De la Espriella impone su filtro ideológico a la entrada de ayuda tras el terremoto y veta a los rescatistas de México

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum confirmó este jueves lo que ya era una sospecha: el contingente militar de rescate enviado por México no pudo desplegarse en Colombia. El portazo administrativo frena la ayuda en una semana donde el terremoto que sacudió al suroccidente del país ya suma 285 muertos, 379 desaparecidos y más de 40.000 familias afectadas.

El nuevo Gobierno del ultraderechista Abelardo de la Espriella bloqueó el ingreso de la brigada alegando la falta de un aval internacional: una certificación técnica que los rescatistas en realidad sí poseían y que se constató horas después. Se trata de una criba burocrática impuesta a un país gobernado por la izquierda, en un repentino giro diplomático que contrasta con la inmediata apertura de Bogotá hacia las delegaciones de Estados Unidos, Israel o El Salvador.

El consultor en gestión del riesgo y exsubdirector de la Unidad Estatal de Emergencias, Juan Carlos Orrego, resume a elDiario.es la primera regla del oficio con un lema que hoy suena lejano: los desastres no se deben gestionar políticamente. El Gobierno de Abelardo de la Espriella hizo exactamente lo contrario en su primera semana al mando. El miércoles, el canciller Omar Bula aseguró en rueda de prensa que la selección de rescatistas internacionales obedecía a criterios rigurosos y sin ideología. Su mapa de ayuda, sin embargo, calcó de forma nítida el bloque de aliados del nuevo Ejecutivo. La decisión desafía la lógica humanitaria universal: en una catástrofe, el socorro lo dictan las necesidades del terreno y no las simpatías de la diplomacia.

Frente a las cámaras, Bula sostuvo el libreto oficial: el manejo de la emergencia carecía de cualquier consideración política. Los técnicos mostraron que la realidad era otra. El criterio, además, cambió en menos de veinticuatro horas. El martes, Javier Pava, cercano al expresidente Gustavo Petro, aún dirigía la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en interinidad bajo una lógica logística. Tenía activados 20 de los 23 grupos de rescate del país en las ciudades de Pereira, Cali y el departamento del Chocó, tres de los puntos más afectados. Su balance de esa tarde era el de un técnico que sabía sus horas contadas en el cargo: la capacidad nacional daba abasto para la búsqueda y no hacían falta grandes contingentes extranjeros sobre los escombros. Pero la foto de la tragedia cambió con el paso de las horas.

Hasta la tarde del lunes el único vacío real era de coordinación, un asunto de un software faltante para unificar las frecuencias de radio y planificar los cuadrantes de búsqueda donde encajaba con precisión un ofrecimiento de Estados Unidos que fue aceptado de inmediato. Pero a los dos días la logística cedió su lugar a la geopolítica. Con el desembarco de David Tamayo en la dirección de la Unidad por orden del nuevo Ejecutivo de extrema derecha, el abanico internacional se redujo de golpe a una lista exclusiva: Estados Unidos, Israel, El Salvador y Ecuador. Los cuatro mandatarios detrás de esos envíos (Donald Trump, Benjamín Netanyahu, Nayib Bukele y Daniel Noboa) coinciden con el bloque de aliados ideológicos que habían arropado a De la Espriella el 7 de agosto en su toma de posesión en Cali, la tercera ciudad del país y hoy uno de los epicentros de la catástrofe.

El expresidente de izquierdas Gustavo Petro, líder del Pacto Histórico, lo dijo en X sin rodeos: poner un filtro ideológico a la ayuda internacional es un error. Y celebró la llegada por su propia cuenta de otros grupos de rescatistas mexicanos que han ido desembarcando en Colombia.

Para justificar la criba, Tamayo se apoyó en el sello de INSARAG, el sistema de Naciones Unidas que clasifica a los equipos de rescate de élite. La coartada técnica, sin embargo, exhibió pronto sus costuras. Bajo ese mismo estándar internacional, Bogotá aceptó al contingente de El Salvador, con una única unidad internacional, pero bloqueó a México, cuya brigada acumula misiones en 98 países y un largo historial en seísmos. Y a los rescatistas mexicanos se les exigió un requisito adicional: una certificación imprevista que la propia presidenta Claudia Sheinbaum desconocía.

La internacionalista Sandra Borda expuso la contradicción oficial al difundir en X el directorio regional de INSARAG. En el registro de Naciones Unidas figuran los equipos acreditados de la región, incluido México, desmantelando el argumento de la falta de avales técnicos. Presionado por la evidencia, Tamayo cambió la narrativa y esgrimió un motivo estrictamente operativo: los contingentes extranjeros ya no llegaban a reforzar la búsqueda, sino a relevar a los rescatistas colombianos tras jornadas consecutivas de trabajo.

Orrego pone sobre la mesa un matiz: el criterio de exigir la clasificación internacional a los equipos de rescate le parece correcto. Es un estándar técnico, público y verificable, remata. El error del nuevo Gobierno, sostiene, no radicó en el rigor del sello, sino en su ceguera frente al terreno. Mientras la diplomacia se enredaba en disputas de aduana con los contingentes extranjeros, Colombia dejaba sin activar a buena parte de sus propios bomberos locales, desviando el debate hacia donde no hacía falta.

El experto distingue dos realidades operativas en esta catástrofe. El rescate en el precario y olvidado departamento del Chocó, con estructuras ligeras de madera, requiere brazos y logística básica. El escenario en Pereira, la capital departamental y mejor acomodada, en cambio, con edificios colapsados y sobrevivientes atrapados en espacios confinados, exige herramientas hidráulicas de alta tecnología para cortar piezas de concreto y varilla, además de personal altamente especializado. En su opinión, desplegar cientos de soldados extranjeros para realizar tareas que pueden ejecutar los propios ciudadanos carece de sentido logístico. Convocar unidades de élite, remata el experto, sí es necesario.

El último dictamen no apunta a los despachos de Bogotá ni de Ciudad de México, sino a las poblaciones que quedaron fuera de la foto oficial. Lo advierte el exdirector nacional de Gestión del Riesgo y Premio Sasakawa de las Naciones Unidas, Omar Darío Cardona: mientras el país se desgasta discutiendo la bandera de las brigadas de rescate, hay municipios periféricos que siguen incomunicados y sin vías de acceso tras el terremoto. Él centra su crítica en una carencia estructural mucho más profunda: la falta de idoneidad institucional y la alarmante incapacidad para aprender de las lecciones de catástrofes pasadas. Recuerda, así mismo, que atender una emergencia siempre es un desafío extremo y ningún Estado está blindado. Por ello la diferencia radica en no transformar la urgencia del terreno en una tarima política.