España se encamina a una huelga general “a la ofensiva” por el estallido social de la crisis de la vivienda

La primera gran huelga general de España en los últimos 14 años no va a protestar contra una reforma laboral, ni contra recortes de pensiones o la precarización del empleo. Tampoco ha requerido del impulso de los sindicatos para lograr esa llama de movilización que permite su convocatoria, sino que multitudes en todo el país congregadas por el Sindicato de Inquilinas han clamado en las calles “¡a la huelga general!” a las organizaciones de trabajadores. Es una huelga atípica, resultado de un estallido social, del mayor problema del país que día a día ha ido lastrando en silencio a millones de personas, pero que dinamitó con una chispa. Esa chispa tiene nombre y apellidos: Maricarmen Abascal Martín. 

Desahuciada en camilla a sus 87 años, la expulsión de Maricarmen de su hogar de toda una vida se convirtió en la gota que colmó un vaso de malestar social acumulado desde hace años por el aumento sostenido del precio de la vivienda. Especialmente, de los alquileres. El hartazgo de la población de un mercado –a menudo desbocado– que negocia con un bien de primera necesidad: una casa para vivir. 

Y “la chispa” que saltó con esta dura imagen de lo que es un desahucio, de las vidas detrás de esa palabra, se inflamó de manera definitiva cuando el Gobierno llevó de urgencia al Parlamento dos decretos de vivienda con varias medidas para limitar la especulación y evitar la expulsión de personas vulnerables y la derecha de PP, Vox y Junts los tumbaron. “Vergüenza”, gritaban cientos de personas fuera del Congreso. Pero también “huelga general”. 

Porque el ‘basta ya’ de la crisis de la vivienda tomó las calles de manera masiva, incluso replicando las acampadas del 15M en plazas tan simbólicas como la Puerta del Sol de Madrid. Pero exigía más. “Que no haya ni una Maricarmen más”, gritaban. Un cambio real. 

En este contexto, Pedro Sánchez ha dado el paso político de adelantar las elecciones generales, y los sindicatos han abrazado la reclamación social de un paro general por la vivienda, que será el miércoles 11 de noviembre y que ha logrado la unión de las centrales mayoritarias de trabajadores (CCOO y UGT), claves para que una iniciativa así pueda tener músculo en todo el país, así como otras muchas organizaciones más minoritarias (CGT, Cobas, Solidaridad Obrera) y sindicatos regionales de gran peso (CIG, ELA, LAB), entre otras. 

Será una huelga general con un gobierno saliente y elecciones generales en unos días, otra anomalía más de este paro atípico. En la patronal, critican que es una huelga “política” y, por ello, que puede ser ilegal (algo que choca con multitud de precedentes de paros “mixtos”, con carga política pero también laboral, algunos avalados por la justicia). En cualquier caso, los empresarios la consideran ilegítima, por afectar a su actividad cuando consideran que no son parte del problema y que, de hecho, también lo sufren, especialmente los pequeños empresarios y autónomos.

Frente a quienes intentan situar a los “culpables” de este paro en un pequeño grupo (como la oposición política), los convocantes sostienen que a la huelga que no le faltan responsables ni agentes interpelados. Lo son todos aquellos con capacidad de acción ante el problema de la vivienda. Y son muchos, desde el próximo Gobierno, las fuerzas políticas que concurren a las elecciones y sus representantes que se sentarán en el Parlamento, así como las administraciones de las Comunidades Autónomas y los poderes económicos y empresariales. También, “este Gobierno, por arrastrar los pies” con el problema de la vivienda, denuncian en el Sindicato de Inquilinas.

“En general, en democracia las huelgas generales se han convocado para frenar ataques, para defendernos. Hoy estamos ante una huelga general a la ofensiva, como sucede en la negociación colectiva, para situar en las negociaciones las reivindicaciones de los trabajadores. Es diferente, heterodoxa, que interpela a mucha gente, al gobierno actual, al posible gobierno futuro, a las comunidades autónomas, pero claramente también a las organizaciones empresariales”, analiza Carlos Gutiérrez, de la secretaría de Estudios de CCOO.

Conversaciones sobre la huelga “desde marzo”

Aunque la huelga general del 11-N se ha precipitado por el contexto, no es una improvisación ni surge de la nada en las últimas semanas, precisan desde el Sindicato de Inquilinas y los sindicatos mayoritarios.  

Si Maricarmen no hubiera sido desahuciada, seguramente no habría una huelga general en España el próximo 11 de noviembre, ni unas elecciones el 29. Y, lo que es mucho más doloroso, tal vez no estaría hoy muerta. Sin duda, no habría fallecido en las mismas circunstancias. 

Pero Maricarmen fue desahuciada el 23 de septiembre “y se hizo evidente que esto no podía esperar más”, explica Carmen Arcarazo, miembro del Sindicato de Inquilinas en Catalunya y parte de la Confederación estatal. Este movimiento por el derecho a la vivienda llevaba “meses” en conversaciones con “muchísimos sindicatos laborales” para dar el salto a una huelga general por la vivienda. 

El Sindicato de Inquilinas ha buscado, no solo llenar las calles y plazas, sino utilizar una herramienta clásica de protesta laboral como es la huelga para su causa. Ya lo hizo el movimiento feminista en 2018, con el desborde en las calles de la lucha por la igualdad de las mujeres, que dio el paso de un paro laboral, “de cuidados” y de consumo a nivel nacional. Sin embargo, en esa ocasión, los sindicatos mayoritarios solo convocaron paros parciales.

“Somos muy conscientes de que es muy difícil atajar las causas del problema y conseguir medidas constantes que puedan hacer fuerte a la especulación y que tengan en contra a las grandes élites políticas, de las que forman parte la patronal inmobiliaria. Nos enfrentamos contra gigantes”, resume Arcarazo, así que “para ganar, para que las medidas sean realidad, hacía falta un bloque mucho más amplio”. 

“Llevamos hablando con el Sindicato de Inquilinas desde marzo”, explican desde CCOO. Durante meses, la posibilidad de la huelga general –o de paros parciales y otros tipos de movilización– estaba sobre la mesa, aunque algunas organizaciones de trabajadores tenían más dudas sobre el contexto necesario para este tipo de iniciativas. 

El contexto, por desgracia, llegó de la manera más dramática posible, pero es en realidad mucho más amplio y con ingredientes previos esenciales, consideran en CCOO y UGT. Los sindicatos señalan al contexto socioeconómico y laboral en España que, en un momento de bonanza, mantiene, sin embargo, una conversación constante sobre qué salarios no dan para vivir. O que reflexiona por qué las mejoras de la macroeconomía –en las que España destaca en el panorama internacional– no llegan en algunos casos a los hogares. 

En muchos de esos análisis, la respuesta principal es el elevado coste de vivienda, junto a los bajos salarios, y así lo llevan interpretando desde hace años en los sindicatos de trabajadores, que incorporan cada vez más la problemática de la vivienda a sus reivindicaciones y protestas. En la propuesta sindical de CCOO y UGT para el futuro Acuerdo estatal de negociación colectiva con la patronal (AENC), “dentro del capítulo salarial hay una ‘cláusula vivienda’, con complementos salariales y diálogo social en las comunidades y sectores con mayor tensión residencial”, recuerda Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT. 

Todo eso, es también el caldo de cultivo que ha llevado a un paro nacional el próximo 11 de noviembre, destacan en las centrales mayoritarias de trabajadores. 

“Parar el país” 14 años después

Con el acuerdo de múltiples fuerzas sindicales y la fecha en el horizonte, “ahora toca parar el país”, dice Carmen Arcarazo. “Es muy emocionante”, reconoce la activista por la vivienda, pero también un reto. “Hace muchos años que no hay una gran huelga general en este país”, recuerda la portavoz del Sindicato de Inquilinas. En concreto 14 años, desde la última celebrada en 2012 contra los recortes y las políticas de austeridad del Gobierno de Mariano Rajoy.

Una vez se han decidido a hacer el paro general, y con algo más de un mes de plazo, los sindicatos implicados están activando sus maquinarias para impulsar la huelga en los centros de trabajo de todo el país. Para ello, se articularán asambleas, comités de huelga, así como reuniones en “los barrios, facultades y centros de estudios”, dicen en el movimiento de vivienda.

Una de las principales incógnitas es si esas proclamas en favor de la huelga general en las manifestaciones se transformarán en un gran paro laboral. Si secundarán la medida los jóvenes, principales afectados por el precio de los alquileres, pero también los trabajadores de mayor edad, el grueso del mercado laboral y donde hay más propietarios. “Por sus hijos”, como ha afirmado el líder de UGT, Pepe Álvarez, pero también por sí mismos ante un problema estructural que no se compartimenta exclusivamente en la población más joven, como sucede en muchos casos de divorcios, pone como ejemplo Unai Sordo, secretario general de CCOO.

Más allá de las cifras de seguimiento, como ocurrió con la huelga feminista de 2018, hay quien ve en la propia convocatoria gran parte del éxito de la iniciativa.

“Lo que está pasando es histórico. No solo porque todos los sindicatos importantes han convocado la huelga, sino porque se une también a la organización sindical de vivienda. Es una unión muy significativa, de las dos principales opresiones de la clase trabajadora en estos momentos: la ejercida por los empresarios, que pagan salarios muy bajos, y por los caseros, que cobran unos alquileres demasiado altos”, destaca Carmen Arcarazo (Sindicato de Inquilinas).