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Casado carga la responsabilidad de las muertes a Sánchez y obvia la gestión de Díaz Ayuso en el epicentro de la pandemia

La Comunidad de Madrid, que pidió hacer vida "normal" una vez alertada de la epidemia, es la encargada de facilitar las cifras de víctimas al Gobierno central y registró en un mes 4.750 muertes de mayores en las residencias que gestiona

Un argumentario interno del PP pide a sus dirigentes repetir la idea de que Sánchez "rompió la unidad" frente a la epidemia

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Ayuso pide a Sánchez que reciba en la Moncloa a los presidentes autonómicos

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, junto al líder del PP, Pablo Casado. EFE

26 de febrero de 2020. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, informaba en una entrevista en Antena 3 sobre el segundo caso de coronavirus detectado en su comunidad. "Lo más peligroso ahora es el miedo, más que el propio virus, que normalmente lo que deja como secuelas son síntomas menores incluso que los de una gripe". "Estamos en uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo", añadía Ayuso: "Los protocolos están funcionando con normalidad". "Yo misma me reuní con los servicios que están coordiando este dispositivo desde finales de enero, está todo previsto".

Mes y medio después, Madrid se ha convertido en una de las zonas del mundo donde la pandemia ha golpeado con más fuerza: es la autonomía con más casos y muertes en España –casi 45.000 y 5.972 respectivamente, según las últimas cifras oficiales– , además de haber registrado el fallecimiento de 4.750 ancianos en las residencias de la región, casi cinco veces más que en un mes sin coronavirus. A pesar de estas cifras, en una comunidad donde el PP gobierna desde hace un cuarto de siglo con competencias plenas en la Sanidad y en los geriátricos, el líder de la oposición, Pablo Casado, ha decido lanzar una dura ofensiva contra Pedro Sánchez por su gestión de la crisis del coronavirus. Todo esto, en plena pugna con Vox por ver quién es más duro en la oposición para tratar de hacer caer el Gobierno. 

La última acusación que ha vertido el líder del PP sobre el presidente del Ejecutivo es que este "miente" sobre las "cifras reales" de contagiados y fallecidos por la epidemia, unos datos que aportan las propias autonomías, gobernadas varias de ellas por el PP. También le culpa de que España sea "el país del mundo con más fallecidos por millón de habitantes", por la "imprevisión" del Gobierno.

Como el resto de autonomías, la administración madrileña gobernada en coalición por PP y Ciudadanos –con el apoyo de Vox– es la encargada de facilitar las cifras de contagiados y fallecidos al Ejecutivo central, esas que según Casado se están manipulando.

Hasta la presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, que sostiene al Ejecutivo de Díaz Ayuso, se ha mostrado crítica con el PP por sus "reproches" al presidente del Gobierno durante el Pleno del Congreso del jueves en el que Casado culpó al Ejecutivo de haber actuado tarde a la hora de hacer frente a la crisis del coronavirus.

Madrid tiene las competencias en Sanidad, y estas también incluyen la gestión de epidemias en la región. Una resolución publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 26 de noviembre para determinar la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad, establece que una de las las funciones de la Dirección General de Salud Pública es la "vigilancia, análisis y control epidemiológico de la salud y sus determinantes", así como de "la incidencia de las enfermedades transmisibles y no transmisibles y su distribución en los distintos grupos de población y la vigilancia epidemiológica y control de microorganismos multirresistentes".

De ahí que, en enero, cuando la crisis sanitaria por el coronavirus golpeaba con fuerza en China, el Gobierno regional crease el "comité de expertos del nuevo coronavirus de la Comunidad de Madrid", con diecisiete miembros, que se reunió hasta en tres ocasiones a finales de ese mes. Un organismo para hacer seguimiento de la pandemia que mencionó Ayuso en su entrevista el 26 de febrero y del que poco más se supo después.

El 5 de marzo, después de que las autoridades internacionales lanzaran las primeras advertencias acerca de la gravedad de la epidemia, la Comunidad de Madrid pidió por carta a los funcionarios públicos "continuar con su actividad con total normalidad". La misiva, firmada por la directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Carmen Yolanda Fuentes –una de las integrantes del mencionado comité de expertos–, sostenía que los ciudadanos podían "llevar su vida habitual en familia, con amigos y, en general, en el ámbito laboral", y se limitaba a pedir que se extremaran "las medidas de higiene".

Esa carta enviada a todos los centros públicos madrileños –hospitales, escuelas, institutos o residencias de mayores– está fechada el 5 de marzo. Cuatro días después, Ayuso decretaba el cierre de los centros educativos de todos los niveles después de que los casos confirmados por coronavirus en la región pasasen de 202 a 438. La presidenta madrileña tomaba esta medida después de que el Gobierno vasco la formalizase por la mañana en Álava.

El cierre de los centros de día

Ese 5 de marzo en el que la directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid pidió a los ciudadanos hacer "vida normal", la misma Carmen Yolanda Fuentes hacía público otro documento en el que decidía cerrar la actividad de centros de día de mayores y restringir las visitas a las residencias, cuya gestión y –en el caso de las privadas– regulación también depende de la Comunidad de Madrid.

Desde entonces, se han producido un total de 4.750 fallecimientos de ancianos en las residencias madrileñas, según las cifras que ofrece la administración regional. 781 dieron positivo por coronavirus y otros 3.479 presentaron sintomatología pero aún no están confirmados porque no se les ha hecho las pruebas por la falta de tests. Esto supone que la mayoría de estas muertes no cuenten en las estadísticas oficiales de fallecidos que Madrid traslada cada día al Ministerio de Sanidad. Aunque el Gobierno regional anunció el 12 de marzo que medicalizaría las residencias, a día de hoy no lo están, según reconoció la propia presidenta en una entrevista. 

La crisis de las residencias llevó a Ayuso a retirar a la Consejería de Asuntos Sociales, en manos de Ciudadanos, de la gestión de los geriátricos el 26 de marzo. En Ciudadanos lo achacan precisamente a que el departamento que dirige Alberto Reyero hizo públicas las cifras de fallecidos (1.065 ancianos hasta el 25 de marzo). El primer choque entre Ayuso y Reyero se había producido unos días antes cuando el segundo pidió ayuda al Ejército para la gestión de los geriátricos. Aunque la presidenta regional desmintió que su Gobierno necesitase tal ayuda, la Unidad Militar de Emergencias acabó interviniendo y destapó la situación en la que se encontraban las residencias de mayores en Madrid.

Casado evita mencionar la situación de la Comunidad más afectada en sus intervenciones públicas. Ni una palabra sobre las residencias de Madrid en su duro discurso contra el Gobierno en el Pleno del Congreso del jueves, en el que el PP sí apoyó la prórroga del estado de alarma hasta el 26 de abril, pero rechazó junto a Vox la convalidación de los decretos que paralizaron las actividades no esenciales –que fueron apoyados por la mayoría del Pleno–, y que contemplaban, por ejemplo, la prohibición de despedir por la epidemia.

Los insultos de Casado a Sánchez

El líder del PP se limitó durante la sesión a culpar al Gobierno de los contagios y las muertes por coronavirus y lanzó graves acusaciones contra el Ejecutivo. "Usted no merece el apoyo de la oposición. Su arrogancia, sus mentiras y su ineficacia son un cóctel explosivo para España", le dijo a Sánchez.

"Le pido que nos diga la verdad, le cueste lo que le cueste. Díganos si es verdad que el número real de víctimas podría duplicar las cifras oficiales. Porque eso sería de extraordinaria gravedad", añadió Casado, que obvió que las cifras de las que dispone el Gobierno son las que le facilitan las comunidades autónomas, también las que gobierna el PP, como Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia y Castilla y León.

Para el líder de los populares, la del coronavirus "ha sido la crónica de una pandemia anunciada". "Casi no queda un medio influyente internacional que no haya criticado su imprevisión y mala gestión de la crisis", le espetaba al presidente del Gobierno. "Esta crisis no es simétrica, porque ha afectado de forma distinta a los países en función de la eficacia de los gobiernos", añadía, para recalcar que "España es el país del mundo con más fallecidos por millón de habitantes a causa del COVID-19". Casado no dijo que, dentro de España, es la Comunidad de Madrid que gobiernan PP y Ciudadanos la que más casos y fallecimientos ha registrado desde el inicio de la epidemia.

El Gobierno de la región lleva el sello personal del líder de los populares. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, fue una apuesta de Casado para las elecciones autonómicas del 26M. En el Gobierno regional el líder del PP también colocó al exconsejero de Sanidad Javier Fernández-Lasquetty, que actualmente dirige la cartera de Hacienda. Entre diciembre de 2018 y agosto de 2019 Lasquetty fue el jefe de Gabinete de Casado en la Presidencia del PP, un fichaje que, según reconocía la dirección popular, buscaba "fortalecer ideológicamente un PP que necesita recuperar la esencia liberal que le dio sus mejores triunfos electorales".

Los artífices de la privatización sanitaria

Como uno de los máximos representantes del aznarismo, sector ultraconservador al que Casado ha colocado en los principales puestos de dirección del PP desde su triunfo en las primarias de 2018, Lasquetty ha sido secretario general de FAES y, después, la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre le introdujo en su Gobierno primero como consejero de Inmigración, donde mantuvo un perfil bajo y, después, en la cartera de Sanidad, donde ensayó la puesta en marcha de su ideario más reaccionario.

Suyo fue el Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid de 2012 que, en la práctica, implicó la privatización de de seis hospitales, decenas de centros de salud y cualquier actividad que no fuera estrictamente sanitaria en el sistema de salud madrileño. Bajo su mandato, los quirófanos dejaron de funcionar por las tardes y se superó el límite legal de espera quirúrgica de 30 días.

Su gestión marcada por presupuestos ultraliberales en el Ejecutivo autonómico impulsó el movimiento de respuesta contra la privatización de la sanidad madrileña en el que se convirtió la Marea Blanca, que promulgó decenas de manifestaciones multitudinarias en Madrid en favor del sistema público. Los recursos judiciales presentados por este movimiento impidieron a Lasquetty llevar su plan privatizador a su último término y, en enero de 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) suspendió cautelarmente el proceso de privatización y, en consecuencia, Lasquetty acabó dimitiendo.

El Partido Popular gobierna en Madrid desde 1995 y aunque parte de los planes privatizadores de Lasquetty quedaron frustrados, la Sanidad ha sido uno de los sectores públicos más afectados por los recortes en la región. A pesar de ser la autonomía con el mayor PIB de España, la Comunidad de Madrid destina a Sanidad menos que la media nacional (solo la supera Cataluña). En 2018, su gasto por habitante fue de 1.154,2 euros, mientras que la inversión media estatal ascendía a 1.295,85 euros.

La plantilla de sanitarios en la Comunidad de Madrid también es menor que hace diez años pese al aumento poblacional que ha experimentado la región. Al arrancar 2019, había menos profesionales en los hospitales y otros centros que en 2010: 54.531 en lugar de los 55.433 de hace diez años, según las Memorias Oficiales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

Casado utiliza prácticamente cada intervención pública para insistir en que Madrid es el laboratorio de las políticas ultraliberales que quiere aplicar en todo el país si algún día consigue llegar a la Moncloa, con bajadas masivas de impuestos como las que plantea el líder del PP para hacer frente al coronavirus, sin explicar en cambio de dónde obtendría los ingresos para mantener los servicios públicos.

Para el presidente de los populares una de sus principales referencias de gestión es Díaz Ayuso, que decidió colocar a Antonio Burgueño, otro de los artífices de la privatización sanitaria del PP, en el equipo asesor de la Consejería de Sanidad cuando estalló la crisis del coronavirus. Y esta misma semana también fichaba a su hija, Encarnación Burgueño, como parte de la gestión de las residencias de mayores, los centros más afectados por la pandemia.

La rendición de cuentas ante los parlamentos

El doble discurso de Casado también se ha reflejado en la diferencia de criterio del PP respecto al funcionamiento de los parlamentos. A principios de semana, otra de las apuestas personales del líder de los populares, la portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, exigía la recuperación de las sesiones de control semanales al Gobierno, una medida que finalmente fue aprobada por la Mesa de la Cámara Baja, donde tiene mayoría la izquierda.

La polémica dirigente popular acusaba al Ejecutivo de poner "la democracia en cuarentena" después de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, decidiera al inicio de la epidemia limitar la actividad parlamentaria y la presencia de los diputados en el hemiciclo para prevenir riesgos ante el coronavirus, que ha contagiado a más de una decena de parlamentarios, entre ellos la vicepresidenta de la Cámara, la popular Ana Pastor.

Álvarez de Toledo llegó a plantear que al Pleno de este jueves asistieran más de la mitad de los diputados del PP, 45, aunque finalmente la Mesa lo impidió y solo acudieron presencialmente 11 parlamentarios populares. Además, a lo largo de la epidemia los populares han presentado en el registro del Congreso –que se mantiene abierto de forma telemática– varios centenares de iniciativas, entre preguntas y proposiciones no de ley, que principalmente exigen al Gobierno explicaciones por el coronavirus.

El 'apagón' informativo

Mientras tanto, la actividad de la Asamblea de Madrid controlada por PP y Ciudadanos está paralizada y cerrada desde el 10 de marzo. El parlamento madrileño es el único todo el ámbito nacional que mantiene el registro clausurado sin ni siquiera habilitar una opción telemática para que los grupos puedan presentar sus iniciativas. Tampoco se ha activado su Diputación Permanente, el órgano de decisión fuera del periodo de sesiones.

Pese a la emergencia sanitaria en Madrid, la región más afectada, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, no da ruedas de prensa desde hace un mes. La primera comparecencia del portavoz del Gobierno, Ignacio Aguado, desde que se decretó el Estado de alarma, se produjo este miércoles. Isabel Díaz Ayuso ha dado numerosas entrevistas, pero no se somete a ruedas de prensa desde el 13 de marzo.

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