La Fundación Concordia y Libertad del Partido Popular, que desde octubre de 2018 está presidida por Adolfo Suárez Illana, actual secretario cuarto de la Mesa del Congreso y uno de los fichajes estrella del líder del PP, Pablo Casado, y cuyo vicepresidente primero es el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, recibe cada año más de 458.000 euros de la Comunidad de Madrid –gobernada por PP y Ciudadanos– por gestionar dos Centros de Participación e Integración de Inmigrantes (CEPI).

Estos centros, creados durante los gobiernos de Esperanza Aguirre y que dan información, asesoramiento y formación a inmigrantes, son organismos públicos que dependen de la administración que preside Isabel Díaz Ayuso, una de las grandes apuestas de Casado y cuyas políticas pone como ejemplo de lo que haría él si llega a la Moncloa. Pese a estar cofinanciados en un 50% por la comunidad madrileña y en otro 50% a través del Fondo Social Europeo de la Unión Europea, la gestión de los CEPI es, no obstante, privada y se suele adjudicar a fundaciones o asociaciones benéficas que trabajan con población inmigrante.

En 2015, antes de que la Fundación Concordia y Libertad –entonces llamada Humanismo y Democracia (H+D)– estuviera vinculada al PP, la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid adjudicó a la ahora fundación 'popular' la gestión de los CEPI de Alcobendas/San Sebastián de los Reyes y Usera/Villaverde con un plazo de ejecución “del 1 de febrero de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2017”. Pero las dos adjudicaciones se prorrogaron en 2017 durante tres años, hasta el 31 de diciembre de 2020. Cuando se aprobaron las prórrogas, el 25 de octubre de 2017, la fundación ya formaba parte del PP.

Tal y como consta en la correspondiente orden de la Consejería de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid, en el caso del CEPI de Alcobendas/San Sebastián de los Reyes, el contrato se prorrogó por un importe total de 681.854,48 euros, distribuido en tres anualidades –las referidas a 2018, 2019 y 2020– de más de 227.000 euros. Para el CEPI de Usera/Villaverde la cuantía total de la prórroga ascendió a 692.441,84 euros, distribuida en tres anualidades de más de 230.000 euros. Sumados ambos contratos, la Fundación Concordia y Libertad recibe de la Comunidad de Madrid 458.000 euros anuales.

La fundación señala en su página web que el objetivo con esta actividad de gestión de los CEPI “es la promoción del bienestar de las personas, la prevención de situaciones de riesgo de exclusión y las compensaciones de déficit de apoyo social, centrando el interés en los factores de vulnerabilidad y dependencia, en estrecha colaboración con los Servicios Sociales públicos”.

Este diario se ha puesto en contacto con la fundación para conocer su valoración acerca de que sea una administración gobernada por el propio PP, partido que a su vez es dueño de la propia fundación, la que financie su actividad. El departamento de comunicación de Concordia y Libertad ha delegado la respuesta en Domingo Delgado, director del CEPI de Alcobendas/San Sebastián de los Reyes, que defiende que la adjudicación de la gestión de estos centros “sale a concurso público” y que la fundación se presentó al celebrado en 2015, siéndole adjudicados los dos mencionados centros.

Según señala Delgado, el concurso fue “transparente y cristalino” y la fundación, pese a su pertenencia al PP, “tiene derecho a presentarse” y si “los técnicos, dentro de su solvencia técnica, consideran que el pliego es el mejor”, es correcto que les sea adjudicada la gestión de los mencionados CEPI. “No existe favoritismo alguno”, remarca, para insistir en que la fundación, a lo largo de su historia, ha trabajado con “gobiernos de todos los colores”. “El ideal de la fundación no es otro que ayudar a sus usuarios”, remarca.

Como explica la organización en sus últimas cuentas anuales, “con fecha de 2 de abril de 2017 el patronato de la Fundación Humanismo y Democracia aprobó por unanimidad la vinculación formal de la fundación al Partido Popular, con sujeción a la ley de partidos”. Desde entonces, quien ocupa la Secretaría General del PP es también el vicepresidente primero de la fundación.

Creada para la “sociedad civil de centro derecha”

Entre 2017 y 2018 ese cargo lo ocupó, por tanto, la entonces secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal. Tras el triunfo de Casado en las primarias y la remodelación de la cúpula popular, el vicepresidente primero de la fundación es el actual secretario general, Teodoro García Egea.

En las citadas cuentas anuales, correspondientes al año 2018, también se remarca que a fecha de 20 de diciembre de 2018 y “a propuesta de su presidente”, que ya era Suárez Illana, el patronato de la fundación aprobó el cambio de denominación de H+D por Fundación Concordia y Libertad. En octubre de ese año, Casado había anunciado la creación de dicha fundación –aunque en realidad solo se trató de un cambio de nombre– a bombo y platillo en una rueda de prensa en la que también nombró como presidente al hijo del primer presidente de la actual etapa democrática.

La Fundación Concordia y Libertad pretendía ser, según Casado, el “centro” en el que “la sociedad civil de centro derecha” tuviera su sitio. Según anunció entonces el líder del PP, “no hay nadie que pueda ejemplificar mejor con su legado profesional y personal” esa concordia y esa libertad como Suárez Illana. Este último aseguraba, por su parte, que la fundación que preside “no es del PP sino de la sociedad a la que sirve”. Además, justificaba su nueva responsabilidad en que “la concordia y la libertad tal y como se concibió en la Transición está seriamente amenazada”.

H+D –ahora llamada Concordia y Libertad– fue la fundación de referencia del PP desde abril de 2017. La FAES de José María Aznar había roto con los populares en octubre de 2016 y el partido, en manos de Mariano Rajoy, vinculó esta sociedad creada en 1977 y con la que mantenían una “relación de afinidad”. El objetivo de la integración de la fundación en el partido era que el PP siguiera optando a subvenciones públicas que, tal y como explicó eldiario.es en enero de 2019, ascendieron a casi 20 millones de euros de dinero público en seis años, entre 2010 y 2015.

Otras polémicas de la fundación

El pasado lunes, El Confidencial reveló que Laura López de Cerain, alta funcionaria y ex alto cargo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), había sido condenada a siete años de inhabilitación precisamente por favorecer a la fundación vinculada al PP en proyectos de ayuda al desarrollo. La sentencia considera probado que, en 2014, López de Cerain, que llegó a ser secretaria general de la AECID, cambió las puntuaciones para que esa fundación obtuviera una subvención y que lo hizo “sin que existiera ningún criterio técnico que fundamentara dicha modificación”.

Por otro lado, los CEPI ya estuvieron en el centro de la polémica en 2009, apenas unos años después de que se crearan los primeros de estos centros por la Comunidad de Madrid entonces presidida por Esperanza Aguirre. El diario El País publicó entonces que la congregación Legionarios de Cristo, investigada por el Vaticano, controlaba a través de la Fundación Altius-Francisco de Vitoria 4 de estos 17 centros.

La congregación ultracatólica percibía entonces –ya no consta que ningún CEPI esté gestionado por esa organización– 1,6 millones al año de las arcas regionales por encargarse de cuatro CEPI. Y, al menos en uno de ellos, los legionarios aprovechaban para hacer apostolado y campaña contra el aborto entre los inmigrantes.

La derivación de pacientes de la sanidad pública a la privada es objeto permanente de discusión en los foros de salud. El debate se centra en los modelos de gestión, en el peso específico de la concertación en la actividad asistencial o en el poder que ejercen potentes empresas sanitarias en la toma de decisiones sobre el destino de los fondos públicos. Pero hay un camino inverso, más desconocido, que ha sido causa de controversia en los últimos años en Canarias. El Tribunal Supremo acaba de resolver un litigio que mantenía enfrentadas a las clínicas privadas con el Servicio Canario de Salud (SCS) desde al menos 2017. El alto tribunal ha dado la razón a una de ellas, el Grupo Quirón, y le ha eximido del pago de los gastos que tuvo que asumir el Hospital de La Candelaria, en Tenerife, para asistir a tres pacientes extranjeros sin seguro médico que fueron derivados desde el servicio de urgencias de la clínica que la empresa tiene en el sur de la isla, dada la imposibilidad de este centro de prestar a esas personas una atención integral.

El Supremo no se había pronunciado hasta la fecha sobre esta cuestión, por lo que la resolución judicial recientemente dictada fija doctrina. La sentencia, fechada el pasado 22 de junio, tumba el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que, en mayo de 2018, había avalado que se cargaran esos gastos a las clínicas privadas. El tribunal canario había incidido en que esos tres pacientes no habían acabado en el Hospital de La Candelaria por iniciativa propia, sino por decisión de los facultativos que los atendieron en la Clínica Quirón de Costa Adeje, que no disponía de los medios necesarios para prestar la asistencia que esas personas requerían y que solicitó ambulancias de soporte vital básico y avanzado para su traslado al centro público.  

Para el TSJC, el sistema público no debe asumir las consecuencias de esas carencias. De lo contrario, recoge la resolución, “se estaría favoreciendo la captación de pacientes (por parte de los centros privados) ofreciendo una prestación sanitaria sin soportar los costes de mantener los medios para dicha prestación”. Una práctica que, a juicio de los magistrados canarios, acarrearía otras dos consecuencias: “la sobrecarga del sistema público con asistencia a pacientes que no tienen derecho a ella” y “el acceso de ciertos pacientes de la privada a la pública por una vía privilegiada sin sumisión a las listas de espera y sin satisfacer contraprestación alguna por ello”.  En este caso, el importe de las facturas giradas por el SCS ascendía a 446.850 euros.

Ahora el Supremo ha estimado el recurso de casación presentado por el grupo hospitalario Quirón contra esa sentencia del TSJC.  El alto tribunal concluye que, a diferencia de las compañías aseguradoras sanitarias, los hospitales privados no son terceros obligados al pago, es decir, no deben asumir el coste de la derivación de pacientes a la sanidad pública a no ser que “una norma legal o reglamentaria” así lo declare o que medie “algún contrato o convenio”.

“Cuando un paciente solicita su asistencia a urgencias de un hospital privado, el centro no está obligado por ley, ni se obliga contractualmente a prestar una atención integral en todas sus especialidades, sino que presta únicamente una primera asistencia en urgencias y, en su caso, y si fuera necesario, en las especialidades y con el equipamiento que libremente decida”, con la limitación de la cartera de servicios que tenga autorizada por las autoridades sanitarias y “por la propia decisión del paciente”, señala la resolución del Supremo, que remarca que las clínicas privadas “no cobran prima alguna” por garantizar un servicio integral a los pacientes y solo facturan por la asistencia que prestan, sin obtener ningún beneficio de derivarlos a la pública.  

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo recuerda que la figura del “tercero obligado al pago”, recogida en la Ley General de Sanidad de 1986, persigue la necesidad de “no destinar fondos adscritos a la sanidad pública cuando las prestaciones ya estén cubiertas por otros mecanismos”, es decir, “cuando deban ser asumidas por aquellas entidades que tienen la obligación legal o contractual de hacerlo”. Los magistrados del alto tribunal español comparten la tesis de los representantes del grupo Quirón de que la clínica privada “no tiene la obligación” de llevar a cabo esa prestación de servicios integral a los pacientes, a diferencia de las aseguradoras o de las mutuas, por lo que “no utiliza recursos públicos sin soportar los costes”.

El hospital privado defendía además que no se anunciaba públicamente para captar pacientes e, incluso, que “descarga de trabajo” al sistema público respecto de aquellos pacientes que “voluntariamente” deciden acudir a sus centros. Además, recordaba que desde que entraron en vigor las normas sobre los “terceros obligados al pago”, los servicios de sanidad de otras comunidades autónomas habían decidido no girar las liquidaciones por las asistencias prestadas a pacientes inicialmente atendidos en clínicas de titularidad privada. “En ningún caso se puede considerar que se enriquezca injustamente”, señalaban los servicios jurídicos de Quirón, que añadían que el centro se limitó a “cobrar la asistencia que prestó a los pacientes en urgencias”, sin que exista “ahorro de importes de servicios que esté obligado a prestar”.

Antes de esta última sentencia del Supremo, el TSJC había dictado una decena de resoluciones dando la razón a la administración autonómica y obligando a las empresas privadas, entre ellas las tinerfeñas Hospiten o Clínica Parque, a abonar los costes de esas derivaciones a la pública.

Los representantes de las comunidades autónomas, en una reunión extraordinaria de la comisión delegada de servicios sociales con el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que lidera Pablo Iglesias, dan cuenta esta tarde de a qué han destinado el reparto del Fondo Social Extraordinario para hacer frente a la emergencia de la COVID-19. Fueron 300 millones de euros que el Gobierno aprobó el pasado 18 de marzo vía real decreto para financiar los servicios sociales durante esta primera parte de la pandemia, concretamente los destinados a cubrir las necesidades de “personas mayores, dependientes, personas sin hogar o familias monoparentales”, es decir, especialmente vulnerables.

El dinero fue pagado de una sola vez por trámite extraordinario, estipuló el Ministerio de Derechos Sociales. Los proyectos han sido llevados a cabo durante las semanas de crisis sociosanitaria, y han sido presentados antes de la reunión a la Directora General de Diversidad Familiar y Servicios Sociales, Patricia Bezunartea, que los ha recopilado en un informe al que ha tenido acceso eldiario.es.

Las comunidades, entre todas, se han gastado durante la crisis el 33,54% de esos 300 millones, es decir, unos 100 millones, en ayudas directas en ingresos para las familias, ya fueran de urgencia o de inserción. Le siguen los refuerzos para centros sociosanitarios, el 20,32%, unos 60 millones. Casi lo mismo, el 19,40%, ha ido a servicios sociales de proximidad para compensar medidas como el cierre de comedores o de centros de día. Se han beneficiado de unas cosas u otras, estiman, 13.099.997 de personas. Más de 6 millones de ellas, de la compra de material de protección (EPIs, mascarillas, guantes...).

Las consejerías lo han dividido todo en proyectos, un total de 673. El reparto de los 300 millones se hizo teniendo en cuenta factores como cantidad de población, el número de ciudadanos mayores de 65 años y menores de 16, cantidad de grandes urbes o insularidad: la que más recibió fue Andalucía (51 millones), seguida de Catalunya (45) y Madrid (38). Se reservó el 0,5% para Ceuta y Melilla y el 1,5% para La Rioja. La comunidad que más proyectos ha presentado es Madrid: 263. Andalucía y Catalunya, que tenían más presupuesto que Madrid, han presentado 13 y 8 respectivamente.

El Ministerio clasificaba nueve ámbitos a los cuales podían destinar las consejerías sus fondos. Podían hacerlo a servicios de proximidad; a teleasistencia; a ayudas a domicilio a personas dependientes; a recursos y personal para atender a personas sin hogar; a reforzar plantillas de centros sociosanitarios, como residencias; a la adquisición de EPIs; a partidas de dinero para familias sin recursos; a ayudas a la conciliación para familias monoparentales; y uno abierto, que no encajase en ninguno de los anteriores supuestos y a criterio de las comunidades y de los Servicios Locales, pero debidamente argumentado. A esto último ha ido el 16% de los 300 millones, 48.

La Comunidad de Madrid es así de largo la región que más proyectos diferentes ha desarrollado, incluso para el mismo tipo de ámbito. Ha destinado la mitad de su presupuesto que le dio el Gobierno, 15.083.854,88, a la compra de EPIs, que justifican al Ministerio con un total de 25 proyectos. A lo segundo que más, 6.693.557,99, a las residencias, muy azotadas por la crisis: lo han desagregado en 44 proyectos distintos. 5.300.922,89 han ido para ayudas a las familias, en 17. A lo que menos han dado ha sido para ayudas a la conciliación de familias monoparentales: 57.199 euros.

Catalunya contaba con 7 millones de euros más y ha destinado prácticamente lo mismo que Madrid a reforzar sus residencias de ancianos y de personas dependientes durante la crisis, 6.309.640 de euros, pero lo presenta al Ministerio en un solo proyecto, no en 44. Su partida más exigua, 1 millón de euros, ha ido a las personas sin hogar. Andalucía, la que más dinero ha recibido, ha dado a la gestión de residencias algo más de 11 millones de euros, pero también –como Catalunya– en un solo proyecto. La segunda comunidad que más proyectos ha presentado al Ministerio es Euskadi: 125. Todos destinados a lo mismo: recursos económicos para las familias. El gobierno vasco ha volcado en ello la totalidad de los fondos sociales que le correspondían en el reparto del Gobierno, más de 13 millones de euros.

Los 300 millones de las comunidades corresponden a un fondo social extraordinario que el Gobierno decidió al principio de la crisis, no son los fondos no reembolsables para la reconstrucción, 16.000 millones, que finalmente no tendrán una partida dedicada exclusivamente a servicios sociales, algo que creó malestar en el sector.

La concesionaria de los hopitales privatizados valencianos Ribera Salud y el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz piensan finalizar este miércoles 3 de junio el macroproyecto de test masivos en el municipio madrileño. Cuando finalice, según explican en una nota de prensa, habrán conseguido hacer la prueba de anticuerpos para la COVID-19 a 140.000 habitantes. Y todo gracias al comportamiento “altruista” de la empresa propiedad de la multinacional Centene cuyo principal cliente es la Generalitat Valenciana.

Así, según la propia información oficial de Ribera Salud, los 60 sanitarios desplazados desde los hospitales del Vinalopó (Elche) y Torrevieja habrán estado casi dos semanas trabajando gratuitamente en el municipio madrileño, pero con una nómina pagada por sus servicios en las áreas sanitarias de la Generalitat Valenciana. Y es que según Ribera Salud, los enfermeros y enfermeras de la concesionaria han acudido “voluntariamente” a Torrejón de Ardoz en este proyecto cuyo coste de personal le saldrá gratis al ayuntamiento gobernado por el PP.

Estos 60 sanitarios, 35 del área de salud del Vinaopó y 25 de Torrevieja, están residiendo en hoteles de la zona desde el pasado domingo 24 de mayo. El inicio del test masivo arrancó con cinco días de retraso -viernes 29- porque carecía del aval de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid que finalmente sí que lo dio. Desde hace cuatro días los empleados de Ribera Salud ya trabajan a toda velocidad para finalizar la prueba de seroprevalencia masiva que ahora también reclaman otros municipios. El Ministerio de Sanidad se ha opuesto a este tipo de pruebas a gran escala.

Según un comunicado enviado el pasado viernes por Ribera Salud, para la realización de esta campaña masiva de test se cuenta “con un centenar de profesionales (asistenciales y no asistenciales) del grupo Ribera Salud que se han prestado voluntarios para este proyecto, por lo que la asistencia en el hospital universitario de Torrejón se mantiene en los niveles habituales”. Es decir, el personal movilizado salió desde Elche y Torrevieja (60) y de otros hospitales que gestiona la concesionaria, como por ejemplo el recién adquirido Provisa de Vigo, pero no requirió de ninguno del hospital que gestiona Ribera Salud en el mismo Torrejón de Ardoz.

“Los profesionales proceden de diferentes regiones de España, y se han desplazado en sus días libres, sin interferir en la actividad cotidiana que realizan para el grupo, y por tanto, sin verse alterado en ningún momento la plantilla, turnos, horarios o funcionamiento de sus centros habituales de trabajo”, explicaron desde el grupo Ribera Salud. La pregunta es, ¿pueden 35 sanitarios dejar un hospital durante más de diez días y no afectar al normal funcionamiento del centro?¿Los voluntarios han donado sus días libres sin ninguna contraprestación?

La actuación de Ribera Salud ha molestado y mucho en la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por su opacidad, pero también porque se han detraído recursos para un proyecto privado, más aún cuando son conscientes de que las nóminas de estos trabajadores salen de los pagos que la Generalitat Valenciana realiza por la gestión de la concesión. Por ello ha abierto un expediente informativo para que la empresa aclare una situación que no les había comunicado.

Según el mismo comunicado, “no es la primera vez que Ribera Salud realiza estas pruebas a la población”. En las últimas semanas, añadieron, el grupo “ha realizado test serológicos a más de 10.000 personas, entre ellas al personal del Ayuntamiento de Elche, los miembros de la Policía Nacional y Guardia Civil de Elche y Torrevieja y otros funcionarios públicos, así como a profesionales y residentes de las residencias de sus áreas de influencia, y por supuesto, a los más de 6.000 profesionales del grupo”. Todos dentro de su área sanitaria, por la que cobran de la Generalitat Valenciana.

Una vez hecho este experimento en Torrejón de Ardoz, ¿realizará Ribera Salud test gratuitos a todos los habitantes de la ciudad de Elche o de Torrevieja? Difícil, porque una actuación así sería demandada por los demás consistorios del área sanitaria como ha pasado en Madrid.

Respecto a los sanitarios desplazados, el perfil es muy similar puesto que se trata de personas jóvenes y con contratos temporales, lo que dificulta la oposición a ofrecer casi dos semanas de días libres para este proyecto. El propio comité de empresa, que se encuentra demandado por Ribera Salud y al que le pide 200.000 euros por una supuesta difamación, ha mantenido un perfil público bajo pese a que en privado algunos de sus miembros también se muestran molestos con la situación.

Polémica en Murcia a cuenta de los presupuestos de la Comunidad, que se aprobaron este martes en la Asamblea regional. PSOE y Podemos han denunciado, en plena pandemia, un recorte presupuestario en el área de Sanidad de 57,5 millones de euros, que corresponderían a las partidas de material sanitario y farmacia hospitalaria.

Así lo han denunciado el diputado de Podemos Rafael Esteban y el secretario de Comunicación del PSOE Murciano, Jordi Arce, que ha tuiteado en su cuenta que los presupuestos de PP, Cs y Vox recortan 54 millones de euros a la sanidad.

Al mismo tiempo, han criticado la subida salarial del presidente del Ejecutivo murciano, el popular Fernando López Miras, que ha contemplado en las cuentas de la Comunidad un aumento de sus emolumentos de 3.000 euros al año, ajustándolos así con los de la vicepresidenta del Ejecutivo regional y consejera de Política Social, Isabel Franco, y la consejera de Hacienda y portavoz, Ana Martínez Vidal. Ambas de Ciudadanos y ambas también diputadas, cobran al año un fijo de 75.533 euros, frente a los 72.706 euros.

En cuanto a los recortes en Sanidad, para Podemos “resulta imposible asumir unas cuentas que consagran recortes en el Sistema Murciano de Salud y en la sanidad en general de más de 57 millones de euros”, en un momento en el que “todos los ciudadanos y ciudadanas estamos viendo el coste que tiene para la seguridad y para la salud no haber atendido la sanidad, especialmente la Atención Primaria”.

Según este partido, y PSOE, estos recortes se han producido en material sanitario (30 millones) y farmacia hospitalaria (recetas) 27,5 millones, lo que se especifica en unos documentos a los que ha tenido acceso este periódico. Sin embargo, la reducción en dichas partidas no ha evitado que el presupuesto de sanidad en su conjunto suba en 2 millones, según ha podido saber eldiario.es Región de Murcia de fuentes parlamentarias socialistas. Lo explica en su cuenta de Twitter el socialista Emilio Ivars.

Según los datos aportados por la Consejería de Salud del Gobierno regional a este medio, el presupuesto en 2019 fue de 1.927 millones y en 2020 es de 1.930.

Sin embargo, desde Podemos explican que la subida del sueldo de los funcionarios sanitarios del 2% contemplada este año, supone ya 100 millones de euros; por lo que si el presupuesto solo sube 2 millones, “el resto sale de recortar otras partidas, la más sangrante, por importante, es la de farmacia y material sanitario”.

Por su parte, desde Ciudadanos han declarado a eldiario.es Región de Murcia que los presupuestos están desfasados y hay un compromiso de modificarlos. “Nosotros ya dijimos en el pleno que en Sanidad hay que subir la dotación”. Aunque no todas las voces en esta formación tienen el mismo discurso. La portavoz del Gobierno, Ana Martínez Vidal, ha criticado en su cuenta de Twitter las informaciones que hablan de los recortes.

Vox y los bulos

Para rematar el culebrón informativo, Vox ha emitido este jueves un comunicado en el que ha tachado de “bulo” esta información y ha destacado el “refuerzo” de la plantilla médica de hasta 50 efectivos en formación, “dotándose de personal especialista a los servicios de hemodinámica y cirugía vascular del Hospital Santa Lucía de Cartagena”, lo que ha considerado un logro de su formación, que ha sido piedra angular en la aprobación de las cuentas junto a los socios de Gobierno, PP y Cs.

Y ha atribuido lo que, en su opinión, son informaciones falsas al “despecho” del PSOE “creando, como marca la tradición, nuevos bulos que ponen en duda la beneficiosa aprobación de los presupuestos”.

Esta semana ha acompañado la polémica a la aprobación de los presupuestos. Ya este martes se desataron las tensiones de nuevo en el Gobierno de coalición entre Partido Popular y Ciudadanos. Las últimas negociaciones presupuestarias (sin éxito), entre el PP y el PSOE, levantaron ampollas entre las filas naranjas, al haber dejado fuera de las reuniones a Ciudadanos, según denunciaron desde el partido.

El portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos, Juan José Molina, se lo reprochó al presidente del Gobierno murciano durante el pleno de la Asamblea regional. Molina le afeó a López Miras que “nos haya dejado de lado en su intento de llegar a un acuerdo con el PSOE, que habría sido histórico”. Los de Ciudadanos se habían alineado con la propuesta socialista, según pudo saber este periódico, por “sensata” y “asumible”.

El Ayuntamiento de Arteixo (A Coruña) no quiere salir de la crisis derivada del coronavirus con una estampa de comercios cerrados. Para ello ha diseñado un plan de ayudas que engloba a “todos” los autónomos del municipio. El plan que pretende aprobar el gobierno del PP en esta localidad de poco más de 30.000 habitantes consta de tres fases e incluye ayudas de hasta 3.000 euros. La única condición para cobrar el cheque consiste en comprometerse a no cerrar los negocios al menos en los seis meses posteriores al cobro de la ayuda.

Conformado por 13 parroquias y más de una docena de playas, la importancia económica de Arteixo radica en el gigante Inditex, cuya sede central está ubicada en el municipio. Esta población ocupa el quinto lugar a nivel del Estado en municipios con mayor facturación empresarial, solo superado por Madrid, Barcelona, Alcobendas y Bilbao. Se trata del ayuntamiento más poblado de cuantos gobierna ahora el PP en Galicia. Su alcalde, Carlos Calvelo, se ha permitido aprobar ayudas que ni siquiera el Gobierno de la Xunta, como recuerdan las críticas de la oposición y a diferencia de otros ejecutivos autónomos, ha puesto en marcha.

La idea del gobierno local de Arteixo es que todos los autónomos acogidos al Real Decreto del 14 de marzo reciban una ayuda mínima de 1.800 euros que puede llegar hasta los 3.000. En una segunda fase, el municipio también aprobará un subsidio para aquellos que, no cumpliendo los requisitos fijados por el Gobierno central, puedan demostrar una bajada en sus ingresos como consecuencia de la pandemia. “Este grupo recibirá una cuantía menor”, aseguran a eldiario.es desde el concello. En una tercera fase, Arteixo ampliará los pagos al resto de autónomos con la intención de cubrir al 100% de este sector profesional. Se trata de ayudas compatibles con cualquier otra que estén recibiendo estos empresarios y que solo están condicionadas al mantenimiento de la actividad empresarial.

Desde el consistorio explican que su plan de pagos para autónomos no vulnera la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ya que “las partidas salen del remanente de las arcas municipales” y tienen como destino una actuación extraordinaria. Para la fase uno, el gobierno municipal ha destinado una cuantía de dos millones de euros, de la que podrían beneficiarse un total de 800 empresarios.

Las ventajas del 'efecto sede' sitúan a esta pequeña población del extrarradio de A Coruña como uno de los lugares más seguros para acometer los meses posteriores al confinamiento. Según datos de 2017, las empresas radicadas en el municipio facturaron la friolera de 24.000 millones de euros. En las arcas municipales hay dinero sobrante y una decisión tomada: que ni un solo comercio eche la persiana tras la crisis, como si en la localidad se hubiera detenido el tiempo y el coronavirus no fuese con ellos.

Televisión Castilla y León, propiedad de los dos empresarios de la construcción y los medios, Antonio Miguel Méndez Pozo y José Luis Ulibarri -acusado en la pieza Gürtel de Boadilla- e imputado en la que afecta a Correa, además de en Enredadera y Púnica- ha conseguido arrancar a la Junta 20 millones de euros en forma de “subvención directa”, tal y como ha podido comprobar eldiario.es. El cobro de esta cantidad, que supera en un millón a la concedida en 2019, será por adelantado, mucho antes de que una auditoría demuestre que se han cumplido los objetivos.

Cada año, la Junta de Castilla y León concede la mal llamada subvención -la Audiencia Nacional en sentencia firme la calificó en 2018 como un contrato de prestación de servicios sujeto a IVA- a la televisión privada que explota su licencia de TDT. La fórmula de la “subvención directa” evita que la decisión pase por control presupuestario o por la Intervención de la Administración.

La cantidad que le otorga desde 2009 oscila entre los 18 y los 25 millones de euros, y se pueden cobrar por adelantado pidiendo un anticipo de hasta el 100%. La Junta obliga a justificar que la prestación del servicio se ha producido. En el caso de la ayuda de 2019, la fecha límite era el 31 de enero de 2020.

Este año, la Junta ya ha anunciado que Radio Televisión Castilla y León va a recibir al menos 12,7 millones por adelantado. El primer pago, “cuatrimestral” según explicó el vicepresidente Francisco Igea tras el Consejo de Gobierno del pasado jueves, será de seis millones, y el segundo será de 6,7. No queda fijado cuándo cobrará los 7,3 millones restantes. A pesar de las reiteradas preguntas de este medio, el vicepresidente no aclaró en esa rueda de prensa qué cantidad total cobraría la televisión durante este año, tan sólo se refirió a los dos primeros cuatrimestres.

Mejoras tecnológicas

¿Cómo justifica el Gobierno autonómico esta “subvención” de 20 millones? en el documento del acuerdo al que ha tenido acceso este diario y que firman el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se precisa que la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre -de la que forman parte todos los grupos parlamentarios- ha determinado que la empresa debe implementar “diversas mejoras de tipo tecnológico, en las condiciones de los empleados, en la programación y en los medios materiales que utiliza”. La Comisión determina las condiciones de “financiación del servicio a través de la concesión directa de una subvención por un importe de veinte millones de euros destinada a financiar los indicados objetivos y necesidades”.

En el acuerdo también se concreta que “como consecuencia de la disponibilidad presupuestaria existente en la fecha actual, motivada en la prórroga de los presupuestos de la Comunidad del ejercicio 2018 para el ejercicio 2020, el presente acuerdo da cumplimiento parcial a las condiciones de financiación establecidas por la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la Televisión Digital Terrestre, sin perjuicio de los acuerdos posteriores que se adopten para completar la financiación hasta el importe establecido”.

“Situación de emergencia derivada de la pandemia”

Para justificar la financiación de la televisión privada, se hace alusión a “la situación de emergencia derivada de la pandemia generada por el Coronavirus COVID-19” que “supone una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud debido al elevado número de ciudadanos afectados y a la limitación de derechos que ha supuesto la declaración del estado de alarma aprobado mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo”. En este sentido, la Junta de Castilla y León considera que “los servicios de comunicación audiovisual televisiva son servicios de interés general cuya importancia es cada vez mayor ya que garantizan el ejercicio de derechos y libertades fundamentales como la libertad de expresión y del derecho a recibir información”.

Motiva de este modo que es “imprescindible” que “desde los poderes públicos se garantice aún más el derecho de los ciudadanos a recibir información” y que “Radio Televisión de Castilla y León, S.A. es el único titular de una licencia para prestar servicios de comunicación audiovisual televisiva de ámbito autonómico”. Por este motivo la Junta “considera esencial garantizar el acceso a la información de los ciudadanos de Castilla y León” y justifica la “necesidad” de adoptar el acuerdo “en el momento actual”. No hay ninguna otra resolución de la Junta que justifique partidas presupuestarias para otros medios privados que informan igualmente a los ciudadanos.

Fuentes de la corporación empresarial que forma Televisión Castilla y León, han insistido en que “no se trata de un adelanto de la subvención”, sino que se procederá al pago como en años anteriores. En los acuerdos de las subvenciones de ejercicios pasados nunca se ha precisado, como en este de 2020, que se iban a cobrar cantidades en cuatrimestres.

Por otro lado, fuentes de la Comisión de Seguimiento indicaron a eldiario.es que fue en febrero cuando el director general de Televisión Castilla y León, Jorge Losada, explicó que la televisión debía adaptarse al formato HD y que esa adaptación técnica costaría un millón de euros. También se refirió a la actualización del IPC de las nóminas de los trabajadores. La situación de la pandemia y los gastos que ha tenido que asumir el Gobierno autonómico no han modificado el presupuesto que se decidió en febrero a la televisión privada.

Los 20 millones no es la única subvención directa que cobrará de la Junta. En abril del pasado año, “a propuesta del consejero de Fomento y Medio Ambiente y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día” autorizó la concesión directa de una subvención a Radio Televisión Castilla y León de 27.600.000 euros “para resarcirla de los gastos ocasionados por las cantidades soportadas en concepto de IVA”. Esta subvención directa se reparte en cinco anualidades: 6.500.000 euros en 2018 y 5.275.000 en 2019, 2020, 2021 y 2022.

Pero la televisión de los dos constructores no sólo se financia con la subvención, además obtiene publicidad de la Junta y de las Cortes de Castilla y León, esta última paga una media de 9.000 euros por un programa de media hora que se emite semanalmente. Durante esta Semana Santa la reemisión de procesiones de otros años ha contado con el patrocinio del Gobierno autonómico, diputaciones y ayuntamientos.

Alojar a toda costa un festival de música techno en un parque de Móstoles ha salido caro al Ayuntamiento. A los destrozos y los contratos irregulares, desvelados por eldiario.es, se suma un conflicto económico con la promotora. La celebración de Amanecer Bailando fue también el inicio de una crisis con los exsocios de Gobierno que terminó con una denuncia en Fiscalía.  

Las cifras bailan según quién las cuente. El Ayuntamiento asegura que han pagado los arreglos con la fianza y el seguro incautados a la promotora, mientras esta, que tiene detrás a la empresa Family Club Since 1995 S.L, apunta que el Consistorio aún le debe 30.000 euros. Un año y medio después, todo sigue empantanado. Además hay una espada de Damocles más: una tasa por el uso del espacio público cuya cuantía ha variado ya en dos ocasiones y que actualmente, según el Consistorio, se está revisando. 

Los técnicos fijaron una primera cuantía sobre los metros cuadrados que la promotora aseguró que necesitaría. Ascendía a 76.000 euros. Pero después una inspección fiscal determinó que la tasa, que se calcula multiplicando 0,5 euros por cada metro cuadrado, era muy superior. Ahora, el mismo equipo municipal asegura “a la hora de hacer el cobro los técnicos no estaban de acuerdo con la estimación y se está revisando”, apunta la portavoz municipal consultada, que confirma que la cantidad no se ha requerido a la promotora todavía. Según su versión, el cálculo tuvo en cuenta que todo el parque quedaba inutilizado por el evento “porque se bloqueaba la mitad”.

El promotor, en conversación con eldiario.es, asegura que nadie les ha pedido nuevas cantidades por la tasa, más allá de los 76.000 euros que pagaron y que consideran un exceso. También denuncia que el Ayuntamiento les debe “33.000 euros” y quitan hierro a los daños en el parque. “Son las consecuencias de un evento multitudinario de estas características, para eso está el seguro”, dice el promotor. 

La gestión de esta tasa motivó una denuncia de Más Madrid Ganar Móstoles a la Fiscalía, que no ha sido admitida a trámite. El partido puso en conocimiento del Ministerio Público un “fraccionamiento del pago” de la cuantía inicial que no cumplía, según la denuncia, “los requisitos marcados por la ley” porque debía ingresarse en su totalidad antes del montaje del festival y no se hizo. El tesorero del Ayuntamiento lo admitió en una comisión de investigación abierta en el municipio por este asunto, según recoge la denuncia, presentada cuando Más Madrid Ganar Móstoles aún formaba parte del Gobierno municipal. 

El escrito, que de momento no tendrá ningún recorrido legal por la desestimación, también explicita cómo se fijó la tasa inicial y cómo se disparó tras la inspección fiscal por la diferencia en la medición de la ocupación: de 157.7750 metros cuadrados a 294.949. “Una complementaria en principio no puede alcanzar el 200% o 300%”, justificaba el tesorero para justificar por qué se está revisando la cuantía de la tasa. El funcionario llega a expresar que no cumplirá con lo establecido por la inspección fiscal. “Nosotros como administración pública nunca nos excederemos más allá de lo que resulte justo y equitativo”. 

“El festival se embolsó un millón de euros y desapareció. No era algo nuevo. Ya habían actuado así en otros municipios, como El Álamo. Venían precedidos por el escándalo y destrozaron un espacio municipal”, dice en conversación con eldiario.es el exconcejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Miguel Ángel Ortega, de Más Madrid Ganar Móstoles. En los audios publicados por eldiario.es. sobre este escándalo, varios cargos del Consistorio estudian cómo arreglar el proceso irregular de los contratos verbales para arreglar los daños sin que el asunto pase por la concejalía de Medio Ambiente. 

Tensiones entre socios

Los socios de Gobierno de Noelia Posse presionaron para evitar que el festival se celebrara en la ubicación elegida inicialmente, el Parque Natural El Soto. Un informe de Medio Ambiente desaconsejaba alojar aquí el macroevento. La segunda opción, Prado Ovejero, no se negoció, según Ortega. “A partir de aquel momento la relación fue tensa y difícil pero solo quedaban unos meses para finalizar el mandato”, señala.

Este episodio desembocó en una pérdida de confianza mutua entre los socios, cuya relación terminó por romperse en octubre de 2019, cuando Más Madrid Ganar Móstoles se salió del Gobierno tras conocerse que la regidora había contratado a amigos y familiares como personal de confianza. El equipo municipal está desde entonces en minoría, sostenido por Podemos, que tiene una concejalía. 

El Partido Popular ha pedido este lunes explicaciones a la alcaldesa. “Debe explicar a los vecinos qué ha pasado. ¿Por qué formalizaron contratos verbales?”, se pregunta la portavoz conservadora, Mirina Cortés, que denuncia también la deuda relacionada con la tasa. “Aún esta empresa debe el importe y no conocemos que se le haya reclamado”, añade. eldiario.es se ha puesto en contacto con el festival sin obtener respuesta. 

El actual concejal de Hacienda, Aitor Perlines, informó en enero en el Pleno de que los servicios municipales habían tenido que reparar siete bancos, diez papeleras, varias puertas de acceso, caminos y bordillos y cuatro farolas ante las preguntas del PP sobre quién había asumido los costes de esas reformas. Las facturas de aquellos servicios aún no se han pagado porque se están revisando los “daños ocultos” que pueda tener aún el parque, según justifica el Ayuntamiento de Móstoles. Una portavoz del Consistorio asegura, con todo, que no se han producido pérdidas para las arcas municipales. 

Unos meses después de celebrarse el evento, el Consistorio informó de que rompía el convenio con la empresa. La compañía no había cumplido lo firmado. Un año y medio después, la polémica sigue viva, las facturas sin pagar y una deuda pendiente de cobro. 

La Agencia Valenciana Antifraude ha abierto una nueva investigación a una subvención de la Generalitat a Comunicacions dels Ports, la empresa que dirige Francis Puig, el hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Se trata concretamente del pago de una ayuda de 36.000 euros de fondos Rutalter-Leader concedidos por la Conselleria de Agricultura en 2010 con un gobierno del PP y que se abonaron en 2015 por el primer Ejecutivo del Pacto del Botànico, en aquel momento por el departamento que dirigía Elena Cebrián con el socialista Francisco Rodríguez Mulero como responsable de Agricultura. 

La nueva investigación, que nada tiene que ver con la que se sigue en el juzgado de Instrucción número 4 de València y por la que está imputado Francis Puig por las ayudas al valenciano, arranca de un informe elaborado por un funcionario que se ha acogido al protocolo de protección del denunciante de la Agencia Valenciana Antifraude. El empleado público revisó el pago de la subvención tras una petición de información de la síndica del PP, Eva Ortiz, y concluyó tras revisar el procedimiento administrativo de 2015 que “podrían haber hechos susceptibles de reproche jurídico”.

La revisión por parte del funcionario y con las conclusiones del expediente fue trasladada por el funcionario a sus superiores. La actual Conselleria de Agricultura dirigida por Mireia Mollà trasladó el expediente a la Agencia Valenciana Antifraude a finales del mes de diciembre de 2019 para que analizara el expediente y las posibles irregularidades detectadas por el funcionario.

A preguntas del eldiario.es, Francis Puig explica que la ayuda de 36.000 euros fue aprobada en 2010 para “la mejora de equipamientos e infraestructuras” del grupo mediático que dirige. La propuesta fue validada con fondos Ruralter porque era una inversión empresarial en una zona despoblada y de interior como es Morella. En concreto, asegura Francis Puig, llegaron a invertir “entre 300.000 y 400.000 euros”, por lo que estas ayudas no suponían ni el 10% del dinero invertido y “todavía” las están pagando.

El hermano del presidente de la Generalitat asegura que, en 2010 tras presentar el proyecto de su grupo de comunicación, la Conselleria de Agricultura les concedió la ayuda. “Años después se nos notificó que nos la quitaban sin ningún argumento, en un ejemplo más de persecución política del PP”, defiende. En ese momento, desde Comunicacions dels Ports presentaron un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de anularles la ayuda.

En el proceso, mientras se dirimía este contencioso, ganó las elecciones la izquierda. Según relata el propio Francis Puig, cuando el juzgado se dirigió a la Conselleria de Medio Ambiente el departamento se dirigió al hermano del presidente. “Analizaron el procedimiento y lo vieron todo bien, por lo que nos dijeron que si retirábamos la demanda nos pagaban la ayuda. Y eso hicimos”, apunta.

La inversión que se presentó a las ayudas en 2010 fue para mejorar el equipamiento y las infraestructuras del grupo de comunicación que comprende Els Ports Radio, Televisió Nord, Setmanari d'Informació Comarcal Notícies y la web comarquesnord.cat. Este grupo editorial da servicio a las comarcas de Els Ports y El Maestrat, pero también en las zonas limítrofes de Aragón y Catalunya. 

El proyecto proponía la creación de medios de comunicación en municipios de interior y también fue subvencionado por el Gobierno de Aragón.

Cuando la Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife culminó en tiempo récord, en una frenética mañana, el expediente de contratación del concierto que ofrecieron el cantante dominicano Juan Luis Guerra y la banda cubana Orishas en la penúltima edición del popular Carnaval de Día de la capital, la de 2019, faltaban apenas cien días para la celebración de elecciones municipales. El gobierno municipal, liderado por Coalición Canaria (CC) -en alianza con el Partido Popular (PP)-, pagó esa misma fecha (el 14 de febrero) la primera factura presentada por el productor Alfredo Moré, el bailarín cubano que, avalado por la directora del grupo Prisa en Canarias, había resultado adjudicatario de un contrato que se tramitó a través de un procedimiento negociado sin publicidad y por la vía de urgencia. Ese primer abono ascendió a 250.597,16 euros, exactamente la mitad del precio del concierto, que fue de 501.194,33 euros.

Ni el importe ni el adjudicatario fueron, sin embargo, los que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas que obra en el expediente. En este documento aparece como contratista Radio Club Tenerife-Cadena SER, organizadora del evento, por un importe de 412.378,64 euros. Es decir, cerca de 89.000 euros menos de los que realmente se pagaron con dinero público. Después de que, a finales del pasado mes de octubre, se conocieran algunos de los detalles de esta contratación, el gerente del Organismo Autónomo de Fiestas (OAF) en el momento de los hechos, José Ángel Alonso, se apresuró a asegurar que se trataba de un error y a aportar acto seguido un segundo pliego técnico, no foliado en el expediente, con el precio incrementado y el nombre de un productor local poco conocido que, sin embargo, contaba con el aval de una certificación de solvencia económica firmada por Lourdes Santana, directora en Canarias de Prisa, el mismo grupo de comunicación que tan solo unos días había renunciado en favor de este intermediario.

Mientras la Fiscalía Anticorrupción investiga, a raíz de una denuncia presentada por Unidas Podemos, ese sobrecoste y las extrañas circunstancias que rodearon esta operación, el oficial mayor del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el funcionario con habilitación nacional que ha instruido la información reservada abierta en la corporación local a raíz de las noticias publicadas por varios medios de comunicación, ha propuesto anular el expediente ante las “diversas irregularidades” en las que incurrió el órgano de contratación. Esta revisión de oficio podría conducir, según fuentes municipales consultadas, a la apertura de otro procedimiento para la reclamación de cantidades indebidamente cobradas. Sus conclusiones serán, además aportadas al Ministerio Fiscal por parte del Ayuntamiento.

“El importe me lo dieron dado”

En el marco de esta investigación interna, una funcionaria que participó en la tramitación del expediente del concierto de Juan Luis Guerra y Orishas en el Carnaval santacrucero manifestó que las negociaciones con Radio Club Tenerife- Cadena SER no habían llegado a buen puerto y que, por eso, el contrato tuvo que hacerse con otro representante. “El importe me lo dieron dado”, afirmó la técnica a preguntas del instructor sobre la sustancial diferencia de precios.

Ni Radio Club Tenerife ni Alfredo Moré han acreditado ser los representantes exclusivos del cantante dominicano y el grupo cubano en Canarias, a pesar de que el intermediario presentó una carta, firmada únicamente por él, en la que se atribuía esa condición. Para Francisco Clavijo Rodríguez, instructor de la investigación interna, ese documento no es más que una “declaración responsable”, “a todas luces insuficiente para demostrar esa exclusividad” que justificaría tanto el procedimiento utilizado (el negociado sin publicidad) como la ausencia de concurrencia. Para poder corroborar tal extremo, la carta debería estar firmada no solo por el representante, sino también por el propio artista. Este “vicio en la contratación” debería determinar, a juicio del habilitado nacional, la nulidad de pleno derecho del expediente de contratación al haberse prescindido “total y absolutamente” del procedimiento legal.

También considera causa de nulidad, por no estar justificada, la declaración de urgencia en la tramitación. La propuesta para la contratación de Juan Luis Guerra se firmó a principios de febrero de 2019, apenas un mes antes de la celebración de un concierto que, según los datos ofrecidos en su momento por los organizadores, reunió a más de 400.000 espectadores en las inmediaciones de la céntrica Plaza de España. Fiestas justificó esa celeridad en una “necesidad inaplazable” por la proximidad del Carnaval y en un interés público que derivaba del cartel de los artistas. Sin embargo, todos los técnicos que declararon ante el oficial mayor admitieron que conocían la fecha con seis meses de antelación, por lo que “se hace muy difícil entender la urgencia de la contratación”. El propio productor llegó a afirmar que los trabajos para llevar al conocido cantante dominicano a la capital tinerfeña se habían iniciado un año antes.

26.000 euros más en tan solo una semana

La tercera irregularidad apreciada en el procedimiento tiene que ver con el precio del concierto, que no fue negociado. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pagó más de medio millón de euros por los cachés de los artistas, los billetes de avión, el alojamiento y los seguros. En el caso de Orishas, la cotización que figura en los dos pliegos técnicos es la misma, 73.000 euros, el doble de lo que costó el concierto que este grupo ofreció en el sur de Tenerife varios meses después y 26.234 euros más de lo que pagó el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma tan solo una semana antes. El cambio se produjo en el coste de contratación de Juan Luis Guerra. En el pliego en el que figura en el expediente, con la Cadena SER como adjudicataria, el precio es de 339.021 euros. En el aportado por el exgerente del OAF fuera del expediente, con Moré como contratista, la tarifa ascendió a 427.837 euros. Para el instructor de la información reservada, estas discrepancias entre los pliegos son “llamativas”, pero carecen de relevancia penal.

Aunque los cachés de los artistas no permanecen inalterables y dependen, entre otros factores, de si el concierto se enmarca en una gira o responde a un requerimiento para una fecha concreta, lo cierto es que, cuatro años antes de su actuación en Santa Cruz de Tenerife, Juan Luis Guerra ofreció un espectáculo con motivo de las Fiestas de la Bajada de la Virgen de las Nieves de la capital palmera por un coste total de 175.000 euros, de los que unos 125.000 correspondían a la cotización del llamado rey de la bachata. Unas cantidades que, en cualquier caso, se sitúan muy por debajo del precio pagado por el Ayuntamiento de la capital tinerfeña.

Al margen de las sospechas suscitadas por estos sobrecostes, que el instructor no entra a valorar pero que están siendo analizados por la Fiscalía Anticorrupción, la propuesta de resolución sí que incide en el hecho de que el órgano de contratación omitió un elemento fundamental en el procedimiento de adjudicación, al no haber negociado ni las condiciones ni la duración de la actuación, aspectos que hubieran incidido en el precio del concierto. Además, el productor no presentó las facturas justificativas con relación a los gastos de vuelos, seguros de viajes y agentes de gestión de visados, alojamiento o material de los artistas, como exigían los pliegos, lo que no fue impedimento para que superara la fiscalización previa del servicio de intervención.

El empresario adjudicatario tampoco pudo acreditar su solvencia económica. La normativa de aplicación, la Ley de Contratos del Sector Público, exige que el candidato haya alcanzado en alguno de los tres últimos años un volumen de negocio que multiplique al menos por 1,5 el valor estimado del contrato, lo que en este caso se traduce en un mínimo de 705.907,5 euros. Moré aportó copias de su declaración de la renta en los ejercicios 2016, 2017 y 2018. El funcionario instructor remarca que esta documentación no se ajusta a lo especificado en los pliegos para justificar la solvencia y que, suponiendo “a efectos dialécticos” que su presentación hubiera estado motivada, en ningún caso hubiera ni siquiera rozado la cifra exigida, ya que la cantidad más elevada de esos años ascendía a los 80.257 euros.

La propuesta de resolución plantea el inicio de un expediente de revisión de oficio de la contratación por incurrir en tres supuestos de nulidad de pleno derecho.

La directora de Prisa en Canarias, Lourdes Santana, ha declinado hacer valoraciones sobre este informe.

La senda de estabilidad, es decir, los objetivos de déficit y deuda con los que se ha calculado el techo de gasto de los Presupuestos Generales del Estado de 2020, han sido aprobados este jueves en el Congreso de los Diputados por 168 votos a favor, 150 en contra y 19 abstenciones. 

En las votaciones, además de PSOE y Unidas Podemos, el Gobierno ha contado con el respaldo de PNV, Más País, Compromís, Nueva Canarias, Coalición Canaria, PRC y Teruel Existe. Esquerra Republicana, EH-Bildu y BNG se han abstenido, mientras que el PP, Vox, Junts, Ciudadanos, la CUP, UPN y Foro Asturias han votado en contra.

La abstención de los republicanos ha sido clave para que el proyecto se apruebe, al facilitar que haya tenido más síes que noes. 

“Hoy tenemos un gobierno en España que prioriza el diálogo a las porras”, ha dicho el portavoz de ERC Joan Margall, que en todo momento ha circunscrito su apoyo  de este jueves al diálogo abierto hace unas horas entre el Gobierno y la Generalitat y no a la propia senda de estabilidad y al techo de gasto que, según ha dicho, no les gusta. “Hoy no discutimos los objetivos de estabilidad, damos una oportunidad a la mesa de negociación”, ha insistido desde la tribuna de oradores durante el pleno del Congreso.

Por su parte, el portavoz de JxCat, Ferrán Bel, ha advertido de que a su juicio es un error vincularlo a la continuidad de la mesa de diálogo, porque en ese caso les obligaría a votar a favor de todas las iniciativas del Gobierno para que continúe. 

La ministra de Hacienda, María Jesús  Montero, se había comprometido además a flexibilizar la regla de gasto para darle un mayor margen a comunidades autónomas y ayuntamientos, tal y como reclaman, ha recordado, formaciones como ERC, EH Bildu, Compromís o Más País. 

Montero ha defendido en su intervención la senda de corrección del déficit público para los próximos años –1,8% del PIB en 2020, 1,5% del PIB en 2021, 1,2% del PIB en 2022 y 0,9% del PIB en 2023– para adaptarla a la realidad “económica, social y política” del país. Se trata del primer trámite en la Cámara Baja que debe cumplimentarse para acabar aprobando unas cuentas públicas que sustituyan los vigentes, diseñados por Cristóbal Montoro. La senda de estabilidad pasa ahora al Senado.

Ahora al Ejecutivo le tocará aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos de 2020. A finales de marzo o principios de abril el Gobierno tiene que mandar a Bruselas su Plan de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas. El proyecto deberá amoldarse al techo de gasto ya aprobado (y que no se somete a votación parlamentaria, solo se informa del mismo) y que es de 127.609 millones de euros, un 3,8% más que el año pasado.

El primer debate presupuestario a superar en el Pleno de Congreso será el de las enmiendas a la totalidad. Fue en esta votación cuando cayó el presupuesto de 2019, y con él el anterior gobierno de Sánchez. Si esta vez sale adelante, se abrirá la fase de negociación de las enmiendas parciales, donde seguramente deberán tener cabida algunas de las reivindicaciones de grupos minoritarios con los que Sánchez debió comprometerse para conseguir su voto en la investidura. La intención es que los nuevos presupuestos estén en vigor este verano. 

Cohesión, justicia social, lucha contra la desigualdad

Según Montero, las señas de identidad de las cuentas públicas serán “la cohesión, la justicia social, la lucha contra la desigualdad y la sostenibilidad”, respetando los compromisos de estabilidad presupuestaria y reducción del déficit público de la UE.

El modelo de crecimiento, según dijo, estará basado en la inversión en I+D+i y en la transición ecológica justa. Otro pilar fundamental será la política social, con una mayor inversión en materias como la dependencia, la pobreza infantil y el acceso a una vivienda digna. El compromiso del Gobierno en la lucha contra la desigualdad también se reflejará en los PGE mediante un mayor énfasis en los programas destinados a eliminar la brecha salarial o en políticas que avancen en la conciliación laboral y familiar y en recursos para combatir la violencia de género.

Por primera vez las cuentas públicas incorporarán un informe orientado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030, otro al impacto de género y un tercero a las políticas de infancia, juventud y familia.

El Congreso debate y vota este jueves la senda de déficit y deuda pública que el Gobierno ha calculado para este año y para el periodo 2021–2023, objetivos más flexibles que los actualmente en vigor. Se trata del primer paso por el Parlamento del armazón de los Presupuestos Generales del Estado para este año. En el trámite para 2019, el rechazo a la senda de estabilidad, que ni siquiera logró el apoyo de los socios de Pedro Sánchez en la moción de censura, fue un preludio de la caída de los Presupuestos, que a su vez precipitó la convocatoria de elecciones generales. De todos modos la senda de 2019 iba a ser tumbada en el Senado, donde entonces el PP tenía mayoría absoluta. Precisamente, este martes el Congreso dio el primer paso para eliminar esa posibilidad de veto de la Cámara Alta.

Para salir adelante, los objetivos tienen que obtener mayoría simple en el Congreso (más síes que noes). El Gobierno confía en sacar adelante el primer paso para conseguir aprobar los Presupuestos gracias a al menos la abstención de ERC y si JxCat pretende que la mesa de negociación entre los Ejecutivos de Madrid y Barcelona tengan continuodad. El resultado de la reunión entre el Gobierno central y la Generalitat invitan a creer que ambas formaciones no votarán en contra de la senda de déficit y deuda pública, pese a que el presidente de la Generalitat, Joaquím Torra, declaró al final de la primera reunión: “Lo que si nos hemos conjurado es que le damos mucha importancia a esta mesa como para aislarla del resto de temas”.

Este miércoles, el portavoz de esa formación, Gabriel Rufián ha estado en la zona de Gobierno en el Congreso, de nuevo acompañado de Adriana Lastra, y han abordado ese asunto, aunque la decisión se comunicará en el último momento. Fuentes de ERC reconocen que es factible que el resultado sea el apoyo a los objetivos de déficit dado que enmarcan este encuentro en una primera toma de contacto.

Esta vez, Unidas Podemos es parte del Gobierno, por lo que el grupo parlamentario claramente votará, junto al PSOE, a favor de estos límites de déficit y deuda, con los que a su vez se ha configurado el techo de gasto con el que se pretenden elaborar un presupuesto que sustituya al aún vigente, diseñado por Cristóbal Montoro. El Gobierno cuenta con que tendrá los apoyos que tuvo Sánchez en su investidura (PNV, PRC, Más País, Compromís, Nueva Canarias y Teruel Existe) y también con el de Coalición Canaria frente al anunciado 'no' de PP, Ciudadanos y Vox. En el caso de las formaciones con las que los socialistas alcanzaron acuerdos para la investidura, Montero ha recordado que buena parte de los pactos conllevaban medidas presupuestarias por lo que considera que este primer paso debe ser secundado.

También son necesarios los aliados de la investidura de Sánchez. El PSOE se ha reunido con Bildu, que ha abierto la puerta a facilitar la medida. “Históricamente nos hemos negado a apoyar los techos de gasto porque conculca la autonomía de los ayuntamientos. Estamos valorándolo y veremos a ver qué pasa”, ha dicho la portavoz, Mertxe Aizpurua, antes de verse con Adriana Lastra y Rafael Simancas. La vicesecretaria general del PSOE se ha mostrado convencida, no obstante, de que le darán los números: “Estamos trabajando intensamente para que salga adelante y estoy convencida de que saldrá”.

El BNG ha decidido en el último momento denegar su apoyo a la senda de déficit que plantea el Gobierno de coalición, aunque su negativa no es determinante para inclinar la balanza para que tumbe la iniciativa.

Una de las personas que estuvo en esta mesa será la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. Este miércoles ha recordado a ERC y JxCat que para hacer posible que continúe el diálogo sobre Catalunya que se abre esta tarde “este Gobierno tiene que tener estabilidad y el principal instrumento para la estabilidad son los Presupuestos”.

Si la senda pasa la votación parlamentaria, al Ejecutivo le tocará presentar el anteproyecto de Ley de Presupuestos de 2020 para poder iniciar un trámite que suele prolongarse tres meses. A finales de marzo o principios de abril el Gobierno debe mandar a Bruselas su Plan de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas. El proyecto deberá amoldarse al techo de gasto ya aprobado (y que no se somete a votación parlamentaria) y que es de 127.609 millones de euros, un 3,8% más que el año pasado.

El primer debate presupuestario a superar en el Pleno de Congreso será el de las enmiendas a la totalidad. Fue en esta votación cuando cayó el presupuesto de 2019, y con él el anterior gobierno de Sánchez. Si esta vez sale adelante, se abrirá la fase de negociación de las enmiendas parciales, donde seguramente deberán tener cabida algunas de las reivindicaciones de grupos minoritarios con los que Sánchez debió comprometerse para conseguir su voto en la investidura. La intención es que los nuevos presupuestos estén en vigor este verano.

Cohesión, justicia social, lucha contra la desigualdad

Según explicó en una reciente comparecencia parlamentaria Montero, las señas de identidad de las cuentas públicas serán “la cohesión, la justicia social, la lucha contra la desigualdad y la sostenibilidad”, respetando los compromisos de estabilidad presupuestaria y reducción del déficit público de la UE.

El modelo de crecimiento, según dijo, estará basado en la inversión en I+D+i y en la transición ecológica justa. Otro pilar fundamental será la política social, con una mayor inversión en materias como la dependencia, la pobreza infantil y el acceso a una vivienda digna. El compromiso del Gobierno en la lucha contra la desigualdad también se reflejará en los PGE mediante un mayor énfasis en los programas destinados a eliminar la brecha salarial o en políticas que avancen en la conciliación laboral y familiar y en recursos para combatir la violencia de género.

Por primera vez las cuentas públicas incorporarán un informe orientado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en la Agenda 2030, otro al impacto de género y un tercero a las políticas de infancia, juventud y familia.

El gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso (PP), es el que más gasta en altos cargos desde el mandato de Cristina Cifuentes, un 36% más, según los datos obtenidos y analizados por eldiario.es con los registros oficiales de todas las legislaturas desde 2015. También es el que más número de altos cargos ha nombrado desde esa fecha.

Los altos cargos incluyen consejeros, viceconsejeros, directores generales, directores de área, comisionados, consejeros delegados de empresas públicas como Metro o gerentes de organismos autónomos, como el 112 o la Agencia de la Vivienda Social. En definitiva, la cúpula del gobierno con poder ejecutivo, sin contar con sus asesores nombrados discrecionalmente. Según la tabla de retribuciones oficiales, los salarios van desde los 103.090,32 euros que cobra la presidenta a los 75.084 que cobran los directores de área, el director del Museo Arqueológico o el torero Miguel Abellán en el Centro de Asuntos Taurinos. El reciente fichaje de Miguel Ángel Rodríguez como jefe de gabinete supone 93.855 euros anuales. Los consejeros tienen un sueldo asignado algo mayor, de 100.556,52.

El vicepresidente Ignacio Aguado es el miembro del gobierno que más cobra, 104.928,60, es decir, que su salario es más alto que el de la presidenta. Fuentes oficiales de la Comunidad explican que así está recogido en la ley de presupuestos y ponen de ejemplo que hay secretarios de Estado que pueden cobrar más que ministros. Fuentes de Ciudadanos, sin embargo, especifican que la anomalía se debe a que Cristina Cifuentes bajó su salario y el de los consejeros en un momento en que el que no había vicepresidente de Gobierno. Cuando lo ha habido, en la actual legislatura, no se ha visto afectado por el recorte porque no se le aplicó en su momento.

Por gobiernos, el de Ángel Garrido (hoy en Ciudadanos) superó a su antecesora Cristina Cifuentes cuando dimitió por el caso máster, y subió el gasto de más de 780.000 euros mensuales en altos cargos al mes a casi 900.000, según los cálculos hechos por este medio (abajo la nota metodológica). Pedro Rollán, que estuvo en funciones como presidente de Madrid durante el periodo electoral hasta que Ayuso constituyó un gobierno (del 11 de abril al 19 de agosto de 2019) rebajó un poco el gasto, hasta algo más de 800.000 al mes.

Pero la llegada de Díaz Ayuso y el gobierno de coalición con Ciudadanos ha llevado esa cifra a los 1.209.898 euros mensuales en altos cargos, según resulta de la suma basada en los datos oficiales proporcionados por la propia Comunidad actualizados. La mayoría son de consejerías que tiene el Partido Popular, que ha nombrado a la mayoría (85 en total, frente a los cincuenta de Ciudadanos). Fuentes de Presidencia precisan que “Madrid es la comunidad que cuenta con menos altos cargos por habitante: 1 por cada 52.624, por debajo de la que existe en Cataluña e infinitamente inferior a la de regiones donde gobierna el Partido Socialista”. Sin embargo, los habitantes empadronados en Madrid se han mantenido estables desde 2015 mientras que el gasto público en altos cargos ha crecido más de un 30% con la actual presidencia. En parte, porque se ha aumentado el número: si Cifuentes tenía 156 perfiles de este tipo, el gobierno de Ayuso y Aguado cuentan con 163. El aumento numérico no justifica el aumento en gasto total debido a que son solo siete altos cargos más, de modo que el incremento de dinero destinado a salarios se explicaría en que se les paga más porque ocupan puestos más altos que en anteriores gobiernos.

La paridad sí ha mejorado ligeramente en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ya que ahora casi el 37% de los altos cargos son mujeres, frente al 30% del gobierno de Cifuentes o el 33% en la época de Rollán y Garrido. Aún así, la ley de igualdad recomienda a que sea al menos el 40%.

Los distintos gobiernos han cesado a altos cargos del anterior y han nombrado a personas de su confianza, al margen de los que hayan podido heredar y mantener. Excepto Pedro Rollán, que no nombró a ninguno puesto que su presidencia fue en funciones. Ayuso ha nombrado a casi tantos como Cifuentes (139 frente a 145), renovando toda la cúpula de Gobierno. Garrido, al hacerse cargo de la Comunidad de Madrid tras la dimisión de Cifuentes nombró a 52 personas de su confianza y mantuvo a la mayoría. 

Sin embargo, hay cargos que se han mantenido en el tiempo al margen de los cambios de Presidencia. Por ejemplo, el director del Museo Arqueológico Regional, Enrique Baquedano, lleva 19 años y es el alto cargo que lleva más tiempo en el gobierno de Madrid. Le sigue en antigüedad José Macías, director de área en la Consejería de Educación desde 2003. El tercer puesto del ranking lo ocupa Regina Otaola, exalcaldesa de Lizarza y directora de la Agencia de Reinserción del Menor de Madrid desde 2011.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado que para noviembre quiere presentar un “primer esqueleto” de reforma de la financiación autonómica de las comunidades de régimen común (es decir, todas menos el País Vasco y Navarra, además de Ceuta y Melilla), pendiente de afrontar desde 2014. La tarea de reformar un sistema que peca de falta de transparencia y una endiablada complejidad será difícil, máxime cuando se querría contar con el consenso de los principales partidos.

El sistema de financiación autonómica establece el modo en que se financian las competencias y políticas transferidas a las autonomías. Las complicaciones del actual modelo, que data de 2009, se cruzan con cuestiones políticas como las demandas independentistas en Catalunya (que lleva años sin participar en estos foros de discusión) o la actitud que mantendrá una comunidad en función de si está gobernada por el mismo partido que el Gobierno central o por su oposición.

A continuación recopilamos algunas preguntas y respuestas sobre temas que se discutirán en los próximos meses, con información del informe del comité de expertos de todas las comunidades que organizó el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, compuesto en un 40% por votos particulares expresando matizaciones y desacuerdos con el resto, y de la Ley Orgánica de Financiación de las comunidades autónomas (LOFCA), entre otras fuentes.

¿A qué afecta la financiación autonómica?

España ha pasado de tener una estructura política casi completamente centralizada a situarse entre los países más descentralizados de la OCDE. Ahora mismo las comunidades autónomas absorben más de un tercio del gasto final total de las Administraciones Públicas y más de la mitad de su personal. Gestionan muchos de los servicios públicos con una incidencia más directa sobre el bienestar de los ciudadanos, incluyendo la sanidad, la educación y los servicios sociales, como la dependencia.

Por eso, para construir el “esqueleto” del que hablaba Montero se van a crear tres comisiones en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (donde se coordinan la Hacienda Estatal y las comunidades autónomas, en materia fiscal y financiera) sobre gasto sanitario, educación y dependencia, con el objetivo de establecer el coste efectivo de estos servicios, así como el análisis del gasto y el consenso en medidas de eficiencia.

¿Cómo se financian estos gastos con impuestos?

Las comunidades se financian a través de tributos. Hay algunos totalmente cedidos, es decir, que se gestionan y se tiene capacidad normativa sobre ellos (sucesiones y donaciones, juego, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, determinados medios de transporte, hidrocarburos, electricidad y tasas afectas a los servicios traspasados).

Esta capacidad normativa es uno de los principales puntos de fricción: hay comunidades (por ejemplo Madrid) que han bonificado casi por completo algunos de estos impuestos, lo que según Montero provoca un efecto de dumping fiscal, es decir, de movimientos de dinero y residencia entre comunidades buscando la menor tributación. La idea del Ministerio es establecer algún tipo de armonización. Parte de los expertos del comité de Montoro proponían tipos mínimos y máximos en sucesiones y donaciones.

En cuanto a los tributos parcialmente cedidos, las comunidades reciben el 50% de la recaudación del IVA (sin que puedan modificar los tipos) y del IRPF (aquí sí hay capacidad de decisión sobre el mínimo personal y familiar, el 50% de la escala general de gravamen y las deducciones). Además, reciben el 58% de los impuestos especiales que se aplican al alcohol y el tabaco adquiridos en la comunidad. Siempre se trata de impuestos recaudados en cada autonomía.

¿Qué pasa con las entregas a cuenta?

En los últimos meses han sido noticia las entregas a cuenta. El motivo es que aunque haya tributos cedidos total o parcialmente, es Hacienda, es decir, el Estado central, quien los recauda. Para repartirlo, en primer lugar se calcula a través de los Presupuestos Generales del Estado cuánto se va a recaudar. Después, el año siguiente, va transfiriendo mensualmente a las comunidades lo que ha calculado que les corresponde. A los dos años se liquida la operación, es decir, se ve si lo que se ha entregado a cuenta es más o menos de lo realmente recaudado. En ese momento las comunidades reciben dinero extra o por el contrario deben devolverlo.

El problema de los meses pasados ha sido que con el gobierno en funciones y con prórroga presupuestaria la ley impedía la entrega de estas cantidades mensuales. Finalmente, ante las dificultades financieras que estaban sufriendo las autonomías se decidió aprobar un decreto para liberar 4.680 millones para las autonomías y 822 para los ayuntamientos.

Al margen de estos anticipos a cuenta debe situarse el conflicto abierto por el IVA de diciembre de 2017, 2.500 millones que las autonomías dejaron de percibir por la entrada en vigor del un nuevo sistema de información y que, al haber pasado más de dos años para su liquidación, Hacienda no les va a transferir. Sí ha buscado un mecanismo paliativo: al considerar que las comunidades ya gastaron ese dinero en sus presupuestos de 2019 porque contaban con él, no les computará como déficit.

¿Qué son los fondos y qué contemplan?

Además de los tributos, las comunidades autónomas se financian a través de varios fondos: el primero y más importante es el de garantía, considerado la caja común del sistema. Con él se tratan de garantizar en todo el territorio un nivel mínimo de los servicios públicos fundamentales. Se consideran como tales la educación, la sanidad y los servicios sociales esenciales. A este fondo, que luego reparte el Estado, cada comunidad debe aportar el 75% de sus ingresos tributarios, y la Administración Central pone el resto.

El punto de fricción es el reparto. En la actualidad se hace en función de población (30%), superficie (1,8%), dispersión territorial (0,6%), insularidad (0,6%), población protegida equivalente (38%), población mayor de 65 años (8,5%) y población entre cero y 16 años (20,5%). Hay comunidades, como Galicia, que se sienten discriminadas por este reparto y alegan que la despoblación y la edad avanzada de la población deberían pesar más en el reparto. Cuando Montero era consejera de Hacienda en Andalucía defendió que los ingresos de las comunidades autónomas debían determinarse según su población real ajustada y que la financiación de los servicios públicos se actualice anualmente, según el crecimiento del PIB nominal.

Como explica el catedrático de Derecho Financiero y Tributario Rafel Calvo en este artículo, “esta desagregación pormenorizada hace que la distribución sea compleja, lo que aleja el fondo de la opinión pública y además provoca, en ocasiones, que las comunidades propongan otros criterios que probablemente son más beneficiosos para los proponentes, lo que contribuye a aumentar la complejidad actual”.

Además de este fondo, existen otros como el de suficiencia global, que garantiza que cada comunidad autónomas siempre recibe más respecto al modelo anterior, y los de convergencia, destinados a garantizar el principio de ordinalidad (fondo de competitividad) y favorecer la convergencia regional en términos de rentas (fondos de cooperación).

Oxfam Intermón considera que la aprobación de un impuesto para gravar determinadas operaciones financieras, conocido como 'tasa Tobin', es una buena noticia, si bien se muestran críticos con diversos aspectos del proyecto de ley y confían en que al menos parcialmente puedan ser subsanados durante la tramitación parlamentaria.

El Impuesto a las Transacciones Financieras (que se aprobó este martes junto a la 'tasa Google') grava al intermediario financiero que ejecuta la orden de adquisición de acciones de empresas españolas con una capitalización bursátil superior a 1.000 millones. Pero según la responsable de Relaciones Institucionales de esta organización no gubernamental, Lara Contreras, debería ampliar su radio de acción y definir un destino final concreto de los ingresos que con ella se obtengan.

Ellos proponen la llamada 'tasa robin hood', “sacar dinero de los ricos para dárselo a los pobres”, ha explicado este miércoles en un encuentro con los medios. Los motivos para la crítica son que solo gravará las acciones a empresas con beneficios por encima de 1.000 millones, y ellos creen que debería alcanzar a acciones, bonos y derivados, que utilizara cualquier persona para especular. 

“Con la actual propuesta pretenden obtener 850 millones, con nuestra propuesta calculamos que se podrían recaudar 5.000 millones al año”, asegura. Además, el proyecto de ley sobre la mesa no habla de cómo se va a gastar el dinero, no es de carácter finalista. Lo que Oxfam Intermón pide es que los ingresos se inviertan en lucha contra pobreza, desigualdad y cambio climático. En concreto, destinarían un 50% de inversión en ayuda al desarrollo y otro 50% en políticas sociales en España.

CCOO y UGT también la ven insuficiente

Por su parte, secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha considerado este miércoles que los nuevos impuestos a las transacciones financieras y determinados servicios digitales, conocidos como tasa Tobin y tasa Google, no tendrán un efecto recaudatorio “demasiado grande”, informa Efe.

Momentos antes de participar en Gijón en una asamblea de delegados, Sordo se ha referido a estos dos impuestos con los que el Gobierno prevé recaudar 1.818 millones.

Sordo ha apuntado que la aplicación de la tasa de servicios digitales se demorará a finales de año, mientras que la tasa Tobin solo va a afectar a una pequeña parte de las transacciones financieras que hay en España y no va a resolver “ni remotamente” los problemas del país.

También para UGT “es evidente es que la implantación de estas figuras no resuelve en absoluto los problemas de recaudación insuficiente que tiene nuestro sector público”. Recuerdan que España ingresa 6,3 puntos de PIB menos que la media de la eurozona, lo que supone un déficit anual de unos 75.000 millones de euros.

“Por ello, es evidente que los dos nuevos impuestos tienen un papel menor en esta tarea que supone fortalecer el edificio tributario de nuestro país. Y, aunque se trata de figuras que mejoran la progresividad del sistema (que paguen proporcionalmente más los que más tienen), también su incidencia en este ámbito es reducida”, concluyen.

El Gobierno ha aprobado para 2020 un techo de gasto no financiero para el Estado central de 127.609 millones de euros, un 3,8% más que en 2019. Comparado con el año pasado, el crecimiento es menor (fue del 4,4%) en línea con una previsión menos optimista de la evolución de la economía. Por su parte, el déficit público queda situado en el 1,8% del PIB, lo que supone una flexibilización de 1,3 puntos respecto al objetivo “irrealizable” que aprobó el Gobierno del PP, según la ministra de Hacienda María Jesús Montero, y de siete décimas respecto a lo que el propio Gobierno socialista prometió a Bruselas hace pocos meses.

El techo de gasto incluye una previsión de más recaudación por ciclo económico y por las nuevas figuras fiscales, ha afirmado la también portavoz del Gobierno. Al respecto, ha asegurado que próximamente vendrán al consejo de ministros nuevas figuras fiscales como el impuesto de transacciones financieras y la llamada “tasa google”, así como la ley de lucha contra el fraude fiscal. Ninguna de estos impuestos tendrán efecto retroactivo, ha puntualizado.

El entorno de crecimiento económico que se espera es del 1,6% del PIB este año, en línea con los organismos nacionales e internacionales (cuatro décimas menos que en 2019 y dos menos que en su previsión anterior) ha explicado la ministra de Economía, Nadia Calviño, que ha comparecido tras el Consejo de Ministros junto a Montero. Para Calviño, el crecimiento económico está siendo “más robusto y equilibrado que en anteriores fases expansivas”. Pero al mismo tiempo, el cuadro macroeconómico está marcado “por un escenario de relativa incertidumbre similar a 2019”, ha añadido. Algunas amenazas han ido cambiando y evolucionando, como la salida del Reino Unido de la UE o las guerras comerciales, y han surgido nuevas incertidumbres como la epidemia de coronavirus. “En general el contexto relativamente volátil nos lleva a seguir un principio de prudencia”, ha señalado.

Además, se prevé que la tasa de paro pase del 13,6% este año al 13% en 2021 y acabe en el 12,3% en 2023. Esta última es la tasa que el Ejecutivo esperaba lograr ya este mismo año.

Estas cifras tendrán que ser aprobadas por el Congreso y el Senado, como pasos necesarios para la elaboración y presentación de unos nuevos presupuestos generales del estado que se conciben con un marcado carácter social tras el pacto PSOE-Unidas Podemos, y en el que deberán caber también los compromisos adquiridos por Pedro Sánchez para conseguir los votos de la investidura en materia de infraestructuras o financiación autonómica. Montero ha señalado que el calendario que sigue vigente es el de la aprobación antes de finales de verano de un nuevo texto, pero ha dejado claro que hasta que no tengan atados los apoyos no llevarán al parlamento un proyecto de ley.

El déficit de las autonomías, como se aprobó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del pasado viernes, será del 0,2% del PIB, mientras se queda en el 0,0% para las entidades locales. Teniendo en cuenta que según los últimos datos disponibles, aún no cerrados, el desequilibrio de la Seguridad Social cerró 2019 alrededor de 1,4% del PIB, la mayoría del déficit para este año volverá a caer en atender los pagos de las pensiones.

La voluntad del Gobierno es tener una hoja de ruta clara a través del Pacto de Toledo sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, ha afirmado al respecto Montero. Así, no se descarta que el estado asuma un mayor déficit y reduzca de cargas a la seguridad social con gastos que se entienden más propios de la administración general del estado, ha añadido la ministra.

La senda de estabilidad presupuestaria actual y oficial, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017, fijó un objetivo de déficit para el conjunto del Estado del 0,5% del PIB para 2020 y estabilidad presupuestaria ya en 2021, unas metas prácticamente inalcanzables, ya que las últimas previsiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez apuntaban a un déficit del 1,7% este año y del 0,4% en 2021, aplazando la estabilidad presupuestaria para el año 2022.

En 2019, el objetivo de estabilidad presupuestaria y que sigue vigente es un déficit del 1,3%. Las cifras de déficit comprometidas con Bruselas por administración son 0,3% del PIB (Administración Central), 0,9% (Seguridad Social), entidades locales (0% del PIB) y CCAA (0,1% del PIB). No obstante, estas cifras se van a ver superadas, según todos los datos disponibles y pronósticos.

En teoría, el Gobierno ha llegado a un consenso con la Comisión Europea (CE) para fijar los objetivos de estabilidad -déficit y deuda pública- que España tendrá que cumplir en el periodo 2020-2023.

El camino a partir de ahora

Una vez aprobados estos objetivos, llega el momento de convalidarlos en el Congreso y el Senado. Y es aquí donde el Gobierno deberá ser capaz de reeditar las mayorías que permitieron a Pedro Sánchez ser investido presidente del Gobierno.

De hecho, el año pasado lo que precipitó la convocatoria de elecciones fue que los mismos grupos que le apoyaron en la moción de censura no lo hicieron en los presupuestos de 2019. Por eso, seguramente superar dicho trámite no será tan sencillo como en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde además de contar con mayoría de comunidades gobernadas por el PSOE, el Ministerio de Hacienda tiene voto de calidad.

El pasado enero, el Parlamento otorgó la confianza al candidato socialista con los votos de su partido, Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias y BNG y la abstención de ERC y Bildu, que suman 18 diputados. Los votos en contra vinieron de PP, Vox, Ciudadanos, JxCat, CUP, UPN, PRC y Coalición Canaria.

Si finalmente fuese convalidado el techo de gasto y se ratificaran los nuevos objetivos, al Ejecutivo le tocará presentar el anteproyecto de Ley de Presupuestos de 2020 para poder iniciar un trámite que suele prolongarse tres meses. A finales de marzo o principios de abril el Gobierno debe mandar a Bruselas su Plan de Estabilidad y el Programa Nacional de Reformas.

El primer debate presupuestario a superar en el Pleno de Congreso será el de las enmiendas a la totalidad. Fue en esta votación cuando cayó el presupuesto de 2019, y con él el anterior gobierno de Sánchez. Si esta vez sale adelante, se abrirá la fase de negociación de las enmiendas parciales. Pedro Sánchez aseguró que querría aprobar su primer proyecto de presupuestos (ahora siguen prorrogados los de Cristóbal Montoro) antes del verano.

El tamaño de la economía sumergida de un país es difícil de medir, ya que precisamente se nutre de actividades que escapan de los controles estadísticos y del pago de impuestos de forma continuada o puntual. Pueden ser ejemplos de esta economía informal el famoso “con IVA o sin IVA” de algunas reparaciones, las rebajas por pagar en efectivo y no con tarjeta en ciertos establecimientos, pero también los trabajos sin contrato en sectores como la hostelería o el de tareas domésticas y el pago opaco de transacciones inmobiliarias.

En el caso español, los datos esgrimidos por el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, elevan a un 25% del PIB (más de 250.000 millones de euros) la economía “en b”, lo que provocaría una pérdida de ingresos a la Hacienda pública próxima a los 70.000 millones de euros. Por su parte, un informe de Funcas de 2018 analizaba una serie de diferentes estudios sobre la economía informal comparada con otros países que situaban esta actividad opaca en España entre el 18,5% y el 24,5% del PIB.

Bastante lejos de estas cifras, el plan estratégico 2020-2023 de la Agencia Tributaria, recientemente publicado, recoge que el conjunto de actividades no declaradas en España equivaldría al 11,2% del PIB, es decir, a unos 136.000 millones de euros. Este cálculo no es propio (no hay estimaciones oficiales sobre este fenómeno), sino de Friedrich Schneider, uno de los autores de referencia en la materia. En un estudio para el FMI de enero de 2018 junto a Leandro Medina, el académico matizaba algunas evaluaciones propias anteriores sobre el tamaño de la economía informal en España, que no obstante seguía situando por encima de la media europea (que encabeza Bulgaria con un 19,2% y cierra Suiza con un 3,9% del total de sus actividades). Calcularon el tamaño de las “economías en la sombra” en 158 países, centrados principalmente en actividades económicas y productivas y evitando actividades ilegales o criminales.

En realidad, los porcentajes que ofrecen Medina y Schneider son diferentes en función de la metodología aplicada y llegan a distintas conclusiones introduciendo determinadas cautelas y ajustes metodológicos para evitar duplicidades y sobreestimaciones. De este modo, usando otro método de cálculo, el porcentaje de economía sumergida en España sería del 17,2% del PIB. Y con otros ajustes menores, los autores hablan de un tamaño medio del 24,52% del PIB de las actividades que escaparían al control de la administración en el país.

En todo caso los propios autores, tras analizar cada una de las mediciones, señalan que el cálculo que establece un menor tamaño de la economía informal podría ser el más adecuado. “La economía sumergida se muestra considerablemente más pequeña, y este podría ser un valor más realista del tamaño”, aseguran. Para establecer el ajuste que en el caso de España daría como resultado un tamaño de entre 17,2% al 11,2% del PIB se resta el material comprado legalmente para la economía sumergida, el bricolaje y arreglos caseros o actividades de ayuda entre amigos o vecinos. Luego se deducen actividades ilegales como el contrabando. “Debido a estos factores se obtiene una economía paralela corregida que es aproximadamente dos tercios del tamaño macro de la economía sumergida”, explican.

La AEAT va más allá en sus reflexiones en relación a lo que supone para la recaudación de impuestos la economía sumergida. De este modo, advierte de que “constituye un claro error de concepto aplicar el porcentaje que representa la presión fiscal sobre el PIB a la cifra estimada de economía sumergida para de esta forma calcular la recaudación que se lograría si se consiguiera su conversión en economía formal”.

Esto es, recalcan que en ningún escenario todas estas actividades podrían pasar simplemente a ser totalmente legales ni todos los ingresos llegarían al mínimo para pagar impuestos.

“En la economía sumergida se incluyen actividades ilegales de imposible transformación en economía oficial, actividades de subsistencia difícilmente viables si se regularizaran, ingresos que nunca tributarían considerando la existencia de mínimos exentos e incentivos fiscales y, además, en ocasiones se pagan impuestos incluso desarrollándose actividades ocultas (por ejemplo, el IBI)”, resumen.

En esta idea también el Consejo General de Economistas, que hace hincapié entre las dificultades para medir estas magnitudes la divergencia entre las definiciones de economía sumergida o el equiparar este problema económico, es decir de rentas no declaradas por bienes y servicios, con el fraude fiscal, una cuestión de cumplimiento de obligaciones de pago que abarca más aspectos. El fraude fiscal no siempre es completo, señalan, con ejemplos como quien vende productos en la calle, desarrollando una actividad de economía sumergida pero no defrauda en todas sus obligaciones fiscales, ya que, por ejemplo, al comprar en el supermercado, está pagando el IVA.

Para Schneider y Medina, la economía sumergida incluye todas las actividades económicas que están ocultas a las autoridades oficiales por razones monetarias, regulatorias e institucionales. Las razones monetarias incluyen evitar el pago de impuestos y todas las contribuciones a la seguridad social, las razones regulatorias incluyen evitar la burocracia gubernamental o la carga del marco regulatorio, mientras que las razones institucionales incluyen la corrupción, la calidad de las instituciones políticas y la debilidad del estado de derecho.

Un coste recaudatorio de 24.000 millones

La Agencia Tributaria hace además referencia a autores que consideran que solo un 60% de la economía sumergida es susceptible de generar ingresos tributarios si se regularizase. Esto es, en el caso español lo sería en un importe equivalente al 6,7% del PIB si partimos del cálculo de Schneider anteriormente mencionado. “Aplicando a este último porcentaje el 35,2% que representa la presión fiscal sobre el PIB, se podría estimar que el coste recaudatorio que representa la economía sumergida se sitúa en el entorno del 2,36% del PIB”, más de 24.000 millones, frente a los 70.000 millones de los que habla Gestha y la propia Funcas.

En todo caso, cabe recordar para poner esta cifra en perspectiva que el gasto presupuestado en 2019 para prestaciones por desempleo y sanidad estatal ascendía en 2019 a 22.694 millones sumadas ambas partidas, es decir, menos de lo que cuesta a las arcas públicas la economía sumergida en el más optimista de los escenarios.

Y añaden que la Agencia Tributaria gestiona aproximadamente el 50% de los ingresos tributarios totales del país (el resto es competencia autonómica), “por lo que se puede estimar que el margen sobre el que la Agencia puede actuar por lo que se refiere a los incumplimientos fiscales derivados de la existencia de economía sumergida se sitúa en torno al 1,18% del PIB, es decir, en torno a 14.160 millones”.

“Existe una alta percepción de la existencia de fraude, cabe plantearse si tal percepción concuerda con la realidad”, reflexiona la Agencia Tributaria, que no obstante, en otra parte de su trabajo señala que “el coste recaudatorio de la economía sumergida y de los bienes y derechos ocultos sigue siendo elevado en España”.

La plantilla de la Agencia Tributaria cuenta en la actualidad con 25.400 efectivos, 2.000 menos que a finales de 2008, según datos del organismo. Con estas cifras, para igualar la media de la Unión Europea este conjunto de trabajadores debería crecer un 57%, a tenor de los datos que la AEAT recoge en el plan estratégico 2020-2023, recientemente publicado.

El organismo explica no obstante que esta es una cifra que “no es realista trasladar” al caso español debido a varios factores. El análisis de la AEAT indica que en esta gran diferencia influye muy directamente el hecho de que los países pequeños no puedan aplicar economías de escala en la misma medida que los grandes. Esto significa que creada la organización básica de Hacienda y si actúa sobre una estructura económica y social similar, el aumento del número de contribuyentes no tiene por qué exigir un aumento proporcional de funcionarios de Hacienda, ya que es posible aprovechar la organización básica y reducir el coste de cada unidad producida (ratio funcionario/contribuyente) a medida que aumenta el volumen de producción (número de contribuyentes a atender).

Por otra parte, el sistema de provisión de puestos de trabajo español, que atiende a los principios de mérito y capacidad, impide grandes incrementos de plantilla en el corto o medio plazo, añade el informe.

Más comparable resultaría la media de los cinco grandes países de la UE (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España), de los que nos separa individualmente un porcentaje del 21%. De hecho, dado que en el cálculo se incluye a la propia España, que probablemente baja la media, el crecimiento debería ser aún mayor para alcanzar a los países similares.

Para eliminar estos diferenciales con grandes países (incluida España en el cálculo), la plantilla de la Agencia Tributaria tendría que incrementarse un 21% respecto de la existente en 2017, fecha a la que se refieren los datos comparables de la OCDE, y el número de empleados debería pasar de 25.152 a 30.434. Si se intentase igualar la media de la UE, habría que elevar un 57% el dato de partida llegando a 39.489 empleados.

Los objetivos planteados por la AEAT son más modestos, y cuenta con avanzar “de manera decidida y en la media en que lo permitan las circunstancias” para recuperar una plantilla de dimensiones más próximas a las que han sido habituales durante toda su historia, en la que casi siempre ha contado con más de 27.000 empleados alcanzando máximos en el entorno de los 28.000 (esto es, entre un 6 y un 10% más que ahora).

En su informe, la AEAT recuerda la elevada edad media de la plantilla (52,16 años en 2018) y el previsible escenario de jubilaciones en los próximos años “que van a alcanzar los niveles más altos de la historia”, así como las dificultades para la incorporación de nuevos efectivos de determinados colectivos después de años con ofertas de empleo públicas reducidas.

Oposiciones pero también otros sistemas

Como ya ha señalado en otras ocasiones, la Agencia Tributaria quiere avanzar hacia un equilibrio entre el sistema actual de oposiciones como vía de entrada y la captación de profesionales por otras vías, por ejemplo expertos informáticos y tecnológicos, aunque creen que los exámenes tradicionales deben seguir siendo “el sistema objetivo y primario de acceso” a los cuerpos adscritos.

“Se requiere una reflexión sobre la configuración actual de los procesos selectivos con el fin de hacerlos más atractivos, en particular analizando sus desventajas en términos de duración e incertidumbre de éxito y promoviendo fórmulas para ayudar al acceso a la función pública desde posiciones económicas o sociales menos favorecidas para conseguir una estructura futura de personal alineada con sus necesidades”, afirman.

La Agencia Tributaria ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) su estrategia de lucha contra el fraude para 2020. Se trata de líneas muy generales de actuación que se dan a conocer todos los años. Los planes parciales detallados posteriores se reservan para el uso interno –con la obvia intención de no dar pistas– de la enorme maquinaria que vela por evitar la evasión y la elusión de ingresos públicos, bajo la batuta del Ministerio de Hacienda.

Los planes generales son prácticamente iguales año tras año (por ejemplo, recuerdan que someterán a una especial vigilancia patrimonial a los deudores condenados por delito fiscal o contrabando al objeto de detectar conductas de vaciamiento patrimonial y posibles insolvencias punibles). Pero añaden también pequeñas variaciones. El que se ha dado a conocer este martes ofrece una novedad relevante respecto a otros años: La AEAT pondrá en marcha en 2020 un plan especial de comprobación de contribuyentes que en sus declaraciones del Impuesto sobre Sociedades vienen consignando reiteradamente bases imponibles negativas pendientes de compensar en el futuro. El plan subraya la necesidad de verificar con intensidad la corrección de estos saldos a la vista de su incremento a lo largo de los años y del riesgo que ello implica de minoración indebida de tributación en ejercicios futuros.

¿Qué significa esto? Si un año, o varios, una empresa tiene pérdidas, puede “guardarlas” y consignarlas para compensar años futuros de ganancias, de forma que finalmente tendrá que pagar menos impuestos. Hay que tener presente que las empresas pueden en los ejercicios posteriores aplicarse o no las bases negativas que arrastren, restándoselas de la base positiva que generen o guardándoselas y limitándose a consignarlas para ejercicios futuros, según les convenga. A lo que hay que añadir que cabe que en los grupos y en sucesiones de empresas unas empresas se compensen bases negativas generadas por otras. Se disocia así el ejercicio en el que se resta la base negativa de aquel en el que se generó, en el que se produjeron las pérdidas.

Según determinadas fuentes tributarias, dos modificaciones legales del Gobierno de Rajoy incrementaron el riesgo fiscal de este mecanismo de compensación de bases. Por una parte, la nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades de 2014 eliminó el límite temporal para poder compensarlas, que con anterioridad estaba fijado en 18 años, aunque en esta misma ley se introdujo un límite anual del 70% de la base imponible previa y hasta un millón de euros. De este modo, mientras el periodo de prescripción de la posibilidad de liquidar el impuesto es de 4 años, y el periodo en que pueden comprobarse las bases negativas es de 10 años (esto es, el periodo en que Hacienda puede comprobar el ejercicio en que se produjeron las pérdidas que se compensan), la compensación puede hacerse sin límite temporal alguno. Para bases de más de 10 años, bastará con que la empresa acredite que las reflejó en su contabilidad.

Por otro lado, en la modificación de la Ley General Tributaria de 2015 dentro de la regulación de la prescripción se introdujo el artículo 66 bis, con el fin de dar cobertura para que Hacienda pudiese examinar hechos producidos en ejercicios prescritos (hace más de cuatro años) pero que tienen efectos fiscales en ejercicios no prescritos. Esto era algo que para tributos como el de Sociedades ya había reconocido el Tribunal Supremo. En este nuevo artículo se establece un límite de 10 años para comprobar bases negativas, pero además se establece que en inspecciones de alcance general se consideren comprobadas todas las bases negativas arrastradas, se estén aplicando o no en el ejercicio que se comprueba, con lo que, finalizada la inspección sin detectar ninguna irregularidad, se entenderán validadas a efectos fiscales. Ello entraña una enorme complejidad en empresas que trasladan de un año a otro multitud de bases negativas. Por ello se podría explicar la necesidad de un plan específico de comprobación de bases negativas, y no sólo de las aplicadas sino de las que queden pendientes de aplicar.

El problema de este sistema, y ahí es donde la Agencia Tributaria va a poner el foco de atención, es que hay empresas que pueden usar técnicas fraudulentas para declarar pérdidas contables de manera que reduzca en años subsiguientes en los que les haya ido bien su factura fiscal. Un caso, aunque no es ni mucho menos el único, es el de las llamadas “empresas zombies”, las que no son rentables pero sobreviven gracias a la financiación bancaria, y que según el Banco de España son un 8% del tejido empresarial en España.

No hay cálculo de lo que supone en pérdida de recaudación de esta medida, ya que no se trata de una deducción y por tanto no aparece en las estadísticas. Pero fuentes conocedoras de estas mecánicas hablan de miles de millones de bases negativas arrastradas por las empresas, por lo que la reducción de ingresos fiscales puede ser muy alta. 

Por el momento no hay intención de modificar la normativa que atañe a esta erosión de la base imponible desde la cuenta de resultados de la empresa, a tenor del pacto sobre fiscalidad entre PSOE y Unidas Podemos. 

En este contexto, el plan incluye la tradicional comprobación de bases imponibles negativas ya aplicadas, pero muy especialmente la revisión de aquellas que están pendientes de compensación en años siguientes. El objetivo es verificar la existencia, exactitud y origen de los saldos negativos, teniendo en cuenta que estos saldos pueden en el futuro ser compensados por las empresas que los generaron o por otras que continúen su actividad.

En relación con el control de los grandes patrimonios, se volverá a ampliar el número de contribuyentes propuestos para inspección, enfocando nuevamente la selección a supuestos que presenten importantes rasgos de opacidad o deslocalización.

Negocios altamente digitalizados y nuevos colectivos

Al tiempo que se realizan las habituales tareas de control sobre las multinacionales, grandes empresas y grupos fiscales, se pondrá especial atención en los nuevos modelos de negocio “altamente digitalizados”. Para ello, afirman que seguirán potenciando una “estrategia coordinada, continua e intensa de lucha contra la ocultación de ingresos, con personaciones apoyadas por personal de auditoría informática de la AEAT en las sedes donde se realiza la actividad económica y líneas de actuación contra los sistemas informáticos que permiten ocultar las ventas reales”. De igual forma, se prestará atención específica al posible acceso a la información cruzada disponible en las plataformas de venta por internet de bienes y servicios, en relación con el proveedor inicial de los mismos.

También en el ámbito de la lucha contra la economía sumergida, en 2020 se incorporarán “nuevos colectivos” con actividad económica, empresarial o profesional, como receptores de las cartas informativas con comparativas de ratios de actividad propios y de cada sector. El envío de cartas a pymes y autónomos hace unos meses advirtiendo de inconsistencias entre sus ingresos declarados y la media de su sector en localizaciones y con actividades parecidas provocó algunas protestas.

Quizá buscando que no se repita esta situación, Hacienda asegura que este proceso se producirá “en el contexto de la interlocución permanente con las organizaciones representativas de autónomos y pymes que marca el Plan Estratégico elaborado por la Agencia para explorar fórmulas compartidas que mejoren la aplicación del sistema tributario, el cumplimiento voluntario y la lucha contra la actividad no declarada que genera competencia desleal”. Se trata de misivas informativas y previas a cualquier procedimiento de comprobación.

El Operador del Mercado Organizado de Gas en la Península Ibérica (Mibgas), empresa de capital privado que financian los consumidores a través de la tarifa del gas, registró en el ejercicio 2018 las primeras pérdidas de su historia tras indemnizar con 724.000 euros a su expresidente, Antonio Erias. Exdiputado del PP, Erias fue colocado por el Gobierno de su amigo Mariano Rajoy en esa sociedad en el momento de crearse en enero de 2015 y la presidió hasta febrero de 2019. 

“Con fecha 14 de febrero de 2019, el Consejo de Administración ha aprobado la indemnización a realizar al Presidente de la Sociedad por un importe de 724.000 euros y el cese efectivo del Presidente”, explica Mibgas en sus últimas cuentas, recientemente depositadas en el Registro Mercantil, y que reflejan unos números rojos de 410.900 euros, frente al beneficio de 125.820 euros registrado un año antes.

La entrada en pérdidas de la empresa fue consecuencia del fuerte incremento de sus gastos de personal, que se dispararon un 47%, hasta 2,17 millones, por la provisión que tuvo que dotar en el ejercicio para hacer frente al cese de Erias, cuya salida, adelantada por eldiario.es, fue propuesta por el consejo de administración de Mibgas el 19 de diciembre de 2018. Según Cinco Días, Erias pretendía llevarse una indemnización todavía mayor que el consejo de la empresa redujo sensiblemente.

Catedrático de Economía Aplicada por la Universidad de A Coruña, Erias aterrizó en Mibgas tras ocupar distintos cargos en el PP durante tres lustros: fue concejal del Ayuntamiento de A Coruña (1999-2003), diputado provincial y Vicepresidente Primero de la Diputación Provincial de A Coruña (1999-2003) y durante tres legislaturas, diputado en el Congreso tras ser cabeza de lista por esa región en las elecciones generales de 2004, 2008 y 2011). Cercano también al fallecido Manuel Fraga, en la Cámara Baja fue portavoz de Energía del PP desde 2008 hasta que abandonó su escaño a finales de 2014 para irse a Mibgas.

Allí le esperaba una retribución anual superior a los 400.000 euros brutos, que, sumada a la indemnización que recibió por su cese, eleva su sueldo acumulado en esa etapa a cerca de 2,4 millones brutos. Su gestión recibió más críticas que alabanzas, incluyendo las del entonces ministro de Energía Álvaro Nadal, que llegó a señalar a Mibgas en enero de 2017 como uno de los responsables de un episodio de fuerte subida de la luz en plena ola de frío por el encarecimiento del gas. 

Un coche de 62.000 euros

Unos meses después, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ajustaría a la baja en 2,6 millones la retribución de Mibgas en un duro informe que cuestionó sus elevados gastos de personal, con un coste medio por empleado “superior al del resto de sociedades reguladas que realizan actividades análogas o comparables” (REE, el operador del mercado eléctrico OMIE y Enagás). 

Entonces, Competencia obligó a dejar fuera de las partidas sujetas a retribución regulada (a cargo del consumidor) las dietas de los consejeros de Mibgas y las amortizaciones derivadas de una de las primeras decisiones de Erias cuando llegó a la empresa: comprar un coche por unos 62.000 euros.

Tras la salida de Erias, que fue sustituido por Raúl Yunta, un directivo con larga experiencia en el sector gasista y en los reguladores sectoriales, el Mercado Ibérico del Gas cuenta en la actualidad con más de un centenar de agentes dados de alta y en él se negociaron entre enero y noviembre de 2019 un total de 51,8 TWh, casi el doble de lo registrado en todo 2018 (26,3 TWh). 

Al igual que su mayor accionista, el Operador del Mercado Ibérico de Energía, Mibgas tiene capital privado: sus accionistas son Omel (33%), su equivalente portugués OMIP (10%), Enagás (13,3%), la lusa REN y compañías del sector eléctrico petrolero, entre otras. Sin embargo, al financiarse por cuenta de los usuarios (a través del recibo del gas) y estar sus ingresos regulados, en ella tiene un papel determinante la Secretaría de Estado de Energía, que debe dar el visto bueno al nombramiento de su máximo responsable.