El presidente ultra Abelardo de la Espriella ha convertido el ejercicio de nombrar y destituir a funcionarios de forma instantánea en parte de su guion en las primeras semanas de gobierno en Colombia. Al menos cuatro cargos técnicos, incluida la dirección del organismo encargado de trazar los planes de desarrollo del país (similar a la española Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia), fueron nombrados y destituidos en cuestión de horas o días, sin mediar explicación oficial.

El patrón retrata a un Ejecutivo que toma algunas decisiones sin un análisis previo. Luego las corrige en público, sobre la marcha, y deja a profesionales acreditados bajo el foco mediático.

El caso que desnudó la fisura del nuevo Gobierno de extrema derecha ocurrió en el Departamento Nacional de Planeación (DNP), que funciona como un think tank estatal en temas económicos. Carlos Eduardo Sepúlveda, exdecano de la reputada Universidad del Rosario y activo en el diseño de los planes de desarrollo de los expresidentes Santos, Duque y Petro, fue nombrado director el 12 de agosto. Estuvo en el cargo apenas 48 horas. Sin explicación oficial, De la Espriella revirtió el nombramiento y eligió a Julián Buitrago, un activista digital sin ninguna experiencia en el Estado.

La improvisación delata desacuerdos internos no resueltos antes del anuncio de cada nombramiento

Yann Basset — politólogo de la Universidad del Rosario

Todo indica que detrás de la remoción operó un veto silencioso. Según reconstruyó el portal independiente La Silla Vacía, dos factores jugaron en contra de Sepúlveda: su paso por el DNP de la Administración del progresista Gustavo Petro y su orientación sexual. La presencia de un tecnócrata casado con otro hombre activó las alarmas de sectores ultras y religiosos, que presionaron hasta tumbarlo.

Aun así, el vicepresidente, José Manuel Restrepo, negó cualquier discriminación. Pero el golpe fue tan certero que sacudió las propias filas del oficialismo: el senador Andrés Forero, del derechista Centro Democrático, calificó el veto como “un gran desacierto”.

Despidos fulminantes

El episodio no fue aislado. El 11 de agosto, el Ministerio de Trabajo designó como secretaria general encargada a Soraya Pino, que tenía experiencia como directora de Pensiones en el Gobierno de Petro. Nueve días después, el exministro progresista Antonio Sanguino celebró el nombramiento en la red social X, destacando su labor en el anterior Ejecutivo de izquierdas. Horas más tarde, el Palacio de Nariño (sede del Gobierno en Bogotá) revocó el encargo mediante decreto y nombró, de forma definitiva, a Eduardo José Pineda, abogado y coterráneo del presidente De la Espriella. Pino no llegó a cumplir 24 horas en el puesto desde la publicación del mensaje en X.

Para Yann Basset, politólogo de la Universidad del Rosario, lo anómalo no es que un gobierno entrante prefiera perfiles afines. Eso, añade, “no es particularmente sorprendente” en ninguna administración. Lo insólito es la sucesión de decisiones tomadas y deshechas en público, una improvisación que delata desacuerdos internos no resueltos antes de cada anuncio. El caso del Ministerio de Trabajo ilustra esa dinámica: no fue una revisión previa de antecedentes lo que forzó la salida de la funcionaria, sino un mensaje de un político de izquierdas en redes sociales.

El politólogo Camilo Cruz explica que la supervivencia de esos funcionarios dependió, al final, del termómetro digital. Lejos de una doctrina ideológica planificada desde la presidencia, el Gobierno sometió cada nombramiento a una evaluación de afinidad política, medida en tiempo real por la reacción de sus bases en plataformas como X. De acuerdo con esa lógica, el Ejecutivo ultra obvió en primera instancia el pasado de los servidores públicos y, posteriormente, delegó el filtro en un influenciador radical o un funcionario del anterior Gobierno para forzar las destituciones.

Hay un caso, sin embargo, que rompe con ese patrón. Hanna Escobar no provenía del Gobierno de Petro. Era, en realidad, su némesis pública. La química farmacéutica construyó su prestigio en las redes oponiéndose con dureza al Ejecutivo de izquierdas y a su gestión de la salud. Quizás por todo eso, el 24 de agosto asumió la Dirección de Medicamentos del actual Gobierno, que prometió revertir el caos en la prestación de servicios del sector sanitario.

El anuncio, sin embargo, también duró pocas horas. Facciones cercanas a De la Espriella inundaron las redes sociales con un expediente que resultó ser, en su mayoría, falso. Una fotografía manipulada mostraba a Escobar con el pañuelo verde del movimiento a favor del derecho al aborto. Ella aseguró que nunca usó ese símbolo. La imagen, además, iba acompañada de un fragmento de un viejo pódcast que estaba fuera de contexto. En él, de hecho, defendía la candidatura del actual presidente.

Una estructura vulnerable

La explicación de este fenómeno va más allá de los nombres propios y responde a una realidad institucional. Laura Bonilla, investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), señala al sistema colombiano: a diferencia de países como España, el país jamás construyó un cuerpo de funcionarios estable ni un régimen de oposiciones blindadas. Sin ese escudo legal, cada cambio de presidente puede amenazar la continuidad de buena parte de quienes sostienen el aparato público.

Para hacerse una idea de la situación, en 2020, el 69,4% de las vinculaciones estatales correspondía a contratos de prestación de servicios: personal temporal, ajeno a la carrera administrativa y dependiente de renovaciones periódicas.

Bonilla sitúa la agudización de esta lógica de tierra arrasada durante el mandato de Iván Duque (2018-2022), el primero en este siglo en aplicar la estrategia explícita de purgar a los técnicos por su pasado político. De la Espriella no inventó el mecanismo, pero heredó una estructura vulnerable donde el empleo estatal funciona como un espacio de libre remoción y la estabilidad laboral depende del gobernante de turno.

La misma Bonilla añade una segunda capa de análisis: puertas adentro, el gabinete de De la Espriella opera como una colcha de retazos. Un ala técnica y, quizás, minoritaria convive con reservas con el sector más conservador, vinculado a grupos evangélicos, que ha ganado de momento cada disputa interna. Al no compartir objetivos comunes, el mandatario ultra de 48 años, sin experiencia en la gestión de equipos de esta magnitud, ha cedido ante el sector que ejerce mayor presión.

Por su parte, Edwin Palma, exministro de Minas y Energía con Petro, ve el resultado del pulso desde la óptica de ese sector: cita el caso de una vicepresidenta de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con 12 años de trayectoria técnica, destituida “de un día para otro”. La ironía, añade el sindicalista, es que la misma cartera apenas ha logrado reunir en 21 días un comité de seguimiento de la crisis energética por el fenómeno climático de El Niño. Sin embargo, sí encontró tiempo en su agenda, según Palma, para recibir visitas en sus instalaciones de sacerdotes que hicieron ritos de bendición y exorcismo.

El único freno a todo este proceso de recambio llegó de forma imprevista. Fuentes en varios ministerios coinciden en que, de no haber sido por el terremoto del pasado 10 de agosto —el peor en una década en Colombia, con más de 300 muertos—, la purga habría corrido a un ritmo más vertiginoso. El sismo en el suroeste del país obligó al Gobierno de la 'Patria Milagro' a ralentizar la marcha en el remezón por pura necesidad operativa: en plena emergencia nacional, congelar los despidos de los equipos de técnicos de gestión de la crisis, en carteras como Vivienda o Hacienda, fue el peaje obligado para no comprometer la respuesta a una tragedia.

El presidente colombiano, el ultra Abelardo De la Espriella, había prometido durante su campaña electoral endurecer las políticas de seguridad contra los grupos violentos en Colombia. Pero pocos pensaron que también endurecería el formato en el que mostraría los resultados del conflicto interno. Fue el miércoles de esta semana cuando el mandatario, de 48 años, publicó en su cuenta de X un largo vídeo en el que, tras informar de la muerte de 23 presuntos delincuentes en un bombardeo del ejército sobre una zona de la selva del sur del país, se podía ver como él mismo paseaba entre las filas de bolsas blancas con los cadáveres de los supuestos criminales muertos en el departamento del Guaviare.

Se trata del tercer bombardeo letal contra grupos criminales en menos de un mes de gobierno de De la Espriella. La ofensiva forma parte de una nueva fase de la guerra para combatir organizaciones violentas y el narcotráfico, llevada a cabo por el nuevo Ejecutivo de extrema derecha. “Les prometí enfrentar el terrorismo y lo estoy haciendo”, afirmó De la Espriella en el vídeo.

La publicación ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos, académicos y la oposición colombiana. Emily Dickinson, directora para América Latina del think tank International Crisis Group, expresó su rechazo públicamente, señalando que el acto glorifica la violencia.

“Exhibidos como trofeos de guerra”

El experto en seguridad Hugo Acero traza a elDiario.es la frontera del “monopolio legítimo de la fuerza”. El Estado colombiano, recuerda, tiene la obligación ineludible de proteger a la ciudadanía y esa obligación lo habilita, según la ley, a emplear una “fuerza proporcional y letal” contra quienes la infrinjan. El quiebre ético y legal, sin embargo, no ocurre en el momento del uso de la fuerza, sino en la fase posterior. Tras los protocolos de “investigación judicial y análisis forenses”, el Estado debe restituir los cuerpos a sus familiares.

Es la única manera, añade Acero, de garantizar sus derechos en materia de “procesos religiosos y culturales”. Por ello advierte de que los restos humanos no pueden ser “exhibidos como trofeos de guerra” ni instrumentalizados con fines políticos o mediáticos. Y deja claro que la acción estatal no opera bajo la lógica de la “retaliación”, sino bajo la premisa de la seguridad colectiva.

Este mismo viernes, el presidente ultra ha mostrado en X la imagen de otros cuatro cadáveres, después de una operación contra el narcotráfico, llevada a cabo por la Policía Nacional colombiana, en la que aseguró que fue abatido alias Naím o “Bendito Menor”, que De la Espriella calificó como “uno de los criminales más peligrosos del país”.

“Desde mi posesión impartí una instrucción perentoria a la cúpula militar y policial: convertir a este criminal en objetivo de alto valor y perseguirlo sin descanso”, escribió el mandatario. “Hoy, con la Operación Centinela de la Patria, demostramos que las órdenes se cumplen y que cuando el Estado actúa con determinación, inteligencia y contundencia, el crimen retrocede”, agregó.

La ofensiva militar de De la Espriella, que se enmarca en el Escudo de las Américas impulsado por la Administración de Donald Trump, ha chocado esta semana con una decisión judicial contundente. Un juzgado ordenó al Estado colombiano detener los bombardeos contra grupos armados hasta que las fuerzas armadas ajusten sus protocolos para garantizar que menores de edad no sean blanco de los ataques aéreos. La medida responde a múltiples denuncias de presuntas víctimas civiles en operaciones previas.

Discurso de mano dura

El freno legal llega justo cuando De la Espriella ha querido acelerar su discurso de firmeza militar: 26 combatientes muertos durante sus primeras semanas de gobierno. Sin embargo, el contraste ha inquietado a los observadores del conflicto interno. Mientras el presidente reporta las ofensivas en sus redes sociales, detallando bajas, alias de combate e incautaciones de arsenal por parte del ejército, el Instituto Nacional de Medicina Legal ha confirmado que cuatro menores fallecieron en los dos primeros bombardeos —dos adolescentes de 15 años y otros dos de 16 años—.

La reacción de la oposición ha trascendido las redes sociales. Iván Cepeda, excandidato presidencial, senador y una de las principales figuras de la izquierda colombiana, criticó con fuerza las medidas de seguridad anunciadas por el Gobierno para los primeros cien días de mandato. Entre otras, calificó el resurgimiento del ESMAD (polémico cuerpo antidisturbios de la Policía) como preocupante y una amenaza para la democracia en Colombia.

Asimismo, desde la toma de posesión de De la Espriella el 7 de agosto, Cepeda pasó de la denuncia a la acción. Anunció la creación de un “gabinete en la sombra”, inspirado en el modelo británico, con voceros especializados por sectores desde la oposición de izquierdas. Su misión: vigilar de cerca cada Ministerio del Gobierno ultraderechista. Así, la colación del Pacto Histórico del expresidente Gustavo Petro busca armar una oposición técnica y constante que cuestione las decisiones presidenciales, que mantenga viva un discurso político independiente a la de la ofensiva militar y otros proyectos que De la Espriella ha puesto en marcha.

El círculo cercano de De la Espriella está formado por militares retirados que moldean la estrategia sobre el terreno y frente a las cámaras, aseguran fuentes cercanas al mundo castrense. El Ministerio de Defensa, por ejemplo, fue entregado a Jorge Mora López, un general retirado con 30 años de experiencia en crimen transnacional, y la Comandancia de las Fuerzas Militares recayó en el general Erik Rodríguez, quien había sido retirado por Petro meses antes.

La revista The New Yorker identificó recientemente cómo la maquinaria digital de Nayib Bukele se expande por América Latina a través de vídeos, símbolos e influenciadores que buscan transformar la seguridad en una experiencia emocional. De la Espriella ha replicado ese modelo en Colombia. En en el vídeo, el mandatario se refiere a “Tigre o Pintado”, uno de los cabecillas de la facción liderada por Iván Mordisco, el guerrillero más buscado de Colombia. Está al frente de un grupo disidente de las desaparecidas FARC que rechazó el acuerdo de paz de 2016, opera en la Amazonía traficando con droga y controlando territorios. De la Espriella afirma en el vídeo que “ese narcoterrorista fue dado de baja”.

La difusión de las imágenes oficiales marca, quizás, un quiebre en la comunicación institucional de Colombia. La puesta en escena que muestra cadáveres de supuestos disidentes abatidos vulnera la dignidad de los muertos, señala el editorial publicado el viernes en el diario colombiano El Espectador.

En la misma línea, expertos y observadores han recordado en los últimos días que existen otros métodos eficaces para comunicar el éxito operativo de las fuerzas de Colombia. Se trata de estrategias que respetan el marco ético, evitan el terreno de la venganza y se ciñen estrictamente al cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario, que prohíbe la instrumentalización de los cuerpos de las personas desarmadas o caídas en combate. Ariel Ávila, analista de seguridad y de derechos humanos opositor, resumió: “Una cosa es actuar con contundencia ante los violentos; otra, la necropolítica y la espectacularización de la muerte”.

La llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de Colombia representa un giro político profundo para el país y América Latina. Más que una alternancia entre izquierda y derecha, expresa el avance de un proyecto basado en autoridad, seguridad, liberalización económica y mayor acercamiento a Estados Unidos. Colombia, después de años como referente regional de la política de paz y de los gobiernos progresistas, se convierte ahora en uno de los nuevos polos de la derecha latinoamericana.

El proyecto de De la Espriella recuerda inevitablemente al gobierno de Álvaro Uribe Vélez y su política de “Seguridad Democrática”. No se trata solo de una semejanza ideológica: existen elementos comunes, como la centralidad de la ofensiva militar y la recuperación del control territorial mediante la fuerza. Las primeras semanas del nuevo Gobierno ya generan preocupación por los asesinatos de líderes sociales, indígenas y campesinos, así como por operaciones militares y bombardeos que han provocado denuncias de afectaciones a población civil.

La comparación con el uribismo debe hacerse desde la memoria histórica. La “Seguridad Democrática” estuvo acompañada de graves violaciones de Derechos Humanos, entre ellas los llamados “falsos positivos”: ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como guerrilleros muertos en combate, masacres y desapariciones. Por ello, la pregunta no es solamente si el nuevo Gobierno recuperará el control territorial, sino qué precio humano tendrá esa estrategia y qué mecanismos impedirán que la seguridad vuelva a situarse por encima de la vida y la dignidad de las personas.

Colombia necesita un Estado capaz de enfrentar a las organizaciones armadas, el narcotráfico y el crimen organizado. Pero la autoridad debe estar sometida a la Constitución, la justicia y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Seguridad no puede significar represión, ni autoridad impunidad.

El debate no debería limitarse a decidir si Colombia necesita petróleo, gas o minerales. La verdadera pregunta es: ¿quién controla esos recursos, quién obtiene los beneficios y quién asume los costes ambientales y sociales?

Este modelo se relaciona directamente con otro aspecto fundamental: la explotación de los recursos naturales. De la Espriella apuesta por recuperar el petróleo, el gas y la minería como motores del crecimiento, incluyendo el fracking y una mayor explotación de minerales estratégicos.

Colombia posee una enorme riqueza en petróleo, carbón, oro, cobre y níquel, además de una biodiversidad excepcional. Esta riqueza podría financiar empleo, derechos sociales y desarrollo, pero también profundizar un modelo histórico en el que América Latina exporta materias primas mientras las grandes economías controlan capital, tecnología y mercados.

Por eso, el debate no debería limitarse a decidir si Colombia necesita petróleo, gas o minerales. La verdadera pregunta es: ¿quién controla esos recursos, quién obtiene los beneficios y quién asume los costes ambientales y sociales?

En este contexto adquiere especial importancia el acercamiento a Estados Unidos. El riesgo no está en la inversión extranjera en sí misma, sino en que Colombia termine convertida principalmente en proveedora de materias primas y reciba a cambio productos y tecnologías de mayor valor añadido.

En el escenario internacional actual, petróleo, gas y minerales estratégicos son también instrumentos de poder geopolítico. La soberanía del siglo XXI no consiste solamente en defender las fronteras: significa tener capacidad para decidir sobre el agua, la energía, los minerales, la biodiversidad y el territorio.

Por ello será fundamental observar qué ocurre con Ecopetrol y el cambio producido en su Junta Directiva. La cuestión será determinar si continuará siendo un instrumento de soberanía energética y generación de recursos públicos o avanzará hacia un modelo cada vez más orientado a la rentabilidad y al capital privado y extranjero.

La dimensión ambiental es especialmente preocupante. El fracking plantea interrogantes sobre el consumo de agua y los ecosistemas, mientras la posible reactivación de la aspersión aérea con glifosato vuelve a enfrentar la lucha contra el narcotráfico con la protección de la salud, la biodiversidad y los derechos de las poblaciones rurales.

La decisión sobre el futuro de Colombia debe ser democrática, soberana y profundamente comprometida con los Derechos Humanos, la justicia ambiental, la defensa del territorio y las generaciones que todavía no han nacido

Muchos territorios donde se encuentran estos recursos están habitados por comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas. Su explotación exige participación efectiva, consulta previa y garantías ambientales y sociales. La recuperación militar de un territorio no debería convertirse automáticamente en la apertura de ese territorio a la explotación económica.

Colombia necesita inversión, empleo y crecimiento, pero también proteger el agua, los páramos, la Amazonía y los bosques. Necesita seguridad, pero no militarización permanente; cooperación internacional, pero no subordinación; relaciones con Estados Unidos y otros Estados, pero también autonomía y vínculos sólidos con América Latina.

Los recursos naturales no renovables pertenecen al presente, pero comprometen el futuro. El petróleo que se extrae hoy no volverá a existir; el mineral que se exporta no podrá recuperarse; un ecosistema destruido puede tardar siglos en regenerarse.

Por eso, la pregunta que Colombia debe hacerse no es solamente cuánto crecerá su economía, sino qué país quedará cuando sus recursos hayan sido explotados.

El verdadero desafío será construir un Estado fuerte sin convertir la autoridad en autoritarismo y una economía abierta sin convertir la soberanía nacional en una mercancía.

La decisión sobre el futuro de Colombia debe ser democrática, soberana y profundamente comprometida con los Derechos Humanos, la justicia ambiental, la defensa del territorio y las generaciones que todavía no han nacido.

La misma mañana en que Colombia removía entre los escombros los cientos de muertos que dejó el terremoto en el departamento del Chocó, el 10 de agosto, el presidente ultraderechista Abelardo de la Espriella rompía el consenso internacional al reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, el territorio sirio que ocupa desde la Guerra de los Seis Días de 1967 y que, pese al rechazo de la comunidad internacional, anexionó en los años ochenta.

Colombia se convertía así en el segundo país del mundo, después de Estados Unidos durante la primera Administración de Donald Trump, en reconocer la soberanía israelí sobre el territorio. Benjamín Netanyahu agradeció el gesto, mientras que una veintena de países árabes —entre ellos Egipto, Arabia Saudí, Qatar o Turquía— rechazaron la decisión del nuevo gobierno colombiano y recalcaron que viola “resoluciones de la legitimidad internacional” de la ONU.

El de Colombia ha sido el último episodio de un giro de varios países latinoamericanos que, con la llegada de la ultraderecha al poder en la región, han volteado su política exterior hacia Israel mientras buscan los favores y la simpatía de Estados Unidos.

“Este giro se explica por las nuevas narrativas de las nuevas derechas de la región —en algunos casos conservadoras, en otros casos radicales— que comparten elementos como, por ejemplo, priorizar las relaciones con Israel” para, según el experto en Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile Gilberto Aranda, “lograr una buena sintonía” con Estados Unidos.

En Colombia había un consenso que duró muchos años sobre la necesidad de no hacer demasiadas declaraciones sobre la relación con Israel, pero no había compromisos tan explícitos como los que ha asumido De La Espriella

Sandra Borda — Profesora del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de Los Andes

A diferencia de Gustavo Petro, que impulsó una diplomacia de defensa de los derechos del pueblo palestino, De la Espriella se reunió incluso antes de asumir el cargo con el ministro israelí de Exteriores, Gideon Sa'ar, para “retomar” los vínculos entre ambos países.

Como nuevo presidente, restableció las relaciones diplomáticas con Israel, rotas por su predecesor en respuesta al genocidio en Gaza, nombró embajadores, eliminó los visados entre ambos países y trasladó la Embajada de Colombia de Tel Aviv a Jerusalén. En su agenda también hay nuevos acuerdos de cooperación con Israel en seguridad, tecnología, inversión y defensa y la reanudación de las exportaciones colombianas de carbón a Israel.

“En Colombia había un consenso que duró muchos años sobre la necesidad de no hacer demasiadas declaraciones sobre la relación con Israel, era una relación de cooperación militar, pero no había compromisos tan explícitos como los que ha asumido la administración de De La Espriella”, explica la profesora del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de Los Andes Sandra Borda, quien recuerda que Petro, por su lado, también instaló una agenda de apoyo a la causa palestina.

Para ella, este giro se debe a razones tanto estratégicas, en materia de seguridad, como ideológicas. Sobre estas últimas, menciona que las nuevas ultraderechas “se gestaron al amparo del proyecto de Trump” y eso implica apoyar su política de alianzas con Israel.

Milei y “los amigos de Washington”

Colombia es, junto con Argentina, uno de los casos más evidentes del giro proisraelí en la región. Desde su llegada al poder en 2023, Milei ha convertido su alineamiento con Israel en uno de los ejes de su política exterior.

El presidente ultra expresó públicamente un apoyo prácticamente incondicional a Israel durante el genocidio en Gaza y presentó a Netanyahu como un aliado en la defensa de “la libertad” y contra el terrorismo.

“Hay países que con estos giros han tenido una atención preferente de Estados Unidos, como la Argentina de Milei, uno de los más beneficiados con la postura que ha tenido el presidente argentino”, señala Aranda.

Milei también anunció que trasladará su Embajada a Jerusalén en 2026 y, junto con el primer ministro israelí, impulsó un memorándum de cooperación contra el terrorismo y el antisemitismo, con una dimensión específica de colaboración en defensa y seguridad.

“Argentina ha tenido siempre un componente proisraelí muy importante porque hay una comunidad judía muy destacada y también es fuerte la presencia de argentinos en Israel”, apunta la investigadora del CIDOB Anna Ayuso.

El sociólogo y politólogo argentino Atilio Borón recuerda que, tras proclamarse ganador, Milei viajó a Estados Unidos y mantuvo estrechos contactos con la comunidad jasídica neoyorquina. “Milei ha viajado hasta ahora tres veces a Israel y 17 veces a los Estados Unidos, mientras no ha visitado a nueve de las 23 provincias de la Argentina”.

“Para Milei, añade, los amigos de Washington son los amigos de Argentina, y sus enemigos son los enemigos de este país”.

También Chile y Ecuador, pero con otros matices

Tres meses después de llegar al poder, el presidente chileno, José Antonio Kast, designó un nuevo embajador de Chile en Israel, tras dos años sin representación diplomática en el país. Cuando en agosto, Gabriel Zaliasnik presentó sus cartas credenciales al presidente Isaac Herzog en Jerusalén, habló explícitamente de “reactivar los vínculos institucionales, académicos, empresariales y científicos” entre ambos países.

Esto supone un vuelco en el tono respecto a la administración del izquierdista Gabriel Boric, que mantuvo una relación mucho más crítica con el Gobierno de Netanyahu y condenó reiteradamente sus operaciones en Gaza.

Este agosto, el Gobierno ultraderechista chileno también ha cerrado la embajada de Irán en Santiago, pero sin suspender las relaciones diplomáticas entre ambos países, que datan de 1942.

“El giro en Chile es de corte ideológico y de alineación con EEUU, no es por una tradición (proisraelí) en el país, como en Argentina, y está más vinculado a temas de seguridad y lucha contra el terrorismo”, dice Ayuso.

Ya sea en Colombia como en el Brasil de la época del ultra Jair Bolsonaro, añade Aranda, la victoria de la ultraderecha llegó precedida por el crecimiento de la población evangélica, “en versiones cercanas al relato veterotestamentario israelí”. Tanto De la Espriella como Bolsonaro han experimentado “un proceso de conversión (religiosa) personal”, al igual que Milei, que se ha acercado al judaísmo. Sin embargo, precisa, “en Chile hablamos más bien de una versión hiperconservadora donde el presidente es parte de lo que es la tradición ultracatólica del país”.

El giro en Chile es está más vinculado a temas de seguridad y lucha contra el terrorismo”

Anna Ayuso — Investigador del CIDOB

Chile alberga la comunidad palestina más numerosa del mundo fuera de los países árabes, con cerca de 500.000 personas, y reconoció a Palestina como un Estado “libre, independiente y soberano” en 2011, durante el primer Gobierno del conservador Sebastián Piñera.

Aunque en el país sudamericano también convive una comunidad judía “muy influyente”, dice Aranda, “la premisa histórica del país ha sido siempre no importar el conflicto desde Medio Oriente a Chile y equilibrar (posiciones)”.

En Ecuador, Noboa recibió el 5 de agosto al canciller israelí, algo que no sucedía desde hace más de cuatro décadas. El caso ecuatoriano es parecido al chileno en el sentido de que la apuesta de Noboa por cooperar con Israel está muy vinculada a la seguridad, una de las principales preocupaciones en el país, y a la lucha contra el crimen organizado, en la misma línea en que se inscribe ahora la política exterior de Donald Trump.

En Honduras, el nuevo presidente, Nasri Asfura, ha firmado este mes un acuerdo de cooperación en defensa.

El peso de EEUU

Los expertos coinciden en que el giro hacia Israel de los gobiernos ultraderechistas de América Latina busca también alinearse con la diplomacia estadounidense y sumarse a su bloque de aliados, encabezado por Israel.

“De la Espriella casi sobreactúa para demostrar su interés de mantenerse como aliado de EEUU porque, para lograr más legitimidad, busca logros tempranos que deriven de estas buenas relaciones con Washington”, dice Sandra Borda.

Borón asegura que, en Argentina, Estados Unidos e Israel ejercen una influencia “decisiva” en el Gobierno de Milei, “en materia económica, financiera, geopolítica y militar”. El embajador de EEUU, añade, “se entromete a diario” en los asuntos internos del país “ante la indiferencia” del Gobierno.

Por su parte, Chile busca generar las mejores relaciones posibles con Estados Unidos a través de políticas “que sean del agrado de Washington o que sigan sus pasos”, apunta Gilberto Aranda.

“Tanto desde el mundo árabe como desde Israel –añade– se advierte que hay un conjunto de países (en América Latina) que han decidido tomar una postura distinta”, por eso las elecciones de octubre en Brasil serán seguidas “con mucho interés” tanto por el mundo árabe como por el mundo israelí.

Cuando la polarización alcanza a la política exterior, concluye Borda, las decisiones en esta área “se convierten en una plataforma política y electoral” y, cuando llega un gobierno de signo distinto, “simplemente, las echa para atrás”.

El presidente de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, ha anunciado una campaña de represión contra los inmigrantes y ha ordenado a las autoridades que detengan y deporten a quienes se encuentren en el país de forma irregular o que hayan cometido delitos.

De la Espriella, abogado millonario que solo lleva dos semanas en el cargo, hizo el anuncio el domingo, mientras el país sigue lidiando con las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto, que se cobró la vida de más de 300 personas y destruyó más de 30.000 viviendas.

De la Espriella afirmó que las primeras operaciones conjuntas entre la policía y la autoridad migratoria deberían comenzar “esta misma semana”.

“Que comiencen las operaciones coordinadas para localizar a los inmigrantes ilegales: en primer lugar, a quienes cometan delitos; en segundo lugar, a quienes no hayan regularizado su situación y que tendrán que ser deportados de inmediato”, declaró De la Espriella durante una reunión del Consejo de Ministros celebrada el domingo en Barranquilla, la ciudad caribeña que, en la práctica, se ha convertido en una capital alternativa.

El jefe del Ejecutivo se hizo eco de la retórica de “los estadounidenses primero” del presidente de EEUU, Donald Trump, al afirmar que, a partir de ahora, sería “los colombianos primero, los colombianos segundo y los colombianos tercero”.

El presidente colombiano se ha sumado a otros líderes de la región alineados con Trump que también han endurecido las normas migratorias, entre ellos el argentino Javier Milei y el chileno José Antonio Kast.

La orden de De la Espriella está recibiendo críticas de la oposición y de activistas por los derechos humanos, quienes afirman que pondrá fin a una política migratoria que se ha mantenido durante más de una década tanto bajo gobiernos de derecha como de izquierda y que benefició sobre todo a los migrantes que huían de la crisis humanitaria en la vecina Venezuela.

Aunque durante su campaña utilizó la retórica antiinmigración característica de otros candidatos de extrema derecha, el programa de De la Espriella se centró principalmente en la mano dura contra los grupos criminales.

En el mismo comunicado, también declaró que todas las bandas implicadas en el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el contrabando eran “terroristas” y que las trataría “como tales”. “Pase lo que pase, las derrotaremos, por la razón o por la fuerza”, lanzó.

El presidente no mencionó directamente a los venezolanos al hablar de inmigración, pero estos representan aproximadamente el 90% de todos los migrantes en el país. De los 2,8 millones de venezolanos que viven en Colombia, unos 848.000 se encuentran en situación irregular, entre ellos 193.000 niños y adolescentes.

La senadora de izquierdas María José Pizarro Rodríguez compartió el anuncio del presidente y le preguntó si estaba “propuso un ICE colombiano contra otros latinoamericanos”, en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE). Añadió que la “orden de deportar a los migrantes en situación irregular es pura xenofobia y aporofobia”.

“En lugar de perseguir a las personas que huyen de la pobreza y la violencia, regularicen su situación. Hay miles de migrantes que trabajan duro y contribuyen a las economías de los países que los acogen”, escribió.

El periódico colombiano El Tiempo informó de que fuentes del departamento de migración consideran que la agencia no cuenta con personal suficiente para llevar a cabo las operaciones que De la Espriella ha prometido.

Algunos analistas también han señalado que, según la legislación colombiana, no existe la categoría de inmigrante “ilegal”, tal y como afirmó De la Espriella, sino la de migrantes en situación “irregular”, ya que encontrarse en el país sin la documentación adecuada no constituye delito.

Humorista, periodista, abogado, pedagogo, actor, locutor de radio, activista y, desde su asesinato, inspiración para miles de personas que encontraron en él un ejemplo de diálogo y resistencia contra el odio. La muerte de Jaime Garzón en Bogotá, el 13 de agosto de 1999, todavía retumba en un país que ve cómo aquellos que intentaron frenar la investigación de lo sucedido ocupan de nuevo el poder.

Pero la calle, los muros, los estandartes no olvidan que hubo culpables aún impunes: narcoparamilitares que actuaron con la connivencia de agentes del Estado. Yo quiero no morir (Astiberri, 2026) es la voluminosa novela gráfica dibujada por su hermano Alfredo y guionizada por la dramaturga Verónica Ochoa que ahonda en el duelo colectivo de todo un país a partir de la experiencia del propio Alfredo.

Se pone al habla un 10 de agosto, casi 27 años después del día del asesinato de su hermano. Un terremoto de magnitud 7,4 ha agitado hace pocas horas el país, por lo que la comunicación se corta en varias ocasiones. “La vigencia de Jaime sigue siendo impresionante. A lo largo de sus diez años como personaje de medios, se convirtió en una voz muy incómoda para el régimen, especialmente para el estamento militar, aliado con sectores del narcotráfico”, recuerda Alfredo a sus 67 años.

A día de hoy, él se dedica a la caricatura política. Muy diferente es el trabajo que realiza en la novela gráfica, donde relata en primera persona la historia de dos hermanos a través del duelo de uno de ellos, el suyo propio. “Lo importante es que la gente sepa qué fue lo que produjo una persona como Jaime en Colombia y cuáles fueron las circunstancias políticas e históricas que terminaron en su asesinato”, apunta Alfredo. Y como Jaime, otros tantos amigos de la familia más. “El libro es un homenaje a ellos”, añade.

Convertido en uno de los grandes defensores de los derechos humanos en Colombia, logró la liberación de más de un centenar de secuestrados. A su entierro acudieron dos millones de personas. Todos los avances que se han realizado en torno a su asesinato han sido simbólicos. El caricaturista político recalca que ha sido considerado crimen de Estado y de lesa humanidad. Colombia como Estado asumió su responsabilidad durante el anterior mandato, con Gustavo Petro al frente.

La única condena que existe recae sobre el comandante paramilitar Carlos Castaño. No llegó a pisar la cárcel debido a su fallecimiento en 2004. El exsubdirector del Departamento Administrativo de Seguridad, José Miguel Narváez, fue señalado como culpable durante la investigación. “Es un asesor de las Fuerzas Armadas que continúa en su trabajo”, subraya Alfredo.

Retorna el miedo con la extrema derecha

Alfredo logra embarcar al lector en un viaje emocional en el que visita aquellos aspectos clave para entender la realidad colombiana y la violencia que la rodea. La vigencia de lo ocurrido con Jaime es tal que hasta revuelve las tripas. “Con el triunfo de la extrema derecha, aparece Jaime como alternativa”, sostiene su hermano. No es baladí esta postura. Según agrega, días antes de la toma de posesión del nuevo presidente, Abelardo de la Espriella, la Biblioteca Nacional de Colombia les entregó todos los ejemplares de Yo quiero no morir por miedo a que nuevas órdenes dictaran su destrucción. También la radio y televisión públicas le entregaron el archivo que guardaban sobre Jaime por temor a que el nuevo Gobierno lo intentara ocultar de alguna manera.

El hermano de Jaime Garzón afirma con pesar que el Estado colombiano ha sido totalmente permeado por el fenómeno del narcotráfico y sus sectores más reaccionarios. “Y muchos de ellos ahora vuelven al Gobierno”, se queja. Sin embargo, ahí queda la memoria de tantas miles de personas que todos los domingos a las siete de la tarde sintonizaban la televisión para ver su programa de sátira política en el que hacía una suerte de deconstrucción de las noticias a través de 22 personajes inventados.

Tenía 38 años. Primero le amenazaron. En una entrevista realizada poco antes de su asesinato pronunció las cuatro palabras que dan título al cómic: “Yo quiero no morir”. Se sabía en peligro, pues formaba parte de una comisión gubernamental para facilitar el diálogo con una de las guerrillas, el Ejército de Liberación Nacional. También había hecho labores de intermediación humanitaria en casos de secuestrados por las FARC. “Fue una muerte anunciada”, recalca Alfredo.

Jaime incluso llegó a entrevistarse en la cárcel con Carlos Castaño, jefe de las autodefensas de Colombia, ejércitos privados de narcotraficantes, según las define Alfredo, y posteriormente condenado. “Le dijo que la orden estaba dada. Fue asesinado mientras se desplazaba al estudio de radio en el que tenía un programa el 13 de agosto a las 5:45 horas por unos sicarios que habían llegado desde Medellín y que pertenecían a un grupo de delincuencia común llamado La Terraza. Actuaron con la ayuda de algunos militares”, relata el hermano.

Construcción de la conciencia política

Verónica Ochoa, guionista de la novela gráfica, descuelga el teléfono mientras todavía procesa el sismo que acaba de golpear Colombia y que ha dejado más de 280 fallecidos. Aun así, está dispuesta a hablar de Jaime: “Su muerte vuelve cíclicamente y nos hace muchas preguntas”. Ahora ella tiene 49 años, por lo que cuando Jaime aparecía en la televisión todavía era una niña. “Es algo que nos cuesta imaginar desde el presente, pero en aquella época Jaime se daba unas licencias increíbles a la hora de realizar crítica política. Muchos construimos nuestra conciencia política, de agudeza a la hora de abordar esta completa realidad, junto a él”, enfatiza.

A través de la encarnación de personajes procedentes de las clases populares, trabajadores, Jaime fue capaz de poner en tensión a los poderosos. “Cuando lo mataron sentimos que todos los límites se habían traspasado, que este país había caído en un abismo muy difícil de comprender”, rememora Ochoa. Como tantas otras, ella engrosa la lista de esas personas que todavía ven en el humorista un ejemplo a seguir: “Somos legión, varias generaciones inspiradas por Jaime, por su capacidad de transformar conciencias, pero también por ser capaz de desescalar el conflicto y la polarización”.

Desde el punto de vista de esta dramaturga, Colombia enfrentó unas atrocidades, silenciamiento y neutralización de las luchas sociales que ahora se están dando en otros contextos y latitudes. “Las luchas del pueblo colombiano tienen mucho que decirles a otros pueblos en estos momentos. Me gusta pensar que el arte, libros como este, tiene esa función de restaurar el tejido”, se explaya.

Muchos jóvenes que no habían nacido en 1999 rescatan ahora la memoria de Jaime de múltiples maneras. “Jaime tiene un aura que ha generado afectos intergeneracionales. En un pueblo tan dividido como el colombiano, él es un punto de confluencia”, sostiene la propia Ochoa. Por otro lado, la guionista de Yo quiero no morir apunta que los cómicos son de vital importancia para una sociedad sana. “Ahí tenemos a Trump, que ha arremetido precisamente contra ellos”, recalca.

Un dibujo real

La novela gráfica publicada hace dos años en Colombia y que ahora llega a España de la mano de Astiberri ocupa más de 550 páginas en las que florece un dibujo realista: “Estábamos construyendo sobre la verdad. Me interesaba que las cosas se parecieran a las cosas, que no hubiera de parte del lector ningún esfuerzo de interpretación, que pudiera llegar de manera sencilla y directa al mensaje”, dice Alfredo.

Licenciado en Bellas Artes en 1982 y autor de un dibujo semanal caricaturesco que publica en El Espectador, Alfredo incide en la importancia de los colores, algo que se aprecia en aquellos pasajes que suceden de día o de noche. “Nos llevó mucho tiempo llegar hasta estas paletas. Elegimos una algo más pastel porque queríamos conseguir una experiencia sin tropiezos, que el libro se pudiera disfrutar de forma fluida”, agrega.

Ochoa destaca que el cómic se creó de una manera experimental, casi liminal. “No quise ceñirme a un guion inicial, sino ir reaccionando a las coyunturas que Colombia nos pone en frente una y otra vez”. De esta forma, logró responder a las tres premisas con las que partió su labor de guion: “Abordar el duelo complejo, aquel que deriva de una violencia desencadenada por un Estado que en teoría está llamado a proteger a sus ciudadanos; revisar las potencias del país, de donde emergen genios como Jaime y otros tantos liderazgos; y por qué Colombia insiste en cercenar y aniquilar esas potencias, por qué insiste en asesinar lo mejor que emerge de su tierra”.

Esas premisas dejaron el espacio suficiente para que brotara la vulnerabilidad de Alfredo, autor del dibujo. El resultado es un ejemplo de recuerdo, homenaje y memoria hacia uno de los grandes defensores de los derechos humanos en Colombia.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum confirmó este jueves lo que ya era una sospecha: el contingente militar de rescate enviado por México no pudo desplegarse en Colombia. El portazo administrativo frena la ayuda en una semana donde el terremoto que sacudió al suroccidente del país ya suma 288 muertos, 202 desaparecidos y más de 45.000 familias afectadas. Deja además 4.018 personas heridas, así como 354 rescatadas de entre los escombros.

El nuevo Gobierno del ultraderechista Abelardo de la Espriella bloqueó el ingreso de la brigada alegando la falta de un aval internacional: una certificación técnica que los rescatistas en realidad sí poseían y que se constató horas después. Se trata de una criba burocrática impuesta a un país gobernado por la izquierda, en un repentino giro diplomático que contrasta con la inmediata apertura de Bogotá hacia las delegaciones de Estados Unidos, Israel o El Salvador.

El consultor en gestión del riesgo y exsubdirector de la Unidad Estatal de Emergencias, Juan Carlos Orrego, resume a elDiario.es la primera regla del oficio con un lema que hoy suena lejano: los desastres no se deben gestionar políticamente. El Gobierno de Abelardo de la Espriella hizo exactamente lo contrario en su primera semana al mando. El miércoles, el canciller Omar Bula aseguró en rueda de prensa que la selección de rescatistas internacionales obedecía a criterios rigurosos y sin ideología. Su mapa de ayuda, sin embargo, calcó de forma nítida el bloque de aliados del nuevo Ejecutivo. La decisión desafía la lógica humanitaria universal: en una catástrofe, el socorro lo dictan las necesidades del terreno y no las simpatías de la diplomacia.

Frente a las cámaras, Bula sostuvo el libreto oficial: el manejo de la emergencia carecía de cualquier consideración política. Los técnicos mostraron que la realidad era otra. El criterio, además, cambió en menos de veinticuatro horas. El martes, Javier Pava, cercano al expresidente Gustavo Petro, aún dirigía la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en interinidad bajo una lógica logística. Tenía activados 20 de los 23 grupos de rescate del país en las ciudades de Pereira, Cali y el departamento del Chocó, tres de los puntos más afectados. Su balance de esa tarde era el de un técnico que sabía sus horas contadas en el cargo: la capacidad nacional daba abasto para la búsqueda y no hacían falta grandes contingentes extranjeros sobre los escombros. Pero la foto de la tragedia cambió con el paso de las horas.

Hasta la tarde del lunes el único vacío real era de coordinación, un asunto de un software faltante para unificar las frecuencias de radio y planificar los cuadrantes de búsqueda donde encajaba con precisión un ofrecimiento de Estados Unidos que fue aceptado de inmediato. Pero a los dos días la logística cedió su lugar a la geopolítica. Con el desembarco de David Tamayo en la dirección de la Unidad por orden del nuevo Ejecutivo de extrema derecha, el abanico internacional se redujo de golpe a una lista exclusiva: Estados Unidos, Israel, El Salvador y Ecuador. Los cuatro mandatarios detrás de esos envíos (Donald Trump, Benjamín Netanyahu, Nayib Bukele y Daniel Noboa) coinciden con el bloque de aliados ideológicos que habían arropado a De la Espriella el 7 de agosto en su toma de posesión en Cali, la tercera ciudad del país y hoy uno de los epicentros de la catástrofe.

El expresidente de izquierdas Gustavo Petro, líder del Pacto Histórico, lo dijo en X sin rodeos: poner un filtro ideológico a la ayuda internacional es un error. Y celebró la llegada por su propia cuenta de otros grupos de rescatistas mexicanos que han ido desembarcando en Colombia.

Para justificar la criba, Tamayo se apoyó en el sello de INSARAG, el sistema de Naciones Unidas que clasifica a los equipos de rescate de élite. La coartada técnica, sin embargo, exhibió pronto sus costuras. Bajo ese mismo estándar internacional, Bogotá aceptó al contingente de El Salvador, con una única unidad internacional, pero bloqueó a México, cuya brigada acumula misiones en 98 países y un largo historial en seísmos. Y a los rescatistas mexicanos se les exigió un requisito adicional: una certificación imprevista que la propia presidenta Claudia Sheinbaum desconocía.

La internacionalista Sandra Borda expuso la contradicción oficial al difundir en X el directorio regional de INSARAG. En el registro de Naciones Unidas figuran los equipos acreditados de la región, incluido México, desmantelando el argumento de la falta de avales técnicos. Presionado por la evidencia, Tamayo cambió la narrativa y esgrimió un motivo estrictamente operativo: los contingentes extranjeros ya no llegaban a reforzar la búsqueda, sino a relevar a los rescatistas colombianos tras jornadas consecutivas de trabajo.

Orrego pone sobre la mesa un matiz: el criterio de exigir la clasificación internacional a los equipos de rescate le parece correcto. Es un estándar técnico, público y verificable, remata. El error del nuevo Gobierno, sostiene, no radicó en el rigor del sello, sino en su ceguera frente al terreno. Mientras la diplomacia se enredaba en disputas de aduana con los contingentes extranjeros, Colombia dejaba sin activar a buena parte de sus propios bomberos locales, desviando el debate hacia donde no hacía falta.

El experto distingue dos realidades operativas en esta catástrofe. El rescate en el precario y olvidado departamento del Chocó, con estructuras ligeras de madera, requiere brazos y logística básica. El escenario en Pereira, la capital departamental y mejor acomodada, en cambio, con edificios colapsados y sobrevivientes atrapados en espacios confinados, exige herramientas hidráulicas de alta tecnología para cortar piezas de concreto y varilla, además de personal altamente especializado. En su opinión, desplegar cientos de soldados extranjeros para realizar tareas que pueden ejecutar los propios ciudadanos carece de sentido logístico. Convocar unidades de élite, remata el experto, sí es necesario.

Everardo Murillo, director ejecutivo durante la reconstrucción del terremoto de Armenia, en el Eje Cafetero (1999), evoca la experiencia humanitaria con una imagen exacta: ante un incendio, un bombero arroja el agua donde el fuego está más vivo, no donde la gente votó por él o por su jefe. “Ni usted ni yo sabemos a quién está sacando un rescatista de esos escombros al costo de su propia vida”, advierte en conversación con elDiario, al recordar que bajo las placas colapsadas puede estar un familiar, un vecino o un desconocido que solo pasaba por allí. Ese impulso solidario, concluye, es el único patrimonio real de una sociedad en crisis: salvar una vida sin detenerse antes a preguntar por el color de su militancia.

El último dictamen no apunta a los despachos de Bogotá ni de Ciudad de México, sino a las poblaciones que quedaron fuera de la foto oficial. Lo advierte el exdirector nacional de Gestión del Riesgo y Premio Sasakawa de las Naciones Unidas, Omar Darío Cardona: mientras el país se desgasta discutiendo la bandera de las brigadas de rescate, hay municipios periféricos que siguen incomunicados y sin vías de acceso tras el terremoto. Él centra su crítica en una carencia estructural mucho más profunda: la falta de idoneidad institucional y la alarmante incapacidad para aprender de las lecciones de catástrofes pasadas. Recuerda, así mismo, que atender una emergencia siempre es un desafío extremo y ningún Estado está blindado. Por ello la diferencia radica en no transformar la urgencia del terreno en una tarima política.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha anunciado este miércoles que el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha autorizado “operaciones militares conjuntas” con EEUU en Colombia para combatir el narcoterrorismo y apunta que el país sudamericano se sumará a la Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C).

“Me enorgullece anunciar que Colombia se unirá a la A3C, convirtiéndose en el miembro número diecinueve, y a través del recién investido presidente, como le gusta decir a nuestro presidente, el presidente El Tigre, Colombia ya solicitó que el Departamento de Guerra se sume a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terroristas”, afirmó Hegseth durante una reunión de la colación en Ciudad de Panamá.

Después del triunfo en Colombia del líder ultraderechista Abelardo de la Espriella, Washington ha expresado al país latino apoyo político, cooperación en seguridad y ayuda tras el terremoto del lunes, al volver a consolidar una alianza cercana y afín entre ambos gobiernos.

El Departamento de Estado de EEUU dijo con anterioridad que prevé destinar mil millones de dólares a Colombia como parte de un paquete de asistencia en seguridad, algo de lo que se congratuló el pasado 8 de agosto el nuevo vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo. El paquete contempla robustecer las fuerzas de seguridad colombianas en la lucha contra organizaciones terroristas y criminales transnacionales, mediante tecnología estadounidense, una mayor operatividad y operaciones coordinadas con las fuerzas estadounidenses.

“Medidas enérgicas y concretas como estas ejemplifican el tipo de participación activa y operativa que buscamos en nuestros socios para convertir a la A3C en una coalición potente y letal. Sí, tenemos reuniones, coordinaremos, pero en última instancia, se trata de las operaciones que podemos llevar a cabo conjuntamente para proteger la soberanía individual y la totalidad del hemisferio”, resaltó el titular de la cartera estadounidense de Guerra durante su discurso.

Un “Escudo de las Américas” contra los carteles

Previo a ello, Hegseth felicitó a Ecuador por ser el “primer miembro” de esa coalición contra los carteles en “asociarse con Estados Unidos en una operación” contra “narcoterroristas”, de igual manera celebró que Honduras y Guatemala aceptaran “participar en operaciones combinadas” contra narcos en sus países.

Ecuador, Honduras y Guatemala son parte de los países que en marzo pasado se suscribieron al llamado “Escudo de las Américas”, impulsado por EEUU, junto con Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guyana, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago Bahamas, Belice, Chile, Jamaica y Perú.

La Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C) es la principal herramienta del Escudo de las Américas para coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado, y busca reforzar la seguridad fronteriza, desarticular finanzas criminales y actuar conjuntamente ante amenazas regionales compartidas.

“Con todos ustedes, Estados Unidos forjará un Hemisferio Occidental seguro, estable y próspero. No buscamos ni dominación ni dependencia. Solo buscamos (...) una colaboración genuina con sus gobiernos para lograr seguridad, estabilidad y prosperidad”, subrayó el secretario de Guerra estadounidense. Unas palabras, las de Hegseth, que pueden sonar relativamente 'bien' pero que sugieren un margen de maniobra muy amplio para Estados Unidos, un país con una larga historia –pasada y presente– de dominación y subyugación, especialmente de países del sur.

Sin embargo, la oposición colombiana ha criticado con dureza dicho anuncio, que consideran una “renuncia a la soberanía”. La izquierda apunta además que “la invitación formulada por De la Espriella” es inconstitucional al entender que “corresponde al Senado permitir el tránsito de tropas extranjeras en territorio” colombiano.

Abelardo de la Espriella ha tenido un estreno frenético y accidentado en la presidencia de Colombia. Dos días después de tomar posesión, un sismo de magnitud 7,4 en el Chocó, en el suroeste del país, ha causado más de 200 muertes hasta el momento y ha obligado a declarar la emergencia nacional. El desastre también ha empezado a revelar la fragilidad logística del gabinete entrante, que en julio rompió el diálogo de transición con el Gobierno saliente del progresista Gustavo Petro.

Sin un equipo propio en funciones en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (UNGRD), el nuevo mandatario afronta la mayor crisis de la década en medio de tensiones y desconfianza con el director de emergencias que ha heredado del Gobierno de Petro.

Lo cierto es que la respuesta inmediata de la UNGRD ha sido eficaz. A las pocas horas del terremoto del lunes, los equipos de rescate ya trabajaban en las labores de desescombro y los servicios de urgencias seguían los protocolos establecidos. Lo que está bajo la lupa de los expertos son los pasos siguientes: quién dirigirá la operación y qué nivel de coordinación habrá entre las dependencias del Estado.

Omar Darío Cardona, veterano ingeniero civil que dirigió la Unidad de Emergencias, recuerda la lección que le dejó el gran seísmo de 1994, que sepultó bajo el lodo el suroeste del país. Mientras buscaba noticias de las localidades cercanas al epicentro, se topó con un muro de silencio absoluto. “Me decían que nadie reportaba daños”, rememora para elDiario.es. “Y era precisamente porque no tenían cómo comunicarse: se había venido abajo la iglesia, se había derrumbado la alcaldía y el pueblo entero había quedado sepultado”. Aquel silencio no era sinónimo de calma, era la peor de las señales.

La UNGRD, encargada, por ejemplo, de decidir a qué municipio llegan primero las ayudas, afrontó el terremoto del lunes sin un jefe titular. Mientras el presidente De la Espriella se puso al frente del puesto de mando unificado, ofreció balances sobre las víctimas y viajó a las zonas afectadas, el organismo técnico continúa bajo el control interino de un funcionario del Gobierno anterior. Su relevo, anunciado por el nuevo Ejecutivo en julio, no ha tomado posesión.

La gestión de catástrofes, poco presente

Por eso algunos analistas alertan de que la gestión de catástrofes y la agenda climática ha ocupado un lugar marginal en la bitácora del nuevo Gobierno desde la campaña electoral. De hecho, en el discurso de investidura, pronunciado el 7 de agosto en Cali, apenas se mencionaron. La explicación es política e ideológica: como parte de su programa para recortar ministerios y organismos públicos, en un plan de austeridad y reducción del Estado, el mandatario había incluido la supresión de la UNGRD y su fusión con otra entidad. Tres días después, la realidad ha dinamitado la idea.

Además, los ministros recién nombrados carecen de experiencia en la gestión de desastres. Juan Carlos Orrego, ex subdirector de la UNGRD, lo confirma: “Tienen muy poco entrenamiento en el manejo de este tipo de situaciones”, dice. “Y la posibilidad de perderse en estas coyunturas es considerable”.

En una catástrofe, la emergencia exige un orden milimétrico. Las primeras horas pertenecen exclusivamente al rescate y los asuntos de sanidad; después llega el turno de restablecer las comunicaciones, el agua y los albergues; finalmente, se evalúa si los edificios que resisten el sismo aguantarán las réplicas. Cada fase tiene su propio compás.

La verdadera prueba para el nuevo Ejecutivo, coinciden Orrego y Cardona, no será estas semanas, sino en los próximos meses. Levantar un país destruido es una hoja en blanco donde Colombia ya suma un historial de errores burocráticos: tras el gran terremoto que asoló la región cafetera en 1999, el censo de daños tuvo que repetirse seis veces en dos años porque las cinco primeras estimaciones fueron inexactas. Se aprendió a base de errores.

La paradoja es que esa misma experiencia, forjada a golpe de tragedias, ha convertido al sistema colombiano en un referente respetado en el exterior. En un informe reciente, la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres destaca a Colombia como modelo regional de gobernanza del riesgo, con su Unidad Nacional en el centro de una red de 178 ciudades que trabajan en resiliencia. Es una política de Estado, anota el informe, levantada a lo largo de décadas, que ha sobrevivido a Gobiernos de todos los signos. Cardona, que dirigió esa oficina, la cuenta entre sus fortalezas.

Sin embargo, la institución también arrastra una profunda herida estructural al haber sido utilizada de manera crónica como botín político por distintos gobiernos. De hecho, en el sector se asume que ninguna Administración se ha librado de un escándalo de corrupción ligado a esta oficina y, bajo el mandato de Gustavo Petro, tocó techo con un caso que hoy sigue en los tribunales.

Esa es la doble amenaza que preocupa a los expertos: la entidad vive atrapada entre el clientelismo rapaz y la politización.

Llamamiento a la unidad

Lo cierto es que hasta el mediodía de este martes en Colombia, el balance oficial era de al menos 240 muertos. Se trata de una cifra que no ha dejado de aumentar con las horas, y graves daños estructurales en cinco departamentos: Valle del Cauca, Chocó, Quindío, Risaralda y Caldas. Tres de ellas, las que conforman la región del Eje Cafetero, en el centro del país, ya habían padecido tragedias parecidas.

El gran terremoto de Armenia en 1999 mató a 1.185 personas y obligó al país a construir bajo estrictas normas sismorresistentes. Mucho antes, en 1983, la ciudad de Popayán se había venido abajo un Jueves Santo dejando más de 250 víctimas mortales. Ya en este siglo, las catastróficas inundaciones de 2010 anegaron la mitad del territorio.

En Cali, la tercera ciudad del país y una de las más golpeadas por el terremoto, el presidente De la Espriella ha escenificado una tregua política este martes. Mientras los equipos de rescate retiraban toneladas de tierra y hormigón, el mandatario ha apelado a la unidad nacional: “Aquí no hay divisiones ideológicas cuando se trata de defender a nuestra gente; solo hay una bandera, la de Colombia”.

El desastre ha evaporado así el sectarismo de las semanas previas, cuando el propio presidente congeló el traspaso de carteras descalificando al anterior Gobierno progresista. Hoy, la gestión operativa de la peor tragedia de la década depende de que la realidad aterrice en los despachos oficiales: frente a los escombros y la zozobra ciudadana, ya no hay margen para pulsos políticos y la maquinaria del Estado debe funcionar a una sola marcha.

Las tres páginas del programa de Gobierno del presidente electo de Colombia, el ultraderechista Abelardo de la Espriella, omiten la palabra “desigualdad”. Aunque sus propuestas mencionan la pobreza rural, el hambre, la exclusión financiera o la informalidad laboral, no profundizan en por qué una nación con medio siglo de crecimiento casi sostenido sigue arrastrando una de las mayores brechas sociales del planeta (la cuarta, según el Banco Mundial). Su hoja de ruta para los próximos cuatro años es, sin buscarlo, un manifiesto revelador: resume con fidelidad la manera en que las élites colombianas han entendido tradicionalmente el progreso del país.

¿Cómo explicar entonces la peculiaridad de un Estado que ha resistido las tentaciones autoritarias, pero no logra desprenderse de las desigualdades o de una violencia que se renueva generación tras generación? El libro ¿Quién manda en Colombia? (Mediapluma Editorial, 2026), de los académicos Jenny Pearce (Inglaterra, 1956) y Juan David Velasco Montoya (Colombia, 1990), ofrece un debate poco complaciente. Sus autores rechazan la idea de que se trate de una paradoja histórica. En su lugar, hablan de una “singularidad”. Para sostenerlo, dedicaron cinco años a desentrañar quiénes son las élites colombianas, cómo han ejercido el poder y qué idea de nación han impuesto.

Una de las raíces de su investigación consistió en resolver por qué en Colombia la pobreza está mejor cartografiada que el poder. Mientras existen mapas detallados de la miseria y diagnósticos minuciosos de la exclusión, el perfil de quienes han moldeado el país ha pasado desapercibido. ¿Qué papel juegan, por ejemplo, los seis individuos más ricos del país y por qué su patrimonio equivale al 12% del PIB nacional?

Para romper ese y otros vacíos, Pearce y Velasco Montoya, los dos vinculados a la London School of Economics, identificaron a 932 personas en sectores políticos, empresariales, gremiales o judiciales, junto a 119 familias con el poder de alterar el rumbo de una nación de 50 millones de habitantes. Muchos de ellos rechazaron hablar. No sorprende: mencionar la palabra “oligarquía” o las cifras de concentración de la riqueza aún incomoda (el coeficiente de Gini oficial, que mide la desigualdad, llega a 0,89 sobre 1 en la tierra y a 0,657 sobre 1 en el ingreso de los hogares).

elDiario.es conversa con los autores por separado: con Pearce, que ha investigado la violencia en América Latina, mediante una videollamada que atiende desde la costa inglesa. El encuentro con Velasco, politólogo e investigador de la Universidad Javeriana, se da una mañana de un día festivo en un café de Chapinero Alto, en Bogotá. Ambos coinciden en el diagnóstico esencial: las élites colombianas no ignoran su papel en la construcción del país con sus virtudes y sus fracturas.

Proteger los privilegios

Los autores señalan que, en general, cada vez hay más consciencia en torno a la realidad que, en buena medida, han forjado. Por eso, Pearce precisa que el nudo gordiano no es la ausencia de propuestas de reforma, que las ha habido desde las élites, sino la pregunta de por qué aquellas que eran viables y deseables terminaron fracasando. La respuesta, advierte la autora, no apunta a una disfunción accidental del Estado colombiano, sino a un sistema que funciona a la perfección para quienes lo han controlado. Cada vez que una iniciativa política ha amenazado con corregir problemas de fondo, la reacción de los sectores dominantes ha sido la misma: cerrar filas para proteger sus privilegios.

Lo anterior no es un diagnóstico aislado. Desde los años veinte del siglo pasado, Colombia ha intentado democratizar la tenencia de la tierra —motor histórico del conflicto armado—, descentralizar un Estado hiperconcentrado en Bogotá o desactivar circuitos institucionales que limitan la participación ciudadana (como impulsar la educación pública de calidad). Esos intentos, sin embargo, se toparon siempre con un techo. Por eso la llegada al poder de Gustavo Petro, como primer presidente de izquierda, fue singular, aunque tampoco escapó a las lógicas de resistencia estructural.

Hay unos consensos mínimos casi inalterables sobre cómo manejar el Estado y la economía

Juan David Velasco Montoya — Autor del libro '¿Quién manda en Colombia?'

Tras cuatro años marcados por el desgaste de sus reformas, en general fallidas, y por transgresiones simbólicas —como gobernar a golpe de tuit o romper etiquetas tradicionales—, el electorado volvió a virar: el pasado 21 de junio, en la segunda vuelta más ajustada de la historia reciente del país, el derechista radical De la Espriella se impuso por menos de un punto porcentual.

El ADN conservador reaccionó contra un posible segundo Gobierno de izquierdas en línea. “Hay unos consensos mínimos casi inalterables sobre cómo manejar el Estado y la economía”, resume Velasco. ¿En qué consisten? Los académicos detectan —a lo largo de casi 800 páginas— tres palancas históricamente intocables para las distintas “constelaciones de élites”: la propiedad de la tierra, la tributación progresiva y el monopolio de la fuerza. “La historia de Colombia es la posposición indefinida de cambios sociales necesarios”, se lee en el libro.

Contener la miseria extrema

La investigación revela, en todo caso, que las élites colombianas no conforman un solo bloque monolítico. Ha habido voces progresistas. Petro, que además estuvo tres legislaturas en el Congreso, es una de ellas. Y, por momentos, han logrado abrir válvulas de escape para descomprimir el sistema. Un hito de esta apertura fue la Constitución de 1991, que integró al sistema político a la guerrilla del M-19, donde militó el presidente saliente, y creó una Corte Constitucional garante de los derechos de las minorías. Dos décadas más tarde, el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018) desafió la ola militarista de inicios del milenio con un proceso de paz con las FARC, el grupo insurgente más poderoso, que estableció un sistema de verdad, justicia y reparación para las víctimas de la violencia.

Sin embargo, esos esfuerzos, advierten los autores, han sido limitados. Las élites se han concentrado en defender con firmeza la seguridad jurídica de la propiedad y de los contratos, han preservado una macroeconomía sólida a ojos de los organismos multilaterales y han mantenido una subordinación sin fisuras a las políticas de Washington. Al mismo tiempo, han mostrado escaso interés en construir el bienestar que, en Europa occidental o en parte del Cono Sur, ha facilitado acelerar la movilidad social. El resultado: crecimiento sostenido del PIB en términos históricos que nunca ha desembocado en el viejo anhelo liberal de un Estado social de derecho de verdad equilibrado.

Ese espejo un tanto roto obedece a una hoja de ruta ideológica deliberada que los autores trazan con claridad. El modelo vigente, consolidado durante las dos presidencias de Álvaro Uribe (2002-2010), unió ortodoxia neoliberal y programas asistenciales focalizados hacia poblaciones vulnerables. Pero, una vez más, no buscaba ampliar derechos universales, sino contener la miseria extrema. Al igual que en otras democracias, los autores analizan cómo una serie de decisiones políticas y económicas se afianzó a través del lenguaje neutro de la tecnocracia, presentándose como la única fórmula de gestión política posible y no como una opción más entre varias.

Blindaje securitario y alivio financiero

En Colombia opera una paradoja: las élites políticas y gremiales que han controlado el poder han carecido de una visión compartida de país, según la investigación. Ante la ausencia de un proyecto nacional predomina lo que Velasco llama “unidad en la dispersión”: acuerdos básicos para garantizar la estabilidad económica y la viabilidad del Estado. Detrás de ese consenso formal, subyace una tensión permanente entre diferentes facciones que se alternan en el poder según el momento político.

Esta disputa soterrada, según el libro, se dirime en tres tableros. Primero, una confrontación programática sobre las visiones de progreso económico y social. Segundo, un debate de fondo sobre la representatividad nacional entre la ciudadanía liberal, la movilización popular o la concepción conservadora de la patria. Tercero, y más cruento, el de la paz y la seguridad. En este terreno, la falta de acuerdo para cerrar el conflicto armado ha perpetuado una suerte de doble moral: frente al narcotráfico coexisten la retórica oficial de la guerra frontal con la tolerancia pragmática o la complicidad a distintos niveles de la sociedad.

También existe un factor tangible detrás de esa indiferencia que rara vez se señala: la guerra interna colombiana apenas alcanzó a las élites. “El conflicto armado afecta de forma desproporcionada a las poblaciones más pobres, a mujeres, minorías étnicas y campesinos que habitan zonas rurales y periferias urbanas”, explica Velasco. Salvo contadas excepciones, la violencia esquivó el cuerpo de quienes concentran el poder económico y político.

Hay unos consensos mínimos casi inalterables sobre cómo manejar el Estado y la economía

Juan David Velasco Montoya — Autor del libro '¿Quién manda en Colombia?'

Y si bien es cierto que hubo momentos de ruptura —como la ofensiva del cartel de Medellín entre los ochenta y los noventa, o la oleada de secuestros contra terratenientes y ganaderos—, las estadísticas desmitifican el alcance general de esos episodios. Los datos del tribunal de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) son tajantes: el grueso de las víctimas de secuestro perteneció a comerciantes, trabajadores y propietarios de pequeñas empresas. En definitiva, el golpe recayó sobre la clase media urbana y rural y no sobre las rentas más altas.

Al blindaje securitario de los estratos altos se suma el alivio financiero y humano. El esfuerzo bélico en Colombia no desangró los bolsillos ni los hogares de renta más alta. Por un lado, una parte sustancial del financiamiento militar provino de la cooperación internacional, en particular de Estados Unidos. Por otro, tal como recuerda Velasco, las familias dominantes consiguieron esquivar históricamente que sus hijos cumplieran, por ejemplo, el servicio militar obligatorio.

Con todo, pase lo que pase con el nuevo proyecto político bautizado como “Patria Milagro” de De la Espriella, Velasco insiste en que algo ya ha cambiado de manera irreversible. El presidente Petro puso a Colombia a debatir preguntas de fondo que el país jamás se había hecho en voz alta: si el crecimiento económico basta por sí solo para garantizar bienestar, si subir el salario mínimo es siempre nocivo o puede reactivar el consumo, si tiene sentido seguir dependiendo de la renta petrolera cuando el resto del mundo intenta desengancharse para migrar a otras fuentes de energía limpia.

Durante décadas, esos interrogantes ni se formulaban: la ortodoxia, consensuada por casi todo el arco político, los daba por resueltos de antemano. “No hay verdades reveladas en ninguna de estas discusiones”, concluye Velasco, “y eso es precisamente lo valioso: son debates que antes apenas existían porque había una unanimidad intelectual casi total”. En esta historia siguen presentes un centenar de familias acaudaladas o las élites gremiales que el libro retrata a fondo. Hoy, sin embargo, por primera vez en generaciones, medio país cuestiona aquellos mantras.

Rompiendo el molde de 134 años de centralismo bogotano, el penalista Abelardo de la Espriella, de 49 años, juró este viernes como presidente de Colombia en Cali, la tercera ciudad del país. Tras recibir la banda presidencial en un sobrio auditorio universitario, el escenario mutó al rigor marcial: el nuevo mandatario ultra se trasladó al Batallón Pichincha para pronunciar su primer discurso frente a una austera formación de gala. Los soldados, firmes a pesar de los 29 grados de la tarde caleña, asistieron en primera fila a una alocución de una hora y diecisiete minutos que marcó el inicio de su era con promesas tajantes y varios dardos a la herencia recibida del izquierdista Gustavo Petro: “He venido a cerrar un capítulo de resignación nacional y a emprender junto al pueblo la transformación más profunda de nuestro destino”.

Su llegada al poder es el triunfo de un forastero absoluto de la administración pública. Antes de enfundarse la banda presidencial, la vida de este caribeño criado en la norteña ciudad de Montería transcurrió entre el lujo de Miami, los litigios de criminales de alto perfil y una agresividad judicial que le valió el apodo de “El Tigre”. De la Espriella no necesitó carrera política: le bastó una plataforma radical que dejó tibio al tradicional Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe para sintonizar con la desafección de media Colombia. Así, en la segunda vuelta del pasado 21 de junio, logró una victoria sobre el oficialista Iván Cepeda con un residual 0,96% que, sin embargo, bastó para cambiar el péndulo del país.

Lo cierto es que la liturgia de la jura de De la Espriella estuvo llena de misticismo religioso. Rodeado de rabinos, pastores y obispos que se turnaron para bendecir su mandato, el nuevo presidente se cobijó bajo la mirada de unos 2.500 asistentes y una estatuilla de la Virgen María que presidió el escenario del auditorio universitario durante la primera parte de su investidura. Tras invocar a Dios y a Jesucristo en buena parte de su discurso, el mandatario cerró su intervención sobre las 18.55 (la 1.55 de la madrugada en Madrid) con un grito fervoroso: “¡Que viva Cristo Rey!”.

Esa frase no es una simple consigna en Colombia: es un eco que remite a la militancia católica radical y a los fantasmas de otros tiempos, cuando la batalla por la laicidad centró la violencia bipartidista de la primera mitad del siglo pasado. El discurso trazó una línea recta hacia las raíces del conservadurismo. Citó una y otra vez a Marco Fidel Suárez, presidente tradicionalista de 1918, rescatando su viejo mandato de proteger los fondos públicos bajo “siete llaves”. Y otro pilar de su relato fue el expresidente costeño Rafael Núñez, arquitecto de la Regeneración del siglo XIX. Con ello dejó claro el alcance de su ambición: prometió una réplica de aquella suerte de refundación moral, institucional, administrativa y económica diseñada para barrer de golpe con la huella de Petro.

Megacárceles en la Patria Milagro

Con una sola frase, De la Espriella dinamitó el legado de su antecesor en materia de seguridad. “La opción del diálogo está completamente agotada”, sentenció, sepultando el modelo de la “paz total” que Gustavo Petro armó como eje de su Gobierno para desmontar el reguero de grupos criminales que delinquen en la Colombia de hoy. De hecho, la ofensiva del ultraconservador apuntó más alto al prometer una revisión con “absoluto rigor” del tribunal especial que juzga desde hace poco más de una década los crímenes de la guerra en Colombia.

La maniobra sintoniza con una derecha colombiana que siempre ha descreído del pacto firmado con la guerrilla marxista en 2016. Un escepticismo que De la Espriella selló con un lacónico: “No habrá impunidad”. Con ese mismo tono tajante, el nuevo mandatario no esperó a pisar su despacho para ejercer el mando e impartió sus primeras directrices militares desde la tribuna. Revestido como comandante supremo ante las tropas del Batallón Pichincha, ordenó a las Fuerzas Militares y de Policía combatir sin tregua a todas las estructuras criminales en una hoja de ruta que combinó la promesa inminente de una lista negra de “grupos narcoterroristas” con la edificación de megacárceles y un blindaje judicial diseñado para que los uniformados no sean perseguidos por actos de servicio.

De las órdenes de cuartel, el discurso saltó sin transiciones a los dogmas ultraortodoxos de la economía de libre mercado. De la Espriella se erigió como el guardián de la empresa privada: prometió firmar en cuestión de horas el decreto de congelamiento del desbordado gasto público, así como blindar la independencia del Banco de la República frente a las “tentaciones populistas”, en alusión al enfoque del Gobierno saliente. Para formarse una idea, adelantó que su cruzada fiscal incluye aliviar el impuesto al patrimonio, que grava las mayores fortunas del país, y reconfigurar el sistema tributario.

Pero el clímax de su oferta económica llegó al abordar el declive de la petrolera de mayoría estatal Ecopetrol, el mayor activo de la Nación que, según denunció, vio cómo sus ganancias se hundían de 32 a 9 billones de pesos entre 2022 y 2025 (de 8.000 millones de euros a 2.250 millones). ¿Su receta para resucitarla? Revertir de golpe la agenda verde y de descarbonización de su predecesor e inaugurar la era del fracking bajo un sello de “responsabilidad ambiental” que tendrá que justificar ante los tribunales que lo han prohibido.

Revanchismo ideológico

De la Espriella prometió que no impulsará cambios a la Constitución. Y que la lucha anticorrupción dejará de ser “una declaración de buenas intenciones” para convertirse en “un método permanente de gobierno”, con tecnologías de trazabilidad digital para vigilar el dinero estatal “desde su origen hasta su destino”. Su tono fue en ascenso. Y vino una advertencia contra el Ejecutivo saliente. Tras asegurar que su equipo documenta lo que llamó “el vasto entramado de corrupción” que deja el Gobierno de Petro, avisó de que llevará las pruebas ante tribunales nacionales e internacionales: “No habrá impunidad; no habrá escondite; a los corruptos no los despachamos con una simple condena moral”.

El anuncio chirrió con las garantías que él mismo había ofrecido minutos antes. El mandatario acababa de jurar que “nadie será perseguido por pensar distinto” y prometió no “atacar ni desafiar a los jueces”, pero dejó claro que volcaría la fuerza del Estado contra su antecesor. Por eso, mientras el presidente se despachaba en Cali, al suroccidente del país, la bancada del ahora opositor Pacto Histórico se plantaba en las escalinatas del Capitolio en Bogotá como señal de protesta. Desde allí, el progresismo acusó al Gobierno entrante de camuflar el revanchismo ideológico bajo la máscara de la justicia.

Desaires y desplantes

La pasarela de invitados dibujó el mapa ideológico del nuevo Gobierno: un retrato definido tanto por las lealtades como por los desaires de la jornada. Al amparo del rey Felipe VI de España, la primera línea en la arena universitaria la ocupó la plana mayor de la nueva derecha latinoamericana: el argentino Javier Milei, el ecuatoriano Daniel Noboa y el chileno José Antonio Kast. Entre monarcas y dignatarios se acomodó también el polémico presidente de la FIFA: Gianni Infantino.

No obstante, las sombras de la foto de familia también fueron evidentes: el desplante del izquierdista Gustavo Petro al esquivar la cita caleña y la meticulosa purga en la lista de exmandatarios colombianos. Aunque acudieron tres conservadores y un liberal, De la Espriella vetó explícitamente a Ernesto Samper (1994-1998), líder con posturas socialdemócratas y marcado por los escándalos de corrupción, y a Juan Manuel Santos (2010-2018), el arquitecto del proceso de paz con la guerrilla de las FARC. La Casa Blanca, cuyo respaldo de Donald Trump había avalado abiertamente la campaña del ultra colombiano, prefirió restar peso diplomático a su delegación enviando al fiscal general interino Todd Blanche en lugar de a su secretario de Estado, Marco Rubio.

El nuevo presidente reivindicó su geografía caribeña. Sostuvo que ningún “hijo verdadero del Caribe” ocupaba el solio de Bolívar, el primer presidente del país, desde el XIX. Minutos antes, a su costado, había tomado juramento su vicepresidente, José Manuel Restrepo, el académico y exministro de Hacienda elegido para imprimir un acento ejecutivo al novel proyecto político del recién creado partido Defensores de la Patria. Fue entonces cuando el mandatario desarmó su perfil combativo para mirar a su familia. Agradeció a su esposa, Ana Lucía Pineda, y a sus cuatro hijos: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca, de cuatro años, cuyos brincos le quitaron algo de solemnidad a una ceremonia marcada por la publicidad con el lema de campaña: “Bienvenidos a la Patria Milagro”.

La ceremonia miró dos veces a España y sacó dos lecciones distintas. Mientras De la Espriella se apropió del mítico “puedo prometer y prometo” de Adolfo Suárez para sellar su compromiso de gobernar desde las regiones, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, recurrió a la Transición como símbolo de conciliación. El jefe del legislativo, del derechista Centro Democrático, evocó el fin de la dictadura franquista para sugerir que el consenso debe primar sobre la trinchera. “El ejercicio político no se mide por la intensidad de las confrontaciones”, deslizó Henríquez ante un jefe de Estado que poco después, ya en la segunda parte del acto en el Batallón Pichincha, se presentaría ante sus tropas como ‘El Tigre’.

Y de paso le dejó una advertencia “en tono menor pero con firmeza”. No faltará, avisó Henríquez, quien aconseje al nuevo Gobierno “debilitar los partidos para imponer la voz oficial, lo que termina destruyendo la democracia y fortaleciendo el caudillismo”. La hizo con cortesía. Desde una bancada política que, a pesar de haberse declarado coalición de Gobierno, ya ha mostrado algunas fisuras con el presidente radical al que acababa de jurar.

Colombia pone fin al primer gobierno de izquierdas de su historia y gira a la extrema derecha con la toma de posesión este viernes del ultra Abelardo de la Espriella, quien ganó por un estrechísimo margen al candidato oficialista de izquierdas, Iván Cepeda, bajo la promesa de una lucha firme contra la corrupción sistémica del país.

Gustavo Petro deja la presidencia con un legado complejo. Ha cumplido algunos de los pilares de su programa, como el aumento de salario mínimo o las reformas tributaria y de pensiones, pero se va sin haber logrado su ambiciosa “paz total” con los grupos armados y rodeado de varias denuncias que van desde el desvío de fondos de emergencia hasta la compra de votos en el Congreso. Con dos expresidentes del Congreso en prisión y dos exministros acusados y en libertad a la espera de juicio, además de una denuncia de última hora contra el mandatario saliente por parte de su exjefa de despacho, el país cierra capítulo.

En este escenario, el ultraderechista Abelardo de la Espriella asume el mando rompiendo una tradición centenaria: no jurará el cargo en el céntrico Capitolio de Bogotá, sino en una universidad privada de Cali, la tercera ciudad del país. Así, el penalista asciende a la presidencia con la promesa de crear un bloque especializado anticorrupción: “Voy a revisar obra por obra, licitación por licitación”.

Colombia cambia de manos bajo un guion que se repite cada cuatro años. El mayor escándalo del cuatrienio de Petro se orquestó en la entidad estatal diseñada para mitigar los estragos de terremotos, inundaciones e incendios: la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los recursos destinados a socorrer a las poblaciones más vulnerables habrían terminado convertidos en moneda de cambio para comprar el respaldo de partidos, de todo el arco político en el Congreso, a las reformas del Ejecutivo. El entramado criminal, según la Fiscalía, habría desviado más de 166 millones de euros (612.000 millones de pesos colombianos) mediante el direccionamiento ilícito de contratos públicos para asegurar mayorías legislativas.

Incluso Cepeda, el candidato presidencial que aspiraba a salvar el legado del oficialismo, lo reconoció meses antes de perder las elecciones en segunda vuelta por un margen mínimo de 0,96 puntos frente a De la Espriella. En una entrevista, el senador del izquierdista Pacto Histórico aceptó los desmanes de la Administración saliente y confesó sentir “vergüenza” por ellos.

No obstante, lejos de blindarse con promesas electorales, declaró con crudeza que erradicar el problema de raíz sería una utopía: “Sería incurrir en demagogia, dado el arraigo del fenómeno en las instituciones colombianas”. Su conclusión, leída a la luz de este 7 de agosto, retrata el terreno que hereda su rival: “La corrupción en Colombia es un sistema y está presente en todas las entidades y en todos los niveles. Cada Gobierno viene a administrarla”.

El 10% del presupuesto

Los índices internacionales le ponen cifra al problema: el fenómeno le cuesta a Colombia unos 50 billones de pesos colombianos (alrededor de 10.700 millones de euros y casi el 10% del presupuesto del Estado de 2025), de acuerdo con datos oficiales de 2017. Sin embargo, la consultora para Colombia del programa de Defensa y Seguridad de Transparencia Internacional Adriana Romero sitúa el punto de partida en dos termómetros globales que retratan una realidad inmóvil. El primero es el Índice de Percepción de la Corrupción: Colombia obtuvo 39 puntos sobre 100 cuando Petro asumió el poder y cerró 2025 con 37. Una caída de dos puntos en un indicador que, por su naturaleza, se mueve a paso de tortuga.

El segundo es el Índice del Estado de Derecho del World Justice Project, que mide realidades institucionales más que opiniones. En este caso, aunque el país se ha mantenido estancado en los 48 puntos, aparece un hallazgo: una de las peores calificaciones no la recibe la Presidencia, ni los jueces, ni los militares. La nota más baja recae, de forma crónica, sobre los hombros del Congreso de la República.

Se trata de un termómetro directo a la hora de entender uno de los nudos de esta historia. El Congreso peor evaluado del país, aunque renovado este año en las urnas y recién instalado el 20 de julio, sigue operando bajo las mismas dinámicas que lo desacreditan: financiación opaca de campañas, una fragmentación de partidos que encarece el precio de cada voto y el trueque permanente de contratos por respaldo político. No obstante, para la periodista Paula Bolívar, que destapó el desfalco de la UNGRD, esas redes van más allá del Capitolio.

El director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, dice a elDiario.es: “Lo novedoso [en el Ejecutivo saliente] no es el mecanismo, sino la escala”. Recuerda que Colombia ya dominaba el abecedario de la corrupción: la financiación irregular de campañas, la captura de entidades públicas, el clientelismo y el intercambio de contratos inflados por apoyos políticos. Pero en este cuatrienio, subraya el experto, la gravedad radica en que las piezas se articularon, por momentos, en un patrón más organizado.

“Si nadie paga, sale barato robar”

Bolívar, autora del libro de investigación El desastre de los decentes, define con nitidez el “oficio del corrupto” en Colombia. Su trabajo destapa un engranaje asentado en el corazón de ciertas dependencias del Estado, manejado por redes criminales que preceden al propio Petro. Según Bolívar, este entramado cuenta con su propia normalidad laboral: desde reuniones de contabilidad y el reparto de comisiones a contratistas, hasta visitas sigilosas entre parlamentarios y actores privados. Se trata de un sistema blindado por la connivencia empresarial, marcado de vez en cuando por las mafias, y que incluye sus propios mecanismos de previsión: dentro del botín, los implicados reservan la cuota necesaria para costear la defensa jurídica y asegurar su libertad “en caso de que los agarren”.

Para entender por qué se reproduce este flagelo, hay que asomarse a la arquitectura política colombiana. A diferencia de España, el modelo es presidencialista: el Ejecutivo es elegido por sufragio directo, goza de un mandato fijo de 4 años y no depende del Parlamento para sostenerse, aunque sí necesita mayorías legislativas para aprobar cada reforma. Por eso, al verse obligado a forjar esos respaldos desde fuera, sin la disciplina que aporta una coalición previa sólida, el Gobierno debe negociar en un tablero atomizado: una veintena de partidos con representación en el Congreso, alianzas frágiles y ningún bloque hegemónico.

El principal problema de Colombia no es la falta de operativos, sino la ausencia de instituciones independientes y de mecanismos reales de prevención

Camilo Enciso — Director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción

Ese diseño no es nuevo. Desde hace décadas, cada cuatro años se repite el mismo desfile de cargos públicos salpicados mientras el Congreso se niega a tocar los mecanismos para blindarse del desvío de dinero o de fondos sucios. La financiación electoral sigue siendo opaca y la laxitud de los organismos de control, según Enciso, “eleva la impunidad y reduce el coste esperado de la corrupción: si nadie paga, sale barato robar”. Así, las cloacas denunciadas por Bolívar permanecen intactas: los escándalos estallan en la prensa, encienden la indignación y terminan durmiendo en juzgados saturados mientras la sociedad asume la factura.

Un bloque de búsqueda

Contra ese engranaje mide, a partir de este viernes, sus fuerzas el ultra Abelardo de la Espriella al asumir la Presidencia de Colombia. El mediático penalista de 49 años ha convertido la lucha contra la corrupción en uno de los ejes de su discurso. Su apuesta pasa por una herramienta inédita: un bloque de búsqueda especial subordinado a su mando directo para perseguir los desfalcos mediante inteligencia financiera, policía judicial y procesos exprés de embargo de bienes. “Aquí no se va a tolerar la corrupción”, dijo el 20 de julio en Medellín, reiterando lo que ya había resumido semanas antes: “Aquí nadie tiene corona”.

Para Enciso, la iniciativa puede ser útil, pero no debe confundirse con una política anticorrupción. “El principal problema de Colombia no es la falta de operativos, sino la ausencia de instituciones independientes y de mecanismos reales de prevención”, sostiene. Sin reformas estructurales, advierte, un órgano supeditado directamente al presidente se expone a la politización: el peligro de seleccionar los casos por conveniencia política, contra el Gobierno saliente u opositores, mientras se obvian otros. Adriana Romero coincide y anticipa en la propuesta el enfoque previsible de un penalista: castigar el delito cuando ya se ha cometido, en lugar de evitar que ocurra.

Frente a los operativos de choque del nuevo presidente, sin embargo, existe un camino menos vistoso. Romero apunta a reformas de calado que ya encadenan una década congeladas, o encalladas, en el Congreso: la protección legal a los denunciantes, la regulación de grupos de presión o lobbies y la obligación de transparentar qué nombres se esconden detrás de las empresas que contratan con el Estado. Son medidas silenciosas, sin embargo, advierte la analista, son pilares básicos sin los cuales cualquier bloque de búsqueda estará condenado a perseguir el humo.

Las cosas sí cambian cuando pones el foco en el lugar correcto

Paula Bolívar — Periodista de investigación

La caída del dominó que ha sacudido al país desde febrero de 2024 comenzó con un hilo sutil: la llamada de un ciudadano desde La Guajira, la olvidada península desértica, al extremo norte de Colombia, donde los niños indígenas mueren de sed. El Estado había enviado una flota de camiones cisterna para mitigar la sequía, pero los vehículos permanecían averiados, inservibles. Era un monumento al abandono. Cuando Paula Bolívar decidió investigar aquel rastro, casi nadie recordaba la existencia de la oficina nacional encargada de socorrer las emergencias del país. Tirar de aquella manta desveló el saqueo. “Las cosas sí cambian cuando pones el foco en el lugar correcto”, concluye la reportera.

En la última sesión parlamentaria de Colombia, 102 senadores prestaron juramento. Fueron 32 mujeres, 69 hombres, y un elefante como de dibujos animados. Zigzagueando entre sus compañeros senadores, ellas y ellos con vestidos y trajes impecables, al peluche blanco y barrigón le costó un poco abrirse paso por el estrecho pasillo central de la sala de actos del Congreso para prestar juramento.

Pasar desapercibido nunca fue una opción para Luis Carlos Rúa, el nuevo senador de 34 años que hizo su campaña electoral sin descubrir, hasta tres días antes de las elecciones, que era él quien llevaba cinco años publicando vídeos en las redes con el disfraz del elefante blanco, el mismo término que se emplea en Colombia para las obras públicas infladas de precio, abandonadas o inútiles.

Las denuncias que Rúa hacía de esas obras en sus vídeos en redes lograron cientos de miles de visualizaciones y, en ocasiones, tuvieron consecuencias directas sobre su destino. Ahora, con el apoyo de unos 124.000 votantes, Rúa figura entre los senadores con más respaldo del país.

“El día de la toma de posesión fue espectacular porque en ninguna parte del mundo había ocurrido nunca algo parecido”, dijo Rúa, que durante la ceremonia de juramento solo se quitó la máscara en un par de ocasiones.

“Ningún senador había jurado el cargo de esa manera”, explicó vestido con traje de gala durante una videoconferencia desde los pasillos del Congreso. “Estoy a punto de entrar en una sesión plenaria, no llevo el disfraz porque es para ocasiones específicas y no todos los debates son tan importantes”.

Los orígenes del personaje de Rúa se remontan a 2019, cuando trabajaba para el ayuntamiento de la ciudad de Pereira, de casi medio millón de habitantes y a unos 330 kilómetros de Bogotá. Durante ese trabajo fue testigo de las presiones que ejercía la administración para que los empleados consiguieran votos para un determinado candidato. Rúa grabó una conversación y la filtró a los medios. “Tuve que marcharme de la ciudad porque recibí amenazas de muerte”, dijo.

Desde su nuevo hogar en Medellín, decidió continuar con la denuncia de irregularidades solo que de forma anónima. “Aquí en Colombia, si no haces las cosas como quieren los corruptos, no eres bienvenido”, explicó.

Encargó a un ilustrador que le dibujara el elefante y a una costurera que le confeccionara el disfraz, y en noviembre de 2021 publicó su primer vídeo disfrazado denunciando las obras de una carretera que había quedado sin terminar.

Desde entonces, ha publicado decenas de vídeos en los que se escucha una voz distorsionada hablar de puentes, colegios, túneles y hospitales. En algunos, puede verse al elefante blanco avanzando con dificultad por el barro, o el traje blanco manchándose mientras vadea aguas turbias (Rúa tiene otro traje de repuesto).

“Hace muchísimo calor dentro, pero hay que hacerlo de todos modos porque voy a lugares a los que el Estado no llega”, dijo Rúa, que solía financiar sus viajes trabajando como autónomo, vendiendo peluches del elefante blanco, y organizando campañas de micromecenazgo. Hasta que se dio cuenta de que no podría sostenerlo mucho más y se presentó a las elecciones para continuar su labor de supervisión con el sueldo de senador.

En diciembre anunció su candidatura sin descubrir quién era. “Revelar mi rostro solo tres días antes de las elecciones me dio tiempo suficiente para garantizar mi propia seguridad”, dijo. En casi todos los 1.100 municipios de Colombia hubo al menos una persona que votó por él.

En opinión del analista político Gabriel Cifuentes, la elección del elefante blanco es un reflejo de la creciente influencia que las redes ejercen sobre las elecciones y del “cansancio creciente con la política tradicional”. “La política se percibe como una actividad corrupta y, en ese sentido, activistas como él, sin vinculación con los partidos políticos, pueden atraer la atención de un público que usa cada vez más las redes como forma de estar conectado”, dijo.

Una de las intenciones de Rúa es aprobar una ley que obligue a los ayuntamientos a dotar presupuestos específicos para la reparación de baches. Llevaría el nombre de su padre, Darío Rúa, que en 2024 falleció a los 85 años tras caerse en una calle con baches.

El senador sostiene que votó en blanco en la segunda vuelta de las presidenciales en las que se presentaban el senador Iván Cepeda, de izquierdas, y el abogado millonario de extrema derecha Abelardo de la Espriella, que salió vencedor. “No soy de izquierdas, ni de derechas, ni de centro, soy independiente”, dijo Rúa.

Aun así, al nuevo senador ya lo han criticado por ayudar con su voto a aprobar la propuesta que hizo el presidente electo de la Espriella de trasladar la ceremonia de investidura del viernes a Cali, a unos 450 kilómetros de distancia de Bogotá, donde estaba originalmente programada. El Senado aprobó la propuesta con 58 votos a favor y 30 en contra.

Las críticas a Rúa tenían que ver con su mensaje de campaña, en contra de despilfarrar dinero público y aparentemente incoherente con el traslado de la investidura presidencial, con cientos de invitados y todo el personal, para una ceremonia de solo un día.

Rúa dijo que lo hizo para enviar “una señal de presencia del Estado a una región históricamente desatendida”. También, que la investidura costará menos que la del presidente de izquierdas Gustavo Petro en 2022, incluso con los costes del cambio de sede.

Rúa dijo que asistiría a la investidura del nuevo presidente disfrazado de elefante blanco. “Mi relación con él será básicamente de supervisión política; exactamente la misma que si hubiera ganado el otro candidato [Cepeda]”.

Traducción de Francisco de Zárate.

El ultraderechista Abelardo de la Espriella, de 49 años, asumirá la presidencia de Colombia este 7 de agosto con una inédita investidura en una universidad privada de Cali, la tercera ciudad del país. Respaldado por 12,9 millones de votos, pero sin bancada propia en el Congreso. Su mandato arranca en un ambiente de crispación política: el proceso de empalme institucional con el Gobierno saliente del progresista Gustavo Petro quedó roto por las peleas entre ambos. Y, aunque los choques con la izquierda estaban previstos, la verdadera sorpresa radica en las fisuras dentro de su propia coalición, evidenciadas en algunos desencuentros con la derecha tradicional del expresidente Álvaro Uribe.

La cronología es la siguiente: dos días después de la segunda vuelta presidencial, incluso antes de que se oficializara el triunfo del radical, el Centro Democrático se declaró “partido de Gobierno” y le entregó a De la Espriella una lista de prioridades legislativas. La colectividad de Álvaro Uribe, con una bancada consolidada de 47 congresistas entre Senado y Cámara, ratificó así una alianza parlamentaria que ya se daba por descontada desde la campaña.

Pero la armonía duró poco. La primera derrota política del presidente electo llegó antes de su investidura. Durante la instalación del Congreso el pasado 20 de julio, la presidencia del Senado quedó en manos de Honorio Henríquez (Centro Democrático) y no de Alfredo Deluque (Partido de la U), la ficha respaldada por De la Espriella. Por tradición, el cargo correspondía al uribismo como fuerza mayoritaria de la coalición oficialista. Y aunque el ‘Tigre’ intentó romper esa norma no escrita para imponer a su favorito, el pulso terminó en fracaso.

De hecho, las advertencias de Uribe no se hicieron esperar. Si bien reiteró su apoyo a las iniciativas del nuevo Gobierno que coincidieran con sus principios, también lanzó una pulla con su sello: “Si el tigre ruge para acabar con el Centro Democrático, nos toca defendernos como abejas laboriosas”. Lejos de retroceder ante el exmandatario, el presidente electo replicó y redobló la apuesta con una frase política: “Hay pulgas que tienen el insignificante derecho de picar a los tigres, pero los tigres no detendrán la marcha por esa tontería”.

La vieja guardia resiste

La fisura en el bloque derechista, sin embargo, no es de momento programática. En seguridad, economía o el desmantelamiento de la obra de Petro, las coincidencias son casi absolutas. La batalla se libra en otro terreno, menos ideológico y más pragmático: una disputa por la hegemonía y el control del poder.

El politólogo Yann Basset lee el conflicto como una grieta generacional en la derecha. En una orilla resiste la corriente tradicional, con Uribe como pilar, a sus 74 años. En la otra, emerge una facción radicalizada, cercana al libertarianismo, que mira a Trump, Bukele o Milei, y que ya no necesita la bendición del expresidente. De la Espriella, al mando del joven movimiento Defensores de la Patria, reclama la jefatura de este nuevo orden. Por eso el nudo se halla en la pugna por el liderazgo entre dos vertientes de una misma familia que se necesitan, pero no siempre hablan el mismo lenguaje.

Salvado el terreno ideológico, la distancia es sobre todo de formas. Camilo Cruz, politólogo de la Universidad del Valle, resume que se trata del choque entre una fuerza institucional y una emergente. El Centro Democrático, añade, opera como una maquinaria hecha al consenso parlamentario: doce años de partido y toda la experiencia del uribismo en un Congreso donde casi todo se negocia mediante pactos, transacciones y clientelismo. De la Espriella, en cambio, irrumpe como un advenedizo que aspira a prescindir, en lo posible, de esa diplomacia y se presenta con un tono que promete confrontación cuando las cosas no fluyan.

Basset añade un factor sociológico. Al volverse un partido tradicional, el Centro Democrático se elitizó, pasó de aquella gran base popular que adoraba a Uribe a comienzos del milenio a convertirse en una fuerza urbana de clase alta. De la Espriella entendió el vacío y recogió a esa parte de la militancia de derecha popular que el uribismo dejó ir.

El conflicto cultural

Discursos, publicaciones en redes y el ajedrez de los ministerios han sido los termómetros habituales para medir el rumbo de la nueva derecha. Sin embargo, la politóloga Laura Wills, de la Universidad de los Andes, sugiere afinar la mirada hacia el terreno cultural. A su juicio, el gabinete de De la Espriella carga una impronta mucho más religiosa y doctrinaria que la del uribismo histórico. De hecho, ya existe una agenda de recortes a conquistas sociales que se consideraban consolidadas —como el derecho al aborto, la educación laica o los asuntos de género—. Es una lectura prudente, pero que asoma un dilema inevitable: descifrar si la retórica del Gobierno entrante marca una ruptura real con el pasado y si la coalición oficialista terminará partida entre la vieja guardia y la nueva extrema derecha.

El retrato se complica al mirar los pilares que llevaron a De la Espriella al poder. Las fuerzas que lo respaldaron son heterogéneas: junto al Movimiento de Salvación Nacional —un claro escudero que, pese a contar con apenas cuatro congresistas, aporta el sello radical de una colectividad familiar de honda cultura católica y férrea defensa del orden— conviven estructuras regionales y barones electorales de corte más moderado. De ahí que los analistas aguarden con paciencia a ver cómo compaginará su retórica extremista con una coalición que, en la práctica, empuja de vez en cuando hacia el pragmatismo.

Ninguno de estos dilemas tiene un final escrito. En una Colombia bajo un sistema presidencialista, con fortines regionales fragmentados, altas cortes diversas, gremios y sindicatos, mover las líneas del poder es una tarea titánica. La primera incógnita apunta a si el presidente electo usará el poder para arrastrar a la derecha tradicional hacia sus tesis radicales. O si la necesidad de coalición moderará su discurso. La segunda duda recae en el uribista Centro Democrático: si optará por endurecerse para evitar ser absorbido o si terminará abrazado al ala fuerte.

Para el analista Gustavo Duncan, de la universidad EAFIT de Medellín, el primer gran reto de De la Espriella no es constitucional, sino aritmético: armar mayorías en el Congreso. Más allá de su promesa de respetar la Constitución de 1991, el verdadero peligro radica en que, ante la falta de apoyo legislativo, el mandatario opte por gobernar a golpe de decreto en materias que exigen reformas de fondo, en la misma línea de Petro. En todo caso, su margen de maniobra es corto.

Entre Fujimori y Bolsonaro

El politólogo Camilo Cruz matiza incluso la etiqueta ideológica y prefiere hablar de “nueva derecha” antes que de “ultra” a la hora de referirse al presidente electo. Para sustentarlo, identifica una combinación de personalismo, negacionismo climático, batalla cultural, religiosidad y descalificación del adversario. Propone, además, una imagen que ilustra el relevo político mejor que cualquier fecha: Uribe se miró siempre en la derecha latinoamericana de su generación (Fujimori o Collor de Mello), mientras que De la Espriella se proyecta en la de la suya (Milei, Bukele y Bolsonaro).

Esta mutación, que hoy amenaza al uribismo histórico, evoca el eclipse de algunas maquinarias tradicionales europeas. En la Italia de 1994, Silvio Berlusconi fundó Forza Italia sobre las ruinas de la Democracia Cristiana, el gigante que gobernó el país durante casi medio siglo. Con esa estrategia absorbió su espacio, heredó sus votantes y asimiló a sus cuadros. Tres décadas después, su partido quedó reducido a socio menor de la ultraderecha de Giorgia Meloni, a la que el propio Berlusconi había abierto la puerta. El reflejo italiano deja una advertencia clara: las fuerzas erigidas alrededor de un solo hombre suelen tener fecha de caducidad.

Ahora De la Espriella asume el poder con toda la arquitectura del Estado a su favor, pero sin músculo propio en el Congreso. Su movimiento, Defensores de la Patria, ya está en fila para convertirse en partido formal: un remedio tardío para una bancada que, de lograrlo, no existiría hasta 2030, cuando su líder entregue el poder. Hasta entonces, el abogado penalista que ganó publicitandose como ajeno al sistema tendrá que negociar y adaptarse al juego de tronos del Congreso que desdeña si quiere sacar adelante su proyecto, la llamada “Patria Milagro”.

El presidente electo de Colombia, el radical de derecha Abelardo de la Espriella, pretende quebrar siglo y medio de tradición republicana. Quiere jurar su cargo el próximo 7 de agosto en un cuartel militar en una zona de conflicto al sur del país, a casi 600 kilómetros de la céntrica Plaza de Bolívar de Bogotá donde siempre se ha llevado a cabo. La respuesta del mandatario saliente, el izquierdista Gustavo Petro, ha sido enfática: no estrechará la mano de su sucesor.

En un último pulso de poder, además, prohibió usar instalaciones castrenses para la ceremonia antes de las 15.00 horas, momento en que dejará de ser comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se trata de un encontronazo inédito que eleva al máximo la temperatura de un país ya fracturado tras las elecciones más reñidas de su historia reciente.

Popayán, capital del Cauca y epicentro de una violencia crónica, es uno de los escenarios de la discordia. Al exigir su investidura allí, De la Espriella envía un mensaje político desde un territorio cercado por disidencias guerrilleras, narcotraficantes y extorsiones que asfixian a la población y el comercio local. La Presidencia ha dejado claro el marco jurídico: solo el Congreso puede cambiar la sede de la toma de posesión, lo cual deja al Ejecutivo sin facultades para autorizar el traslado. Pero Petro también fijó su postura en redes sociales y advirtió que, mientras sea comandante de las Fuerzas Militares, ninguna base se prestará para una ceremonia que, a su juicio, no les corresponde albergar.

El gesto expone riesgos institucionales a los que apuntan juristas y analistas de distintas orillas. “Un presidente civil debe entregar el poder a otro presidente civil. Los militares no tienen por qué estar en el centro”, advierte Mauricio García Villegas, profesor de la Universidad Nacional. Lo que más desconcierta al académico es la puesta en escena: “El presidente no es militar, ni ha sido militar, ni tiene origen militar. En el mejor de los casos, esto es una confusión”. Pero el contraste ha sido una de las marcas de De la Espriella desde la campaña presidencial: el abogado penalista que moldeó su carrera y su fortuna en los estrados judiciales se ha rodeado de militares retirados y reservistas, y se ha publicitado con sus saludos de visera y juramentos a la bandera.

El presidente no es militar, ni ha sido militar, ni tiene origen militar. En el mejor de los casos, esto es una confusión

Mauricio García Villegas — Profesor de la Universidad Nacional

Para la politóloga Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Pares para la paz y la reconciliación, el traslado de la posesión a un cuartel invierte la lógica republicana: subordina el poder civil a un escenario dominado por las armas. “Ahí conviven dos mensajes que se anulan”, dice. Por un lado, el homenaje a las Fuerzas; por otro, el desdén por el Congreso de la República. Y es justo allí donde De la Espriella necesita asegurar apoyos para su coalición y, en paralelo, se trata del único órgano con potestad para autorizar un cambio de sede.

El constitucionalista Rodrigo Uprimny rescataba el domingo en El Espectador una lección esencial sobre la salud democrática del país: la liturgia presidencial en Colombia ya tiene sus propios tiempos, pues existe una ceremonia posterior a la investidura en la que las Fuerzas Militares reconocen en el acuartelamiento a su nuevo jefe. Luego la comparaba con el modelo estadounidense. Los tres generales que llegaron a ocupar la Casa Blanca –Washington, Grant y Eisenhower– jamás volvieron a vestir el uniforme, nunca retomaron el saludo militar y menos aún contemplaron jurar el cargo en una guarnición. Aquellos hombres entendían perfectamente que la verdadera legitimidad de su poder nacía de las urnas y no de las armas.

Los militares, incómodos

La región del Cauca es, quizá, el mejor termómetro del fracaso acumulado del Estado colombiano. Tras el acuerdo de paz de 2016, que desmovilizó las FARC, dos estrategias presidenciales antagónicas buscaron institucionalizar el vacío territorial dejado por la guerrilla. El conservador Iván Duque (2018-2022) optó por una ofensiva total. Acto seguido, Gustavo Petro (2022-2026) impulsó un modelo de negociación con todos los grupos violentos en paralelo bajo el rótulo de la “paz total”. Los dos enfoques fallaron, según los analistas, y en el último cuatrienio las mafias usaron los ceses al fuego para expandirse. “Todo el mundo percibe que el Estado perdió la batalla”, resume Laura Bonilla. “No sirve la militarización, no sirve la negociación. Estamos en un momento en que, al parecer, nada sirve”.

Todo el mundo percibe que el Estado perdió la batalla. No sirve la militarización, no sirve la negociación. Estamos en un momento en que al parecer nada sirve

Laura Bonilla — Subdirectora de la Fundación Pares

Los más incómodos con el plan de la ceremonia en el Cauca, de hecho, podrían ser los propios homenajeados por De la Espriella. El Ejército colombiano carga con varias deudas históricas que condicionan su papel público. Arrastra, por ejemplo, el lastre de los mal llamados falsos positivos: más de 6.402 civiles ejecutados y camuflados como bajas guerrilleras, según la justicia transicional. Solo así se entiende que ahora midan cada paso que dan.

Desde hace unos años, señalan los analistas, los mandos han extremado precauciones. En los cuarteles ha arraigado lo que Bonilla describe como “obediencia reflexiva”, y los altos oficiales advierten con severidad a sus subalternos sobre los límites legales de sus operativos o acciones. Pedro Medellín, politólogo y profesor de la Universidad Nacional, matiza y recuerda, en todo caso, que la responsabilidad no ha sido solo castrense: distintos gobiernos civiles presionaron para lograr resultados y, cuando surgieron los escándalos porque se extralimitaron en sus funciones o violaron los derechos humanos, gran parte de la carga política y penal recayó en los uniformados.

Por eso, este turbulento traspaso de poderes ha dejado una paradoja institucional que Medellín subraya: “Ver a los militares defendiendo los resultados electorales y exigiendo al gobierno civil que cumpla con los principios de la democracia es un hecho que fortalece el sistema”. Al mismo hilo recuerda que, hace unas semanas, cuando Petro deslizó la idea de no reconocer la derrota electoral de su candidato, Iván Cepeda, fue su propio Ministro de Defensa quien garantizó públicamente que el relevo se haría bajo el imperio de la ley. “No es un cheque en blanco”, zanja Bonilla. “Ningún presidente en Colombia ha logrado apropiarse del todo de las Fuerzas Militares”, recuerda.

Egolatría frente a seguridad

Un dato electoral suma simbolismo: el sureño departamento del Cauca votó mayoritariamente en contra del proyecto radical De la Espriella. El candidato, de 48 años, perdió allí de forma contundente en unas elecciones tan ajustadas que la diferencia nacional se resolvió, en buena medida, por los votos de los colombianos en el exterior. “Es un mensaje de golpe de mano en una zona adversa”, interpreta Bonilla. La analista, no obstante, relativiza el impacto operativo: ningún grupo criminal va a retroceder porque la toma de posesión ocurra en una guarnición. El valor práctico del mensaje, agrega, favorece más al “ego” del mandatario electo que la seguridad real de la región, marcada por las economías cocaleras, los conflictos sociales y la salida estratégica al océano Pacífico.

Ahora queda por ver dónde se celebrará la ceremonia. La vía legal aún existe, pero es angosta: el nuevo Congreso tiene menos de tres semanas para aprobar el traslado de la toma de posesión fuera de Bogotá, un hito inédito en las investiduras colombianas. Incluso si Senado y Cámara alcanzaran un acuerdo, el último candado administrativo y logístico estaría, mientras Petro permanezca en funciones, en la decisión del Ejecutivo. Y del alto mando militar. Uprimny avisa de un tercer frente: el acto podría ser impugnado ante los tribunales por desconocer principios constitucionales que ordenan jurar ante el Congreso. Bonilla, habituada a los pulsos institucionales del país, lo interpreta con realismo: “Es bastante improbable que ocurra”.

Sea en una guarnición regional o en la Plaza de Bolívar de Bogotá, rodeada por el Palacio de Justicia o el Capitolio Nacional, algo ya se ha roto. A menos de dos semanas del relevo, Colombia sabe que su presidente saliente y el entrante no se darán la mano, un viejo gesto de convivencia y valor civil: el progresista considera ilegítimo al sucesor, mientras el ultra de derecha tilda de criminal al mandatario que se va. La banda presidencial cambiará de pecho, de todos modos, pero, como señala el sociólogo Eduardo Pizarro Leongómez, la idea de mudar la toma de posesión del ámbito civil al militar deja un mensaje inquietante: el de la primacía “de la fuerza sobre la ley”.

Hace apenas una semana, Abelardo de la Espriella, candidato de extrema derecha, fue elegido presidente de Colombia en una segunda vuelta en la que apenas 250.000 votos lo separaron del candidato de izquierdas, Iván Cepeda. Suficiente, en todo caso, para aparecer celebrando la victoria en redes sociales con la camiseta de la selección de fútbol de su país. O, al menos, algo casi idéntico: una prenda amarilla con tres líneas rojas sobre los hombros que en vez del escudo de la Federación Colombiana de Fútbol muestra la imagen de un tigre (De la Espriella se hace llamar el Tigre) y que en vez del logo de Adidas, en el lado derecho del pecho, muestra un lema: Firme por la patria.

Al abogado ultraderechista, que hace años reconoció que detestaba el fútbol, su versión ligeramente alterada de la camiseta de Colombia le convence incluso más que la original. Lleva meses tratando de asociar la camiseta de la selección a sus propuestas políticas: no solo la viste él, en sus mítines quienes la llevan son legión, y entre su círculo próximo casi no hubo quien se atreviera a no ponerla para celebrar su victoria.

Ese intento de apropiación no ha pasado desapercibido. A Cristhian Alexander, un periodista colombiano de 28 años que reside en Madrid, esto le indigna: “Es un robo a un símbolo de unidad nacional por parte de la derecha. Como no soy afín a la derecha, he decidido no ponerme la camiseta de la selección durante el Mundial. No quiero que la gente piense que apoyo a De la Espriella”.

Andrés González, colombiano de 34 que lleva cinco en España trabajando en una consultora, no es partidario de llegar tan lejos, aunque sí que ha empezado a sentir cierto rechazo: “Ver en los noticieros a gente usando la camiseta de la selección mientras profiere insultos racistas, pide bombardear a comunidades enteras y expresa deseos antidemocráticos me hace perder las ganas de usarla. Con todo, pocas cosas unen a Colombia como su apoyo fiel a la selección. Yo la quiero seguir usando”.

No todo el mundo está de acuerdo con estos análisis. Joaquín García Uribe, trabajador de 29 años de una multinacional de comercio, opina que el debate se ha sacado de contexto: “Creo que la izquierda exageró, ya que muchas otras veces se ha visto a candidatos de la izquierda usar la camiseta de la selección. Además de que ni la derecha ni nadie en ningún momento dijo que cierto tipo de personas no pudieran usar la camiseta, ergo no hubo apropiación alguna. Siempre me voy a poner la camiseta de la selección. No importa cuánto se intente politizar, la pasión del fútbol siempre será más grande que la política”.

Laura Peña, comunicadora social de 31 años que vive en Bogotá, la capital colombiana, subraya al respecto que ha habido incluso un intento de contraataque: “Hay una manipulación, un intento de generar división con símbolos que pertenecen a todos y a nadie al mismo tiempo. Pero se dio una reacción muy interesante por parte de gente que precisamente por no apoyar a la derecha empezó a llevar la camiseta de la selección. Al principio, a los seguidores de De la Espriella se los identificaba rápido porque eran los que llevaban la camiseta de la selección de Colombia, pero al final de la campaña no estaba tan claro”. Con todo, Peña también tiene claro su veredicto: “Yo hoy no llevaría la camiseta de la selección de Colombia, incluso aunque se empiece a usar como símbolo de rebeldía contra la derecha”.

Tras los pasos de Bolsonaro

De la Espriella no es, ni mucho menos, el primer candidato de extrema derecha que protagoniza una maniobra similar. Hace diez años, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro logró una identificación tal entre la verdeamarela y su partido que colgar una camiseta de la selección brasileña en un balcón se convirtió en un símbolo de apoyo a sus políticas.

Este cobró tanta fuerza que hubo intentos por parte de intelectuales progresistas de que la pentacampeona cambiara sus colores. “Siempre pensé que nuestra bandera y nuestros colores tenían una gran belleza, pero ahora simbolizan la intolerancia, la ignorancia política, incluso el fascismo”, decía entonces el cineasta y guionista brasileño Lucas Justiniano. Coincidía el escritor João Carlos Assumpção: “En mi opinión, ahora mismo vestir de color amarillo es como pegarse un tiro en el pie porque se identifica con Bolsonaro. Y de esta realidad no se escapa nadie. Necesitamos usar el blanco y el azul para distanciarnos de Bolsonaro”.

La cuestión todavía colea. Hace un año, Nike, la marca que viste a la selección brasileña, filtró que preparaba para el equipo una segunda equipación de color rojo. Aunque esta estaba inspirada en la madera del árbol que da nombre al país, faltó tiempo para que los movimientos de derechas la rechazaran por juzgar que ese era el color de la izquierda. Finalmente, la federación brasileña dio marcha atrás al proyecto: la segunda equipación de Brasil en este Mundial es azul eléctrico.

“La extrema derecha se ha centrado en dar la batalla cultural para conquistar el sentido común de la gente”, empieza explicando al respecto a elDiario.es Steven Forti, historiador, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y autor de Extrema derecha 2.0. Qué es y cómo combatirla (Siglo XXI). Lo hace, explica Forti, tratando de apropiarse palabras, ideas o conceptos que son aceptadas socialmente o tienen cierto tirón. En Francia, por ejemplo, Marine le Pen lleva tiempo reivindicando los valores laicos de la Revolución Francesa, algo que hasta ahora no había interesado a la extrema derecha.

A esto, añade Forti, se suma un elemento más: el nacionalismo, el corazón de los movimientos de extrema derecha, pone fácil remitirse a símbolos que apelan al país. Ahí entran, en su opinión, las camisetas de las selecciones nacionales: “De la Espriella intenta lo que ya intentó Bolsonaro. Entiendo que haya gente que no quiera llevar la camiseta”.

En España, el rechazo a la camiseta de la selección nacional se circunscribe hoy casi en exclusiva al ámbito del independentismo. Hace unos días, por ejemplo, Ernai, parte de las juventudes de Sortu, robó camisetas de la selección española para reivindicar a la selección vasca de fútbol. Por lo demás, la camiseta de la selección española es un éxito de ventas, aunque este año lo sea especialmente la segunda equipación, de color blanco.

No siempre fue así. Lo sabe Gregorio Casanova, historiador y redactor jefe de Cultura en Vozpópuli que lleva años analizando qué significa el nacionalismo y que recuerda que, por esas curiosidades que trae a veces el destino, Andrés Iniesta marcó el gol más importante del fútbol español vistiendo no de rojo, sino de azul, el color que tuvo que adoptar la selección tras la Guerra Civil por imposición de la Falange. Porque el color del equipo nacional de fútbol no ha sido nunca solo un color.

Recuerda también que hasta el ciclo ganador de los años 2008 a 2012, a la camiseta de la selección se la contemplaba desde la izquierda con el mismo recelo con el que se observa la bandera nacional. “La victoria en la Eurocopa de 2008 sirvió para despojar a los símbolos nacionales de sus connotaciones franquistas y reconstruir una reivindicación patriótica basada en el orgullo de ser español, superando la dicotomía entre izquierda y derecha. Hay incluso quien sostiene que ayudó lograrlo mediante un estilo de juego refinado e inteligente, antagónico a esa cosa añeja de la furia española”, explica Casanova.

“Creo que una de las mejoras definiciones de las naciones la dejó Benedict Anderson al describirlas como comunidades imaginadas. Dentro de esta profunda abstracción en la que millones de personas creen pertenecer a una nación determinada, el deporte juega un valor fundamental en la plasmación de la nación”, ahonda el historiador. “En cualquier partido de este mundial vemos a 11 compatriotas jóvenes, atléticos, admirados y ataviados con emblemas y colores nacionales compitiendo frente a frente contra otra nación. Es una guerra en miniatura. Si un mapa meteorológico en el que ensombrecemos a la pobre Portugal durante el informativo ayuda a recordar la nación mientras cenamos, imagina un partido de fútbol. Se produce la encarnación deportiva de una de las aspiraciones de todo nacionalista, crear el ellos y el nosotros”.

¿Qué hacer, entonces? ¿Son estos procesos de apropiación de la extrema derecha inevitables? Forti tiene una propuesta: “La izquierda debería disputarlo. ¿Por qué tenemos que avergonzarnos de llevar la camiseta de nuestro país? Si lo abandonamos, recuperarlo va a ser muy difícil”.

Lima, 3 de julio. Casi un mes después de la celebración de la segunda vuelta electoral en Perú, finalmente Keiko Fujimori es proclamada presidenta de su país. En unos comicios más que diputados, el recuento fue especialmente lento y sigue siendo cuestionado: el candidato de la izquierda, Roberto Sánchez, ha anunciado que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar irregularidades en el escrutinio del voto exterior. Y esto no es un detalle: las papeletas contabilizadas fuera de territorio peruano son las que han dado la victoria final, por menos de 50.000 votos, a la hija del condenado y fallecido Alberto Fujimori.

El pasado lunes, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó el escrutinio que confirmó la victoria de Fujimori (50,135%) sobre Sánchez (49,865%). Pero sucede que el recuento en Perú deja a Sánchez por delante, con 9.060.022 votos y 32.014 de diferencia sobre Keiko.

Sin embargo, el resultado es muy diferente en las urnas de los consulados: la hija del presidente Alberto Fujimori, que murió condenado por delitos contra los derechos humanos y corrupción, se queda con el 63% de los votos, y más de 81.000 de diferencia. Así es como toma la delantera, para imponerse por apenas 49.641 papeletas.

La segunda vuelta en Colombia resultó igualmente reñida, con un duelo inesperado: el candidato del presidente Gustavo Petro, Iván Cepeda, se enfrentó (y perdió) frente al extravagante abogado y empresario Abelardo de la Espriella, que no aparecía como el mejor posicionado en las encuestas previas a la primera vuelta. Con el apoyo explícito de Donald Trump, el millonario se impuso en el ballotage por una diferencia de 250.000 votos y menos de un punto porcentual.

Pero si el voto dentro de las fronteras de Colombia le daba una ventaja de poco más de 73.000 papeletas, el emitido en los consulados colombianos inclinó la balanza definitivamente. En algunos países, como Estados Unidos, Venezuela o Panamá, De la Espriella obtuvo entre el 77 y el 81% del escrutinio.

El 63% de los migrantes colombianos con derecho a voto se inclinaron a la derecha, y un 65% de los peruanos. En la comunidad peruana en el exterior la derechización del electorado fue tan evidente que en la primera vuelta el candidato de izquierdas apareció en octavo lugar. El más votado fue Rafael López Aliaga, un candidato a la derecha de Keiko, ultraconservador, de la esfera del Opus Dei y que confesó estar enamorado de la virgen María.

“En elecciones altamente polarizadas y decididas por márgenes mínimos, el voto exterior puede funcionar como bisagra”, concede Lisa Zanotti, investigadora asociada del Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha (Ultra-Lab). Zanotti, sin embargo, cree que hay diferencias entre estas dos elecciones y pide distinguir entre decisivo y relevante: “En Perú, el voto exterior no reforzó una tendencia, sino que cambió el resultado; en Colombia no parece haber decidido al ganador, pero sí fue fundamental para transformar una ventaja mínima en una victoria más políticamente legible”.

Un voto decisivo (y a veces diverso)

“Ya podemos hablar de un giro reaccionario en la política latinoamericana. Otras veces fue conservador, pero en esta ocasión es reaccionario”, analiza Jorge Resina, profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid y estudioso de los procesos electorales en la región.

Ese giro que apunta Resina es aún más pronunciado fuera de las fronteras de los países: “En general, el voto migrante latinoamericano está escorado a la derecha”, explica, un hecho que para Anna Ayuso, investigadora para América latina en el Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), puede tener que ver con sus características sociológicas. “En estos países hay mucha diferencia entre el votante de las ciudades y el rural; y eso, que se ve en los resultados generales, es todavía más evidente en el escrutinio de los consulados, porque se trata sobre todo de personas de clase media urbana”, detalla.

Los conflictos internos del país se reproducen fuera, pero filtrados por la experiencia migratoria y por el contexto político del país de residencia

Lisa Zanotti — investigadora - Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha

“También hay un sesgo de selección”, señala Zanotti. “Quienes votan desde el exterior no son una muestra representativa del electorado nacional. Tienen trayectorias migratorias, redes y consumos mediáticos específicos”, detalla. Para ella, no hay un único voto migrante. “No vota igual una diáspora marcada por exilio político, inseguridad o rechazo al chavismo que una diáspora estudiantil, profesional o integrada en contextos europeos. Entonces sí el voto exterior permite ver cómo la política nacional se desterritorializa: los conflictos internos del país se reproducen fuera, pero filtrados por la experiencia migratoria y por el contexto político del país de residencia”, explica.

Realidades diferentes

“Es interesante analizar el voto exterior porque muestra cómo las divisiones ideológicas nacionales viajan y se reorganizan en la diáspora”, reflexiona Zanotti. Los temas que han dominado las campañas electorales pueden adquirir un peso diferente o recibir una mirada particular desde una distancia de miles de kilómetros.

Los expertos consultados coinciden en que el afán de estabilidad económica y política entre los migrantes peruanos pudo encontrar una respuesta en la visión neoliberal de Keiko y el poder intrínseco del fujimorismo. “Muchos de los que están enviando remesas desde otros países consideran que las políticas de apertura van a potenciar el crecimiento del país”, sostiene Resina.

El tema de la estabilidad juega un papel importante en Perú, que ha tenido nueve presidentes en la última década. “Es curioso, porque el propio fujimorismo ha fomentado esa ingobernabilidad. Es el que ha hecho caer la mayor parte de los gobiernos”, señala Anna Ayuso. “Así que, finalmente, mucha gente ha dicho ‘si queremos estabilidad hay que darles el poder a ellos’. Pero esto es realmente muy peligroso, porque en Perú hay una corrupción sumamente arraigada, incrustada en el sistema”, explica.

Para Ayuso, Fujimori parte con un déficit de legitimidad por lo ajustado del resultado y el origen de los votos decisivos. “Tendrá que lidiar con la frustración en los sectores que votaron a Sánchez, e inicialmente se verá obligada a hacer algunas concesiones, a ser un poco más dialogante”, pero su triunfo reaviva el fantasma del autoritarismo.

El sistema peruano otorga ventajas de representación legislativa al candidato presidencial más votado, pero todavía hay que ver cómo se moverán las fuerzas políticas en un parlamento que vuelve a ser bicameral después de 34 años. La anulación del Senado es parte del legado de Alberto Fujimori, a quien su hija ha reivindicado en campaña como el artífice de una época de bonanza y seguridad.

La seguridad es, precisamente, otro de los ejes que han marcado estas elecciones. “Lima sobre todo lleva unos años horribles, y es posible que eso desde fuera se perciba como ciudad sin ley”, asegura Resina. En Colombia, además del desgaste del gobierno de Petro, pesan los problemas con el narcotráfico y el conflicto con las FARC.

El voto migrante latino en EEUU se ha derechizado. Creo que tiene que ver con el tema de la seguridad y con la influencia de las iglesias protestantes y pentecostales

Anna Ayuso — investigadora - Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)

“Mucha gente sigue considerando que hubo muchos beneficios para la guerrilla y que el país no mejoró”, apunta Resina. Y en esta percepción también hay un sesgo, el de los que lo miran desde la distancia de la ciudad o incluso desde otro país, y los que viven en contacto con el conflicto, sobre todo en determinadas zonas rurales. Las opciones en campaña iban de la promesa de “paz total” mediante el diálogo promovida por la izquierda al “militarismo” de la ultraderecha.

El ‘amigo’ americano

Aquí Resina introduce otro elemento de análisis: el peso de Estados Unidos en la región. El apoyo de Donald Trump a los candidatos de derecha y ultraderecha los convierte para muchos en una opción pragmática. “Como pasó en las últimas elecciones legislativas en Argentina, el razonamiento es que si gobiernan Milei, Fujimori o De la Espriella, Estados Unidos dará más facilidades y eso contribuirá a la estabilidad”, sostiene.

La promesa de esas ventajas económicas y del apoyo internacional para acabar con la inseguridad han tenido repercusión en los votos. Si se observa el porcentaje de votos por países, los peruanos y colombianos afincados en Estados Unidos se han decantado fuertemente por los candidatos a la derecha: en un 76% en el caso de Perú y el 81% en el de Colombia.

¿El país de residencia condiciona también la mirada migrante? “Si hablamos de Estados Unidos, la inclinación hacia la derecha probablemente combina varios factores: la composición específica de la diáspora, las razones de la migración, el peso del antiizquierdismo en comunidades latinoamericanas y un ecosistema político-mediático donde discursos de seguridad, orden, anticomunismo y liderazgo duro circulan con mucha fuerza”, analiza Lisa Zanotti.

“Está claro que el voto migrante latino en EEUU se ha derechizado. Creo que tiene que ver con el tema de la seguridad, que se ha convertido en uno de los asuntos centrales de las dos elecciones”, sugiere Ayuso, que también apunta a la influencia de las iglesias protestantes y pentecostales que han proliferado en América latina y tienen su origen en muchos casos en Estados Unidos. “No diría que el país de acogida determina el voto exterior, sino que puede reforzar ciertas tendencias”, resume Zanotti.

En España, los peruanos votaron mayoritariamente a Keiko Fujimori: un 60%. Pero en el caso de los colombianos, triunfó la izquierda por la mínima. Si en la primera vuelta muchos no acudieron a las urnas, en la segunda la comunidad se movilizó frente a la posibilidad de un triunfo de la ultraderecha. “Lo vi en los foros en los que participo, y entre mis amigos. Yo mismo viajé a Madrid desde Gijón para votar”, confirma Luis, fisioterapeuta de 36 años que lleva cinco fuera de su país.

“Cuando vives en Colombia estás constantemente bombardeado por los mismos mensajes, sobre todo en los medios de comunicación tradicionales. Vivir fuera te obliga a indagar, a buscar la información. Y en cuestiones como el conflicto con las FARC, la distancia te demuestra que, como en cualquier guerra, hay quien se enriquece con ella”, explica. Luis confiesa sentir nostalgia y dolor tras el triunfo de De la Espriella. “La promesa de mano dura no es nueva. Eso ya lo vivimos, y sabemos cómo terminó”, lamenta.

En el Putumayo, una zona selvática junto a la frontera con Ecuador, el Gobierno de Gustavo Petro instaló en las últimas semanas un centro para la Coordinadora Nacional de Combatientes. Se trata de un centenar de guerrilleros que esperan allí desde el 14 de junio bajo una profunda incertidumbre. El proceso de paz con el Ejecutivo progresista los condujo a este confinamiento provisional, donde ya entregaron sus armas sin un marco legal sólido ni un horizonte claro para su transición a la vida civil. Los negociadores oficiales, además, tienen los días contados: el próximo 7 de agosto está previsto que asuma el poder el presidente electo, el ultraderechista Abelardo De la Espriella, quien ha prometido una guerra sin cuartel.

La apuesta de Petro por la política de “paz total”, con la que llegó al poder en 2022, termina sin acuerdos definitivos y con los grupos armados más fuertes que al inicio del proceso. El ELN, guerrilla de raíz castrista, mantiene control sobre zonas en la frontera con Venezuela; las disidencias de las antiguas FARC se han expandido; y el secuestro, casi erradicado años atrás, vuelve a registrar alrededor de 350 casos al año. De la Espriella, abogado penalista de 47 años, ganó las elecciones el pasado fin de semana con una promesa simple: retomar el enfoque militar en lugar de las concesiones del último cuatrienio. No ha precisado, sin embargo, cómo ni con qué recursos lo hará.

En todo caso, Washington ya ha venido moviendo fichas antes de que el presidente electo detallara sus planes. La estrategia que el secretario de Estado, Marco Rubio, bautizó como SHIELD of the Americas reordena la región bajo una lógica de seguridad continental y sitúa a Colombia en el centro. Ecuador, gobernado por su aliado derechista Daniel Noboa, suscribió primero un acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Y De la Espriella llega a la presidencia como nuevo socio natural de ese circuito que pone fin a cuatro años de enfriamiento entre Bogotá y Washington.

Una lectura trasnochada

En esta historia el contexto importa. Los fenómenos de violencia que hereda De la Espriella no son del todo iguales a los de 2002, cuando el país vivía atrapado en una espiral de secuestros masivos, masacres paramilitares y una guerrilla que amenazaba las cabeceras urbanas. “Había una sensación muy fuerte de pérdida de control”, recuerda María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz. 

Hoy el conflicto tiene otra anatomía: los grupos armados controlan territorios fronterizos, disputan las rutas de salida de la cocaína y pelean a muerte por la riqueza del subsuelo. A saber: la minería ilegal de oro, cobre y tierras raras, que se ha convertido en una de sus principales fuentes de financiación y, al mismo tiempo, en un recurso que la Casa Blanca mira de reojo por su valor estratégico en la carrera global por materiales críticos para los semiconductores y la carrera por desarrollar la inteligencia artificial.

Estamos en un momento global que favorece la violencia contra la oposición. Trump ha fijado el marco: el narcoterrorista es el nuevo comunista. Un enemigo que justifica casi todo

Jenny Pearce — London School of Economics

Colombia es, además, el mayor productor mundial de cocaína. La droga es el motor de la sangría, pero también sostiene economías rurales enteras y condiciona desde hace décadas la relación entre Bogotá y Washington. En el tramo final de su Gobierno, Petro retomó una campaña de bombardeos contra los grupos violentos. No obstante, fue tarde y sin coherencia, de acuerdo con varios expertos consultados. 

De esta forma Colombia cierra con 262.000 hectáreas de hoja de coca sembradas, la cifra más alta desde que hay registros, y una destrucción manual de apenas 9.400 hectáreas en 2024, el nivel más bajo en una década. Ante esta situación, De la Espriella promete fumigar 300.000 hectáreas en sus primeros meses. Llorente no discute su enorme voluntad política: “Requiere de un aparato militar que no tenemos”.

Se trata de una advertencia a la que se suma el consultor en seguridad Hugo Acero: la lectura de la realidad del presidente electo llega con dos décadas de retraso. “Desde 2016 es claro que no hay un conflicto armado político. No hay guerrillas, hay crimen organizado transnacional”. Y abunda en que las disidencias de las FARC y el ELN ya no buscan la revolución, sino el control del oro y los cultivos ilícitos. Por eso lamenta que De la Espriella llega con una doctrina diseñada para un enemigo que ya no existe.

¿Quién va a costear la guerra?

Camilo Cruz, analista político y doctor por la Universidad Autónoma de México, prevé que el componente antidrogas regresará a ser el eje central de la seguridad. La estrategia, a su juicio, combinará el combate a los grupos criminales junto con “la lógica de protección frente al narcotráfico que Estados Unidos impulsa para la región”. Por eso recuerda que las recientes operaciones militares de los gobiernos en Ecuador y Venezuela contra la minería ilegal son hechos parte del nuevo orden. “Eso se va a convertir en una agenda —añade Cruz— y en parte ya estuvo presente en esta elección”.

El politólogo Jorge Mantilla, investigador de seguridad y conflicto armado, centra el problema en términos de capacidades: “Estamos en un momento de reducción muy importante de la fuerza pública: poder aéreo, personal uniformado, inteligencia, capacidades operacionales y logísticas. Y esa ofensiva que se anuncia llega justo ahí”. Financiarla obligará al Estado a elegir: ¿A qué se le va a quitar presupuesto para inyectárselo a una guerra de alta intensidad?

Acero expone algunas cifras: la administración saliente comprometió 17 billones de pesos (unos 3.500 millones de euros al cambio actual) en aviones de combate suecos Gripen. “No vamos a tener un conflicto internacional y eso no sirve para bombardear mafias”. A este lastre se suman otros 13 billones (2.700 millones de euros) en gastos heredados de Petro. Con unas finanzas asfixiadas y la promesa electoral de no subir impuestos, el experto vislumbra una sola salida: emular a Uribe en 2002 e imponer un gravamen extraordinario al patrimonio. 

Desde 2016 es claro que no hay un conflicto armado político. No hay guerrillas, hay crimen organizado transnacional

Hugo Acero — consultor en seguridad

De cualquier forma Llorente no descarta que el nuevo Ministerio de Defensa bajo el mando de De la Espriella consiga victorias tempranas: operaciones mediáticas que movilicen la opinión pública. “Imagínese que en el primer mes el Ejército da de baja a 'Mordisco'”, asegura, refiriéndose al comandante de las disidencias de las FARC. “Con la ayuda de la inteligencia extranjera, una operación así sería muy popular”. Pero confundir ese golpe de opinión con una política sostenible y bien estructurada es, en su opinión, un riesgo: “¿Con esto va a resolver alguno de los problemas de fonde orden público que tenemos? No”.

El desafío, en un país que ha sido tierra fértil durante más de medio siglo para diversas confrontaciones políticas, no es menor. Por eso, Jorge Mantilla aterriza el debate en la realidad del terreno al advertir el impacto de enviar al Ejército, como se supone hará el nuevo presidente, a zonas donde las mafias ya controlan el tejido social de forma sofisticada. Una ofensiva de esa naturaleza, explica, no solo disparará la violencia, sino que agravará la crisis humanitaria en esos mismos municipios rurales y periféricos que, paradójicamente, rechazaron el proyecto de De la Espriella en las urnas.

Trump fija el marco

La ofensiva militar, además, supone riesgos que exceden lo fiscal. Jenny Pearce, profesora visitante de la London School of Economics y con décadas de estudio sobre la violencia política en América Latina, señala que el contexto internacional juega a favor de la mano dura. “Estamos en un momento global que favorece la violencia contra la oposición”, explica. “Trump ha fijado el marco: el narcoterrorista es el nuevo comunista. Un enemigo que justifica casi todo”.

Bajo esa premisa, los derechos ciudadanos suelen tambalear. El espejo más claro de esta deriva es El Salvador de Nayib Bukele, un modelo admirado por el nuevo mandatario de Colombia, quien en su momento llegó a considerarlo “blando”. Allí, la construcción de megacárceles y la drástica reducción de los homicidios sirvieron de plataforma para el control absoluto de las instituciones. Al final, recuerda Pearce, el cálculo detrás de estas estrategias trasciende el discurso del orden público: “Las dificultades reales de la población, como el miedo al crimen, son muy rentables para los políticos”.

El debate de fondo lo zanja Acero: ningún bando político ha dado con la respuesta para garantizar la convivencia pacífica y el monopolio estatal de la fuerza en Colombia. La primacía del acento militar no ha prosperado y el enfoque social puro se quedó corto sin instituciones fuertes que garanticen derechos. Con todo, De la Espriella ha insistido en encajonar el problema en una alternativa a blanco y negro: el sometimiento voluntario o la baja militar de los “bandidos”.

Esa retórica choca, por lo demás, con un país mucho más fragmentado. “La sociedad civil no es la misma de hace veinte años”, apostilla Mantilla. “Abelardo puede ser más radical que Uribe, pero no le van a dejar hacer lo que quiera”. La movilización ciudadana y un electorado consolidado de centro e izquierda aparecen así como el único contrapeso real frente a un nuevo mandatario con grandes promesas, un ejército maltrecho y las arcas vacías. A pesar del enorme costo humano que se avecina, quienes conocen la crudeza y complejidad del conflicto coinciden: esta tampoco será la guerra que De la Espriella ha prometido.

El candidato de izquierda Iván Cepeda ha reconocido este miércoles la derrota en las elecciones presidenciales del pasado domingo en Colombia y ha aceptado el triunfo del candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, quien obtuvo 12,9 millones de votos (49,78%) y le ganó por menos de un punto porcentual de diferencia.

“Como candidato del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, como lo anuncié oportunamente y en este estadio del escrutinio, he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República”, ha manifestado Cepeda en una declaración pública.

El dirigente de izquierda ha asegurado que toma esa decisión “como un acto de responsabilidad democrática” y afirma que busca contribuir “a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombiano

“Lo hago porque creemos profundamente en la democracia y porque estamos convencidos de que las diferencias políticas deben resolverse mediante la participación ciudadana, el respeto a las instituciones y la deliberación pública”, ha agregado.

Cepeda ha destacado además lo ajustado del resultado electoral y h aseñalado que “la votación muestra una diferencia extraordinariamente estrecha entre las dos opciones que disputamos la confianza del pueblo colombiano”.

Según el senador, que al terminar en el segundo lugar de las votaciones volverá a ocupar ese cargo para el periodo 2026-2030, esa estrecha diferencia refleja tanto la intensidad del debate político vivido durante la campaña como la responsabilidad que tendrán las distintas fuerzas políticas frente al futuro del país.

El dirigente también ha indicado que el proceso de escrutinio llevado a cabo por las autoridades electorales se encuentra “prácticamente concluido” y ha agradecido a los miles de testigos, abogados y observadores electorales que participaron en la vigilancia de los comicios por parte del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida.

Anuncia oposición al nuevo gobierno

Aunque ha aceptado la victoria de De la Espriella, Cepeda ha dejado claro que ejercerá una labor de vigilancia frente al nuevo Gobierno y ha asegurado que defenderá la democracia y las libertades públicas.

“Defenderemos la democracia con toda nuestra energía moral y política”, ha afirmado, antes de advertir que no aceptará que se vulneren las libertades públicas, que se estigmatice a los movimientos sociales o que se trate a la juventud y a la ciudadanía organizada “como enemigos internos”.

Asimismo, ha sostenido que tampoco aceptará “tratos machistas u homófobos por parte del presidente de la República” ni restricciones a la libertad de expresión y opinión.

La aceptación de los resultados por parte del candidato de izquierda se produce tres días después de la segunda vuelta presidencial y contribuye a despejar las dudas sobre el desenlace de unos comicios marcados por lo ajustado del resultado entre los dos aspirantes.

Colombia vivió el domingo una noche electoral que arrojó como resultado una división máxima en dos bloques separados por un 0,9% de los votos a favor del candidato ultraderechista, Abelardo de la Espriella. Sin embargo, contradiciendo las encuestas, que apuntaban a una mayoría cómoda de la derecha y la extrema derecha, Iván Cepeda movilizó más de tres millones de votos respecto a la primera vuelta, logrando un resultado provisional de 12,7 millones. Enfrente, el uribismo y el ultra De la Espriella, que obtuvieron juntos 13,6 millones en la primera vuelta, se tuvieron que conformar con 12,9 en la segunda. El margen entre los bloques, de apenas 250.000 votos, es sumamente ajustado y hace necesario esperar al escrutinio oficial. El voto en blanco, por el que abogó hasta el final Sergio Fajardo, fue de un 1,63%, testimonial, pero relevante dado que casi duplica la diferencia entre los dos candidatos presidenciales. Se comprueba que en una elección pocos votos siempre son muchos.

¿Qué le espera a Colombia en este contexto? En el corto plazo Abelardo de la Espriella ya ha empezado a bajar el diapasón de su verborrea extremista, que llevaba en máximos durante meses. Los más de 12,7 millones de votos de Iván Cepeda son el principal instrumento que tienen la izquierda y el centro para disuadir a la extrema derecha de aventuras persecutorias, listas negras o venganzas, como las que han venido arengando. Es previsible que los cuadros uribistas, que reniegan del Estado pero están siempre ávidos de volver a sus mandos, copen pronto posiciones y se hagan con los ministerios fuertes. Tampoco es descartable alguna escenografía de moderación para la que siempre habrá algún perfil con experiencia en gobiernos previos dispuesto a ejercer de elemento blanqueador. No olvidemos el caso Milei en Argentina: también le llamaban outsider pero tardó poco en rescatar del armario a las viejas glorias de las políticas económicas del corralito.

En lo concreto, es previsible que el campo de las políticas sociales, principal bandera del gobierno de Petro, sea el más castigado. Educación, pensiones, salario mínimo y la reforma sanitaria pendiente serán espacios donde las visiones clásicas, que le impidieron al país construir un mínimo andamiaje de estado del bienestar, vuelvan a intentar imponerse. Hay que seguir muy de cerca todo lo vinculado a los derechos humanos, incluyendo derechos individuales. Y, sobre todo, prestar mucha atención a la política de seguridad: todo lo que ha proclamado el candidato ultra en esta materia no pasa de propaganda (“mano dura”, “acabarlos a todos”, “darlos de baja”). Y es ahí, camuflado bajo políticas mal llamadas de seguridad donde, en el pasado, ocurrieron graves violaciones de los derechos humanos. Además, está muy cerca el caso de El Salvador y fue el propio De la Espriella el que alabó a Bukele como modelo.

Sin embargo, los cuatro años de gobierno Petro han dejado avances que han beneficiado a una mayoría social que desborda el electorado del centro y la izquierda. No será fácil para De la Espriella hacer compatible su agenda con las aspiraciones de la mayoría y con la correlación de fuerzas que deja la elección del domingo. Además, por primera vez en la historia de Colombia hay una fuerza progresista organizada, con experiencia de gobierno, con legitimidad popular, vertebrada en el territorio y que fue la más votada en las pasadas legislativas del 8 de marzo. Que la izquierda sea el principal grupo político del Congreso de la República no es un detalle menor y cada uno de esos representantes pueden ser un importante contrapeso para la agenda política de la extrema derecha.

A partir de aquí, es necesario analizar lo ocurrido en Colombia en el contexto geopolítico regional y global. A finales de 2025, se presentó la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, conocida también como “Corolario Trump”, como él mismo la denominó. Ese documento puede resumirse en América, léase América Latina, para los americanos, léase estadounidenses. Se ha interpretado como un claro mensaje a China, que puede ser, y a la Unión Europea, que está a otras cosas (si bien convendría que en Bruselas encontrasen pronto la brújula). Pero, sobre todo, es un mensaje a los propios latinoamericanos. Las injerencias de Trump y su equipo en las elecciones de Colombia han sido públicas y abiertamente el mundo ha sido testigo de los llamamientos a votar por Abelardo de la Espriella hechos en primera persona por el actual inquilino de la Casa Blanca. Lo que no han hecho público es el volumen total ni la concreción del apoyo al candidato ultra, ni tampoco a cambio de qué. Entre las cosas sorprendentes de esta elección está, precisamente, el resultado del voto exterior en Estados Unidos donde ocho de cada 10 electores votaron por De la Espriella, incorporando casi 180.000 votos a favor de ese candidato.

Si la situación avanzase, como parece, hacia una eventual llegada de De la Espriella a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto, fecha en la que está prevista la asunción del nuevo presidente electo, sus patrocinadores, en Washington y en Bogotá, harían bien en leer adecuadamente la fotografía actual. Verán un país que dejó atrás lo peor de un conflicto armado al que no quiere volver, una sociedad que comprobó durante los últimos cuatro años que las políticas sociales pueden construir derechos y una juventud que, masivamente, acudió a votar por el Pacto Histórico. El pasado y el futuro pueden convivir, pero cuando el primero intenta impedir paso al segundo, la válvula de la contención suele colapsar.

Finalmente, es relevante encuadrar bien la dimensión histórica del gobierno de Gustavo Petro, que ahora concluye. En lo político, deja como legado haber convertido a la izquierda en una alternativa real en Colombia, demostrando que era posible gobernar el país desde posiciones distintas a las que habían monopolizado el poder durante décadas. Pese a la durísima oposición sufrida dentro y fuera del país (sigue, por ejemplo, estando en la lista OFAC de la que Trump se ha negado a sacarlo) abandona la presidencia con unas cotas de popularidad pocas veces vistas en América Latina. Las lecturas miopes que proclamen la hegemonía de la extrema derecha Colombia y en América Latina errarán en sus pronósticos. Hasta que los problemas de las mayorías no encuentren solución, las luchas por defender las conquistas logradas van a abrirse paso, por más alto que griten los nuevos instrumentos políticos de las viejas élites tradicionales.