisiones ilegales por la presunta trama de corrupción.

Barkos ha asegurado que nunca habló con Alonso de obras públicas y que “de ninguna manera” sospechó de la existencia de la presunta trama de corrupción investigada. “Si al final los tribunales detallan efectivamente que lo que la UCO apunta es así, Navarra no es, ni mucho menos por dimensión, el ámbito de desarrollo de esa trama”, ha apostillado.

Sobre un correo que, según la UCO, Antxon Alonso habría escrito para enviárselo a Uxue Barkos sobre distintas cuestiones relacionadas con Mina Muga, la expresidenta ha precisado que “no existe constancia” de que ese correo fuera enviado al correo de la Presidencia del Gobierno. “Es un correo que está hablando de cuál es la marcha de la Declaración de Impacto Ambiental, que se está tramitando en el Gobierno de España”, ha explicado.

Sí que ha reconocido que se tomó una fotografía con Alonso en un local de hostelería cercano a la plaza de toros de Pamplona durante los Sanfermines que ha enmarcado en uno de los “muchos encuentros cordiales” que ha mantenido con empresarios a lo largo de su presidencia.

Durante su presidencia el Gobierno de Navarra adjudicó un total de cuatro obras a la UTE de Acciona y Servinabar (una de ellas, la del colegio de Arbizu, fue en realidad a una UTE Acciona con Alegure, empresa hermana de Servinabar). Barkos ha defendido que fueron obras que se adjudicaron con “normalidad” y en cuyo proceso de licitación ella nunca participó. “Dijimos desde el principio que no existía caso alguno de corrupción. Creo que ha quedado perfectamente acreditado a lo largo de esta comisión”, ha solemnizado.

No negoció con Cerdán las coaliciones de gobierno

La expresidenta también ha sido interrogada por su relación con el ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán, a quien ha dicho que conoció durante su etapa como parlamentario del PSN.

Uxue Barkos ha negado que negociase con él las coaliciones de gobierno con el PSN en los años 2019 y 2023 y ha asegurado que siempre lo hizo con la secretaria general de los socialistas navarros, la actual presidenta María Chivite. “Comprenderá que yo no voy a entrar ni a justificar, ni avalar cuál es su estructura ni cuál es su equilibrio de poder”, ha apostillado.

Así, ha afeado al portavoz de UPN, Javier Esparza, que haya querido “remarcar la relación de determinadas personas en la conformación de un Gobierno, como si aquello manchara la legitimidad de un Gobierno”.

La expresidenta de Navarra Yolanda Barcina, de UPN, ha reprochado este miércoles a los grupos de la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que la hayan citado a comparecer cuando Servinabar 2000, la empresa que la UCO sitúa en el centro de la presunta trama de corrupción por la que se investiga al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, cuando esta mercantil “se constituyó 44 días después” de que ella abandonara la presidencia del Gobierno navarro.

La que fuera presidenta navarra entre los años 2011 y 2015, que ha bromeado al inicio de su intervención con que no entraba en sus “planes” regresar al Parlamento foral tras abandonar la política, ha aseverado que en la causa abierta en el Tribunal Supremo por el cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública no aparece “ninguna” adjudicación de su Ejecutivo y ha acusado a los partidos de querer “igualar” las tres últimas legislaturas citando a las tres presidentas. “No todos somos iguales. Hay personas honradas, no honradas; corruptas, no corruptas”.

Según ha explicado, durante su mandato únicamente se “inició” la tramitación administrativa del proyecto Mina Muga, en el que según la UCO Cerdán y Koldo García entraron en contacto con Acciona. “Fue una tramitación administrativa normal y técnica, no hubo intervención política”, ha asegurado.

Sobre Servinabar ha comentado que tras ver que la Fiscalía la consideraba una empresa “creada 'ad hoc' para lucrarse con obras públicas” comprobó cuándo se había constituido y vio que fue el 4 de septiembre del 2015, cuando ella dejó de ser presidenta del Gobierno el 22 de julio de ese mismo año. “En ese sumario se está investigando principalmente a una empresa creada 'ad hoc' para lucrarse que se constituye 44 días después de dejar de ser presidenta”, ha manifestado.

“En esa causa no hay ninguna adjudicación realizada por el Gobierno de Navarra con dinero público en el mandato en el que soy presidenta. Y en ese sumario tampoco aparecen ni citado ni involucrado ningún miembro de mi Gobierno”, ha aseverado.

Preguntada por Geoalcali, la empresa promotora de Mina Muga, ha asegurado que no conocía al exdirector de la empresa Pedro Rodríguez, que en la misma comisión señaló que se había reunido con la expresidenta. “He visto la foto de ese señor en el diario y es como si no lo hubiese visto nunca, pero si él dice que ha estado conmigo, pues habré estado, ningún problema, aunque yo no lo recuerde”.

Barcina ha explicado que no recordaba cómo fueron los inicios de este proyecto, pero ha señalado que “una presidenta recibe a todo aquel que tiene algún interés por la comunidad”. “Eso es básico y va a generar riqueza, porque la riqueza la generan los empresarios, los autónomos, los que están trabajando”, ha indicado.

La expresidenta ha precisado que “una cosa es recibir, que es normal, y otra cosa es lo que pasa después, que tiene que haber un procedimiento administrativo, un expediente que lo sustente, y que intervengan los técnicos para que se cumpla ley”. Ha afirmado que ella no realizó ninguna intermediación en este proyecto y ha asegurado que se hizo “una mera tramitación administrativa sin intervención política”.

También se ha interrogado a la expresidenta Barcina por el proceso de adjudicación de la ampliación de la primera fase del Canal de Navarra durante su Gobierno, con Javier Esparza como consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. Barcina ha defendido que este procedimiento fue “impecable” y ha expresado su “confianza total en la gestión de Javier Esparza cuando era consejero”.

El portavoz socialista, Javier Lecumberri, le ha cuestionado por el hecho de que Javier Esparza, como consejero, trasladara la recomendación del Gobierno a la mesa de contratación de dicha obra de que valorase incorporar nuevos informes, en este caso técnicos, de colegios profesionales, que estuvieran vinculados con la infraestructura.

Yolanda Barcina ha afirmado que “los controles siempre son buenos para evitar corrupción” y ha subrayado que la mesa de contratación del Canal fue “impecable”.

La exconsejera de Economía e Industria del último gobierno de UPN en Navarra liderado por Yolanda Barcina, Lourdes Goicoechea, ha negado este martes en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas a la UTE de Acciona y Servinabar 2000 haber conocido a Antxon Alonso, el dueño de la mercantil que la UCO de la Guardia Civil sitúa en el epicentro de la presunta trama de corrupción por el cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de obra pública.

Fue durante el gobierno regionalista (2011-2015) cuando se inició la tramitación para Mina Muga, un proyecto para la instalación de una mina de potasa en la frontera entre Navarra y Aragón, y que según la UCO fue donde Santos Cerdán y Koldo García iniciaron sus contactos con Acciona. Sin embargo, la exconsejera de UPN ha señalado que el “único recuerdo” que tiene del proyecto es que fue “una tramitación administrativa muy técnica” y ha asegurado “no tener conciencia” de haberse reunido con representantes de Geoalcali, la empresa minera promotora del proyecto.

Así, Lourdes Goicocechea, ha explicado que como responsable de Industria mantenía reuniones con personas interesadas en impulsar proyectos en Navarra, pero cuestionada por Mina Muga ha apuntado que su trabajo se limitó a ser informada del trámite administrativo y no ha sabido decir si se reunió o no con Pedro Rodríguez, directivo de Geoalcali, que la semana pasada, en el mismo foro, sí manifestó que había hablado con Lourdes Goicoechea, entre otros muchos cargos de distinto color político. “No tengo conciencia, ha pasado muchísimo tiempo”, ha apostillado la exconsejera.

La responsable de Economía e Industria en el Gobierno de Barcina ha explicado que tampoco tuvo “ningún conocimiento” de que se pudiera haber firmado algún tipo de acuerdo entre Servinabar 2000 y Acciona para gestionar la obra del proyecto de Mina Muga. “Servinabar se constituyó en septiembre de 2015 y salí del Gobierno en julio de 2015”, ha dicho, para recordar que “han pasado más de 10 años” desde que abandonó la consejería. “A mí lo que me requerían era, institucional o políticamente, mi intervención, por supuesto, que no para el proyecto de Mina Muga, sino para todos los que hiciera falta; pero yo el recuerdo que tengo de esto es que fue una tramitación administrativa de un proyecto complejo”, ha dicho.

Según ha explicado el proyecto implicaba al Gobierno de Navarra, al de Aragón y al de España y en junio de 2015 se acordó una encomienda de colaboración de las tres administraciones para que el órgano sustantivo fuera el Estado. En 2021 Geolcali obtuvo la concesión del Ministerio para la Transición Ecológica, así como de los Gobiernos de Navarra (ya con la socialista María Chivite como presidenta) y de Aragón (presidido por el también socialista Javier Lambán) para la puesta en marcha del proyecto. Pero un recurso de Ecologistas en Acción y Sustrai Erakuntza hizi que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra diera la razón a los grupos ecologistas y anulara la concesión en septiembre de 2024 al considerar que el proyecto debía haberse llevado a cabo con un procedimiento único de tramitación y no mediante un fraccionamiento del proyecto entre las tres administraciones (Gobierno de España, de Navarra y de Aragón).

Lourdes Goicoechea ha asegurado que no recibió ninguna indicación por parte de algún cargo de UPN y que no hubo injerencias políticas para sacar adelante el proyecto Mina Muga. Al mismo tiempo, ha manifestado que nunca ha hablado con Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, sobre este proyecto y que no conoce ni a Koldo García.

El empresario vasco Antxon Alonso, dueño de la mercantil Servinabar 2000 que la Guardia Civil sitúa en el centro de la presunta trama del cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública, estuvo presente en una reunión en el año 2015 celebrada en el Palacio de Navarra entre la entonces presidenta Uxue Barkos y el director de Geoalcali, la promotora de Mina Muga, para la exposición del proyecto para la construcción de una mina de potasa en la frontera entre la comunidad foral y Aragón.

“Llegamos y él ya estaba allí con la presidenta”, ha desvelado este miércoles Pedro Rodríguez, director de Geoalcali entre los años 2012 y 2016, durante su comparecencia en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que analiza las obras adjudicadas por el Gobierno foral a las empresas Acciona y Servinabar 2000. “No tengo ni idea quién le invitó, conocía bien a Uxue Barkos, supongo que habrían quedado”, ha apostillado. Según la UCO fue en Mina Muga donde Koldo García y Santos Cerdán iniciaron sus contactos con Acciona a través del exdirectivo Fernando Merino.

Rodríguez ha asegurado que no supo de Servinabar hasta que salió “en prensa” en informe de la UCO en junio de 2025 a pesar de que la empresa minera remitió a los grupos de la comisión el acuerdo que firmaron en 2015 con la mercantil de Antxon Alonso para trabajos de asesoría jurídica por más de 350.000 euros.

El exdirector de Geoalcali ha explicado que fue un miembro del consejo de la minera australiana Highfield Resources, principal accionista de Geoalcali, quien le instó a contactar con Acciona para impulsar Mina Muga. Fue así, y tras una reunión con el vicepresidente de Acciona, Ignacio Entrecanales, como entró en contacto con Fernando Merino, que según ha explicado le trasladó el interés de Acciona de encargarse “de la obra civil” del proyecto, en ningún caso de la parte “minera”.

Fue a raíz de ahí cuando conoció a Antxon Alonso, ha apuntado, de quien ha dicho que “siempre” lo asoció con Acciona. “Para nosotros en ese tiempo había un vínculo total o muy próximo entre Antxon Alonso y Acciona”, ha afirmado.

Pedro Rodríguez también ha reconocido que mantuvo “tres o cuatro” encuentros con Koldo García, a quien conoció después de que se lo presentase un compañero de Geoalcali. El exdirector ha negado que Koldo estuviera en la plantilla de Geoalcali y que cobrara de la empresa minera, si bien sí que ha reconocido que hizo “trabajos” para ellos como ponerles en contacto con la comandancia de la Guardia Civil a raíz de un robo en las instalaciones de la mina o con una alcaldesa socialista de Aragón. “Era una persona afectiva, cordial y dispuesta a colaborar desinteresadamente”, ha apuntado.

El exdirector de Geoalcali ha explicado que durante su etapa al frente de la minera mantuvo encuentros con políticos de distinto signo para exponerles el proyecto de Mina Muga. Así, ha mencionado reuniones con representantes de UPN (Javier Esparza), PSOE, Geroa Bai o EH Bildu, entre otros.

El proyecto Mina Muga se encuentra actualmente paralizado por la Justicia. En 2021 Geolcali obtuvo la concesión del Ministerio para la Transición Ecológica, así como de los Gobiernos de Navarra (ya con la socialista María Chivite como presidenta) y de Aragón (presidido por el también socialista Javier Lambán) para la puesta en marcha del proyecto. Pero un recurso de Ecologistas en Acción y Sustrai Erakuntza hizi que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra diera la razón a los grupos ecologistas y anulara la concesión en septiembre de 2024 al considerar que el proyecto debía haberse llevado a cabo con un procedimiento único de tramitación y no mediante un fraccionamiento del proyecto entre las tres administraciones (Gobierno de España, de Navarra y de Aragón). Así el TSJN dictó que sería necesaria una única autorización por parte del Ministerio de Transición Ecológica, que todavía no ha llegado.