Cargos del Ayuntamiento de Móstoles admiten irregularidades en los contratos para arreglar los daños causados por un festival

El festival de techno Amanecer Bailando se celebró en un parque de Móstoles en septiembre de 2018, pero sus consecuencias siguen coleando un año y medio después. La convocatoria generó destrozos que se intentaron reparar con dinero público mediante “contratos verbales” con diversas empresas, según los audios a los que ha tenido acceso eldiario.es.

En esa conversación, dos cargos del Ayuntamiento y dos funcionarios hablan sobre cómo solucionar las irregularidades que han detectado en la tramitación de los contratos con las empresas. Proponen elaborar un informe para justificar lo que se ha hecho “mal”, empezar de nuevo el proceso para seguir los cauces habituales y de hacerlo todo antes de las elecciones para que un posible cambio de gobierno no desembocase en un escándalo.

En las grabaciones, J.S., el antiguo Director de Planificación y Seguimiento de Infraestructuras y cargo de confianza de la alcaldesa, Noelia Posse, admite en presencia de dos altos funcionarios municipales y otro director general, el de Hacienda, S.G., que contrató servicios por valor de más de 60.000 euros sin seguir el procedimiento legal. J.S. sigue en el Consistorio actualmente pero como ahora Coordinador de la Junta de Distrito. 

-P.D, oficial mayor: ¿Y eso se ha ido haciendo con contratos, por así decirlo, verbales con empresas?

-J.S, exdirector general de Planificación y Seguimiento de Infraestructuras: Sí. A mí me pasan un presupuesto, se lo he pasado a tesorería y me lo han aceptado… 

La conversación transcurre en un despacho del Ayuntamiento de Móstoles en enero de 2019, según ha podido saber eldiario.es. Han pasado cuatro meses de la celebración del festival y el Consistorio se encuentra con el problema de que la empresa organizadora, Family Club Since 1995 S.L, no quiere hacerse cargo del coste de los desperfectos, como establecía el convenio firmado con el equipo municipal. El festival, que duró dos días, provocó daños en la vegetación, los árboles y el mobiliario urbano (bancos y farolas) del parque. 

En la reunión, el director general de Planificación e Infraestructuras informa a sus interlocutores de que el festival le ha manifestado que no va a asumir sus obligaciones contractuales y los funcionarios idean una manera de regularizar los procesos de contratación ya iniciados sin expedientes. Dentro del despacho en el que se celebra la reunión hay además dos funcionarios: P.D., oficial mayor, actualmente en el cargo; y J.Z., viceinterventor general cuya plaza está vacante, según los datos oficiales de la web del Ayuntamiento.

El entonces director general de Hacienda, S.G., advierte de que la tramitación debe completarse antes de las elecciones porque “si llega otro gobierno la tenemos liada y bien gorda”. Este cargo fue cesado por Posse en marzo de 2019 después de denunciar al Consistorio por delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación de caudales públicos. La alcaldesa fue citada a declarar como testigo y el juez Pablo Ruz pidió investigarla por falso testimonio.

El oficial mayor advierte, en el mismo sentido, que habrá “una parte bien hecha y otra mal hecha” en la contratación porque aún quedan algunas mejoras por gestionar. “Lo que ya se ha hecho mal tienes que indicar que se ha hecho lo imprescindible. El resto se ha dejado para la tramitación ordinaria. ¿Pillas esto? Para darle a todo esto una cierta lógica”, afirma. Su consejo al director general de Infraestructuras es que se ampare en “la urgencia” para arreglar el parque para justificar esos contratos verbales. 

Según un correo enviado por uno de los responsables del festival en septiembre de 2018, al que ha accedido eldiario.es, la empresa organizadora se muestra dispuesta a pagar con la fianza depositada (60.000 euros) por esos daños. La compañía ha rehusado contestar a las preguntas de este medio. 

Las facturas sin pagar un año y medio después

Más de un año después, la situación sigue empantanada. Las facturas no se han pagado y la fianza tampoco se ha incautado, confirma una portavoz del Ayuntamiento de Móstoles, que justifica que la demora se debe a que se están haciendo “comprobaciones” sobre los “daños ocultos” que pudiera haber en el Prado Ovejero, el parque donde se celebró el festival. 

El Consistorio niega los contratos verbales que constata el audio publicado por este medio. “Lo que se hizo fue una toma de contacto verbal con las empresas adjudicatarias de contratos que ya trabajaban con nosotros para ver si podían asumirlo. Se hizo por la rapidez”, explica la portavoz oficial en conversación con eldiario.es. “Aquí no se hacen pagos ilegales y todo se ajusta a la ley. Ningún interventor permitiría que pagáramos una factura sin documento legal”, añade. eldiario.es se ha puesto en contacto con dos de las tres empresas contratadas, Ferroser Servicios Auxiliares y Trabajos Bituminosos S.L, sin obtener respuesta.

En la conversación grabada está presente J.Z, el viceinterventor del Ayuntamiento, que también colabora en dar directrices al director general de Infraestructuras para encauzar la situación conforme a la legalidad. “En el informe que se prepare, explicas las razones por la que se ha procedido a la contratación verbal. De esta no se  va a olvidar que tiene que ir todo con papelitos”, señala el funcionario. 

Según los cálculos realizados por los presentes en el despacho, los gastos del Ayuntamiento superan en 8.000 euros a la fianza con la que podrían cubrirlos. “Hemos palmado 8.000 euros”, apunta el que era director general de Hacienda. La inversión total necesaria para recuperar el espacio alcanza los 105.000 euros, según la portavoz del Consistorio (60.500 en reparaciones y 44.900 en “mejoras”). Esa cantidad no se cubre con la fianza y el seguro, pero de la diferencia “se hizo responsable la empresa”, dice la portavoz. Según su versión, el Ayuntamiento no ha tenido pérdidas por el festival.

El Gobierno municipal de Móstoles era un tripartito formado por PSOE, Más Madrid Ganar Móstoles y Podemos. Pero la crisis que vivió el Consistorio por las contrataciones de familiares y amigos de la alcaldesa en puestos de confianza hizo saltar el equipo municipal por los aires y provocó la salida de los dos concejales de Más Madrid Ganar Móstoles. El Gobierno ahora está en minoría. Ya antes, el festival había generado división entre los partidos y el PSOE accedió a cambiar la ubicación de la cita, que inicialmente iba a celebrarse en otro parque protegido pese a que no contaba con el visto bueno de Medio Ambiente. 

A raíz de los escándalos de Posse, además, se abrió una investigación dentro del PSOE para determinar si, con estos credenciales, debía seguir teniendo el carnet del partido. De momento, está suspendida temporalmente de militancia aunque el proceso para tomar una decisión definitiva lleva muchos meses guardado en un cajón. La baja cautelar se dictó en octubre. El secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco, pidió entonces su dimisión. 

En enero de 2019, el área de Medio Ambiente aún dependía de Gabriel Ortega, uno de estos dos ediles.  “No sé si nuestro amigo MAO -como se refieren a Ortega, por sus siglas- quiere meterse en esto. Hay que tirar a Urbanismo”, sugiere el entonces director de Hacienda, destituido por Posse. El objetivo, según los audios, es evitar que  los otros partidos del Gobierno conozcan las dificultades para regularizar los contratos.