Sin explicaciones previas y de manera urgente tras años en mal estado. El Ayuntamiento de Segovia (PP) ha asfaltado -a través de un decreto y con un aviso de 48 horas- parte del adoquinado histórico a pesar de que esa calle (San Agustín) forma parte del casco urbano a pesar de que el pavimento tradicional está incluido en la protección del Conjunto Histórico-Artístico de la ciudad.

El equipo de gobierno ha justificado que las obras del teatro Cervantes están suponiendo un mayor tráfico de camiones de gran tonelaje, lo que ha deteriorado el adoquinado más de lo previsto. Una vez concluidas las obras del teatro -que se esperan terminar en 2027, después de las elecciones municipales-, el consistorio garantiza que se recuperará el adoquín actual o se repondrá con los “miles que hay en almacenes municipales”. El Grupo Municipal Socialista ya ha anunciado que presentará un recurso de reposición contra el decreto de emergencia para “evitar que estas actuaciones se conviertan en un precedente”.

Sin embargo, estas explicaciones no se han dado directamente a los periodistas, y a la oposición solo se le informó dos días antes de la obra. El departamento de Comunicación municipal no ha atendido a la petición de información de elDiario.es para elaborar este reportaje, aunque sí se puede recoger su opinión en un artículo de opinión remitido a algunos medios locales. En la misiva, el concejal de Urbanismo y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Segovia, Alejandro González-Salamanca, defendió que se trataba de una obligación “provisional y transitoria”. porque había tramos “deteriorados y con riesgo de colapso”.

elDiario.es ha tenido acceso a un informe técnico municipal, que justifica que esta calle soporta “la casi totalidad de los autobuses urbanos, transporte de mercancías” y todo el relacionado con la rehabilitación del teatro Cervantes y otras promociones inmobiliarias del entorno. El adoquín estaba, por lo tanto, “desgastado”, pero “las lluvias, nieve y bajas temperaturas soportadas” en enero y febrero de 2026 habían provocado “el empeoramiento prematuro del estado del pavimento de estas calles, con profundas deformaciones y hundimientos en la calzada” y suponía, por lo tanto, “un grave riesgo para los usuarios y los bienes”.

Este informe defiende que reurbanizar la calle implicaría el corte al tráfico permanente durante al menos doce meses, algo que no considera viable porque es el único acceso a las obras públicas y privadas en marcha. “Se propone la realización de una reparación temporal de emergencia consistente en la aplicación de un pavimento flexible de aglomerado asfáltico que permita dar cohesión al adoquinado existente y restaure la planeidad de los viales”, plantea el expediente, que presupuesta la actuación en 80.379 euros.

Falta de información

Una de las principales críticas que esta decisión ha suscitado ha sido la falta de información que han tenido los órganos vinculados a este Patrimonio de la Humanidad. Según el Ayuntamiento, se informó a Icomos, el órgano asesor de la Unesco, y este le agradeció el gesto. elDiario.es se ha puesto en contacto con dicha institución para recabar su posición, pero aún no ha obtenido respuesta.

El presidente de Amigos del Patrimonio de Segovia, Pedro Montarelo, cuestiona que no se haya dado aviso previo ni se haya estudiado esta intervención con detenimiento, especialmente por la “agresividad” de la misma. “Recuperar el adoquín va a ser prácticamente imposible. Somos Patrimonio de la Humanidad para bien y para mal, y el Ayuntamiento administra el patrimonio, no es su dueño. Hay que tener más imaginación”, apostilla Montarelo.

El alcalde de Segovia, José Mazarías, actualmente preside la Red de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, y presidió una reunión solo un dia después de esta intervención.

La Real Academia de San Quirce muestra su rechazo

La Real Academia de Historia y Arte de San Quirce ha mostrado su “disconformidad” con las formas del Ayuntamiento y con que el Ayuntamiento haya ofrecido las explicaciones una vez ejecutado el asfaltado de la calle. “En actuaciones de este carácter ha sido habitual la consulta o información previa a la Academia, que tiene entre sus funciones la del asesoramiento a las Administraciones Públicas”, defiende la entidad a través de un comunicado.

La institución también ha pedido que, una vez concluyan las obras, se elimine el asfalto y se recupere el adoquinado. “La Real Academia de Historia y Arte de San Quirce confía en que esta actuación no siente un precedente y, en el futuro, las acciones del Ayuntamiento en el Conjunto Histórico se realicen con el mayor consenso posible, a fin de evitar conflictos innecesarios y preservar de manera rigurosa el excepcional patrimonio de la Ciudad”, concluye el comunicado. Amigos del Patrimonio de Segovia también teme que esta actuación sirva de precedente.

La oposición reprueba esta actuación “irreversible”

Varios partidos de la oposición -que en Segovia integran el PSOE, Vox, IU, Podemos (Segovia En Marcha) y Ciudadanos- han solicitado los informes técnicos que justifican la urgencia de la intervención y coinciden en que, aunque fuera necesario y urgente arreglar esa vía, no se había producido de manera imprevista o sorpresiva. “Una emergencia no puede justificarse por la falta de mantenimiento ordinario. Eso no es una emergencia, es la consecuencia directa de la dejadez”, defiende la portavoz socialista, Clara Martín. Vox ha preferido no pronunciarse hasta no haber leído los informes técnicos y conocer el detalle de la actuación, ya ejecutada.

La concejala de Ciudadanos, Noemí Otero, califica la actuación de “absoluta atrocidad” y reprocha que el concejal de Urbanismo dé una explicación tan “peregrina” como comparar una intervención similar en una calle paralela al Acueducto pero que está extramuros y que, por lo tanto, se rige bajo una norma distinta.

“La Administración no puede estar por encima de los ciudadanos, que necesitan una Memoria (MIT) para hacer pequeñas obras y que puede tardar hasta tres años en resolverse , mientras ellos lo realizan tan rápido”, reprocha la edil de Ciudadanos. “Esa situación no era sobrevenida, pero tendrá un impacto desastroso, ahora ese adoquinado es irrecuperable”, protesta desde Segovia En Marcha, Guillermo San Juan, quien considera que esa obra “es un síntoma de cómo se está gestionando la ciudad de unos años para acá, poniendo parches y tirando la pelota para adelante”.

Para el portavoz de IU, Ángel Galindo, esta actuación municipal demuestra “la falta de sensibilidad del Ayuntamiento y del PP hacia el patrimonio histórico”. “Como representantes públicos debemos ser pedagógicos y tener muy presente la responsabilidad de proteger y mantener el patrimonio histórico y tomar decisiones acordes”, mantiene.

La portavoz socialista y exalcaldesa recuerda que su anterior equipo de gobierno realizó una intervención importante en 2018 y redactó un proyecto completo en 2020, con un presupuesto de cerca de 600.000 euros, de los que dos años después se habían ejecutado unos 50.000 euros. “Se decidió no ejecutar la obra completa en ese momento por el inicio de las obras del teatro Cervantes, para evitar deteriorar una actuación recién finalizada con el tránsito de tráfico pesado”, ha explicado.

El grupo socialista ha anunciado que ya ha solicitado el expediente completo de la actuación. “Queremos conocer con detalle cuándo se ordena la obra, qué informes la avalan, quién los firma y si se ha consultado a organismos como Icomos antes o después de su ejecución”, ha explicado Martín. Los socialistas pretenden elaborar un informe que quieren enviar a Icomos, Hispiania Nostra y la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León para que evalúen la intervención.

El Consejo Consultivo ha resuelto un dictamen en relación a la reclamación de responsabilidad patrimonial que interpuso la Federación de Baloncesto contra el Ayuntamiento de Segovia por el impago de 133.100 euros, a los que se había comprometido el equipo 'popular' de José Mazarías, por organizar el Torneo Ciudad de Segovia en julio de 2024, un triangular preolímpico en el que participaron las selecciones femeninas de España, Canadá y Australia. Esa cantidad debe actualizarse a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad. El Ayuntamiento reconoció los hechos a finales de año y se comprometió a ejecutar el pago.

El Consultivo emitió su informe por unanimidad el 29 de diciembre de 2025, en el que consideró que la Federación cumplió con las condiciones del acuerdo al organizar el Torneo Ciudad de Segovia en julio de 2024, por lo que le “asiste razón cuando califica la actuación municipal de negligente”. “La federación organizó el torneo, en la confianza racional y fundada de que el Ayuntamiento atendiera a las contraprestaciones a las que se había comprometido en las negociaciones previas de un contrato privado de patrocinio de publicidad que finalmente no se concluyó por causa no imputable a la FEB. Una vez celebrado el evento deportivo, se inició un segundo expediente de concesión de subvención nominativa cuya tramitación también fue infructuosa”, detalla la institución independiente.

El 1 de diciembre, la Federación de Baloncesto pidió un dictamen preceptivo al Consultivo por los daños y perjuicios ocasionados. El Consultivo califica de “irrelevante” el tipo de contrato elegido para la financiación del torneo, pero sí reitera que el Ayuntamiento acordó un pago posterior y por eso ve una actuación “deficiente” del Ayuntamiento.

Preguntado por elDiario.es, el Ayuntamiento asegura que los técnicos están estudiando el dictamen del Consejo Consultivo, preceptivo en el proceso de reclamación. También garantizan que se hará el pago y subrayan la “excelente relación” con la Federación de Baloncesto. Este medio se ha puesto en contacto con la FEB, pero no ha obtenido respuesta en el momento de publicar la información.

El concejal se mostró “sorprendido”

El alcalde reconoció los hechos en septiembre de 2025, después de que la Federación presentara la reclamación. En julio de 2024, el alcalde incoó un expediente para tramitar un contrato de patrocinio publicitario con la Federación, que se quedó en el aire. El torneo se celebró entre el 22 y 24 de julio de 2024 en el pabellón Pedro Delgado, y la FEB asumió la mayoría de gastos del evento —montaje de parquet FIBA y canastas homologadas, pantallas LED, sonido, iluminación, climatización del pabellón, transporte y alojamiento de los equipos internacionales, así como personal técnico y arbitral—.

En diciembre de ese año, el concejal de Deportes propuso la concesión de una subvención por la celebración del triangular preolímpico de París 2024, pero el pago tampoco llegó a materializarse. El 31 de mayo de 2024, el pleno aprobó una modificación presupuestaria de 135.000 euros, asegurando formalmente los fondos para el torneo, pero aún así, no existió ni contrato ni fiscalización por parte de Intervención. En julio de 2025, la Federación presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial ante el Ayuntamiento, porque aseguró que había sufrido un daño “antijurídico” y la Administración había tenido un “correlativo enriquecimiento injusto”.

La Federación consideró que el Ayuntamiento había incumplido “las normas administrativas y procedimentales y los principios de buena fe contractual”, puesto que el Ayuntamiento no formalizó el contrato pese a que había una propuesta de adjudicación.

“Como consecuencia de la urgencia y el retraso o errónea actuación de la Administración Municipal, el servicio se ejecutó puntualmente sin que previamente se suscribiese la oferta de convenio enviada a la FEB. Esta situación ha sido propiciada activamente por la actuación de la propia Administración Municipal, o al menos con su aquiescencia, a su vista, ciencia y paciencia”, manifiesta en su escrito la Federación Española de Baloncesto.

Los informes municipales reconocen el trabajo de la Federación y que no se había llegado a pagar la factura correspondiente (ni como contrato de patrocinio ni como subvención, aunque ambos expedientes se habían iniciado). El concejal de Deportes reconoció en noviembre de 2025 que él y sus técnicos estaban “sorprendidos por la cantidad de cambios de criterio para su tramitación”.

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha escrito una carta al Nuncio papal en España, Piero Pioppo, para que traslade al Papa, León XIV, la invitación para que visite la ciudad a lo largo de este año, 2026, coincidiendo con la celebración del Año Jubilar de San Juan de la Cruz, cuyo sepulcro está en Segovia.

“En este contexto jubilar, sería para Segovia un honor inmenso y una gracia singular poder acoger la visita de Su Santidad el Papa, cuya presencia constituiría un acontecimiento de extraordinaria relevancia espiritual para los fieles, así como un testimonio de cercanía pastoral y de aliento para toda la comunidad cristiana”, señala el regidor en su carta, según ha informado el Consistorio a través de un comunicado.

El alcalde reconoce la complejidad de la agenda del Papa para incluir en ella esta visita, aunque insiste en la trascendencia de esta visita vinculada a la relevancia de la figura de San Juan de la Cruz, redoblada por la oportunidad de la celebración del Año Jubilar de “una de las figuras más universales del misticismo cristiano” y su huella espiritual, histórica y cultural.

La Alcaldía está, además, trabajando estrechamente con el obispo, Jesús Vidal, como representante de la Diócesis para lograr que esta visita se produzca finalmente. La posibilidad de que León XIV recale en Segovia se enmarca en el viaje a España cuyos detalles se están contemplando en estos días y que tendría lugar en el mes de junio.

La figura de San Juan de la Cruz estuvo ya en el eje de otra visita papal a Segovia, la realizada en noviembre de 1982 por Juan Pablo II, que entonces visitaba por primera vez España.

El Ayuntamiento de Segovia (el PP en minoría, que llega a acuerdos puntuales con Vox) cerrará la Escuela-taller de formación gratuita para colectivos vulnerables tras 40 años en funcionamiento. Ubicado en la antigua Fábrica de Borra, el Centro Municipal de Formación y Empleo CIESS San Lorenzo, lleva décadas formando a desempleados que viven situaciones de precariedad: parados mayores de 55 años y de larga duración, menores de 30 años sin estudios o con estudios secundarios, víctimas de violencia de género, entre otros. Este año, el equipo de gobierno de José Mazarías ha decidido no solicitar las subvenciones que convocan la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España —a través de fondos europeos— porque consideran que es una “competencia impropia” del Ayuntamiento.

El cuarto teniente de alcalde y concejal de Comercio e industria, José Luis Horcajo Llorente, defendió hace unas semanas que no había suficiente demanda para esta Escuela-taller —como se la conoce en Segovia— y atribuyó su mantenimiento a la “nostalgia”. “En su momento tuvieron su sentido, ahora mismo son residuales. Estos pequeños programas, que son buenos, que los hagan entidades privadas y no entidades públicas, porque hacemos competencias impropias”, señaló en el pleno, donde defendió que ahora mismo “cualquiera puede acceder a ciclos formativos”. elDiario.es ha intentado contactar con el concejal, pero el gabinete de prensa ha pedido a esta periodista esperar cuatro días para ser atendida. “Nadie discute que los programas sean válidos, discutimos que los imparta el Ayuntamiento”, aseveró. Si todo continúa como está previsto, la Escuela cerrará en marzo de 2026.

Solo en los programas de formación mixta que subvenciona la Junta de Castilla y León participan más de 130 ayuntamientos, una decena de ONG y fundaciones y varias diputaciones provinciales. La oferta de este tipo de programas oscila entre profesiones tan variadas como ayudantes de cocina, albañiles, auxiliares de enfermería, peones agrícolas o trabajadores de las industrias cárnicas. El año pasado, el Ayuntamiento solicitó los programas de auxiliar sociosanitario en residencias y rehabilitación de viviendas municipales de carácter social, además del programa de orientación para desempleados en otros ámbitos como la costura o la jardinería.

Formación en construcción, sociosanitaria o de arreglos en ropa

La Escuela-taller ha tenido unos 70 alumnos este año. Los profesores del centro reivindican la importancia de su labor. En estos años han ofrecido también formación en comercio, animación sociocultural, energías renovables, capacitación forestal, fontanería, electricista, carpintería, medio ambiente, entre otras. “Nosotros damos otra oportunidad a gente que está desenganchada del sistema laboral: chavales que no han seguido estudiando, personas a las que les faltarían pocos años para poder jubilarse, pero que están en el paro, mujeres que se han separado y se han quedado sin pensión de manutención... Muchos trabajan ahora en ese sector, son autónomos o han seguido estudiando”, resumen los docentes.

Los empleados protestan también porque nadie del Ayuntamiento se haya reunido con ellos para explicarles que no estaban contentos con el funcionamiento del espacio antes de saber que la escuela va a cerrar. “Muchos llevamos más de diez años trabajando y es habitual encontrarte a exalumnos tuyos trabajando en el sector”, relatan.

Además de la “labor social” que consideran que tiene esta escuela, también colaboran en el Ayuntamiento al “incrementar y mejorar el patrimonio de la ciudad”: el programa de construcción ha servido para rehabilitar la Casa Joven, la antigua Cárcel, algunos parques, viviendas sociales... “El 90% del material se compra en Segovia y revierte en la ciudad. Si esa obra la hace una empresa privada no va a tener eso en cuenta”, añade uno de los profesores. Los alumnos de costura han preparado los trajes de la Cabalgada de Reyes, los Gigantes y los Cabezudos, por ejemplo.

A pesar de este trabajo, los docentes consultados por este periódico consideran que el Ayuntamiento no ha promocionado lo suficiente estos programas de formación. Según explican, los potenciales alumnos —que pasan un proceso de selección— tienen que estar apuntados en el Servicio de Empleo (Ecyl) y especificar que quieren acceder a estos programas. “Si se hicieran campaña en los institutos, por ejemplo, vendrían más chicos que quieren empezar a trabajar”, proponen. Dependiendo del nivel de la formación, puede ser para personas que no tengan estudios secundarios, para aquellos que hayan terminado la ESO o incluso el bachillerato. “Esto es algo muy serio.. Somos una institución en Segovia para reinsertar laboralmente a estos colectivos”, reivindican.

La oposición afea la estrategia del PP

Toda la oposición salvo Vox ha cargado contra la estrategia del PP, que no comprenden. La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Clara Martín, considera a la escuela “un símbolo de las políticas activas de empleo”. “Su desaparición será consecuencia directa de la falta de gestión y de compromiso político del señor Mazarías y de su equipo de gobierno”, reprocha Martín, que ataca la estrategia del PP de “privatizar las políticas públicas”.

Varios concejales como Noemí Otero (Ciudadanos) y Ángel Galindo (IU), reclamaron hace unas semanas un refuerzo de los programas y se preguntaron qué futuro uso tendrá el edificio, que tiene más de 2.000 metros cuadrados. “Que nos expliquen cuáles son esos usos más versátiles que van a dar al edificio”, protestó Galindo en el pleno. El edil no respondió a esta pregunta. El edil de Podemos, Guillermo San Juan, no descartó que hiciera falta “repensar” la orientación de la Escuela-taller, cuya experiencia acumulada puso en valor.

El concejal de Vox, Alfonso de Ceballos Escalera y Gila, consideró que esta escuela suponía un “gasto ineficiente” y pidió “evaluar los resultados” de estos programas de formación: ver cuántos alumnos terminan, cuántos encuentran trabajo y cuántos lo rechazan una vez concluida la formación.

PSOE, IU, Segovia en Marcha y Ciudadanos se han unido este martes para pedir la convocatoria urgente de una comisión extraordinaria de Deportes —área que dirige Jesús Garrido— ante la reclamación de la Federación de Baloncesto de 133.100 euros por organizar tres partidos preolímpicos. El equipo de gobierno municipal está encabezado por José Mazarías (PP), que gobierna en minoría.

Los cuatro partidos consideran que esta reclamación “perjudica la imagen de la ciudad” y espera que en esta comisión informativa extraordinaria se pueda informar de las consecuencias que se derivan de la situación actual de este expediente de responsabilidad patrimonial. “Se debe explicar además por qué si estaba el dinero consignado no se llegó a firmar un contrato conforme a la legislación en vigor”, han reclamado en el escrito, remitido a los medios. También han solicitado que acudan a la comisión los técnicos municipales de las áreas de Deportes y Patrimonio que han intervenido en el expediente y del interventor municipal.

El PSOE advirtió este lunes de esta irregularidad, que el Grupo municipal 'popular' considera un “escándalo inexistente” porque aunque el torneo se celebró sin que los departamentos administrativos municipales llegaran a resolver las discrepancias que mantenían barajando fórmulas como el patrocinio o la subvención, el pago a la Federación se resolverá “al tiempo que el expediente de responsabilidad patrimonial que se encuentra en tramitación y pendiente de resolución en este momento”.

El equipo de Gobierno, a través de una nota del PP, negó este miércoles que hubiera un “conflicto” con la Federación Española de Baloncesto. “De hecho, se ha seguido trabajando y se seguirá haciendo en el futuro con esta federación y con el resto de organizaciones deportivas españolas”, apostilló el PP.

El grupo municipal del PSOE de Segovia ha denunciado que la Federación Española de Baloncesto (FEB) ha presentado un escrito de reclamación patrimonial para exigir el pago del dinero comprometido verbalmente por el Ayuntamiento segoviano —que gobierna el PP en minoría— en relación al torneo internacional femenino que se disputó en julio de 2024 en Segovia. El triangular preolímpico se celebró con la participación de las selecciones de España, Canadá y Australia. Según ha informado el PSOE este lunes a través de una rueda de prensa, la Federación presentó la reclamación el 22 de julio de 2025. El 8 de septiembre, el alcalde firmó un decreto reconociendo los hechos: que el torneo se celebró, que los responsables municipales se comprometieron verbalmente a pagar 133.100 euros, que no existió contrato y que la Federación actuó de buena fe adelantando los gastos debido a la urgencia mostrada por el Ayuntamiento.

La portavoz municipal socialista, Clara Martín, ha criticado que el PP esté “más preocupado por la foto” y por “obtener rédito político” que por “cumplir la ley y garantizar una gestión responsable de los recursos públicos”. El Ayuntamiento, dirigido por el 'popular' José Mazarías, ha negado, a través de una nota del PP, que hubiera un “conflicto” con la Federación Española de Baloncesto. “De hecho, se ha seguido trabajando y se seguirá haciendo en el futuro con esta federación y con el resto de organizaciones deportivas españolas”, ha apostillado el PP.

El Grupo Socialista exigirá la comparecencia inmediata del alcalde y del concejal de Deportes en comisión informativa, con todos los técnicos implicados en la gestión del torneo, y solicitará a la Intervención municipal que valore si debe iniciar un procedimiento de responsabilidad contable ante el Consejo de Cuentas para que los responsables asuman las consecuencias.

Desde febrero de 2024, el equipo de gobierno del PP, con Mazarías como alcalde y con los concejales Rosalía Serrano y Jesús Garrido a cargo de Hacienda y Deportes, iniciaron conversaciones con la Federación para traer a Segovia un torneo internacional preolímpico femenino de baloncesto con la intención de proyectar la imagen de la ciudad a nivel nacional e internacional y apoyar el deporte femenino. El 28 de mayo de 2024, el concejal de Deportes remitió un correo electrónico a la Federación comprometiéndose a incluir en el pleno del 31 de mayo una partida presupuestaria para financiar el evento y asegurando que el contrato se firmaría “en la tercera semana de junio”, un compromiso verbal que, según Martín, incumplía claramente la ley porque cualquier modificación presupuestaria requiere un mes de información pública antes de su aprobación.

“Hay un compromiso claro por parte del concejal de pagar a la Federación a través de un contrato, un compromiso verbal que no cumple la ley, porque cualquier modificación presupuestaria requiere información pública de un mes”, denunció la portavoz, señalando desde el inicio la irregularidad de la gestión. El 31 de mayo de 2024, el pleno aprobó una modificación presupuestaria de 135.000 euros, asegurando formalmente los fondos para el torneo, pero aún así, no existía ni contrato, ni expediente, ni fiscalización por parte de Intervención.

Aun así, en aquel pleno, la entonces concejala de Hacienda, Rosalía Serrano, hoy fuera del Ayuntamiento tras presentar su dimisión por irregularidades urbanísticas, destacó los beneficios del torneo y que ningún grupo político había puesto obstáculo a esta iniciativa en una reunión celebrada con los portavoces, donde, según apuntó la Federación, el impacto para el Ayuntamiento por el valor económico generado por patrocinios se calculaba en más de 309.000 euros. Todos los portavoces pensaban que para la celebración del torneo se firmaría un contrato, como así se justificaba en la modificación presupuestaria acordada por el pleno del 31 de mayo de 2024.

A pesar de no existir contrato, expediente ni fiscalización por parte de Intervención, el 10 de junio de 2024, el alcalde y su equipo realizaron una rueda de prensa oficial para anunciar el evento con logotipos, carteles y titulares, como parte de la candidatura de Segovia a Ciudad Europea del Deporte 2025. “Prometieron que Segovia sería sede del Torneo Ciudad de Segovia, pero detrás de toda esa foto no había nada formalizado. Todo era apariencia, y el Ayuntamiento no había garantizado ni el contrato ni la supervisión de Intervención”, ha protestado Clara Martín, destacando la prioridad del PP por la imagen pública frente al cumplimiento de la ley.

Un torneo que se celebró sin contrato. Y siete meses de silencio. El torneo se celebró entre el 22 y 24 de julio de 2024 en el pabellón Pedro Delgado, con las selecciones de España, Australia y Canadá participando ante un público entregado y con repercusión mediática nacional e internacional. Sin embargo, todos los gastos del evento —, montaje de parquet FIBA y canastas homologadas, pantallas LED, sonido, iluminación, climatización del pabellón, transporte y alojamiento de los equipos internacionales, así como personal técnico y arbitral— fueron asumidos íntegramente por la Federación. “Todo esto, perfectamente justificado y entregado al Ayuntamiento, y ¿qué hizo el Ayuntamiento? Nada. Silencio administrativo durante siete meses”, ha denunciado Martín.

Ante la falta de pago, la FEB presentó el 20 de diciembre de 2024 todas las facturas justificativas por un total de 166.000 euros, de los cuales 133.100 euros correspondían al canon acordado con el Ayuntamiento. Aun así, el gobierno municipal no respondió, y en noviembre de 2024, un técnico de Deportes informó a la Federación que el pago se tramitaría “como una subvención de interés general”, un procedimiento que no respetaba la legalidad y que pretendía corregir el error de forma improvisada. “Esto es improvisación y negligencia administrativa del PP. Se saltaron la ley, actuaron de palabra y usaron dinero público sin control”, ha rematado la portavoz socialista, que ha subrayado “la reiterada falta de rigor en la gestión”.

Institucionalmente, la imagen de la ciudad quedó gravemente dañada ante federaciones y deportistas. “Somos noticia no por el éxito deportivo, sino por la chapuza política del señor Mazarías”, ha protestado Clara Martín: “El Ayuntamiento se ha enriquecido injustamente: disfrutó del torneo, de la publicidad y del rédito político, pero no pagó lo que debía”.

El PSOE pide que la Federación reciba el dinero cuanto antes

Además, el PSOE defenderá que la Federación Española de Baloncesto reciba el dinero adeudado lo antes posible y propondrá un protocolo de control y transparencia municipal para garantizar que situaciones similares no se repitan en futuros eventos culturales o deportivos. “Debemos restablecer la credibilidad institucional gravemente dañada por esta actitud tan negligente”, declaró la portavoz.

“El PP convirtió un torneo deportivo en un escándalo político. Tuvieron el dinero, tuvieron la oportunidad y tuvieron la foto… pero les faltó lo más importante: cumplir la ley. El alcalde José Mazarías firmó un decreto que reconoce la negligencia de su propio equipo de gobierno. Eso no es un error: es una vergüenza para Segovia. La Federación Española de Baloncesto cumplió, pagó y confió. El Ayuntamiento del PP mintió, improvisó y falló. Desde el PSOE vamos a llegar hasta el final: quien lo hizo, lo va a pagar. Y, sobre todo, vamos a devolver la dignidad a esta ciudad”, ha concluido Clara Martín.

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Segovia y concejala de Hacienda, Rosalía Serrano (PP), ha presentado este miércoles su dimisión y ha renunciado a su acta de concejala, lo que implica su cese de todas las responsabilidades en el equipo de gobierno que lidera el alcalde José Mazarías. La renuncia se ha producido momentos antes del pleno extraordinario convocado para aprobar las ordenanzas fiscales de 2026, que finalmente no han salido adelante tras el voto en contra de todos los grupos de la oposición.

La salida de Serrano se produce después de varias semanas de presión política a raíz de una información publicada por elDiario.es que revelaba que la edil había ocultado durante un año su participación en empresas del sector inmobiliario, una de las cuales habría promovido la construcción de trasteros sin las autorizaciones pertinentes. En esa noticia se recogía que Serrano figuró como administradora única de una sociedad dedicada a la compraventa y alquiler de inmuebles, pese a que la ley exige a los cargos públicos comunicar cualquier participación societaria para evitar conflictos de interés.

La concejala de Hacienda de Segovia (PP), Rosalía Serrano, aseguró que no había cobrado “ni ahora ni nunca” por su administración de una empresa —“una sociedad familiar”—, que estaba relacionada con el sector inmobiliario y cuyo vínculo ocultó durante un año. El PSOE de Segovia exigió su cese inmediato, denunciando “falta de transparencia” y “posibles irregularidades urbanísticas”. El grupo socialista pidió incluso la creación de una comisión de investigación para aclarar los hechos y determinar si las actuaciones de la concejala vulneraban el código ético municipal.

Martín (PSOE): “Es un día triste para la ciudad”

La portavoz del Grupo Municipal Socialista y exalcaldesa, Clara Martín ha señalado tras conocer la renuncia que se trata de “un día triste para la ciudad”. “Nadie puede estar orgulloso de que una concejala abandone el gobierno municipal, y menos aún por no haber sido cesada antes por el alcalde”, ha declarado Martín ante los medios.

La concejala socialista ha considerado que la salida de Serrano “llega tarde” y ha reprochado al equipo de gobierno “falta de autocrítica y de diálogo”. En su intervención, Martín ha recordado que el PSOE ya había advertido al alcalde de que la situación era insostenible y que debía actuar con rapidez para “restaurar la confianza ciudadana en la gestión pública”.

La portavoz socialista ha aprovechado también para replicar a unas declaraciones previas de Serrano, que en una entrevista reciente la había acusado de ocultar información sobre su propio patrimonio. Martín ha presentado ante la prensa sus declaraciones de bienes de 2019 y 2023, custodiadas por la Secretaría General del Ayuntamiento, para demostrar que había declarado su participación en una sociedad “sin actividad”. “No hay incompatibilidades ni falsas verdades, como afirma la señora Serrano”, ha añadido.

La edil socialista ha pedido además al alcalde “que abandone el tono de crispación” y “aprenda de los errores cometidos en estos dos años y medio de mandato”. “Esperamos que se abra una nueva etapa de diálogo, porque Segovia necesita estabilidad y acuerdos”, ha apostillado.

Desde el PP, por el momento, no se han hecho declaraciones oficiales más allá de confirmar la renuncia de Serrano y agradecer su labor. El relevo en la concejalía de Hacienda y en la primera tenencia de alcaldía se decidirá en los próximos días.

Todos los miembros de la oposición municipal (salvo Vox) han abandonado el pleno mientras intervenía la teniente de alcalde y concejala de Hacienda, Rosalía Serrano, que ocultó durante más de un año su participación en empresas del sector inmobiliario mientras presentaba la urgencia de una ordenanza fiscal y esta nueva norma, marcada por la falta de diálogo, según la oposición.

La portavoz del Grupo Socialista, Clara Martín, ha justificado la ausencia del grupo durante la intervención de Rosalía Serrano: “No era un gesto teatral ni un ataque personal. La gestión de la concejala está directamente ligada a la credibilidad de las ordenanzas que hoy se presentan y lamentablemente en los dos años que lleva al frente de sus responsabilidades han sido una sucesión de incumplimientos, engaños, bloqueos y pérdida de oportunidades”, ha reprobado Martín.

Rosalía Serrano ha defendido su “legitimidad” en el cargo: “Yo soy legítima y estoy en mi legitimidad, que es la que me otorga la ley en tanto que concejal electo de este ayuntamiento. No quiero que nadie ponga en duda ese supuesto, así que, por favor, respetemos los términos y la legalidad”, ha asegurado durante el pleno, que ha sido bronco. También ha defendido que las propuestas fiscales que traía el PP eran de “mejora y rebaja” y recogían más del 80% de las propuestas de varios sectores.

La concejala de Ciudadanos, Noemí Otero, ha reprochado a Mazarías que mantenga en su puesto a Rosalía Serrano a pesar de que considera que la edil “no tiene la legitimidad política” para defender unas ordenanzas fiscales y le ha pedido en dos ocasiones que “nombre a un interlocutor válido”. También ha reprochado que estas ordenanzas han llegado “sin negociación ni diálogo con el resto de los grupos” y que son “malas para Segovia”. “Esta señora está lastrando su gobierno, su gestión, su imagen y hasta su honor”, ha rematado Otero en referencia a Serrano.

Guillermo San Juan, de Segovia en Marcha, también ha reprochado “la falta de legitimidad” de Serrano —que acarrea una situación “del todo insostenible”— para presentar esas ordenanzas fiscales que además son “fake”.

Ángel Galindo, desde IU, ha reprochado que la empresa de Serrano ha realizado obra “sin la autorización municipal correspondiente” y se ha preguntado por el “ejemplo” que da el Ayuntamiento. Serrano ha respondido a Galindo: “Yo pago mis impuestos. Usted me ha acusado de que yo no pago mis impuestos y que estoy proponiendo unas tasas y unas ordenanzas fiscales con las que yo no cumplo. Me está acusando de una cosa que no es y quiero que quede constancia en este sentido”.

Vox, que no ha entrado a valorar la legitimidad de Rosalía Serrano, sí ha reprochado la falta de diálogo en las ordenanzas fiscales, a las que ha calificado de ser “una tomadura de pelo”. “Se ve perfectamente que la forma de gobernar de este equipo de gobierno es con un perfil arrogante”, ha rematado Ester Núñez.

El alcalde segoviano ha calificado este pleno de “circo” y ha asegurado que la sesión de este viernes ha provocado “vergüenza ajena” y ha acusado a la oposición de “acusar, ensuciar, mentir y difamar; que algo queda”. “¿Qué legitimidad le dan ustedes a esta sesión plenaria, con el circo que están montando. Han basado su negativa a esta propuesta única y exclusivamente en su demagogia sin aportar propuestas sí no han aportado propuestas hasta el último momento; porque se les ha instado a realizarlas y no han querido participar”, ha rematado.

Protestas contra el genocidio en Gaza

El pleno municipal ha guardado un minuto de silencio para manifestar su “repulsa e indignación por la barbaridad y la masacre de la que recibimos noticias a diario de lo que está aconteciendo en Oriente Próximo”, según el regidor, José Mazarías, que ha pedido a concejales y miembros del público —que gritaban 'No es una guerra, es un genocidio'— que retiraran “todo tipo de símbolos”, que eran banderas de Palestina. También ha expulsado a aquellos ciudadanos que se han negado a retirar los carteles y banderas que exhibían. Después del minuto de silencio, Mazarías ha criticado al concejal de Segovia En Marcha que no obedeciera sus instrucciones y enseñara una bandera palestina. “Ha hecho usted lo que le ha dado la gana”, ha afeado. El alcalde segoviano ha acusado a algunos concejales de “instigar” a los ciudadanos a “transgredir las normas y a tener un comportamiento bochornoso e incívico”.

El Comisionado de Transparencia ha obligado a los Ayuntamientos de Burgos, Ávila y Segovia a informar sobre sus asesores ante las peticiones realizadas por elDiario.es a mediados de 2024 para escribir un artículo sobre este personal eventual que trabaja en las Administraciones públicas de Castilla y León compuesto por más de 300 asesores, directores de comunicación, secretarios y conductores, entre otros cargos. El Ayuntamiento de Burgos todavía no ha cumplido la orden que dio en agosto el órgano independiente, que en reiteradas ocasiones ha reclamado que se sancione a aquellas Administraciones Públicas que no acaten sus resoluciones. Es una de las propuestas que impulsaba la Ley de Transparencia del gobierno PP-Ciudadanos que se guardó en un cajón cuando Alfonso Fernández Mañueco adelantó las elecciones en 2021.

elDiario.es registró hace más de un año nueve peticiones al Comisionado de Transparencia, de las cuales se han resuelto ya la mitad: el Comisionado obligó a tres ayuntamientos (Burgos, Ávila y Segovia), mientras que el consistorio de León y la Diputación de Burgos facilitaron la información de manera correcta después de que el Comisionado de Transparencia preguntara al respecto. En un primer momento, los ayuntamientos de Palencia o León y la Diputación de Zamora decidieron no contestar o facilitaron información parcial, lo que obligó a rastrear la información pública en los boletines oficiales con el riesgo de que esta resultara incompleta.

El Ayuntamiento de Burgos (PP) no contestó a este diario, al igual que tampoco respondió al Comisionado de Transparencia cuando le pidió información, lo que supone un incumplimiento de colaboración. “Lamentamos que nos veamos obligados a resolver esta reclamación sin conocer el criterio del Ayuntamiento de Burgos, quien, sin duda, podría aportar elementos de juicio relevantes para decidir acerca del supuesto aquí planteado”, protesta este órgano independiente en su resolución. A pesar de que Transparencia ordenó el 14 de agosto al gobierno municipal de Cristina Ayala que entregara la información, este diario aún no ha recibido nada.

El Ayuntamiento de Burgos cuenta con un asesor por cada cuatro concejales y también tiene personal eventual contratado para los cargos de jefe de Gabinete, Protocolo, coordinador de Gabinete de Comunicación y un asistente de comunicación, según fuentes del Ayuntamiento de Burgos. elDiario.es extrajo hace un año los datos manualmente, pero tampoco pudo encontrar en una fuente de información oficial quiénes ocupaban esos puestos de confianza.

El Ayuntamiento de Ávila (Por Ávila) entregó el listado de los asesores por cada año, pero no estaba completa. En el Boletín Oficial de la Provincia figuraban nombramientos que no estaban en la lista municipal. Una vez aceptado el recurso, el Comisionado de Transparencia destaca que la respuesta del Ayuntamiento de Ávila “carece de los requisitos legalmente establecidos para ser considerado una Resolución”. El consistorio abulense reconoce que la respuesta inicial a elDiario.es no se ajustaba a lo requerido, aunque descarta que hubiera “un afán de ocultación”, sino a un “error material derivado de la concreción de los años solicitados”. En su respuesta ya se facilitan los datos de inicio y fin de los contratos de sus asesores.

El Ayuntamiento de Segovia (PP) no facilitó los nombres de sus asesores —a pesar de que se deben publicar en el Boletín Provincial y de la amplia jurisprudencia sobre la transparencia del personal eventual—, ni las fechas de inicio y fin de los contratos ni las retribuciones exactas. En 2019, el Tribunal Supremo confirmó que prevalece el interés público en el acceso a la información frente al interés individual en la protección de los datos de carácter personal de todos los cargos eventuales, incluidos los administrativos. Una vez el Comisionado de Transparencia estimó la petición de elDiario.es y presentó sus argumentos, el consistorio de Segovia entregó la información requerida un año antes.

Resoluciones pendientes

El Ayuntamiento de Soria (PSOE) solo facilitó información de ese año, pero no de los dos ejercicios anteriores, y el Ayuntamiento de Salamanca envió los enlaces de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), donde no se publican los cargos, pero no el nombre de quién lo ocupa. El Comisionado de Transparencia tiene aún pendiente resolver las respectivas a ambas peticiones, además de la de la Diputación de Zamora.

La Ley obliga a las Administraciones Públicas a publicar el número de personal eventual y las retribuciones, pero cada una decide cómo da esa información. Tampoco están establecidos legalmente los sueldos de este personal eventual, por lo que las retribuciones por el mismo cargo pueden variar en función de la Administración Pública de la que se trate. El jefe de gabinete del Procurador del Común cobraba 27.778 euros y el de la Diputación de Soria percibía 33.864 euros anuales, mientras que el jefe de gabinete de la Diputación de Burgos percibía 62.000 euros.

Fe de errores: Tras la publicación de esta información el departamento de Comunicación de Por Ávila se ha puesto en contacto con elDiario.es para aclarar la retribución de uno de sus miembros, que ha sido correspondientemente añadido.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista de Segovia, Clara Martín, ha exigido al alcalde, José Mazarías, que revise y corrija un decreto de Alcaldía —del que se informó al pleno— para esclarecer quién es el propietario y promotor real de las obras de 18 trasteros que se ejecutaron sin la autorización y que han desatendido de manera reiterada los requerimientos del Ayuntamiento desde abril de 2023. Este miércoles en rueda de prensa, Clara Martín ha informado sobre el expediente urbanístico vinculado al Decreto de Alcaldía nº 3.369, firmado por el alcalde el 19 de junio de 2025, para regular una actividad y legalizar estas obras ejecutadas sin licencia.

La portavoz socialista ha pedido aclarar si el promotor de las obras está relacionado con algún miembro del equipo de gobierno. “Ya hemos pedido dimisiones en otros casos, como en el mercado de Navidad o en la situación de la concejala Serrano, y no dudaremos en volver a hacerlo si se confirma que todo este proceso ha beneficiado a una sociedad privada en la que esté implicada algún miembro del equipo de Gobierno en detrimento del interés general de los segovianos”, ha señalado enn un comunicado emitido por el grupo municipal.

Martín ha reiterado que el PSOE defiende que la legalidad urbanística debe cumplirse sin excepciones, porque el interés general de la ciudad debe primar sobre cualquier interés personal o empresarial, y ha solicitado expresamente que se modifique el decreto, que es público, ya que contiene un error importante.

Según ha explicado, la empresa constructora que figura en el decreto de Alcaldía —que habría ejecutado las obras sin autorización y ha desatendido de forma reiterada los requerimientos de los técnicos municipales— no es la propietaria del inmueble ni la promotora real de la actuación (construcción de 18 trasteros), sino que actúa en calidad de representante de la sociedad promotora, tal como figura en la declaración responsable presentada inicialmente.

Martín ha insistido en que si el expediente hubiera reflejado correctamente al promotor, podrían desvelar esa información, pero que, en todo caso, corresponde al alcalde, como responsable de la firma del decreto y máxima autoridad municipal, corregir este error y explicar a los segovianos, mediante un nuevo decreto, quién es realmente el responsable de estas actuaciones urbanísticas, que han tenido pendientes a los técnicos municipales y a otros propietarios de un expediente complejo lleno de irregularidades durante los dos años del Gobierno en el Ayuntamiento del PP.

Requerimiento municipal a la empresa representante

Clara Martín ha recordado que desde el Grupo Municipal Socialista se ha tenido acceso al expediente hasta en tres ocasiones, dos de ellas en el último trimestre de 2024 y otra el pasado 18 de junio de 2025, justo el día anterior a la firma del decreto, y ha subrayado la coincidencia de que varias reactivaciones del expediente se han producido tras las consultas del grupo municipal.

La portavoz ha detallado que el 17 de febrero de 2023 se presentó una declaración responsable para ejecutar 18 trasteros, en la que figuraba una sociedad promotora y la empresa constructora como representante, y que diez días después, el 27 de febrero, el técnico municipal emitió un informe desfavorable por no ajustarse a la legalidad urbanística.

El 13 de abril de 2023, el jefe de Urbanismo remitió un requerimiento a la empresa representante, y no al promotor, indicando expresamente que no quedaban legitimadas para ejecutar las obras, que debían presentar la documentación requerida en el plazo de diez días y que, de ejecutarse, podrían imponerse sanciones de entre 1.000 y 300.000 euros.

Martín ha explicado que, a pesar de que el requerimiento indicaba que transcurridos tres meses sin respuesta el expediente caducaría, la documentación se presentó casi un año después, el 7 de marzo de 2024, y fue evaluada por técnicos, resultando nuevamente insuficiente, lo que llevó a nuevos requerimientos el 20 de septiembre y el 22 de noviembre de 2024, reiterando la paralización de las obras y la presentación de documentación, pero manteniendo plazos de solo diez días y sin incoar procedimiento sancionador efectivo.

Desgraciadamente, no se han cumplido los plazos y son los técnicos municipales los que ante la falta de información cierran una fecha con la propiedad para una inspección técnica el 11 de abril de 2025. En esta inspección se constató que los trasteros estaban finalizados aunque la instalación eléctrica no era operativa, lo que demuestra que se desoyeron los requerimientos y se continuó con las obras.

Posteriormente, el 29 de mayo de 2025, la empresa constructora, representante de la propiedad, presentó una documentación parcial, que se informa, por parte de los técnicos municipales, a través de un nuevo requerimiento que es el que da forma el decreto emitido el 19 de junio de 2025. Este decreto es el que marca el inicio del procedimiento de regularización, pero hasta la fecha las obras, al menos que sepa este grupo municipal, no han sido legalizadas y el procedimiento sigue abierto.

“Durante más de dos años se han sucedido hasta cinco requerimientos municipales para paralizar las obras y aportar la documentación necesaria. Todos ellos han sido desoídos. Y a pesar de ello, la inspección de abril de 2025 constató que los trasteros estaban terminados. Esto demuestra que se ha actuado con absoluto desprecio hacia la legalidad urbanística”, ha declarado Clara Martín.

Para el Grupo Socialista, el alcalde debe aclarar el caso e informar sobre las decisiones, criterios y medidas que van a adoptar para evitar que esto se repita. Además, insiste en la importancia de aclarar si hay “cualquier relación o circunstancia” vinculada a personas del equipo de Gobierno.

“La decisión de legalizar unas obras debe ser explicada con claridad. No se trata de un trámite menor, sino de un decreto que compromete la confianza de la ciudadanía en la gestión del Ayuntamiento, y más aún si puede haber personas de su equipo de Gobierno vinculadas a este expediente”, protesta el Grupo Socialista. Clara Martín ha reclamado de nuevo explicaciones sobre la Rosalía Serrano, que

“Seguimos reclamando explicaciones sobre la situación de la teniente de alcalde Rosalía Serrano, que ocultó más de un año su participación en empresas del sector inmobiliario. Cuando elDiario.es publicó esta noticia, la concejala aseguró que no había cobrado ni entonces ”ni nunca“ por participar en empresas, aunque abandonó la dirección de la empresa que ocultó durante un año.

El Ayuntamiento de Segovia ha denunciado ante la Fiscalía a un ciudadano por arrancar una piedra del Acueducto y tratar de subastarla en internet con un precio de salida de mil euros, en lo que el autor del hecho justificaba como un acto de protesta por el supuesto abandono del monumento.

El anuncio, difundido a través de redes sociales bajo el reclamo de ser una “oportunidad única de adquirir una piedra auténtica del Acueducto de Segovia”, ofrecía un sillar de granito de 17,3 kilos con unas dimensiones de 25x22x15 centímetros, acompañado de vídeos en los que se mostraba cómo la piedra “estaba suelta” y acababa en el suelo.

El autor, muy activo en redes y conocido por su obsesión con la conservación del Acueducto, sostenía que el objetivo era llamar la atención sobre su estado y prometía donar el dinero recaudado a una causa elegida por el comprador.

Sin embargo, según ha explicado el concejal de Urbanismo y Patrimonio, Alejandro González Salamanca, en declaraciones a la Cadena COPE recogidas por EFE, “la piedra no se ha caído del monumento, la piedra ha sido arrancada”.

El concejal ha señalado que la piedra no corresponde a ningún sillar del monumento, sino que forma parte de un muro de mampostería situado en la plaza de Avendaño, que también se considera parte integrante del Acueducto y está ubicado en la zona alta de la ciudad, y su posición original está perfectamente documentada.

El edil ha confirmado que el Ayuntamiento ha requerido al ciudadano la entrega inmediata de la piedra en el Museo Provincial para su conservación y posterior reposición. Además, ha trasladado el caso a la Junta de Castilla y León por una posible infracción grave de la Ley de Patrimonio, y ha informado a la Fiscalía por si pudiera tratarse de un delito contra el patrimonio.

“Nosotros no estamos dispuestos a tolerar a nadie que toque el monumento, que lo perjudique y mucho menos que arranque y se lleve piedras”, ha recalcado González Salamanca.

El Ayuntamiento estudia también la posible apertura de un expediente sancionador por vulnerar la ordenanza municipal que prohíbe expresamente acciones como tocar, apoyarse o subirse al Acueducto. “Sancionamos recurrentemente estas conductas y vamos a reforzar la señalización con paneles informativos, cuyo diseño ya está hecho y serán instalados en un par de meses”, ha señalado el concejal.

La concejala de Hacienda de Segovia (PP), Rosalía Serrano, ha asegurado que no ha cobrado “ni ahora ni nunca” por su administración de una empresa —“una sociedad familiar”—, que estaba relacionada con el sector inmobiliario y cuyo vínculo ocultó durante un año, según ha publicado elDiario.es este viernes.

Hasta en tres ocasiones ha repetido Serrano que fue ella la que pidió el informe a la Secretaría General para abordar “su vinculación con sociedades mercantiles”. “El informe de la Secretaría General lo pedí yo sobre mi circunstancia y si tendría que someterse a pleno. Lo que aparece en ese informe es que Rosalía Serrano es quien lo pide y quien lo insta”, ha dicho Serrano a los medios. Sin embargo, eso no se corresponde con el informe. Según consta en el expediente, al que ha tenido acceso elDiario.es, fue el alcalde de Segovia, José Mazarías, el que solicitó este informe verbalmente por la compatibilidad de Serrano y tras la petición de información del Grupo Municipal Socialista.

Rosalía Serrano ha atendido a los medios en Segovia este sábado, momento en el que ha asegurado que ella “nunca” ha tenido un problema de incompatibilidad en sus años como funcionaria pública y ha descartado tenerlo ahora. “Como no percibía esa retribución, en su momento no consideré necesario ponerlo en conocimiento de nadie”, ha indicado a los medios. “Desde los servicios jurídicos se me apercibió y por eso rectifiqué y actualicé mi declaración de intereses”, ha reconocido Serrano, que ha reiterado: “Puedo haber pecado de ingenua o de falta de conocimiento, pero en el momento en que se me apercibe, lo hago”.

La teniente de alcalde ha señalado que ya no es administradora de la empresa ni tiene representación “para clarificar y evitar cualquier tipo de circunstancia”. También ha explicado que esas empresas estaban dedicadas a “alquileres destinados a locales comerciales”, por lo que ha descartado cualquier relación entre esas empresas y las políticas municipales de Vivienda, como han reprochado miembros de la oposición.

Serrano ha reducido este asunto a una “cuestión y vendetta personal” relacionada con una herencia y su primo —del que ha facilitado su nombre y apellidos—, quien intentó grabar una conversación ante notario, según su relato. La edil de Hacienda también ha afirmado que está “estudiando” pedir el derecho de rectificación a algunos medios que no hayan “comprobado” la información publicada.

Según sus palabras, la Administración General del Estado tiene “un procedimiento regulado” y formularios para autorizar la compatibilidad en situaciones similares, algo que —según la edil 'popular'—, no existe de manera específica. “No se me informó de que pudiera ser susceptible”, ha remarcado.

Carga contra el PSOE

Serrano también ha cargado contra la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Clara Martín, de la que ha dicho que, si tras sus “indagaciones” hubieran tenido “algo” contra ella, los socialistas “hubieran ido a los tribunales”, algo que no han hecho.

Además, ha criticado que Clara Martín que “utilice” una circunstancia familiar “y muy dolorosa” y que, a su vez, haya actualizado su declaración de actividades este viernes y que haya “casillas completamente en blanco” de “muchos de los componentes del Grupo Municipal Socialista”. El viceportavoz del Grupo Socialista, Jesús García, no tiene publicada su declaración de bienes y actividades.

La teniente de alcalde segoviana ha acusado a miembros “de todas las agrupaciones” que han estado “meses” sin pedir la compatibilidad “precisamente porque tenían supuestos de incompatibilidad”. “A lo mejor habría que preguntarles a ellos”, ha sugerido a los medios, ante los que no ha concretado a qué concejales se refería.

También ha asegurado que ninguna de las tres empresas con las que ella estaba relacionada tienen ningún expediente, en cuyo caso ella debería abstenerse. Serrano ha considerado “una pena” que Clara Martín haya empleado “meses” a 'investigarla', un tiempo durante el que podría haber “trabajado por los segovianos”.

Preguntada por los periodistas, Serrano ha explicado que no ha tenido “ocasión de hablar” con el alcalde, José Mazarías, “porque es que no hay nada que hablar”.

El PSOE responde

El Grupo Socialista de Segovia ha reprobado que Serrano haya “atacado con saña y con inquina personal obsesiva” a su portavoz y ha afeado al alcalde de “seguir sin dar la cara”. También ha considerado que la ocultación de la relación empresarial de Serrano “no ha sido un error o fruto del olvido o la ignorancia”. “Si el PP quiere recuperar algo de credibilidad ante los ciudadanos y demostrar el cumplimiento de la legalidad ante el Ayuntamiento, la concejala Rosalía Serrano, o en su defecto el propio PP, debe remitir de forma urgente —hoy mismo o, como muy tarde, el lunes— todo el expediente completo a la Oficina de Conflicto de Intereses e incluso a la Fiscalía”, ha exigido el Grupo Municipal Socialista.

A través de un comunicado, los socialistas han defendido que Clara Martín tiene una autorización expresa de compatibilidad desde agosto de 2023 para trabajar como arqueóloga autónoma. “Aunque no ejerció durante los dos últimos años, el pasado 2 de julio de 2025 se dio de alta en el régimen de autónomos (con efectos desde el 1 de julio), lo que comunicó a la Secretaría General y a la jefatura de personal, y remitió los documentos correspondientes. El 3 de julio, se comunicó formalmente a todos los departamentos, incluida a la responsable de la web municipal. Esta última remitió el formulario correspondiente para su publicación, que fue enviado este viernes para que apareciera en la web. Que no traten de mentir y sembrar dudas de forma malintencionada. Es indignante”, concluye el PSOE municipal.

La concejala de Hacienda de Segovia y primera teniente de alcalde, Rosalía Serrano Velasco, ha abandonado la dirección de la empresa que ocultó durante un año, según ha publicado El Día de Segovia y confirmado elDiario.es. Según su útima declaración de actividades —fechada este jueves, el mismo día en que elDiario.es formuló sus preguntas al Ayuntamiento segoviano—, la edil ha sido administradora solidaria de 'VH Holding' desde 2006 hasta el 10 de julio de 2025. Estos datos no coinciden con los de la declaración de actividades de 2024, que especificaba el nombre de la compañía (Velasco Hernanz Holding) y una fecha distinta de inicio de esta actividad privada: 2009. Este cambio en la compañía no figura aún en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). El Ayuntamiento de Segovia ha asegurado a este medio que la concejala hará declaraciones este sábado ante los medios para explicar su situación.

La oposición en Segovia —PSOE y Segovia en Marcha— ha pedido un pleno extraordinario para la primera teniente de alcalde y concejala de Hacienda, Rosalía Serrano Velasco, después de que elDiario.es hiciera público que la edil ocultó durante más de un año sus vínculos con empresas del sector inmobiliario. Ciudadanos espera que el alcalde cese a la edil si ella misma no dimite.

El grupo municipal socialista exige que se debata y se vote la declaración de incompatibilidad de la concejala del PP. “La situación ha puesto de manifiesto un grave quebranto de la legalidad, de los principios éticos más elementales y del régimen de transparencia al que están obligados los cargos públicos”, ha manifestado el PSOE a través de un comunicado.

La portavoz socialista, Clara Martín, ha exigido el “cese inmediato” de Serrano, quien “debería haber dimitido hace meses”. “Llevamos mucho tiempo preguntando al alcalde por este tema y le ha dado lo mismo. Hoy se ha negado a hacer valoraciones”, ha rechazado Martín. El Grupo Socialista ha informado a sus servicios jurídicos para valorar jurídicamente esta cuestión por un posible quebranto de la Ley de Transparencia o de otras leyes. “Tenemos intención de valorar jurídicamente el tema, también en función de las decisiones que tome el alcalde”, ha reivindicado Martín respuesta a este medio.

Martín ha recordado esta mañana que el PSOE lleva desde el año 2024 preguntando sobre este asunto, formulando preguntas por escrito, solicitando expedientes, reclamando informes y registrando documentación en comisiones y plenos. En palabras de Martín: “No se puede permitir que una concejala mantenga oculta su vinculación con sociedades inmobiliarias mientras gestiona el área de Hacienda y vota decisiones urbanísticas y de vivienda”.

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado también “la falta de transparencia” del equipo de Gobierno, “que ha ocultado información, ha eludido responder a las preguntas presentadas por el PSOE en plenos y comisiones, y ha mostrado una actitud claramente obstruccionista”. “Se desconoce si las sociedades de Rosalía Serrano mantienen deudas con el Ayuntamiento, si están al corriente de sus obligaciones tributarias municipales o si están implicadas en procedimientos urbanísticos activos. El alcalde no ha proporcionado ni una sola respuesta clara a estas cuestiones, pese a las reiteradas peticiones del grupo socialista”, han recriminado los socialistas

Desde Segovia En Marcha, Guillermo San Juan también ha exigido que se convoque un pleno extraordinario. “Además del conflicto de intereses, está el tema de la compatibilidad de la dedicación exclusiva mientras mantiene un vínculo con su actividad privada”, ha subrayado en declaraciones a elDiario.es.

San Juan considera que esta cuestión tiene “relevancia política”. “Hasta ahora, la oposición sistemática que el PP y Serrano tenían frente a cualquier medida o propuesta de solución de políticas de vivienda —como la declaración de zona tensionada o la regulación de alquileres de temporada— contaba con la oposición del equipo de gobierno. A priori era ideológica, pero ahora vemos intereses directos”, ha criticado San Juan, quien cree que la ciudadanía “tiene derecho” a conocer la vinculación de los miembros del equipo de gobierno.

Ciudadanos también ha exigido explicaciones y responsabilidades políticas “inmediatas”. “Es absolutamente inaceptable que se oculte información de esta naturaleza mientras se ostenta un cargo público con dedicación exclusiva”, ha manifestado a través de un comunicado la portavoz municipal de Ciudadanos, Noemí Otero.

Ciudadanos alerta de que la señora Serrano, antes de ostentar un cargo público, ejercía como funcionaria de carrera en la Administración General del Estado, por lo que debería haber estado sujeta a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Esta normativa prohíbe expresamente el ejercicio de actividades privadas que puedan comprometer la imparcialidad o el correcto desempeño de la función pública. “Hablamos de un posible incumplimiento de la ley que regula la compatibilidad entre el servicio público y la actividad privada. Esto afecta al principio de imparcialidad y al respeto por las normas que deben regir la función pública”, ha añadido Otero.

La teniente de alcalde de Segovia, concejala de Hacienda y portavoz del Grupo Municipal del PP, Rosalía Serrano Velasco, ocultó su participación en tres empresas a pesar de que tiene dedicación exclusiva. Dos de estas compañías tienen como administrador único a una tercera que sirve como 'holding' y hay un nombre que se repite en todas ellas, según la información expedida esta semana por los Registros Mercantiles de Segovia y Madrid: Rosalía Serrano Velasco. Esta concejala es también la representante de este 'holding' en al menos otras dos empresas: Velasco Hernanz SL y Comercial Rosalía Sociedad Anónima, ambas ubicadas en el mismo domicilio social en Segovia.

Actualización La oposición ha pedido un pleno extraordinario para abordar la situación de Rosalía Serrano Velasco, que ha abandona la dirección de la empresa en una declaración de actividades fechada el mismo día en que elDiario.es preguntó al Ayuntamiento.

Los concejales tienen la obligación de presentar y actualizar sus declaraciones de actividades y bienes. En su primera declaración de actividades —de julio de 2023—, Rosalía Serrano Velasco no declaró ninguna actividad empresarial en el sector privado, algo que modificó en octubre de 2024, cuando reconoció que era administradora solidaria de la empresa 'Velasco Hernanz Holding' desde 2009. En febrero de 2025, Rosalía Serrano Velasco declaró “bajo su responsabilidad” que la información no había sufrido ninguna modificación desde su actualización en 2024.

Esta compañía 'Velasco Hernanz Holding Sociedad Limitada' tiene su sede en Madrid: Rosalía Serrano Velasco es una de los dos administradores solidarios. El objeto social de 'Velasco Hernanz Holding Sociedad Limitada' también está relacionado con la compra-venta de solares, terrenos, pisos y locales y sus posibles alquileres, entre otros. Su CNAE corresponde a “actividades de apoyo” a las empresas y tiene un capital suscrito de casi 1,9 millones de euros. Esta empresa es, al menos la administradora única de otras dos compañías: Velasco Hernanz SL y Comercial Rosalía Sociedad Anónima, ambas vinculadas a la compra-venta de terrenos y pisos y sus posibles alquileres.

Las tres empresas comparten la misma empresa auditora, también ubicada en Madrid —en el mismo domicilio que un bufete de abogados—, y el mismo notario en los actos inscritos para las tres empresas. El único socio y administrador único de Velasco Hernanz SL es ese 'holding' desde 2009, cuya representante es Rosalía Serrano Velasco. Esta sociedad tiene un capital social de 1,8 millones de euros.

Comercial Rosalía Sociedad Anónima está destinada a la compra y venta de productos textiles, la adquisición, explotación y enajenación de terrenos, solares, parcelas, la urbanización y parcelación de terrenos y la adquisición de derechos concesionales sobre terrenos o parcelas o pisos. También se dedica a la explotación de máquinas recreativas. Su Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) corresponde con el alquiler y gestión de bienes inmobiliarios propios o alquilados. Esta empresa tiene un capital suscrito de 132.222,66 euros y un administrador único que es Velasco Hernanz Holding Sociedad Limitada desde noviembre de 2020. El representante del 'holding' es Rosalía Serrano Velasco.

Como concejala con una dedicación del 100%, Rosalía Serrano Velasco cobra un sueldo de 54.104,71 euros, según el portal de Transparencia. La percepción de retribuciones privadas es incompatible con la percepción de otras retribuciones del Ayuntamiento porque Serrano Velasco tiene delegada una dedicación exclusiva.

Informe de la Secretaría General

En abril de este año, la secretaría general municipal elaboró un informe sobre este asunto, en el que reprocha a la concejala que “no informara” de sus actividades y concluye que existe una posible causa de incompatibilidad, puesto que ella se rige por su régimen de dedicación exclusiva y esos cargos pueden comprometer su imparcialidad o independencia.

La valoración municipal —a la que ha tenido acceso elDiario.es— no ve aparentemente una coincidencia entre las funciones de Serrano Velasco y el objeto social de las sociedades. Además, el estudio de la funcionaria municipal señala que carece de información sobre la participación de Rosalía Serrano Velasco en Comercial Rosalía SA.

Es el pleno el que debe determinar si existe o no una causa de incompatibilidad o autorizar la compatibilidad del cargo con esos puestos de responsabilidad en las tres empresas privadas. Si existiera un conflicto de intereses, Serrano Velasco debería abstenerse durante los debates y votaciones. A pesar de este informe está fechado en abril de 2025, el pleno municipal no ha abordado la compatibilidad de la concejala de Hacienda.

La Ley de Incompatibilidades prohíbe “el desempeño de cargos en empresas o concesionarias contratistas de obras servicios o suministros arrendatarias o administradoras de monopolios o con participación o aval del sector público cualquiera que sea la configuración jurídica de aquellas”, aunque el informe municipal no aclara si el caso de Rosalía Serrano Velasco se puede encuadrar en este contexto concreto.

elDiario.es se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Segovia, que ha remitido a esta periodista a las respuestas que ya ha dado el equipo de Gobierno. “Como estoy seguro de que elaboras tus informaciones documentándote abundantemente ya conocerás esos trámites y las respuestas aportadas desde el equipo de Gobierno, a las que me remito”, ha respondido el jefe de prensa, que no ha aportado ni una sola de estas respuestas.

El PSOE cree que habrá cambios en el equipo de gobierno

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Segovia, Clara Martín, lleva varios días asegurando que prevé que próximamente habrá cambios en el equipo de gobierno y que Serrano Velasco dejará de ser la portavoz del Grupo Popular después de que se incorporara a su cargo —tras una baja laboral— y acudiera a un acto público en el que ella no tenía la tarjeta identificadora de 'portavoz', que seguía en manos del concejal de Obras, Servicios, Infraestructuras, Comercio e Industria, que ha ejercido esta función durante la ausencia de Serrano Velasco.

Durante meses, el Grupo Socialista ha preguntado al equipo de gobierno del PP por la situación de Rosalía Serrano y su modificación parcial de la declaración de bienes, que —considera— no ha explicado expresamente qué tipo de dedicación tiene en 'Velasco Hernanz Holding Sociedad Limitada'.

El alcalde de Segovia, José Mazarías, ha considerado “lamentable” que la portavoz socialista “se adelante” y vaya a buscar a la prensa para contarles “lo que se le ha dicho casi de manera personal”. “Seguramente vaya a haber cambios, porque nuestra portavoz ha tenido una baja prolongada por un tema médico y ahora, cuando ha vuelto, ella sabe la gran cantidad de trabajo que tiene por delante. Ella misma me ha pedido que le aliviáramos un poco la carga de trabajo”, ha manifestado Mazarías ante los medios. “Lejos de lo que la portavoz socialista utiliza como gasolina, no es un castigo por nada. Se está dejando la piel, incluso estando de baja”, ha defendido Mazarías este jueves.

“Lo habitual es que si un equipo de Gobierno hace cambios en algún aspecto, lo comunique oficialmente. No hemos emitido ningún comunicado. Rosalia Serrano es primer teniente de alcalde y concejala delegada de importantes áreas, atribuciones que ejerce y seguirá ejerciendo con total normalidad. Esa carga de trabajo sumada a una baja médica prolongada ha llevado a esta concejala a pedir que se la descargue del trabajo de portavoz, una cuestión que aún está sin resolver y que se comunicaría en cualquier caso con un comunicado o nota oficial”, insiste el jefe de prensa municipal, que no ha aclarado la relación de esta concejala con estas empresas.

Otros casos de compatibilidad

Este debate es reiterado desde hace unos años en Castilla y León. El ahora eurodiputado 'popular' y exportavoz del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Raúl de la Hoz, desveló en julio de 2024 en su declaración de bienes que había cobrado otros 40.000 euros como 'abogado' a pesar de que se le había atribuido una dedicación exclusiva. Los servicios jurídicos trabajaron durante años en un informe sobre incompatibilidades, un estudio que solicitó en 2021 el Grupo Socialista ante un vacío legal que generaba dudas sobre lo que suponía tener una dedicación exclusiva, aparte de cobrar 90.000 euros. El Grupo Socialista reiteró su petición en ocho ocasiones hasta que en noviembre de 2024 se entregó el informe, que mantuvo la ambigüedad al respecto.

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Segovia y exalcaldesa (2022-2023), Clara Martín, será uno de los nuevos miembros de la renovada Ejecutiva Federal de los socialistas, según se ha aprobado este sábado en el Comité Federal en el que Pedro Sánchez ha tomado medidas internas tras el estallido del caso Koldo que ha llevado a la cárcel por presunta corrupción a Santos Cerdán.

La entrada de Clara Martín, como vocal, se produce tras la salida de dos pesos pesados del PSOE de Castilla y León que hasta ahora formaban parte, el líder de los socialistas de León Javier Alfonso Cendón y la líderesa de los burgaleses, Esther Peña. Eran secretario de Ciencia, Innovación y Universidades y portavoz federal, respectivamente. Cendón sale por su cercanía al exsecretario de Organización Santos Cerdán y en el caso de Peña se produce por la incompabilidad de mantener cargo territorial y cargo en la Ejecutiva Federal.

En la Ejecutiva Federal se mantienen el ministro de Transportes y secretario general del PSOE de Valladolid, Óscar Puente, como vocal y el exdelegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, al frente de la secretaría de Estudios y Programas. También sigue la eurodiputada Iratxe García, jefa de filas de los socialistas europeos en Bruselas.

La entrada de Martín supone equilibrar los nombres de la comunidad en el órgano socialista, en medio de las voces críticas como la del alcalde de León, José Antonio Diez, que señala que los hechos conocidos de presunta corrupción son tan graves que “casi obliga” a convocar un congreso extraordinario del PSOE.

Clara Martín sucedió a Clara Luquero en la alcaldía de Segovia en el año 2022 tras la dimisión de esta última. Historiadora del Arte, en 2019 entró en el consistorio segoviano asumiendo la concejalía de Patrimonio Histórico y Urbanismo. En 2023 se presentó a la reelección pero el PP recuperó el bastón de mando gracias al voto de otros partidos y desde entonces ejerce como portavos del PSOE en el ayuntamiento.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha anulado la ordenanza del Ayuntamiento de Segovia para regular la Zona de Bajas Emisiones, que iba a comenzar el 1 de octubre. En la sentencia se recoge que el consistorio concurrió en varios “vicios sustanciales” en el procedimiento de aprobación de la ordenanza, especialmente en lo relativo a la falta de publicidad, carencia de consulta pública y aprobación formal del proyecto técnico que debía sustentarla.

Estos motivos son suficientes para declarar nulo la ordenanza. El fallo judicial, al que ha tenido acceso elDiario.es, implica que el Ayuntamiento deberá reiniciar el procedimiento, aprobando formalmente el proyecto de la ZBE, publicándolo, y sometiéndolo a una consulta pública transparente antes de volver a tramitar la ordenanza. La resolución deja sin efecto tanto las disposiciones generales como el régimen sancionador asociado a la regulación de la ZBE. La sentencia puede ser recurrida mediante un recurso de casación.

La ZBE no estaba en el Plan de Movilidad

El motivo esgrimido por el TSJCyL es que la zona de bajas emisiones no estaba contemplada en el Plan de Movilidad, que data de 2014, aunque tendría que haberse recogido en una modificación realizada a posterior. Esta ausencia supone, a juicio del tribunal, una infracción de los requisitos mínimos legales que deben cumplirse antes de establecer una regulación restrictiva de la movilidad en determinadas áreas urbanas.

Asimismo, el TSJCyL ha destacado otro defecto grave: durante la consulta pública previa a la elaboración de la ordenanza —un trámite obligatorio conforme al artículo 133 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común—, no se puso a disposición de los ciudadanos el proyecto completo de la ZBE. En su lugar, el Ayuntamiento difundió un modelo genérico de ordenanza y una memoria técnica de solicitud de subvención, documentos insuficientes para que la ciudadanía pudiera formarse un criterio y participar con garantías en el proceso.

La sentencia, que estima parcialmente el recurso de la asociación demandante Liberum, reconoce que el Ayuntamiento sí siguió correctamente algunos pasos del procedimiento, como la aprobación inicial por el Pleno, el periodo de información pública o la resolución de alegaciones. Sin embargo, advierte que los errores detectados en la fase inicial de consulta y tramitación del proyecto son lo suficientemente relevantes como para invalidar todo el proceso, al comprometer principios fundamentales como la transparencia, la participación ciudadana y la seguridad jurídica.

Se impusieron restricciones sin la debida justificación

La ordenanza anulada establecía importantes restricciones al acceso, circulación y estacionamiento de vehículos contaminantes en el casco histórico de Segovia. Sin embargo, el tribunal considera que tales limitaciones, que afectan directamente al derecho a la libre circulación, deben venir avaladas por un procedimiento plenamente garantista y una documentación técnica sólida, ambas cosas ausentes en este caso.

El fallo también desmonta la idea de que las modificaciones introducidas tras el periodo de alegaciones fueran menores que trató de justificar el Ayuntamiento. Aunque no las califica de sustanciales, sí apunta que algunos de los cambios (como la ampliación o eliminación de calles incluidas en la ZBE, o la modificación de plazos de vigencia de las autorizaciones) exigen especial atención, y habrían podido justificar una nueva ronda de información pública si se hubieran producido en un procedimiento correctamente iniciado.

El Ayuntamiento defendió que sí se hizo consulta pública

Durante el proceso judicial, el Ayuntamiento de Segovia sostuvo que el proyecto de ZBE estaba correctamente incorporado al expediente administrativo y que la aprobación y publicación se había hecho de forma conjunta con la ordenanza. También alegó que la consulta pública se había desarrollado entre noviembre y diciembre de 2023, y que participaron asociaciones vecinales, colectivos afectados y ciudadanos a título individual.

En la práctica la sentencia paraliza durante meses la entrada en vigor de la ZBE hasta que el Ayuntamiento de Segovia resuelva las cuestiones reflejadas en la sentencia del TSJ de Castilla y León.

El grupo municipal del PSOE ha pedido la convocatoria de una comisión informativa extraordinaria de Cultura para analizar tanto las consecuencias como el procedimiento a seguir por parte del Gobierno municipal del PP para dar cumplimiento al informe jurídico del Consejo Consultivo de Castilla y León que ha confirmado las irregularidades denunciadas por los socialistas en relación a la organización y gestión del Paseo de la Navidad en el Paseo del Salón y del resto de programación navideña asociada a esta actividad.

El informe, de 16 páginas y emitido el 10 de abril de 2025, establece, en primer lugar, que se vulneró la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) –en su artículo 47.1 e)- al no producirse un proceso de licitación por concurrencia competitiva. Es decir, hubo una adjudicación “a dedo” en contra de lo que marca la Ley, según han apuntado los socialistas.

Así lo ha señalado este jueves en rueda de prensa la portavoz socialista, Clara Martín, en el día en que se cumple justo un año de la presentación, por parte del grupo municipal del PSOE, de la solicitud de Revisión de Oficio de todas las actuaciones.

La comisión, solicitada formalmente en la junta de portavoces del pasado lunes, debe analizar qué consecuencias tiene para el Ayuntamiento el informe jurídico emitido por el Consejo Consultivo que señala, literalmente, que “procede que se declare la nulidad de pleno derecho del decreto de 22 de noviembre de 2023, que autoriza la instalación de un mercadillo navideño y parque de la Navidad en el Paseo del Salón, pista de hielo en la Plaza Mayor y puesta en funcionamiento de un tren de la Navidad en la Ciudad de Segovia”.

El informe jurídico da la razón a las denuncias del PSOE que alertó de que el Gobierno municipal del PP que encabeza José Mazarías adoptó decisiones irregularidades, vulnerando la legalidad, fruto, únicamente, de la caprichosa e irresponsable gestión del alcalde y de su concejala de Turismo, Milagros Escobar de las navidades de 2023/24, han asegurado los socialistas.

“El PP ha tratado de dar carpetazo al asunto y de dilatar durante meses la revisión, sin asumir ninguna responsabilidad. Y después ha querido pasar de puntillas por una gestión cargada de irregularidades y evidentes vulneraciones de la legalidad”, han afirmado en un comunicado.

“Es más, incluso el segundo teniente de alcalde, Alejandro González Salamanca, intento, sin éxito, restar trascendencia al informe, con una frase lamentable: ”agua pasada no mueve molino“”, han defendido.

Aunque González Salamanca no pudo negar que el informe del Consejo Consultivo deja muy claro que el Gobierno de Mazarías omitió un trámite “esencial” como fue la licitación por concurrencia competitiva, en su comparecencia ante la prensa obvió otro aspecto fundamental, como que ahora mismo hay al menos 22.786,07 euros en el bolsillo de un empresario que tendrían que estar en las cuentas del Ayuntamiento y que, como es obvio, deben regresar a las arcas públicas.

Informe del Consejo Consultivo

Según ha recogido el PSOE segoviano, Mazarías se saltó la ley porque no quería renunciar a su capricho de emplazar el mercado en el Paseo del Salón. Esta excusa para no cumplir la ley viene recogida en un informe de Turismo, de mayo de 2024, donde señala que mantuvieron diversas reuniones y contactos con diversas empresas del sector, aunque solo una (la adjudicataria en el ejercicio anterior) manifestó interés en participar en la actividad y solicitó, mediante registro, la organización del mercado.

En base a estas conversaciones y consultas, el Gobierno de Mazarías evitó la licitación pública, la que permite seleccionar la oferta más ventajosa para el interés público.

Sin embargo, el informe jurídico del Consejo Consultivo es “contundente” en este aspecto, han apuntado desde el PSOE de Segovia. Así, señala que “no resulta admisible justificar el no sometimiento a concurrencia competitiva de acuerdo a ‘un sondeo’ o reuniones previas con las dos empresas que habían intervenido el año anterior, pues ello supone una limitación a la participación de nuevos solicitantes’.

“De esta manera, el Consejo Consultivo confirma lo que ya avisó el PSOE”, han apostillado. La Ley y los tribunales establecen que si no se sigue el procedimiento y no ha habido publicidad en la licitación siempre supone una nulidad de pleno derecho y es evidente que no pueden subsanarse porque un funcionario sustituya esa publicidad por llamadas de teléfono o reuniones con empresas susceptibles de estar interesadas en el mercadillo navideño.

Así, el informe del Consejo Consultivo coinicido en señalar la iniciativa del PSOE de pedir la Revisión de Oficio y de declarar la nulidad del Decreto de Alcaldía, de 22 de noviembre de 2023, que vino a adjudicar a dedo el mercadillo y otras actividades de la programación navideña. El decreto autorizó la petición formulada por el empresario de instalación del mercadillo y parque en el Paseo del Salón, la pista de hielo en la Plaza Mayor y el tren de la Navidad; solicitud que amplió el 10 de noviembre para instalar más casetas en el Salón y en la Plaza de San Martín (recordemos el incendio de la churrería, el 2 de enero, con dos heridos, junto a la iglesia de San Martín)

 Al menos “22.800” euros en los bolsillos del empresario y no en las arcas municipales

Las otras consecuencias de colocar el mercado en el Paseo del Salón, según el PSOE, es que “el empresario impuso sus condiciones para organizar el mercado navideño en el lugar que quería el alcalde”.

“El empresario indicó que el Ayuntamiento debería realizar la decoración del Parque del Paseo del Salón, facilitar accesos desde la calle Juan Bravo, afrontar las instalaciones para la cometida de las atracciones, velar por el espacio de las casetas y asumir los gastos de la energía consumida”, han afirmado

El PSOE ha relatado que el propio su informe explica que la técnico industrial del Ayuntamiento apuntó –en su informe del 9 de noviembre de 2023—que el interesado, como solicitante de la autorización y organizador del evento, debería suscribir a su nombre el contrato o contratos de energía eléctrica que fuesen necesarios. “Sin embargo, el Ayuntamiento finalmente procedió al pago de 13.349,63 euros, por unos consumos que debió pagar el organizador”, han señalado.

“El Ayuntamiento pagó el consumo de energía eléctrica cuando no debería haberlo hecho; pero es que tampoco cobró al empresario la tasa por ocupación de vía pública. El informe jurídico del Consejo Consultivo hace suyo el informe que emitió la sección de Gestión Tributaria”, han añadido.

“Al no acreditarse que se trata de una actividad municipal ni una actividad cultural promovida por el Ayuntamiento, no sería aplicable el artículo 1.2 de la ordenanza y, por tanto, debería procederse a su liquidación (9.436,44 euros), tasa por ocupación del Paseo del Salón. Procede, en consecuencia, su liquidación y exigencia de acuerdo con las normas tributarias”, han apuntado en referencia al informe del Consultivo.

En consecuencia, por la suma de ambos conceptos (consumo eléctrico y tasa de ocupación de vía pública) que no abonó en su día, hoy el empresario tiene en sus bolsillos casi “22.800 euros” (22.786,07 euros) que “deberían estar en las cuentas del Ayuntamiento y que, como es evidente, deben regresar a las arcas municipales”, ha reprochado el PSOE

El grupo socialista mantiene que esta cantidad de gastos indebidos es “superior”. De acuerdo con el análisis de las facturas abonadas por convalidación vinculadas al Paseo de la Navidad y el resto de programación navideña, las peticiones del empresario derivaron en un gasto de unos “58.000 euros” que el Ayuntamiento pagó sin mediar ningún tipo de contrato. Entre estos gastos, la seguridad privada o el arreglo de las casetas.

El concejal de Vox en Segovia, Alfonso de Ceballos Escalera y Gila, ha invitado este viernes en el pleno a enseñar su 'ciruelo“ para demostrar que no quiere mover la escultura del diablillo por envidia. ”Si alguien tiene alguna duda de que yo me mueva por envidia, en privado me ofrezco a demostrarle que no me mueve ese sentimiento“, ha manifestado el edil después de que los portavoces de IU y el Grupo Socialista ironizaran sobre las verdaderas motivaciones para querer retirar o mover esta escultura. Cuando el alcalde segoviano, José Mazarías, le ha pedido ser ”correcto“, De Ceballos Escalera y Gila ha insistido: ”Puedo demostrar que no siento envidia“. El regidor le ha vuelto a interpelar —”me parece fuera de lugar“—, ante lo que ha decidido retirar esas palabras.

Este ofrecimiento ha surgido después de que el concejal de IU, Ángel Galindo, haya bromeado sobre la verdadera motivación de Vox, que ha criticado durante meses que la estatua desagrada a los ciudadanos, supone una ofensa a los sentimientos religiosos y que podía “asustar a las niñas”.

Galindo se ha referido a un artículo —más “literario y libre que una moción”, según él— escrito por el concejal de Vox en el que criticaba esta escultura no por la seguridad vial en la zona —lo que ha argumentado este viernes en el pleno— sino por lo que significaba este “diablo con cara de bonachón”, a cuyos genitales también hacía referencia. “Habla del imponente ciruelo que arma. Uno de los pecados capitales es la envidia, tenga cuidado con pecar en ese sentido”, bromeaba Galindo, que no ha ocultado su sorpresa ante el ofrecimiento del concejal de Vox de “demostrar que no siente ”envidia“.

El concejal del Grupo Socialista Miguel Merino también ha criticado que esta sea una de las prioridades que tenga Vox en la ciudad en lugar de mostrar preocupación por cuestiones sanitarias, educativas, industriales, de juventud o personas mayores. “Con la deriva que ha tomado el debate es difícil cobrar cierta serenidad y dignidad en las palabras”, ha suscrito Merino en su segunda intervención, en la que ha pedido a Vox que “haga política” y no se dedique a “censurar ni a imponer las creaciones de ningún artista”.

El equipo de gobierno socialista que gobernaba hasta 2023 colocó una escultura que donó José Antonio Abella en la calle San Juan en un intento de descongestionar la zona del Acueducto y que animara a los turistas a hacer otras rutas por el casco histórico.

El propio De Ceballos Escalera y Gila ha insistido en la necesidad de “completar” la escultura —que alude a la leyenda de la aguadora y el Acueducto— y ha asegurado que el diablillo, que se hace un selfie frente al Acueducto, es “un monumento al mal y a la delincuencia”. En ese sentido, el concejal de IU se ha congratulado de que ambos estén de acuerdo en favor de retirar monumentos “a asesinos y ladrones” y, por lo tanto, a favor de la Ley de Memoria Democrática.

La tercera teniente de alcalde y concejala de Turismo, May Escobar, ha asegurado que esta cuestión no es prioritaria y que se instalará una aguadora que acompañe a la escultura del diabllillo “cuando toque y en el momento oportuno”.

La concejala de Ciudadanos, Noemí Otero, ha reiterado que no es “prioritario” y ha planteado solicitar un informe a la Policía Local para que valore si afecta a la seguridad vial o no.

Avanza recurrirá ante los tribunales el rechazo de la subvención para el transporte urbano de Segovia y Soria, según ha informado a este diario el director de Movilidad Urbana de Avanza, Manuel Ramo. La compañía de transportes recurrirá al Juzgado de lo Contencioso-administrativo. “Perder la subvención por esto no es proporcional”, considera el directivo en relación con la subvención que han perdido los Ayuntamientos de Segovia (PP) y Soria (PSOE) por una deuda de 800 euros de la empresa concesionaria a la Seguridad Social. El Ayuntamiento de Segovia ha perdido una subvención de 260.000 euros, y otos 44.000 euros el consistorio soriano.

Según explica la compañía, para solicitar esta subvención debían incluir un certificado de que estaban al corriente de pagos de la Seguridad Social. “Hay un certificado específico para las subvenciones y otro más genérico. Nosotros, por error, enviamos el genérico”, asegura Ramo.  En el Ministerio, el funcionario de turno vio que el certificado no era el correcto y, de oficio, busca esa información en el sistema.

“Nosotros entramos en el sistema cada 48 horas, más o menos. Justo ese día figuraba una deuda de 800 euros, que tarda 30 días en ser firme y ni siquiera la notifican. Nosotros lo vimos al día siguiente y la pagamos, pero el Ministerio ya nos lo da por malo y rechazan la autorización”, detalla el director de Movilidad Urbana de Avanza. El Ministerio no admitió las alegaciones pese a realizar el pago pocos días después, o sus reclamaciones sobre una posible ruptura del principio de proporcionalidad al rechazar una subvención de 260.000 euros por una deuda de 839,42 euros.

El Ayuntamiento de Segovia tiene intención de exigir a la concesionaria que asuma el gasto de la subvención y estudia la imposición de penalidades adicionales, según infomaba hace unos días a través de un comunicado. El Ayuntamiento de Segovia responsabiliza directamente a Avanza de la pérdida de esta ayuda “para la cobertura del déficit que genera el transporte urbano”. El equipo de gobierno local de Soria recurrirá la decisión del Ministerio de Transportes y si no es favorable, repercutirá los gastos a la empresa.

El Ministerio de Transportes recibió 96 solicitudes de estas subvenciones, de las que se han aceptado todas salvo diez ayuntamientos, entre los que se encuentran Segovia, Soria, Toledo, Bilbao o Santiago de Compostela por situaciones similares. Toledo ha quedado excluido de la convocatoria por una deuda de la concesionaria (Unauto) de 0,99 euros. Un montante que, según explicó el concejal de Movilidad, deriva de “un fallo administrativo” a raíz de una bonificación que la empresa recibió por no poder prestar el servicio durante la pandemia. En Castilla y León sí han sido concedidas a los Ayuntamientos de Salamanca, Palencia, Burgos, Valladolid, Zamora, Ponferrada, Ávila y León.

El Ministerio de Transportes no ha respondido a las preguntas formuladas por este diario.

El alcalde de Segovia, José Mazarías (PP), ha perdido la votación este viernes en el pleno, en el que no ha conseguido aprobar sus Presupuestos de 2025. Los cinco partidos de la oposición (Vox, Ciudadanos, IU, Segovia En Marcha y PSOE) han votado en contra de las cuentas que promovía José Mazarías, quien también ha señalado cómo ninguna de las cuatro enmiendas a la totalidad presentadas ha salido adelante.

“Han criticado la falta de acuerdo con este equipo de gobierno. Lo que ha quedado claro es que entre ustedes tampoco ha habido entendimiento”, ha manifestado el regidor 'popular', al que le bastaba la abstención de un solo concejal para poder aprobar los Presupuestos.

La oposición ha reclamado que presente una cuestión de confianza como ha hecho la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, tras la ruptura con Vox por las ayudas a las ONG que trabajan con población migrante. La concejala de Hacienda, Rosalía Serrano, ha asegurado que no van “de víctimas”. Sobre la cuestión de confianza, la edil de Hacienda y portavoz del equipo de gobierno ha asegurado que será el equipo de gobierno el que decida “cuál es el camino a seguir”.

El alcalde de Segovia ha asegurado que esto no supone una “derrota” para el equipo de gobierno, sino para la ciudad. “Con su voto han secuestrado el futuro de los segovianos”, ha afeado Mazarías a los cinco grupos de la oposición. “No aprobar estas cuentas no tiene nada que ver con el documento elaborado, tiene que ver con razones políticas y personales. No se han molestado ni en estudiar unas cuentas que no tienen nada de políticas y sí de realistas, razonables, posibles y ajustadas”, ha manifestado el regidor segoviano.

Acusa a Vox de recurrir a una vendetta

Mazarías ha acusado a Vox de recurrir a la “vendetta personal” y de alinearse con los partidos de izquierdas, especialmente el PSOE, a los que sigue “a pies juntillas todas sus decisiones con tal de hacer daño y herir a este equipo de gobierno”. “Me sorprende que uno de los integrantes de Vox, una persona culta e inteligente, con una dialéctica digna de los grandes parlamentarios, se deje embaucar por la portavoz socialista para tumbar unos Presupuestos cuando ella fue incapaz de presentar siquiera en los meses en los que estuvo como alcaldesa”, ha reprobado Mazarías.

La portavoz del Grupo Vox, Esther Núñez, ha recordado a Mazarías que gobierna en minoría. “Todo el mundo lo sabe pero parece que usted no lo ha asimilado”, ha afeado. La concejala ha criticado la “soberbia” de Mazarías y se ha preguntado dónde está su “credibilidad”. “Carece de toda voluntad de diálogo”, ha protestado la edil, que ha acusado al alcalde de tomar a los segovianos por “tontos”.

Por su parte, la concejala de Ciudadanos, Noemí Otero, ha reprochado la “falta de capacidad gestora y negociadora” del alcalde, que durante las negociaciones del Presupuesto “solo ha tratado de imponer”. “Tiene la oportunidad de volver a presentarlos con el consenso del Ayuntamiento y se niega porque no quiere negociar, dialogar. Le animo a que cambie de actitud y sea verdaderamente el alcalde de todos los segovianos”, ha reclamado Otero, con quien el Partido Popular ha estado negociando.

IU reprocha el “maltrato” a Ciudadanos

Ángel Galindo, de IU, ha acusado a Mazarías de querer “responsabilizar” a la oposición “de sus errores políticos”. Galindo ha recordado cómo el PP quiso gobernar en minoría, cómo fue el pacto fallido con Vox para un gobierno de coalición y ha denunciado un “maltrato” a Ciudadanos “que no se entiende”. “La señora Otero se abstuvo para facilitarles la votación de las tasas. En ese mismo pleno votaron en contra de una moción suya bastante sencilla de aprobar y de cumplir. Si a sus socios preferentes les tratan como les tratan, se genera una situación de total ingobernabilidad”, ha rematado el concejal de Izquierda Unida.

Mazarías ha afeado a la concejala de Ciudadanos que tardara 12 días en responder a la llamada que le hizo el alcalde para negociar los presupuestos, con un diálogo que ha durado meses con los concejales del Partido Popular. El alcalde ha llamado al orden a la portavoz socialista en dos ocasiones por interrumpirle mientras él cerraba el debate.

Mazarías ha pedido a la concejala socialista que “deje de contagiar y cohibir” a su grupo “como si todos tuvieran que opinar y pensar” como Clara Martín. “El PP ha actuado con soberbia, de forma totalmente opaca, negociando con Vox a espaldas de los ciudadanos, para luego negar un pacto firmado por el puño y letra del alcalde”, ha rematado la también exalcaldesa.

El PSOE reprocha al alcalde que se haga “la víctima”

La portavoz socialista ha reprochado que la estrategia del alcalde pasa por “hacerse la víctima”. “Las víctimas son los segovianos, que comprueban cada día cómo Segovia retrocede”, ha afeado Martín, que cree que el PP no ha sabido asumir que gobierna en minoría y tiene un gobierno “a la deriva”.

Desde Segovia En Marcha, Guillermo San Juan, ha lamentado que los Presupuestos sean “desquilibrados” y “privilegia a los ya privilegiados”. “Es el resultado de la incapacidad para llegar a acuerdos con otras formaciones políticas a su derecha”, ha rematado San Juan, quien ha defendido que su modelo de ciudad es otro. “No dejan de lado sus caprichos y antojos, que anteponen acualquiera de las prioridades de la ciudad”, ha concluido.

En el cierre del debate, José Mazarías ha insistido en el trabajo “titánico” de elaborar este presupuesto y ha insistido en que sus cuentas no tienen un fondo político, algo que ha rechazado la oposición en bloque.