Colombia pone fin al primer gobierno de izquierdas de su historia y gira a la extrema derecha con la toma de posesión este viernes del ultra Abelardo de la Espriella, quien ganó por un estrechísimo margen al candidato oficialista de izquierdas, Iván Cepeda, bajo la promesa de una lucha firme contra la corrupción sistémica del país.

Gustavo Petro deja la presidencia con un legado complejo. Ha cumplido algunos de los pilares de su programa, como el aumento de salario mínimo o las reformas tributaria y de pensiones, pero se va sin haber logrado su ambiciosa “paz total” con los grupos armados y rodeado de varias denuncias que van desde el desvío de fondos de emergencia hasta la compra de votos en el Congreso. Con exministros en prisión preventiva y llamados a juicio, y una acusación de última hora contra el mandatario saliente por parte de su exjefa de despacho, el país cierra capítulo.

En este escenario, el ultraderechista Abelardo de la Espriella asume el mando rompiendo una tradición centenaria: no jurará el cargo en el céntrico Capitolio de Bogotá, sino en una universidad privada de Cali, la tercera ciudad del país. Así, el penalista asciende a la presidencia con la promesa de crear un bloque especializado anticorrupción: “Voy a revisar obra por obra, licitación por licitación”.

Colombia cambia de manos bajo un guion que se repite cada cuatro años. El mayor escándalo del cuatrienio de Petro se orquestó en la entidad estatal diseñada para mitigar los estragos de terremotos, inundaciones e incendios: la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los recursos destinados a socorrer a las poblaciones más vulnerables habrían terminado convertidos en moneda de cambio para comprar el respaldo de partidos, de todo el arco político en el Congreso, a las reformas del Ejecutivo. El entramado criminal, según la Fiscalía, habría desviado más de 166 millones de euros (612.000 millones de pesos colombianos) mediante el direccionamiento ilícito de contratos públicos para asegurar mayorías legislativas.

Incluso Cepeda, el candidato presidencial que aspiraba a salvar el legado del oficialismo, lo reconoció meses antes de perder las elecciones en segunda vuelta por un margen mínimo de 0,96 puntos frente a De la Espriella. En una entrevista, el senador del izquierdista Pacto Histórico aceptó los desmanes de la Administración saliente y confesó sentir “vergüenza” por ellos.

No obstante, lejos de blindarse con promesas electorales, declaró con crudeza que erradicar el problema de raíz sería una “utopía”: “Sería incurrir en demagogia, dado el arraigo del fenómeno en las instituciones colombianas”. Su conclusión, leída a la luz de este 7 de agosto, retrata el terreno que hereda su rival: “La corrupción en Colombia es un sistema y está presente en todas las entidades y en todos los niveles. Cada Gobierno viene a administrarla”.

El 10% del presupuesto

Los índices internacionales le ponen cifra al problema: el fenómeno le cuesta a Colombia unos 50 billones de pesos colombianos (alrededor de 10.700 millones de euros y casi el 10% del presupuesto del Estado de 2025), de acuerdo con datos oficiales de 2017. Sin embargo, la investigadora de Transparencia Internacional Adriana Romero sitúa el punto de partida en dos termómetros globales que retratan una realidad inmóvil. El primero es el Índice de Percepción de la Corrupción: Colombia obtuvo 39 puntos sobre 100 cuando Petro asumió el poder y cerró 2025 con 37. Una caída de dos puntos en un indicador que, por su naturaleza, se mueve a paso de tortuga.

El segundo es el Índice del Estado de Derecho del World Justice Project, que mide realidades institucionales más que opiniones. En este caso, aunque el país se ha mantenido estancado en los 48 puntos, aparece un hallazgo: una de las peores calificaciones no la recibe la Presidencia, ni los jueces, ni los militares. La nota más baja recae, de forma crónica, sobre los hombros del Congreso de la República.

Se trata de un termómetro directo a la hora de entender uno de los nudos de esta historia. El Congreso peor evaluado del país, aunque renovado este año en las urnas y recién instalado el 20 de julio, sigue operando bajo las mismas dinámicas que lo desacreditan: financiación opaca de campañas, una fragmentación de partidos que encarece el precio de cada voto y el trueque permanente de contratos por respaldo político. No obstante, para la periodista Paula Bolívar, que destapó el desfalco de la UNGRD, esas redes van más allá del Capitolio.

El director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, dice a elDiario.es: “Lo novedoso [en el Ejecutivo saliente] no es el mecanismo, sino la escala”. Recuerda que Colombia ya dominaba el abecedario de la corrupción: la financiación irregular de campañas, la captura de entidades públicas, el clientelismo y el intercambio de contratos inflados por apoyos políticos. Pero en este cuatrienio, subraya el experto, la gravedad radica en que las piezas se articularon, por momentos, en un patrón más organizado.

“Si nadie paga, sale barato robar”

Bolívar, autora del libro de investigación El desastre de los decentes, define con nitidez el “oficio del corrupto” en Colombia. Su trabajo destapa un engranaje asentado en el corazón de ciertas dependencias del Estado, manejado por redes criminales que preceden al propio Petro. Según Bolívar, este entramado cuenta con su propia normalidad laboral: desde reuniones de contabilidad y el reparto de comisiones a contratistas, hasta visitas sigilosas entre parlamentarios y actores privados. Se trata de un sistema blindado por la connivencia empresarial, marcado de vez en cuando por las mafias, y que incluye sus propios mecanismos de previsión: dentro del botín, los implicados reservan la cuota necesaria para costear la defensa jurídica y asegurar su libertad “en caso de que los agarren”.

Para entender por qué se reproduce este flagelo, hay que asomarse a la arquitectura política colombiana. A diferencia de España, el modelo es presidencialista: el Ejecutivo es elegido por sufragio directo, goza de un mandato fijo de 4 años y no depende del Parlamento para sostenerse, aunque sí necesita mayorías legislativas para aprobar cada reforma. Por eso, al verse obligado a forjar esos respaldos desde fuera, sin la disciplina que aporta una coalición previa sólida, el Gobierno debe negociar en un tablero atomizado: una veintena de partidos con representación en el Congreso, alianzas frágiles y ningún bloque hegemónico.

El principal problema de Colombia no es la falta de operativos, sino la ausencia de instituciones independientes y de mecanismos reales de prevención

Camilo Enciso — Director del Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción

Ese diseño no es nuevo. Desde hace décadas, cada cuatro años se repite el mismo desfile de cargos públicos salpicados mientras el Congreso se niega a tocar los mecanismos para blindarse del desvío de dinero o de fondos sucios. La financiación electoral sigue siendo opaca y la laxitud de los organismos de control, según Enciso, “eleva la impunidad y reduce el coste esperado de la corrupción: si nadie paga, sale barato robar”. Así, las cloacas denunciadas por Bolívar permanecen intactas: los escándalos estallan en la prensa, encienden la indignación y terminan durmiendo en juzgados saturados mientras la sociedad asume la factura.

Un bloque de búsqueda

Contra ese engranaje mide, a partir de este viernes, sus fuerzas el ultra Abelardo de la Espriella al asumir la Presidencia de Colombia. El mediático penalista de 49 años ha convertido la lucha contra la corrupción en uno de los ejes de su discurso. Su apuesta pasa por una herramienta inédita: un bloque de búsqueda especial subordinado a su mando directo para perseguir los desfalcos mediante inteligencia financiera, policía judicial y procesos exprés de embargo de bienes. “Aquí no se va a tolerar la corrupción; aquí nadie tiene corona”, advirtió el pasado 20 de julio en Medellín.

Para Enciso, la iniciativa puede ser útil, pero no debe confundirse con una política anticorrupción. “El principal problema de Colombia no es la falta de operativos, sino la ausencia de instituciones independientes y de mecanismos reales de prevención”, sostiene. Sin reformas estructurales, advierte, un órgano supeditado directamente al presidente se expone a la politización: el peligro de seleccionar los casos por conveniencia política, contra el Gobierno saliente u opositores, mientras se obvian otros. Adriana Romero coincide y anticipa en la propuesta el enfoque previsible de un penalista: castigar el delito cuando ya se ha cometido, en lugar de evitar que ocurra.

Frente a los operativos de choque del nuevo presidente, sin embargo, existe un camino menos vistoso. Romero apunta a reformas de calado que ya encadenan una década congeladas, o encalladas, en el Congreso: la protección legal a los denunciantes, la regulación de grupos de presión o lobbies y la obligación de transparentar qué nombres se esconden detrás de las empresas que contratan con el Estado. Son medidas silenciosas, sin embargo, advierte la analista, son pilares básicos sin los cuales cualquier bloque de búsqueda estará condenado a perseguir el humo.

Las cosas sí cambian cuando pones el foco en el lugar correcto

Paula Bolívar — Periodista de investigación

La caída del dominó que ha sacudido al país desde febrero de 2024 comenzó con un hilo sutil: la llamada de un ciudadano desde La Guajira, la olvidada península desértica, al extremo norte de Colombia, donde los niños indígenas mueren de sed. El Estado había enviado una flota de camiones cisterna para mitigar la sequía, pero los vehículos permanecían averiados, inservibles. Era un monumento al abandono. Cuando Paula Bolívar decidió investigar aquel rastro, casi nadie recordaba la existencia de la oficina nacional encargada de socorrer las emergencias del país. Tirar de aquella manta desveló el saqueo. “Las cosas sí cambian cuando pones el foco en el lugar correcto”, concluye la reportera.

En la última sesión parlamentaria de Colombia, 102 senadores prestaron juramento. Fueron 32 mujeres, 69 hombres, y un elefante como de dibujos animados. Zigzagueando entre sus compañeros senadores, ellas y ellos con vestidos y trajes impecables, al peluche blanco y barrigón le costó un poco abrirse paso por el estrecho pasillo central de la sala de actos del Congreso para prestar juramento.

Pasar desapercibido nunca fue una opción para Luis Carlos Rúa, el nuevo senador de 34 años que hizo su campaña electoral sin descubrir, hasta tres días antes de las elecciones, que era él quien llevaba cinco años publicando vídeos en las redes con el disfraz del elefante blanco, el mismo término que se emplea en Colombia para las obras públicas infladas de precio, abandonadas o inútiles.

Las denuncias que Rúa hacía de esas obras en sus vídeos en redes lograron cientos de miles de visualizaciones y, en ocasiones, tuvieron consecuencias directas sobre su destino. Ahora, con el apoyo de unos 124.000 votantes, Rúa figura entre los senadores con más respaldo del país.

“El día de la toma de posesión fue espectacular porque en ninguna parte del mundo había ocurrido nunca algo parecido”, dijo Rúa, que durante la ceremonia de juramento solo se quitó la máscara en un par de ocasiones.

“Ningún senador había jurado el cargo de esa manera”, explicó vestido con traje de gala durante una videoconferencia desde los pasillos del Congreso. “Estoy a punto de entrar en una sesión plenaria, no llevo el disfraz porque es para ocasiones específicas y no todos los debates son tan importantes”.

Los orígenes del personaje de Rúa se remontan a 2019, cuando trabajaba para el ayuntamiento de la ciudad de Pereira, de casi medio millón de habitantes y a unos 330 kilómetros de Bogotá. Durante ese trabajo fue testigo de las presiones que ejercía la administración para que los empleados consiguieran votos para un determinado candidato. Rúa grabó una conversación y la filtró a los medios. “Tuve que marcharme de la ciudad porque recibí amenazas de muerte”, dijo.

Desde su nuevo hogar en Medellín, decidió continuar con la denuncia de irregularidades solo que de forma anónima. “Aquí en Colombia, si no haces las cosas como quieren los corruptos, no eres bienvenido”, explicó.

Encargó a un ilustrador que le dibujara el elefante y a una costurera que le confeccionara el disfraz, y en noviembre de 2021 publicó su primer vídeo disfrazado denunciando las obras de una carretera que había quedado sin terminar.

Desde entonces, ha publicado decenas de vídeos en los que se escucha una voz distorsionada hablar de puentes, colegios, túneles y hospitales. En algunos, puede verse al elefante blanco avanzando con dificultad por el barro, o el traje blanco manchándose mientras vadea aguas turbias (Rúa tiene otro traje de repuesto).

“Hace muchísimo calor dentro, pero hay que hacerlo de todos modos porque voy a lugares a los que el Estado no llega”, dijo Rúa, que solía financiar sus viajes trabajando como autónomo, vendiendo peluches del elefante blanco, y organizando campañas de micromecenazgo. Hasta que se dio cuenta de que no podría sostenerlo mucho más y se presentó a las elecciones para continuar su labor de supervisión con el sueldo de senador.

En diciembre anunció su candidatura sin descubrir quién era. “Revelar mi rostro solo tres días antes de las elecciones me dio tiempo suficiente para garantizar mi propia seguridad”, dijo. En casi todos los 1.100 municipios de Colombia hubo al menos una persona que votó por él.

En opinión del analista político Gabriel Cifuentes, la elección del elefante blanco es un reflejo de la creciente influencia que las redes ejercen sobre las elecciones y del “cansancio creciente con la política tradicional”. “La política se percibe como una actividad corrupta y, en ese sentido, activistas como él, sin vinculación con los partidos políticos, pueden atraer la atención de un público que usa cada vez más las redes como forma de estar conectado”, dijo.

Una de las intenciones de Rúa es aprobar una ley que obligue a los ayuntamientos a dotar presupuestos específicos para la reparación de baches. Llevaría el nombre de su padre, Darío Rúa, que en 2024 falleció a los 85 años tras caerse en una calle con baches.

El senador sostiene que votó en blanco en la segunda vuelta de las presidenciales en las que se presentaban el senador Iván Cepeda, de izquierdas, y el abogado millonario de extrema derecha Abelardo de la Espriella, que salió vencedor. “No soy de izquierdas, ni de derechas, ni de centro, soy independiente”, dijo Rúa.

Aun así, al nuevo senador ya lo han criticado por ayudar con su voto a aprobar la propuesta que hizo el presidente electo de la Espriella de trasladar la ceremonia de investidura del viernes a Cali, a unos 450 kilómetros de distancia de Bogotá, donde estaba originalmente programada. El Senado aprobó la propuesta con 58 votos a favor y 30 en contra.

Las críticas a Rúa tenían que ver con su mensaje de campaña, en contra de despilfarrar dinero público y aparentemente incoherente con el traslado de la investidura presidencial, con cientos de invitados y todo el personal, para una ceremonia de solo un día.

Rúa dijo que lo hizo para enviar “una señal de presencia del Estado a una región históricamente desatendida”. También, que la investidura costará menos que la del presidente de izquierdas Gustavo Petro en 2022, incluso con los costes del cambio de sede.

Rúa dijo que asistiría a la investidura del nuevo presidente disfrazado de elefante blanco. “Mi relación con él será básicamente de supervisión política; exactamente la misma que si hubiera ganado el otro candidato [Cepeda]”.

Traducción de Francisco de Zárate.

El ultraderechista Abelardo de la Espriella, de 49 años, asumirá la presidencia de Colombia este 7 de agosto con una inédita investidura en una universidad privada de Cali, la tercera ciudad del país. Respaldado por 12,9 millones de votos, pero sin bancada propia en el Congreso. Su mandato arranca en un ambiente de crispación política: el proceso de empalme institucional con el Gobierno saliente del progresista Gustavo Petro quedó roto por las peleas entre ambos. Y, aunque los choques con la izquierda estaban previstos, la verdadera sorpresa radica en las fisuras dentro de su propia coalición, evidenciadas en algunos desencuentros con la derecha tradicional del expresidente Álvaro Uribe.

La cronología es la siguiente: dos días después de la segunda vuelta presidencial, incluso antes de que se oficializara el triunfo del radical, el Centro Democrático se declaró “partido de Gobierno” y le entregó a De la Espriella una lista de prioridades legislativas. La colectividad de Álvaro Uribe, con una bancada consolidada de 47 congresistas entre Senado y Cámara, ratificó así una alianza parlamentaria que ya se daba por descontada desde la campaña.

Pero la armonía duró poco. La primera derrota política del presidente electo llegó antes de su investidura. Durante la instalación del Congreso el pasado 20 de julio, la presidencia del Senado quedó en manos de Honorio Henríquez (Centro Democrático) y no de Alfredo Deluque (Partido de la U), la ficha respaldada por De la Espriella. Por tradición, el cargo correspondía al uribismo como fuerza mayoritaria de la coalición oficialista. Y aunque el ‘Tigre’ intentó romper esa norma no escrita para imponer a su favorito, el pulso terminó en fracaso.

De hecho, las advertencias de Uribe no se hicieron esperar. Si bien reiteró su apoyo a las iniciativas del nuevo Gobierno que coincidieran con sus principios, también lanzó una pulla con su sello: “Si el tigre ruge para acabar con el Centro Democrático, nos toca defendernos como abejas laboriosas”. Lejos de retroceder ante el exmandatario, el presidente electo replicó y redobló la apuesta con una frase política: “Hay pulgas que tienen el insignificante derecho de picar a los tigres, pero los tigres no detendrán la marcha por esa tontería”.

La vieja guardia resiste

La fisura en el bloque derechista, sin embargo, no es de momento programática. En seguridad, economía o el desmantelamiento de la obra de Petro, las coincidencias son casi absolutas. La batalla se libra en otro terreno, menos ideológico y más pragmático: una disputa por la hegemonía y el control del poder.

El politólogo Yann Basset lee el conflicto como una grieta generacional en la derecha. En una orilla resiste la corriente tradicional, con Uribe como pilar, a sus 74 años. En la otra, emerge una facción radicalizada, cercana al libertarianismo, que mira a Trump, Bukele o Milei, y que ya no necesita la bendición del expresidente. De la Espriella, al mando del joven movimiento Defensores de la Patria, reclama la jefatura de este nuevo orden. Por eso el nudo se halla en la pugna por el liderazgo entre dos vertientes de una misma familia que se necesitan, pero no siempre hablan el mismo lenguaje.

Salvado el terreno ideológico, la distancia es sobre todo de formas. Camilo Cruz, politólogo de la Universidad del Valle, resume que se trata del choque entre una fuerza institucional y una emergente. El Centro Democrático, añade, opera como una maquinaria hecha al consenso parlamentario: doce años de partido y toda la experiencia del uribismo en un Congreso donde casi todo se negocia mediante pactos, transacciones y clientelismo. De la Espriella, en cambio, irrumpe como un advenedizo que aspira a prescindir, en lo posible, de esa diplomacia y se presenta con un tono que promete confrontación cuando las cosas no fluyan.

Basset añade un factor sociológico. Al volverse un partido tradicional, el Centro Democrático se elitizó, pasó de aquella gran base popular que adoraba a Uribe a comienzos del milenio a convertirse en una fuerza urbana de clase alta. De la Espriella entendió el vacío y recogió a esa parte de la militancia de derecha popular que el uribismo dejó ir.

El conflicto cultural

Discursos, publicaciones en redes y el ajedrez de los ministerios han sido los termómetros habituales para medir el rumbo de la nueva derecha. Sin embargo, la politóloga Laura Wills, de la Universidad de los Andes, sugiere afinar la mirada hacia el terreno cultural. A su juicio, el gabinete de De la Espriella carga una impronta mucho más religiosa y doctrinaria que la del uribismo histórico. De hecho, ya existe una agenda de recortes a conquistas sociales que se consideraban consolidadas —como el derecho al aborto, la educación laica o los asuntos de género—. Es una lectura prudente, pero que asoma un dilema inevitable: descifrar si la retórica del Gobierno entrante marca una ruptura real con el pasado y si la coalición oficialista terminará partida entre la vieja guardia y la nueva extrema derecha.

El retrato se complica al mirar los pilares que llevaron a De la Espriella al poder. Las fuerzas que lo respaldaron son heterogéneas: junto al Movimiento de Salvación Nacional —un claro escudero que, pese a contar con apenas cuatro congresistas, aporta el sello radical de una colectividad familiar de honda cultura católica y férrea defensa del orden— conviven estructuras regionales y barones electorales de corte más moderado. De ahí que los analistas aguarden con paciencia a ver cómo compaginará su retórica extremista con una coalición que, en la práctica, empuja de vez en cuando hacia el pragmatismo.

Ninguno de estos dilemas tiene un final escrito. En una Colombia bajo un sistema presidencialista, con fortines regionales fragmentados, altas cortes diversas, gremios y sindicatos, mover las líneas del poder es una tarea titánica. La primera incógnita apunta a si el presidente electo usará el poder para arrastrar a la derecha tradicional hacia sus tesis radicales. O si la necesidad de coalición moderará su discurso. La segunda duda recae en el uribista Centro Democrático: si optará por endurecerse para evitar ser absorbido o si terminará abrazado al ala fuerte.

Para el analista Gustavo Duncan, de la universidad EAFIT de Medellín, el primer gran reto de De la Espriella no es constitucional, sino aritmético: armar mayorías en el Congreso. Más allá de su promesa de respetar la Constitución de 1991, el verdadero peligro radica en que, ante la falta de apoyo legislativo, el mandatario opte por gobernar a golpe de decreto en materias que exigen reformas de fondo, en la misma línea de Petro. En todo caso, su margen de maniobra es corto.

Entre Fujimori y Bolsonaro

El politólogo Camilo Cruz matiza incluso la etiqueta ideológica y prefiere hablar de “nueva derecha” antes que de “ultra” a la hora de referirse al presidente electo. Para sustentarlo, identifica una combinación de personalismo, negacionismo climático, batalla cultural, religiosidad y descalificación del adversario. Propone, además, una imagen que ilustra el relevo político mejor que cualquier fecha: Uribe se miró siempre en la derecha latinoamericana de su generación (Fujimori o Collor de Mello), mientras que De la Espriella se proyecta en la de la suya (Milei, Bukele y Bolsonaro).

Esta mutación, que hoy amenaza al uribismo histórico, evoca el eclipse de algunas maquinarias tradicionales europeas. En la Italia de 1994, Silvio Berlusconi fundó Forza Italia sobre las ruinas de la Democracia Cristiana, el gigante que gobernó el país durante casi medio siglo. Con esa estrategia absorbió su espacio, heredó sus votantes y asimiló a sus cuadros. Tres décadas después, su partido quedó reducido a socio menor de la ultraderecha de Giorgia Meloni, a la que el propio Berlusconi había abierto la puerta. El reflejo italiano deja una advertencia clara: las fuerzas erigidas alrededor de un solo hombre suelen tener fecha de caducidad.

Ahora De la Espriella asume el poder con toda la arquitectura del Estado a su favor, pero sin músculo propio en el Congreso. Su movimiento, Defensores de la Patria, ya está en fila para convertirse en partido formal: un remedio tardío para una bancada que, de lograrlo, no existiría hasta 2030, cuando su líder entregue el poder. Hasta entonces, el abogado penalista que ganó publicitandose como ajeno al sistema tendrá que negociar y adaptarse al juego de tronos del Congreso que desdeña si quiere sacar adelante su proyecto, la llamada “Patria Milagro”.

El presidente electo de Colombia, el radical de derecha Abelardo de la Espriella, pretende quebrar siglo y medio de tradición republicana. Quiere jurar su cargo el próximo 7 de agosto en un cuartel militar en una zona de conflicto al sur del país, a casi 600 kilómetros de la céntrica Plaza de Bolívar de Bogotá donde siempre se ha llevado a cabo. La respuesta del mandatario saliente, el izquierdista Gustavo Petro, ha sido enfática: no estrechará la mano de su sucesor.

En un último pulso de poder, además, prohibió usar instalaciones castrenses para la ceremonia antes de las 15.00 horas, momento en que dejará de ser comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se trata de un encontronazo inédito que eleva al máximo la temperatura de un país ya fracturado tras las elecciones más reñidas de su historia reciente.

Popayán, capital del Cauca y epicentro de una violencia crónica, es uno de los escenarios de la discordia. Al exigir su investidura allí, De la Espriella envía un mensaje político desde un territorio cercado por disidencias guerrilleras, narcotraficantes y extorsiones que asfixian a la población y el comercio local. La Presidencia ha dejado claro el marco jurídico: solo el Congreso puede cambiar la sede de la toma de posesión, lo cual deja al Ejecutivo sin facultades para autorizar el traslado. Pero Petro también fijó su postura en redes sociales y advirtió que, mientras sea comandante de las Fuerzas Militares, ninguna base se prestará para una ceremonia que, a su juicio, no les corresponde albergar.

El gesto expone riesgos institucionales a los que apuntan juristas y analistas de distintas orillas. “Un presidente civil debe entregar el poder a otro presidente civil. Los militares no tienen por qué estar en el centro”, advierte Mauricio García Villegas, profesor de la Universidad Nacional. Lo que más desconcierta al académico es la puesta en escena: “El presidente no es militar, ni ha sido militar, ni tiene origen militar. En el mejor de los casos, esto es una confusión”. Pero el contraste ha sido una de las marcas de De la Espriella desde la campaña presidencial: el abogado penalista que moldeó su carrera y su fortuna en los estrados judiciales se ha rodeado de militares retirados y reservistas, y se ha publicitado con sus saludos de visera y juramentos a la bandera.

El presidente no es militar, ni ha sido militar, ni tiene origen militar. En el mejor de los casos, esto es una confusión

Mauricio García Villegas — Profesor de la Universidad Nacional

Para la politóloga Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Pares para la paz y la reconciliación, el traslado de la posesión a un cuartel invierte la lógica republicana: subordina el poder civil a un escenario dominado por las armas. “Ahí conviven dos mensajes que se anulan”, dice. Por un lado, el homenaje a las Fuerzas; por otro, el desdén por el Congreso de la República. Y es justo allí donde De la Espriella necesita asegurar apoyos para su coalición y, en paralelo, se trata del único órgano con potestad para autorizar un cambio de sede.

El constitucionalista Rodrigo Uprimny rescataba el domingo en El Espectador una lección esencial sobre la salud democrática del país: la liturgia presidencial en Colombia ya tiene sus propios tiempos, pues existe una ceremonia posterior a la investidura en la que las Fuerzas Militares reconocen en el acuartelamiento a su nuevo jefe. Luego la comparaba con el modelo estadounidense. Los tres generales que llegaron a ocupar la Casa Blanca –Washington, Grant y Eisenhower– jamás volvieron a vestir el uniforme, nunca retomaron el saludo militar y menos aún contemplaron jurar el cargo en una guarnición. Aquellos hombres entendían perfectamente que la verdadera legitimidad de su poder nacía de las urnas y no de las armas.

Los militares, incómodos

La región del Cauca es, quizá, el mejor termómetro del fracaso acumulado del Estado colombiano. Tras el acuerdo de paz de 2016, que desmovilizó las FARC, dos estrategias presidenciales antagónicas buscaron institucionalizar el vacío territorial dejado por la guerrilla. El conservador Iván Duque (2018-2022) optó por una ofensiva total. Acto seguido, Gustavo Petro (2022-2026) impulsó un modelo de negociación con todos los grupos violentos en paralelo bajo el rótulo de la “paz total”. Los dos enfoques fallaron, según los analistas, y en el último cuatrienio las mafias usaron los ceses al fuego para expandirse. “Todo el mundo percibe que el Estado perdió la batalla”, resume Laura Bonilla. “No sirve la militarización, no sirve la negociación. Estamos en un momento en que, al parecer, nada sirve”.

Todo el mundo percibe que el Estado perdió la batalla. No sirve la militarización, no sirve la negociación. Estamos en un momento en que al parecer nada sirve

Laura Bonilla — Subdirectora de la Fundación Pares

Los más incómodos con el plan de la ceremonia en el Cauca, de hecho, podrían ser los propios homenajeados por De la Espriella. El Ejército colombiano carga con varias deudas históricas que condicionan su papel público. Arrastra, por ejemplo, el lastre de los mal llamados falsos positivos: más de 6.402 civiles ejecutados y camuflados como bajas guerrilleras, según la justicia transicional. Solo así se entiende que ahora midan cada paso que dan.

Desde hace unos años, señalan los analistas, los mandos han extremado precauciones. En los cuarteles ha arraigado lo que Bonilla describe como “obediencia reflexiva”, y los altos oficiales advierten con severidad a sus subalternos sobre los límites legales de sus operativos o acciones. Pedro Medellín, politólogo y profesor de la Universidad Nacional, matiza y recuerda, en todo caso, que la responsabilidad no ha sido solo castrense: distintos gobiernos civiles presionaron para lograr resultados y, cuando surgieron los escándalos porque se extralimitaron en sus funciones o violaron los derechos humanos, gran parte de la carga política y penal recayó en los uniformados.

Por eso, este turbulento traspaso de poderes ha dejado una paradoja institucional que Medellín subraya: “Ver a los militares defendiendo los resultados electorales y exigiendo al gobierno civil que cumpla con los principios de la democracia es un hecho que fortalece el sistema”. Al mismo hilo recuerda que, hace unas semanas, cuando Petro deslizó la idea de no reconocer la derrota electoral de su candidato, Iván Cepeda, fue su propio Ministro de Defensa quien garantizó públicamente que el relevo se haría bajo el imperio de la ley. “No es un cheque en blanco”, zanja Bonilla. “Ningún presidente en Colombia ha logrado apropiarse del todo de las Fuerzas Militares”, recuerda.

Egolatría frente a seguridad

Un dato electoral suma simbolismo: el sureño departamento del Cauca votó mayoritariamente en contra del proyecto radical De la Espriella. El candidato, de 48 años, perdió allí de forma contundente en unas elecciones tan ajustadas que la diferencia nacional se resolvió, en buena medida, por los votos de los colombianos en el exterior. “Es un mensaje de golpe de mano en una zona adversa”, interpreta Bonilla. La analista, no obstante, relativiza el impacto operativo: ningún grupo criminal va a retroceder porque la toma de posesión ocurra en una guarnición. El valor práctico del mensaje, agrega, favorece más al “ego” del mandatario electo que la seguridad real de la región, marcada por las economías cocaleras, los conflictos sociales y la salida estratégica al océano Pacífico.

Ahora queda por ver dónde se celebrará la ceremonia. La vía legal aún existe, pero es angosta: el nuevo Congreso tiene menos de tres semanas para aprobar el traslado de la toma de posesión fuera de Bogotá, un hito inédito en las investiduras colombianas. Incluso si Senado y Cámara alcanzaran un acuerdo, el último candado administrativo y logístico estaría, mientras Petro permanezca en funciones, en la decisión del Ejecutivo. Y del alto mando militar. Uprimny avisa de un tercer frente: el acto podría ser impugnado ante los tribunales por desconocer principios constitucionales que ordenan jurar ante el Congreso. Bonilla, habituada a los pulsos institucionales del país, lo interpreta con realismo: “Es bastante improbable que ocurra”.

Sea en una guarnición regional o en la Plaza de Bolívar de Bogotá, rodeada por el Palacio de Justicia o el Capitolio Nacional, algo ya se ha roto. A menos de dos semanas del relevo, Colombia sabe que su presidente saliente y el entrante no se darán la mano, un viejo gesto de convivencia y valor civil: el progresista considera ilegítimo al sucesor, mientras el ultra de derecha tilda de criminal al mandatario que se va. La banda presidencial cambiará de pecho, de todos modos, pero, como señala el sociólogo Eduardo Pizarro Leongómez, la idea de mudar la toma de posesión del ámbito civil al militar deja un mensaje inquietante: el de la primacía “de la fuerza sobre la ley”.

Hace apenas una semana, Abelardo de la Espriella, candidato de extrema derecha, fue elegido presidente de Colombia en una segunda vuelta en la que apenas 250.000 votos lo separaron del candidato de izquierdas, Iván Cepeda. Suficiente, en todo caso, para aparecer celebrando la victoria en redes sociales con la camiseta de la selección de fútbol de su país. O, al menos, algo casi idéntico: una prenda amarilla con tres líneas rojas sobre los hombros que en vez del escudo de la Federación Colombiana de Fútbol muestra la imagen de un tigre (De la Espriella se hace llamar el Tigre) y que en vez del logo de Adidas, en el lado derecho del pecho, muestra un lema: Firme por la patria.

Al abogado ultraderechista, que hace años reconoció que detestaba el fútbol, su versión ligeramente alterada de la camiseta de Colombia le convence incluso más que la original. Lleva meses tratando de asociar la camiseta de la selección a sus propuestas políticas: no solo la viste él, en sus mítines quienes la llevan son legión, y entre su círculo próximo casi no hubo quien se atreviera a no ponerla para celebrar su victoria.

Ese intento de apropiación no ha pasado desapercibido. A Cristhian Alexander, un periodista colombiano de 28 años que reside en Madrid, esto le indigna: “Es un robo a un símbolo de unidad nacional por parte de la derecha. Como no soy afín a la derecha, he decidido no ponerme la camiseta de la selección durante el Mundial. No quiero que la gente piense que apoyo a De la Espriella”.

Andrés González, colombiano de 34 que lleva cinco en España trabajando en una consultora, no es partidario de llegar tan lejos, aunque sí que ha empezado a sentir cierto rechazo: “Ver en los noticieros a gente usando la camiseta de la selección mientras profiere insultos racistas, pide bombardear a comunidades enteras y expresa deseos antidemocráticos me hace perder las ganas de usarla. Con todo, pocas cosas unen a Colombia como su apoyo fiel a la selección. Yo la quiero seguir usando”.

No todo el mundo está de acuerdo con estos análisis. Joaquín García Uribe, trabajador de 29 años de una multinacional de comercio, opina que el debate se ha sacado de contexto: “Creo que la izquierda exageró, ya que muchas otras veces se ha visto a candidatos de la izquierda usar la camiseta de la selección. Además de que ni la derecha ni nadie en ningún momento dijo que cierto tipo de personas no pudieran usar la camiseta, ergo no hubo apropiación alguna. Siempre me voy a poner la camiseta de la selección. No importa cuánto se intente politizar, la pasión del fútbol siempre será más grande que la política”.

Laura Peña, comunicadora social de 31 años que vive en Bogotá, la capital colombiana, subraya al respecto que ha habido incluso un intento de contraataque: “Hay una manipulación, un intento de generar división con símbolos que pertenecen a todos y a nadie al mismo tiempo. Pero se dio una reacción muy interesante por parte de gente que precisamente por no apoyar a la derecha empezó a llevar la camiseta de la selección. Al principio, a los seguidores de De la Espriella se los identificaba rápido porque eran los que llevaban la camiseta de la selección de Colombia, pero al final de la campaña no estaba tan claro”. Con todo, Peña también tiene claro su veredicto: “Yo hoy no llevaría la camiseta de la selección de Colombia, incluso aunque se empiece a usar como símbolo de rebeldía contra la derecha”.

Tras los pasos de Bolsonaro

De la Espriella no es, ni mucho menos, el primer candidato de extrema derecha que protagoniza una maniobra similar. Hace diez años, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro logró una identificación tal entre la verdeamarela y su partido que colgar una camiseta de la selección brasileña en un balcón se convirtió en un símbolo de apoyo a sus políticas.

Este cobró tanta fuerza que hubo intentos por parte de intelectuales progresistas de que la pentacampeona cambiara sus colores. “Siempre pensé que nuestra bandera y nuestros colores tenían una gran belleza, pero ahora simbolizan la intolerancia, la ignorancia política, incluso el fascismo”, decía entonces el cineasta y guionista brasileño Lucas Justiniano. Coincidía el escritor João Carlos Assumpção: “En mi opinión, ahora mismo vestir de color amarillo es como pegarse un tiro en el pie porque se identifica con Bolsonaro. Y de esta realidad no se escapa nadie. Necesitamos usar el blanco y el azul para distanciarnos de Bolsonaro”.

La cuestión todavía colea. Hace un año, Nike, la marca que viste a la selección brasileña, filtró que preparaba para el equipo una segunda equipación de color rojo. Aunque esta estaba inspirada en la madera del árbol que da nombre al país, faltó tiempo para que los movimientos de derechas la rechazaran por juzgar que ese era el color de la izquierda. Finalmente, la federación brasileña dio marcha atrás al proyecto: la segunda equipación de Brasil en este Mundial es azul eléctrico.

“La extrema derecha se ha centrado en dar la batalla cultural para conquistar el sentido común de la gente”, empieza explicando al respecto a elDiario.es Steven Forti, historiador, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona y autor de Extrema derecha 2.0. Qué es y cómo combatirla (Siglo XXI). Lo hace, explica Forti, tratando de apropiarse palabras, ideas o conceptos que son aceptadas socialmente o tienen cierto tirón. En Francia, por ejemplo, Marine le Pen lleva tiempo reivindicando los valores laicos de la Revolución Francesa, algo que hasta ahora no había interesado a la extrema derecha.

A esto, añade Forti, se suma un elemento más: el nacionalismo, el corazón de los movimientos de extrema derecha, pone fácil remitirse a símbolos que apelan al país. Ahí entran, en su opinión, las camisetas de las selecciones nacionales: “De la Espriella intenta lo que ya intentó Bolsonaro. Entiendo que haya gente que no quiera llevar la camiseta”.

En España, el rechazo a la camiseta de la selección nacional se circunscribe hoy casi en exclusiva al ámbito del independentismo. Hace unos días, por ejemplo, Ernai, parte de las juventudes de Sortu, robó camisetas de la selección española para reivindicar a la selección vasca de fútbol. Por lo demás, la camiseta de la selección española es un éxito de ventas, aunque este año lo sea especialmente la segunda equipación, de color blanco.

No siempre fue así. Lo sabe Gregorio Casanova, historiador y redactor jefe de Cultura en Vozpópuli que lleva años analizando qué significa el nacionalismo y que recuerda que, por esas curiosidades que trae a veces el destino, Andrés Iniesta marcó el gol más importante del fútbol español vistiendo no de rojo, sino de azul, el color que tuvo que adoptar la selección tras la Guerra Civil por imposición de la Falange. Porque el color del equipo nacional de fútbol no ha sido nunca solo un color.

Recuerda también que hasta el ciclo ganador de los años 2008 a 2012, a la camiseta de la selección se la contemplaba desde la izquierda con el mismo recelo con el que se observa la bandera nacional. “La victoria en la Eurocopa de 2008 sirvió para despojar a los símbolos nacionales de sus connotaciones franquistas y reconstruir una reivindicación patriótica basada en el orgullo de ser español, superando la dicotomía entre izquierda y derecha. Hay incluso quien sostiene que ayudó lograrlo mediante un estilo de juego refinado e inteligente, antagónico a esa cosa añeja de la furia española”, explica Casanova.

“Creo que una de las mejoras definiciones de las naciones la dejó Benedict Anderson al describirlas como comunidades imaginadas. Dentro de esta profunda abstracción en la que millones de personas creen pertenecer a una nación determinada, el deporte juega un valor fundamental en la plasmación de la nación”, ahonda el historiador. “En cualquier partido de este mundial vemos a 11 compatriotas jóvenes, atléticos, admirados y ataviados con emblemas y colores nacionales compitiendo frente a frente contra otra nación. Es una guerra en miniatura. Si un mapa meteorológico en el que ensombrecemos a la pobre Portugal durante el informativo ayuda a recordar la nación mientras cenamos, imagina un partido de fútbol. Se produce la encarnación deportiva de una de las aspiraciones de todo nacionalista, crear el ellos y el nosotros”.

¿Qué hacer, entonces? ¿Son estos procesos de apropiación de la extrema derecha inevitables? Forti tiene una propuesta: “La izquierda debería disputarlo. ¿Por qué tenemos que avergonzarnos de llevar la camiseta de nuestro país? Si lo abandonamos, recuperarlo va a ser muy difícil”.

Lima, 3 de julio. Casi un mes después de la celebración de la segunda vuelta electoral en Perú, finalmente Keiko Fujimori es proclamada presidenta de su país. En unos comicios más que diputados, el recuento fue especialmente lento y sigue siendo cuestionado: el candidato de la izquierda, Roberto Sánchez, ha anunciado que recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar irregularidades en el escrutinio del voto exterior. Y esto no es un detalle: las papeletas contabilizadas fuera de territorio peruano son las que han dado la victoria final, por menos de 50.000 votos, a la hija del condenado y fallecido Alberto Fujimori.

El pasado lunes, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó el escrutinio que confirmó la victoria de Fujimori (50,135%) sobre Sánchez (49,865%). Pero sucede que el recuento en Perú deja a Sánchez por delante, con 9.060.022 votos y 32.014 de diferencia sobre Keiko.

Sin embargo, el resultado es muy diferente en las urnas de los consulados: la hija del presidente Alberto Fujimori, que murió condenado por delitos contra los derechos humanos y corrupción, se queda con el 63% de los votos, y más de 81.000 de diferencia. Así es como toma la delantera, para imponerse por apenas 49.641 papeletas.

La segunda vuelta en Colombia resultó igualmente reñida, con un duelo inesperado: el candidato del presidente Gustavo Petro, Iván Cepeda, se enfrentó (y perdió) frente al extravagante abogado y empresario Abelardo de la Espriella, que no aparecía como el mejor posicionado en las encuestas previas a la primera vuelta. Con el apoyo explícito de Donald Trump, el millonario se impuso en el ballotage por una diferencia de 250.000 votos y menos de un punto porcentual.

Pero si el voto dentro de las fronteras de Colombia le daba una ventaja de poco más de 73.000 papeletas, el emitido en los consulados colombianos inclinó la balanza definitivamente. En algunos países, como Estados Unidos, Venezuela o Panamá, De la Espriella obtuvo entre el 77 y el 81% del escrutinio.

El 63% de los migrantes colombianos con derecho a voto se inclinaron a la derecha, y un 65% de los peruanos. En la comunidad peruana en el exterior la derechización del electorado fue tan evidente que en la primera vuelta el candidato de izquierdas apareció en octavo lugar. El más votado fue Rafael López Aliaga, un candidato a la derecha de Keiko, ultraconservador, de la esfera del Opus Dei y que confesó estar enamorado de la virgen María.

“En elecciones altamente polarizadas y decididas por márgenes mínimos, el voto exterior puede funcionar como bisagra”, concede Lisa Zanotti, investigadora asociada del Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha (Ultra-Lab). Zanotti, sin embargo, cree que hay diferencias entre estas dos elecciones y pide distinguir entre decisivo y relevante: “En Perú, el voto exterior no reforzó una tendencia, sino que cambió el resultado; en Colombia no parece haber decidido al ganador, pero sí fue fundamental para transformar una ventaja mínima en una victoria más políticamente legible”.

Un voto decisivo (y a veces diverso)

“Ya podemos hablar de un giro reaccionario en la política latinoamericana. Otras veces fue conservador, pero en esta ocasión es reaccionario”, analiza Jorge Resina, profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid y estudioso de los procesos electorales en la región.

Ese giro que apunta Resina es aún más pronunciado fuera de las fronteras de los países: “En general, el voto migrante latinoamericano está escorado a la derecha”, explica, un hecho que para Anna Ayuso, investigadora para América latina en el Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB), puede tener que ver con sus características sociológicas. “En estos países hay mucha diferencia entre el votante de las ciudades y el rural; y eso, que se ve en los resultados generales, es todavía más evidente en el escrutinio de los consulados, porque se trata sobre todo de personas de clase media urbana”, detalla.

Los conflictos internos del país se reproducen fuera, pero filtrados por la experiencia migratoria y por el contexto político del país de residencia

Lisa Zanotti — investigadora - Laboratorio para el Estudio de la Ultraderecha

“También hay un sesgo de selección”, señala Zanotti. “Quienes votan desde el exterior no son una muestra representativa del electorado nacional. Tienen trayectorias migratorias, redes y consumos mediáticos específicos”, detalla. Para ella, no hay un único voto migrante. “No vota igual una diáspora marcada por exilio político, inseguridad o rechazo al chavismo que una diáspora estudiantil, profesional o integrada en contextos europeos. Entonces sí el voto exterior permite ver cómo la política nacional se desterritorializa: los conflictos internos del país se reproducen fuera, pero filtrados por la experiencia migratoria y por el contexto político del país de residencia”, explica.

Realidades diferentes

“Es interesante analizar el voto exterior porque muestra cómo las divisiones ideológicas nacionales viajan y se reorganizan en la diáspora”, reflexiona Zanotti. Los temas que han dominado las campañas electorales pueden adquirir un peso diferente o recibir una mirada particular desde una distancia de miles de kilómetros.

Los expertos consultados coinciden en que el afán de estabilidad económica y política entre los migrantes peruanos pudo encontrar una respuesta en la visión neoliberal de Keiko y el poder intrínseco del fujimorismo. “Muchos de los que están enviando remesas desde otros países consideran que las políticas de apertura van a potenciar el crecimiento del país”, sostiene Resina.

El tema de la estabilidad juega un papel importante en Perú, que ha tenido nueve presidentes en la última década. “Es curioso, porque el propio fujimorismo ha fomentado esa ingobernabilidad. Es el que ha hecho caer la mayor parte de los gobiernos”, señala Anna Ayuso. “Así que, finalmente, mucha gente ha dicho ‘si queremos estabilidad hay que darles el poder a ellos’. Pero esto es realmente muy peligroso, porque en Perú hay una corrupción sumamente arraigada, incrustada en el sistema”, explica.

Para Ayuso, Fujimori parte con un déficit de legitimidad por lo ajustado del resultado y el origen de los votos decisivos. “Tendrá que lidiar con la frustración en los sectores que votaron a Sánchez, e inicialmente se verá obligada a hacer algunas concesiones, a ser un poco más dialogante”, pero su triunfo reaviva el fantasma del autoritarismo.

El sistema peruano otorga ventajas de representación legislativa al candidato presidencial más votado, pero todavía hay que ver cómo se moverán las fuerzas políticas en un parlamento que vuelve a ser bicameral después de 34 años. La anulación del Senado es parte del legado de Alberto Fujimori, a quien su hija ha reivindicado en campaña como el artífice de una época de bonanza y seguridad.

La seguridad es, precisamente, otro de los ejes que han marcado estas elecciones. “Lima sobre todo lleva unos años horribles, y es posible que eso desde fuera se perciba como ciudad sin ley”, asegura Resina. En Colombia, además del desgaste del gobierno de Petro, pesan los problemas con el narcotráfico y el conflicto con las FARC.

El voto migrante latino en EEUU se ha derechizado. Creo que tiene que ver con el tema de la seguridad y con la influencia de las iglesias protestantes y pentecostales

Anna Ayuso — investigadora - Barcelona Centre for International Affairs (CIDOB)

“Mucha gente sigue considerando que hubo muchos beneficios para la guerrilla y que el país no mejoró”, apunta Resina. Y en esta percepción también hay un sesgo, el de los que lo miran desde la distancia de la ciudad o incluso desde otro país, y los que viven en contacto con el conflicto, sobre todo en determinadas zonas rurales. Las opciones en campaña iban de la promesa de “paz total” mediante el diálogo promovida por la izquierda al “militarismo” de la ultraderecha.

El ‘amigo’ americano

Aquí Resina introduce otro elemento de análisis: el peso de Estados Unidos en la región. El apoyo de Donald Trump a los candidatos de derecha y ultraderecha los convierte para muchos en una opción pragmática. “Como pasó en las últimas elecciones legislativas en Argentina, el razonamiento es que si gobiernan Milei, Fujimori o De la Espriella, Estados Unidos dará más facilidades y eso contribuirá a la estabilidad”, sostiene.

La promesa de esas ventajas económicas y del apoyo internacional para acabar con la inseguridad han tenido repercusión en los votos. Si se observa el porcentaje de votos por países, los peruanos y colombianos afincados en Estados Unidos se han decantado fuertemente por los candidatos a la derecha: en un 76% en el caso de Perú y el 81% en el de Colombia.

¿El país de residencia condiciona también la mirada migrante? “Si hablamos de Estados Unidos, la inclinación hacia la derecha probablemente combina varios factores: la composición específica de la diáspora, las razones de la migración, el peso del antiizquierdismo en comunidades latinoamericanas y un ecosistema político-mediático donde discursos de seguridad, orden, anticomunismo y liderazgo duro circulan con mucha fuerza”, analiza Lisa Zanotti.

“Está claro que el voto migrante latino en EEUU se ha derechizado. Creo que tiene que ver con el tema de la seguridad, que se ha convertido en uno de los asuntos centrales de las dos elecciones”, sugiere Ayuso, que también apunta a la influencia de las iglesias protestantes y pentecostales que han proliferado en América latina y tienen su origen en muchos casos en Estados Unidos. “No diría que el país de acogida determina el voto exterior, sino que puede reforzar ciertas tendencias”, resume Zanotti.

En España, los peruanos votaron mayoritariamente a Keiko Fujimori: un 60%. Pero en el caso de los colombianos, triunfó la izquierda por la mínima. Si en la primera vuelta muchos no acudieron a las urnas, en la segunda la comunidad se movilizó frente a la posibilidad de un triunfo de la ultraderecha. “Lo vi en los foros en los que participo, y entre mis amigos. Yo mismo viajé a Madrid desde Gijón para votar”, confirma Luis, fisioterapeuta de 36 años que lleva cinco fuera de su país.

“Cuando vives en Colombia estás constantemente bombardeado por los mismos mensajes, sobre todo en los medios de comunicación tradicionales. Vivir fuera te obliga a indagar, a buscar la información. Y en cuestiones como el conflicto con las FARC, la distancia te demuestra que, como en cualquier guerra, hay quien se enriquece con ella”, explica. Luis confiesa sentir nostalgia y dolor tras el triunfo de De la Espriella. “La promesa de mano dura no es nueva. Eso ya lo vivimos, y sabemos cómo terminó”, lamenta.

En el Putumayo, una zona selvática junto a la frontera con Ecuador, el Gobierno de Gustavo Petro instaló en las últimas semanas un centro para la Coordinadora Nacional de Combatientes. Se trata de un centenar de guerrilleros que esperan allí desde el 14 de junio bajo una profunda incertidumbre. El proceso de paz con el Ejecutivo progresista los condujo a este confinamiento provisional, donde ya entregaron sus armas sin un marco legal sólido ni un horizonte claro para su transición a la vida civil. Los negociadores oficiales, además, tienen los días contados: el próximo 7 de agosto está previsto que asuma el poder el presidente electo, el ultraderechista Abelardo De la Espriella, quien ha prometido una guerra sin cuartel.

La apuesta de Petro por la política de “paz total”, con la que llegó al poder en 2022, termina sin acuerdos definitivos y con los grupos armados más fuertes que al inicio del proceso. El ELN, guerrilla de raíz castrista, mantiene control sobre zonas en la frontera con Venezuela; las disidencias de las antiguas FARC se han expandido; y el secuestro, casi erradicado años atrás, vuelve a registrar alrededor de 350 casos al año. De la Espriella, abogado penalista de 47 años, ganó las elecciones el pasado fin de semana con una promesa simple: retomar el enfoque militar en lugar de las concesiones del último cuatrienio. No ha precisado, sin embargo, cómo ni con qué recursos lo hará.

En todo caso, Washington ya ha venido moviendo fichas antes de que el presidente electo detallara sus planes. La estrategia que el secretario de Estado, Marco Rubio, bautizó como SHIELD of the Americas reordena la región bajo una lógica de seguridad continental y sitúa a Colombia en el centro. Ecuador, gobernado por su aliado derechista Daniel Noboa, suscribió primero un acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. Y De la Espriella llega a la presidencia como nuevo socio natural de ese circuito que pone fin a cuatro años de enfriamiento entre Bogotá y Washington.

Una lectura trasnochada

En esta historia el contexto importa. Los fenómenos de violencia que hereda De la Espriella no son del todo iguales a los de 2002, cuando el país vivía atrapado en una espiral de secuestros masivos, masacres paramilitares y una guerrilla que amenazaba las cabeceras urbanas. “Había una sensación muy fuerte de pérdida de control”, recuerda María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz. 

Hoy el conflicto tiene otra anatomía: los grupos armados controlan territorios fronterizos, disputan las rutas de salida de la cocaína y pelean a muerte por la riqueza del subsuelo. A saber: la minería ilegal de oro, cobre y tierras raras, que se ha convertido en una de sus principales fuentes de financiación y, al mismo tiempo, en un recurso que la Casa Blanca mira de reojo por su valor estratégico en la carrera global por materiales críticos para los semiconductores y la carrera por desarrollar la inteligencia artificial.

Estamos en un momento global que favorece la violencia contra la oposición. Trump ha fijado el marco: el narcoterrorista es el nuevo comunista. Un enemigo que justifica casi todo

Jenny Pearce — London School of Economics

Colombia es, además, el mayor productor mundial de cocaína. La droga es el motor de la sangría, pero también sostiene economías rurales enteras y condiciona desde hace décadas la relación entre Bogotá y Washington. En el tramo final de su Gobierno, Petro retomó una campaña de bombardeos contra los grupos violentos. No obstante, fue tarde y sin coherencia, de acuerdo con varios expertos consultados. 

De esta forma Colombia cierra con 262.000 hectáreas de hoja de coca sembradas, la cifra más alta desde que hay registros, y una destrucción manual de apenas 9.400 hectáreas en 2024, el nivel más bajo en una década. Ante esta situación, De la Espriella promete fumigar 300.000 hectáreas en sus primeros meses. Llorente no discute su enorme voluntad política: “Requiere de un aparato militar que no tenemos”.

Se trata de una advertencia a la que se suma el consultor en seguridad Hugo Acero: la lectura de la realidad del presidente electo llega con dos décadas de retraso. “Desde 2016 es claro que no hay un conflicto armado político. No hay guerrillas, hay crimen organizado transnacional”. Y abunda en que las disidencias de las FARC y el ELN ya no buscan la revolución, sino el control del oro y los cultivos ilícitos. Por eso lamenta que De la Espriella llega con una doctrina diseñada para un enemigo que ya no existe.

¿Quién va a costear la guerra?

Camilo Cruz, analista político y doctor por la Universidad Autónoma de México, prevé que el componente antidrogas regresará a ser el eje central de la seguridad. La estrategia, a su juicio, combinará el combate a los grupos criminales junto con “la lógica de protección frente al narcotráfico que Estados Unidos impulsa para la región”. Por eso recuerda que las recientes operaciones militares de los gobiernos en Ecuador y Venezuela contra la minería ilegal son hechos parte del nuevo orden. “Eso se va a convertir en una agenda —añade Cruz— y en parte ya estuvo presente en esta elección”.

El politólogo Jorge Mantilla, investigador de seguridad y conflicto armado, centra el problema en términos de capacidades: “Estamos en un momento de reducción muy importante de la fuerza pública: poder aéreo, personal uniformado, inteligencia, capacidades operacionales y logísticas. Y esa ofensiva que se anuncia llega justo ahí”. Financiarla obligará al Estado a elegir: ¿A qué se le va a quitar presupuesto para inyectárselo a una guerra de alta intensidad?

Acero expone algunas cifras: la administración saliente comprometió 17 billones de pesos (unos 3.500 millones de euros al cambio actual) en aviones de combate suecos Gripen. “No vamos a tener un conflicto internacional y eso no sirve para bombardear mafias”. A este lastre se suman otros 13 billones (2.700 millones de euros) en gastos heredados de Petro. Con unas finanzas asfixiadas y la promesa electoral de no subir impuestos, el experto vislumbra una sola salida: emular a Uribe en 2002 e imponer un gravamen extraordinario al patrimonio. 

Desde 2016 es claro que no hay un conflicto armado político. No hay guerrillas, hay crimen organizado transnacional

Hugo Acero — consultor en seguridad

De cualquier forma Llorente no descarta que el nuevo Ministerio de Defensa bajo el mando de De la Espriella consiga victorias tempranas: operaciones mediáticas que movilicen la opinión pública. “Imagínese que en el primer mes el Ejército da de baja a 'Mordisco'”, asegura, refiriéndose al comandante de las disidencias de las FARC. “Con la ayuda de la inteligencia extranjera, una operación así sería muy popular”. Pero confundir ese golpe de opinión con una política sostenible y bien estructurada es, en su opinión, un riesgo: “¿Con esto va a resolver alguno de los problemas de fonde orden público que tenemos? No”.

El desafío, en un país que ha sido tierra fértil durante más de medio siglo para diversas confrontaciones políticas, no es menor. Por eso, Jorge Mantilla aterriza el debate en la realidad del terreno al advertir el impacto de enviar al Ejército, como se supone hará el nuevo presidente, a zonas donde las mafias ya controlan el tejido social de forma sofisticada. Una ofensiva de esa naturaleza, explica, no solo disparará la violencia, sino que agravará la crisis humanitaria en esos mismos municipios rurales y periféricos que, paradójicamente, rechazaron el proyecto de De la Espriella en las urnas.

Trump fija el marco

La ofensiva militar, además, supone riesgos que exceden lo fiscal. Jenny Pearce, profesora visitante de la London School of Economics y con décadas de estudio sobre la violencia política en América Latina, señala que el contexto internacional juega a favor de la mano dura. “Estamos en un momento global que favorece la violencia contra la oposición”, explica. “Trump ha fijado el marco: el narcoterrorista es el nuevo comunista. Un enemigo que justifica casi todo”.

Bajo esa premisa, los derechos ciudadanos suelen tambalear. El espejo más claro de esta deriva es El Salvador de Nayib Bukele, un modelo admirado por el nuevo mandatario de Colombia, quien en su momento llegó a considerarlo “blando”. Allí, la construcción de megacárceles y la drástica reducción de los homicidios sirvieron de plataforma para el control absoluto de las instituciones. Al final, recuerda Pearce, el cálculo detrás de estas estrategias trasciende el discurso del orden público: “Las dificultades reales de la población, como el miedo al crimen, son muy rentables para los políticos”.

El debate de fondo lo zanja Acero: ningún bando político ha dado con la respuesta para garantizar la convivencia pacífica y el monopolio estatal de la fuerza en Colombia. La primacía del acento militar no ha prosperado y el enfoque social puro se quedó corto sin instituciones fuertes que garanticen derechos. Con todo, De la Espriella ha insistido en encajonar el problema en una alternativa a blanco y negro: el sometimiento voluntario o la baja militar de los “bandidos”.

Esa retórica choca, por lo demás, con un país mucho más fragmentado. “La sociedad civil no es la misma de hace veinte años”, apostilla Mantilla. “Abelardo puede ser más radical que Uribe, pero no le van a dejar hacer lo que quiera”. La movilización ciudadana y un electorado consolidado de centro e izquierda aparecen así como el único contrapeso real frente a un nuevo mandatario con grandes promesas, un ejército maltrecho y las arcas vacías. A pesar del enorme costo humano que se avecina, quienes conocen la crudeza y complejidad del conflicto coinciden: esta tampoco será la guerra que De la Espriella ha prometido.

El candidato de izquierda Iván Cepeda ha reconocido este miércoles la derrota en las elecciones presidenciales del pasado domingo en Colombia y ha aceptado el triunfo del candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, quien obtuvo 12,9 millones de votos (49,78%) y le ganó por menos de un punto porcentual de diferencia.

“Como candidato del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, como lo anuncié oportunamente y en este estadio del escrutinio, he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República”, ha manifestado Cepeda en una declaración pública.

El dirigente de izquierda ha asegurado que toma esa decisión “como un acto de responsabilidad democrática” y afirma que busca contribuir “a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombiano

“Lo hago porque creemos profundamente en la democracia y porque estamos convencidos de que las diferencias políticas deben resolverse mediante la participación ciudadana, el respeto a las instituciones y la deliberación pública”, ha agregado.

Cepeda ha destacado además lo ajustado del resultado electoral y h aseñalado que “la votación muestra una diferencia extraordinariamente estrecha entre las dos opciones que disputamos la confianza del pueblo colombiano”.

Según el senador, que al terminar en el segundo lugar de las votaciones volverá a ocupar ese cargo para el periodo 2026-2030, esa estrecha diferencia refleja tanto la intensidad del debate político vivido durante la campaña como la responsabilidad que tendrán las distintas fuerzas políticas frente al futuro del país.

El dirigente también ha indicado que el proceso de escrutinio llevado a cabo por las autoridades electorales se encuentra “prácticamente concluido” y ha agradecido a los miles de testigos, abogados y observadores electorales que participaron en la vigilancia de los comicios por parte del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida.

Anuncia oposición al nuevo gobierno

Aunque ha aceptado la victoria de De la Espriella, Cepeda ha dejado claro que ejercerá una labor de vigilancia frente al nuevo Gobierno y ha asegurado que defenderá la democracia y las libertades públicas.

“Defenderemos la democracia con toda nuestra energía moral y política”, ha afirmado, antes de advertir que no aceptará que se vulneren las libertades públicas, que se estigmatice a los movimientos sociales o que se trate a la juventud y a la ciudadanía organizada “como enemigos internos”.

Asimismo, ha sostenido que tampoco aceptará “tratos machistas u homófobos por parte del presidente de la República” ni restricciones a la libertad de expresión y opinión.

La aceptación de los resultados por parte del candidato de izquierda se produce tres días después de la segunda vuelta presidencial y contribuye a despejar las dudas sobre el desenlace de unos comicios marcados por lo ajustado del resultado entre los dos aspirantes.

Colombia vivió el domingo una noche electoral que arrojó como resultado una división máxima en dos bloques separados por un 0,9% de los votos a favor del candidato ultraderechista, Abelardo de la Espriella. Sin embargo, contradiciendo las encuestas, que apuntaban a una mayoría cómoda de la derecha y la extrema derecha, Iván Cepeda movilizó más de tres millones de votos respecto a la primera vuelta, logrando un resultado provisional de 12,7 millones. Enfrente, el uribismo y el ultra De la Espriella, que obtuvieron juntos 13,6 millones en la primera vuelta, se tuvieron que conformar con 12,9 en la segunda. El margen entre los bloques, de apenas 250.000 votos, es sumamente ajustado y hace necesario esperar al escrutinio oficial. El voto en blanco, por el que abogó hasta el final Sergio Fajardo, fue de un 1,63%, testimonial, pero relevante dado que casi duplica la diferencia entre los dos candidatos presidenciales. Se comprueba que en una elección pocos votos siempre son muchos.

¿Qué le espera a Colombia en este contexto? En el corto plazo Abelardo de la Espriella ya ha empezado a bajar el diapasón de su verborrea extremista, que llevaba en máximos durante meses. Los más de 12,7 millones de votos de Iván Cepeda son el principal instrumento que tienen la izquierda y el centro para disuadir a la extrema derecha de aventuras persecutorias, listas negras o venganzas, como las que han venido arengando. Es previsible que los cuadros uribistas, que reniegan del Estado pero están siempre ávidos de volver a sus mandos, copen pronto posiciones y se hagan con los ministerios fuertes. Tampoco es descartable alguna escenografía de moderación para la que siempre habrá algún perfil con experiencia en gobiernos previos dispuesto a ejercer de elemento blanqueador. No olvidemos el caso Milei en Argentina: también le llamaban outsider pero tardó poco en rescatar del armario a las viejas glorias de las políticas económicas del corralito.

En lo concreto, es previsible que el campo de las políticas sociales, principal bandera del gobierno de Petro, sea el más castigado. Educación, pensiones, salario mínimo y la reforma sanitaria pendiente serán espacios donde las visiones clásicas, que le impidieron al país construir un mínimo andamiaje de estado del bienestar, vuelvan a intentar imponerse. Hay que seguir muy de cerca todo lo vinculado a los derechos humanos, incluyendo derechos individuales. Y, sobre todo, prestar mucha atención a la política de seguridad: todo lo que ha proclamado el candidato ultra en esta materia no pasa de propaganda (“mano dura”, “acabarlos a todos”, “darlos de baja”). Y es ahí, camuflado bajo políticas mal llamadas de seguridad donde, en el pasado, ocurrieron graves violaciones de los derechos humanos. Además, está muy cerca el caso de El Salvador y fue el propio De la Espriella el que alabó a Bukele como modelo.

Sin embargo, los cuatro años de gobierno Petro han dejado avances que han beneficiado a una mayoría social que desborda el electorado del centro y la izquierda. No será fácil para De la Espriella hacer compatible su agenda con las aspiraciones de la mayoría y con la correlación de fuerzas que deja la elección del domingo. Además, por primera vez en la historia de Colombia hay una fuerza progresista organizada, con experiencia de gobierno, con legitimidad popular, vertebrada en el territorio y que fue la más votada en las pasadas legislativas del 8 de marzo. Que la izquierda sea el principal grupo político del Congreso de la República no es un detalle menor y cada uno de esos representantes pueden ser un importante contrapeso para la agenda política de la extrema derecha.

A partir de aquí, es necesario analizar lo ocurrido en Colombia en el contexto geopolítico regional y global. A finales de 2025, se presentó la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, conocida también como “Corolario Trump”, como él mismo la denominó. Ese documento puede resumirse en América, léase América Latina, para los americanos, léase estadounidenses. Se ha interpretado como un claro mensaje a China, que puede ser, y a la Unión Europea, que está a otras cosas (si bien convendría que en Bruselas encontrasen pronto la brújula). Pero, sobre todo, es un mensaje a los propios latinoamericanos. Las injerencias de Trump y su equipo en las elecciones de Colombia han sido públicas y abiertamente el mundo ha sido testigo de los llamamientos a votar por Abelardo de la Espriella hechos en primera persona por el actual inquilino de la Casa Blanca. Lo que no han hecho público es el volumen total ni la concreción del apoyo al candidato ultra, ni tampoco a cambio de qué. Entre las cosas sorprendentes de esta elección está, precisamente, el resultado del voto exterior en Estados Unidos donde ocho de cada 10 electores votaron por De la Espriella, incorporando casi 180.000 votos a favor de ese candidato.

Si la situación avanzase, como parece, hacia una eventual llegada de De la Espriella a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto, fecha en la que está prevista la asunción del nuevo presidente electo, sus patrocinadores, en Washington y en Bogotá, harían bien en leer adecuadamente la fotografía actual. Verán un país que dejó atrás lo peor de un conflicto armado al que no quiere volver, una sociedad que comprobó durante los últimos cuatro años que las políticas sociales pueden construir derechos y una juventud que, masivamente, acudió a votar por el Pacto Histórico. El pasado y el futuro pueden convivir, pero cuando el primero intenta impedir paso al segundo, la válvula de la contención suele colapsar.

Finalmente, es relevante encuadrar bien la dimensión histórica del gobierno de Gustavo Petro, que ahora concluye. En lo político, deja como legado haber convertido a la izquierda en una alternativa real en Colombia, demostrando que era posible gobernar el país desde posiciones distintas a las que habían monopolizado el poder durante décadas. Pese a la durísima oposición sufrida dentro y fuera del país (sigue, por ejemplo, estando en la lista OFAC de la que Trump se ha negado a sacarlo) abandona la presidencia con unas cotas de popularidad pocas veces vistas en América Latina. Las lecturas miopes que proclamen la hegemonía de la extrema derecha Colombia y en América Latina errarán en sus pronósticos. Hasta que los problemas de las mayorías no encuentren solución, las luchas por defender las conquistas logradas van a abrirse paso, por más alto que griten los nuevos instrumentos políticos de las viejas élites tradicionales.

Colombia amanece tras las elecciones presidenciales más reñidas de su historia reciente, en las que el ultraderechista Abelardo de la Espriella se ha impuesto al progresista Iván Cepeda por solo 250.830 votos, equivalente a 0,96 puntos porcentuales, según el conteo preliminar publicado por la autoridad electoral. Según este preconteo, con el 99,99% de las mesas informadas, De la Espriella ha obtenido 12.959.542 votos (49,66%), frente a los 12.708.712 sufragios (48,70%) de Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro.

Cepeda ha reconocido los resultados preliminares de la segunda vuelta, pero ha anunciado que su campaña impugnará 33.000 mesas de votación, mientras que Petro ha dicho que aceptará el resultado definitivo una vez concluyan las verificaciones legales correspondientes. Con un resultado tan ajustado, que dibuja un país partido en dos, muchas miradas se posan ahora sobre el escrutinio oficial, que dictará el resultado definitivo tras semanas de tensión y cuestionamientos al sistema electoral. ¿En qué se diferencian el preconteo y el escrutinio? ¿Hay posibilidades de un vuelco? Te lo explicamos:

¿Qué es el preconteo y cómo funciona?

El preconteo es el mecanismo mediante el cual la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), la entidad encargada de organizar los procesos electorales, divulga resultados preliminares la noche de las elecciones, antes de que finalice el escrutinio oficial. 

No es, por tanto, el resultado definitivo. No tiene efectos jurídicos: el fin es mantener informados a los ciudadanos de manera ágil en la propia jornada electoral, por la tarde, con una primera fotografía de la votación. No incorpora posibles recuentos ni las reclamaciones que puedan presentar los testigos electorales –ciudadanos que vigilan la votación y el escrutinio–.

El preconteo se hace a partir de los datos registrados por los jurados de votación desde cada mesa en las actas electorales (denominadas actas de escrutinio de los jurados de votación o formulario E-14)

Los jurados cuentan los votos y registran los resultados en el Formulario E-14 en tres copias físicas. Una de esas copias, llamada “ejemplar de transmisión”, es entregada a un “transmisor”, que comunica por teléfono los resultados del acta a los Centros de Recepción Telefónica –mediante datos numéricos, sin mencionar nombres de candidatos–. En estos centros, los operadores anotan en un formulario en papel denominado Formato de Recepción Telefónica (FRT) los números que les son dictados uno a uno por teléfono. Se escanea y se procesa por un software de reconocimiento de imágenes para digitalizar la información.

Esta información se procesa, se “consolida” y se publica en boletines informativos en la web de la Registraduría que dan a conocer el avance de los resultados. En estas elecciones, esta fase final corre a cargo de la empresa española Indra. 

En un artículo reciente, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (abreviado CELAG) desgrana el proceso y señala que desde la recepción telefónica hasta la publicación de resultados no intervienen directamente funcionarios del Estado: todo el proceso posterior a la mesa de votación es operado íntegramente por contratistas y empresas privadas.

¿Qué es, en cambio, el escrutinio?

En Colombia, el escrutinio es el procedimiento técnico y jurídico mediante el cual se revisa oficialmente, se verifica, se valida la información electoral y se define el resultado de unas elecciones. A diferencia del preconteo, tiene validez legal y en él participan autoridades como jueces y notarios (que conforman las comisiones escrutadoras), en presencia de testigos, quienes verifican actas y de ser necesario cuentan de nuevo los votos, para luego meter los datos en el sistema. También pueden participar otras autoridades de control y vigilancia, como la Procuraduría General de la Nación y contar con la presencia de observadores electorales. 

Se realiza con base en los ejemplares del formulario E-14 “de claveros” (una de las tres copias físicas mencionadas anteriormente). Durante el proceso, se asegura la custodia de los pliegos electorales, por ejemplo, por parte de los claveros, quienes protegen los documentos. 

El registrador de Colombia, Hernán Penagos, ha explicado que el conteo de los votos en las mesas fue realizado por cerca de 860.000 jurados de votación en presencia de testigos electorales de ambas campañas, quienes además tuvieron acceso a una plataforma habilitada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para remitir fotografías de las actas y contrastar los resultados reportados por la Registraduría.

Este domingo comenzó el escrutinio municipal, la primera fase del proceso: unas 2.992 comisiones escrutadoras integradas por cerca de 9.000 jueces y notarios revisan las actas electorales y resuelven las reclamaciones que puedan presentar las campañas. Una vez concluya la revisión municipal, el proceso continuará con los escrutinios departamentales a cargo de los delegados del CNE y finalizará con el escrutinio nacional, en el que los magistrados de ese organismo consolidarán los resultados de todo el país y harán la declaración oficial del presidente electo. 

Es decir, los resultados oficiales solo se conocen una vez concluye este proceso. En estas elecciones, se conocerán posiblemente esta semana. 

¿Ha habido diferencias entre ambos que permita esperar un vuelco en el resultado?

En Colombia, el preconteo suele ser bastante preciso. En la primera vuelta del 31 de mayo, la Registraduría Nacional dijo que los datos preliminares, que fueron cuestionados por el presidente Petro, registraron un nivel de coincidencia del 99,94% frente al escrutinio adelantado por los jueces.

Esta institución hace hincapié en que las diferencias entre el preconteo y el escrutinio no implican irregularidades. “Por lo general, obedecen a los procesos de verificación, revisión de actas y resolución de reclamaciones que se realizan durante el escrutinio oficial”, indica la entidad.

Según un análisis de la Silla Vacía, la diferencia histórica entre el preconteo y el escrutinio no da muchas esperanzas a Iván Cepeda. Desde la elección de Juan Manuel Santos hace 16 años, la brecha entre el candidato que quedó primero y el segundo varió, como máximo, 0,13 puntos porcentuales –en la segunda vuelta de 2010–. En dos segundas rondas –2014 y 2022– la diferencia fue cero, aunque el medio colombiano recalca que eso no significa que no hubiera cambios a nivel de mesa: “Hubo mesas que se anularon o se corrigieron, pero los ajustes no implicaron una mayor ventaja para ninguno de los dos candidatos”.

Para que Cepeda lograra dar un vuelco al resultado, la corrección tendría que ser más de diez veces mayor que cualquiera registrada históricamente, según el mismo análisis, que indica también que, aunque no es imposible, no tendría precedentes. Es decir, sería la primera vez que hay una diferencia de un punto entre el resultado preliminar y el escrutinio presidencial. 

¿Qué pasa con las impugnaciones?

Aunque reconoció los resultados del preconteo, Cepeda anunció este domingo que los equipos jurídicos y vigilancia electoral de su campaña han iniciado la impugnación 33.000 mesas de votación en todo el país. “Nuestro grupo de testigos, decenas de miles de abogadas y abogados, están procediendo a impugnar 33.000 mesas en todo el país. Una a una deberán ser objeto del escrutinio”, señaló.

“Deben ser impugnadas las mesas sin firma de jurados de inmediato. Aún no se puede saber quién es el presidente y hay muchas irregularidades”, expresó por su parte el presidente Petro en X.

Existe un mecanismo para impugnar, ante las autoridades electorales competentes, los resultados obtenidos en los escrutinios, incluyendo las circunstancias de modo, tiempo y lugar que los rodearon, así como el desarrollo general del proceso de votación. El Código Electoral establece diversas situaciones por las cuales los testigos electorales, candidatos y sus apoderados pueden presentar reclamaciones escritas sobre inconsistencias detectadas durante las votaciones y los diferentes escrutinios, para que sean resueltas. 

Según recuerda la Registraduría, estas son “taxativas y excluyentes”, lo cual “exige que los hechos alegados coincidan con alguna de estas e impide que se invoquen causales por deducción o por simple analogía”. Es decir, no se puede impugnar de forma indiscriminada: la reclamación debe estar fundamentada, sustentada en alguna de las causales legales y se deben aportar pruebas. 

Según explica la Silla Vacía, lo más habitual es que durante el conteo de la mesa los jurados de votación o los testigos electorales dejen consignada la inconsistencia en el acta de escrutinio de mesa. Después, en el escrutinio, los abogados de los partidos, los testigos o los funcionarios pueden, basándose en las causales del Código Electoral, pedir que se corrijan las actas o se recuenten los votos (es decir, contarlos de nuevo). 

Si en las actas de los jurados aparecen tachaduras o enmendaduras en los resultados de la votación o hay dudas sobre la exactitud de los cómputos hechos por los jurados, no se puede negar el recuento.

Penagos ha hecho un llamamiento a la tranquilidad tras los resultados preliminares. “Los procedimientos y las autoridades para resolver reclamaciones también están dadas por la ley. Yo quiero invitar a la ciudadanía para que tenga absoluta tranquilidad del proceso que ha venido avanzando”, dijo el registrador.

Abelardo de la Espriella, abogado penalista admirador de Trump y Milei, se convirtió este domingo en el nuevo presidente de Colombia tras vencer en la segunda vuelta más reñida de las últimas décadas. Con 47 años, el aspirante libertario de la de extrema derecha obtuvo 12.959.542 votos (49,66%), superando por un estrecho margen al izquierdista Iván Cepeda, quien logró el 48,70% (12.708.712 sufragios), según el preconeto. En unos comicios con participación histórica, los 377.076 votos en blanco resultaron decisivos, al superar la diferencia final entre ambos candidatos.

El desenlace, sin embargo, tiene un panorama más complejo. De la Espriella llega a la Casa de Nariño sin experiencia en cargos públicos, tras obtener el mayor caudal de votos registrado, pero con apenas cuatro senadores propios en un Congreso de 103 escaños (curules). Su Gobierno dependerá de la disciplina y las negociaciones con fuerzas que lo apoyaron en la segunda vuelta: el Centro Democrático, Cambio Radical y los partidos Liberal y Conservador, formaciones tradicionales con agendas propias y fracturas internas que condicionarán su margen de maniobra.

Bogotá mantenía una calma contenida cuando a las 16:00, siete horas más en España, se cerraron los puestos de votación. Fabio Jiménez, taxista de 50 años, recordó que esa mañana había visto en varios puntos de la ciudad sucursales bancarias y concesionarios de vehículos protegidos con vallas como medida visible de prevención ante una jornada que se temía agitada. “Los que saben de estas cosas desde ayer ya se prepararon”, resumió con la misma parsimonia con la que sortea un atasco en una de las ciudades más congestionadas del mundo.

A las 17:30, con el 99,58% de las mesas reportadas por la Registraduría Nacional, el resultado ya se consideraba irreversible. El país había dado un vuelco político radical: de elegir por primera vez un Gobierno de izquierda, pasaba ahora a una Administración de derecha extrema cuya agresividad ha despertado comparaciones históricas. Algunos han señalado el parecido con Laureano Gómez (presidente entre 1950 y 1953), recordado por su retórica pugnaz y su admiración por Francisco Franco. 

Pero el investigador de la London School of Economics Juan David Velasco señala que De la Espriella se aproxima más al conservador Miguel Abadía Méndez (1926-1930), un mandatario proempresarial, alineado con los intereses de Estados Unidos, con un discurso incendiario y un enfoque represivo en materia de seguridad. Como Abadía, recibe un país endeudado y comparte su defensa de los valores tradicionales. La diferencia es que Abadía llegó al poder tras ejercer como ministro en siete carteras. De la Espriella nunca ha ocupado un cargo público.

Reacciones de un país fracturado en dos

El presidente saliente, Gustavo Petro, reaccionó en X antes de que se completara el preconteo [recuento provisional] advirtiendo que, con los datos de la Registraduría, la diferencia entre los candidatos era de apenas tres décimas. Según su criterio, “no se puede proclamar ningún presidente” hasta el escrutinio oficial. Y añadió que la realidad mostraba “un país partido por la mitad” y denunció “injerencia extranjera quitándonos la libertad”. Pero al mismo tiempo aseguró que acataría las decisiones de la justicia.

Mientras Petro cuestionaba los números, en Barranquilla, en el Caribe colombiano, el también llamado “Tigre” Abelardo de la Espriella celebraba su triunfo ante una multitud agolpada frente a una urna de cristal blindada desde donde se dirigió a su “manada” en un discurso de 45 minutos intercalado por breves pausas con música circense. “No existe libertad sin seguridad, no existe democracia sin la vida privada y no existe nación sin héroes como nuestros policías y soldados”, afirmó. Y añadió entre saludos militares y : “La verdadera paz nace de la justicia que, en el fondo, está ocupada por nuestras fuerzas militares y la policía”.

Por su parte, Iván Cepeda —quien suma 16 años en el Congreso— anunció desde Bogotá la impugnación de 33.000 mesas de votación, criticó el preconteo y convocó a sus seguidores a movilizarse. La estrategia de objeción no es nueva: si en la primera vuelta del 31 de mayo fue Gustavo Petro quien cuestionó el escrutinio, en esta segunda ronda su candidato derrotado ha sido quien repitió el libreto. Esto ocurre a pesar de que la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea calificó el proceso de “transparente y creíble”.

El exterior vota por el ‘Tigre’

Colombia rompió este domingo su récord histórico de participación electoral. Con un padrón de 41 millones de votantes habilitados en el país y en el exterior, el 64% ejerció su derecho al sufragio: 26.509.263 depositaron su papeleta. La cifra pulverizó el techo histórico del 59,02% registrado en la segunda vuelta de 1998, que había resistido intacto durante casi tres décadas.

“Esta ha sido una elección como nunca antes ha pasado, que ha dejado al país 50-50”, dijo el analista electoral Camilo Cruz, quien comparó el resultado con lo ocurrido en Honduras y Perú, democracias latinoamericanas que han vivido fracturas similares. Cruz planteó la pregunta que definirá los próximos cuatro años: “El ganador tendrá que decidir si va a gobernar para su postura mayoritaria o si va a gobernar para todo el país”.

Los matices fueron surgiendo con el paso de las horas. El analista Andrés Sampayo señaló uno de ellos en X: dentro de Colombia, la diferencia entre los dos candidatos ha sido un empate técnico. Fue el voto en el exterior el que decidió la presidencia. “La elección se está definiendo por márgenes mínimos dentro de Colombia y por una ventaja contundente por fuera de Colombia”, escribió Sampayo. De la Espriella ganó Colombia desde fuera de Colombia.

Para Cruz, la jornada dejó dos lecciones. La primera: el voto en blanco fue significativo no por su volumen sino por su posición. “Al final, la no distribución del voto entre las dos preferencias finalistas termina, en una elección tan cerrada, definiendo la victoria para un sector u otro”, dijo. “Hay un mensaje para el país, pero ese mensaje todavía no tiene rostro”. La segunda es institucional: la participación abierta del presidente Petro y de los alcaldes de Cali, Medellín y Barranquilla en la campaña rompe una tradición de neutralidad que, advierte Cruz, anticipa un escenario muy conflictivo para futuras elecciones.

Al cierre de la jornada, los temores de un estallido social en Bogotá se disiparon. Se registraron algunos fugaces disturbios y celebraciones callejeras que recordaban el reciente triunfo de la selección nacional frente a Uzbekistán en el Mundial. En el pudiente norte de la capital, Gilberto Gaitán, de 69 años, resumía con pragmatismo su postura por el nuevo presidente de extrema derecha mientras cerraba el servicio de aparcacoches que gestiona desde hace años. “Es un hombre de negocios; no necesita robar”. El país ya ha comenzado a medir el alcance de sus palabras.