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Casado, ante el confinamiento: exige que "el peso del coste de la crisis caiga sobre el Estado" mientras pide bajar impuestos

El líder del PP plantea suspender las cotizaciones sociales y, a la vez, exige más gasto público proponiendo, por ejemplo, una paga extraordinaria para los sanitarios

El Partido Popular sitúa en el centro de la diana a RTVE, a la que acusa de "desinformación" sobre el coronavirus

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Pablo Casado, esta semana, durante una videoconferencia con los presidentes autonómicos del PP.

Pablo Casado, esta semana, durante una videoconferencia con los presidentes autonómicos del PP. PP

Las propuestas para hacer frente a las consecuencias económicas de la crisis del coronavirus han dejado en evidencia las contradicciones del discurso neoliberal del líder del Partido Popular, Pablo Casado, que pese a haber prometido "lealtad" al Gobierno progresista ante la emergencia sanitaria, aprovecha todas sus apariciones públicas para cargar contra la gestión de la epidemia del equipo de Pedro Sánchez.

El presidente de los populares trata de impulsar una de sus medidas estrella desde el inicio de la crisis: la bajada generalizada de impuestos que, por tanto, implicaría directamente una importante merma de los ingresos del Estado. Paradójicamente, Casado defiende al mismo tiempo que sean las arcas públicas las que afronten el "coste" de la crisis, sin aclarar de dónde procederían esos fondos necesarios para, por ejemplo, pagar el aumento del gasto en sanidad o las prestaciones sociales de quienes hayan perdido su empleo en las últimas semanas.

"El peso del coste de la crisis no puede caer en las empresas sino en el Estado", aseguraba el líder del PP el lunes en rueda de prensa, tratando de justificar así su amenaza de no respaldar en el Congreso la convalidación del real decreto del Gobierno que aprobó el permiso retribuido recuperable, para poder endurecer el confinamiento hasta el 9 de abril.

"Verdad, sinceridad y transparencia"

El rechazo de Casado a volver a apoyar al Ejecutivo en el Parlamento supuso la ruptura del consenso mantenido desde la declaración del estado de alarma por parte de todos los partidos estatales ante la estrategia del gabinete de Pedro Sánchez. Una unidad de acción de la que también se ha desmarcado Vox, fuerza con la que el PP compite por el mismo electorado desde hace meses. La formación de extrema derecha ha pedido la dimisión de Sánchez y del vicepresidente Pablo Iglesias, e incluso ha reclamado la intervención del Ejército.

El miércoles, en una entrevista en Telecinco, Casado volvía a insistir en que "el Estado debe cubrir todas las necesidades de las personas vulnerables" y no tiene que dejar "a nadie atrás, porque es el Estado el que no deja trabajar". Sin aclarar de dónde procederían los fondos públicos necesarios para poder cumplir con esa labor, el líder del PP exigía al Ejecutivo "verdad, sinceridad y transparencia", que "llegue liquidez a las empresas y que haga una política económica responsable".

Mientras tanto, Casado mantiene sus propuestas de rebajas fiscales. En su "plan de choque" frente al coronavirus, el PP plantea "reducir a la mitad el Impuesto de Sociedades a los sectores afectados y suprimir este impuesto temporalmente a las empresas". También propone "aplazar el cobro del IVA a las empresas afectadas y suprimir las subidas fiscales anunciadas" por el Gobierno, "tanto la financiera, las tecnológicas, y las medioambientales".

Los populares exigen, asimismo, "aplazar el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, rebajar las de empresas afectadas, y cancelar toda la subida propuesta en las bases mínimas y el destope de la máxima". Esta semana Casado añadía más medidas que implicarían nuevas mermas en los ingresos públicos: "Suprimir las cuotas a los autónomos" o que "los trabajadores de los sectores esenciales no paguen impuestos ni cotizaciones sociales durante el estado de alarma".

El líder del PP sigue planteando a la vez medidas que implican un aumento del gasto público, como una paga extraordinaria para los trabajadores sanitarios.

El "laboratorio" madrileño

La estrategia de Casado sigue la misma línea que defiende, por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ella también propone menos impuestos a la vez que exige un mayor gasto público. La máxima dirigente madrileña quiere suplir esa merma en los ingresos con donaciones privadas en la autonomía más rica de España, que es al mismo tiempo la que más tributos perdona a los ciudadanos más ricos en cada ejercicio fiscal.

El lunes, la presidenta regional solicitó al Gobierno central un fondo extraordinario no reembolsable de 1.200 millones para afrontar los efectos de la COVID-19 a la vez que pedía material de protección. Ayuso especificó que 1.000 millones se destinarían a Sanidad, 100 millones a Servicios Sociales y otros 100 a Educación. También anunciaba la presidenta madrileña el lanzamiento de una página web que servirá para recaudar dinero de "ciudadanos, empresas y entidades".

El dinero solicitado por Ayuso coincide, sin embargo, con lo que ha dejado de ingresar la Comunidad de Madrid a través de distintos tributos. Con la supresión del impuesto del Patrimonio, la autonomía dejó de percibir 955 millones de euros en 2017 por exenciones a los más ricos (un total de 16.856 contribuyentes, el 2% de la población de Madrid, según los últimos datos de los que dispone Agencia Tributaria).

Nada más llegar al poder, Ayuso también anunció "la mayor rebaja fiscal de la historia". Con esa nueva reducción –que todavía no se ha implementado y que el Gobierno regional programa ahora para el final de la legislatura– se pretende reducir el IRPF a todos los madrileños, incluidas las rentas más altas, en 0,5 puntos. Si los cálculos que el PP hizo en campaña electoral son correctos, serían otros 300 millones que la región dejaría de recaudar para financiar servicios públicos.

Madrid, utilizada y citada continuamente por Casado como el "laboratorio" de lo que quiere hacer el PP a nivel estatal si llega al Gobierno, es a día de hoy la región que tiene el tramo autonómico del IRPF más bajo de España (junto a Canarias que aplica la excepción insular, del 9%). La última rebaja fiscal se produjo en 2018, año preelectoral, cuando el Gobierno con Cristina Cifuentes al frente aprobó una reducción del 9,5% al 9% actual.

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