El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán (Vox), ha anunciado que condicionará las subvenciones a Cáritas y otras ONG a su apoyo a migrantes irregulares como parte de su plan para “comabtir la inmigración ilegal”. Así lo ha expuesto ante los medios después de reunirse con Cáritas, entidad dependiente de la Iglesia Católica cuya labor “pegada al territorio y a las personas vulnerables” ha puesto en valor. En concreto, Carlos Pollán se ha centrado en el trabajo de Cáritas en “adicciones, infancia y mayores”, obviando la labor de Cáritas en la integración de los migrantes y su defensa de procesos como la regularización extraordinaria.

Pollán ha avanzado que los nuevos directores generales —de Desregulación y Familia, que eran diputados autonómicos de Vox— están 'avanzando' en “el conocimiento de su actividad” de cara a los presupuestos de la Comunidad de 2027. El vicepresidente autonómico ha garantizado que se mantendrán las subvenciones previstas para 2026, pero ha adelantado que habrá cambios en las próximas cuentas. “A partir de hoy empezaremos a valorar y a estudiar todas las ayudas y subvenciones que se están repartiendo a través de las asociaciones. En Cáritas pueden estar tranquilos porque realizan una labor muy importante en infancia, adicciones y mayores y esa labor van a seguir haciéndola”, ha apostillado.

Carlos Pollán ha asegurado que, una vez incorporados los nuevos directores generales, Castilla y León continuará con la misma línea de política migratoria que en Aragón o Extremadura, donde los educadores sociales han protestado por vincular a los menores no acompañados con la delincuencia. Carlos Pollán ha prometido que se “auditará el gasto en inmigración ilegal” y que ni se habilitarán ni rehabilitarán espacios para menores. También se endurecerá el régimen interno en dichos centros.

Recurso de la asignación de menores a proteger

La Junta de Castilla y León anunció este domingo que recurrirá el Real Decreto 556/2026 que ha aprobado la capacidad del sistema de protección y tutela de los menores extranjeros no acompañados, que ha asignado a Castilla y León una capacidad de 833 personas, superior a los 783 consignados en 2025 (que también está impugnado). El Ejecutivo autonómico tiene dos meses para presentar el recurso, según ha informado el vicepresidente.

Carlos Pollán ha defendido que es “inasumible” atender a este número de menores, aunque no por recursos humanos o materiales: “No es una cuestión de financiación ni de recursos ni de plazas, sino que nos oponemos frontalmente a la política migratoria de Pedro Sánchez, por principios y por responsabilidad política”, ha defendido el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, quien ha cargado contra la “estafa migratoria” de Sánchez.

Además, ha avanzado que se realizarán pruebas para determinar la edad de los menores —a través de Fiscalía— y se intentará repatriar a aquellos que no las superen, atendiendo al artículo 35.2 de la Ley de Extranjería, que permite establecer acuerdos con los países de origen para que la “atención e integración social” se realice “en su entorno de procedencia”, siempre que se asegure “la protección del interés de los menores” y se realice un seguimiento por parte de las autonomías.

Vox ultima en estos días su equipo de prensa en la Junta de Castilla y León, donde cuenta con la vicepresidencia primera y tres consejerías, Desregulación, Cultura y Turismo y Agricultura y Ganadería. El vicepresidente y consejero de Desregulación, Carlos Pollán, ha tirado de colaboradores de confianza y nuevo fichaje para que le acompañen en una etapa en la que deja la institucionalidad para pasar directamente a la política.

Se incorpora el periodista Javier García, que en la anterior legislatura fue jefe de prensa del consejero de Cultura, Gonzalo Santonja. Cuando, tras la ruptura del pacto PP-Vox, Santonja se negó a abandonar, sí lo hizo García, que pasó a ser asesor en el Grupo Parlamentario Vox. Fernando Argüello Robles, asesor de Vicepresidencia cuando el titular era Juan García-Gallardo y después en el Grupo Parlamentario Vox, también trabajará en el equipo de Pollán.

El nuevo fichaje es David Herrero, un periodista del Grupo Promecal que ha pasado por el Diario Palentino y por la Agencia Ical. Aunque no está en el grupo de prensa, otro periodista, Gonzalo Altozano, que fue asesor de Pollán en su etapa como presidente de las Cortes, fue nombrado el pasado jueves director general de Estudios.

Por otro lado, el director general de Deportes, Enrique Sánchez-Guijo, que repite en el cargo, vuelve a contar Orlando Morejón Vitón, un disidente del régimen cubano, licenciado en literatura y ligado a Vox también a través de un hermano, Victor Juan Morejón Vitón, que es concejal de Turismo en el Ayuntamiento de Guadalajara y que ha ejercido de médico en Aranda de Duero (Burgos) entre 2012 y 2016, además de en municipios de Castilla La Mancha. Morejón, según desveló el conocido opositor del régimen cubano Guillermo Fariñas, lideró el Bloque Democrático José Martí (BD-JM) cuando era profesor de literatura en La Habana.

En estos días los consejeros de Cultura y Turismo, Alberto Díaz Pico y de Agricultura y Ganadería, Joaquín Pino, ultiman los nombramientos de sus jefes de prensa.

El segundo gobierno de coalición de PP y Vox en Castilla y León vuelve a incrementar su número de altos cargos, que harán que por primera vez éstos sean más de un centenar. Este lunes un Consejo de Gobierno extraordinario, no comunicado previamente, ha aprobado la nueva estructura del gobierno autonómico, que superará la del primer gobierno con la extrema derecha (2022-2024) y el posterior del PP en solitario (2024-2026).

La Junta defiende que el nuevo organigrama responde a la necesidad de “dar un impulso decidido a la Comunidad” y adaptarse a “los nuevos retos tecnológicos, sociales y demográficos”. El resultado es una Administración autonómica con más altos cargos que la diseñada hace cuatro años tras el primer acuerdo de coalición entre PP y Vox, cuando entonces prometieron recortar el “gasto político” y en esta legislatura reducir las “trabas” burocráticas y reducir la administración.

El nuevo gobierno contará con al menos 105 personas como altos cargos: presidente, vicepresidenta, diez consejeros y consejeras (incluyendo vicepresidente); once viceconsejerías; diez secretarías generales; 63 direcciones generales o cargos asimilados y nueve delegados territoriales. En el último gobierno del PP este número de altos cargos era de 96, aunque solo se ocupaban 93, y en aquel primero de PP y Vox sumaron hasta 99, pese a que llegaron prometiendo que iban a rebajar los costes políticos.

Esto supone que el menos habrá nueve personas más como miembros del Gobierno respecto al último gobierno del PP de Mañueco en solitario. El récord de miembros del gobierno llegó a los 100 en el año 2023, cuando se creó el puesto de Delegado para el Corredor Atlántico que recayó en el exCiudadanos Luis Fuentes, que no se ha caracterizado por una intensa actividad, en un puesto que seguiré existiendo en el nuevo gobierno de coalición.

Las direcciones generales y cargos equivalentes pasan de 57 a 63, es decir, seis más que en el final la anterior legislatura, mientras que los viceconsejeros pasan de 10 a 11, manteniendo el número de secretarios generales, uno por consejería, y de delegados territoriales, uno por provincia.

La ampliación del Ejecutivo autonómico se traduce también en un aumento del coste, que se elevará en cerca de 700.000 euros más al año respecto al último gobierno de Mañueco, teniendo en cuenta el coste medio de los directores generales y viceconsejeros en el año 2026, disponible en el portal de transparencia de la Junta de Castilla y León.

En el inicio del año 2026 los 45 directores generales que tenía la Junta de Castilla y León en activo con el gobierno del PP de Mañueco en solitario tenían un sueldo medio bruto de 79.392,54 euros. En el caso de los viceconsejeros ascendía el sueldo medio bruto anual a 89.846,76 euros.

Las cifras son aproximadas ya que el sueldo de cada alto cargo depende también de si ejercía antes de funcionario y su categoría y carrera profesional, lo que conlleva que los salarios de los directores generales oscilaran este año 2026 entre los 95.512,66 y los 70.299,18 euros. Lo mismo pasa con las viceconsejerías, cuyos pagos del último gobierno del PP variaban entre los 108.355,58 y los 82.792,94 euros.

Una estructura en aumento

Si se comparan los cargos de este segundo gobierno de coalición con aquel primero del año 2022 con Juan García-Gallardo como vicepresidente la brecha es todavía mayor. El aumento de cargos se concentra especialmente en las direcciones generales, con nuevas áreas específicas como Administración Digital e Inteligencia Artificial, Desregulación, Prevención y Extinción de Incendios Forestales o Bienestar Educativo.

En 2022, Juan García-Gallardo, de Vox, llegó a una vicepresidencia sin cartera ejecutiva y con funciones limitadas, como la representación en el Comité Europeo de las Regiones. Junto al titular del Gabinete del Vicepresidente había a Dirección de Coordinación e Interacción Social —estos dos como figura de Secretario General— y una Dirección General de Relaciones con la Sociedad Civil.

Para esta legislatura, las dos vicepresidencias, ahora sí con competencias de gobierno aunque una sigue sin consejería, suman más una decena órganos directivos. La vicepresidencia primera de Pollán incorpora una Dirección de Coordinación Institucional y una Dirección de Estudios, además de Direcciones Generales de Desregulación, Familia, Juventud, Adicciones y Ayudas Sociales. En el caso de Isabel Blanco, que asume áreas de otras consejerías, tiene la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, el Comisionado para la Despoblación y Ordenación del Territorio, la Agencia de Protección Civil y Emergencias, y la Dirección General de la Mujer e Igualdad de Oportunidades.

La 'macroconsejería' de Sanidad y Bienestar Social, en la que repite de consejero Alejandro Vázquez concentra buena parte de ese aumento de órganos directivos. La integración de las competencias sanitarias con las relacionadas con mayores, discapacidad y dependencia obliga a rediseñar el departamento y explica buena parte del aumento del organigrama.

La consejería de Sanidad pasa a contar con dos viceconsejerías —Sanidad y Bienestar Social— y mantiene las direcciones generales de Salud Pública y de Planificación, Investigación e Innovación. A ellas se suman cuatro nuevas direcciones generales dentro de la Gerencia Regional de Salud después de dividir la antigua Dirección General de Asistencia Sanitaria y Humanización en dos órganos diferentes —Asistencia Sanitaria y Cuidados, por un lado, y Humanización, por otro— y crear otras dos áreas dedicadas a Salud Digital e Infraestructuras Sanitarias y a Calidad, Evaluación e Inspección Sanitaria.

Además, la Gerencia de Servicios Sociales separa en dos la antigua dirección que agrupaba las competencias de mayores, discapacidad y dependencia. Se crean la Dirección General de Personas Mayores y Personas con Discapacidad y la de Atención a la Dependencia.

La Junta, en un comunicado, explica que esta reorganización permitirá responder mejor al envejecimiento de la población, al aumento de las situaciones de dependencia y a la necesidad de coordinar los sistemas sanitario y social.

Nuevos cargos para Vox

Otra de las novedades de la legislatura es la creación de la consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, adscrita a la Vicepresidencia Primera que dirige Carlos Pollán, de Vox. Este área incorpora cargos como como la Dirección General de Desregulación, la Dirección General de Juventud, la Dirección de Coordinación Institucional y la Dirección de Estudios. A ellas se suman reformuladas la Dirección General de Familia; la de Ayudas Sociales y el Comisionado para las Adicciones. Las áreas de Mayores y Discapacidad se transfieren a Sanidad; y Mujer a Presidencia.

Agricultura, de Vox en 2022 y ahora en 2026, amplía sus competencias al incorporar áreas relacionadas con la política ambiental, la caza, la pesca y el medio rural. Si en 2022 había cuatro direcciones generales: la Industria y la Cadena Agroalimentarias, de Producción Agrícola y Ganadera, de Política Agraria Comunitaria (PAC), y de Desarrollo Rural, ahora serán seis sumando la Dirección General de Caza, Pesca y del Medio Rural y de la Dirección General de Política Ambiental

Por su parte, Cultura mantiene de forma idéntica sus cuatro direcciones generales al igual que en 2022, cuando también pertenecía a Vox: Patrimonio Cultural, de Políticas Culturales, de Turismo y de Deportes.

Más áreas para el PP

La digitalización es otro de los ámbitos que gana peso en la nueva estructura. La consejería de Movilidad, que lidera Cristina Sanchidrián, incorpora una Dirección General de Administración Digital e Inteligencia Artificial, encargada de coordinar la estrategia autonómica en esta materia, la gobernanza del dato y la política de seguridad de la información. También se mantiene la figura del Delegado para el Corredor Atlántico y redes complementarias.

En Medio Ambiente, el Ejecutivo separa por primera vez la Prevención y Extinción de Incendios Forestales en una dirección general específica e incorpora además las competencias de Energía y Minas, hasta ahora dependientes de Economía y Hacienda. Educación también modifica su estructura con la creación de una Dirección General de Bienestar Educativo. Pero se mantiene una Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal donde antes estaba la extinción de incendios y que se queda sin sellas.

La consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, que en 2022 estaba en manos de Vox como Industria, Comercio y Empleo incorpora la Dirección de Universidades e Investigación que procede de Educación.

Presidencia y Economía y Hacienda reducen sus altos cargos

La consejería de la Presidencia constituye la principal excepción. Aunque pasa a integrar centros directivos dependientes tanto de la Presidencia de Alfonso Fernández Mañueco como de la nueva Vicepresidencia Segunda de Isabel Blanco—entre ellos Vivienda, Protección Civil, Mujer o el Comisionado para la Despoblación—, reduce parte de su estructura propia mediante la fusión de varios órganos.

Desaparecen como departamentos independientes Acción Exterior y Relaciones Institucionales, que pasan a integrarse en una única dirección general, y también se unifican Transparencia y Atención al Ciudadano. Según la Junta, estas decisiones buscan mejorar la coordinación y ganar eficiencia administrativa, aunque Vox ya ha avisado, como recoge el pacto de Gobierno, que será competencia suya revisar la Acción Exterior y las subvenciones que se dan a ONGs.

Otra consejería que pierde una dirección general es Economía y Hacienda. El área de Carlos Fernández Carriedo se desprende de Energía y Minas, que se va a Medio Ambiente, y pasa ahora a tener cinco: Tributos y Financiación Autonómica; de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística; Intervención General de la Administración de la Comunidad; del Tesoro y de Política Financiera; Política Económica y Competitividad.

El nuevo Gobierno de Castilla y León tendrá inicialmente hasta diez viceconsejerías, una más que en el arranque de la anterior legislatura, para reforzar algunas de las áreas clave de las diez consejerías, aunque no todos los departamentos se dotan de esta estructura. Además, el Consejo de Gobierno ha nombrado este jueves a cuatro nuevos viceconsejeros y ha ratificado a otros dos, que incluyen a los de Sanidad y Bienestar Social, Álvaro Muñoz Galindo y Esperanza Vázquez, que además acumulan los cargos de las correspondientes gerencias en esas materias.

El presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, ha publicado este jueves el decreto por el que se crean y regulan estas diez viceconsejerías, adscritas a las Consejerías de Presidencia; Economía y Hacienda; Industria, Universidades, Empleo y Comercio; Desregulación, Familia y Ayudas Sociales; Medio Ambiente y Energía; Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial; Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental; Sanidad y Bienestar Social; y Cultura, Turismo y Deportes.

El decreto busca una “eficaz acción de gobierno”, según detalla el texto firmado por Mañueco, quien en primer lugar crea la Viceconsejería de Administraciones Públicas, Relaciones Institucionales y Atención al Ciudadano, adscrita a la Consejería de la Presidencia y con similares atribuciones a las existentes sobre estas materias en la anterior legislatura.

En segundo lugar, se crea la Viceconsejería de Economía y Competitividad, adscrita a la Consejería de Economía y Hacienda e idéntica a la ya existente en la anterior legislatura, por lo que mantiene el control de la gestión del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León. De la nueva Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio dependerá la Viceconsejería de Dinamización Industrial y Laboral, que se hará cargo, entre otras funciones, de las vinculadas al diálogo social con sindicatos y patronal y de gestionar el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.

Viceconsejería de Familia y Ayudas Sociales

Dentro de la nueva Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, que dirigirá el vicepresidente primero Carlos Pollán (Vox), se crea la Viceconsejería de Familia y Ayudas Sociales. En quinto lugar, el decreto establece la creación de la nueva Viceconsejería de Medio Ambiente y Energía, adscrita a la Consejería del mismo nombre, con competencias en materia de prevención y extinción de incendios, entre otras, además de gestionar el Ente Regional de la Energía de Castilla y León.

En el caso de la Viceconsejería de Transformación Digital e Inteligencia Artificial, gestionará esas dos áreas de la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, por lo que limitará sus acciones a las materias de telecomunicaciones y sociedad de la información; red informática corporativa; e inteligencia artificial, sin incluir la movilidad.

Por otra parte, la Viceconsejería de Política Agraria Comunitaria y Medio Rural, existente ya en la anterior legislatura, queda adscrita a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, por lo que realizará, entre otras funciones, el seguimiento de las actuaciones e intervenciones para la ejecución de las ayudas de la Unión Europea financiada con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). Además, se adscribe a esta Viceconsejería el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.

Dos viceconsejerías en Sanidad

En el caso de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, se desdobla en sendas Viceconsejerías de Sanidad, de la que dependerá la Gerencia Regional de Salud, y de Bienestar Social, a la que se adscribe la Gerencia Regional de Servicios Sociales de Castilla y León. Por último, se mantiene en la estructura de viceconsejerías la de Acción Cultural, dentro de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes.

Cuatro nuevos viceconsejeros

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha detallado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que José Miguel de Elías se ocupará de la Viceconsejería de Administraciones Públicas, Relaciones Institucionales y Atención al Ciudadano, y acumula las dos viceconsejería que tenía la Consejería de la Presidencia en la anterior legislatura.

Continua en su cargo como viceconsejero de Economía y Competitividad Carlos Martín Tobalina, dentro de la Consejería de Economía y Hacienda; y en la Consejería de Medio Ambiente y Energía el viceconsejero será José Llorente Cachorro. En el caso de la Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial sigue en su cargo y no tiene que ser nombrado, Luis Enrique Ortega Arnaiz.

En la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, habrá dos viceconsejerías, la de Sanidad la ocupará Álvaro Muñoz Galindo, que además tendrá la responsabilidad de gerente regional de Salud, cargos independientes en la anterior legislatura. Y de la misma forma, Esperanza Vázquez será viceconsejera de Bienestar Social, Esperanza Vázquez Bollero, que también desempeñará la gerencia regional de Servicios Sociales de Castilla y León, que ya llevaba en la anterior legislatura.

Cese de la gerente regional de Salud

De forma paralela, se produce el cese de María Jesús Violeta Martínez, como gerente regional de Salud, y de Jesús García Cruces, como viceconsejero de Asistencia Sanitaria, a los que Carriedo les ha agradecido su colaboración y desempeño.

La idea es completar en los próximos días, quizá en la próxima sesión del Consejo de Gobierno, las viceconsejerías que están todavía vacantes, tomando la decisión sobre la continuidad de los miembros o algunas modificaciones que les iríamos informando a este respecto.

Las Cortes de Castilla y León volverán a ilumnar la fachada del parlamento con los colores de la bandera LGTBi después de cuatro años en los que Vox en la Presidencia se negó a conmemorar el día del Orgullo. Según la propia institación, ahora presidida por Francisco Vázquez, del PP, la ilumincación se producirá el domingo 28 desde las 22.00 horas hasta las 00.30 horas.

Castilla y León tiene una asignatura pendiente con las personas LGTBi. Es de las pocas autonomías que no han desarrollado una ley propia para proteger a este colectivo y es en esta Comunidad donde se han iniciado los procesos judiciales para que se reconozca que las banderas arcoíris puedan ondear en los edificios públicos, como sentenció el Tribunal Supremo en diciembre de 2024 a raíz de las denuncias contra la Diputación de Valladolid o el Ayuntamiento de la ciudad del Pisuerga. En el fallo se daba entender estas enseñas que no son un símbolo partidista o que propugne “algún tipo de enfrentamiento”.

Cuando llegó Vox a la Presidencia de las Cortes de Castilla y León en 2022, apartó del ámbito oficial la celebración del Orgullo LGTBI. Con Carlos Pollán al frente, se suprimió la colocación de la enseña así como la proyección e iluminación del edificio del parlamento autonómico, que en esas fechas, con otros partidos al frente sí hizo.

Una polémica que empezó en 2022 con Vox

Cuando Vox alcanzó la Presidencia de las Cortes de Castilla y León en 2022, apartó del ámbito oficial la celebración del Orgullo LGTBI. Con Carlos Pollán al frente, se suprimió la colocación de la enseña así como la proyección e iluminación del edificio del parlamento autonómico, que en esas fechas, con otros partidos al frente sí hizo.

Pollán, ahora vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales  se negó a mostrar apoyo a la defensa de cualquier colectivo desde la institución para evitar la bandera arcoíris. Para el entonces presidente de las Cortes “las banderas oficiales de las Cortes son las de España y la de Castilla y León. No hay otras”. La negativa de Vox chocó con el Grupo Parlamentario Socialista, quien lleva colocando en las ventanas de sus despachos la enseña LGTBI. Algo que han vuelto a hacer este mismo miércoles. Esta misma acción se ha realizado desde otras instituciones, como los despachos del PSOE en el Ayuntamiento de Valladolid, debido también a la negativa del alcalde, Jesús Julio Carnero, del PP con apoyo de Vox, a colgar banderas que no sean “oficiales”.

En los cuatros años en los que Vox ostentó la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, que accedió gracias al primer acuerdo con el PP del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, no ha habido un año sin polémica sobre la colocación o no de la bandera.

En 2023 Pollán reclamó la retirada de la bandera LGTBI y llegó a amenazar con ordenar a los servicios de seguridad de la Cámara que la retirasen, además de emprender acciones legales. Abogados Cristianos también quiso intervenir en contra de esta actuación. El presidente de las Cortes intentó proclamarse vencedor del enfrentamiento dando como una victoria la retirada de la bandera. El PSOE le desmintió y le replicó que fue algo acordado previamente, ya que solo la mantendrían colgada entre el 27 y el 29 de junio. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León rechazó quitar la bandera LGTBI del parlamento autonómico como pedía Abogados Cristianos.

En 2025 el presidente de las Cortes mandó una misiva adelantando que se iba a abordar “la regulación” de los espacios comunes del parlamento autonómico “ante la falta reiterada de madurez y para evitar usos partidistas” que realizaba el PSOE en torno a colgar la bandera. Aun así, nada se hizo y los socialistas colgaron en sus dependencias la enseña.

Pollán calificó de “exhibicionismo infantiloide” la iniciativa Grupo Socialista. “Los derechos, las libertades y la seguridad de los homosexuales (y, en general, de los españoles) no se defienden con exhibicionismos infantiloides ni haciendo un uso partidista y, por tanto, inadecuado de los espacios comunes de las instituciones. Los derechos, las libertades y la seguridad de todos se defienden enfrentando —y no fomentando masivamente— formas de barbarie llegadas de fuera que son incompatibles con nuestro modo de vida”, apuntó.

Sin leyes LGTBi y sin mayoría parlamentaria para sacarlas adelante

La Ley de protección del colectivo LGTBI+ en Castilla y León lleva sobre la mesa desde hace más de una década. El último intento parlamentario para sacar adelante una Ley LGTBI la encabezó el PSOE, de la mano de varios colectivos que intervinieron en su redacción, que presentó en junio de 2025 una Proposición de Ley. La abstención del PP permitió que se tomase en consideración aunque no llegó a desarrollarse al no calificarse ni debatirse las correspondientes enmienda teniendo que volver a ser presentada en esta nueva legislatura.

Las plataformas han criticado las sucesivas “maniobras dilatorias” del PP para no avanzar en la tramitación de la norma, a raíz de la abstención del PP y el espejismo de su desbloqueo. Solo 2025, según datos del Ministerio del Interior, en la Comunidad se registraron un total de 20 delitos por orientación sexual e identidad de género y se esclarecieron 12 por los mismos motivos.

La particularidad de esa ley autonómica, según explicó el ponente de la misma, el procurador el socialista Miguel Hernández Alcojor, es una “especial atención al medio rural, donde se detectan situaciones de doble discriminación” y el desarrollo del concepto de “sexilio”, que es lo que e sucede a aquellas personas que tienen que abandonar su lugar de origen obligados en contra de su propia voluntad por el mero hecho de pertenecer al colectivo LGTBI“.

La ley también recogía a otras minorías, como las personas sin hogar, o quienes pertenecen a algún tipo de etnia o religión. Asimismo, también se centraba en personas mayores.

Con esta ya son tres legislaturas en las que no se remata esta norma: último gobierno del PP con mayoría absoluta, con Juan Vicente Herrera al frente y Silvia Clemente como presidenta del parlamento autonómico, y las fallidas coaliciones PP-Ciudadanos y PP-Vox.

Desde el poder Ejecutivo, ni rastro de iniciativa para crear una ley autonómica. En el pacto de gobierno de PP y Vox para esta legislatura no hay ninguna mención sobre el colectivo LGTBI ni nada sobre su situación. En 2025 preguntada por la posibilidad de poner en marcha una ley para proteger al colectivo LGTBI la entonces vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, remitió a la existencia de una normativa nacional que ya garantiza “totalmente” los derechos del colectivo en Castilla y León. “No estábamos redactando una normativa al respecto antes de la ruptura del pacto de Gobierno porque la ley actual garantiza los derechos”, apostilló.

Vox ha nombrado a los primeros cargos 'a dedo' para las consejerías que dirige en la Junta de Castilla y León. Por el momento no hay novedades entre los nombres, ya formaron parte del grupo de asesores en el gobierno o en el grupo parlamentario en la pasada legislatura.

Los periodistas Javier García Pérez y Gonzalo Altozano García-Figueras, que habían pasado por la Consejería de Cultura, como jefe de prensa y las Cortes de Castilla y León, como asesor del presidente, respectivamente, estarán a partir de ahora en la Vicepresidencia Primera, a cargo de Carlos Pollán. Lo mismo ocurre con Fernando Argüello Robles, que fue asesor de Vicepresidencia cuando el titular era Juan García-Gallardo y después en el Grupo Parlamentario Vox y que pasa ahora a trabajar para la Vicepresidencia.

Justo tres meses después, Castilla y León tiene un gobierno. Tras la toma de posesión del presidente, Alfonso Fernández Mañueco (PP), la pasada semana y el anuncio de los componentes de su Consejo de gobierno el sábado, este lunes sus consejeros han jurado su cargo. El líder del Ejecutivo autonómico ha reclamado a su equipo una “entrega absoluta” y una gestión basada en el “rigor”, la “ejemplaridad”, la “transparencia” y el “sentido común”. Además, ha llamado a los miembros del Gobierno a abandonar las “atalayas de los despachos” para estar “a pie de calle” y cerca de los problemas de los ciudadanos.

De los 10 consejeros y dos vicepresidencias, cinco debutan como consejeros. Por parte del Partido Popular, la consejera de Educación, María Pardo, y la de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián. En Vox, entran en el gobierno autonómico como vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán; en Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Medioambiental, Joaquín Antonio Pino; y en Cultura, Turismo y Deporte. Su nuevo titular, Alberto Díaz Pico.

Vox ha marcado sus líneas maestras en las primeras declaraciones de sus consejeros. Pino ha prometido una consejería “a disposición” de agricultores y ganaderos, Díaz Pico ha planteado combatir la “ideologización” de la cultura y Pollán ha fijado como objetivo los Presupuestos de 2027, un plan de natalidad y acuerdos en materia inmigración con terceros países.

En materia de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Medioambiental, Pino ha reivindicado su trayectoria como agricultor, veterinario e ingeniero agrónomo y ha prometido una consejería “abierta” y “cercana” al sector primario. “Los agricultores, los ganaderos y las personas de los pueblos van a tener un consejero a su disposición”, ha apuntado.

El consejero ha reconocido que todavía desconoce el alcance definitivo de las competencias que asumirá su departamento, a pesar de que este lunes haya sido publicado el decreto de reestructuración del nuevo Gobierno autonómico, que a su área se le atribuye para esta legislatura una parte importante de las atribuciones relacionadas con la conservación de especies y la gestión de la fauna. Pino ya ha anticipado que tomará medidas para la gestión de la fauna silvestre y los daños provocados por especies como el lobo o el conejo.

Díaz Pino también ha cargado contra el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y contra determinadas políticas ambientales europeas que, a su juicio, perjudican al sector agrario. Entre sus prioridades ha citado además la rentabilidad de las explotaciones y las consecuencias de la mala cosecha prevista este año en distintas zonas de la Comunidad.

Contra la “ideologización” de la cultura

En la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, su nuevo titular, Alberto Díaz Pico, ha asegurado que pretende impulsar cambios en la forma de entender la política cultural para combatir lo que considera una “ideologización” de la cultura.

El dirigente de Vox ha defendido que la cultura no debe estar asociada “necesariamente a la progresía” y ha explicado que las políticas desarrolladas hasta ahora no se adaptaban a los planteamientos de su formación. Además, ha reivindicado el principio de “los españoles primero” como uno de los compromisos adquiridos por Vox con sus votantes y ha asegurado que intentará trasladarlo a su ámbito de gestión.

Por su parte, Carlos Pollán ha puesto como principal objetivo la elaboración de los Presupuestos de la Comunidad para 2027, después de que Castilla y León lleve varios años sin cuentas autonómicas.

Además, ha anunciado que trabajará en un plan de natalidad y en la firma de convenios con terceros países en el desarrollo del artículo 35.2 de la Ley de Extranjería, relativo a los menores migrantes no acompañados. Según ha indicado, el acuerdo de gobierno entre PP y Vox debe comenzar a aplicarse “desde ya mismo” para cumplir los compromisos adquiridos durante la legislatura.

Mantener a Castilla y León en los primeros puestos

Mientras tanto, las nuevas incorporaciones del PP pusieron el foco en la gestión de los servicios públicos. La consejera de Educación, María Pardo, ha señalado que mantendrá a Castilla y León en los primeros puestos educativos del país y afrontar nuevos desafíos como la salud mental o el acoso escolar. Por su parte, la nueva titular de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, ha destacado entre sus primeros retos la bonificación del carné de conducir y de los peajes de las autopistas de titularidad estatal.

La toma de posesión ha dejado también una anécdota durante la toma de posesión. La vicepresidenta segunda, Isabel Blanco, juró inicialmente el cargo como “vicepresidenta primera” para corregirse de inmediato. “Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo como vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y León... segunda, perdón” ha rectificado mientas Mañueco y Pollán sonreían.

Todos los miembros del Ejecutivo optaron por la fórmula del juramento frente a la promesa antes de participar en la tradicional foto de familia y celebrar el primer Consejo de Gobierno de la legislatura.

La publicación este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León del decreto de reestructuración del nuevo Gobierno autonómico deja algunos detalles varios de cómo va a funcionar el Ejecutivo de Mañueco con el pacto de PP y Vox. Hay detalles especialmente significativos: la vicepresidenta segunda, Isabel Blanco, del Partido Popular, será quien sustituya en primer lugar al presidente Alfonso Fernández Mañueco en caso de ausencia y Vox consigue asumir las competencias vinculadas a la gestión de la fauna salvaje, incluida la política relacionada con el lobo.

El acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox ha dado lugar a un Ejecutivo de once miembros en el que los populares conservan la mayoría de las áreas de gestión, pero donde la formación de Carlos Pollán logra espacios de influencia política más amplios que en la anterior coalición lo que ha obligado a reestructurar áreas y mover competencias, algunas de ellas, como vivienda o igualdad, y aglutinarlas en la vicepresidencia segunda de Blanco.

En el equilibrio interno del Consejo de Gobierno, Mañueco ha determinado que su mano derecha sea Isabel Blanco en caso de ausencia. A pesar de que la Vicepresidencia Primera recaiga en Carlos Pollán, líder de Vox en Castilla y León, el decreto establece que la sustitución del presidente corresponde “en primer lugar” a la Vicepresidencia Segunda. Es decir, la dirigente del PP será quien asuma las funciones de Mañueco cuando sea necesario, por delante del vicepresidente primero.

Blanco ya fue vicepresidenta en el anterior Ejecutivo autonómico a raíz de la ruptura del pacto de PP y Vox. Con esta decisión, Mañueco deja latente la bicefalia de su gobierno.

Reparto de competencias

Blanco también pasa a tener competencias importantes y que en el acuerdo de gobierno ocupan una parte relevante del plan de gobierno. Aunque sin consejería como tal, ya que el número de estas no pueden superar los diez, según la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, la vicepresidencia segunda tendrá que hacerse cargo de vivienda, urbanismo, ordenación del territorio, despoblación, igualdad de oportunidades, protección civil y coordinación de emergencias. Además, el propio decreto le atribuye capacidad para convocar subvenciones, firmar convenios y gestionar directamente los créditos presupuestarios que tenga asignados.

Otras de las novedades es el reparto de las competencias medioambientales. Aunque la Consejería de Medio Ambiente y Energía queda en manos del Partido Popular, dirigida por María González Corral, una parte importante de las atribuciones relacionadas con la conservación de especies y la gestión de la fauna pasan a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, que dirigirá Joaquín Antonio Pino, uno de los nuevos consejeros de Vox.

El decreto especifica que este departamento asumirá las competencias en materia de caza y pesca, flora y fauna, prevención ambiental y cambio climático, evaluación ambiental, inspección y control ambiental, así como educación y concienciación ambiental.

Este reparto deja en mano de Vox el control cinegético y con ello la gestión del lobo en Castilla y León, uno de los choques constantes de las comunidades 'loberas' con el gobierno central y con Europa. Aunque el decreto no menciona expresamente a la especie, las competencias sobre fauna silvestre y política ambiental quedan bajo responsabilidad de una consejería dirigida por Vox, un partido que ha mantenido una posición abiertamente favorable a flexibilizar las medidas de protección del cánido y a reforzar los mecanismos de control poblacional.

En el acuerdo de PP y Vox, Pollán, además de su vicepresidencia primera, también pasa a ocuparse de un área de nueva creación, al igual que en Extremadura y Aragón: la consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales.

Pollán pasa a controlar ahora buena parte de las competencias que tenía la anterior Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Entre sus funciones figuran las políticas de juventud, familia, infancia, atención a la diversidad, drogodependencias, inclusión social, inmigración y cooperación con el tercer sector. Además, asumirá la coordinación de las medidas de simplificación administrativa y eliminación de cargas burocráticas, así como las actuaciones en materia de cooperación al desarrollo, competencias que hasta ahora estaban adscritas a la Consejería de la Presidencia.

La gestión de las universidades, ahora con Industria, Empleo y Comercio

En la reestructuración interna de las áreas del PP, la gestión de universidades pasa ahora a encuadrarse dentro Industria, Empleo y Comercio, que dirigirá Juan Carlos Suárez-Quiñones, que se reconvierte como consejero dejando Medio Ambiente y la gestión de los incendios forestales.

La consejería de Quiñones incorpora las competencias de universidades e investigación que hasta ahora dependían de Educación, además de mantener las relacionadas con empleo, comercio e industria. Por su parte, la nueva Consejería de Medio Ambiente y Energía, en manos de María González Corral, suma las competencias de energía y minas que anteriormente estaban adscritas a Economía y Hacienda, aunque pierde las relativas a vivienda, urbanismo, protección civil y ordenación del territorio, que pasan a la Vicepresidencia Segunda, así como las vinculadas a fauna, caza, pesca y control ambiental, transferidas a Agricultura.

La Consejería con más presupuesto: Sanidad y Bienestar Social,

Otra de las novedades es la creación de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, que unifica bajo un mismo departamento las competencias sanitarias y los principales servicios sociales. El área que seguirá dirigiendo Alejandro Vázquez incorpora la atención a las personas mayores, la discapacidad y la dependencia, competencias que hasta ahora dependían de Familia e Igualdad de Oportunidades. De este modo, la Gerencia de Servicios Sociales pasa a integrarse en una macroconsejería que concentrará buena parte de las políticas asistenciales de la Comunidad

En el equilibrio de poderes, Vox obtiene la gestión sobre simplificación administrativa, familia, inmigración, juventud y ayudas sociales, además de Agricultura y Cultura, sus principales puntos ideológicos. El PP de Mañueco mantiene el control de áreas estratégicas como Sanidad, Educación, Hacienda, Presidencia o las relaciones con patronal y sindicatos, que pasan a depender de la nueva Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio dirigida por Juan Carlos Suárez-Quiñones, que se reconvierte como consejero dejando Medio Ambiente y la gestión de los incendios forestales.

La publicación del decreto supone el primer desarrollo formal del acuerdo de gobierno alcanzado por ambas formaciones. El pacto incorpora algunas de las principales reivindicaciones ideológicas de Vox —como la prioridad nacional en determinadas ayudas, la recuperación de la llamada Ley de Concordia o cambios en el modelo de Diálogo Social— y que abre un segundo ciclo de coalición entre ambos partidos en Castilla y León tras la experiencia compartida entre 2022 y 2024.

Han tenido que pasar casi tres meses de las elecciones autonómicas para que Castilla y León tenga un gobierno con sus consejeros nombrados. Alfonso Fernández Mañueco, presidente del Ejecutivo autonómico, ha presentado este sábado en la sede de la Presidencia a los miembros del Consejo de Gobierno fruto del pacto entre el Partido Popular y Vox. Son cuatro mujeres y siete hombres.

En el reparto de consejerías a Vox le corresponden una vicepresidencia y tres consejerías para la formación de extrema derecha que lidera Carlos Pollán, quien será vicepresidente primero y titular de la consejería de Desregulación y Familia, y siete para los 'populares', además de la vicepresidencia segunda, que ha recaído en la hasta ahora vicepresidenta Isabel Blanco y que tendrá competencias en Vivienda, Ordenación del territorio, Igualdad de oportunidades, Despoblación y Protección Civil aunque sin rango de consejería.

La continuidad de nombres, salvo los de Vox, es la tónica del nuevo Ejecutivo. El hasta ahora controvertido consejero de Medio Ambiente, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, se mantiene en el Gobierno pese a las críticas por su gestión en los incendios del año pasado, aunque pasará ahora a llevar la consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, que tendrá como competencias la relaciones con patronal y sindicatos que tanto cuestiona Vox. También repiten el consejero de Economía y portavoz, el histórico Carlos Fernández Carriedo; el consejero de Presidencia, Luis Miguel González Gago; el de Sanidad, Alejandro Vázquez. La hasta ahora consejera de Agricultura, María González Corral, pasa a hacerse cargo de Medio Ambiente, con las competencias de incendios forestales.

Los nuevos nombres del PP son los de dos mujeres. La profesora universitaria vallisoletana María Pardo y hasta ahora directora general de Vivienda asume la consejería de Educación y la abulense Cristina Sanchidrián se hará cargo de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial.

Los nuevos consejeros de Vox son en Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental son Joaquín Antonio Pino, hasta ahora presidente de Asaja Ávila, y en Cultura, Turismo y Deporte, procurador por Valladolid José Alberto Díaz Pico y uno de los protagonistas de la disputa de asiento en la sesión de investidura.

Este es el reparto de consejerías y competencias del Gobierno PP y Vox en Castilla y León:

Partido Popular

- Presidencia de la Junta de Castilla y León: Alfonso Fernández Mañueco

- Vicepresidencia Segunda. Isabel Blanco Llamas. Sin consejería propia, pero con competencias en Vivienda, Ordenación del territorio, Igualdad de oportunidades, Despoblación y Protección civil (repite como vicepresidenta)

- Consejería de la Presidencia: Luis Miguel González Gago (repite en el cargo)

- Economía y Hacienda y portavocía: Carlos Fernández Carriedo (repite en el cargo)

- Industria, Universidades, Empleo y Comercio: Juan Carlos Suárez-Quiñones (cambia de consejería)

- Medio Ambiente y Energía: María González Corral

- Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial: Cristina Sanchidrián

- Sanidad y Bienestar Social: Alejandro Vázquez (repite en el cargo)

- Educación: María Pardo

Vox

- Vicepresidencia Primera y consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales: Carlos Pollán

- Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental: Joaquín Antonio Pino. Incluye competencias en caza, pesca y prevención, control e inspección ambiental:

- Cultura, Turismo y Deporte: José Alberto Díaz Pico

Competencias específicas

En la explicación del nuevo gobierno, que se publicará el lunes en el boletín oficial, Mañueco ha detallado algunas competencias. La vicepresidencia primera de Vox se encargará de racionalización y simplificación administrativa, así como las competencias de cooperación al desarrollo, juventud, familia, infancia y atención a la diversidad. También materia de drogodependencia, inclusión social, inmigración y cooperación con el tercer sector.

La vicepresidencia segunda ejercerá las competencias en materia de vivienda y ordenación del territorio y por tanto también las de urbanismo, suelo, arquitectura y rehabilitación. También otras competencias como las de mujer e igualdad de oportunidades.

La consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio ejercerá las competencias que hasta ahora correspondían a la propia Industria, Comercio y empleo, además de universidades e investigación. La consejería de Medio Ambiente y Energía asumirá las competencias de la consejería de Medio Ambiente, vivienda y ordenación del territorio salvo las que se han ido a la vicepresidencia segunda relativas a la vivienda y a la protección civil, además de las competencias en energía y minas que estaban hasta ahora en Economía.

La Consejería de Sanidad y Bienestar Social ejercerá las mismas competencias de Sanidad que hasta este momento tenía y se le añaden las de la atención y servicios sociales de las personas mayores y discapacidad, así como la atención a la dependencia.

Por territorios el Gobierno tendrá cuatro miembros de Valladolid, dos de León, dos de Ávila, uno de Salamanca (la presidencia), uno de Burgos, una de Zamora y uno de Palencia. En primera fila no figura nadie de las provincias de Soria o Segovia.

El pacto de PP y Vox asume el principio de 'prioridad nacional' impuesto por la extrema derecha, y defendido de forma abierta por Mañueco, buscando restringir determinadas ayudas públicas a un concepto de 'arraigo previo' en España y en la Comunidad; también contempla eliminar subvenciones a ONG que trabajen con inmigrantes irregulares y promover el retorno de menores migrantes no acompañados. Recupera la llamada Ley de Concordia como alternativa a las políticas de memoria histórica e impulsa una rebaja del papel de sindicatos y patronal en el Diálogo Social como la anterior legislatura. El segundo acuerdo es un salto en el que la agenda ideológica de Vox impregnará buena parte de la acción del futuro gobierno.

El nuevo gobierno, que tomará posesión este lunes, es el segundo fruto de un acuerdo entre PP y Vox en Castilla y León tras el que funcionó, con notables polémicas, entre los años 2022 hasta 2024. En aquel gobierno la extrema derecha asumió una vicepresidencia sin apenas funciones, en manos de Juan García-Gallardo, y tres consejerías: Cultura, Agricultura y Empleo e Industria.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ya lo avisó cuando salía de las Cortes de Castilla y León después de la sesión de investidura: el nombre de los consejeros no los daría este viernes porque es festivo en su ciudad, Salamanca. El líder el Ejecutivo comparecerá este sábado a las 12.00 horas en Valladolid para informar de la composición de su nuevo gobierno.

Desde la sala de mapas del Colegio de la Asunción, sede de la Presidencia, informará de los nombres de los consejeros y cómo se va a distribuir las competencias.

Según avanzó la semana pasada, junto al que será su vicepresidente, Carlos Pollán, de Vox, habrá dos vicepresidencias -una para cada partido-, diez consejerías -siete para el PP y tres para Vox, una de ellas integrada en la vicepresidencia- y un total de once miembros más el presidente, Alfonso Fernández Mañueco.

Para el Partido Popular será la Vicepresidencia segunda, que tendrá competencias en Vivienda, Ordenación del territorio, Igualdad de oportunidades, Despoblación y Protección civil. Además tendrán las consejerías de la Presidencia; Economía y Hacienda; Industria, Universidades, Empleo y Comercio; Medio Ambiente y Energía -que perderá competencias-; Movilidad, Transformación Digital y Inteligencia Artificial; Sanidad y Bienestar Social -que asumirá nuevas funciones- y Educación.

En el pacto, la Vicepresidencia primera la ostentará Vox, con Pollán como titular además de llevar una Consejería. Además, otras dos áreas: Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, que tendrás competencias en Inmigración, Juventud y Cooperación al desarrollo. Cultura y Turismo, y Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, que ahora pasará a tener competencias de Caza, Pesca y Política Ambiental, aunque el operativo de extinción de incendios sigue en manos del PP.

Este viernes, el presidente de la Junta ha asistido a los actos con motivo de la festividad de San Juan de Sahagún, patrón de Salamanca y este sábado, tras la comparecencia, vuelve a Salamanca para asistir al acto de entrega de las Medallas de Oro de la Ciudad de Salamanca 2026.

Tras el cese el jueves, Mañueco ha nombrado a los 13 primeros cargos de confianza, según ha recogido el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). Se trata de personal eventual entre los que figuran técnicos y periodistas que ya formaban parte del gabinete de Presidencia.

La 'pelea' entre dos procuradores de Vox por sentarse junto al líder y futuro vicepresidente de Castilla y León, Carlos Pollán, en el Pleno de investidura del pasado martes ha revuelto a las filas y a la dirección nacional hasta el punto de que en 24 horas han tomado una decisión de la que se han desdicho al día siguiente.

En el vídeo que adelantó elDiario.es podía verse a David Hierro y a José Alberto Díaz Pico discutiendo por ocupar el escaño 32. La polémica, en la que medió uno de los asesores parlamentarios del partido, se zanjó con Hierro sentado en el escaño, y tirando las cosas de Díaz Pico en la mesa de al lado. No hubo manera de moverlo.

Tras publicar el vídeo este medio, Hierro intentó restar importancia a lo ocurrido, reduciendo el rifirrafe a un “error en la asignación de escaños” ya que en día del Pleno de Constitución de las Cortes, a principios de mayo el ocupó el 32 y asegurando que “los dos” tenían razón. El caso es que Vox no acaba de aclararse con el asunto.

elDiario.es ha accedido a tres documentos que enredan aún más las cosas. Hay una asignación de escaños decidida por Vox el 29 de mayo, días antes del Pleno de investidura. En el escrito, firmado por Pollán, aparece el escaño 32 asignado a Díaz Pico y el 33 a David Hierro.

El día del Pleno, la bronca se desarrolla poco antes de las 12 de la mañana, cuando los procuradores se van a colocar en sus escaños y Hierro ocupa el 32 cuando le correspondía el 33. A las 13.14, cuando se hizo un receso en el Pleno, Carlos Pollán registra un escrito con una “corrección de errores” sobre el documento que se había presentado el día 29: el escaño 32 tiene que ser para Hierro y el 33 para Díaz Pico. Pero el miércoles, a las 10.24, Pollán registra un tercer escrito para dejar sin efecto el del día anterior, es decir, que Díaz Pico se sienta a su lado, en el escaño 32 y Hierro en el 33.

El candidato del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañueco, ha sido investido presidente de la Junta de Castilla y León por tercera vez. Vox ha sumado sus 14 votos a los 33 del PP para facilitar la mayoría absoluta, fijada en 42 procuradores. Por segunda vez, el PP y Vox gobiernan en esta Comunidad, como en 2022, si bien en 2024 el partido de Abascal dejó el gobierno. La oposición, formado por PSOE, Soria Ya, Unión del Pueblo Leonés y Por Ávila, ha votado en contra.

En su discurso, Mañueco ha asegurado que “con la investidura parlamentaria se formaliza un auténtico ”contrato de Legislatura“ y se dota al futuro gobierno de una legitimidad directa que le vincula con la voluntad expresada por nuestro pueblo”. El líder 'popular' ha adelantado además una legislatura de oposición al Gobierno central. “Con semejante ejemplo- ha dicho sobre este-, no resulta extraña esa oscura imagen de la política que se extiende en nuestra sociedad, viéndola sólo como una fuente de ruido, frases vacías o gestos sin trascendencia”. Así, ha afirmado que “el relato prima sobre los argumentos, la democracia se reduce a demoscopia y la propaganda sustituye a la razón”.

No ha faltado una referencia a la corrupción, la de los demás: Mañueco quiere “evitar que se normalice la degradación que hoy vemos en la vida política española” y se compromete a que España “no se acostumbre a incompetencia, a la corrupción y a la mentira”.

De “no se puede tirar seres humanos al mar” a “arraigo verificable”, el giro xenófobo de Mañueco

Como era de esperar, ha hablado de la “prioridad nacional”, buque insignia del programa de Vox que Mañueco tiene que admitir: “Nos hemos comprometido, inspirados en el llamado principio de ”prioridad nacional“, a establecer una asignación justa de los recursos públicos en función del arraigo real y verificable de sus beneficiarios con nuestra tierra”, ha dicho. Según él, si se prescinde de “demagogias interesadas” es “algo fácil de entender”. Para recibir prestaciones hay acreditar, “sea cual sea la procedencia, ”una vinculación legal, efectiva y estable con Castilla y León“. Así ha justificado, pero sin mencionarlo directamente, que los migrantes tengan que acreditar un número determinado de años de residencia para acceder a una vivienda protegida bien en venta, bien en alquiler, como ha pactado con Vox. Ese punto, a priori, que parece fuera de la Constitución, ha querido disfrazarlo de verificación. Ha matizado que se acatará ”de manera escrupulosa lo que dicen las leyes. La Constitución, el ordenamiento jurídico y el Estatuto de Autonomía“.

Mañueco ha dicho que se les prestarán “de manera general los servicios públicos esenciales como sanidad, educación, servicios sociales, dependencia y transporte público en autobús” y que se excluirá “cualquier tipo de limitación o de retroceso en los derechos ya consolidados”. “Que nadie busque confundir ni se rasgue las vestiduras de forma interesada” ha pedido. Son criterios, dice que “se vienen aplicando en muy diferentes ámbitos, en todos los territorios de España, desde hace ya mucho tiempo y por administraciones de muy distinto signo”.

De esa inmigración a la que se pretende discriminar, ha dicho que “Castilla y León tiene en la inmigración legal y ordenada una fuente de progreso” por lo que “siempre serán bien recibidos· y tendrán apoyo ”cuantos quieran venir a contribuir con su trabajo, esfuerzo y compromiso personal a la prosperidad común“. Así, ha aprovechado para referirse a las ”políticas fracasadas del Gobierno de España en materia de inmigración, que se mueven entre la improvisación, el oportunismo y la imposición, dificultan avances sociales en este sentido“.

Por supuesto, Mañueco ha pactado ese marcaje a los inmigrantes a pesar de que en el primer debate electoral espetó al que ahora va a ser su vicepresidente “al que venga a trabajar y respetar la ley, sin problema, no puede haber papeles para todos, pero no se puede tirar seres humanos al mar, que es lo que a usted le gustaría”. Esa frase parecía haber enfadado a Vox hasta el punto de que exigió disculpas y volvió a hacerlo en el segundo debate. Mañueco nunca se disculpó, pero un pacto de gobierno, parece, ha hecho contemporizar a Carlos Pollán.

Pero, si ha acusado al gobierno central de políticas fallidas de inmigración, se ha atribuido directamente el crecimiento económico. “Es innegable que nuestra Comunidad ha vivido en estos años una etapa de crecimiento y dinamismo económico, creación de empleo, aumento de los derechos sociales, refuerzo de los servicios públicos y repunte poblacional, que han de ser base y referente para seguir avanzando. Nuestra economía crece por encima de la media nacional, impulsada principalmente por la industria y por los servicios, con un aumento del PIB superior al 13% en la última legislatura. Hemos alcanzado cifras históricas de empleo, con más personas que nunca trabajando en Castilla y León”, ha recordado.

En su lista de cesiones a Vox está el Pacto Verde, o más bien la lucha contra él, y no lo ha olvidado en su discurso. “Vamos a suprimir, mantener eliminadas o reformar aquellas cargas y tasas autonómicas derivadas del Pacto Verde que resulten perjudiciales para el sector productivo, para aliviar la presión fiscal y favorecer su competitividad”, ha dicho.

El Partido Popular se ha entregado a Vox en Castilla y León. El pacto conocido este miércoles deja en manos de Vox toda la carga ideológica de la Junta. El cambio respecto al acuerdo de 2022, momento en que la extrema derecha entraba por primera vez en un gobierno autonómico, es de peso, y se puede interpretar en su literalidad. Hace cuatro años Alfonso Fernández Mañueco (PP) y Juan García-Gallardo (Vox) firmaron un pacto de cuatro páginas, 11 ejes de gobierno y 32 acciones. La mayor parte del documento abundaba en generalidades que quedaron prácticamente en nada. Fue un pacto a regañadientes porque Mañueco esperaba mejores resultados. El de 2026, con 62 páginas, 19 ejes y 324 medidas con plazos establecidos, deja claro que los de Abascal no están dispuestos a un nuevo brindis al sol.

Sin entrar en las medidas, los de Vox, con un escaño más (14) que en 2022 le han sacado partido. Si hace cuatro años negociaron la presidencia del Parlamento, una vicepresidencia y tres consejerías, esta vez renuncian a la presidencia del Parlamento, una decisión que no entienden en las filas, pero se hacen con la vicepresidencia primera de las dos que habrá esta legislatura, la de Vox llevará aparejada una consejería, pero no se sabe cuál. La segunda es para el PP, y se ha reservado las competencias de Vivienda y Ordenación del Territorio, Igualdad de Oportunidades, Despoblación y Protección Civil. Esta vicepresidencia tan heterogénea se explica por las exigencias de Vox, que no solo impone la creación de una nueva consejería, sino que extrae competencias de otras del PP. Así, el PP seguirá teniendo la Consejería de Presidencia, la de Economía y Hacienda, una Consejería de Empleo, Industria, Universidades y Comercio, la de Medio Ambiente y Energía (se incorpora esa segunda área), Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial (otra área que se crea), Sanidad y Bienestar Social (esta última sale de Familia) y Educación. La ampliación o cambios en las áreas de las consejerías viene motivada también por lo que quería Vox.

Vox se queda con Familia y Ayudas sociales para llevar a cabo sus políticas xenófobas

El partido de Abascal liderará una nueva consejería, la de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales. El ámbito de acción de la Desregulación es la rebaja normativa. Pero además asume la antigua Consejería de Familia, si bien la parte de Bienestar Social se la queda el PP, y el área de Ayudas Sociales. Para Vox eran vitales esos dos departamentos para llevar a cabo su política xenófoba denominada eufemísticamente “prioridad nacional” y definida por el “los españoles primero”. Como en la anterior legislatura, se quedan con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, estas dos últimas áreas se incorporan ahora y salen de Medio Ambiente. Vox no quiere gestionar incendios, pero sí medidas anti ecologistas y Agenda 2030. Está por ver cómo funcionan esas divisiones sin generar un choque. Por último, Vox volverá a estar al frente de Cultura, Turismo y Deporte.

Copia y pega de medidas que superan el ámbito autonómico

Entrando de lleno en el acuerdo, es un documento denso, pero con pocas novedades respecto a los que han firmado Vox y PP en Extremadura y Aragón. De hecho, parece que en la mayoría de las medidas se ha hecho con copia y pega. No sólo eso, es que son medidas de difícil puesta en marcha puesto que exceden las competencias autonómicas. Es el caso de la “prioridad nacional” con el mismo texto para las tres comunidades y que impone entre otras cosas que el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones a quienes tengan un “arraigo real, duradero y verificable”. Para ello insta, entre otras medidas, a modificar la Ley Orgánica 4/2000, algo que debe abordar el gobierno central. Esta es una medida que debe ponerse en marcha “desde el arranque del gobierno”.

Otra coincidencia con Aragón y Extremadura es la “aplicación firme del desahucio exprés y refuerzo de la protección a las víctimas”, que pretende exigir la “legislación vigente que permite el desahucio inmediato de ocupas ilegales, conforme a la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil”. En este caso el plazo es “antes del fin de 2026”. Entre las medidas xenófobas está también el “Plan de retorno y repatriación de inmigración ilegal” y que marca que la Junta trabajará activamente por devolver a los menores no acompañados a sus países de origen. “Para ello, en el ejercicio de sus limitadas competencias en materia de relaciones internacionales (artículo 35.2 de Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social), promoverá acuerdos con los países de origen, que faciliten y agilicen las repatriaciones y retornos efectivos de los menores con sus padres”, el plazo es desde el arranque del gobierno. Para verificar la edad de los inmigrantes “ilegales” habrá una dotación presupuestaria destinada a la realización de pruebas de determinación de edad. “Estas pruebas se aplicarán para evitar fraudes en la condición de menor y el colapso de los servicios”, dice el texto. Este miércoles hemos visto en Aragón un ejemplo de estas nuevas políticas: pruebas de edad a niñas migrantes de nueve años.

Echar a los migrantes y dar 5.000 euros a los castellanos y leoneses que retornen del extranjero

Las medidas que afectan a los migrantes, y son unas cuantas, se despacharon en apenas dos líneas en el acuerdo de 2022, era la última medida y decía: “Promoveremos una inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de Castilla y León”. Nada más. Pero en el actual acuerdo, no sólo pretenden cuestionar la edad de los menores no acompañados, que llegarían a Castilla y León ya con las pruebas hechas, repatriarlos llegando a acuerdos con sus países de origen que ya se antojan complicados, es que además hay una medida de “supresión total de subvenciones a ONGs que favorezcan la inmigración ilegal”. El texto dice que se suprimirán todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONG u otras entidades “que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal, o que actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas”. “La Junta de Castilla y León no destinará ni un solo euro público a estructuras que incentiven el efecto llamada”, en este caso el plazo comenzará cuando haya un primer presupuesto, esto es en 2027.

Mientras que la Junta de Castilla y León pretende expulsar migrantes y castigar a las oenegés que los ayudan, quiere que los castellanos y leoneses que se han ido, vuelvan. “Consolidaremos emprendimiento el programa y contratación ”Volver a Castilla por cuenta ajena dirigido y León“ de promoción a los castellanos y leoneses residentes en el exterior para que regresen a trabajar a la Comunidad concediendo de 5.000 euros tanto a los retornados que emprendan un negocio en la Comunidad las empresas de nuestra tierra que los contraten por cuenta ajena”, dice una de las medidas.

Vox impone además una “auditoría anual de todos los gastos vinculados a la inmigración masiva” para ·“garantizar el mínimo desembolso de acuerdo con el marco legal vigente”, la auditoría será anual y se hará pública.

Como era de esperar, Vox también ha introducido en Castilla y León la medida para eliminar el “burka”, un atuendo que raramente se ve. “La Junta de Castilla y León prohibirá el uso del burka y nicab y de cualquier prenda similar” que oculte completamente el rostro en lugares públicos.

A vueltas con la Sanidad Animal

Una medida que no aparece en los acuerdos de otras comunidades es la de “Mejora de la sanidad animal”. Contempla una “adecuada previsión frente a enfermedades animales como la tuberculosis bovina o enfermedades emergentes” que garantiza la vacunación gratuita frente a enfermedades emergentes. Además, pretenden exigir al gobierno central “la actualización de las tablas de indemnizaciones y el pago inmediato de las mismas”. Se desarrollarán “nuevos protocolos de actuación que determinen y adecuen el alcance de los cambios introducidos por la Ley 6/2024, de 17 de junio, de modificación de la Ley 6/1994, de 19 de mayo, de Sanidad Animal de Castilla y León”.

Esta medida viene por uno de los mayores fracasos de Vox en Castilla y León, cuando en 2023, el consejero de Ganadería decidió relajar las medidas contra la tuberculosis bovina. La situación se volvió crítica cuando el ministerio del ramo dictó orden de inmovilizar ganado en Castilla y León, y las pérdidas fueron millonarias en el sector. Los ánimos se caldearon tanto que los ganaderos asediaron la sede de la Junta en Salamanca, causaron destrozos e hirieron a Policías.

El término 'violencia de género' no aparece y las políticas de igualdad tampoco

Otra medida que no está en otras comunidades es la de la Ley de Concordia, que empezó a tramitarse en la legislatura anterior y se quedó en un cajón cuando Vox dejó el gobierno. El proyecto de ley que no recuperan es el de la Ley de Violencia de Género que se acordó en el pacto de 2022 y nunca vio la luz. Tampoco lo hará en esta legislatura. En el pacto no aparecen políticas contra la violencia de género, de hecho, no aparece el término, tan solo el de “violencia sobre la mujer” y no demasiadas veces: una para hablar de aplazamiento del pago de tributos a mujeres víctimas de violencia y en la parte que habla de tipos reducidos en impuesto patrimonial para la adquisición de la primera vivienda. Tampoco aparecen las políticas de igualdad, aunque es una de las áreas desgajadas de Familia que se queda el PP.

Las infraestructuras: medidas sin efectividad porque son peticiones al gobierno central

El apartado de infraestructuras roza el surrealismo, porque hace un listado de lo que exige al gobierno central y que pasa por acabar autovías pendientes como las A‑11, A‑12, A‑15, A‑40, A‑60, A‑73 y A‑76, convertir en autovías la N‑234 (Burgos–Soria–Calatayud) y N‑610 (Palencia–Benavente) e incluso actuaciones ya previstas y licitadas como es el caso del tercer carril en la A-62. También hay peticiones deinfraestructurass ferroviarias, como un Corredor Atlántico para el que en la pasada legislatura, la Junta llegó a contratar a un “delegado”, el expresidente de las Cortes por Ciudadanos, Luis Fuentes. Poco se sabe de su cometido y de los hitos alcanzados.

Se pide además reabrir rutas como la Ruta de la Plata (Plasencia–Salamanca–Zamora–Benavente–Astorga), Madrid–Aranda–Burgos y Soria-Castejón. Caen también las peticiones de más plazas y frecuencias de Avant, lanzaderas AVE para algunas estaciones, declaraciones de líneas de Obligación de Servicio Público... pero compromisos de la Junta, pocos más allá de finalizar algunos planes territoriales de fomento.

Hay muchas medidas que claramente vienen del Partido Popular, estaban en el programa: un presupuesto de 10 millones de euros para sustituir bañeras por platos de ducha en viviendas de personas mayores, en principio sin límite renta, una deducción en el IRPF del 30% que se gaste en actividades saludables como gimnasios con un límite de 150 euros año, ayudas de hasta 900 euros para jóvenes en el carnet de conducir... y los famosos impuestos cero: cuota cero para nuevos autónomos los primeros 24 meses, política fiscal de impuestos cero en el medio rural para la transmisión de propiedades, vivienda habitual, explotaciones, compra de locales o impuestos cero para las transmisiones patrimoniales en el medio rural. En definitiva, el acuerdo aprieta las tuercas a Mañueco, busca el enfrentamiento con el gobierno central y pone sobre la mesa las debilidades de la legislatura que empieza en breve.

El PP y Vox han anunciado este miércoles un acuerdo para investir a Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León. A cambio de su apoyo, y como ya ocurrió en 2022, la extrema derecha volverá al Gobierno de Mañueco con una vicepresidencia y tres consejerias. La formación ultra ha impuesto de nuevo su agenda extremista con la “prioridad nacional”.

Mañueco ha justificado la “prioridad nacional” con un texto que es “el mismo en Extremadura y en Aragón” y que se aplicará como “criterio inspirador”

El acuerdo, que ambas formaciones han hecho público este mediodía, dice que “no se habilitará ningún nuevo centro de acogida de inmigrantes ilegales durante la legislatura ni se ampliarán vinculados plazas en los existentes” . También se reforzarán “los protocolos de intervención y disciplina en los centros de menores”.

Este es el documento íntegro del acuerdo:

El Partido Popular y Vox han llegado a un acuerdo después de más de dos meses de negociaciones. Tal y como han anunciado este miércoles en una rueda de prensa en las Cortes de Castilla y León, el hasta ahora presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco (PP) estará al frente de un gobierno de coalición con Vox en el que la extrema derecha tendrá, como en 2022 la vicepresidencia de la Junta y tres consejerías. Una de ellas será de nueva creación (como en Extremadura y Aragón), la de Desregulación. Vox volverá a tener las de Agricultura y Ganadería y Cultura, Turismo y Deporte y algunas competencias que se trocean de las siete consejerías que asume el PP.

Mañueco ha avanzado que se trata de un acuerdo “amplio”, con 19 ejes y 324 medidas y 62 hojas, que ofrece estabilidad a Castilla y León y que es para cuatro años. “Yo creo que hoy es un día bueno para Castilla y León. Hemos alcanzado un acuerdo de gobierno que responde al resultado de las urnas y a la voluntad expresada por todas las personas de Castilla y León el 15 de marzo. Es un acuerdo de gobierno que ofrece estabilidad a nuestra tierra y es un acuerdo de gobierno para cuatro años. Es un acuerdo de gobierno que busca el crecimiento económico y la creación de empleo, que busca también el fortalecimiento de los servicios públicos, el apoyo a los jóvenes, a los mayores, a las familias de nuestra comunidad autónoma, que tiene un compromiso claro con el campo, con los agricultores y ganaderos. En fin, como ya he dicho, un acuerdo de gobierno amplio y extenso que toca todos los sectores y prácticamente todos los temas”, ha dicho.

El gobierno estará conformado por 11 integrantes, tres de Vox, más un vicepresidente, y seis consejeros del PP y una vicepresidencia.

Carlos Pollán, que será el vicepresidente primero, ha agradecido “la paciencia y la comprensión (de Mañueco) durante la negociación. ”Va a suponer un impulso definitivo a las políticas de la Junta de Castilla y León y para los ciudadanos. Agradezco su predisposición al diálogo, fluido, por haber entendido el mandato de las urnas“, ha dicho. ”Por supuesto, como ya entiendo que me lo van a preguntar después, pues habrá prioridad nacional en las ayudas a la vivienda y en las ayudas sociales y un trabajo importante de fiscalidad para las familias y para los jóvenes y para el mundo rural en Castilla y León“, ha avanzado. La prioridad nacional ha concretado después, pasan por ”un rechazo y un plan de choque contra las políticas migratorias de Pedro Sánchez y muchas acciones que van a ser importantes para los ciudadanos de Castilla y León“. Así, se ha referido a un plan de vivienda ”muy detallado y que va a facilitar la vida a muchos, a muchas personas de Castilla y León“. Ha añadido que es un acuerdo con ”muchas horas de trabajo“ que ha agradecido también a la secretaria general adjunta Montserrat Lluis, y portavoces nacionales José María Figaredo y Carlos Quero.

“El mismo texto que en Extremadura y Aragón”

Mañueco ha intentado justificar la “prioridad nacional” diciendo que es el “mismo texto que en Extremadura y Aragón” y que trata de “una asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes tienen un arraigo real, verificable, efectivo” y siempre “dentro del marco del ordenamiento jurídico y del marco legal”, y asumiendo esa prioridad nacional como “criterio inspirador”.

Entrando a la conformación del Gobierno, Mañueco ha explicado que habrá dos vicepresidencias y que la primera será para Vox. Aunque lleva aparejada una consejería no se ha decidido aún cuál. La segunda será para el Partido Popular y tendrá competencias de Vivienda y Ordenación del territorio, Igualdad de oportunidades y Despoblación y protección civil. El PP tendrá también la Consejería de Presidencia, la Consejería de Economía y Hacienda, la Consejería de Industria, Empleo, Universidades y Comercio. Vox tendrá una Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas sociales. Sanidad seguirá en manos del PP, igual que Educación, mientras que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, corresponderá a VOX y la de Medio Ambiente y Energía corresponderá al Partido Popular y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte a VOX. Aunque olvidó mencionarlo en rueda de prensa, el PP tendrá una Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial. En definitiva, se trocean varias consejerías para que Vox cumpla con un programa contra los migrantes o la agenda 2030.

La anterior legislatura con Vox en el gobierno fue un fracaso total porque apenas lograron que se cumpliese alguna de las medidas que se plasmaron en un acuerdo muy general. Atrás quedaron una Ley de Violencia Intrafamiliar que se tramitó pero no vio la luz, las medidas antiaborto que se presentaron en una rueda de prensa y que hubo que cancelar, o la Ley de Concordia. Carlos Pollán ha asegurado fiarse de Mañueco. “Por eso estamos aquí y por eso hemos ido medida a medida”.

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Castilla y León, Carlos Pollán, ha denunciado ante el Consejo Superior de Deportes que exija al Athletic Club la retirada o modificación de su nueva equipación oficial, que incluye en la parte trasera del cuello un mapa de Euskal Herria estampada con una ikurriña bajo el lema “Gure Nortasuna”.

El mapa incluye territorios ajenos al País Vasco como el Enclave de Treviño, Navarra o parte de Cantabria, algo que Vox considera “un desprecio” a las instituciones autonómicas y la utilización del fútbol “como un instrumento de confrontación territorial”. También advierte que esto es “una provocación directa” a los aficionados de Navarra, Cantabria y Castilla y León y al público general, según la carta remitida por Pollán y enviada a los medios de comunicación.

Carlos Pollán ha pedido al presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, que inste también a LaLiga y a la Federación Española a supervisar y prohibir de manera expresa esta equipación para “garantizar el principio de neutralidad política” en el deporte.

Estas protestan se producen poco después de que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, defendiera que la incorporación del enclave burgalés de Treviño a Álava era “jurídicamente posible”, aunque sería necesario dar pasos previos “preceptivos”. El PSOE y la Junta de Castilla y León defendieron que el enclave de Treviño forma parte de Burgos y descartaron cambios territoriales.

Una “lesión al marco constitucional”

“La inclusión de este mapa y su simbología excede por completo los fines deportivos del club, configurando una explícita proclama de carácter político que lesiona gravemente el marco constitucional”, ha advertido la formación a través de un comunicado.

El Athletic Club tiene previsto estrenar dicha equipación este sábado en el Estadio Santiago Benabéu. Para Vox, la camiseta se ha transformado en un soporte de “propaganda político-territorial” que “rompe unilateralmente con los principios generales de la actividad deportiva reglada por los principios de neutralidad y respeto”.

Carlos Pollán interpreta que estos símbolos conculcan las directrices de la F. A. Board Internacional (IFAB), que prohíbe los eslóganes, mensajes o imágenes políticas, religiosas o personales en los equipamientos deportivos.

“Mero trámite”, así ha definido la portavoz de la Unión del Pueblo Leonés, Alicia Gallego la ronda de consultas para proponer candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, algo que también han compartido desde Soria ¡Ya! y Por Ávila —y desde el PSOE este lunes—. Los grupos minoritarios ven también hecha la investidura de Alfonso Fernández Mañueco, no ven tan claro el calendario y el contenido del acuerdo que PP y Vox tienen que cerrar. Vox —socio imprescindible para la mayoría de Mañueco— rebajó las expectativas de un pacto esta misma semana o la que viene al admitir que el pacto con el PP “no está cerrado” y que ve “difícil” culminarlo antes de las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

Este martes presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, ha comenzado el proceso para hablar con los grupos sobre posibles candidatos que debe culminar este jueves, último día legal para proponer candidato, con Mañueco como única opción viable tras el 15M autonómico. Sin embargo, la fecha del debate de investidura sigue sin fijarse y dependerá de un acuerdo que, pese a los precedentes en Extremadura y Aragón, todavía no se ha materializado en Castilla y León.

Vox, pendiente de que el PP quiera cerrar el acuerdo pasadas las elecciones andaluzas

El portavoz parlamentario de Vox, Carlos Pollán, ha señalado que las negociaciones con el PP continúan abiertas. “A día de hoy no está cerrado, aunque esperamos que llegue a buen puerto”, ha afirmado tras reunirse con Vázquez, subrayando que su formación quiere “participar en el gobierno” pero con “un programa concreto, medidas concretas y garantías de cumplimiento”.

Pollán ha evitado concretar plazos, pero sí que dejó claro que el acuerdo no es inminente. “Lo veo difícil”, ha respondido al ser preguntado por la posibilidad de cerrarlo la próxima semana, antes de las elecciones del 17 de mayo en Andalucía. Ante esta posibilidad el portavoz de Vox se ha preguntado en “qué influiría” un pacto de Vox-PP en el resultado de los 'populares'.

La única línea roja que ha marcado Vox para apoyar a un candidato es que sea del PSOE. “Nunca participaríamos o permitiríamos una presidencia por un candidato socialista”, ha apuntado, dando por hecho que su eventual apoyo se dirigiría a Mañueco. Con 14 procuradores, sus votos son imprescindibles para que el PP —que cuenta con 33 escaños— alcance la mayoría absoluta o, en su defecto, más síes que noes en segunda votación.

En su comparecencia, Carlos Pollán ha indicado que la negociación con el PP no se limita a un reparto de cargos, sino que pivota sobre un documento programático “medida a medida”, con especial énfasis en lo que su formación considera puntos “troncales” e “irrenunciables”. Sin detallar el contenido, sí ha dejado claro que Vox aspira a trasladar a Castilla y León buena parte de las líneas ya pactadas en otras comunidades, como los criterios de “prioridad nacional” en el acceso a ayudas o vivienda, una cuestión que ha definido como “un avance muy importante” dentro de su agenda política.

El dirigente de Vox ha querido defender que la negociación se está realizando en Castilla y León y no desde Madrid. “Por nuestra parte, estamos trabajando aquí”, ha apuntado. No obstante, ha planteado que en el lado 'popular' la influencia y estrategia de Génova esté ralentizando el proceso, en una alusión a la estrategia del PP y a la posibilidad de que los tiempos estén condicionados por otros calendarios electorales.

Pollán ha afirmado que las medidas de Vox ya se están dejando notar en políticas autonómicas y europeas. El portavoz ha defendido que la entrada de su partido en los gobiernos garantiza la introducción de medidas “con plazos y garantías de cumplimiento”, y ha reiterado que su objetivo es formar parte del Ejecutivo de Castilla y León con capacidad de decisión real.

Soria ¡YA! critica la “opacidad” y el “postureo” de los pactos

Antes, el procurador de Soria ¡YA!, Ángel Ceña, ha reprochado la dilación de fechas por parte del Partido Popular. “Vamos sobre la bocina”, ha criticado, culpando a que las negociaciones entre PP y Vox se están desarrollando “sin transparencia” y con una lentitud que mantiene a la comunidad “sin gobierno, sin presupuestos desde 2024 y sin soluciones”.

Ceña ha cargado contra los acuerdos ya firmados entre ambas formaciones en otras comunidades, que ha tildado de “postureo” y “nada serio”. A su juicio, contienen medidas “ilegales y muchas inconstitucionales” y relegan problemas estructurales como la despoblación. “Me gustaría que algún pacto considerara como prioridad nacional los problemas de Soria”, ha ironizado.

El representante sorianista también ha puesto en duda la estabilidad de un futuro ejecutivo de PP y Vox: “¿Va a romperse de nuevo cuando haya necesidades electorales? Todo apunta a que sí”. También ha planteado explorar alternativas como un pacto de mínimos entre PP y PSOE centrado en servicios públicos, aunque ha reconocido que, en el escenario actual, su voto no será “gratuito” y dependerá de una negociación previa.

Por Ávila y UPL dan por hecho el acuerdo y piden “arrancar”

El procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, también ha dado por hecho el pacto entre PP y Vox, aunque ha matizado que nadie se lo ha confirmado oficialmente. “Creo que ya lo tienen”, ha aseverado, reclamando que la legislatura eche a andar “cuanto antes” ante una comunidad que ve “muy parada”.

Pascual se ha mostrado dispuesto a negociar su apoyo a Mañueco, condicionado a que se incluyan las demandas de su provincia. “Estamos abiertos al diálogo y a la colaboración”, ha apostillado, aunque sin concretar el sentido de su voto o qué medidas concretas plantea para dar su apoyo.

Sobre el encuentro con Vázquez ha señalado que ambos, ante la poca temática que abordar, han estado hablando sobre que el Real Ávila, del que Pascual es presidente, y la Gimnástica Segoviana, equipo de Segovia, de donde es el presidente de las Cortes, se han quedado fuera de la promoción de ascenso de 1ª RFEF.

Más crítica fue la portavoz de la UPL, Alicia Gallego, quien también ha dado por hecho el acuerdo pero ha calificado la ronda de consultas de “trámite” y ha criticado la “falta de respeto” que, a su juicio, supone la dilación de los plazos. “Cinco meses con un gobierno en funciones agravan todos los problemas”, ha advertido con dudas sobre un nuevo verano de incendios en la comunidad-

Gallego ha puesto en duda la dependencia de las direcciones nacionales de PP y Vox —“sucursales de Madrid”, dijo— y ha alertado del impacto de la falta de presupuestos en cuestiones como la despoblación, el empleo juvenil o la gestión de incendios. Su formación ve “muy difícil” apoyar la investidura en ausencia de compromisos concretos con la Región Leonesa.

Un calendario abierto con Mañueco como única opción

El proceso de consultas continuará este jueves con PSOE y PP, que propondrá formalmente a Mañueco como candidato. A partir de ahí, el presidente de las Cortes deberá fijar la fecha del pleno de investidura, sin un plazo reglado, lo que deja el calendario supeditado a la negociación entre 'populares' y Vox.

El reglamento establece que el candidato necesita mayoría absoluta en primera votación o simple en segunda. Si en dos meses ningún aspirante logra la confianza de la Cámara, se convocarían nuevas elecciones.

El parón es evidente. Castilla y León celebró sus elecciones autonómicas el pasado 15 de marzo con unos resultados que no dejan opción al PP: o pacta con Vox o no hay gobierno. Mes y medio después no hay gobierno, pero no porque no haya posibilidad de acuerdo sino por una cuestión estratégica. El Partido Popular quiere ver qué pasa con las elecciones en Andalucía, que se celebran el 17 de mayo para ver hasta dónde cede con Vox.

La normativa autonómica favorece este 'intermedio'.  El artículo 135 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León en su punto 1 establece que “… La propuesta -de candidato a la investidura- deberá formularse como máximo en el término de quince días desde la constitución de las Cortes o el Cese del presidente”, y no menciona plazo acerca de la celebración del Pleno para la investidura. De este modo, el límite para proponer candidato expira el 7 de mayo, pero no está claro hasta cuándo se puede retrasar el Pleno de Investidura. En este sentido la normativa establece que una vez que se celebra ese pleno sin que se consiga investir presidente, el plazo máximo no sobrepasará los dos meses. De ser así, habría que disolver las Cortes y convocar unas nuevas elecciones.

Aparentemente, desde la primera ronda de reuniones de Alfonso Fernández Mañueco con el resto de grupos parlamentarios, no se ha producido una segunda que estaría reducida a Vox, ya que el PP rechaza de plano una alianza con el PSOE y el único partido que le permite la suma suficiente para la mayoría parlamentaria es el de extrema derecha. Sin embargo, aunque no sean públicas, por fuerza se han producido conversaciones. De algún modo tuvo que acordarse dejar la presidencia de las Cortes en manos del PP cuando en la última legislatura las tuvo Vox. De hecho, ni siquiera sus procuradores acaban de entender esa maniobra y achacan lo ocurrido a un acuerdo entre Génova y Bambú. Lo que obtenga Vox a cambio se sabrá cuando haya pacto.

Una de las posibilidades es que Vox haya arrancado al PP el compromiso de 'darles' un senador por designación autonómica y de esa manera buscar acomodo a uno de los damnificados por el juego electoral, el exprocurador por León Miguel Súarez Arca. Con Pollán de candidato por León y la obligación de listas cremallera -alternar hombres y mujeres-, Suárez Arca se vio relegado al puesto número tres, y no consiguió escaño. Fuentes del partido aseguran que desde la misma noche electoral Suárez Arca exigió que se le recolocase. En algún momento incluso se planteó la renuncia de la número 2 pero finalmente se descartó.

“Cordialidad”

Hasta ahora, dicen hay “cordialidad” en las negociaciones soterradas que se llevan a cabo, pero las tornas pueden cambiar. El PP puede sentirse fuerte si consigue revalidar la mayoría de Juanma Moreno o ser aún más dependiente de Vox si los necesita para sumar. De ese resultado en las andaluzas dependen las negociaciones que presumiblemente se reactivarán públicamente a partir del 18 de mayo.

Por el momento, lo esperable es que el flamante presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, comunique el próximo jueves que el candidato es Alfonso Fernández Mañueco.

Sin grandes sorpresas, las Cortes de Castilla y León se han constituido este martes en Valladolid, un mes después de las eleciones. A diferencia de Aragón, PP y Vox anunciaron este lunes un acuerdo para elegir presidente de la Mesa del parlamento, el secretario general del Partido Popular y exvicepresidente primero de la Mesa, Francisco Vázquez, que ha sido elegido con el respaldo de los votos de los 33 procuradores del PP y los 14 de Vox. El partido de Santiago Abascal ha renunciado a la Presidencia de la Mesa como tuvo la pasada legislatura, aunque sí ha propuesto el vicepresidente primero de la Mesa, Carlos Menéndez, el exportavoz del Grupo durante parte de la legislatura pasada.

De poco ha servido el nombre que finalmente ha ofrecido el Grupo Socialista, la vicesecretaria autonómica, Nuria Rubio, para presidir la Mesa de las Cortes. Solo la han respaldado los 30 procuradores socialistas. Los cinco escaños del que será Grupo Mixto (3 de UPL, uno de Por Ávila y uno de Soria ¡YA!) han votado finalmente en blanco. El Grupo Socialista también ha presentado a Nuria Rubio como vicepresidenta de la Mesa, en cuya votación ha quedado en segundo lugar después de Menéndez, únicamente con el respaldo de los procuradores socialistas.

Los parlamentarios también han escogido a los secretarios de la Mesa, en una votación en la que (de nuevo) el Grupo Mixto se ha abstenido. El PP ha elegido a la hasta ahora consejera de Educación, Rocío Lucas, el secretario de Organización del PSOE, Daniel de la Rosa y la vocal de Vox en Segovia, Susana Suárez Villagrá. Daniel de la Rosa ha sido elegido secretario primero de la Mesa (30 votos), seguido de Rocío Lucas (27 votos) y Susana Suárez Villagrá (19), puesto que varios miembros del PP han votado a la procuradora de Vox. El Grupo Mixto ha vuelto a votar en blanco.

La Mesa de las Cortes queda configurada, por lo tanto, de la siguiente manera: Francisco Vázquez como presidente (PP), Carlos Menéndez como vicepresidente primero (Vox), Nuria Rubio como vicepresidenta segunda (PSOE), Daniel de la Rosa (PSOE), Rocío Lucas (PP) y Susana Suárez Villagrá (Vox) como secretarios.

Vázquez asume la Presidencia “con compromiso con la palabra”

Una vez jurados o prometidos los 82 escaños de las Cortes de Castilla y León, Francisco Vázquez ha asegurado que asume el cargo “con honor político y compromiso con la palabra”. “Nos enfrentamos a una encrucijada que estas Cortes deben abordar con valentía día a día”, ha augurado Vázquez. El presidente de la Mesa ha reivindicado que formar parte de la cámara es “un privilegio que conlleva una responsabilidad ineludible”. También ha aseverado que los ciudadanos han “otorgado la responsabilidad para formar gobierno al PP”, lo que ha considerado que será “una de las primeras tareas” de la cámara: “desarrollar los trabajos necesarios para que se conforme un gobierno en Castilla y León”.

Francisco Vázquez ha agradecido al presidente de la Junta en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, por confiar en él y a sus predecesores en el cargo, el último Carlos Pollán, de Vox. “Cada uno de ellos desde sensibilidades políticas aportaron su trabajo para la consolidación de esta institución”, ha suscrito.

El también secretario general del Partido Popular de Castilla y León ha pedido al parlamento “abordar con valentía” diaria la “encrucijada” a la que se enfrenta y ha garantizado que su objetivo como presidente será que el parlamento sea “lo más útil posible” para todos los castellanos y leoneses.

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha acusado este lunes a PP y Vox de ir “entregando por fascículos” su “sainete” en esta Comunidad, donde cree que tratan de reproducir el esquema de la novela 'El gatopardo', para que “parezca que todo cambia pero no cambiar absolutamente nada”.

En declaraciones a los periodistas tras presentar en un pleno municipal su renuncia como alcalde de Soria para poder tomar mañana posesión de su escaño y liderar la oposición del PSOE, Martínez se ha referido al acuerdo anunciado por PP y Vox para que el popular Francisco Vázquez se convierta mañana en el nuevo presidente de las Cortes, en sustitución de Carlos Pollán (Vox)

Ha ironizado con la “derecha valiente” de Vox, partido al que ve “muy fuerte con los débiles, pero muy débil con los fuertes”, en referencia a su negociación con el PP.

Para Martínez, estaba claro cuál iba a ser el final de las conversaciones entre PP y Vox, con “escenas para justificar” ese acuerdo y con la sensación de que los carteles de Vox han “envejecido” pronto, en referencia a que hablaban de estafa del PP a los ciudadanos.

El dirigente socialista ha criticado igualmente que estos acuerdos tengan un origen en las direcciones nacionales del PP y Vox, que en su opinión no abordan las cuestiones prioritarias de Castilla y León “de forma vergonzante”.