El 6 de julio suele ser un día de bullicio en Pamplona: es el día del chupinazo de San Fermín. Pero en 2021, como un año antes, no hubo fiestas por la COVID-19. Sin embargo, en Servinabar 2000, la empresa domiciliada en Pamplona en la que presuntamente el dirigente del PSOE Santos Cerdán tenía una participación del 45%, se produjo una reunión clave. Era la víspera de la autorización del rescate de 112,8 millones de euros a la empresa alavesa Tubos Reunidos y los asistentes, aparentemente, querían recaudar una comisión por su intermediación.

El orden del día de ese encuentro en “Pamplona-Iruña” ha aparecido por triplicado en la investigación que lleva a cabo el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz a raíz de una denuncia de finales de 2025 de la Fiscalía Anticorrupción. La UCO de la Guardia Civil encontró el Word en el teléfono móvil de Antxon Alonso, el empresario guipuzcoano dueño de Servinabar 2000 y amigo de Cerdán. A su vez, el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, lo envió también por la aplicación Threema. Y, finalmente, una versión aderezada con notas manuscritas forma parte del abundante material que se le ha incautado a la vizcaína Leire Díez. Ese papel, de 29 puntos, esboza los negocios que el trío, que se hacía llamar Hirurok en euskera (y más adelante Hirurok Berriro), tenía en cartera en ese momento. De su lectura, así como de otras notas incorporadas al sumario, se deduce que Alonso ejercía como una suerte de 'comercial' con empresas vascas.

El relativo a Tubos Reunidos es el vigesimonoveno y último punto del orden del día. Ahí ya se menciona la posibilidad de que Alonso (al que se refieren en todo momento como Antton y no como Antxon) pudiera interceder con el PNV. Otro de los puntos hace mención a Teknei. Esta compañía llegó a Bilbao en 2019 desde México. Su fundador, Joseba Lekube, era el presidente del PNV en México. La empresa ha adquirido gran notoriedad en 2025 por ser parte de la 'cuadrilla' que, de la mano del Gobierno vasco, lideró la recompra de Ibermática a Ayesa. Se puede leer más aquí sobre esta firma.

Sobre Teknei, el grupo Hirurok aboga por tener una “relación preferente”. “Antton y Teknei se reunirán a corto plazo. Antton fijará fecha”. En otro documento que la Guardia Civil halló en posesión de Díez, se apostillaba: “Tienen un proyecto grande y bonito, pero es un proyecto suyo. En la comida: al principio había reticencias y dijeron que no, posteriormente dijeron que sí. Pretendían una reunión con Calviño [Nadia, vicepresidenta del Gobierno de España] o algo así para tener algo grande. Eso no le gustó a Antton, que le planteó que xa [para] hacer eso, nosotros comprábamos una empresa y gestionábamos directamente. Trabajar xa otros, es jodido”. Por el momento, los informes de la UCO o las resoluciones judiciales no han concretado nada más sobre este asunto.

La trama menciona igualmente ITP, gigante aeronáutico que en aquella época cambió de dueños. Rolls Royce vendió su participación al fondo Bain Capital, liderado por SAPA y JB Capital. Fue una operación de 1.700 millones. “Cada vez más complicado el tema” o “hay que seguir observando la operación” son algunas de las anotaciones. Aluden a que “la oferta compradora” no incluía a Talde. En los cuadernos de Díez hay más menciones a Talde —“Antton ya ha enviado los contratos”—y a SAPA, particularmente a la familia Aperribay. “Llegada de Antton en avión. Comida con Ibon y Jokin. Quién ha ayudado en el tema ITP”, expone Díez. Jokin Aperribay es el presidente de la Real Sociedad. El informe de la Hacienda de Navarra sobre las cuentas de Servinabar 2000 acreditaba una relación mercantil entre esta empresa y SAPA. Los pagos ascendieron a unos 145.200 euros. En 'El Mundo', Ibon Aperribay explicó que las facturas que respondían a un “tema puntual inmobiliario”.

En el negocio de Erri Berri en Asturias con la SEPI, donde la Fiscalía ve pruebas claras del abono de comisiones por la mediación sobre todo de Fernández Guerrero —“estoy influyendo”, escribió textualmente en un mensaje sobre las vicisitudes de una adjudicación—, aparece la firma VUSA como una de las empleadas para canalizar los pagos. Esta compañía, en 2019, fue objeto de controversia en Hondarribia en relación al fallido proyecto de Zaldunborda y por haber fichado al exalcalde del PNV Aitor Kerejeta.

La lista de asuntos en los que Servinabar 2000 tenía interés era más larga. Se menciona, por ejemplo, una “papelera del Cadagua y residuos de purines” en Bizkaia O el traslado de Mercabilbao: “Intentar que sea en Mungia o en Amorebieta, no en Abanto y Ciérbana. Liberación de suelos en Basauri”. La realidad desmiente estos planes porque, en 2022, se eligió Ortuella por parte del Gobierno vasco. Sin embargo, este año este periódico ha explicado que ni siquiera están adquiridas las parcelas para el traslado.

Varios cargos públicos, como el líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, el ahora presidente del PNV en Bizkaia, Iñigo Ansola, antes en el Ente Vasco de la Energía, el exvicepresidente navarro Félix Taberna o las presidentas María Chivite y Uxue Barkos han admitido que conocían a Alonso por haber venido en nombre de Forestalia, como su representante. Esta empresa aragonesa promovía una línea eléctrica para trasladar energía renovable desde Zaragoza hasta Vitoria pasando por Navarra. En la documentación aparecida ahora se menciona que “VCT”, por Fernández Guerrero, iba a preparar un “papel” para que “Santos”, presumiblemente Cerdán, intentara que el Ministerio aprobara el plan. En 2026 quedó frustrado el proyecto por su impacto ambiental. Las anotaciones del sumario sitúan también a “Antton” preguntando por “seis parcelas en Derio” relacionadas con “Blackstone-Aliseda”.

Esta investigación de corrupción se fundamenta en una denuncia de la fiscal Elisa Lamelas basándose en pruebas halladas en otra causa, la que inició el Tribunal Supremo contra Cerdán y Alonso. La mayoría de las primeras evidencias fueron localizadas en el domicilio de Elorrio del empresario cuando fue arrestado en junio del pasado año por la Guardia Civil o, en su defecto, en la oficina de Servinabar 2000 en la plaza del Castillo de Pamplona. Después, tras el escrito de la Fiscalía, Alonso fue de nuevo arrestado, como también Fernández Guerrero y Díez. Fue entonces cuando se conoció la existencia de Hirurok, como llamaban a su grupo de Threema. En algún momento le tuvieron que cambiar el nombre y optaron por Hirurok Berriro, pero su misión y componentes era la misma, según los responsables de la investigación.

Según la Fiscalía Anticorrupción, los indicios apuntan a la posible comisión de delitos de prevaricación, malversación de caudales, tráfico de influencias y organización criminal. El asunto, que permaneció bajo secreto hasta hace una semana, acabó recayendo en el juez Pedraz y esta parte económica ha quedado opacada porque derivó en una ampliación de la investigación para indagar en la actividad llevada a cabo por Díez para atacar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La tesis del ministerio público es clara: el grupo Hirurok “valiéndose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre personas vinculadas a la función pública, habría orientado la resolución de diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros”. Además, se analiza si Cerdán, que mantenía contacto con los tres, coordinaba de alguna manera esta operativa.

El expresidente de la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales), Vicente Fernández Guerrero, maniobró en el año 2021 para que la empresa navarra Erri Berri, especializada en demoliciones, fuese la adjudicataria de un contrato de 2,85 millones de euros para el derribo de las Baterías de Cok en Avilés, en Asturias. A cambio, según la Fiscalía Anticorrupción, Fernández Guerrero habría pactado una comisión de 400.000 euros. Los pagos se camuflaron a través de una mercantil de Zaragoza, Mediaciones Martínez (ahora renombrada como Ku-Ma), de VUSA y de Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso en la que, supuestamente, Santos Cerdán tenía una participación del 45%. No respondían a un servicio real, sino a la contraprestación del expresidente de la SEPI por haber maniobrado para la consecución del contrato, siempre según esta documentación judicial a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Según Anticorrupción, Erri Berri, con sede en Olite, abonó de manera “indirecta” a Mediaciones Martínez y Servinabar 2000 un total de 575.857 euros, de los que 400.000 se corresponderían a la intermediación de Fernández Guerrero para el contrato en Asturias. Dicho contrato fue licitado por el Parque Empresarial Principado de Asturias SL (PEPA), una sociedad participada en su integridad por la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (SEPIDES), sociedad cuyo capital social pertenece a su vez en su totalidad a la SEPI, de la que Fernández Guerrero fue su presidente entre 2018 y 2019, aunque se investiga si mantuvo su influencia en años posteriores.

Las obras para la demolición de las baterías habían sido adjudicadas en un primer momento el 26 de abril de 2021 a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Lezama-Los Álamos, pero Erri Berri, que se había presentado a la licitación, presentó un recurso. Lo hizo después de que Leire Díez enviara un mensaje en el grupo de la aplicación Threema 'Hirurok', que compartía con Fernández Guerrero y Alonso, en el que proponía decirle al administrador de Erri Berri Félix Azcona la manera de poder anular el concurso. “Nos deberían algo [...] Aunque no se pueda cuantificar”, añadió Díez en el mismo foro. Así, el 7 de mayo, Fernández Guerrero envió un documento de Word a Alonso en el que se recogía como posible motivo para la impugnación de la licitación el hecho de que una de las vocales de la mesa de contratación hubiese participado anteriormente en la redacción de los pliegos. Erri Berri presentó su recurso y el 9 de agosto el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales lo estimó.

Así, el 11 de agosto el PEPA ordenó el reinicio de la licitación. Esta vez, Erri Berri, que en el anterior pliego había presentado una oferta económica de 6,5 millones de euros, hizo una de 2,5 millones, rebajándola así en 4 millones de euros. Esta oferta “anormalmente baja” hizo que se le fuera requerida una justificación por parte de la mesa de contratación. Unos días antes de que terminase el plazo para el envío de la documentación, Fernández Guerrero escribió a Alonso preguntándole si en Erri Berri tenían controlados los plazos. “No debe haber problemas con lo que he hablado”, respondió Alonso. “Si es necesario, que la gente de Erri Berri lo contraste también con nosotros. Nos jugamos (todos) mucho”, añadió Fernández Guerrero.

El 26 de octubre el expresidente de la SEPI volvió a escribir a Alonso para informarle de que la oferta a la baja había sido admitida. Lo hizo antes de que los técnicos firmaran el informe de admisión de la oferta y dieran cuenta a la mesa de contratación, circunstancia que para la Fiscalía Anticorrupción refuerza las sospechas de la influencia que tenía Fernández Guerrero en la SEPI para la adjudicación de contratos. Finalmente, el 27 de octubre la mesa de contratación propuso a Erri Berri como adjudicataria del contrato.

Pero la UTE Lezama-Los Álamos, que había sido adjudicataria de la primera licitación presentó un recurso. Y de nuevo Fernández Guerrero maniobró para que no prosperase. “He quedado con la Presidenta del Tribunal de Contratos para que esté alineada con nosotros cuando se produzca el recurso por parte de Lezama-Los Álamos”, expuso en el grupo 'Hirurok'. La presidenta del Tribunal de Contratos a la que se refiere es María de la Concepción Ordiz Fuertes, quien previamente había trabajado en la SEPI con Vicente Guerrero. “Estoy influyendo para que lo inadmitan x (sic) fuera de plazo y xq (sic) el contrato ya estaba formalizado. [...] El abogado [...] que lleva la defensa de Erri Berri está coordinándose con nuestro hombre en SEPIDES”, apostilló.

El 20 de enero de 2022 el Tribunal de Contratos desestimó el recurso de la UTE Lezama-Los Álamos. “Conchita [por María de la Concepción Ordiz] ha cumplido”, celebró Fernández Guerrero en el chat de Threema compartido con Díez y Alonso. “Ha sido un año de trabajo, de gestiones con unos y con otros [...] gracias al esfuerzo de los tres, cada uno en su ámbito [...] hemos hecho mucho porque conseguir revertir la inicial adjudicación a Lezama-Los Álamos parecía casi imposible. Y el resultado ha sido enormemente bueno. Este es el camino”, añadió.

Por este servicio, la mercantil Mediaciones Martínez emitió una factura a una empresa vinculada a Erri Berri, Reciclajes y Derribos Olite SL, por importe de 99.825 euros más IVA (120.000 en total) bajo el concepto de “trabajos de obra civil realizados relativos al mantenimiento de Pamplona durante el periodo junio 2021 a enero de 2022”. Pero la Fiscalía Anticorrupción sostiene que la cifra pactada fue mayor por un mensaje que Fernández Guerrero envió a Alonso el 14 de marzo en relación con otras gestiones en favor de Erri Berri. “No quiero avanzar hasta que veamos los 400 k (o una parte de ellos) de Félix [Félix Azcona, administrador de Erri Berri]”. Un día después, el 15 de marzo, Erri Berri abonó la factura.

El 27 de mayo, Mediaciones Martínez emitió una segunda factura a Derribos Olite por importe de 61.213 euros, con el mismo concepto que la anterior pero modificando las fechas, y que no se abonó hasta un mes después, el 27 de junio. En esa misma fecha re emitió una tercera con el mismo importe, 61.213 euros, que fue abonada el 1 de agosto. En total, las tres facturas sumaron un total de 201.000 euros. Otros 100.000 fueron abonados a través de una tercera sociedad ajena a Erri Berri, VUSA, con la que según la Fiscalía Anticorrupción se pretendía “desvincular” el origen de los fondos “supuestamente ilícitos” percibidos por Mediaciones Martínez.

Los 100.000 euros restantes de los 400.000 supuestamente pactados fueron abonados, sostiene la Fiscalía, a través de facturas emitidas por Servinabar 2000 a Erri Berri en diciembre de 2023 y enero de 2024 de 50.215 y 49.277 euros respectivamente. Son los pagos que la Hacienda de Navarra recogió en el informe que envió al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente sobre la contabilidad de la mercantil propiedad de Alonso y presuntamente, también de Cerdán. Se da la circunstancia de que Fernández Guerrero estuvo dado de alta también en Servinabar 2000. Cobró 68.632,45 de sueldo bruto en 2021 y 33.251,05 en 2023 y al menos 40.800 en 2022, según datos de la Hacienda foral de Navarra.

Erri Berri explicó en diciembre de 2025, tras el registro de la Guardia Civil en sus oficinas de Olite, que esos pagos a Servinabar 2000 respondían a unos trabajos de “servicios y gestiones” por parte de esa entidad enmarcados en el proyecto de demolición de la antigua Universidad Laboral de Zaragoza, obras en las que Erri Berri fue subcontratada por Acciona para esas labores.

“Aparentemente y considerando los elementos expuestos, unido al hecho de que no se han localizado por la policía Judicial otros datos o documentos de los que se evidencie cualquier tipo de actividad relacionada con el objeto de las facturas, se considera que el verdadero objeto de los pagos habría sido abono de parte del pago acordado -aparentemente 400.000 euros- como consecuencia de las gestiones efectuadas por el grupo Hirurok”, concluye Anticorrupción, que añade que “la operación de Avilés supuso el inicio de la relación mercatil entre Erri Berri, Mediaciones Martínez y Servinabar 2000”.

El expresidente de la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales), el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero, pactó en una cena de finales de julio de 2021 con el presidente de Tubos Reunidos, Francisco Irazusta, un “agradecimiento” de 5.000 euros mensuales más IVA que, según la Fiscalía Anticorrupción, era una comisión ilegal por su mediación para que la compañía con sede en la localidad alavesa de Amurrio obtuviera, unos días antes de ese encuentro, un rescate de 112,8 millones de euros por parte de la SEPI. Los pagos cesaron cuando Irazusta dejó la empresa en 2023, se camuflaron a través de una mercantil de Zaragoza, Mediaciones Martínez (ahora renombrada como Ku-Ma), pero no respondían a un servicio real, siempre según esta documentación judicial a la que ha tenido acceso este periódico.

¿De dónde sale esta información que ahora investiga el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional? En junio de 2025, la UCO de la Guardia Civil arrestó en la localidad vizcaína de Elorrio al entonces desconocido empresario guipuzcoano Antxon Alonso. En ese registro aparecieron tres elementos fundamentales. Uno, dinero en efectivo en bolsas. Dos, un papel que vinculaba al entonces dirigente del PSOE Santos Cerdán con su empresa, Servinabar 2000, con oficina en el centro de Pamplona. Y, tres, un teléfono móvil con varias cuentas de correo electrónico y una aplicación de mensajería llamada Threema, pretendidamente más segura que WhatsApp o Telegram. En noviembre, este periódico publicó que los secretos de ese dispositivo iban a arrojar luz sobre adjudicaciones relacionadas con el PSOE.

Esto llevó, en diciembre de 2025, a otro arresto de Alonso, al de Fernández Guerrero y al de Leire Díez, natural de Bizkaia. Se registró también Tubos Reunidos. ¿Por qué? En el Threema había un grupo conformado por Alonso, por Fernández Guerrero y por la socialista vizcaína. Se llamaba Hirurok, en euskera. Después, crearon otro, Hirurok Berriro. Aparentemente, usaban ese foro para coordinar su intervención en diferentes negocios para recaudar mordidas. La investigación trata de determinar qué grado de influencia mantenía Fernández Guerrero en la SEPI, ya que había abandonado el cargo en 2019 por su imputación en otro proceso penal sobre Aznalcóllar. Y también si Cerdán, socio de Alonso, era el coordinador de estas actividades.

La fiscal Anticorrupción Elisa Lamelas presentó ante la Audiencia Nacional el pasado 9 de diciembre de 2025 una denuncia que derivó en esos arrestos. Achaca a la terna los delitos de prevaricación, malversación de caudales, tráfico de influencias y organización criminal. El asunto, que permaneció bajo secreto hasta hace una semana, acabó recayendo en el juez Pedraz y derivó en una ampliación de la investigación para indagar en la actividad llevada a cabo por Díez para atacar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Pero antes de las cloacas estuvieron los tubos. Antes de este giro que copa titulares y tertulias, estuvo el millonario rescate de Tubos Reunidos, la gran operación del grupo Hirurok y que dobla en cuantía al de la aerolínea Plus Ulta. En esa denuncia inicial, a la que ha tenido acceso elDiario.es y que ahora ya ha sido ampliada con un nuevo informe de la UCO de mayo y nuevos registros, la fiscal explica que la trama, desde 2021, “valiéndose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre personas vinculadas a la fúnción pública, habría orientado la resolución de diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros”. Enumera cinco operaciones, pero la principal es de la de Tubos Reunidos.

En el móvil de Alonso hay una primera mención a la empresa a mediados de junio de 2021, pocas semanas antes de confirmarse el rescate. Fernández Guerrero quería saber qué opinaba el PNV de ese negocio, porque el secretario de Estado de Economía (socialista, Gonzalo García) estaría “dificultando la operación”. Después, el 3 de julio Fernández Guerrero colgó en Hirurok un documento con detalles del cronograma del rescate y explicaba que la nueva presidenta de la SEPI, Belén Gualda, había dado el visto bueno aunque persistían las dudas en el Ministerio de Economía. La SEPI cuelga de Hacienda. El andaluz añadía en ese mensaje que “ligaba su contribución al rescate de TR a la consecución de una retribución”. Repitió la misma idea en varios correos electrónicos.

El 6 de julio de 2021, Servinabar 2000 organizó una reunión en Pamplona, de normal colapsada en esa fecha por el chupinazo de San Fermín pero que no celebró sus fiestas ese año por la COVID-19. Fernández Guerrero era empleado de la firma de Alonso en la que Cerdán era socio. Tuvieron un orden del día de 29 puntos en esa reunión. El vigésimo noveno y último era Tubos Reunidos: “Los 112,8 MM € comprometidos por la SEPI están en el aire. Hoy 6/Jul, pese a la promesa de la presidenta de la SEPI no se va a aprobar la operación. Posibilidad de que Antton [Alonso] lo confirme ante el PNV, demostrando que cuenta la información fidedigna. Presión del PNV ante el Gobierno. ¿Compensación para Servinabar? Vct [Fernández Guerrero] tiene hilo directo con Presidente de TR, Francisco Irazusta”.

La Fiscalía, como también mantiene la UCO, no descarta Alonso intermediara con el PNV para desbloquear la financiación. Cerdán siempre ha dicho que su amigo, con el que niega cualquier relación mercantil, era cercano a la formación nacionalista y a su coalición en Navarra, Geroa Bai. En todo caso, el rescate se concretó el 13 de julio. En Threema, Fernández Guerrero destacó el papel de Alonso con el PNV “en la resolución del asunto”. El 18 de julio, el expresidente de la SEPI ya hablaba con sus compañeros de Hirurok de poder recibir un “agradecimiento” y planteaba mostrar sus cartas en una cena con Irazusta, el primer ejecutivo de la compañía.

Según la documentación judicial, esa cena tuvo lugar el 28 de julio y, al día siguiente, Fernández Guerrero ya tenía una fórmula para que Servinabar 2000 girase facturas a la empresa alavesa. Finalmente, la “colaboración” se firmó en noviembre de 2021, aunque se optó por camuflar los pagos a través de una empresa de Zaragoza, Mediaciones Martínez. La “oferta” era de una “cuota mensual” de 5.000 euros. Las facturas a Tubos Reunidos estaban en el buzón de correo electrónico de Servinabar 2000 con conceptos como la “prospección de mercados”. “En ninguna de las evidencias obrantes en el procedimiento se han observado elementos de los que se pueda concluir que se llevaron a cabo gestiones de prospección de mercado”, estima la Fiscalía. Y es “especialmente significativo” que los pagos se cortaron cuando Irazusta dejó la empresa. Anunció su renuncia en julio de 2023 y la de agosto fue la ultima minuta.

Fuentes de Tubos Reunidos confirman los pagos a Mediaciones Martínez. Añaden que también hubo pagos a título individual a Fernández Guerrero. La pasada semana se abrió una nueva línea de investigación porque, tras la marcha de Irazusta, dos directivos buscaron de nuevo ayuda de Hirurok para flexibilizar los pagos de intereses del rescate. En 2024 se produjo, según la Guardia Civil, una reunión en Ferraz para tratar el asunto. Estaba Cerdán y Díez, pero aparentemente quien recibió de nuevo una gratificación fue Fernández Guerrero. Se analiza si fueron 40.000 euros. La compañía admite que mantuvo los pagos al expresidente de la SEPI hasta noviembre de 2025, es decir, hasta su arresto.

En Euskadi, Tubos Reunidos ha copado titulares este 2026. La empresa ha entrado en concurso de acreedores. Acumula un pasivo de 260 millones y la SEPI es el principal acreedor. El rescate ha acumulado intereses y alcanza los 160 millones de euros. En estos meses tras la aparición en escena de Fernández Guerrero ha habido 242 despidos, huelgas y movilizaciones. El PNV ha insistido en reclamar una quita a la SEPI, extremo que en la empresa dan por imposible dadas las circunstancias.

El diputado general de Álava, Ramiro González, del PNV, ha confiado en que la investigación judicial por presunta corrupción en Tubos Reunidos “no influya en el futuro” de la empresa, que necesita de “la llegada de un inversor” y de “la reestructuración de la deuda”. La compañía, con sede principal en Amurrio, fue rescatada en 2021 por la SEPI y se analiza si la inyección de 112,8 millones escondía el pago de comisiones ilegales.

“Evidentemente, esta investigación judicial no es positiva para el futuro de la empresa. El deseo de la Diputación Foral de Álava es que no interfiera, no tenga ninguna influencia y que el proceso que se lleva a cabo dentro del procedimiento concursal pueda acabar como todos deseamos, que es con la continuidad de la actividad empresarial”, ha manifestado este martes en rueda de prensa, según informa Europa Press.

Tubos Reunidos está ahora mismo en concurso de acreedores. Ha sido un 2026 de despidos, huelgas y movilizaciones. Sin embargo, antes, en diciembre de 2025, la compañía fue registrada por la UCO de la Guardia Civil por orden de la Audiencia Nacional. Fueron también arrestados el expresidente de la SEPI, el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero, que cobró de la compañía a través de una mercantil de Zaragoza, la vizcaína Leire Díez y el guipuzcoano Antxon Alonso, socio del exdirigente del PSOE Santos Cerdán.

El pasado jueves, de nuevo por orden judicial y por los mismos hechos, la Guardia Civil se volvió a personar tanto en la planta de Amurrio como en las oficinas de Bilbao. La empresa envió el viernes un comunicado a toda la plantilla informando de la entrada de la Policía y exhibiendo voluntad de “colaborar” con la Justicia. La nota estaba en castellano, euskera e inglés.

La investigación de la Audiencia Nacional sobre las maniobras de Leire Díez o Santos Cerdán, que tantos y tantos titulares está copando, tiene su origen en otro hito. Se trata del rescate por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (conocida por sus siglas SEPI) de la empresa de Amurrio Tubos Reunidos. Fue una operación de 112,8 millones de euros y se sospecha que encerró el pago de comisiones, el primero de otra serie de negocios similares y que han sido bautizados con el nombre en euskera Hirurok ('Nosotros tres', en castellano) por aglutinar a tres personas del entorno de Cerdán, la propia Díez, socialista vizcaína, Antxon Alonso, empresario guipuzcoano, y Vicente Fernández Guerrero, socialista andaluz y expresidente de la SEPI.

La UCO de la Guardia Civil, en calidad de Policía judicial, ha elaborado para el instructor Santiago Pedraz un informe específico sobre este asunto. Tiene fecha de 6 de mayo. Además, menciona el tema en otro dictamen más amplio y más reciente, del 26 de mayo. En él, señala también la “intermediación” de “algún miembro” del PNV en la operación de Tubos Reunidos, aunque no se aporta ningún dato identificativo y deja el rol de estas personas en condicional. No es la primera vez que en las investigaciones de la UCO que rodean al exsecretario de Organización del PSOE, el navarro Cerdán, se menciona al PNV. En otro informe se apuntaba a que los nacionalistas sugirieron unos nombramientos tras apoyar en 2018 la moción de censura que aupó al poder a Pedro Sánchez.

La empresa ha sido registrada nuevamente este mismo jueves. Ya lo fue durante horas en diciembre de 2025, justo antes de que trascendieran las detenciones de los tres de Hirurok. En aquel momento se llevaron una ingente cantidad de archivos informáticos y buscaron el rastro de dos directivos concretos de la empresa, los mismos que habían mantenido más contacto con Cerdán y Díez.

El rescate fue ejecutado en 2021. En ese momento, el expresidente de la SEPI, Fernández Guerrero, fue contratado por Tubos Reunidos como asesor externo. Cobró 114.950 euros a través de la asesoría zaragozana Mediaciones Martínez, según ha detectado la Policía judicial. La empresa no lo niega. En paralelo, Fernández Guerrero fue dado de alta como trabajador de Servinabar 2000, mercantil pamplonesa del empresario guipuzcoano Antxon Alonso y en la que Cerdán, aparentemente, controlaba el 45% de forma oculta.

Técnicamente, llevaba más de dos años fuera de su cargo y no había incompatibilidad legal en estas actividades mercantiles, pero los responsables de la investigación sostienen que en el período de 2019 a 2021, aunque formalmente estuvo fuera por otro problema legal relacionado con Aznalcóllar, siguió influyendo en el organismo estatal o intentando regresar. Es más, se sostiene que, cuando Belén Gualda fue elegida ese mismo 2021 para cubrir la vacante, la trama intentó que Díez fuese su jefa de gabinete.

Sobre los hechos de 2021, expone la Guardia Civil que “se pudo comprobar cómo Leire y Vicente, en un momento dado en el que el rescate se encontraba bloqueado, propusieron acudir a Santos y Antxón para impulsar el mismo”. En sus informes, este cuerpo siempre cita a los implicados por su nombre de pila. Agrega que, “previsiblemente como resultado de lo anterior, las acciones desarrolladas por el grupo Hirurok consistieron, según las palabras de los propios investigados, en al menos su 'intermediación' con algún miembro del Partido Nacionalista Vasco, lo cual podría haber contribuido a propiciar el otorgamiento de la ayuda en cuestión”.

Abunda la UCO que, años después del rescate, “se ha identificado una segunda operativa llevada a cabo entre 2024 y 2025, a los fines de conseguir el aplazamiento de una amortización parcial de los intereses de la deuda, en la cual habría podido participar Santos”. ¿En qué se basan? El 13 de noviembre de 2024 se celebró en el despacho de Cerdán “en la sede del PSOE, sita en la calle Ferraz”, una cita entre el dirigente socialista, Díez “y dos directivos de Tubos Reunidos”. Después, arreglado el problema, Fernández Guerrero facturó 40.000 euros adicionales a Tubos Reunidos. El expresidente de la SEPI mantuvo su relación económica con la empresa hasta un mes antes de ser detenido, hasta noviembre de 2025, según fuentes de la compañía.

¿Y cómo se conformó Hirurok con gentes de tan variada procedencia? La Guardia Civil ubica el inicio de la relación “personal” entre Fernández Guerrero y Díez en la SEPI, donde ella era responsable de comunicación de la filial Enusa. Era el año 2019. Un poco después, a finales de 2020, ambos conocieron a Alonso por mediación de Cerdán. Para demostrar que Cerdán y Fernández Guerrero también se conocían, la UCO muestra unos mensajes del actual secretario de Organización del PSE-EE, Miguel Ángel Morales. A finales de 2018, Cerdán le pidió a Morales, con quien mantenía una estrecha relación, que contactara con el entonces presidente de la SEPI.

“Es un favor que nos tienes que hacer”, ponía el socialista vasco. Hace un año, cuando Morales salía mencionado en otro informe sobre las causas que rodean a Cerdán, el PSE-EE desmintió totalmente cualquier implicación en irregularidades. Morales vuelve a ser mencionado en un mensaje de Díez a Fernández Guerrero. “Hoy volveré a ver a Santos porque ayer se reunía con Eneko y Morales”, le decía, en referencia previsible a Eneko Andueza, secretario general del partido en Euskadi. Fuentes del PSE-EE explican que Morales planteaba un favor de índole persona, dentro de la legalidad y sin relación alguna con los hechos investigados.

Hirurok como tal nace en 2021. Es un grupo de Threema, una aplicación de mensajería aparentemente más segura que WhatsApp. Se crea el mismo día en que Fernández Guerrero es dado de alta como trabajador de Servinabar 2000. Sin embargo, operaba de antes, según la tesis de la Guardia Civil.

La UCO sostiene que cobraron 117.612 euros en comisiones de otros dos negocios además de Tubos Reunidos. Menciona 18.119,75 euros ingresados en Servinabar 2000 por una adjudicación en Mercasa y 99.492,25 euros de la empresa navarra Excavaciones Erri-Berri por unos trabajos en Asturias. Se menciona, igualmente, que Forestalia “pactó” el pago de 200.000 euros a Hirurok para que Sepides aprobara una inversión de 17,32 millones para Arapellet, una filial. Alonso ejerció de representante de Forestalia ante numerosos cargos públicos y Fernández Guerrero también participó en reuniones, siempre según la Guardia Civil. Por otro lado, Díez creó en Marbella una sociedad llamada “Andalukadi”, en probable referencia a la unión de Andalucía y Euskadi.

Por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, agentes de la UCO de la Guardia Civil han realizando registros este jueves en la sede central de Tubos Reunidos, en la localidad alavesa de Amurrio, y en las oficinas de la compañía en el centro de Bilbao, según fuentes internas. Es ya la segunda operación policial en esta compañía, ya que en diciembre los agentes ya se personaron en Amurrio. Se buscan nuevas pruebas relacionadas con presuntas irregularidades en el rescate de la empresa propiciado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en 2021, de 112,8 millones. La empresa contrató ese año y hasta 2025 como asesor al expresidente del organismo estatal, el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero.  Los agentes de la UCO también tiene orden de realizar un requerimiento de información en la sede de la SEPI, en Madrid.

A falta de detalles de la operación policial, en diciembre se buscaron correos electrónicos de un período temporal muy amplio y se analizó el papel de dos directivos de la empresa. Ahora se desconoce el alcance de las nuevas pesquisas. El registro de Amurrio ha sido breve, de apenas unos minutos. Ambas entradas han comenzado a la vez. El de Bilbao ha terminado hacia las 18.30 horas.

Se da la circunstancia de que los últimos meses han sido muy duros para Tubos Reunidos, que ahora mismo está en concurso de acreedores y que llegó a plantear 300 despidos a comienzos de 2026. En estos meses se han sucedido las huelgas y movilizaciones tanto en Amurrio como en otra planta vizcaína, la de Trapagaran. La SEPI es el principal acreedor, con créditos por valor de 160 millones sumados los intereses que ha generado el rescate de 2021.

El rescate de Tubos Reunidos es el origen de la investigación del juez Pedraz sobre el entorno de Leire Díez, una socialista de origen vizcaíno, aunque actualmente los nuevos datos hayan revelado temas completamente diferenciados. Aunque Fernández Guerrero dejó la SEPI en 2019, se analiza si seguía manteniendo influencia en 2021 para propiciar la inyección económica millonaria, el doble de la de Plus Ultra. Fernández Guerrero conformaba con Díez y con un tercero, el empresario vasco Antxon Alonso, un grupo de Threema llamado Hirurok, en euskera, que aparentemente coordinaba estas operaciones a cambio de comisiones. Threema es una aplicación de mensajería aparentemente más segura que WhatsApp o Telegram.

El expresidente de la SEPI estuvo dado de alta durante cuatro años como consultor externo de la empresa Tubos Reunidos. Eso sí, habían pasado los dos años que marca la ley para evitar conflictos de intereses. La cantidad facturada por Fernández Guerrero en Amurrio ascendería a 114.950 euros. Los pagos no eran directos, sino a través de una “consultora” que él mismo había indicado y que estaba residenciada en Zaragoza, según contaron fuentes de la empresa a este periódico. Después, hubo nuevas facturas ya a título individual cuyas cantidades concretas no se conocen aún.

Se da la circunstancia de que mientras Fernández Guerrero cobraba de Tubos Reunidos vía Zaragoza estuvo dado de alta también en Servinabar 2000 de Pamplona, la mercantil de Alonso en la que, supuestamente, Santos Cerdán tenía una participación del 45%. Cobró 68.632,45 de sueldo bruto en 2021 y 33.251,05 en 2023 y al menos 40.800 en 2022, según datos de la Hacienda foral de Navarra. La investigación sobre Servinabar 2000 sigue otro recorrido judicial paralelo. 

El registro buscaba en Tubos Reunidos indicios de anotaciones manuscritas halladas en poder de Leire Díez, quien conformaba con Fernández Guerrero y el empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, un grupo llamado Hirurok creado aparentemente para cobrar comisiones. Dos directivos de la compañía que habían mantenido reuniones con miembros de esta trama están siendo investigados, aunque su identidad no ha trascendido.

A las 10.35 horas de este miércoles, el consejero vasco de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, del PNV, enviaba al Parlamento Vasco una respuesta a preguntas de la coalición Sumar sobre la situación de la empresa Tubos Reunidos, que ha entrado recientemente en concurso de acreedores y que antes presentó un ERE para centenares de trabajadores. Su tesis fundamental era insistir en que el Estado, la Sepi, debería flexibilizar la deuda que reclama a la compañía, que asciende ya a unos 160 millones de euros.

La petición, que no es nueva, ha coincidido con la operación anticorrupción de la UCO de la Guardia Civil en la sede del PSOE en Ferraz y en otros puntos lanzada a primera hora de la mañana. Se trata de una causa de la Audiencia Nacional que deriva de otra iniciada en diciembre del pasado año (con número 89/25) precisamente con el rescate de Tubos Reunidos a cargo de la SEPI como epicentro. En aquel momento fueron arrestadas tres personas, el empresario guipuzcoano Antxon Alonso, la socialista vizcaína Leire Díez y el expresidente de la Sepi, el andaluz Vicente Fernández Guerrero. Se trataba de un grupo que se hacía llamar 'Hirurok', en euskera, en una plataforma de mensajería llamada Threema, aparentemente más segura que WhatsApp.

El rescate de Tubos Reunidos se produjo en 2021 y estuvo cuantificado en 112,8 millones de euros, más del doble que el de la línea aérea Plus Ultra investigado en otra causa, la que involucra al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El resto hasta 160 son los intereses acumulados.

Fernández Guerrero fue presidente de la SEPI entre 2018 y 2019. Después de dejar la entidad estatal, en 2021, cuando se efectuó el rescate, estuvo dado de alta como trabajador de la mercantil Servinabar 2000, con oficinas en Pamplona y detrás de la que está Alonso y, aparentemente, también el exdirigente del PSOE Santos Cerdán. Cobró 68.632,45 de sueldo bruto en 2021 y 33.251,05 en 2023 y al menos 40.800 en 2022, según datos de la Hacienda foral de Navarra. Asimismo, después de esa etapa, en diciembre de 2025, Tubos Reunidos confirmó que había realizado también pagos directos a Fernández Guerrero hasta pocos meses antes. Se trataba de “un contrato de asesoramiento con cantidades estándar”.

El auto de la nueva pieza secreta del juez Santiago Pedraz explica que el grupo 'Hirurok', sobre el que sitúan a Cerdán como una suerte de coordinador, pretendió mantener el control de la Sepi tras la salida de Fernández Guerrero. Estima que “valiéndose de su posición, relaciones y capacidad de influencias” quisieron “orientar” determinadas operaciones -y no solamente la de Tubos Reunidos- “con una finalidad lucrativa”. Según el magistrado, “fundamentalmente” operaron en 2021. Siempre según esta resolución judicial, Díez pretendió ser jefa de gabinete de la sustituta de Fernández Guerrero. Antes, había estado en Enusa, una sociedad de la Sepi.

Desde Tubos Reunidos, que ha copado titulares en los últimos meses por la propuesta de ejecutar 300 despidos -finalmente fueron 242- y la entrada en concurso de acreedores con una deuda de más de 260 millones y pérdidas de 118 millones en 2025, se insiste en que no tienen constancia de nada nuevo por parte de la Audiencia Nacional. Aseguran que han ido aportando a la autoridad judicial toda la documentación que se les ha requerido y recalcan que así lo seguirán haciendo.

Lo último que ha trascendido es que el juez instructor prorrogó el 8 de mayo durante un mes más el secreto de sumario de este procedimiento. Ha emitido varias resoluciones de ese mismo tenor. Entretanto, continúa la partida de ajedrez para salvar una empresa histórica, ya que tiene su origen en el siglo XIX. Teniendo en cuenta que la SEPI es el principal acreedor, el Gobierno vasco asegura que sigue “manteniendo contactos” con el Ejecutivo central “para explorar alternativas de reestructuración”. El consejero Jauregi, que ya ha aludido públicamente a que hay “inversores” interesados en el proyecto, destaca la importancia de esta compañía para el “empleo industrial”. La caída de Tubos Reunidos se suma a otras empresas en crisis en la comarca de Ayala, al norte de Álava, como Guardian, Maderas de Llodio o Tubacex, aunque también tiene planta en la zona vizcaína de Trapagaran.

Tubos Reunidos, empresa radicada en Amurrio (Álava) y que fue rescatada en 2021 por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) con 112,8 millones de euros, ha tenido “hasta hace unos meses” como asesor al expresidente de este organismo estatal, Vicente Fernández Guerrero. El socialista andaluz ocupó el cargo desde la moción de censura, en el verano de 2018, y hasta octubre de 2019 y está ahora investigado por corrupción en una nueva causa abierta por la Audiencia Nacional en la que igualmente están imputados dos vascos, Leire Díez, natural de Portugalete, y Antxon Alonso, residente en Elorrio.

Después de dejar la SEPI, en 2021, 2022 y 2023 Fernández Guerrero estuvo dado de alta como trabajador de la mercantil Servinabar 2000, con oficinas en Pamplona y detrás de la que está Alonso y, con un 45% de participaciones, el exdirigente socialista Santos Cerdán. Cobró 68.632,45 de sueldo bruto en 2021 y 33.251,05 en 2023 y al menos 40.800 en 2022, según datos de la Hacienda foral de Navarra. Sin embargo, los pagos de Tubos Reunidos a Fernández Guerrero se realizaron directamente, sin mediación de Servinabar 2000. En la causa seguida contra Cerdán y Alonso en el Supremo se investiga si esta sociedad fue una pantalla para canalizar comisiones ilegales.

Fuentes de Tubos Reunidos explican que la empresa “ha recibido una solicitud de información” del juzgado central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional. Ha sido en los últimos días y ya ha sido atendida. La compañía alavesa ha indicado que ha mantenido “un contrato de asesoramiento con cantidades estándar” con Fernández Guerrero. La relación mercantil se ha mantenido “hasta hace unos meses”. “En atención a esta circunstancia, y con el único interés de colaborar con la Justicia, la empresa ha puesto a disposición de las autoridades, de forma inmediata, toda la información que obraba en su poder”, abundan desde la compañía.

Desde el comité de empresa, que lleva años denunciando que la inyección de dinero estatal no ha puesto fin a situaciones como el ERTE anunciado en verano por la afección a la compañía tubera de la nueva política arancelaria de Estados Unidos, adelantan que pedirán “todas las explicaciones” sobre el papel de Fernández Guerrero en una reunión que tendrá lugar este martes. La cita ya estaba prevista pero solicitarán que se incorpore la investigación judicial al orden del día, indican desde el sindicato ESK.

La de Tubos Reunidos es, por el momento, la operación de mayor volumen bajo sospecha en esta nueva pieza. Fernández Guerrero, al igual que Alonso y Díez, con los que Tubos Reunidos niegan tener vinculación, fueron arrestados por la Guardia Civil esta semana, este sábado han pasado a disposición y han quedado en libertad con medidas cautelares. El expresidente de la SEPI ha sido el único que ha respondido a preguntas del instructor, Antonio Piña, y ha negado las imputaciones.