Ayuso, frente al coronavirus: de anunciar “la mayor bajada de impuestos de la historia” a pedir donaciones por Internet

El Gobierno de la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso ha decidido recurrir a las donaciones privadas para financiar la Sanidad madrileña durante la crisis por el coronavirus. Lo hace desde la autonomía más rica en España y también desde la que más impuestos perdona a los más ricos en cada ejercicio fiscal. Las donaciones por la COVID-19 se cuentan por millones y los publicita la propia presidenta en la Red. Los regalos fiscales a los más adinerados, por miles de millones.

Ayuso cuantificaba este domingo el importe que necesita la Comunidad de Madrid para financiar a la Sanidad madrileña durante la emergencia que mantiene colapsados los hospitales. La presidenta regional solicitó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un fondo extraordinario no reembolsable de 1.200 millones para afrontar los efectos de la COVID-19 a la vez que pedía material de protección, después del fiasco de los dos aviones comprados por su Ejecutivo para los que anunció una inversión de 23,3 millones y que todavía no han aparecido.

La presidenta especificó, en la reunión por videoconferencia entre Sánchez y los presidentes autonómicos, que 1.000 millones de euros de los demandados se destinarían a Sanidad, 100 millones a Servicios Sociales y otros 100 a Educación. Con estas cantidades se podrían “seguir contando con unos servicios públicos de calidad que respondan de forma eficiente y rápida a la nueva situación”, aseguró el Gobierno regional en un comunicado.

El consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, insistía después en que la Comunidad de Madrid se gastará “mínimo” 1.000 millones de euros en la crisis generada por el coronavirus. Lasquetty es uno de los máximos exponentes del ala neoliberal del partido. El actual consejero de Hacienda se había retirado de la vida pública cuando los tribunales tumbaron su intento desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Esperanza Aguirre de privatizar los hospitales. El dirigente, de la máxima confianza de Pablo Casado, regresó a la vida pública cuando Ayuso llegó a la Puerta del Sol y ahora se encarga del control de las cuentas públicas de la Comunidad.

La presidenta madrileña anunciaba este lunes el lanzamiento de una página web que servirá para recaudar dinero de “ciudadanos, empresas y entidades”. El fondo se destinará a la emergencia sanitaria, aclara el Gobierno regional, que mantendrá activo este mecanismo mientras considere que dura la crisis. La web ofrece opciones para elegir y personalizar dónde va cada donación: para material de protección de profesionales sanitarios, material de protección de pacientes o “es Sanidad quien determina la prioridad”. Solo en 24 horas, el Gobierno regional ha conseguido 4,5 millones de euros, unas aportaciones que podrán beneficiarse de una deducción fiscal de carácter estatal, recuerda convenientemente la administración autonómica.

Ayuso pide ahora a los “ciudadanos, empresas y entidades” y al Estado lo que ha dejado de ingresar la Comunidad de Madrid vía tributos. Solo en impuesto del Patrimonio, la autonomía dejó de percibir 955 millones de euros en 2017 por exenciones a los más ricos, un total de 16.856 contribuyentes, el 2% de la población de Madrid, según los últimos datos de los que dispone Agencia Tributaria.

La propia presidenta madrileña anunció nada más llegar al poder, durante la sesión de investidura del pasado agosto, “la mayor rebaja fiscal de la historia”. Con esa nueva rebaja –que todavía no se ha implementado y que el Gobierno regional programa ahora para el final de la legislatura– se pretendía reducir el IRPF a todos los madrileños, incluidas las rentas más altas, en 0,5 puntos. Si los cálculos que el PP hizo en campaña electoral son correctos, serían otros 300 millones que la región dejaría de recaudar para financiar servicios públicos.

Pero a falta de esta última rebaja, Madrid ya es a día de hoy la región que tiene el tramo autonómico del IRPF más bajo de España (junto a Canarias que aplica la excepción insular, del 9%). La última rebaja fiscal se produjo en 2018, año preelectoral, cuando el Gobierno con Cristina Cifuentes al frente aprobó una reducción del 9,5% al 9% actual. El tramo para los más ricos de la Comunidad de Madrid es el más bajo con 5 puntos porcentuales de diferencia con respecto a otras comunidades autónomas como Cantabria, Rioja, Extremadura, Andalucía, Valencia, Asturias y Cataluña. La estimación es que se trata de una recaudación inferior en 860 millones si se compara con esas autonomías, según el informe el Colegio de Economistas de 2018.

Pero a la rebaja generalizada de tributos se suman otros beneficios fiscales que aplica Madrid a los impuestos cuya gestión cede el Estado a las comunidades autónomas. Esa transferencia nació como una forma de involucrar a las autonomías para que se hagan responsables de parte de sus ingresos ya que gestionan el grueso del gasto social (sanidad y educación, principalmente).

Son los impuestos de Sucesiones, Donaciones o del Patrimonio. La Comunidad de Madrid ha sido pionera a la hora de bonificar ese tipo de tributos: lo hace al 99% en el caso de Sucesiones y Donaciones entre padres e hijos y entre cónyuges. El impuesto sobre el patrimonio está anulado porque se bonifica al 100%: el Gobierno regional dejó de ingresar en el último año en los que hay registros (2017) 955 millones de euros. Cataluña, la segunda Comunidad más rica, sin embargo, recaudó ese año por ese mismo impuesto 498,5 millones.

En el caso del Impuesto de Sucesiones y Donaciones que se bonifica al 99%, en 2018, en Madrid se recaudaron apenas 411 millones de euros. Stop Impuesto de Sucesiones, una plataforma que lucha por la supresión de este tributo, ha elaborado el ejemplo de una persona de 30 años, soltera, que hereda de sus padres bienes por 800.000 euros, de los que 200.000 euros corresponden a su vivienda.

En Andalucía, este heredero no debería pagar ni un euro a Hacienda por la sucesión, y en Canarias el recibo sería de apenas 134 euros. Si viviera en Madrid abonaría 1.586 euros. Por el contrario, este importe se elevaría a 155.393 euros o 103.135 euros, respectivamente, en Aragón y Asturias, las dos comunidades autónomas donde este contribuyente debería más dinero a las arcas públicas. Les siguen Castilla y León (81.018 euros), la Comunidad Valenciana (63.193 euros), Castilla-La Mancha (31.759 euros), Galicia (15.040 euros), Cantabria (14.765 euros), Cataluña (9.796 euros), Baleares (5.950 euros), La Rioja (3.175 euros), Murcia (1.640 euros) y Extremadura (1.587 euros).

Recortes en Sanidad

Las rebajas de impuestos en Madrid se han dejado notar en los servicios públicos y especialmente en la inversión en Sanidad, denuncian desde la oposición. Al mismo tiempo que los Gobiernos de Madrid dirigidos por el PP bajaban impuestos, aplicaban recortes o incrementaban su deuda: la Comunidad de Madrid cerró el ejercicio 2019 con una deuda de 33.469 millones, tres veces más que hace una década, para una administración que cuenta con un presupuesto anual de 20.000 millones de euros.

Uno de los sectores más afectados por los recortes de Madrid ha sido la Sanidad. Si se bucea en los datos, se observa cómo Madrid, a pesar de ser la región con el mayor PIB de España, destina a Sanidad menos que la media nacional (solo la supera Cataluña). En 2018, su gasto por habitante fue de 1.154,2 euros, mientras que la inversión media estatal ascendía a 1.295,85 euros, según los datos del Ministerio de Sanidad. Pero el gasto ese ejercicio incluso fue inferior al que se produjo un año antes, cuando el gasto en la región ascendió a 1.285 euros por ciudadano, frente a los 1.471 euros de la media nacional.

La plantilla de sanitarios en la Comunidad de Madrid también es menor que hace diez años pese al aumento poblacional que ha experimentado la región. Al arrancar 2019 había menos profesionales en los hospitales y otros centros que en 2010: 54.531 en lugar de los 55.433 de hace diez años, según las Memorias Oficiales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).

Desde la oposición vinculan las rebajas de impuestos con la merma de los servicios públicos. “La fiscalidad no es un capricho”, recuerda la diputada de Unidas Podemos-Izquierda Unida, Sol Sánchez, que lamenta que después de condonar “miles de millones” en impuestos a las rentas más altas “Madrid se haya convertido ahora en un escaparate publicitario para las empresas”, en referencia a los agradecimientos que la presidenta regional hace a las entidades que aportan donativos a la crisis sanitaria.

“El desmantelamiento de la sanidad pública ha sido una constante todos estos años por eso no es casual que haya más hospitales privados que públicos en Madrid”, recuerda la dirigente de IU.

También desde el PSOE consideran que lo que las comunidades autónomas dedican a sanidad “es una decisión política”. “Madrid ha renunciado a recibir cientos de millones de euros durante muchos años mientras ha ido acumulando una deuda muy importante e infrafinanciando servicios como la sanidad”, advierte el portavoz de Sanidad socialista en la Asamblea de Madrid, José Manuel Freire.

“El gobierno de Madrid intenta blanquear el indulto fiscal que graciosamente le otorga a los más millonarios, publicitando una suerte de donaciones que no llegan ni al 1% de los impuestos que pagarían y que dejan a Madrid con unos 1500 millones menos (un 15-20% de todo el presupuesto en sanidad)”, critica la diputada de MÁS Madrid, Mónica García. “Igual no han entendido que nuestro sistema no es un sistema feudal y que nuestra sanidad se paga con una fórmula revolucionaria donde quien más tiene, más contribuye y quien más lo necesita, más lo utiliza”, concluye.