Las portavoces del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río y Carme Arcarazo, han presentado este viernes en Madrid las cinco propuestas del 'decreto Maricarmen' que plantearán al PSOE en una reunión este mediodía. “Si no se aprueba, no tiene sentido que el Gobierno siga”, ha dicho Del Río. “No estamos tristes, estamos rabiosos”, ha añadido.

La primera medida urgente que propone el sindicato es una ley “estructural” en contra de los desahucios, “que ya estaba en el decreto presentado en julio” por el Gobierno. En el texto del decreto que negocia ahora el PSOE después del rechazo de Junts y Podemos hace dos meses, se prohíbe desahuciar a personas vulnerables sin alternativa habitacional.

En segundo lugar, el Sindicato propone una reforma de la LAU que limite el alquiler de temporada y el de habitaciones, con “protecciones antiestafas” para priorizar el alquiler habitual.

En cuanto a los precios del alquiler, propone una congelación de los alquileres vigentes, “como se ha hecho en Nueva York”, con tal que los precios no se puedan subir ni siquiera en los cambios de contrato.

Las prórrogas generalizadas a los contratos de alquiler, cuarta medida propuesta, deben incluir las renovaciones tácitas con tal de proteger a todos los inquilinos. Alrededor de un millón se abocan a un final de contrato entre 2026 y 2027, han estimado.

Por último, el Sindicato propone la renovación automática de los contratos de alquiler, de forma que se prohíban además las expulsiones sin causa como sucede en Londres. Por ahora, el Sindicato aún no tiene un texto redactado, sino un esquema con sus principales puntos.

Las portavoces se han mostrado receptivas ante otras posibles medidas como expropiaciones masivas como las que se deben votar en referéndum en Berlín o que directamente los contratos sean indefinidos, pero entienden que hacen una propuesta “que se pueda aprobar ahora”. “Estamos siendo generosos”, ha dicho Arcarazo.

“En la mayoría de países de Europa, un desahucio como el de Maricarmen no sería posible. Hay muchos países con contratos indefinidos y muchos otros que han tomado medidas”, ha añadido Arcarazo.

Desde el sindicato, han asegurado que han recibido “decenas de propuestas” para acoger a Maricarmen, desde personas hasta grupos que se han ofrecido a pagarle el alquiler hasta particulares que ponen una habitación para que viva.

Dos días después de ser desahuciada de su piso de toda la vida, Maricarmen ha aparecido por primera en un vídeo desde el hospital. El Sindicato de Inquilinas de Madrid, que ha apoyado a la vecina de 87 años durante cuatro intentos de desahucio en el último año, ha difundido en sus redes sociales un alegato de la mujer que ya se ha convertido en símbolo de la crisis por la vivienda en España.

“No he logrado defender mi casa. Pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya”, comienza así la anciana, que aún desconoce cuál será su futuro una vez abandone el clínico madrileño: “Mi casa ha sido mi vida y ahora tengo que dejarla atrás. Pero eso no significa que no vaya a seguir peleando”.

En el domicilio de la calle Alcalde Sainz de Baranda, que fue adquirido por el fondo Urbagestión y del que salió después de ocho años negociando subidas del alquiler, alegaciones en los tribunales y un intento imposible de compra, Maricarmen vivió 70 años de su vida. Allí vio vivir y morir a sus padres, aunque a ella finalmente la sacaron en ambulancia y rebosante de estrés. Sin embargo, y después de un leve reposo, ha querido compartir unas primeras reflexiones.

“Quiero dar las gracias a todas las personas, a todos los niños que han venido a mí desahucio; también a los amigos que he tenido y no me han dejado ni un solo momento sola”, arrancaba con una voz aún temblorosa, pero más entera. En las horas previas al desalojo (y también durante), dentro y fuera de su casa hubo una amplia resistencia que hizo frente al despliegue de agentes pese a no lograr su cometido.

Os quiero a todos mucho. Yo soy su familia, y ellos son la mía

Maricarmen, al Sindicato de Inquilinas desde el hospital

Ahora, la vecina agradece este apoyo a las personas anónimas que la apoyaron pero también a algunas con nombre y apellido: entre ellas, el Sindicato de Inquilinas de Madrid o su abogada durante el pleito, Beatriz Duro. “Os quiero a todos mucho. Yo soy su familia y ellos son la mía”, confiesa mientras aún digiere los últimos días y el papel simbólico que ha adoptado su caso, derivando en un estallido de indignación social e incluso propuestas entre los aliados del Gobierno para “expropiar” la casa y ofrecerla, de nuevo, a través de la empresa pública Casa 47.

De momento, todo está por ver y los próximos días serán clave hasta el siguiente Consejo de Ministros, que tendrá lugar el martes y en el que previsiblemente se abordará entre los puntos centrales. Especialmente, dada la expectación o el debate generados. “Lo que quiero es que este problema con los fondos buitre se elimine de una vez”, ha deseado, visiblemente emocionada y vestida en camisón desde la camilla del Gregorio Marañón, donde llegó en ambulancia minutos después de ser expulsada en un amplio despliegue policial.

Esa misma tarde, con Maricarmen ya ingresada (recientemente ha pasado a planta y allí sigue pendiente de unas últimas pruebas médicas), otra manifestación multitudinaria recibió a unas 10.000 personas frente al ático comprado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y que tanta polémica ha desatado en torno a la presidenta madrileña.

“Ni una Maricarmen más”. Este es el lema bajo el que el Sindicato de Inquilinas ha convocado una nueva manifestación este sábado en Madrid. La movilización tendrá lugar en apoyo a Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada este miércoles de su casa de Retiro, donde llevaba viviendo desde hacía 70 años.

La protesta arrancará a las 18.30 horas de este sábado 26 de septiembre en la Puerta del Sol y recorrerá el centro de Madrid hasta llegar al Congreso de los Diputados. La marcha pasará por Cibeles y la plaza de Neptuno, con el tramo entre Sol y Cibeles por la calle Alcalá.

El recorrido elegido no es casual. El Sindicato de Inquilinas quiere señalar durante la protesta a las distintas administraciones a las que responsabiliza de no haber encontrado una solución definitiva para Maricarmen. La primera parada será la Puerta del Sol, donde se encuentra la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, después llegará hasta Cibeles, frente al Ayuntamiento de Madrid, y continuará hasta el Congreso de los Diputados.

La movilización llega después de la concentración celebrada este miércoles, pocas horas después de que se ejecutara el desahucio definitivo de Maricarmen, tras cuatro intentos. Más de 10.000 personas, según datos proporcionados por Delegación del Gobierno, se concentraron frente al polémico inmueble del Gobierno de Ayuso en la calle General Martínez Campos, en el distrito de Chamberí, para protestar contra el lanzamiento.

Con esta nueva convocatoria, el Sindicato quiere que el caso de Maricarmen vaya más allá de la situación de una sola vecina. Desde la organización reclaman “casas para vivir, no para especular” y se apoyan en el caso de Maricarmen como ejemplo de las dificultades para conservar una vivienda en Madrid. El Sindicato de Inquilinas exige así medidas que permitan evitar nuevos desalojos y garantizar el derecho a la vivienda.

“No podemos seguir tolerando que nos expulsen de nuestros barrios y nos arranquen la vida. Somos más fuertes que cualquier gobierno, juez o rentista. Te necesitamos”, señala el Sindicato de Inquilinas en la convocatoria de la manifestación.

Expulsada después de 70 años en la misma vivienda

Maricarmen, de 87 años, fue desahuciada este miércoles del piso de la calle Alcalde Sáinz de Baranda en el que había vivido durante siete décadas. El lanzamiento se produjo entre fuertes cargas policiales contra las personas que intentaban frenarlo.

Los sanitarios del Samur tuvieron que sacarla de su casa en camilla para trasladarla al Hospital Gregorio Marañón, donde continúa ingresada recuperándose del cansancio acumulado durante las últimas semanas. Desde el Sindicato de Inquilinas señalan que, pese a encontrarse hospitalizada, Maricarmen “quiere seguir alentando a que la gente luche”.

La vivienda estaba alquilada desde 1956, cuando el padre de Maricarmen firmó el contrato. Tras su fallecimiento, la titularidad pasó a la madre de la mujer y, años más tarde, a ella. El conflicto judicial no se originó por una falta de pago, sino por la duración de la última subrogación del contrato. Un juzgado respaldó inicialmente a Maricarmen, pero posteriormente la Audiencia Provincial dio la razón a la empresa propietaria y la resolución quedó firme.

La propiedad, Urbagestión, rechazó la última oferta formulada durante la mediación para intentar detener el lanzamiento, por lo que el desahucio era ya irrevocable. Maricarmen llevaba meses tratando de frenar las maniobras del fondo inmobiliario para expulsarla de su casa.

El alquiler de renta antigua que pagaba, de unos 500 euros al mes, pretendía elevarse hasta los 2.650 euros. Antes de producirse el desahucio, una escritora anónima llegó a ofrecer hacerse cargo de la diferencia, también el pianista James Rhodes intentó comprar a la propiedad el piso para continuar alquilándoselo por el precio que había pagado hasta ahora. Ambas ofertas fueron declinadas.

El desahucio se ejecutó finalmente en el cuarto intento, después de varios aplazamientos y de distintas negociaciones que no llegaron a una solución. El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid sostienen que ofrecieron a Maricarmen recursos residenciales o asistenciales, mientras que el Ministerio de Vivienda asegura que trató de mediar con la propiedad y estudiar la compra del inmueble. Maricarmen y el Sindicato de Inquilinas reclamaban, en cambio, una alternativa que le permitiera mantener su independencia y permanecer cerca del barrio en el que ha pasado prácticamente toda su vida.

“Hemos podido ver imágenes que no nos han gustado en relación con alguna respuesta por parte de algunos agentes policiales”, ha asegurado el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en una entrevista concedida a Servimedia y publicada este viernes. Se refiere a actuaciones que fueron grabadas durante el desahucio de Maricarmen, en el que la Policía Nacional arrastró por el suelo a activistas y les propinó golpes pese a que su resistencia fue pasiva.

“Yo le he pedido al Jefe Superior de la Policía Nacional que investigue al respecto, que se informe sobre lo sucedido y que me traslade las conclusiones que se vayan a adoptar al respecto”, ha explicado en esa misma entrevista, confirmando la apertura de diligencias sobre la actuación policial que se desarrolló durante las más de cinco horas que duró el desahucio.

Delegación del Gobierno aseguró que los agentes desplegados ese día en el distrito de Retiro -una gran intervención con más de una decena de furgones policiales- estaban bajo mando de la jueza que ordenó el desahucio. Entre sus acciones polémicas también estuvo la de alejar a los periodistas del lugar del desahucio, lo que limitó las posibilidades de recoger imágenes de la violencia que se ejerció contra la resistencia pasiva de los activistas.

En vídeos difundidos por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid se puede observar, por ejemplo, cómo varios agentes golpean repetidas veces con sus defensas a un activista, que llega a trompicones entre tiendas de campaña hasta el resto de sus compañeros.

Los agentes también emplearon gas para conseguir acceder al portal de la comunidad de vecinos de Maricarmen, como se puede comprobar en algunas grabaciones publicadas por el Sindicato de Inquilinas, que organizó la resistencia al desahucio.

El Sindicato de Inquilinas estudia denunciar a la Policía

Los posibles excesos policiales también están siendo investigados por parte del Sindicato de Inquilinas. Su abogada en este caso, Beatriz Duro, anuncia en una entrevista para Somos Madrid que están recopilando grabaciones, pruebas o partes de lesiones de los agredidos en protestas.

“Aún no sabemos si presentaremos alguna denuncia contra alguna de las instituciones implicadas”, apostilla de momento con prudencia, aunque cree que esta investigación “probablemente llegue a algo más”. Y añade: “La represión y la violencia que se ha vivido para echarla tienen que tener responsables”.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Madrid también asegura que “la inmensa mayoría de las personas que ayer se manifestó lo hizo de manera pacífica” aunque indica que en la protesta que tuvo lugar por la tarde, a partir de una concentración frente al ático de Ayuso, “hemos visto momentos de tensión en los que hubo exaltados que atacaron a las fuerzas y cuerpos de seguridad y hubo una respuesta por parte de la Policía Nacional en este caso”.

Al final de la citada protesta y según pudo comprobar este periódico, la concentración se convirtió en marcha que intentó avanzar hacia el paseo de la Castellana, lo que motivó la actuación policial y el empleo de defensas y pelotas de goma para dispersar a parte de los manifestantes. Desde el Sindicato denunció entonces el uso de la violencia por parte de la Policía Nacional y pidió la dimisión del delegado del Gobierno por esta actuación.

Urbagestión consumó el miércoles el desahucio de Maricarmen. La vecina del barrio del Retiro de Madrid, que llevaba ocho años recurriendo el desalojo, tuvo que abandonar su casa de toda la vida a los 87 y sin más tregua que tres intentos previos paralizados. Al menos, hasta ahora. Ni su espíritu de resistencia, ni la presión sindical, ni el amplio apoyo vecinal, ni los intentos anunciados (aunque no consumados) por las administraciones para dar respuesta a su problema han evitado que la anciana fuera expulsada el miércoles a primera hora y enviada en ambulancia al Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Allí sigue recuperándose de la ansiedad acumulada y continuará ingresada varios días más.

Entretanto, su abogada, Beatriz Duro, compagina el papeleo con las llamadas infinitas de las radios, televisiones y otros medios de comunicación. Mientras concilia el caso como puede, atiende a Somos Madrid un día después del desahucio, cuando su despacho aún recopila información de agresiones, partes de lesiones u otras pruebas con las que plantear su próximo movimiento. Maricarmen ya no podrá recuperar su casa, o eso cree, pero piensa que para el resto aún no está todo perdido: “Si el sufrimiento de esta mujer ha servido para que la gente se mueva y los políticos trabajen por la vivienda, al menos tendremos algo”.

¿Cómo está viviendo Maricarmen todo este proceso? ¿Qué desgaste tiene para alguien de 87 años encadenar varios intentos de desahucio y acabar perdiendo su casa?

En los desahucios mediáticos se habla mucho de la vulneración del derecho a la vivienda y de todos los debates, sociales y políticos, en torno a este hecho. Pero es que una casa significa mucho más: no tenerla te lleva a no poder ejercer muchos derechos, porque sin hogar no puedes tener salud. Es increíble ver cómo ha cambiado a nivel físico Maricarmen desde que vivimos el primer intento de desalojo, en octubre de 2025, y en este último. Ella era alguien que iba andando a todas partes, y que cuando venía a verme al despacho para revisar el caso hacía varios trasbordos y no le importaba. Ahora no puede moverse sin una silla de ruedas, todo en menos de un año de estrés y agotamiento.

A esa edad, el impacto emocional y psicológico puede ser mucho mayor: no solo pierde una casa, sino que pierde su identidad. Esta mañana ya la han pasado a planta y sigue pendiente de varias pruebas médicas; si en dos o tres días no lo han resuelto y el proceso se dilata, imagino que le darán el alta y luego volverá para los exámenes.

¿Dónde va a quedarse una vez que le den alta?

Creo que ni ella lo sabe. Hasta donde sé, Samur Social fue al desahucio y le ofreció un recurso de emergencia distinto al de la última vez, también en Madrid. Pero de emergencia significa temporal, y eso no es una verdadera alternativa habitacional. Además, Maricarmen ha dicho muchas veces que ella no quiere ir a un asilo, y hasta ahora tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid solo le han ofrecido plazas en albergues o residencias públicas, una regional en Alcalá de Henares.

Esta mañana [del jueves 24 de septiembre] he hablado con su primo, pero los dos tienen un nivel tan alto de ansiedad que no pueden ni pensar en eso. Lo más probable de momento es que ella se vaya a casa de él y su mujer, pero aunque sean familiares y la gente pueda creer que está resuelto, no es tan sencillo: este hombre tiene 70 años y su casa está en otra comunidad autónoma, en Segovia; además, ¿va a irse a dormir al sofá para siempre, para que Maricarmen pueda dormir en una habitación? Si un fin de semana vienen familiares o amigos a casa, te aprietas. Pero hacerlo de por vida no es una opción real.

El desahucio se ha ejecutado después de otros tres intentos que fracasaron. ¿Qué papel ha tenido en ello la estrategia jurídica, y hasta qué punto influyen la presión ciudadana, vecinal o sindical para dar la vuelta a un caso así?

Yo creo que ambos, abogados y sindicatos, hemos hecho un buen tándem que ha funcionado a medias. Sin el Sindicato de Inquilinas y si no hubiera sido un caso mediático, no habríamos conseguido estos resultados, que han sido un año de prórrogas. Pero no estamos satisfechos: esta semana hemos visto una nueva imagen de la vergüenza, que es la de Maricarmen saliendo de su casa en camilla y entrando a la ambulancia después de que la Policía reventara la puerta de su casa.

Quiero pensar que, aunque ella ya no vaya a recuperar su hogar, esto ha servido para que los políticos se pongan de verdad a trabajar por garantizar un derecho tan, tan básico. La vivienda es un problema transversal a todo lo demás, y en este momento preocupa a muchísima gente. Sin embargo, el foco desde hace años sigue poniéndose en los discursos sobre okupas o inquiokupas –etiqueta atribuida erróneamente a inquilinos morosos u otros perfiles ajenos a la okupación–. No es que no existan, pero son mínimos respecto a la cantidad de gente que ahora mismo no puede pagarse una casa, ni en propiedad ni de alquiler.

¿Qué margen de maniobra cree que tenían aquí las tres administraciones implicadas: Ayuntamiento, Comunidad de Madrid y el Ministerio de Vivienda?

Yo creo que la mayoría de competencias en materia de vivienda las tienen las comunidades autónomas, así que para mí la Comunidad de Madrid es la principal responsable. Aun así, a día de hoy todos se pasan la pelota cuando ninguno de los tres le ha ofrecido a Maricarmen una alternativa habitacional real, donde verdaderamente pueda quedarse a vivir. El Ayuntamiento también tenía recursos más allá de las residencias o albergues, y no los ha usado. Y el Gobierno central es otro responsable del despliegue policial que vimos el miércoles, todo por el desahucio de una mujer de 87 años.

La represión y la violencia que se ha vivido para echarla tienen que tener responsables. El Ministerio de Vivienda dice que ha intentado mediar con Urbagestión e incluso ha propuesto comprar la casa para ofrecerla en régimen de alquiler social a Maricarmen, a través de Casa 47. Ha habido donantes anónimos y conocidos que han querido hacerse cargo de la renta y no ha servido de nada, no han querido escucharnos. ¿Cómo es posible que el gobierno de un país no pueda hacer nada para que una empresa detenga un desahucio?

¿Qué piensa de la última propuesta de Sumar, que ha exigido al PSOE expropiar la casa de Maricarmen en el próximo Consejo de Ministros? ¿Cree que puede tener recorrido?

Me parece muy bien, pero es lo que se debería haber hecho hace tiempo. Lo que deseo y espero es que no sea solo para entrar en un titular y que le aplaudan por ello. Si esa posibilidad realmente estaba sobre la mesa, definitivamente no se ha hecho nada desde octubre de 2025 hasta ahora. Por mucho que entonces nos llamaran tantos medios y políticos preocupados o preguntando cómo ayudar.

Si el Gobierno central hubiera aprobado el decreto-ley de vivienda –que obligaba a paralizar un desahucio si no había alternativa habitacional, entre otras medidas– esa habría sido otra posibilidad a nuestro favor. Pero aunque no obtuvieran mayorías, seguían teniéndolo en su mano: podían aprobarlo en un Consejo de Ministros y ya se vería después. A día de hoy, una persona con un perfil vulnerable o que ha sufrido malos tratos, por mucho que sea una víctima, no está amparada ante este tipo de desahucios. Aun así, cualquier iniciativa es bienvenida. Una vez que han echado Maricarmen ya no puede hacer nada para recuperar su casa, pero todavía pueden ofrecerle un alojamiento alternativo que se ajuste a lo que necesita.

Hace unos meses, la ONU pidió a España medidas cautelares para suspender temporalmente el desahucio. Ahora se insiste en que la jueza “debería haber suspendido temporalmente el desahucio para evitar un daño irreparable”. ¿Pudo haberlo hecho?

Las Naciones Unidas pidieron al Juzgado que suspendiera el desahucio hasta que las administraciones públicas tuvieran una alternativa. La jueza [Elena Cortina Blanco] podía haberlo parado simplemente atendiendo a que lo pide la ONU, pero no ha querido. No tengo nada en su contra, pero aquí nadie puede decir que no se pudo hacer nada: han hecho mucho, desde activar los mecanismos para expulsarla por la fuerza hasta no frenar el desalojo ni con un informe internacional, al menos de forma temporal.

A nosotros, como tal, la jueza no nos traslada nada directamente porque ellas no hablan con los abogados, solo resuelven y nosotros nos basamos luego en esos escritos. Ella sabe desde hace tiempo que tiene un caso complejo con una demanda de ejecución de desahucio y, aun así, creo que ha preferido seguir la norma sin más en lugar de buscar algún recoveco o escuchar propuestas con las que frenar un tiempo la causa. Yo he tenido casos así que han estado tres años en un cajón, ¿por qué este se resuelve tan rápido pese a tener tanto en contra?

¿Cuánto del resultado final de un caso depende de la autoridad judicial que lo examine, o de la interpretación legal?

Diré que buena parte de los jueces de este país hubieran dado ese mismo resultado, porque el derecho internacional aquí se tiene en cuenta a medias y terminan aplicándose las leyes internas, que no amparan del mismo modo. Al final hemos ignorado a la ONU, pero aquí todo el mundo dice que solo ha cumplido la ley, y que no podían hacer otra cosa. Todos debemos cumplir las normas, pero también podemos decidir qué hacemos y qué no; si participamos, o si nos enfrentamos a una sanción. Ni siquiera judicialmente estamos tan atados como se cree: ya digo que podría haberse suspendido cautelarmente, o alargado la resolución.

¿Cómo ha sido la comunicación con Urbagestión y sus administradores, Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes?

No existe desde hace tiempo. Yo estaba en contacto con ellos antes de que se resolviera la demanda, pero cuando volví a contactarles fue su abogada quien, a través del Juzgado, me señaló por saltarme el código deontológico hablando con clientes directamente. Tenía razón, y me pidieron no comunicarme más con ellos. Así que desde el primer intento de desahucio, aproximadamente, no hemos vuelto a saber nada de su parte.

También se ha dicho que Maricarmen podía haber comprado la casa cuando tuvo la oportunidad –después de adquirir la propiedad, Renta Corporación se la ofreció por 250.000 euros. Su pensión es de 1.450–, pero esto nunca ha sido una opción. No le llega y ellos lo saben, pero tienen la obligación de ofrecérsela primero no porque sean considerados y decidan darle prioridad, sino porque les obliga la ley. Aún no sabemos si presentaremos alguna denuncia contra alguna de las instituciones implicadas, de momento estamos recopilando grabaciones, pruebas o partes de lesiones de los agredidos en protestas, y probablemente llegue a algo más. Mientras tanto, el procedimiento presentado ante la ONU continúa y yo espero que termine en una condena a España, con indemnización para Maricarmen. Será difícil, pero ahí seguimos.

El desahucio de Maricarmen, la anciana de 87 años expulsada a instancias de un fondo de la casa donde vivía desde 1956, llegará la semana que viene al Consejo de Ministros. Sumar ha anunciado que propondrá la expropiación de la vivienda de Madrid para que la mujer pueda volver, una medida sin muchos precedentes y que, según una ley creada durante la dictadura, debe ser minuciosamente justificado por parte del Ejecutivo con la previsión de acabar en los tribunales.

Las expropiaciones forzosas están reguladas por una ley firmada por el dictador Francisco Franco en 1954, solo dos años antes de que Maricarmen se mudase por primera vez al domicilio de la avenida Alcalde Sainz de Baranda, una calle de menos de 100 números empotrada entre el barrio de la Estrella, Fuente del Berro y a un paseo del parque del Retiro. Una zona donde, según los principales portales inmobiliarios, el alquiler de un piso a duras penas baja de los 2.000 euros mensuales y las compras suben con facilidad del millón de euros. Poner este piso en manos del Estado para que Maricarmen pueda regresar de forma urgente remite a varios artículos de esta ley y a un proceso de expropiación que, por norma general, no suele quedar zanjado de forma pacífica, sobre todo a la hora de ajustar el precio que la administración debe pagar al dueño del terreno o inmueble expropiado.

La ley explica que una expropiación puede justificarse por “causa de interés social” y ahí es donde se puede hacer beneficiario de esta medida a “cualquier persona natural o jurídica” y el bien, en este caso el piso, tiene que haber sido declarado “de utilidad pública o interés social” y cuando no haya un plan de obras y servicios del Estado de por medio eso se debe hacer “mediante Ley en cada caso”. Eso es solo el comienzo del proceso, que tiene algunos de sus puntos más espinosos en la fijación del justiprecio y el abono de unas cantidades e indemnizaciones que muchas veces son llevadas a los tribunales por considerarse demasiado bajas.

Tal y como propone Sumar para la reunión del gabinete de la semana que viene, el Consejo de Ministros tendría que justificar por qué la expropiación del piso de la avenida Alcalde Sainz de Baranda de Madrid responde a ese “interés social”, y también debería proponer un precio justo para abonar a Urbagestión, el nuevo casero de la anciana que ha instado y conseguido su desahucio después de pretender que pagara casi un 300% más de alquiler. Cualquier paso de este proceso podría ser llevado a los tribunales por la empresa que, además, ha rechazado cualquier alternativa ofrecida por la anciana o su entorno.

El Tribunal Supremo y su sala tercera llevan dos décadas afirmando con rotundidad que la falta de esta declaración de interés social y su justificación constituyen un error que aboca al fracaso a cualquier expropiación: “Faltando la declaración de utilidad pública o interés social los actos que con una pretendida finalidad expropiatoria verifique la Administración no tienen validez jurídica alguna, por lo que deben calificarse como nulos de pleno derecho”, dijo en una sentencia que anuló una expropiación ejecutada por el gobierno valenciano de Eduardo Zaplana en los años 90 del siglo pasado.

Este tribunal ha asestado sonoros varapalos a las administraciones públicas que no han justificado cada paso del proceso. Por ejemplo en el primer trimestre de 2018, cuando obligó al ayuntamiento jienense de Linares a pagar varios millones de euros a los propietarios de los terrenos donde se levantó el parque de Cantarranas porque no era suelo rústico, sino urbanizable. Unos años antes, el mismo Supremo anuló la expropiación de suelo en Alicante para levantar la “Ciudad de la Luz” al sur de la ciudad, un proyecto de estudios cinematográficos que tuvo que esperar más de una década para ser una realidad. La razón que esgrimieron los jueces: la administración no detalló para qué se iban a usar exactamente esos terrenos. “La referencia a un complejo con las características que se expresan en la Memoria del Plan Especial adolece de una mínima especificación que permita conocer lo que se proyecta, con la consiguiente indefensión”.

Forzosa y urgente

Desde Sumar ha sido su portavoz Verónica Martínez la que ha puesto encima de la mesa el artículo 33.3 de la Constitución para afirmar que esta expropiación es “viable jurídicamente”. La adaptación democrática de la ley franquista que regula las expropiaciones y que vuelve a poner el foco en la justificación: “Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes”.

El segundo escollo a salvar en una hipotética expropiación sería su carácter urgente para evitar un proceso judicial de años y años y que la medida fuera efectiva para Maricarmen, recién expulsada del que ha sido su hogar durante décadas. La ley de 1954 también especifica que “excepcionalmente” los trámites se podrán gestionar de forma urgente. Y aquí los tribunales también han establecido que el Consejo de Ministros debe justificar al milímetro la declaración de urgencia.

El último caso es el de la expropiación urgente perpetrada en Canarias a favor de AENA para ampliar una pista de aterrizaje y despegue en el aeropuerto de La Palma. El gestor público aeroportuario fue contundente y recibió poco antes de verano el aval del Tribunal Supremo: “Para que el aeródromo siga operando en condiciones de seguridad, es necesaria la franja de pista requerida”. Los jueces concluyeron que había razones para tramitar todo de forma urgente en base a “la seguridad de la infraestructura y en estar incumpliendo la normativa europea sobre la seguridad de las instalaciones aeroportuarias”.

Una hipotética expropiación para que Maricarmen pudiera volver a corto plazo al domicilio de Alcalde Sainz de Baranda implicaría, por tanto, una justificación minuciosa tanto de su interés social como de su carácter urgente. Un movimiento sin precedentes en la normativa inmobiliaria española. En Balears, por ejemplo, el Govern que lideró Francina Armengol puso en marcha la expropiación temporal de 56 viviendas de grandes tenedores para destinarlas a alquiler social. Una medida que, con los años, recibió el aval del Tribunal Superior de Justicia. “Parece difícil negar que el acceso a una vivienda digna y asequible sea uno de los principales problemas a los que se enfrenta un amplio sector de la población balear. Pero, además, esos datos evidencian una tendencia de empeoramiento de la situación, de ahí que pueda considerarse justificada la decisión de implantar medidas de reacción como la que contempla la Ley”, dijo esa sentencia.

El desahucio de Maricarmen en Madrid ha supuesto una espita para el enorme problema de acceso a la vivienda en España. Aunque no es un caso puntual, ha sido la gota que ha colmado el vaso de la indignación social, con movilizaciones en toda España para pedir soluciones. Incluso el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha reclamado a las administraciones y demás poderes públicos que se adopten medidas urgentes para evitar los desahucios de personas vulnerables.

La situación no es ajena a Castilla-La Mancha, que tradicionalmente había sido una de las regiones españolas con los precios más bajos de compra y alquiler. Ya no lo es. Y esta situación coincide con la decisión del Gobierno de Emiliano García-Page de tramitar por la vía de urgencia la que será su primera ley de medidas sobre suelo y vivienda en doce años. No es estrictamente una 'ley de vivienda', pero busca incorporar una regulación de la que se lleva hablando una década.

En su primer discurso de investidura en 2015, Emiliano García-Page prometió una ley “social” para frenar los desahucios en la comunidad autónoma. Arrancaba entonces una legislatura en la que gobernó con Podemos y en la que llegó a redactarse un borrador en el que, entre otras cosas, se contemplaba multar a los bancos que no ofrecieran alquiler social como alternativa a los desahucios. También incluía numerosas medidas para dar soluciones habitacionales a colectivos en situación de vulnerabilidad.

La normativa nunca llegó a aprobarse. En 2019, el PSOE ganó por mayoría absoluta, Podemos se quedó sin representación parlamentaria y el borrador se quedó en un cajón. Desde entonces, son muchas las medidas que el Gobierno de Page ha adoptado para garantizar el acceso a la vivienda: ayudas, incentivos, avales, construcción de inmuebles en colaboración público-privada y otras derivadas del Plan Estatal de Vivienda. Pero no ha vuelto a hablar de desahucios.

Una ley de medidas sobre suelo y vivienda antes de final de año

Ahora, doce años después, las Cortes de Castilla-La Mancha tramitan por la vía de urgencia la mencionada ley de medidas sobre suelo y vivienda que entrará en vigor antes de final de año, prácticamente en el tramo final de la legislatura antes de las elecciones autonómicas previstas para la primavera de 2027.

En ese texto, que todavía puede modificarse vía enmiendas, el Gobierno regional no recoge ni una sola mención a algún tipo de disposición normativa que pueda impedir situaciones de desahucio como la de Maricarmen, es decir, propiciadas por la compra de inmuebles por parte de bancos o de fondos-buitre.

Lo cierto es que Castilla-La Mancha registró 748 desahucios, tanto por impago del alquiler como de hipotecas, en el último año completo oficial recopilado por el Observatorio de la Vivienda Asequible, según los registros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y aunque los datos apuntan a un descenso generalizado en la región, la cantidad de lanzamientos sigue siendo muy significativa.

La norma que se va a aprobar en esta comunidad autónoma está centrada, básicamente, en ampliar, flexibilizar y dar protección permanente a su parque público de vivienda, pero no incorpora esas medidas de hace diez años, o algunas similares como las que el Ejecutivo central quiere prorrogar con el decreto de alquileres en el mercado libre.

No obstante, la futura ley de Page sí tiene como objetivo, de otra manera, dar protección a la ciudadanía más vulnerable. Lo hará regulando el denominado ‘desahucio administrativo’: un procedimiento para la defensa y recuperación de la posesión de los bienes del patrimonio público residencial.

Esta figura se utiliza para que la Administración autonómica recupere la posesión de inmuebles de su propiedad con algún tipo de protección, así como sus zonas comunes, locales o edificaciones complementarias. La norma establece que el desahucio puede ejecutarse en casos de impago. Se requiere primero a la persona obligada para que pague los importes vencidos en un plazo de 15 días, apercibiéndole de desahucio. Y si no abona la totalidad en ese plazo, se dicta resolución de desahucio concediendo 10 días para hacer efectivo el pago o entregar las llaves; de lo contrario, se procede al lanzamiento de personas y enseres.

Este procedimiento sigue la normativa común administrativa, pero si es necesario entrar en el domicilio del afectado, la Consejería de Fomento competente debe obtener obligatoriamente la preceptiva autorización judicial.

No obstante, el procedimiento ofrecerá alternativas. La norma contempla un conjunto de mecanismos de prevención, flexibilidad de pago y protección social diseñados para atender situaciones de dificultad antes de llegar a la ejecución del desahucio en las viviendas del parque público.

Moratorias en casos excepcionales de “marcado carácter social”

Por ejemplo, para evitar el desahucio administrativo, en casos excepcionales de “marcado carácter social debidamente motivados”, la Consejería de Fomento puede autorizar moratorias en el pago de las rentas de alquiler mediante un plan individualizado para la persona adjudicataria.

La propuesta legislativa no especifica plazos máximos de suspensión de pago, importes, requisitos de renta cuantitativos ni procedimientos de solicitud detallados, dejando esos aspectos a la regulación reglamentaria o a la negociación individual del mencionado plan de pagos.

Y aunque la modalidad ordinaria es el contrato de arrendamiento, la ley permite expresamente recurrir a modalidades de cesión de uso o cesión gratuita en precario cuando existan razones sociales justificadas. ¿Como cuáles? Se crea la figura de viviendas sociales para colectivos en riesgo de exclusión, concebida específicamente para cubrir necesidades habitacionales dentro de un itinerario de inserción social diseñado por los servicios sociales competentes. Además, la norma permite reservar un porcentaje del parque público de vivienda social para este tipo de atención prioritaria.

En realidad, resulta del todo coherente que el Gobierno regional haya incluido la regulación de esta figura, a la luz del espíritu de la nueva ley: promover y ampliar su parque público de viviendas como solución a los problemas de acceso y como patrimonio “separado, finalista y circular”, lo que implica que todos los ingresos derivados de la enajenación de sus bienes deben revertir íntegramente a este patrimonio.

Ese parque público de vivienda social estará formado por inmuebles de titularidad pública (o construidas sobre derechos de superficie o cesión), viviendas adquiridas mediante el ejercicio de tanteo y retracto, así como inmuebles privados o públicos cedidos en usufructo mediante convenios. Es decir, se permitirá la reconversión de parcelas calificadas para uso terciario o dotacional privado a viviendas de protección pública.

Es más, habrá un principio de “interés autonómico” en la reconversión de los inmuebles: significa que tendrá carácter excepcional y su régimen prevalecerá de forma directa sobre las determinaciones incompatibles del planeamiento urbanístico, sin necesidad de tramitar una modificación, revisión o innovación de esos planes locales.

La habilitación especial estará vigente durante un plazo de cinco años desde la entrada en vigor de la ley, con la posibilidad de prorrogarse de forma motivada por el Consejo de Gobierno por períodos sucesivos de hasta cinco años

Pero, a efectos de esos posibles desahucios administrativos, ¿a qué refiere la futura ley cuando habla de vivienda protegida con la categoría de vivienda social? Atendiendo a su origen y forma de incorporación al parque público de la Junta, la ley especifica los siguientes tipos de inmuebles: los de titularidad autonómica destinados a tenencia temporal con rentas fijadas en función del nivel de ingresos del adjudicatario; los obtenidos en virtud del ejercicio de los derechos de tanteo y retracto por parte de la Administración regional; los adquiridos directamente por la el Gobierno regional para tal fin; y los de titularidad pública o privada provenientes de convenios o contratos que cedan su usufructo a la Administración autonómica.

Durante el debate en las Cortes de Castilla-La Mancha de la toma en consideración de esta proposición de ley, ninguno de los tres grupos parlamentarios (PSOE, PP y Vox) hicieron referencia alguna a los desahucios. Ahora, la norma debe pasar por comisión y trámite de enmiendas, donde podría verse modificada, aunque, por el momento, ni el Grupo Socialista ni el Gobierno han manifestado su intención de cambiar el trasfondo de la norma para intervenir de alguna manera en el mercado de vivienda libre y evitar situaciones como la de Maricarmen, y otras muchas personas, en el país.

Un total de cuatro ciudades de Castilla-La Mancha se han sumado a las protestas que está convocando esta semana la Confederación de Sindicatos de Inquilinas para mostrar su indignación contra el desahucio de Maricarmen, de 87 años, a cargo de un fondo de inversión, ocurrido en Madrid este miércoles. Un desahucio que ha causado “una ola de indignación”.

Tras la movilización que hubo ayer en Toledo, este jueves ha sido el turno de Alcázar de San Juan y Talavera de la Reina, a las que hay que sumar otra más para el viernes en Ciudad Real, en una ola de indignación que alcanza a ciudades por toda España.

La de Toledo, una convocatoria “urgente” de la Unión Popular de Inquilinos de la ciudad, citó a la ciudadanía en la plaza del Ayuntamiento ante el desahucio de Maricarmen, ocurrido esa misma mañana.

Durante la concentración toledana se leyó un manifiesto. “Tenemos que pararlo de alguna manera y la mejor forma es la organización”, ha dicho Natalia Cortés, la portavoz, que ha invitado a la ciudadanía a sumarse al colectivo o a dar apoyo a través de las redes sociales, de cara a “trabajar por una ciudad para todos y todas”.

En Madrid, frente al ático del barrio de Chamberí adquirido por la Comunidad de Madrid, se reunieron unas 10.000 personas según las cifras de la Delegación del Gobierno.

Las ciudades donde se ha celebrado una concentración este jueves han sido La Coruña, Alicante, Bilbao, Huelva, Murcia, Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Salamanca, Aracena, Logroño, Talavera de la Reina (Toledo), Zaragoza, Granada y Santa Cruz de Tenerife, mientras que el viernes tendrán lugar en Benidorm (Alicante), Cáceres y Ciudad Real.

Urbagestión, la propietaria del piso del que fue desahuciada Maricarmen, a sus 87 años y en silla de ruedas, ha negado públicamente que el Gobierno tratara de comprar la vivienda para evitar el lanzamiento de la anciana y ha acusado al Sindicato de Inquilina de “presiones y coacciones desproporcionadas”.

elDiario.es ha podido constatar con las fuentes del Gobierno al más alto nivel que han mantenido interlocución directa con la empresa. Aseguran que en las últimas semanas, se dio traslado de varias propuestas alternativas al desalojo que no obtuvieron respuesta o que fueron directamente rechazadas. Entre ellas, el pago del montante total del alquiler exigido por parte de terceras personas o el aplazamiento del lanzamiento. Pero también, según esas mismas fuentes, la posibilidad de adquirir el inmueble por parte de la empresa pública Casa 47.

En un comunicado difundido un día después del desahucio, que ha provocado un verdadero terremoto social y político, la empresa -que niega ser un “fondo” y asegura ser solo una “pequeña empresa” con solo una vivienda en propiedad“- se defiende en su actuación ante, lo que consideran, ”el uso espurio y político del caso“.

La nota firmada por la abogada Silvia Fernández trata de aclarar datos “inexactos”, dice, que se han difundido en los últimos días, y defiende que el contrato de arrendamiento con Maricarmen era ilegal, con su extinción confirmada por la justicia, y que su permanencia era “tolerada” por la propiedad. Esto es así porque el contrato originario, de 1956, lo firmó el padre de Maricarmen y después se subrogó a su madre. Cuando falleció en 2005, la ahora desahuciada se quedó en el hogar. Pero alegan, como ha reconocido la justicia, que esta segunda subrogación no es acorde a derecho porque se produjo “sin que la inquilina tuviera reconocido oficialmente ningún grado de discapacidad, ni tampoco fuese alegado como circunstancia justificativa de un derecho que no tenía”.

“Desde entonces, la propiedad ha tolerado la permanencia de la inquilina en la vivienda con ánimo pacificador, sin ejercer presión, mientras asumía los gastos del inmueble y el abono de la hipoteca”, se defiende la compañía, cuyos administradores son Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, que aparecen vinculados a negocios variopintos, del alimentario al ladrillo y financiero.

Niegan las cuantías

El Ministerio de Vivienda ha asegurado que intentaron tantear a Urbagestión para hacerse con la propiedad mediante la empresa pública de vivienda, Casa 47, pero Urbagestión lo niega: “Ni el Ministerio de Vivienda ni Casa 47 han formulado oferta de compra de la vivienda, ni podían hacerlo legalmente. La única propuesta de compra recibida procedió de la abogada del Sindicato de Inquilinas, que instó a la propiedad a vender la vivienda a una cooperativa del entorno del Sindicato, circunstancia que la propiedad puso en conocimiento del juzgado, advirtiendo el anómalo proceder”. Sobre su papel mediador, dicen que el Gobierno no llegó a concretar “una oferta cierta y por escrito”.

Unas palabras sobre el Sindicato de Inquilinas que se ha producido tras anunciar una querella por injurias y calumnias, con la que le reclama 10.000 euros. Todo por llamarle “fondo buitre”.

En el comunicado, la compañía dice que la renta que abonaba Maricarmen, hasta la extinción del contrato, era de 200 euros mensuales, más 220 o 250 euros de gastos de comunidad que incluyen los consumos de agua y calefacción, “sin actualizaciones en los últimos ocho años”. Sobre estas cuantías, niegan haber exigido el pago “de una renta superior a la que venía abonando”.

Fue en 2020 cuando Urbagestión Desarrollo e Inversión, también conocida como Urbagesa, compró la vivienda. Los empresarios Ricardo y Fernando Alonso, que no han dado la cara y por primera vez ahora dan sus excusas públicas, le habrían ofrecido un nuevo alquiler con una subida del 300%, lo que suponía pagar 1.650 euros, o sea 200 más que lo que cobraba de pensión. “Eso es reírse de las personas. Ni les contesté”, contaba Maricarmen en una entrevista con elDiario.es.

Pero Urbagestión dice que “únicamente, en respuesta a un requerimiento escrito de la letrada de la inquilina, de hace tres años, para que indicara el precio de un posible nuevo arrendamiento, la propiedad señaló que, dadas las circunstancias, podría considerarse una renta bonificada entre un 40% y un 50% sobre el precio de mercado”, se excusan en la nota, apuntando que después se ha utilizado esa respuesta de manera intencionada.

“A partir de ese momento, la desconfianza de la propiedad hacia la forma de actuar de la representación letrada de la inquilina y del Sindicato de Inquilinas se acentuó”, dicen.

A estos últimos la empresa los acusa de “presiones, descalificaciones intencionadas y coacciones desproporcionadas e injustificadas” y dice que su “actitud ha imposibilitado alcanzar un entendimiento entre las partes”.

Cabe señalar que Urbagestión se ha negado a negociar y no ha aceptado ninguna de las propuestas, como el pago anónimo del alquiler por parte de una escritora o la compra del inmueble por el músico James Rhodes, para permitir que Maricarmen siguiera en la casa donde ha residido durante 70 años.

El Sindicato de Vivienda de Cantabria ha convocado una concentración este viernes, 25 de septiembre, en la Delegación del Gobierno en Santander, a las 19.30 horas, a raíz del mediático desahucio de Maricarmen, de 87 años, en el barrio de Retiro de Madrid, y para mostrar rechazo a los fondos buitre.

Además, el sábado día 26, el sindicato se sumará a una movilización antifascista convocada en la capital cántabra, y en próximas semanas lanzará una campaña a nivel autonómico contra dichos fondos en la región.

La convocatoria del viernes será también en apoyo a compañeras del Sindicato de Inquilinas de Madrid que “sufrieron la violencia represiva de las FCSE”, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, mientras intentaban frenar el desalojo.

También, ante la situación de “acoso” que “más de 80” vecinos de Peñacastillo “llevan viviendo desde hace meses por parte del fondo buitre que pretende expulsarlas dos años antes de que finalicen sus contratos de alquiler social”.

El Sindicato de Vivienda de Cantabria señala, en el plano estatal, al Gobierno de Pedro Sánchez, que “no solo no ha legislado de manera contundente para proteger el derecho a la vivienda de todas las personas, sino que además se ha dedicado a reprimir por la fuerza los movimientos sociales que de manera autónoma articulan alternativas a través del apoyo mutuo”, según explica Cristina Asenjo, militante de la asamblea.

A nivel autonómico, Andrea Liba, militante del sindicato cántabro, ha lanzado este mensaje al consejero de Vivienda, Roberto Media, y al delegado del Gobierno, Pedro Casares: “Los fondos buitre están destrozando nuestros barrios y pueblos, expulsando a las vecinas que aquí vivimos y mercadeando sin limitaciones con un derecho fundamental como es el de la vivienda”.

Al Ejecutivo regional (PP) le reprochan que “lo único que está haciendo es fomentar la especulación, proteger el turismo a costa de nuestras vidas, agotar nuestro territorio en favor de sus negocios y tratar de desarticular la organización colectiva con el uso de la violencia”, por lo que -consideran- Media “tiene que dimitir”.

Urbagestión, la empresa que denunció a Maricarmen para que finalmente fuera desahuciada este miércoles, denunció al Sindicato de Inquilinas por un delito de injurias, calumnias y derecho al honor, ya que la entidad le había calificado de “fondo buitre”. Tras un periodo de mediación en que el sindicato no se retractó, la empresa prosigue con una querella penal por la que les piden, por derecho al honor, 10.000 euros.

La denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, se acoge al artículo 804 de la Lecrim y a los artículos 172, 201 y 215 del Código Pena, así como al artículo 138 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. También les acusan de coacciones y de descubrimiento y revelación de secretos.

El Sindicato de Inquilinas ha acompañado a Maricarmen en todo el proceso hasta llegar al desahucio y ha liderado las protestas para exigir una solución. También la acompañaron en su casa el pasado miércoles y convocaron la acampada que atrajo a cientos de personas a las puertas de su casa, con actuaciones en directo de artistas que solicitaban que se frenara el desahucio de la mujer, de 87 años y en silla de ruedas, que vivía en un contrato de renta antigua desde el año 1956.

Cuando falleció su madre, heredera del contrato de su marido, Urbagestión consideró que el contrato dejaba de ser válido para Maricarmen, ya que las segundas subrogaciones solo duran dos años y solo se pueden alargar en caso de que el inquilino tenga una minusvalía de más del 65%. Maricarmen tenía un 50%, por lo que el Supremo corrigió la sentencia y dictaminó que el contrato no era válido y abrió el camino al desahucio.

Urbagestión es una empresa gestionada por Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes y se dedica a la promoción, el desarrollo y la gestión o asesoramiento de productos de inversión inmobilaria y de farmacias, según recoge su web. Facturó medio millón de euros en 2025 y alcanzó un beneficio de 3.000 euros.

El Sindicato de Inquilinas ha apuntado a las administraciones públicas en sus protestas y reivindicaciones, pero también ha puesto en el foco a la empresa, que se negó incluso a aceptar la mediación del Ministerio de Vivienda. Rechazó ofertas de compra y de alquiler para salvar a Maricarmen y en su día le pidió un alquiler de 1.600 euros que años después pasó a ser de 2.500, para una persona que cobra una pensión y que estaba pagando 500 euros de alquiler.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha señalado este jueves que el desahucio de Maricarmen, la vecina madrileña de 87 años desahuciada este miércoles, ha “removido la conciencia” de los grupos políticos y “ha aproximado algunas posiciones que hasta ahora venían más distanciadas” en las negociaciones para aprobar el decreto de vivienda.

Así lo ha expresado Rodríguez en una entrevista en el programa Malas Lenguas de TVE, donde ha declinado responder a si dicho decreto se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes, como ha pedido su socio en el Gobierno Sumar, pero ha indicado que el compromiso de los grupos es “poderlo aprobar lo antes posible”, según recoge Europa Press.

“Yo sé que no se entiende”, ha subrayado al explicar que el Gobierno podría “aprobarlo mañana”, pero sin el apoyo del resto de grupos en el Congreso este decreto no se convertirá en ley y no se habrá “conseguido nada”.

(Estamos ampliando esta información)

El cuarto intento de desahuciar a Maricarmen fue también el último. La vecina de Retiro, casi nonagenaria, ha salido en ambulancia de la que fue su casa durante 70 años. Dentro y fuera, una amplia resistencia liderada por el Sindicato de Inquilinas e impulsada por simpatizantes acudía en su apoyo, después de que el fondo Urbagestión adquiriera su hogar y quintuplicara la renta hasta niveles imposibles para una pensionista. A las puertas, más de una decena de furgones policiales hicieron guardia por el desalojo. Llegaron a verse duras cargas contra los manifestantes, muchos rociados con gas pimienta en un despliegue no exento de críticas. “Así es como la Policía defiende a Maricarmen”, espetaba con ironía el órgano sindical en redes, acompañando la publicación de un vídeo en el que cuatro agentes sacaban a uno de los activistas cogido de brazos y piernas. Pero, ¿pueden ellos negarse a colaborar en un desahucio, igual que un médico objetor decide no practicar abortos?

Sobre ello responde uno de sus miembros, que no estaba entre los asignados al operativo de este miércoles: “Cuando aceptamos nuestro cargo, los médicos tienen la función de salvar vidas, pero la nuestra específicamente es la de cumplir y hacer cumplir la ley vigente. Eso nos deja con una serie de limitaciones que no tienen otros funcionarios públicos: por ejemplo, que la seguridad ciudadana nunca se puede descuidar ni cuando pasa por encima de nuestra ideología”. Este agente de la Policía Nacional en Madrid, que accede a responder a cambio de no revelar su nombre, se muestra de acuerdo con este veto –que también suspende su derecho a huelga, aunque no a manifestarse fuera de servicio– pese a reconocer que ha llevado a cabo “detenciones con mucha pena y contradicción”. Pero, a su juicio, “es algo que debes asumir”.

Sin embargo, la violencia vista esta mañana y el enorme despliegue de antidisturbios para echar a una anciana de casa en favor de un fondo –que ni siquiera aceptó in extremis la donación anónima de una escritora para completar el pago de Maricarmen– ha vuelto a cuestionar a quién protege verdaderamente el término “seguridad ciudadana”. Con los bomberos, que a veces participan en despliegues para desahucios, pasa algo similar aunque con una diferencia: ellos a priori no están destinados a este tipo de prácticas, solo que pueden ser llamados a colaborar. En julio de 2024, después de la expulsión de una vecina de Lavapiés llamada Zohra, comenzó a fraguarse un grupo de efectivos que quería poner fin a su intervención en los desahucios.

“En nuestro caso, la reclamación no se mueve tanto por el derecho a la objeción de conciencia como a que no hay concepto legal que ampare directamente nuestra participación”, sostiene uno de los miembros de la Plataforma de Bomberos contra los Desahucios, César Contreras. Aunque en el último y definitivo intento de desalojar a Maricarmen no fue requerida la presencia de este cuerpo, en otros casos como el de Zohra o Mariano Ordaz sí se solicitaron efectivos para algunas tareas. La organización estatal creada hace un año defiende su derecho a no participar en estos operativos, pues aunque su reglamento les “obliga a colaborar” con otros servicios públicos insisten en que esto ha de ser solo si el caso se “ajusta” a sus “competencias”.

“Samur [para asistencias sanitarias de emergencia] también tiene ese acuerdo de colaboración y si les llaman es solo para atender a los afectados, no para inmiscuirse directamente en el desahucio”, resuelve Contreras. “Si es una orden judicial expresamente la que nos menciona para acudir, entonces no tengo nada que decir. Pero si son cuerpos de seguridad y no es estrictamente necesaria nuestra presencia, creo que debemos poder negarnos a hacerlo”, reflexiona el bombero. En los últimos años, la capital ha sido testigo de numerosas y muy sonadas expulsiones de vecinos que, como Maricarmen, han visto incrementarse exponencialmente el precio de su vivienda o sido expulsados cuando un nuevo propietario ha comprado su bloque.

A la vecina de Retiro, que rechazó hasta el último momento las alternativas habitacionales en recursos municipales (que el Ayuntamiento no especifica por “protección de datos”) y de momento permanecerá con unos familiares, Urbagestión quiso subirle un alquiler de 500 euros con renta antigua hasta los 2.500 de un solo golpe. Aunque la cantidad final se redujo en una negociación, el precio tampoco se ajustaba a las posibilidades de su pensión, de unos 1.350 euros. Casos como el suyo pueden hallarse a montones.

Valverde 42 (Malasaña), donde 18 inquilinos de un mismo bloque descubrieron su venta a Vencar Capital y la intención de no renovar contratos; General Lacy 22, con una vecina que lleva 26 años en su vivienda a punto de salir junto a 32 familias, que denuncian un “vaciado progresivo del inmueble”; María Guerrero 1 y la quiebra silenciosa que trasladó su bloque a la Sareb; Salvia 1 (Tetuán) y el conflicto con el fondo Elix Rental Housing después de que comprara el edificio... La lista no para de crecer y el caso de Maricarmen vuelve a llenar de indignación las calles, redes y periódicos, con actos de protesta o apoyo a la vecina que contaron con figuras del mundo de la música, el cine e incluso una escritora anónima que, según el Sindicato de Inquilinas, se ofreció a pagar de por vida la diferencia de precio para mantener el piso de Retiro.

“Un desahucio no es una situación de emergencia imprescindible, que es lo que especifica para nosotros la normativa de incendios de la Comunidad de Madrid”, añade al debate otro bombero de la región, en este caso Victor Monedero Serrano, delegado de UGT Cuerpo de Bomberos Comunidad de Madrid. “Nosotros estamos para temas de salvamento y rescate de personas, pero por otras vías nos podemos negar aunque haya sanciones”, considera. De hecho, llegado el momento, los miembros del cuerpo que decidan incumplir alguna de estas colaboraciones pueden enfrentar sanciones , recrudecidas con la Ley Mordaza. “No somos un cuerpo militarizado como la Policía, así que de alguna forma sí podemos actuar por principios”, sentencia Monedero.

¿Hay entonces una vía para que un bombero o un policía pueda acogerse a la objeción de conciencia ante un desahucio? El abogado experto en Derecho Laboral Adrián Todolí cree que sí, pero intuye el camino sería “difícil”. La objeción por motivos ideológicos, religiosos o políticos existe en algunos de estos casos, pero está “muy restringida” y los tribunales suelen admitirla en supuestos muy tasados. Por ejemplo, el de los profesionales sanitarios que alegan razones de fe ante un aborto. En un caso como el de los desahucios, Todolí sugiere “estudiar cada situación de manera individual, y ponderar el derecho del trabajador a no actuar contra sus convicciones frente a la obligación de cumplir las funciones propias de su puesto”.

La diferencia entre un médico y un policía, prosigue el experto, reside principalmente en “la función que cada uno cumple para el mantenimiento del Estado”. “Mientras que ante la objeción de un médico existe la posibilidad de que otro atienda al paciente, trasladar esa lógica a la Policía plantea un problema distinto: si en la calle no hay agentes que hagan cumplir las leyes, se volvería un caos absoluto”, añade. El letrado recuerda que los tribunales tampoco han aceptado históricamente objeciones de conciencia planteadas por otros funcionarios, como ocurrió con las reclamaciones para no pagar impuestos si estos iban a financiar el Ejército.

“En estos casos, el interés general y la necesidad de garantizar el funcionamiento de los servicios públicos han pesado frente al derecho individual a apartarse de una obligación profesional”, define, aunque matiza que el debate jurídico aún no está cerrado: “Si realmente hubiera una gran reivindicación, muchos trabajadores, cerrajeros, etcétera, se negaran de forma sistemática, esto generara un conflicto grande, la prensa lo recogiera y se generara una opinión pública muy favorable, los jueces podrían tenerlo en cuenta. No como una obligación legal, pero sí como una forma de tomarle el pulso a la concencia colectiva”.

El presidente del evento inmobiliario 'The District', Juan Velayos, ha lamentado este jueves el tratamiento político y mediático del desahucio de Maricarmen, al que ha calificado de “circo mediático”, y ha defendido que la solución a casos como este pasa por la colaboración público-privada.

Velayos se ha pronunciado así en el marco de este evento inmobiliario, que se ha celebrado por primera vez en Madrid tras las ediciones anteriores de Barcelona, y donde, según ha dicho, el caso “ha copado muchísimas conversaciones”, informa EFE.

“No he escuchado ni a una sola persona que no haya dicho que es un drama el problema de Maricarmen y que requiere una solución. En eso yo creo que hay un consenso absoluto”, ha afirmado a los medios.

Velayos ha expresado “una cierta tristeza” por el tratamiento que ha recibido el desahucio de esta mujer. “Tenemos un grandísimo problema como país si un tema tan sensible como este se trata como lo estamos viendo que se está tratando por nuestros políticos”, ha señalado.

Asimismo, ha indicado que, por lo que ha escuchado, “aparentemente sí que ha habido propuestas de soluciones que, por algún motivo u otro que habría que entender, no han sido satisfactorias”.

Ha distinguido además entre cuestionar “el principio básico de la propiedad privada” o del alquiler y la posibilidad de que la sociedad ofrezca “soluciones óptimas para una situación tan sensible como esta”.

“Al final es un circo mediático”

“Me entristece entender que todo esto al final es un circo mediático en beneficio de quien sea, seguro que no de ella”, ha añadido.

Velayos ha aludido a los 25.000 desahucios que, según ha dicho, se registran en España y ha defendido que, ante la “absoluta necesidad de capital” para resolver el acceso a la vivienda asequible, “la única solución vendrá por la colaboración público-privada”.

“Lo que seguro que no me creo es que el capital o los gobiernos o políticos de bien no sean capaces de solucionar problemáticas como esta si salen del foco político y mediático”, ha concluido.

Coincidiendo con la celebración de este evento, el Sindicato de Inquilinos de Madrid y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas, entre otros movimientos sociales, han convocado cuatro días de encuentros, talleres y debates para “fortalecer la lucha” por el derecho a la vivienda.

El lamentable caso del desahucio de Maricarmen, de 87 años, perpetrado este miércoles en Madrid ha generado un estallido de indignación social que se ha traducido en un sinfín de reacciones en las redes sociales, algunas de ellas no exentas de polémica.

Después de horas de resistencia, el lanzamiento se ejecutó poco antes de las 13.00 horas gracias a un enorme despliegue policial que iba apartando activistas, uno a uno, del camino hasta el piso de la desahuciada. El caso dejó imágenes durísimas con la mujer sacada en una camilla sanitaria del edificio en el que llevaba toda su vida residiendo.

El Sindicato de Inquilinas denunció que el fondo Urbagestión había rechazado la última oferta formulada por la mediación para intentar detener el lanzamiento, por lo que el desahucio era irrevocable. Maricarmen esperaba una solución de última hora después de meses luchando contra los movimientos del fondo inmobiliario para expulsarla de su casa. De los 500 euros que pagaba por su alquiler de renta antigua, la empresa pretendía subirle a 2.650 euros.

En relación con toda esta situación, el abogado Víctor Soriano, asesor adscrito a la Secretaría Primera del Senado, Eva Ortiz (PP), afirmó este miércoles en su cuenta de X: “Tener 87 años no te da derecho a vivir a costa de otros en una vivienda noble de un barrio burgués”.

Lo hizo en respuesta a otro tuitero que afirmó que “si subirle el alquiler a una persona de 87 años de 500 a 2600 euros no es violencia yo no sé qué es violencia”.

Preguntado por el tuit, Soriano ha comentado a esta redacción que le parece sorprendente que “el PSOE se dedique a tapar el acoso de Leire Díez a la jueza o todo lo de Ceuta” utilizando su escrito y ha aclarado: “Por supuesto que todos empatizamos con Maricarmen. Yo respondo a un señor que habla de violencia, pero la ley está para cumplirla. Tenemos un problema grave de vivienda y sorprende que el PSOE esté más preocupado de lo que yo publico que de buscar soluciones. La seguridad jurídica es una variable importante para que los pequeños propietarios no tengan miedo de sacar sus viviendas al mercado del alquiler y esto a su vez influye en que haya más o menos oferta y en los precios, es una parte del problema, junto a la política de vivienda desnortada del Gobierno”.

El despacho Soriano i Piqueras, del que es cofundador Víctor Soriano, tiene como cliente a Business Decision and Advice, S.L., la promotora que construye alojamientos turísticos en los bajos de tres residenciales en el barrio de Benicalap, en València, y que ha generado denuncias de los vecinos que consideran que parte de los obras que están ejecutando, especialmente la apertura de ventanales en fachadas recayentes a zonas comunes, son ilegales.

Un día después de ser desahuciada de la casa en la que vivió los últimos 70 años, Maricarmen continúa ingresada en Madrid. Fuentes del Sindicato de Inquilinas, en un actualización a mediodía sobre su estado, aseguran que la vecina de Retiro va a ser trasladada a planta y permanecerá unos días en observación, hasta dar señales de mejora debido a “los nervios del desahucio”.

La mujer de 87 años ha vivido meses agónicos, e incluso años desde que supo que el fondo Urbagestión quería subirle el alquiler de los 500 euros que pagaba con un contrato de renta antigua hasta los 2.500, en un primer momento. Las negociaciones para frenar el desalojo lo consiguieron las tres primeras veces, pero este miércoles un último intento fue el definitivo, pese a la aparación exprés de donantes anónimos que se ofrecían a pagar “de por vida” la diferencia que exigía la empresa, con tal de que la anciana pudiera quedarse en el domicilio que alquiló su padre en 1956.

Fue en 2020 cuando Urbagestión Desarrollo e Inversión, también conocida como Urbagesa, compró la vivienda. Los empresarios Ricardo y Fernando Alonso, que no han dado la cara desde que estalló el escándalo, se encuentran detrás de esta empresa. Ante la presión ejercida, ofrecieron un nuevo alquiler con una subida del 300%, lo que suponía pagar 1.650 euros, o sea 200 más que lo que cobraba de pensión. “Eso es reírse de las personas. Ni les contesté”, contaba Maricarmen en entrevista con elDiario.es.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid también se ha referido al caso este mismo jueves. La vicealcaldesa, Inma Sanz, recuerda que la vecina tiene a su disposición una plaza en una residencia municipal que ofrecen los Servicios Sociales, pero que Maricarmen rechazó al considerar que era incompatible con las necesidades de una mujer nonagenaria y con sus problemas de movilidad. Sin embargo, Sanz ha reivindicado la actuación municipal frente a la “demagogia, indecencia y el cinismo” que advierte en la izquierda, asegurando que el consistorio ha estado “pendiente permanentemente de la situación de Maricarmen”.

“El Ayuntamiento de Madrid le ha proporcionado a Maricarmen prácticamente todos los servicios que están a su disposición: teleasistencia, ayuda a domicilio con un total de 90 horas semanales, terapia ocupacional, fisioterapia preventiva, atención psicológica...”, ha enumerado la portavoz municipal, que endurece su discurso con la oposición en plena ola de indignación: “Todos esos sindicatos, toda esa izquierda que durante ocho años [...] no ha tenido la decencia de salir a la calle, ahora sí lo hacen contra el PP. Este va a ser el otoño caliente que la izquierda le quiere preparar a nuestros gobiernos”.

El mismo día del desahucio, tanto por la mañana como durante la tarde, miles de personas acudieron a apoyar a Maricarmen incitadas por el Sindicato de Inquilinas de Madrid u otros colectivos que pedían frenar su expulsión de Retiro. A las 19.00 horas, después de ejecutar el desahucio y con la vecina ya en el hospital junto a su primo, unas 10.000 personas clamaron su indignación a pocos metros de la estación de Rubén Darío. Precisamente, frente al ático de lujo que la Comunidad de Madrid adquirió en la última polémica de Isabel Díaz Ayuso. “¡El ático de Ayuso, para Maricarmen!”, gritaba entonces la multitud. Horas más tarde, la tensión permanece y la atención continúa pendiente del estado de la mujer.

La vicealcaldesa de Madrid ha cargado hoy contra los manifestantes que este miércoles por la tarde protestaron en Chamberí por el desahucio de Maricarmen, que había tenido lugar unas horas antes. “Este va a ser el otoño caliente que la izquierda le quiere preparar a los gobiernos del PP” vaticinaba Inmaculada Sanz después de calificar de “algaradas” las protestas convocadas por el Sindicato de Inquilinas justo después del lanzamiento.

La concentración, que había sido convocada frente al ático del paseo de Martínez Campos comprado por la Comunidad de Madrid para uso del Gobierno de Ayuso, se desarrolló sin incidentes destacables, con la participación de miles de personas -10.000 según delegación del Gobierno- en su mayoría jóvenes. Pese a ello, la portavoz del Gobierno de Almeida ha asegurado: “Ayer se produjeron situaciones de violencia en una manifestación que por lo que sé no estaba autorizada”, sin detallas qué violencia hubo.

Fuentes de Delegación del Gobierno han explicado a este periódico que la protesta no podía estar autorizada porque no se comunicó 24 horas antes, como sucede en las concentraciones de urgencia, ni se argumentó el porqué de esta premura. Preguntadas si algún agente resultó herido o golpeado durante el dispositivo, estas mismas fuentes no han detallado si se produjo algún tipo de violencia.

La concentración comenzó a las 19.00 y dos horas después derivó en manifestación, dirigiendo sus pasos hacia la Castellana sobre las 21.00 horas, sin conatos de violencia. Al llegar a la glorieta Emilio Castelar, la cabecera de la protesta avanzó hasta cruzar bajo el puente Enrique de la Mata, dividiéndose del grupo principal por el intento de la Policía Nacional de que no cortara al tráfico esta vía de comunicación. La protesta se disolvió pacíficamente a las 21.40 horas. “Nos vamos con la cabeza bien alta, con el corazón muy arriba”, dijo al terminar la portavoz del Sindicato de Inquilinas, altavoz en mano, antes de levantarse de la sentada en este paseo.

El Ayuntamiento desvía responsabilidades

Inma Sanz ha cargado contra la “demagogia, indecencia y cinismo” de la izquierda porque “lo que ocurrió ayer por el Gobierno de España es de tener muy pocos escrúpulos” dado que el Ayuntamiento, junto con la Comunidad, “fue la única Administración que ofreció una plaza residencial y que se ha ocupado de Maricarmen durante todo este tiempo”, ha explicado.

“Pretender por parte del Gobierno de Sánchez que ahora la responsabilidad recaiga en una ciudad concreta cuando, por ejemplo, en Cataluña se producen cinco veces más desahucios de los que se producen en Madrid... ¿Por qué no se producen allí estas algaradas contra los gobiernos locales y regionales?”, se ha preguntado la vicealcaldesa durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. “La resolución judicial que se produjo ayer corresponde a una ley del PSOE, también llamada Ley Boyer”, ha añadido.

El Ayuntamiento está obligado por ley a ofrecer una alternativa habitacional a Maricarmen para que el desahucio se pueda ejecutar. Ella rechazó una plaza en una residencia municipal porque prefirió irse con familiares, aunque de momento se encuentra ingresada en el hospital Gregorio Marañón. Fuentes del Sindicato de Inquilinas informan este jueves que se quedará allí unos días en observación, “debido a los nervios del desahucio y cómo ha sucedido”.

Maestre critica que Almeida lo calificara de “drama”

Este jueves también se ha pronunciado sobre el desahucio la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, para echar en cara al alcalde que considerara “un drama” el desahucio, a la vez que respaldaba la decisión judicial que llevó al lanzamiento. “Un drama es una enfermedad. Lo de ayer fue un atentado contra los derechos fundamentales de las personas a seguir viviendo en su casa”, ha afirmado en una rueda de prensa celebrada este jueves en el Edificio de Grupos.

La líder de la oposición en Cibeles ha sostenido que el lanzamiento “tiene responsables” y ha señalado directamente al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid por no haberlo impedido, según declaraciones recogidas por Europa Press. “¿Cuántos teléfonos han levantado Ayuso y Almeida para paralizar el desahucio”, se ha preguntado, antes de responder: “Ni un solo teléfono”.

Maestre ha pedido que lo ocurrido sea “un punto de inflexión” en las políticas de vivienda de la ciudad. En este sentido, ha sostenido que existe en Madrid “un interés” en favorecer la especulación inmobiliaria y que, si se aplicase la ley de Vivienda, el desahucio de Maricarmen no se habría producido porque los propietarios no podrían “multiplicar por cinco” el alquiler que pagaba.

Por su parte, el Grupo Municipal Socialista ha enviado una carta al Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) para que convoque una reunión extraordinaria y de urgencia que evalúe “que puede hacer esta empresa de forma inmediata para ofrecer soluciones a la ciudadanía”.

La portavoz del PSOE en Madrid, Reyes Maroto, ha asegurado: “No puede ser que la EMVS sea un instrumento cautivo de los fondos de inversión, tiene que estar al servicio de madrileños y madrileñas”, advierte la portavoz socialista, quien recuerda que “la EMVS tiene 1.300 viviendas vacías sin adjudicar y ayer no hubo una solución digna para Maricarmen y David por falta de voluntad política”, añadió en referencia a otro desahucio que hubo en Vallecas este miércoles.

La Junta de Castilla y León (PP y Vox) cree que el desahucio de Maricarmen, la anciana madrileña de 87 años, demuestra “el manifiesto fracaso del Gobierno en materia de Vivienda”, según ha manifestado este jueves el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. “En los últimos años, en España ha sobrado ideología y han faltado resultados”, ha manifestado.

El también consejero de Economía ha explicado que, en el caso concreto de Maricarmen, una sentencia judicial ha aplicado una Ley cuya modificación “corresponde al Congreso de los Diputados”, con una Ley Estatal de Vivienda que Castilla y León no aplica –y que permite el tope de los precios en el alquiler– porque “ha demostrado sus consecuencias negativas”. “La comunidad con más número de desahucios es una comunidad que aplica la Ley de Vivienda, es Catalunya, donde se refleja claramente el fracaso de esas medidas”, ha ejemplificado ante los medios.

El desahucio de esta mujer, que se ejecutó este miércoles por la mañana, derivó en grandes movilizaciones en varias ciudades del país y ha provocado un aceleramiento en el Gobierno para aprobar el decreto de vivienda en el próximo Consejo de Ministros. “Lo que hay que hacer es promocionar la oferta de vivienda y suelo, que se dé seguridad y confianza a las personas para que pongan a disposición sus viviendas para el alquiler y esto disminuye el precio”, ha suscrito.

“A las comunidades autónomas nos corresponde apoyar en el acceso a la vivienda”, ha defendido Fernández Carriedo, quien ha puesto en valor algunas medidas del Ejecutivo autonómico. El portavoz del Ejecutivo autonómico ha destacado que en esta legislatura se ha “elevado el rango de la Vivienda a la Vicepresidencia”, que ahora ostenta la 'popular' Isabel Blanco.

El consejero del PP ha subrayado que el precio de la vivienda en Castilla y León es “más económico” respecto al resto del territorio español y que ha registrado un incremento menor al del conjunto de España. Fernández Carriedo ha defendido que esto permite a Castilla y León ser una comunidad “atractiva para atraer inversiones”, cuyo gobierno está “abierto al Diálogo Social y a encontrar puntos de encuentro”, con medidas “ambiciosas y novedosas” como las rebajas fiscales y el programa TUYA dirigido a los jóvenes, que en sus dos primeros años de aplicación permitió avalar 678 hipotecas.

“Me ofrecí a comprar el piso para que ella pudiera vivir allí de forma indefinida”, ha explicado el conocido pianista y escritor James Rhodes este jueves, un día después del desahucio de Maricarmen, durante una entrevista en La hora de La 1. Lo hizo poniéndose en contacto con la empresa Urbagestión, que rechazaron entrar a negociar.

Antes, Rhodes se había ofrecido a pagar un alquiler por esa vivienda a un “precio razonable del mercado”, para dejar vivir ahí luego a Maricarmen, pero tampoco hubo intención por parte de la empresa de explorar esa vía. “Se han negado a todo”, lamenta.

“Escribí al fondo diciendo, mire, eso es un desastre para vosotros. Déjame comprar el piso, alquilarlo para ella, y todos ganamos. Vosotros con su dinero, ella con su casa, y nada”, ha lamentado Rhodes, que ha acusado a la empresa de “comportarse como tiburones” y no buscar una alternativa para evitar el desalojo de Maricarmen.

Rhodes ha manifestado su incomprensión ante esta oposición y ha conjeturado que la empresa pretenda “mantenerlo vacío mientras el precio sube y sube”. “No tiene nada de humano, es beneficio ante todo. Si fuera tu abuela, ¿qué dirías?”, ha cuestionado Rhodes, que también ha cargado contra las administraciones y los partidos políticos por haber permitido llegar a esta situación.

“No soy el único que ha ofrecido. Sé de otra gente que ha ofrecido cosas iguales y nada”, ha añadido. El pianista ha denunciado también que el caso de Maricarmen se ha usado para acusaciones políticas y ha reclamado que “los políticos en el Congreso hagan algo” para evitar otras situaciones como esta.

El relator de la ONU en vivienda, el español Koldo Casla, ha compartido cuatro reflexiones un día después del desahucio de Maricarmen. Entre ellos, asegura que “la jueza debería haber suspendido temporalmente el desahucio para evitar un daño irreparable y para permitir que España cumpla con sus obligaciones internacionales de derechos humanos de buena fe”. Hace unos meses, el comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU decretó esas medidas cautelares y exigió a España detener el desahucio.

Concretamente, la ONU dio de plazo al Estado hasta diciembre para emitir un informe sobre medidas adoptadas para evitar el desahucio sin alternativa habitacional y solicitó que se suspenda o se ofrezca una alternativa habitacional adecuada. Nada de eso se ha cumplido y Maricarmen fue sacada de su casa.

El profesor de Derecho Internacional de Derechos Humanos en la Universidad de Essex y desde mayo experto de la ONU lamenta que “la legislación española actualmente no garantiza un análisis de proporcionalidad individualizado”. “No hay manera de entender de qué forma puede ser justificado primar la rentabilidad de una inversión inmobiliaria sobre el derecho a la vivienda de una mujer de 87 años que cobra 1.300 euros de pensión y lleva 70 años viviendo en esa casa”, sentencia.

Pese a la resistencia de los manifestantes, este miércoles Maricarmen Abascal fue sacada en camilla de su casa en el barrio del Retiro, en la que vivía desde 1956. El contrato firmado por el padre y subrogado por la madre al fallecer el primero dejó de ser válido en 2007, a los dos años de morir la progenitora, según los propietarios de Urbagestión y el Supremo. La empresa se negó a negociar cualquier solución con la inquilina o con el Gobierno.

“No debe producirse un desahucio sin alternativa habitacional”, asevera Casla, que insiste en que “todo desahucio que pueda dejar a alguien en la calle debe ser paralizado hasta que el Ayuntamiento o la Comunidad Autónoma ofrezca una alternativa viable y justa”. No fue el caso de Maricarmen, que dormirá finalmente en casa de familiares y a quien el gobierno de Ayuso tan solo propuso una residencia.

El relator de la ONU también afirma que “un gran tenedor no debería tener permitido cambiar las condiciones de alquiler unilateralmente como paso previo para expulsar a un arrendatario de su vivienda”. “Si la inversión no es rentable con inquilina dentro, que haga negocio en otra parte”, sentencia.

El Defensor del Pueblo pide medidas

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, también ha reclamado “medidas urgentes para evitar los desahucios de personas vulnerables”. “Se hace también imprescindible que las administraciones ofrezcan soluciones que impidan situaciones como la vivida por María del Carmen Abascal”, dice el Defensor, que describe el caso como “una referencia simbólica de lo que nunca ha de suceder”.