El cielo lo anuncia. A media mañana cuelga violáceo y pesado sobre el jardín; los cactus candelabro brillan verdes contra esa oscuridad y la palmera abre sus abanicos a la última luz oblicua. Luego llega el agua. No en gotas, sino en láminas.

Nuestra casa es una casa de campo sencilla, autoconstruida, levantada sobre piedras, con suelo de piedra. En ese suelo hay una canaleta, un cauce estrecho pensado para recoger el agua y sacarla fuera. Quien construye así cuenta con la lluvia. Con lo que no cuenta es con esta. El agua llega más deprisa de lo que la canaleta puede evacuar, rebosa por los bordes y se extiende por el suelo, y nosotros nos quedamos en medio. Ponemos boles de acero, ollas, el cubo gris, el negro con el escurridor verde chillón. Fregamos, escurrimos, volvemos a fregar. Un trabajo que no termina nada; solo lo aplaza.

Y debajo de todo, invisible, la fosa séptica. El agua sube desde abajo, empuja dentro de la fosa y llega un momento en que ya no cabe más.

Así que achicamos. Cubo tras cubo, fuera de la casa, hacia un jardín inundado: marrón, espumoso, con pequeños remolinos alrededor de los troncos de los cactus. Junto al viejo pozo con la bomba de mano, la lluvia cae en hilos desde la pérgola. Me agacho, con los pantalones empapados hasta la rodilla, y meto la mano en la corriente.

En algún momento, con un cubo lleno en cada mano, me acuerdo: nuestro aniversario fue hace diez días. Se nos ha olvidado, como todos los años. Cinco años juntos. Hay quien lo celebra con una cena en el puerto, con velas, con una escapada. Nosotros lo celebramos dentro del agua, entre ollas y una fosa que puede rendirse en cualquier momento. Hoy es el día. Y, de verdad, no se me ocurre nada más romántico. Me encanta.

En casa ya no se aguanta. No porque el agua baje, sino porque el barco está en el puerto y la bomba de achique no funciona bien. Tenemos que ir. Y yo quiero ver. Quien fotografía no se queda en casa cuando la isla cambia de cara.

Poco después de salir, la carretera queda cortada. Un pino enorme yace atravesado. Las raíces arrancadas de la tierra reblandecida, la copa hundida en los matorrales del otro lado; en medio, imposible pasar. Llamamos a los bomberos y damos media vuelta. En Formentera siempre hay otra ruta, solo hay que conocerla: pistas de tierra y rodeos que ningún GPS registra. Llegamos igualmente, solo que más tarde.

Las carreteras han dejado de serlo. Entre las paredes de piedra seca, las parets seques que desde hace generaciones separan unos campos de otros, corre el agua. Delante de nosotros, un coche pequeño y claro levanta una ola. En cada hondonada el nuestro patina: las ruedas pierden el suelo, la trasera se va hacia fuera y ya no sabes si conduces o si te conducen. Los limpiaparabrisas no dan abasto. A los lados, los campos, amarillos y duros en verano, están bajo el agua; solo asoman las crestas de los muros.

En un tramo, la pared se ha venido abajo. Las piedras que alguien colocó hace cien años sin argamasa, piedra sobre piedra, peso contra peso, están esparcidas por la calzada. El agua sale a chorro por el hueco y las balizas verdes se hunden hasta la mitad en la corriente. En otro muro el agua salta por encima y cae en cascada sobre las baldosas grises de la acera. Paro y hago fotos. Claro que sí.

En el barco rige una física sencilla: lo que entra tiene que salir. La bomba no es gran cosa: un motorcito, un flotador, una manguera. Cuando se atasca, una descubre cuánto depende de algo tan pequeño.

A la vuelta, el pino ha desaparecido. La carretera está despejada, ni una rama. Vamos despacio, buscándolo, y lo encontramos apartado en la cuneta. Mientras estábamos en el puerto, los bomberos lo han retirado bajo la lluvia, sin que nadie los viera. Buen trabajo.

Al final, el cielo se abre. Sale el sol y aquí no ha pasado nada. Nubes blancas sobre azul, los cactus relucientes, el jardín humeando.

Vamos al bar Es Cap, todavía con los pantalones mojados, y pedimos dos cafés. Brindamos con las tazas por nuestros cinco años.

Mejor aniversario, imposible.

En estas fechas se están reuniendo y se reunirán las conferencias de partes, conocidas como COP, relativas a la biodiversidad (COP17 Ereván, Armenia 19-30 octubre) y al clima (COP31 Antalya, Turquía 9-20 noviembre) y las previsiones no son nada buenas.

En la conferencia de biodiversidad, el objetivo es implementar las medidas para alcanzar en 2030 las 23 metas del Marco Mundial de Biodiversidad acordadas en la conferencia de Kunming-Montreal en 2021 y 2022. Esta cumbre es por tanto el momento de la evaluación intermedia para ver el grado de cumplimiento actual de los objetivos y la posibilidad de llegar a ellos. En el Informe Mundial que se presentará en Ereván ya se advierte que según los Informes Nacionales (medidas adoptadas por cada país) presentados es muy complicado alcanzar los objetivos en 2030 en un contexto de pérdida continua de biodiversidad en el que el 25 % de las especies en la mayoría de los grupos de animales y plantas estudiados ya están en riesgo de extinción (IPBES 2019).

En la conferencia del clima, la reunión preparatoria de Bonn en junio no consiguió llegar a acuerdos en los textos preparatorios para la conferencia de Antalya en materia de adaptación, mitigación y financiación, llegando a un acuerdo de mínimos en transición justa en un contexto en el que las previsiones del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente apuntan a que se sobrepasarán en los próximos años los 1,5ºC del Acuerdo de París con consecuencias climáticas extremas y “daños graves a la salud humana, la seguridad alimentaria, los suministros de agua, la naturaleza, las ciudades, las infraestructuras y las economías” (PNUMA 2026).

En ambos casos, la situación se agrava con el incumplimiento sistemático de los poco ambiciosos acuerdos adoptados en las sucesivas COP, si no por todos los países, si por algunos, esencialmente los productores de petróleo o los detentadores de materias primas minerales, animales o vegetales, que anteponen sus intereses económicos -casi siempre en manos de unos pocos- a las dinámicas ambientales.

En la campaña electoral del 29N se tratarán los grandes temas que preocupan a la población como la vivienda, los servicios públicos, los salarios, las pensiones, algo esencial desde un punto de vista social en un contexto internacional en el que todos ellos están amenazados por las derechas, sean extremas o no, y que cuya defensa hay que apoyar por tanto con determinación. Pero habría que introducir también con determinación temas ambientales como los citados -que se tratan en el ámbito internacional, pero con poca repercusión en la esfera estatal -para su consideración política dado que los responsables de las crisis sociales y ambientales son los mismos. Los grandes grupos financieros que especulan con la vivienda son los mismos que invierten en petróleo o arrasan los bosques tropicales para plantar soja o aumentar la cabaña ganadera con obvias repercusiones en el aumento de los GEI y la pérdida de biodiversidad.

Es necesario explicar el movimiento global de capitales en sus inversiones para que la población entienda que el capital es transnacional y que las políticas de un estado deben ser de alcance transnacional para dar respuesta a decisiones que vayan en contra de las mayorías sociales. Y también de llegar a acuerdos globales con países preocupados por la inacción ambiental como los de Santa Marta después de la última COP del Clima. Por ello es de alto valor pedagógico informar a la población de lo que sucede en un mundo en el que desgraciadamente el engaño está a la orden del día. No solo se engaña a través de la mentira sino también con la desinformación o con la información sesgada de realidades globales que afectan a nuestra vida. Buen ejemplo de ello es este agravamiento del cambio climático que ya vemos continuamente y la pérdida de biodiversidad, cuyas señales vemos menos pero que podemos intuir en los bosques que se secan o en las especies que desaparecen, temas que deberían estar presentes en cualquier debate de cara a estas elecciones. Ambos, juntamente con la desertificación y la contaminación, deberían formar parte de los programas y las reivindicaciones de los partidos preocupados por la conservación del entorno y consecuentemente por la preservación de nuestra especie, claramente amenazada por una crisis ambiental que tendrá graves repercusiones sociales.

Les protestes contra la turistificació dels darrers anys han despertat a alguns visitants sensibles un “malestar turístic”. Ara alguns turistes, quan viatgen, se senten culpables per estar contribuint als problemes que causa el model turístic. 

Aquest malestar s’ha transmès a través de xarxes socials, i també a través de premsa i mitjans de comunicació estrangers. Ara són molts els turistes que volen evitar aquest malestar turístic i ens demanen: com puc fer turisme sense contribuir al problema? 

Ja fa uns anys la indústria turística va encunyar l’eufemisme “turisme sostenible”. Va sortir segurament com reacció a les crítiques que es feia al turisme a causa del seu important impacte ambiental sobre els ecosistemes. Una de les coses que es va fer també per aconseguir aquest turisme sostenible va ser l’ecotaxa o impost de turisme sostenible. Però, si el turisme és de veritat sostenible, és a dir, que no un té impacte, per què hauria de pagar una taxa de sostenibilitat? 

Molts mitjans de comunicació i turistes ens demanen com poden fer turisme sostenible? Després d’un llarg temps de reflexionar aquesta pregunta la resposta és tan fàcil, com incòmoda. No es pot parlar de fer turisme sostenible en unes illes o territoris sobreexplotats. Si vols turisme sostenible, ha de deixar de venir gent a Mallorca.

El que ocorre en aquest debat és que el turista vol obviar la resposta. Com puc venir a Mallorca a fer turisme sostenible? Mentre hi hagi 20, 15 o 10 milions de turistes no podem parlar de turisme sostenible. Solament podem parlar de bones pràctiques, com pot ser comprar producte local en lloc de producte de fora. 

Com la solució de venir menys turistes incòmoda al Govern i al sector turístic, es va inventar l’eufemisme “turisme sostenible” per pal·liar aquest malestar turístic. I fer creure al turista que el seu impacte ecològic es gestionat, així el turista pot passar les seves vacances sense cap mena de remordiment. 

Una vez las Cortes Generales están disueltas, tras el adelanto electoral por parte del presidente del Gobierno, los Decretos sobre la vivienda aprobados en Consejo de Ministros –tras el rechazo en el Pleno- se llevarán a votación ante la Diputación Permanente. En este caso, a partir del art. 78 Constitución, la convalidación del Decreto Ley se realiza en la Diputación Permanente. Técnica que se ha utilizado a lo largo del período constitucional. La Diputación Permanente refleja la composición del Pleno, pero no es un calco político exacto, lo que llevaría probablemente a que los votos de Junts no fuesen necesarios para convalidar dicha medida.

Una gran parte de juristas –constitucionalistas- defienden que esta técnica incurre en un fraude constitucional o en un fraude legal. Para que exista un fraude de ley, según nuestro Código Civil deben ser actos realizados al amparo del texto de una norma jurídica que persiga algo prohibido o contrario del ordenamiento. Es decir, una acción prohibida o contrario a alguna norma del Ordenamiento. Otros posicionamientos alertan de algunos límites en la técnica, aunque sin atisbo de fraude legal (no afectar a materias prohibidas por el Ordenamiento). Eso sí, advierten de que debe llevarse algún tipo de modificación de los Decreto Ley (así parece) para evitar esa alteración de voluntad democrática previa.

Coincido en que se desarrolla una práctica inoportuna o un fraude político, ya que la esencia de la Diputación Permanente no será una Doble Cámara para superar la oposición del Pleno. Quizás me mantengo en una visión intermedia, aunque el precedente nos dirá. Son dos cuestiones distintas las medidas y el procedimiento. Respecto a las medidas -protección frente desahucios de personas vulnerables junto a bonificaciones fiscales para propietarios- son de urgente necesidad (al menos en reclamo social).

Respecto al procedimiento, no considero que sea un fraude de ley por perseguir algo prohibido, más dudas tengo en que sea contrario a normas del Ordenamiento (desvirtuación del Pleno; cuestiones constitucionales). Las normas de cobertura utilizadas son legítimas. Las normas defraudadas (requieren interpretación jurídica de un bloque de constitucionalidad). En síntesis, la acción no tiene resultado prohibido (fraude político quizás). En cambio, si me surgen dudas en un resultado contrario a otras normas del Ordenamiento.

Creímos que el patriotismo consistía en defender una bandera, un himno, una frontera y, sobre todo, la soberanía. La soberanía, esa palabra enorme que sacamos a pasear cuando alguien toca un palmo del territorio. Ojito, Manolo, con las fronteras. Hay una curiosa manera de entenderla: defendemos con uñas y dientes la unidad del territorio, pero, por el contrario, podemos mirar con bastante menos entusiasmo las demandas de quienes viven dentro de él. En sentido amplio, por ejemplo, la de los catalanes, que piden inversiones, infraestructuras, el corredor Mediterráneo y reclaman una identidad propia o la de otros particulares que se enfrentan a la voracidad del mundo inmobiliario o la sanidad privada con caso omiso de empresas y del gobierno. Entonces, la soberanía parece tener letra pequeña. Qué cosas tan curiosas hacemos: defendemos el país, en cada centímetro de su tierra, pero en ocasiones descuidamos a los que lo configuran.

Quizá hayamos confundido demasiado tiempo la patria con el perímetro. Un país no es solamente la frontera que lo dibuja, sino las personas que viven dentro de ella. Sus mayores, sus trabajadores, sus jóvenes, sus familias, sus barrios y, sí, también los catalanes cuando piden lo que consideran necesario para los suyos cuando, dicen, llevan tiempo hartos de aportar al erario público global y no recibir apenas. Podemos discutir sus demandas, rechazarlas, negociarlas o considerarlas equivocadas. Faltaría más. Aunque cuesta sostener que la soberanía importa sobremanera cuando hablamos del territorio y bastante menos cuando hablamos de cómo viven quienes lo habitan.

En esas, aparece Maricarmen en cartel, quien pone nombre y lidera una manera bastante poco solemne de hablar de patria. Tiene 87 años, una discapacidad reconocida del 50% y lleva setenta años viviendo en la misma casa. Setenta. Allí han vivido sus padres, allí ha crecido ella, allí están sus recuerdos y allí espera envejecer. 

El pasado 23 de septiembre sale de allí en una camilla y de repente la palabra patria deja de sonar a himno y empieza a sonar a persona. Una persona en una vivienda. Ese espacio, que es activo, inversión, una propiedad capaz de generar rentabilidad. Todo ello, legítimo. Claro, Manolo, la propiedad privada es legítima y enriquecerse dentro de la ley también. Aquí nadie pretende que el pequeño propietario cargue sobre sus hombros con el problema de todo un país. Pero el quid radica en: una vivienda no es exactamente como una acción, un coche o un teléfono que uno cambia cuando le conviene. Es donde alguien duerme, cría a sus hijos, envejece y construye su vida. Tal vez por ello la pregunta no sea si una vivienda puede producir beneficios, sino qué ocurre cuando el beneficio empieza a decidir quién puede seguir viviendo en ella.

A Maricarmen le cuesta unos 500 euros el alquiler de su hogar, bajo el auspicio de una renta antigua. Pero un fondo voraz, Urbagestión, le pide más, pero qué más: cinco veces más. En el ring: un fondo de inversión frente a una mujer de 87 años que lleva siete décadas allí. Después llegan ofertas, alternativas, posibilidades; ninguna resuelve el problema o así lo quiere el fondo. El beneficio, legítimo, acaba pesando más que todo lo demás. Pero ¿legítimo significa necesariamente suficiente?

La ley también está allí, haciendo su trabajo de ley, que consiste en poner fronteras donde la vida suele poner matices. Sigo con Maricarmen. El contrato de arrendamiento lo firman sus padres en los años cincuenta; después pasa a su madre y, tras su muerte en 2005, a ella misma. La normativa contempla determinadas condiciones para estas subrogaciones y, en algunos supuestos, un 65% de discapacidad. Maricarmen tiene un 50% y el Supremo termina avalando la posición de la propiedad. Puede ser jurídicamente correcto y, precisamente por eso, la pregunta ya no es para el juez: es para quien hace las leyes.

No se trata de pedir que los jueces sustituyan al dictamen del Parlamento, sino de recordar que las leyes se pueden cambiar. Una norma puede ser legal, sí, pero al mismo tiempo, debe abrir un debate sobre si debería ser distinta. La vida tiene la desagradable costumbre de no caber exactamente dentro de un porcentaje. Maricarmen tampoco cabe. No cupo. No cabemos. Y quizá por eso tampoco deberíamos mirar su caso como una excepción aislada, porque detrás aparece algo bastante más grande: la vivienda convertida en activo financiero.

Echemos memoria atrás. Después de la crisis inmobiliaria y bancaria llegan grandes inversores, sociedades patrimoniales y operadores institucionales. No todos son iguales, ni todas las operaciones responden al mismo modelo, ni todo propietario es un fondo buitre. Pero cuando una vivienda entra en una cartera de inversión, la rentabilidad puede empezar a mandar sobre su función residencial. Y cuando eso sucede a escala de barrio aparece esa palabra tan elegante para algo bastante menos elegante: gentrificación. El barrio se revaloriza, llegan inversiones, cambian los negocios, suben los alquileres y quienes llevan décadas allí empiezan a descubrir que ya no pueden pagarlo.

Lo llamamos regeneración, dinamización, transformación urbana. Pónganle etcéteras. Palabras tan limpias para acciones que a veces no son tanto. Con obviedad: quien contempla el proceso desde una hoja de cálculo ve ahí una transformación. Quien tiene que abandonar su barrio sin mayor opción obtiene simplemente eso: abandonar su barrio. Y en un país donde alrededor de un 3% del parque de vivienda es alquiler social, según la OCDE, el problema se vuelve todavía más serio.

En 2012, tenemos rescate a la banca. La crisis financiera y bancaria obliga a una intervención extraordinaria y Oliver Wyman calcula 59.300 millones de necesidades adicionales de capital.

No son simplemente 60.000 millones entregados directamente a los bancos –aquello es bastante más complejo–, pero sí hay recursos públicos y europeos extraordinarios para recapitalizar y reestructurar el sistema financiero. El bueno de Xisco Fernández, un gran amigo mío, me deja una pregunta que late: ¿por qué aquello no sirvió también para construir mucha más vivienda pública, cuando entre todos ayudamos a los bancos?

Quien escribe estas líneas no dice que los pisos de bancos y cajas deban convertirse mágicamente en vivienda pública cambiando el cartel de la puerta. Recala en que el Estado interviene, recapitaliza, reestructura y moviliza recursos, y que ha desaprovechado una oportunidad histórica para haber destinado una parte mucho mayor a vivienda pública y asequible. Qué pena: encontramos entidades demasiado importantes para dejarlas caer e inquilinos vulnerables demasiado pequeños para cambiar las reglas.

En febrero de este año se separa la revalorización de las pensiones de otras medidas sociales para facilitar su aprobación. Y llega el Real Decreto-ley 2/2026, con protección frente a determinados desahucios y lanzamientos de personas vulnerables, con prórroga hasta el 31 de diciembre con condiciones y excepciones. El Congreso lo deroga a finales de febrero y, durante el verano, vuelven las negociaciones sobre vivienda, desahucios e incentivos fiscales sin llegar a cerrarse. En vano. Hay que insistir: si una fórmula falla, se cambia; si un decreto no sale, se negocia otro. Y, sobre todo, sin convertir al propietario en el enemigo. Tiene derechos, igual que el inquilino, y una emergencia habitacional no puede recaer sobre una sola parte. Hace falta vivienda pública, compensaciones, servicios sociales y reglas claras. Ni barra libre para la especulación ni demonización de quien tiene una vivienda; ni mercado sin límites ni un Estado sin recursos. Equilibrio. Qué palabra tan poco épica y qué falta nos hace.

Mientras, el Sindicato de Inquilinas acompaña a Maricarmen y lleva su caso a Naciones Unidas. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales pide a España suspender su desahucio o garantizar una alternativa habitacional adecuada. No es una sentencia de un tribunal español, pero sí una llamada de atención internacional. Y, pese a todo, Maricarmen sale de su casa en una camilla convertida en eslogan. Patriotismo es defender una frontera y defender a nuestros mayores y a nuestros vulnerables; la propiedad privada y una vivienda digna; el mercado y unas reglas especiales para los bienes esenciales. Podemos aceptar que alguien gane dinero y exigir proporcionalidad cuando ese beneficio choca con derechos fundamentales. Un país es territorio, bandera y frontera. Y lo forman sus mayores, sus trabajadores, sus familias, sus jóvenes, sus barrios y sus vecinos. Ah, y sus distintas singularidades territoriales. Y quienes tienen menos capacidad para defenderse cuando una decisión económica o jurídica puede cambiarles la vida.

Quizá el patriotismo empiece ahí: en no mirar hacia otro lado cuando uno de los nuestros necesita ayuda. En recordar que antes que propietarios, inquilinos, inversores, bancos, partidos o números somos personas. En entender que cobrar una deuda puede ser legítimo y proteger a quien atraviesa dificultades también. En preguntarnos qué país queremos construir para quienes viven dentro de él.

El día 23 sentí sobre todo vergüenza. Perdí a mi patria. O no.

Llevamos varios días con el 25 aniversario de los atentados de las torres gemelas del 11S reflejado en todos los medios, escritos, audiovisuales y digitales. Un hecho indudablemente abominable que acabó con la vida de cerca de tres mil personas y heridas a miles más a demás de muchas más víctimas posteriores - tanto mortales como enfermas crónicas por la inhalación de sustancias tóxicas derivadas de los materiales desplomados - que dibujan un escenario de dolor y consternación. Nada puede decirse ante semejante barbarie más allá de la condena y el respeto y la solidaridad -creo que de forma unánime-con las víctimas y por ello se hacen recordatorios cada año que mantenga viva su memoria.

En Gaza, llevamos más de 72.000 muertos en tres años -24 veces más que en el 11S- a los que habría que añadir los más de 1.200 de Cisjordania y los cerca de 9.000 en el Líbano en el mismo periodo, sin contar con los miles de heridos, amputados, desplazados y los afectados por el ambiente tóxico provocado por el impacto de miles de toneladas de bombas. Aquí, en cambio, no hay por parte de Occidente una posición unánime de condena, respeto y solidaridad con respecto a las víctimas. Es más, me atrevería a decir, que gran parte de los países europeos y por supuesto EEUU ven inevitable esta matanza diaria como un acto de defensa ante el carácter fundamentalista y, por tanto, terrorista, al parecer, de la mayor parte del pueblo gazatí, o palestino, vaya usted a saber.

La posición de Occidente no es lamentable, es execrable. Justificar el genocidio denunciado por distintas instituciones y organizaciones internacionales a las que EEUU -principal colaborador de las matanzas- boicotea sistemáticamente convierte en cómplice a quien lo hace. Es terrible que un país como Alemania, que sufrió un régimen como el de los nazis, defienda ahora otro, el sionista, que repite el exterminio de otro pueblo sin vacilar y sin sentimiento alguno de culpa. Ya quien siempre es útil hacer una distinción entre judío, etnia semítica originaria de Oriente Medio, y sionista, ideología supremacista y, por tanto, excluyente. Estamos frente a los supremacistas, que guardan una relación horrorosa con los nazis. Es terrible que todo Occidente asista a diario a la vergüenza de escuchar sin reaccionar a los ministros israelís animando al exterminio de un pueblo tanto a sus soldados como a los niños y jóvenes en los colegios.

En el 11S siempre hubo dudas con respecto a los responsables últimos de los atentados más allá de la autoría directa de Al Qaeda, organización por cierto financiada por EEUU en la guerra de Afganistán contra la Unión Soviética, aunque luego se les volviera en contra. En el genocidio de Gaza, no hay ninguna duda de quien es el autor de la matanza: Israel. No hay duda, y aunque este estado creado por Occidente artificialmente justifique su respuesta por el ataque de Hamás en octubre de 2023, no hay duda de que ésta es desproporcionada y atiende a otras razones geopolíticas de control de Oriente Medio y de sus recursos y de la ampliación del actual estado en el Gran Israel, modificando las fronteras actuales a costa de los países árabes vecinos. Tampoco hay que olvidar que Hamás contó en su creación con el apoyo de Israel para debilitar a la OLP, y que, como en el caso de Al Qaeda con EEUU, se volvió en contra.

Por mucho que el expresidente Aznar -uno de los responsables directos de la ilegal guerra de Irak e indirecto del 11M- diga que acusar a Israel de estado genocida es ser antisemita, la realidad es tozuda. ¿Cuál es la justificación de matar a niños y niñas, bebés, mujeres embarazadas, ancianos y ancianas, hombres, da igual, como dicen los genocidas frente a la televisión, como en el documental Naza, rodado por israelíes y premiado en Venecia? El caso es matar los hasta que se vayan, eso dicen, no hay más que verlo en las teles o en las redes sociales. 

Occidente hace tiempo que pierde credibilidad ante el resto del mundo por su negativa a asumir el genocidio perpetrado por Israel. Europa en concreto debería revisar su posición reaccionaria con respecto a Gaza y Palestina y romper relaciones diplomáticas con Israel, ordenar el embargo de armas, impedir cualquier acuerdo comercial, prohibir el establecimiento de empresas israelíes en Europa, rescindir los contratos existentes y expulsar a todos los equipos deportivos de las competiciones europeas. España, que ha sido el único país europeo que ha mostrado una cierta crítica y distancia con respecto a Israel, debería ampliar su ambición y ser referente global contra el genocidio y la barbarie.

El Govern balear ha alegado ante el Tribunal Constitucional que derogar la ley de memoria es legítimo y que las víctimas no quedan desamparadas porque otras leyes las protegen. Y además con esta declaración el Govern demuestra varias cosas: ignorancia, sectarismo, inutilidad, crueldad y que no va a trabajar por la cohesión social en las Illes Balears.

Cuando se habla de la derogación de la Ley de Memoria y Reconocimiento Democráticos de las Illes Balears, el debate suele centrarse en la política, en las víctimas del franquismo o en el enfrentamiento ideológico entre partidos. Sin embargo, existe una dimensión mucho menos visible y extraordinariamente importante: el impacto que esta decisión puede tener sobre los niños, las niñas y las personas adolescentes.

La memoria democrática no es únicamente una política de reparación hacia quienes sufrieron la Guerra Civil o la dictadura franquista. También es una herramienta educativa y social que ayuda a las nuevas generaciones a comprender quiénes son, de dónde vienen y cuáles son los valores sobre los que se construye una sociedad democrática.

Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a conocer la historia de su comunidad y de sus familias. Para muchos de ellos, las consecuencias de la represión franquista no son una realidad lejana. Existen familias que todavía buscan respuestas sobre familiares desaparecidos, exiliados o perseguidos y que siguen esperando reconocimiento institucional.

La memoria democrática cumple además una función fundamental en la construcción de la identidad personal. El conocimiento de los propios orígenes y de la historia familiar favorece el bienestar emocional, el sentido de pertenencia y la autoestima.

La derogación de las leyes de memoria democrática tiene también consecuencias directas en el ámbito educativo. Sin una protección legislativa clara, los contenidos relacionados con la represión franquista, los derechos humanos o la transición democrática corren el riesgo de depender de la voluntad individual del profesorado.

Esto significa que miles de alumnos podrían finalizar su escolarización sin comprender cómo se perdió la democracia en España, cuáles fueron las consecuencias de la dictadura o por qué los derechos y libertades actuales son conquistas que deben protegerse.

La memoria democrática actúa además como una vacuna frente a la desinformación. En una época marcada por las redes sociales y la circulación de discursos extremistas, la educación histórica proporciona herramientas para identificar la manipulación, los mensajes de odio y las posiciones antidemocráticas.

Desde Esquerra Unida de las Illes Balears se defiende que educar en memoria democrática no busca imponer una ideología, sino formar ciudadanos capaces de reconocer las vulneraciones de derechos humanos y comprender los riesgos del autoritarismo.

Los testimonios de las víctimas y las visitas a espacios de memoria poseen un enorme potencial educativo. Permiten desarrollar empatía, sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno y compromiso con los valores democráticos.

Por todo ello, la derogación de la Ley de Memoria Democrática no afecta únicamente a quienes vivieron la dictadura o a sus descendientes directos. También afecta a quienes están creciendo hoy, a la calidad de la educación que reciben y a la fortaleza de los valores democráticos con los que construirán el futuro.

La memoria democrática no es una cuestión del pasado. Es una inversión en la infancia, en la juventud y en la salud democrática de las generaciones que algún día tendrán la responsabilidad de defender las libertades de todos.

En el año 1993, cuando estudiaba en la universidad en Palma, formaba parte de la Asociació d’Universitaris de les Illes Balears (AUIB). Un día recibimos una petición de reunión de Francesc Triay, entonces diputado del PSIB-PSOE. Acudimos una representación de estudiantes de la asociación. Hablamos de muchos temas, pero todavía recuerdo una de sus afirmaciones que sostenía la idea de que, con la entrada del Estado español en la UE, se habían diseñado unas Illes Balears con vocación turística, donde el sector primario prácticamente no tenía cabida y se dejaba muy poco espacio a la industria. Aquella idea me disgustó y me enfadó a partes iguales.

Este verano en Mallorca ha habido una sucesión de movilizaciones difícil de ignorar. El 5 de julio, más de 10.000 personas formaron una cadena humana en la Playa d’Es Trenc. El 26 de julio, una manifestación histórica bajo el lema “Mallorca al límit” reunió a más de 70.000 personas en Palma; trasladado a la población de Madrid, equivaldría a unas 250.000 personas recorriendo sus calles. El 8 de agosto, la protesta llegó a Sóller, uno de los municipios más castigados por la masificación turística.

Finalmente, el 29 de agosto, más de 1.300 personas ocuparon pacíficamente las calles de Palma en una cadena humana, sentadas en una hilera de sillas, con el objetivo de “prendre la fresca” [estar al aire libre] desde la Plaça d’Espanya hasta el Consolat de Mar, sede de la Presidencia del Govern. A estas movilizaciones hay que sumar las cenas populares organizadas por el colectivo Brunzit para reivindicar el uso del espacio público por parte de los residentes y otras protestas en distintos puntos de la isla.

Este malestar no ha aparecido de repente. El año 2000, el GOB lanzó la campaña histórica “Mallorca al límit. És hora d'aturar” [Mallorca al límite. Es hora de parar“] para denunciar que la isla había llegado a un punto crítico con cerca de 10 millones de turistas anuales y una fuerte presión sobre el territorio, el agua y las infraestructuras. Si Mallorca estaba al límite entonces, veintiséis años después nos acercamos a los 20 millones y las previsiones siguen apuntando al crecimiento. La pregunta hoy es cuánto más estamos dispuestos a soportar.

La situación de masificación extrema que vivimos desde hace años tiene un impacto cada vez mayor sobre la calidad de vida de los mallorquines. El acceso a la vivienda es quizás su expresión más dramática y empeora año tras año. Muchas personas ven cómo sus hijos difícilmente podrán comprar o alquilar una vivienda en el lugar donde han nacido, mientras los jóvenes en edad de emanciparse sienten que cada vez tienen menos posibilidades de construir un proyecto de vida en Mallorca.

Pero la sensación de saturación va mucho más allá. Las carreteras, especialmente en verano, se colapsan; muchos residentes prácticamente hemos renunciado a ir a determinadas playas y calas porque sabemos que será difícil acceder a ellas; y la extensión del alquiler vacacional ha llevado la presencia turística a prácticamente todos los rincones de la isla y durante cada vez más meses del año. Una presencia que llega a resultar asfixiante. Un dato resume bien esta sensación: en enero de este año hubo más presión humana en Mallorca que en agosto del año 2000, cuando ya hablábamos de estar al límite.

Ante esta situación, cada vez son más las personas que sienten que Mallorca está dejando de ser un lugar pensado para quienes vivimos en ella. Crece la sensación de pérdida de control sobre nuestro propio territorio y, con ella, la conciencia de que es necesario un cambio de rumbo frente a la masificación, la turistificación y el deterioro de nuestra calidad de vida.

La primera de las grandes protestas de este verano, la cadena humana del 5 de julio en Es Trenc, puso precisamente el foco sobre el territorio. Este espacio emblemático sirvió para denunciar la aprobación, apenas unas semanas antes, de la conocida como Ley Ómnibus y una política territorial que, junto con la propuesta de una nueva Ley Agraria, rebaja la protección del suelo rústico y agrario, facilita nuevos usos y actividades en el medio rural y natural y reduce garantías ambientales, incluso en relación con la disponibilidad de agua para nuevos desarrollos urbanísticos.

Mientras tanto, la presidenta Marga Prohens insiste en que Es Trenc seguirá protegido y en presentar la acción de su Govern como una política de contención. Pero esa supuesta contención resulta difícil de reconocer en las decisiones adoptadas. La Ley de simplificación administrativa de 2024 o la Ley de proyectos residenciales estratégicos de 2025, ambas recurridas ante el Tribunal Constitucional, son ejemplos de una política que flexibiliza las reglas urbanísticas y ambientales y abre nuevas posibilidades de construcción y transformación del territorio. No se puede hablar de contención mientras se siguen ampliando las posibilidades de crecimiento.

Después de la manifestación del 26J, desde el GOB hemos pedido en dos ocasiones reunirnos con la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, para plantearles medidas concretas que permitan iniciar el cambio de rumbo que necesita Mallorca. Las propuestas pasan por declarar las Islas Baleares zona residencial tensionada, recuperar vivienda para uso residencial reduciendo progresivamente el alquiler turístico; frenar la urbanización del suelo rústico y revertir las normas que han debilitado la protección del territorio; abandonar la ampliación de carreteras y apostar por el transporte público y el ferrocarril; y garantizar la seguridad climática e hídrica adaptando las políticas públicas a los límites ecológicos y a la disponibilidad real de agua.

A ello añadimos algo que enlaza directamente con el modelo económico de la isla: proteger el suelo agrario, apoyar la producción local y recuperar capacidad para alimentar a nuestra propia población. No pretendemos tener todas las soluciones, pero sí creemos que estas medidas marcarían un cambio de rumbo: pasar de hablar de contención a empezar realmente a decrecer en aquellos ámbitos en los que Mallorca hace tiempo que ha sobrepasado sus límites.

Treinta y tres años después de aquella conversación de 1993, sigo recordando aquella idea de unas Illes Balears diseñadas para tener una “vocación turística”. El problema es que esa especialización ha llegado tan lejos que hoy pone en cuestión nuestra capacidad para decidir sobre el territorio, nuestros recursos y, en definitiva, la posibilidad de seguir construyendo un proyecto de vida en Mallorca. Las movilizaciones de este verano expresan el rechazo creciente a aceptar que este sea nuestro único destino posible. Mallorca no está condenada a crecer indefinidamente ni a vivir exclusivamente al servicio del turismo. Podemos decidir qué isla queremos ser. Pero para hacerlo hay que asumir, de una vez, que hemos sobrepasado los límites y que ha llegado la hora de tomar decisiones políticas valientes y pasar a la acción.

Aquest neologisme és probablement el sentiment més compartit per la població local de les Illes Balears. És aquella angoixa amb la qual convivim dia a dia quan sentim que som estrangers dins casa nostra, que no reconeixem ca nostra i sentim que estem perdent allò que ens identifica.

Aquest terme encunyat a inicis del 2000 pel filòsof australià Glenn Albrecht defineix “solastalgia” com la nostàlgia quan te’n vas de ca teva, però sense desplaçar-te. És a dir, apreciar com allà on vivim canvia i es degrada. Això ocorre amb el model turístic, que ens està arrabassant l’espai públic, el territori, les cases, els recursos i, fins i tot, les persones.

Aquest procés de mercantilització dels béns i recursos públics com productes de lliure mercat al servei del turisme, anomenat turistificació, és el que ha derivat en aquesta solastalgia o crisi social. La lògica del lliure mercat permet competir amb diners per les cases, aigua i recursos, perquè no son considerat uns drets, sinó uns recursos per fer negoci.

La falta de legislació per aturar aquest saqueig econòmic ens porta a una pèrdua de la comunitat, que és la base d’una cultura que sustenta les festes, la llengua, els nostres camps, la nostra gastronomia… en definitiva, la nostra identitat.

Sabem que les cultures són canviants i modelables, però resulta traumàtic per una comunitat quan els canvis provenen de fora la comunitat i són forçats. Aquest dolor de la solastalgia balear queda ben palès en les protestes contra el model turístic, en les xarxes socials, en les nostres converses de casa i bar, i ara també en els nostres sentiments.

Un sentiment de dolor que ens fa mirar al passat amb nostàlgia i afrontar el present amb resignació per uns i amb ràbia per altres. Mentre un pocs en treuen profit, altres somien tornar a veure els camps amb ametllers florits.

Quina identitat construirem quan perdem els paisatges on passejam, quan no tornam a tastar el producte local, quan no podem ballar i cantar les festes tradicionals, quan els nostres veïns no ens entenen parlar, o quan les nostres cases de color marronenc es tornen cubs grisos?

Historizar el presente, reconociendo éxitos y debilidades, no suele ser fácil, y precisamente por ello es muy necesario. El domingo 26 julio, 70.000 personas llenaron las calles de Palma convocadas por la plataforma ‘Menys Turisme, Més Vida’ para denunciar los impactos del modelo turístico, en una de las manifestaciones más mayoritarias que se recuerdan en Mallorca y que consolida al movimiento contra la turistificación como el eje central de protesta en la isla. Parece que a veces no se es consciente del éxito de dicha afirmación, de la relevancia histórica de la articulación de este movimiento social, que no sólo es capaz de sacar gente a la calle sino de marcar la agenda política en la isla.

No es que la crítica a la turistificación haya pasado de los márgenes al centro en poco más de diez años, no es que hoy todo el espectro político asuma que hay que poner límites al turismo, es que parte de la izquierda política ha empezado a hablar de decrecimiento y el propio Partido Popular balear salió a criticar esta propuesta días antes de la manifestación, ejemplificando la emergente incidencia social de la misma.

Dicho esto, es cierto que, por ahora, la mayoría de victorias se quedan en el ámbito de los discursos y las hegemonías culturales, que muchas veces no se materializan en unas imprescindibles transformaciones políticas y jurídicas en unas Illes Balears donde el tándem PP-VOX domina la mayoría de instituciones, y de ahí la profunda frustración con el turismo que se experimenta a día hoy en amplias capas de la población mallorquina. Ahora bien, es alentador ver cómo esta frustración se está transformando en un activismo cada día más activo, más amplio y más creativo.

Por ahora, la mayoría de victorias se quedan en el ámbito de los discursos y las hegemonías culturales, que muchas veces no se materializan en unas imprescindibles transformaciones políticas y jurídicas en unas Illes Balears donde el tándem PP-VOX domina la mayoría de instituciones

Este ciclo de lucha se inauguró el 25 de mayo de 2024, cuando 10.000 personas salieron a la calle convocadas por la asociación Banc del Temps de Sencelles de forma relativamente espontánea y con poco más de diez días de antelación. La marcha se convocó inspirada en la enorme manifestación del mes anterior en las Islas Canarias, que sorprendió por su fuerza e incidencia, llenando noticias y portadas estatales e internacionales. Las manifestaciones y protestas se encadenaron en los meses siguentes en numerosas ciudades del Estado español, desde Barcelona y Mallorca a Málaga y Cádiz, desde Valencia y Eivissa a Donosti y Granada.

Ese verano de 2024, que sin duda podemos calificar como el verano del descontento con la turistificación en el Estado español, fue un punto de inflexión, el momento en que la crítica al modelo turístico pasó de ser un fenómeno localizado en ciertas ciudades y regiones a entrar con fuerza inusitada en el debate público. Esta es una transformación de gran calado, dado que el turismo no es únicamente central a la economía española desde los años 60, sino que forma parte de la propia estructura socio-política y cultural del estado. El turismo es, de hecho, fundacional de la modernidad española, y es por ello que ese cambio iniciado en el verano de 2024 es tan significativa, ya que representa un momento de quiebra en la relación histórica con el turismo.

Ese verano de 2024, que sin duda podemos calificar como el verano del descontento con la turistificación en el Estado español, fue un punto de inflexión, el momento en que la crítica al modelo turístico pasó de ser un fenómeno localizado en ciertas ciudades y regiones a entrar con fuerza inusitada en el debate público

En Mallorca, la manifestación de mayo de 2024 no era la primera que se convocaba. El movimiento de denuncia del overtourism (sobreturismo) viene de atrás. En octubre de 2023, la recién creada ‘Menys Turisme, Més Vida’ sacó 3.000 personas a las calles para protestar contra el Foro Europeo del Turismo y la reunión de ministros de Turismo de la Unión Europea celebrada en Palma. Un número similar ya se había manifestado en septiembre de 2017, convocadas por el GOB, Terraferida y el colectivo palmesano ‘Ciutat per a qui l’habita, no qui la visita’ (Palma para quien la habita, no quien la visita).

Precisamente ese verano de 2017 la crítica al turismo había saltado por vez primera al ámbito público con las acciones directas de la organización juvenil independentista Arran, entre ellas una protesta en la terraza de un bar en el Paseo Marítimo de Palma, que se saldó con 12 activistas detenidos. Como resumía el diario Última Hora este pasado 27 de julio, reflexionando sobre los inicios del malestar con el turismo: “Fue la primera gran protesta y provocó una ola de indignación. Pocos apoyos tuvo aquella acción”.

Y podemos ir más atrás, ya que el momento iniciático de la crítica al sobreturismo en Mallorca se puede trazar al verano de 2014, cuando el colectivo libertario Tot inclòs lanzó el primer número de su revista anual, donde activistas y académicos reflexionaban sobre los impactos del turismo en Baleares y proponían alternativas. Como se puede observar, ya desde sus inicios el movimiento combina protesta y reflexión y se define por la actividad de multitud de colectivos y asociaciones de todo tipo, vecinales, culturales, sociales, etc. Con estos precedentes y muchísimos más que no caben aquí, la manifestación de mayo de 2024 es la primera que logra movilizar más allá de los círculos activistas, dando inicio al nuevo ciclo de lucha.

Podemos ir más atrás, ya que el momento iniciático de la crítica al sobreturismo en Mallorca se puede trazar al verano de 2014, cuando el colectivo libertario 'Tot inclòs' lanzó el primer número de su revista anual, donde activistas y académicos reflexionaban sobre los impactos del turismo en Baleares y proponían alternativas

En junio y julio de 2024 la historia se acelera. Todas las tensiones que los movimientos sociales llevaban años denunciando, todo el malestar que la ciudadanía había ido acumulando por la expansión incesante de un modelo turístico profundamente injusto y desigual, estallaron. Las acciones de protesta se multiplicaron, ya fueran organizadas o espontáneas. Dos ejemplos bastan para ilustrarlo. Como respuesta a la manifestación de mayo, la portavoz de Vox en el Parlament balear afirmó que ‘los mallorquines no podemos pretender ir en julio y agosto a la playa como hace años’, haciendo patente la desposesión y expulsión que define el modelo turístico en la isla. Sus declaraciones causaron indignación en muchos sectores y dieron cabo a la creación del Mallorca Platja Tour, colectivo que desde las redes sociales convocaba a los mallorquines a ocupar playas masificadas en días concretos.

Su protesta más conocida se llevó a cabo el 16 de junio en el Caló des Moro, cala que había saltado a las televisiones estatales en 2021 por las colas de cuatro horas que llegaban a hacer los visitantes. El éxito de asistencia fue desbordante, más de 400 personas ocuparon durante cinco horas una de las calas más emblemáticas de la isla bajo la pancarta ‘#OcupemLesNostresPlatges’ (Ocupemos Nuestras Playas), en una protesta de carácter festivo cuya imagen más icónica mostraba a un grupo de manifestantes en bañador danzando ball de bot – una forma completamente novedosa de participar en este baile tradicional mallorquín, adaptándolo para una celebración reivindicativa.

De forma más espontánea, el 11 de julio una veintena de vecinos de Son Macià montaron una barricada con balas de paja para impedir las excursiones de buggies turísticos que se realizan sin permiso ni regulación alguna, destrozando los paisajes y afectando la vida comunitaria de las zonas rurales de la isla. La protesta, que los activistas enmarcaron de forma explícita en la campaña ‘Menys Turisme, Més Vida’, tenía de nuevo un carácter lúdico, con los vecinos comiendo melón y jugando a cartas, sentados encima de las balas de paja que cortaban la estrecha carretera rural. Como vemos, los activistas articulan su denuncia de la turistificación mediante creativas formas de protesta político-festiva que (re)construyen los lazos comunitarios afectados por el modelo turístico.

En paralelo, ‘Menys Turisme, Més Vida’ llamó a nueva manifestación en Palma para el 21 de julio, organizada esta vez con más tiempo y planificación. La asistencia superó las expectativas más optimistas: 50.000 personas salieron a la calle bajo el lema ‘Canviem el Rumb. Posem Límits al turisme’ (Cambiemos el Rumbo. Pongamos límites al turismo). Este éxito desbordante demostró que la manifestación de mayo no era la explosión de un malestar pasajero, sino la emergencia de la crítica a la turistificación como eje clave de lucha en la Mallorca de hoy día. Desde entonces, las acciones, actividades y protestas de todo tipo no han dejado de sucederse. En julio de 2025, por ejemplo, nacen los sopars a la fresca del colectivo Brunzzit, cenas comunitarias que llenan las turistificadas plazas del centro de Palma, que por un día dejan de estar repletas de terrazas al servicio de la economía turística y pasan a ser disfrutadas por los residentes de forma comunitaria y no consumista.

Si el Mallorca Platja Tour reclama las playas, emblema del turismo de masas que coloniza la costa desde los años 60, los sopars a la fresca recuperan las cascos antiguos urbanos, que han sido literalmente invadidos por establecimientos hosteleros en el modelo más reciente del sobreturismo. Unas semanas antes, el 15 de junio de 2025, ‘Menys Turisme, Més Vida’ convocó una nueva marcha, a la que asistieren más de 30.000 personas bajo el lema ‘Pel dret a una vida digna. Stop turistificació’ (Por el derecho a una vida digna. Stop turistificación). El éxito de asistencia un año más confirmó la consolidación de un movimiento ya masivo, muy bien articulado ideológicamente, cuyo éxito estriba en combinar la denuncia de todos los impactos del turismo y la lucha por el derecho a la vivienda junto el influyente ecologismo tradicional de la isla, los nuevos movimientos contra la emergencia climática y el soberanismo de izquierdas que reivindica el derecho de la sociedad mallorquina a decidir el modelo turístico.

En la isla, de hecho, la turistificación se ha convertido en la problemática que engloba las múltiples crisis que sufren las poblaciones del sur de Europa desde la crisis financiera del 2008, y por ello la denuncia de dicho modelo se articula desde diversos ejes de luchas compartidas. Dentro de esta enorme variedad, el colectivo ‘Menys Turisme, Més Vida’ emerge como el aglutinador de un activismo descentralizado que se ha desplegado por toda la isla y que a la vez es capaz de organizar manifestaciones multitudinarias.

La turistificación se ha convertido en la problemática que engloba las múltiples crisis que sufren las poblaciones del sur de Europa desde la crisis financiera del 2008, y por ello la denuncia de dicho modelo se articula desde diversos ejes de luchas compartidas

Si bien en los últimos dos años la crisis del modelo turístico ya ha sido asumida por muchos actores políticos y económicos, incluido el Partido Popular y sectores relevantes de la industria turística, las medidas impulsadas por las instituciones públicas han sido pocas y en su mayoría cosméticas, que no han impulsado ningún cambio de calado. Esta falta de iniciativa política y legislativa, unida a la enorme distancia entre los discursos y las medidas, no ha hecho más que aumentar la frustración de la población, que ve como sus condiciones de vida no dejan de empeorar. En este contexto, este mes de julio la historia se acelera de nuevo.

A finales del pasado mes de junio, ‘Menys Turisme, Més Vida’ llama a una nueva manifestación para el 26 de julio, tornándola un evento anual donde los residentes recuperan las calles de Palma, siendo ellos quienes la masifican por un día. El 7 de julio, la plataforma publica un manual de acción directa no violenta contra la turistificación, en el cual llama a actuar contra negocios e intereses asociados al modelo turístico. El manual causa una importante controversia y es criminalizado por las derechas y la poderosa industria turística, con la Federación Hotelera acusando a la plataforma de ‘coacción’ e ‘intimidación’. Ante estos ataques, ‘Menys Turisme, Més Vida’ no se amedrenta y defiende la acción directa como una herramienta histórica de los movimientos sociales, encuadrando dichas acciones en la nula respuesta institucional a las masivas movilizaciones de los últimos años.

A la semana siguiente, el 15 de julio, dos jóvenes activistas del pequeño pueblo de Santa Maria son detenidas en un inusitado y mediático operativo de la Guardia Civil, que las acusa de pintadas en cinco inmobiliarias del pueblo y pretende imputarles el delito de pertenencia a organización criminal. La absoluta desproporción de las acusaciones y de la operación policial sin mandato judicial, junto a la imagen de dos activistas entrando a los juzgados esposadas por unas pintadas, causa extrema indignación en numerosos sectores sociales y políticos, que denuncian la manifiesta intencionalidad política, contextualizándola en un intento de criminalizar el movimiento y hacer fracasar la manifestación de finales de mes.

Nada más lejos de la realidad: la marcha del día 26 es un éxito absoluto que pulveriza la asistencia a las anteriores, con un ambiente muy familiar y festivo. Esto cambia hacía al final, cuando de forma sorprendente la policía no deja entrar a muchos manifestantes a un semivacío recinto de Ses Voltes para escuchar la lectura del manifiesto. Ante esta incomprensible decisión, el ambiente se va caldeando, con manifestantes que reclaman poder entrar y la policía que empieza las primeras cargas. Estas se alargan más de tres horas, en una de las intervenciones más violentas que se recuerdan en la isla, que deja numerosas imágenes impactantes y más de 20 heridos. La indignación social es enorme y llega desde sectores muy diversos, algunos de ellos generalmente poco proclives a criticar las actuaciones policiales.

Las cargas policiales se pueden leer como un episodio más en el intento de criminalización del movimiento, que de nuevo fracasa. Algunos comentaristas han lamentado que hablar de la violencia policial desvía la crítica a la turistificación, pero existe un lectura alternativa: la persecución policial expone de forma prístina que estamos ante un conflicto democrático y de clase, que atañe al uso de los recursos de la isla, y por ello los aparatos del estado defienden el status quo del orden establecido. En otras palabras, la intensificación del conflicto que se ha visto este mes de julio nuestra de forma patente que las soluciones sólo pueden pasar por medidas estructurales que se atrevan a ir a la raíz del problema y redefinan el modelo de acumulación turística que ha imperado en las isla en los últimos 70 años – dada la enorme magnitud de este objetivo, uno de los retos del movimiento será gestionar la distancia entre sus propuestas y el impacto real de las posibles medidas que se implementen.

La persecución policial expone de forma prístina que estamos ante un conflicto democrático y de clase, que atañe al uso de los recursos de la isla, y por ello los aparatos del estado defienden el status quo del orden establecido

En cualquier caso, es poco probable que esta transformación llegue sin cierta conflictividad social, y precisamente por ello es muy relevante ver algunas de las creativas pancartas hechas a mano que se vieron en la manifestación, que resignificaban el concepto de violencia poniendo el énfasis en las dinámicas de desposesión activadas por la turistificación, como por ejemplo, ‘A tu te molesta una pintada, a mi no tenir casa’ ('A ti te molesta una pintada, a mí no tener casa'), ‘Violència és que ens treguin de ca nostra’ ('Violencia es que nos expulsen de casa'), ‘Criminal és expulsar-nos de ca nostra’ ('Criminal es expulsarnos de casa') o, expresado de forma más clara, ‘Santa Maria marca el camí’ ('Santa Maria marca el camino').

En el catalán de la isla, el término ‘ca nostra’ ha funcionado históricamente tanto para referirse al hogar familiar como a la propia isla, noción que aprovechan estas pancartas para mostrar como la turistificación no sólo está imposibilitando el acceso a una vivienda, sino también obligando a muchos residentes a tener que marchar de la isla, territorio limitado y finito. El desplazamiento, la expulsión de la comunidad local, aparecía denunciado de forma explícita en diversas pancartas, que expresaban el deseo poder continuar viviendo en la isla: desde ‘Volem viure on hem nascut’ (Queremos vivir donde hemos nacido) y ‘No volem marxar’ (No queremos marchar) a ‘Vull diure al meu poble, fora AirBnb’ (Quiero vivir en mi pueblo, fuera AirBnb) y ‘El vostre negoci, el nostre exili’ (Vuestro negocio, nuestro exilio).

Estos mensajes van más allá de reclamar el derecho a la vivienda, apuntando al ‘derecho a la isla’, noción teorizada por Eric Clark basándose en las ides de Henri Lefebvre sobre el ‘derecho a la ciudad’, y que recientemente Alejandro Armas-Díaz, Ivan Murray y Macià Blázquez han aplicado al contexto mallorquín y canario, enfatizando el derecho de las poblaciones locales a decidir sobre los procesos socio-económicos que determinan la vida de las islas.

Estos mensajes van más allá de reclamar el derecho a la vivienda, apuntando al ‘derecho a la isla’, noción teorizada por Eric Clark basándose en las ides de Henri Lefebvre sobre el ‘derecho a la ciudad’, y que recientemente Alejandro Armas-Díaz, Ivan Murray y Macià Blázquez han aplicado al contexto mallorquín y canario

En este sentido, es muy relevante que en un momento en que el Govern balear y la industria turística no dejan de hablar de sostenibilidad, ninguna de las pancartas reivindicase un concepto tan manido como vacío de contenido. De hecho, muchos de estos mensajes superan la noción de sostenibilidad para poner el foco en como la turistificación de la isla imposibilita el derecho a una vida digna, contradicción que ya aparece inequívocamente articulada en el lema ‘Menys Turisme, Més Vida’. Esta madurez ideológica también se ha observado en la menor presencia de carteles a mano culpabilizando a los turistas, lo que indica una tendencia creciente a centrar la crítica en el sistema y sus estructuras de poder más que en la fácil y reduccionista alteridad entre locales y visitantes. De hecho, muy probablemente el foco de las acciones directas en intereses de la industria turística ha contribuido a señalar a los responsables de esta crisis, que no es causada por los propios turistas.

En los últimos 15 años, la turistificación no ha dejado de aumentar hasta niveles que pocos podían imaginar, expandiéndose a todos los ámbitos de la vida cotidiana de la comunidad local, afectando su sentido de pertenencia al lugar. En julio de 2023 publiqué un artículo en elDiario.es analizando como la cultura mallorquina reciente ha representado el turismo como un trauma colectivo, y esta noción cada vez se hace más patente en la propia experiencia vital de muchos residentes, que experimentan la imposibilidad de escapar, ni que sea por un rato, a la presencia abrumadora, en constante expansión, de la turistificación, tanto en sus aspectos materiales como en los simbólicos.

Uno de las manifestaciones más devastadoras de este trauma es la cada vez más extendida imposibilidad de imaginar no ya un futuro mejor, sino un futuro en la propia isla, como expresaban pancartas con mensajes como ‘La meva vida és aquí, el meu futur ja no’ (Mi vida es aquí, mi futuro ya no), ‘Vaig néixer aquí, hi podré viure?’ (He nacido aquí, ¿podré quedarme?) o, expresado de forma más cruda, ‘El turisme mata el nostre futur’ (El turismo mata nuestro futuro). Ante esta realidad traumática, la construcción del movimiento contra la turistificación no sólo consigue que la comunidad recupere su agencia histórica, sino que además la (re)articula, recuperando el apego al lugar, activando la memoria de la lucha por los derechos colectivos y creando nuevos vínculos con el territorio y con la propia comunidad.

Tal y como ya apuntaba en mi artículo, la organización popular y movilización social es la mejor forma, sino la única, de superar el trauma, logrando que la comunidad local se reconozca no en la resignación, sino en la movilización, la rabia y la alegría. Esto queda más que patente en la pancarta que portaba una de las manifestantes, que afirmaba ‘Ca nostra no es ven, es defensa’ (Nuestro hogar/Mallorca no se vende, se defiende). Es precisamente en esta defensa de la comunidad local que la imaginación de un futuro mejor y en la isla puede ser articulada, tal y como expresaba de forma muy clara otra de las pancartas: ‘Vull un futur a la nostra illa’ (Quiero un futuro en nuestra isla). Así sea.

Sento orgull i sento ràbia. Parlo per mi, però sospito que també en nom d'altres mallorquins que vivim fora i que diumenge vàrem seguir en directe la informació que ens arribava de la històrica manifestació a Palma. Orgull, per veure com la nostra gent sortia als carrers per omplir-los cridant que no poden suportar més la situació. I ràbia des que el telèfon va començar a ser inundat d'imatges, primer de mitjans (cal destacar aquí la gran feina d'elDiario.es) i més tard d'amics, rebent cops de la Policia Nacional.

Però, amb el pas de les hores, els primers sentiments s'assenten i una idea comença a rondar el cap. Sembla que no sols a mi, ja que la meva germana m'envia un missatge que diu: “Has vist la manifestació a Mallorca? Creus que canviarà alguna cosa?”. La pregunta és molt pertinent, però la resposta no és clara.

Quan diu “cosa”, la meva germana fa referència al model turístic de Mallorca. Un model que ha aconseguit treure l'illa de la pobresa més absoluta, però que ja fa temps es va passar de frenada. El resultat? Un medi ambient cada vegada més deteriorat, una societat precària, un cost de la vida inassolible i una illa massificada la major part de l'any. Però per canviar això no basta la ràbia. Ens cal alguna cosa més. És necessari un projecte polític i, per descomptat, concreció.

Posem ara els ulls sobre aquells qui haurien de fer la política. Els dos partits més votats de Balears ofereixen poca fiabilitat a l'hora de proposar alternatives en aquesta qüestió. El Partit Popular ha modificat aquest mandat el seu discurs, ara lleugerament més sensible a la insuportable situació. Però no és més que això, un gir dialèctic sense cap voluntat real de canvi. El PSIB prou té amb donar explicacions de com va dirigir (o com no ho va fer) les forces policials que depenien de la seva delegació del Govern. Revisar el seu paper en els vuit anys de governs progressistes fa la resta. El teatre dels dos llançant-se les culpes mútuament arran dels esdeveniments de diumenge només mereix un qualificatiu: esperpèntic. Pel que fa a la tercera força a la nostra cambra autonòmica, VOX, millor no preguntar.

I a l'esquerra del PSIB, què? Idò, més dubtes que certeses. És aquí on els projectes sonen més transformadors. El problema és que, fins ara, quan ha arribat el moment de portar-los a la pràctica, els resultats no han estat a l'alçada de les expectatives generades. I quan les expectatives no es compleixen, arriba la frustració. Que li ho diguin a l'espai de Podem, que a casa nostra va tenir molt bona entrada.

Sigui com sigui, és a l'esquerra on rau la resposta. Potser MÉS està en condicions de liderar-la, potser és un altre partit que encara no ha nascut, o tal volta ve dels moviments socials. Intueixo que ens caldran totes les forces que tenim i encara més. Perquè el repte és enorme, oferir allò que fins ara no s'ha fet, una sortida. Un model alternatiu o un pla per decréixer. Haurà de ser creïble, si no la gent tornarà cap a aquelles marques que o bé vetllen per defensar l'statu quo o bé només es mouran quan vegin que no hi ha alternativa.

Per aterrar aquest clam caldrà fer-se preguntes valentes. Cal oferir un model econòmic alternatiu per fer d'aquest un moviment de majories? O no? Quin podria ser aquest model? Si decreixem en turisme, fins on? Volem tornar al nombre de turistes d'abans de la pandèmia? O de 2008? O dels anys 90? Hi ha referents en tot això de fer marxa enrere? Què podem aprendre'n? O ens tocarà ser pioners, com ja ho vàrem ser exportant grans cadenes hoteleres arreu del món? I que passa amb l'habitatge? Es pot limitar la compra a residents? Es poden limitar altres àmbits per raó de residència? I si no es pot, per què? Ens organitzem per canviar allò que no ens ho permet o és massa llunyà i es perdrien forces?

Si no ens fem aquesta mena de qüestions, continuarem obviant l'elefant a l'habitació, que les opcions polítiques favorables al turisme basen el seu èxit en la por al buit que pugui venir després. Si no expliquem com omplir-lo, no hi ha cap opció de seducció.

Ara fa uns mesos el meu amic Joan va venir a Barcelona de visita. Vàrem parlar de turisme i em va dir que, tot i la ràbia, no confiava que cap opció política pogués fer res. Jo, potser de forma ingènua, li vaig dir que no podíem caure en això, que aquells que no volen que res canviï estan contents que la seva ràbia no es converteixi en un agent polític. Entenc perfectament el que em deia en Joan, però de veritat penso que una transformació és possible.

El diumenge, el meu amic Joan va patir un atac desproporcionat a mans de la policia. Dilluns es va llevar amb grans blaus al seu cos. Simplement per voler manifestar-se de forma pacífica. Com en Joan, la gent de Mallorca avui està més rabiosa que dissabte. El problema és que, mentre no puguem transformar la ràbia en acció política, simplement serà això. Ara bé, en uns dies torno a Mallorca per passar l'estiu. I penso fer una gran abraçada al meu amic, per fer-li veure com n'estic, d'orgullós i d'agraït.

Hay un concepto en ciencias del mar que se debería enseñar en las escuelas: la amnesia generacional. Suena a jerga médica, pero la idea es sencilla: cada generación toma como referencia el mar de su juventud. En el que se bañaba entonces, en el que pescaba, el que exploraba. Ese mar, el suyo, se convierte en su idea de “normal”. Y como cada generación hereda un mar un poco más vacío que la anterior, nadie percibe la magnitud del desastre. Nuestros abuelos vieron un Mediterráneo lleno de peces grandes, de depredadores, de vida. Nosotros solo vemos lo que queda, y nos parece el mar de siempre. Y ahí está la trampa: el mar balear ha ido perdiendo la memoria poco a poco. Restaurar consiste, en buena parte, en ayudarle a recuperarla.

Porque restaurar no es solo plantar posidonia, es recuperar funciones. Un ecosistema no es un catálogo de especies, es un tejido de relaciones: quién se come a quién, quién limpia, quién construye hábitat, quién mantiene el equilibrio. Cuando desaparecen ciertas piezas, sobre todo las de la base y las de la parte superior, el tejido se rasga. Por eso, restaurar no significa solamente plantar, sino que va mucho más allá. La buena restauración es la que recupera los procesos y las especies clave y permite devolverle al mar su capacidad de funcionar solo.

Y esto, en el fondo, cambia la pregunta. Deja de importar cuántas hectáreas hemos plantado y empieza a importar qué funciones le hemos devuelto al ecosistema. Que no es lo mismo, ni de lejos. La primera se contesta con una foto. La segunda exige entender el ecosistema entero, medir con indicadores serios, esperar años y aceptar que algunos procesos tardan décadas en volver.

Pero empezar la casa por el tejado, plantar antes de proteger, es un orden de prioridades que la naturaleza no entiende ni comparte. Hay que crear espacios sin presiones, como las áreas de protección estricta. No se planta nada. No se extrae nada. Solo se retira la presión y se espera. Y el sistema, si se le deja, se recupera.

Aunque cuidado: proteger tampoco es magia. La protección, por sí sola, no siempre alcanza para recuperar un ecosistema que está muy degradado, fragmentado o expuesto a demasiados impactos a la vez. En esos casos, hay que combinar. Proteger y, además, restaurar activamente. Una potencia a la otra, pero el punto de partida, el paso que casi siempre obviamos, sigue siendo el mismo. Quitar la presión.

Devolverle la memoria al Mar Balear no significa congelarlo en un pasado que resulta imposible. No vamos a recuperar el Mediterráneo de hace siglos y el cambio climático se encarga de recordárnoslo perfectamente cada verano con sus olas de calor. Nuestra referencia para restaurar no puede ser el mar intacto de las postales de antes; tiene que ser un mar que vuelva a funcionar, resiliente, capaz de encajar los golpes que seguro que vendrán. Un mar con sus depredadores, con sus constructores de hábitat, con todas las piezas encajadas en su sitio.

La buena noticia es que el mar tiene una memoria tenaz. Dale protección, quítale las presiones, ten paciencia y empezará a acordarse de lo que fue. La mala es que esa memoria no es infinita. Cada especie que perdemos del todo, cada función que se apaga para siempre, es un recuerdo que ya no vuelve. Restaurar es, en esencia, una carrera contra el olvido. Y el olvido, de momento, nos lleva ventaja

Cuando Frédéric Chopin y George Sand llegaron a Mallorca en 1838 lo hicieron buscando clima y salud en una estancia temporal alejada del invierno parisino. Primero se alojaron en Palma y después en Valldemossa. Aquella experiencia, inmortalizada por George Sand en Un invierno en Mallorca, refleja una práctica antigua: residir temporalmente en una vivienda ajena por motivos diversos (personales, vacacionales, estacionales).

Casi dos siglos después, el fenómeno ha cambiado de escala, de lógica y de consecuencias. Lo que antes era una forma ocasional de alojamiento se ha convertido en una industria global articulada a través de plataformas digitales capaces de comercializar millones de viviendas en tiempo real. El alquiler turístico de corta duración ha transformado barrios enteros, especialmente en ciudades y territorios como Mallorca, Málaga, Barcelona o Ibiza, donde el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales.

La tardía respuesta jurídica de la Unión Europea es un paso importante, pero insuficiente. El Reglamento (UE) 2024/1028 de alquiler de corta duración obliga a las plataformas a colaborar con las administraciones mediante sistemas de registro, verificación (desafortunadamente solo aleatoria) y transmisión de datos sobre anuncios y arrendadores (anfitriones, en la terminología de Airbnb, curiosamente seguida por las autoridades de la Unión). España, por su parte, ha respondido con el denominado Registro Único de Arrendamientos de corta duración, regulado en el Real Decreto 1312/2024 y destinado a centralizar a nivel estatal la identificación de inmuebles ofertados en plataformas digitales. La idea, en principio, parece sencilla: si cada vivienda tiene un número de registro (concedido, conforme al Real Decreto español, por el Colegio de Registradores de la Propiedad) y las plataformas lo verifican y, además, comparten información, será más fácil detectar la oferta ilegal. Pero la realidad es bastante más compleja.

De entrada, el principal problema de fondo que plantea el nuevo modelo es que se confunde transparencia con control efectivo. Registrar viviendas no equivale necesariamente a supervisarlas, controlarlas y detectarlas. Una administración puede disponer de miles de datos y seguir careciendo, como así sucede, de medios suficientes para inspeccionar inmuebles, o verificar si una vivienda turística incumple normas urbanísticas, fiscales o de convivencia.

Y, en última instancia, a este problema inicial se añade un problema de distribución y fragmentación competencial. En el estado español, las comunidades autónomas regulan el turismo; los ayuntamientos controlan el urbanismo y los usos del suelo; y el Estado impulsa ahora mecanismos centralizados de registro. El resultado es un sistema, una verdadera maraña legal, donde los datos circulan mejor que las competencias; y que, de forma particular, ha provocado enfrentamientos entre Estado y Comunidades Autónomas por la creación del registro único estatal que se superpone a los preexistentes registros autonómicos. Precisamente estos enfrentamientos han dado lugar a la anulación del registro único estatal por la reciente Sentencia nº 620/2026, de 19 de mayo, del Tribunal Supremo, lo que obliga a un replanteamiento del sistema con coordinación con las Comunidades Autónomas. Lo que demuestra, una vez más, que el fin (loable de lucha contra la oferta ilegal) no justifica los medios (la creación de un registro único no exigido por la normativa de la Unión Europea).

Las plataformas digitales tampoco salen especialmente perjudicadas del nuevo esquema regulador. Aunque aumentan sus obligaciones de colaboración, siguen actuando esencialmente como intermediarios tecnológicos y no como verdaderos corresponsables del cumplimiento de la legalidad material de los anuncios que publican. Plenamente inmersos en la denominada economía de plataformas, les es exigible algo más que una simple comprobación aleatoria del número de registro, más si cabe si tecnológicamente es posible una comprobación exhaustiva de forma prácticamente automatizada.

Y, mientras tanto, el mercado, legal e ilegal, se adapta. Parte de la oferta ilegal se desplaza, por una parte, hacia fórmulas contractuales aparentemente distintas, especialmente el llamado alquiler de temporada. Se trata de una figura plenamente válida en el derecho civil español, pensada para necesidades temporales reales (trabajo, estudios, tratamientos médicos), pero cuya utilización fraudulenta como cobertura de alquileres turísticos encubiertos resulta cada vez más difícil de distinguir. Y, por otra parte, la oferta ilegal se desplaza también hacia canales de comercialización no cubiertos por estas recientes normativas, que limitan su ámbito de aplicación a las plataformas digitales comercializadoras especializadas en alquiler turístico, por lo que surgen iniciativas en otros canales alternativos (como TikTok, o Instagram, como ha detectado el Consell de Mallorca).

Mallorca vuelve a funcionar como un espejo adelantado de Europa. Un territorio cuya economía depende del turismo, pero que al mismo tiempo experimenta de forma intensa los efectos de la presión inmobiliaria sobre la población residente.

La pregunta ya no es si debe regularse el alquiler turístico. Eso parece, finalmente, asumido. La cuestión es si las nuevas regulaciones bastarán para afrontar un fenómeno que cambia más rápido que las normas diseñadas para contenerlo. Porque el problema no es únicamente tecnológico ni administrativo. Es, sobre todo, político, urbano y social: decidir qué tipo de ciudades y territorios quieren seguir siendo habitables para quienes viven en ellos.

Mallorca resume mejor que ningún otro territorio esta contradicción contemporánea. La misma isla que históricamente vivió de acoger visitantes se enfrenta ahora al riesgo de expulsar silenciosamente a parte de su población residente. En suma, el debate sobre el alquiler turístico ya no trata únicamente sobre turismo. Trata sobre el modelo de ciudad y, en última instancia, sobre el derecho a habitarla.

La bandera pirata, de l’anime One Piece, que ha aparegut per primera vegada a una protesta a Mallorca, el diumenge 5 de juliol a Es Trenc, és més una simple bandera. S’ha convertit en un símbol de lluita de la generació Z

Des del 2025, han estat desenes de països on la generació Z (aquells nascuts entre 1990 i els 2000) ha onejat aquesta bandera pirata per lluitar contra les males polítiques dels seus respectius Governs i ràpidament s’ha convertit en un símbol de llibertat i protesta.

La història comença, a principi de 2025, a Indonèsia en les protestes juvenils contra la corrupció del país. Els joves comencen a acompanyar la bandera nacional juntament amb la de One Piece, això va motivar a molts joves a seguir l’exemple i protestar. El Govern, a més de reprimir les incessants protestes, va prohibir l’ús de la bandera pirata. Aquest fet va començar a visibilitzar i donar popularitat a l’ús de la bandera de One Piece a escala internacional.

Tot i això, va ser al Nepal que va triomfar la bandera. La generació Z nepalí, després de la prohibició de les xarxes socials per part d’un Govern corrupte que els volia llevar el principal canal de comunicació, van protagonitzar una revolució històrica. Una gran revolta popular que va sofrir una violenta repressió amb almenys 72 morts i més de 2.100 ferits va enderrocar el Govern del Nepal en menys de 48 hores. La imatge de la bandera de One Piece a les portes del Parlament del país va fer la volta al món.

Posteriorment, entre 2025 i 2026, multitud de joves de la generació Z de Madagascar, Perú, Marroc, Mèxic, Gaza, Sèrbia, França, Paraguai, Albania, etc. han portat la bandera de One Piece en les protestes dels seus països.

Els pirates del One Piece han transmès uns valors que la generació Z s’hi sent representada. Uns pirates joves que decideixen desobeir el Govern mundial i lluitar contra la corrupció i repressió de la classe política, contra els nobles mundials o megarics que viuen aliens al malestar de la resta del món. A més transmet valors com la cooperació, la solidaritat i l’esperança.

A Albània igual que Mallorca està lluitant contra un model turístic. El país porta 35 dies continuats protestant contra un govern corrupte que ha venut una illa privada a Ivanka Trump, filla de Donald Trump, per implantar un megaprojecte turístic a una zona protegida de gran valor ambiental. Just les mateixes polítiques turístiques que vivim fa anys a les Illes Balears i que s’estan exportant a altres parts del món.

En diciembre de 2022 nos dirigimos por primera vez al presidente del Gobierno para pedirle que Felipe VI, durante su discurso de Navidad, anunciara su renuncia al privilegio que le permite incumplir responsabilidades tanto civiles como penales, pues no está obligado a rendir cuentas ante la Justicia.

El motivo que nos convocó fue la declaración de Carmen Calvo en El País del 9 de mayo de ese mismo año, gracias a la cual supimos que el Gobierno se había planteado reformar el citado privilegio, pero que se descartó “tras discutirlo con el PP y la Casa Real”. De las palabras de la hoy presidenta del Consejo de Estado, que nadie ha desmentido, se deducía que la respuesta de la “Casa Real” había sido contraria a la reforma.

La consecuencia principal de tal negativa resulta evidente: Felipe VI sigue disfrutando del mismo derecho a actuar al margen de la ley que disfrutó Juan Carlos I durante su reinado, un privilegio con el que, como juristas, no podemos estar de acuerdo y que solo se puede entender como un producto del legado franquista.

Por nuestra parte, al no recibir respuesta a nuestro primer escrito, volvimos a dirigirnos al presidente del Gobierno en 2023, 2024 y 2025 insistiendo en la misma petición tocante a la renuncia y agregando la conveniencia de que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) incluya en el ámbito de sus encuestas una pregunta relativa al mantenimiento o supresión del privilegio real. Diversos medios se hicieron eco de nuestras sucesivas peticiones.

Por fin, el pasado 20 de mayo recibimos la primera respuesta a nuestros escritos desde la presidencia del Gobierno. En esta nos propone que nos dirijamos directamente a la Casa Real y al CIS.

Antes de tomar una decisión queremos conocer la opinión de la sociedad sobre la reforma constitucional que venimos reclamando desde 2022, por lo que le pedimos nos ayude respondiendo a una pregunta disponible al final de este artículo.

Le agradeceremos su participación. Por nuestra parte, daremos cuenta de la evolución y resultados de esta iniciativa.

Listado de firmantes: Juan Calatayud, José Castro, Rafael Company, Víctor Cornell, Mar de la Loma, Josep de Luis, Aina Díaz, Cristina Gómez, Ferran Gomila, Alejandro Juárez, Francisca Mas, Catalina Monserrat, Catalina Moragues, Josep Pina, Carlos Portalo, Pablo Alonso de Caso, Mariano Reaño, Ignasi Ribas, Josep Valdés, Juan Pedro Yllanes, María Durán y Juan Luis Corbacho.

*Es posible que tengas problemas para responder la encuesta desde la aplicación para el teléfono de elDiario.es. Puedes votar sin problemas desde el ordenador.

¿Debe aprobarse la reforma necesaria para que el jefe del Estado tenga que responder ante la Justicia en caso de infracciones legales producidas al margen del papel político institucional que desempeña?

Qué difícil ligar las palabras con el profundo dolor que compartimos los que suscribimos este artículo y la cantidad de amigos, amigas, compañeros y compañeras que nos hemos reencontrado en la inesperada y pronta despedida a una persona comprometida y ejemplar.

La pasada semana perdimos a Joan Gaspar Vallori, ejemplo de activismo y referente para muchos de los que, siendo un poco más jóvenes, decidimos militar activamente en las Juventudes Socialistas, nuestra querida organización juvenil, a la que tanto debemos.

Joan Gaspar se ha ido demasiado pronto y con mucha tarea por hacer. Era el secretario general de la Agrupación Socialista de Alcúdia, en Mallorca, y concejal en su Ayuntamiento, pero este recuerdo que queremos compartir hoy en estas páginas va dedicado a aquel joven que, con tan sólo diecinueve años, decidió dar un paso al frente y organizar a más jóvenes que, como él, creían en poder cambiar la realidad de su pueblo, su Ciudad Fidelísima, como siempre nos reprochaba cuando nos atrevíamos, en tono jocoso y provocador, a comparar su municipio con cualquier otro.

Nos descubrió Alcúdia y, precisamente por eso, porque empujan los imborrables recuerdos, cuesta mucho escribir con el dolor que nos invade, pero lo suple la hermosura de lo vivido. Las anécdotas, las conversaciones, las risas, los debates y las preocupaciones apedrean con fuerza el corazón. 

Profundo seguidor del Barça y bastante cabezón a ratos, porque las convicciones las defendía como si renunciar a ellas fuera una derrota, supo hacer de su gran capacidad de trabajo, orden y dedicación los pilares de su compromiso militante. Lo practicó en todas las oportunidades políticas que tuvo en el Consell de Mallorca y en su Ayuntamiento.

Fue secretario de organización de las Joventuts Socialistes de les Illes Balears y vicesecretario general hasta que, como grande que era y en todos los aspectos, se incorporó a los órganos federales de JSE, llegando a ser presidente del Comité de Garantías. Lo hizo además con discreción y mucha humildad. Como si no fuera merecedor del reconocimiento que, por su capacidad de trabajo y su buen hacer, le otorgaban compañeros y compañeras de toda España.

Joan era un ejemplo por sus ideas, valores y, quizá ante todo, porque era una bellísima persona, atenta, considerada y respetuosa en un entorno, el de la política, en el que la ejemplaridad es la clave para ejercer liderazgos sólidos. También era alguien leal. Una lealtad que se asentaba en su sólido compromiso con los proyectos en los que decía embarcarse. Con las personas que caminaban junto a él. La clase de lealtad que únicamente son capaces de mostrar quienes se saben parte de un equipo y conocen que el sacrificio por alcanzar las metas, se sobrelleva mejor cuando estás rodeado de compañeros y compañeras que, además, reconocían en él a un amigo de verdad.

Historiador y gran viajero, su entusiasmo por la educación lo llevo a ser profesor del IES Nou Llevant, en Palma, y a tener un grupazo de colegas docentes y de chicos y chicas que, como nosotros, no entienden su repentina ausencia. Firme defensor del valor de las instituciones, facilitó la visita de sus alumnos al Parlamento Europeo, buscando financiación donde aparentemente escaseaba. Y es que, a cabezón, como decíamos, no le ganaba nadie.

Hubo muchísimas cosas que marcaron su vida, pero tal vez de las más recientes, que siempre contaba con orgullo y emoción, fue la que nos contó en octubre de 2021: “Nos han llamado del Govern. Han encontrado los restos de mi bisabuelo en la fosa de Porreres”.

Joan Gaspar sabía que eso no era casual: era la recompensa al trabajo árduo y pertinaz de las entidades cívicas y memorialistas y, sobre todo, a un gobierno convencido y comprometido con la memoria democrática, presidido por Francina Armengol, que impulsó la ley balear y el desarrollo de los sucesivos Planes de Fosas. Los restos de Jordi Colom Estarellas volvieron a la familia. A Selva. Al pueblo natal de los Vallori-Colom, cerrando por fin las heridas de una familia que consiguió enterrar, con la dignidad merecida, al bisabuelo que, como él, luchó por defender con pasión los valores democráticos.

Si algo tenía claro Joan Gaspar era que la reparación, la justicia, los cambios y los derechos vienen por ley y llegan como consecuencia de las luchas y reivindicaciones por lo que es justo, merecido y necesario. Y, sobre todo, se publican en los boletines oficiales. 

Querido amigo, tu afán por cambiar el mundo nos guiará siempre. Que la tierra te sea leve.

Després d'un llarg període, i després d'una reforma constitucional -ajust o supressió de vocables-, s'atorga el senador que li correspon a l'Illa de Formentera.

Després de la Proposició de reforma, per fi (ja que va presentar-se l'expedient el Parlament de les Illes Balears en la XII Legislatura), i ara, en la XV Legislatura Espanyola, s'ha reformat l'art.69.3 que permetrà a Formentera que elegeixi un senador propi -i no tenir-ne un a temps parcial que en la pràctica compartia amb l'illa d'Eivissa-.

Després de la seva admissió a tràmit com a Proposició de reforma constitucional al setembre de l'any 2023, es buscava suprimir el terme “agrupació d'Illes”, en aquesta unió Eivissa-Formentera, i el guió entre ambdues, a fi de crear una circumscripció electoral independent al senador per l'illa de Formentera i que, en les immediates eleccions, després d'aquesta reforma tingués un senador.

A partir de la reforma estatutària de 2007, en virtut de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, que va aconseguir la creació d'un Consell Insular propi per a l'illa de Formentera; i la creació del Consell Insular de Formentera, constituït el 10 de juliol de 2007, que estableix que s'integri en el citat consell insular l'Ajuntament de Formentera, la reivindicació ha estat una constant, tant a nivell insular com autonòmic.

Fins i tot, sent un territori amb una població a nivell nacional no reduïda, i al costat d'això, que el Consell de Formentera sigui una institució singular en el conjunt del Dret espanyol, amb personalitat jurídica única, però amb diverses naturaleses jurídiques superposades. Certament, posa fi a una dependència administrativa històrica lligada amb l'illa d'Eivissa. Per tant, la lògica possibilitat d'elecció d’un senador propi.

En principi, malgrat ser una cosa aparentment simple i sense problemes polítics, i comptar amb suport previ del Consell i del Parlament balear, i amb un acord de tramitació directa i en lectura única (176 vots a favor, 33 en contra, 138 abstencions).

Finalment, en la votació tant del Ple en el CD com al Senat va sofrir abstencions i vots en contra, encara que amb una majoria suficient per a la seva aprovació.

Així, encara que està pràcticament resolt, després de l'aprovació pel Ple del Congrés dels Diputats en la seva sessió del dia 26 de març de 2026, i havent obtingut aquest text, en votació final, la majoria de tres cinquens prevista en el citat precepte constitucional. I l'aprovació per part del Ple del Senat en la seva sessió del dia 22 d'abril de 2026 i havent obtingut aquest text, en votació final, la majoria de tres cinquens i sense introduir modificacions al text remès pel Congrés dels Diputats. Conclourà el 12 de maig de 2026, després de fer-se pública l'obertura del termini de quinze dies previst en l'article 167 de la Constitució Espanyola, dins del qual una desena part dels membres de la Cambra podrà sol·licitar que la reforma aprovada per les Corts Generals sigui sotmesa a referèndum per a la seva ratificació.

Existeix un fil conductor comú a la majoria de les converses de carrer a Palma: per què treballar no basta per arribar a final de mes? I una part de la resposta és l’habitatge com a màquina trituradora del salari. Quan el mercat del lloguer, convertit en un espai d’especulació, fa de l’habitatge un negoci, el treball ha deixat de ser el camí d’estabilitat i ha passat a ser només combustible, sempre insuficient, per pagar el lloguer o la hipoteca.

Guillem Frontera, a “Els carnissers”, descrivia la Mallorca dels anys seixanta dels nou-rics, engreixats a força de vendre els ja inservibles terrenys de conreu i posar-los al servei de la naixent indústria turística. Avui, els nous carnissers són aquells especuladors que acumulen infrahabitatges per llogar-los a preus astronòmics a famílies necessitades i complir el seu personalíssim objectiu: deixar de fer feina i viure de rendes. És una imatge dura, dickensiana, però pedagògica: perquè l’impacte social de l’acumulació immobiliària no és abstracte. Es tradueix en expulsió del veïnat, en substitució de vida quotidiana per rotació turística, en joves que no poden emancipar-se, en treballadors que han de fer dobles jornades per pagar un sostre. Tot això és classe, i és ciutat.

No obstant això, cal reconèixer que per resoldre aquesta tensió s’ha d’afrontar, primer de tot, amb honestedat: sovint les forces progressistes hem estat massa tèbies a l’hora de combatre l’acumulació patrimonial destinada a obtenir rendes i a l’especulació nua i crua. I no és perquè falti sensibilitat, sinó perquè l’habitatge és un camp on conflueixen interessos, por i també un imaginari cultural molt arrelat: la segona residència com a “dret”, com a èxit i alhora com a seguretat. Però si aquesta seguretat d’uns implica la inseguretat d’altres, la pregunta política és inevitable: quin model de ciutat volem? Dir això no és demonitzar ningú. És posar el focus en les regles del joc: regulació del lloguer, destinar els habitatges únicament a la seva vocació principal, parc públic, limitació d’usos especulatius, protecció de residents, fiscalitat justa i un debat sense hipocresies sobre què significa convertir un bé essencial en un actiu financer.

La societat post-pandèmica: del carrer al replegament

La pandèmia va accelerar tendències que eren incipients i va accentuar les consolidades: replegament interior, digitalització extrema. Menys plaça i menys carrer. I això té conseqüències polítiques: una societat menys comunitària és una societat més manipulable. Les xarxes socials han esdevingut un substitut de la socialització; el consum s’ha individualitzat encara més i ha generat precarització: repartidors de menjar a domicili, compres en línia, etc. S’han fomentat hàbits d’oci desconnectats del veïnat, i fins i tot una obsessió pel cos i l’esport en solitari, novament un símptoma d’aïllament i de competició desenfrenada per seduir i agradar que ens ha convertit en allò que el filòsof Gilles Lipovetsky denomina la “societat de la seducció”. La socialització es mercantilitza; baixar a la terrassa del bar de la cantonada ara és “llibertat”. La vida col·lectiva es dissol. I quan això passa, es dissol també la capacitat de defensa compartida: teixit associatiu, sindicalisme, moviments veïnals, espais comunitaris.

Es fa vital reconstruir espais comuns (culturals, educatius, associatius) que no siguin només “activitats”, sinó xarxa real i regenerada generacionalment, i recuperar la credibilitat política. La ciutadania detecta perfectament quan els serveis públics s’han convertit en un mínim o quan hi ha vocació real de servei públic. Sense entrar en caricatures, la idea és simple: coherència, exemplaritat i capacitat d’escolta. Si volem que la gent torni a confiar en projectes col·lectius, no n’hi ha prou amb tenir raó o creure’s moral i intel·lectualment superior; cal ser seriós, proper i útil.

Consciència de classe vs consciència de col·lectiu: reprendre el fil

Arribats al punt de l’autocrítica, també és important encarar que l’esquerra, per estratègia o per deriva, ha centrat moltes energies en batalles identitàries i culturals, generant, inintencionadament, una falsa dicotomia on sembla que ens hem desconnectat de l’agenda material. Aquí és important ser precisos: les identitats no són una distracció, són drets. El problema apareix quan el conflicte distributiu (habitatge, salaris, serveis públics) queda sense un relat fort i costa molt evitar que la dreta ocupi el terreny amb culpables fàcils. Quan l’esquerra perd el centre material, perd també la capacitat d’integrar totes les lluites i de liderar els debats.

Afortunadament, i des de la segona meitat del segle passat, s’han intensificat, estès i creat moltes lluites legítimes, amagades o inexistents en el passat, i que han passat a ocupar la centralitat del debat públic: feminisme, antiracisme, drets del col·lectiu LGTBI+, llengua, cultura, identitat territorial… Lluites inqüestionablement imprescindibles en l’assoliment, sempre incomplet i mai irreversible, de la prevalença dels Drets Humans. Però malgrat que quasi totes elles neixen des del punt de vista i la base ideològica del progressisme polític, no tothom acaba de veure-s’hi representat.

L’heteropatriarcat, per exemple, no és una idea o un fantasma. S’encarna en precarietat, en dependència, en desigualtat salarial, en repartiment injust de les cures i del treball domèstic, en LGTBIfòbia i, molt especialment, en violències físiques i psicològiques contra les dones que es reforcen encara més quan hi ha vulnerabilitat material. Interessadament, la dreta, en el marc de la seva guerra cultural contra les llibertats, ha propagat la idea que la Igualtat és una creença, o fins i tot una tendència passatgera sorgida del moviment 8M. Això es deu, entre altres factors, a un marc conceptual que, cada cop més, vol associar el fet de ser d’esquerres amb una radicalitat mal concebuda quan, en realitat, es tracta de defensar la visió de societat més igualitària que hi ha. No podem oblidar que, si bé la majoria de les discriminacions tenen una dimensió cultural i simbòlica, també comparteixen una arrel econòmica i d’imposició del poder. La llibertat formal no basta si no hi ha xarxa, feina digna, habitatge, protecció social. Per això, cal refermar, com expressa la filòsofa catedràtica de la Universitat d’Oxford, Amia Srinivasan, que el feminisme ha de ser contemplat, en primer lloc i sobretot, com una lluita política.

Per això, altres lluites dels diferents col·lectius que han patit discriminació històrica han acabat deslligant-se, per un motiu o l’altre, del seu origen ideològic i de classe. La fragmentació ha desembocat en confrontació i en exclusió mútua en comptes de cercar la imprescindible complementarietat i, en alguns casos, tot i defensar posicions progressistes, s’ha acabat alimentant encara més la divisió i l’enfrontament entre l’esquerra social i política. I si la lluita es fragmenta excessivament i es desconnecta de la qüestió material, es perd la capacitat d’acció i, alhora, fracassa la capacitat de transformar la societat.

A l’altre costat, les elits mai han perdut la seva consciència de classe. De fet, podem afirmar que són les úniques que actualment no sols en són conscients, sinó que posen la seva agenda política al servei de reforçar-la i d’evitar que el que podrien ser drets compartits continuïn sent privilegis. Cooperen, es protegeixen i legislen a favor dels seus interessos. La classe treballadora, en canvi, ha estat empesa cap a una consciència individualista, competitiva, fragmentada. Identitats enfrontades, però sous igual de baixos. Aquesta desconnexió no és casual: és funcional al sistema i una perversió que finalment només beneficia els que han romàs fora del debat. Si tenim en compte que el leitmotiv de la societat capitalista és posar l’individu en el centre de la vida, i no la nostra societat com a grup cohesionat, ens trobam que, de sobte, se’ns ha furtat la capacitat de reflexió sobre el model de convivència que realment volem. Bàsicament perquè no es vol que hi hagi una societat crítica. Es volen individus callats, tranquils i que no tinguem massa temps per pensar.

Les elits mai han perdut la seva consciència de classe. De fet, podem afirmar que són les úniques que actualment no sols en són conscients, sinó que posen la seva agenda política al servei de reforçar-la i d’evitar que el que podrien ser drets compartits continuïn sent privilegis

Per sortir d’aquest cercle viciós, és imprescindible que l’anàlisi de classe sigui reintroduïda; amb radicalitat, en el disseny de les polítiques públiques sense perdre de vista les qüestions relatives als nous drets que cal reforçar. A tall d’exemple, als Estats Units un factor clau per a la desigualtat és el racisme, que va permetre als propietaris dividir i segregar els treballadors blancs, negres i llatins, i va alimentar hostilitats entre ells. De la mateixa manera, no es pot entendre la solidesa del capital sense tenir present el treball domèstic no remunerat que han assumit històricament les dones. En definitiva, l’anàlisi “completa” que pretén l’esquerra tradicional no es pot assolir si deixa fora les anomenades polítiques identitàries.

Ja sabem que parlar de la classe treballadora —i de la seva opressió— sempre serà percebut com una amenaça per al capital. Per això, la tasca de l’esquerra política i social esdevé doble: defensar drets i llibertats (també identitàries) amb convicció i respecte; explicar que la unitat material és la condició perquè aquests drets siguin efectius i no quedin com a bandera simbòlica sense vida digna al darrere. No és “identitat contra classe”: és identitat i classe perquè la vida real té les dues coses. I és aquí quan encaixa molt bé el recurs del filòsof i politòleg John Rawls que ens proposava el següent joc consistent en el “vel de la ignorància”: si haguéssim de triar polítiques sense saber quin lloc ocuparem (quina família, quin barri, quina classe, quina orientació sexual, quin gènere, quin origen), triaríem una societat que protegeix més a qui està pitjor. Aquesta és una definició molt pedagògica d’igualtat i equitat que connecta amb el socialisme democràtic, sense dogmatismes. La resposta no és triar, la resposta és cosir la lluita material i la lluita pels drets identitaris.

Posició socialista: garantir drets i llibertats per a la classe treballadora

Si volem construir un nou model de societat i de ciutat, els socialistes no podem entrar en aquestes falses dicotomies. Centrar-se en els treballadors no vol dir prescindir de ningú. Vol dir entendre que el camp de batalla principal del segle XXI —sense excloure els altres— és la dignitat material: feina, salaris, habitatge, serveis públics, temps de vida, cures, igualtat real d’oportunitats. I que, si això falla, totes les altres conquestes queden més exposades a aguditzar encara més les regressions.

Els populismes s’alimenten sempre del cansament, del malestar i del descrèdit. Si la política es converteix en espectacle i no en solucions, la gent cerca algú que li digui “això que et passa és culpa d’aquell”. La resposta socialista no ha de fonamentar-se en la superioritat moral; ha de ser una proposta útil: reconstruir comunitat, reforçar drets, posar límits a l’especulació, redistribuir oportunitats, dignificar el treball i assegurar que la ciutat és habitable per qui la fa funcionar cada dia. Igualment, és imprescindible recuperar la dimensió internacionalista i transversal que el socialisme històric sempre ha defensat: la solidaritat de classe travessa fronteres. En un moment en què els nacionalismes excloents i els populismes cerquen identitats tancades, convé recordar que el socialisme democràtic no és tribal: és universalista en drets i els concreta en polítiques. I aquí la darrera alerta és clara: perquè, al final, el que està en joc no és una batalla cultural abstracta —on, per cert, tenim totes les de perdre en termes estrictament populistes—. És una cosa molt més senzilla i alhora més profunda: que la vida torni a bastar.

Durant la reactivació de l'economia, després de la covid-19 ja vam percebre un fenomen politicoeconòmic que repercuteix directament en el preu de l’habitatge, anomenat turisme residencial o turisme de segones residències. L’obertura de noves rutes aèries a zones d’alt poder adquisitiu fomenta un turisme d’alt poder adquisitiu amb interès per la compravenda d’immobles. Amb l’ampliació de l’aeroport de Palma iniciada el 2019 amb el DORA II (2019-2026), els responsables polítics van començar a maniobrar en una nova estratègia turística, la connexió de Palma amb el món. Hauríem de demanar si Miquel Ensenyat de MÉS per Mallorca era conscient que l'obertura de la nova ruta aèria, Palma amb Nova York, suposaria obrir-nos al mercat immobiliari internacional. 

Aquesta obertura ha suposat una ferida oberta de la crisi d’habitatge que han aprofitat inversors i compradors estrangers. Prop de quatre immobiliàries dels Estats Units van desembarcar o van multiplicar els seus clients interessats a comprar habitatge a Mallorca. Només cal veure com augmentaren un 300% la venda d’habitatges de luxe amb la inauguració de la ruta nord-americana. Un nou mercat estranger que sols busquen segones residències i immobles de gran valor. 

Aquest fenomen es va iniciar i repetir durant el Govern del Pacte i s’ha perllongat amb el Govern de Prohens. Des del 2022 amb el vol a Nova York fins al 2026, s’han obert prop d’11 noves rutes aèries: Suïssa, Dubai, Andorra, Bournemouth, Montreal (Canadà), Dinamarca, Washington, Bremen, Abu Dhabi, Nàpols, Budapest. I encara negociant l'obertura de noves a Àsia. 

L'estratègia és clara: obrir-nos al mercat exterior i facilitar l’entrada de capital estranger. El lliure mercat s’encarrega de l’arribada de noves immobiliàries i propietaris per l’adquisició i compra-venda d’immobles per a nous clients. 

Aquestes polítiques es justifiquen únicament des d’un punt de vista econòmic perquè fa pujar el PIB i atreu un turisme de luxe que afavoreix a un lobbie turístic molt petit. No obstant, comercialitzar amb el dret a l’habitatge suposa incrementar la crisi d’habitatge i accentuar els problemes i desigualtats socials. 

Desafortunadament, el futur no pinta bé. AENA vol aprovar un nou pla aeroportuari DORA III (2027-2031) que preveu una nova inversió mil milionària als aeroports balears. A les Balears es preveu incrementar els aeroports d’Eivissa i Menorca i la capacitat de càrrega de Mallorca. En una situació greu de crisis d’habitatge, les polítiques neoliberals i de creixement turístic i econòmic suposen una amenaça per a la societat. 

Introducció

Som moltes les persones que vivim el dia a dia com una cursa emocional d’obstacles. En una mateixa jornada podem passar de l’eufòria a la ràbia, de la tristesa a la impotència, transitant sempre per una apatia i un cansament mental que no ens abandonen ni al llit. I no importa gaire si ets autònoma, treballador de la construcció, mestre, administratiu o advocada; si treballes en un hotel o al món cultural; si ets personal sanitari, tècnic, repartidora o estàs a l’atur. El que compartim és una sensació: la vida va plena, però no arriba.

Treballam —sovint fora d’horari— i, alhora, hem de sostenir la casa i la família, fer la compra, encarregar-nos de les cures, cercar habitatge, fer una mica d’esport, gestionar el temps i fins i tot assumir el «deure» de tenir vida social, a més de fer scrolls infinits a les xarxes socials. El neologisme FOMO (Fear Of Missing Out), és a dir, la por de perdre’s algun esdeveniment que, en teoria, encara enriqueixi més la nostra quotidianitat, és la prova que ha triomfat la idea que cal combatre la monotonia, costi el que costi. En definitiva, no es pot treballar un mínim de vuit hores i, a més, tenir vida social. Senzillament, no hi cab.

Aquest esgotament social, analitzat pel filòsof Byung-Chul Han a l’assaig «La societat del cansament», no és només un malestar individual: és també un símptoma polític. L’individualisme del capitalisme contemporani ens ha guanyat espai i temps; vivim tan pressionats per arribar a tot que, paradoxalment, acabam més desconnectats del que seria desitjable. El que és públic s’esvaeix del pensament; els debats sobre el model —de ciutat, de barri, social, cultural, educatiu, econòmic— queden en segon terme. Ens menjam el dia resolent urgències particulars sense preguntar-nos d’on venen la majoria dels problemes que ens assetgen.

En aquest buit, l’extrema dreta —i també altres formes de populisme, inclòs el d’extrema esquerra o el nacionalisme— ofereixen un producte perfecte per a una societat cansada: respostes simples, frases curtes, missatges repetits, culpables fàcils al punt de mira. I quan això entra en terrenys ideològics que històricament havien estat progressistes, no és casual: és perquè existeix una desconnexió real entre una part de l’electorat, l’esquerra política i el que se n’espera. Si no ho assumim amb serenitat, ens equivocarem de diagnòstic.

Aquesta és, doncs, la motivació d’aquestes línies: recuperar una forma de pensar el món que progressivament hem anat perdent, la discussió sobre estructura, interessos, desigualtat material… Reivindicar el paper transformador de l’esquerra —en el sentit ampli, cultural i social—, però també recordar una evidència: si la vida s’ha fet més difícil per a la majoria és perquè darrere de tot això hi ha causes econòmiques que cal desemmascarar. Quan les causes són fàcilment monetaritzables, el llenguatge i les respostes també han de ser-ho. És aquí on torna una expressió que alguns consideren «antiga», però que esdevé més actual que mai: la consciència de classe.

Qui és realment la classe mitjana?

Abans de tot, és obligat redefinir de manera acurada els conceptes, no debades una part del problema és el miratge que s’ha generat en la manera com el llenguatge quotidià defineix i categoritza la realitat de la nostra societat. La classe mitjana real, en sentit estricte, és aquella que no necessita vendre la seva força de treball per sobreviure. Viu de rendes, de patrimoni, de capital. Pot treballar, però no depèn d’això per sostenir la vida.

La classe treballadora, en canvi, és la que necessita ingressos regulars com a contraprestació de la seva feina (assalariada o autònoma) per pagar el lloguer o la hipoteca, menjar, subministraments bàsics, cures, transport i un mínim de seguretat vital. I dins aquesta classe treballadora hi ha graus: feines més estables i més ben remunerades, i precarietats més dures. D’això es dedueix que el criteri per determinar la classe a la qual pertany cadascú no és ideològic, sinó, més aviat, el grau de dependència dels ingressos (o d’altres recursos econòmics) que tengui l’individu per garantir la seva pròpia subsistència i la del seu nucli familiar.

Per això és tan important desmuntar determinades afirmacions que ens generen el miratge d’encaixar en un esgraó social que l’únic que fa és generar frustració constant i una falsa pertinència a un col·lectiu que no és el nostre. No fa gaire circulava un mem aparentment còmic, però cruament pedagògic: si a la teva cuina has d’amuntegar olles i paelles perquè l’espai és limitat, si el pis és petit i car, si vius pendent de la quota, del lloguer o del pròxim encàrrec de feina… no ets classe mitjana, ets classe treballadora! La dependència laboral és, doncs, el marc en què cal ubicar-nos políticament per comprendre el nostre entorn i formar part de les solucions.

Aquesta fotografia de la realitat encara és més dura per a la generació dels «desposseïts»: joves (i no tan joves) sense patrimoni, sense estalvi estructural, sense possibilitat real de rebre herències a mitjà termini. En aquest grup hi encaixen no només moltes famílies arrelades històricament al nostre territori, sinó especialment la gran majoria de les persones immigrades que no compten amb xarxes de suport familiar ni possibilitats reals d’acumulació patrimonial que permetin transmetre’l als descendents. No heretar i no disposar d’una xarxa econòmica sòlida no és anecdòtic; és un factor que determina el futur, la mobilitat social i la capacitat de resistir crisis.

A Espanya i a Occident en general s’ha alimentat la idea que, amb el convenient esforç individual, tothom «puja» dins l’escala social. Mentrestant, cada govern conservador que ha aplicat una agenda ultraliberalitzadora —sigui des de l’executiu central o des de l’autonòmic— ha anat debilitant els amortidors col·lectius: serveis públics, regulació, drets laborals, accés a l’habitatge. El resultat és la naturalització de la privatització i la precarització creixents en serveis essencials: salut, educació, cultura… i en el mateix temps disponible per viure. No és que les noves generacions defugin l’esforç o siguin més fràgils que les anteriors; és que el terreny que trepitgen és molt més inestable que abans.

Quan això passa, sorgeix un mecanisme gairebé automàtic, experimentat de forma atroç en el passat recent: en comptes d’assenyalar l’arrel (el neoliberalisme salvatge, la desregulació, l’especulació o la concentració de riquesa), es culpa l’altre, el diferent. La persona migrant, el pobre, el veí, el de fora, «els que reben ajudes». I tot plegat s’intenta disfressar amb una paraula que sona justa, però és profundament tramposa: la meritocràcia. Aquí és quan entra en joc la crítica que fa el professor de filosofia política a Harvard, Michael Sandel, a «La tiranía del mérito: ¿Qué ha sido del bien común?»: si partim de desigualtats de base —família, barri, escola, patrimoni, xarxes—, parlar de “meritocràcia” com si fos un camp de joc neutral és confondre realitat amb relat.

La romantització de la precarietat i la perversió del llenguatge

El llenguatge no és mai neutral ni innocent, sinó que ha esdevingut un constructor de realitats i certeses. Les paraules no només descriuen: orienten, emmarquen, legitimen i també emmascaren i destrueixen. La perversió és sofisticada: transforma situacions injustes en estils de vida aspiracionals, venuts com a desitjables per a la gran majoria. No compartim pis perquè no arribam a final de mes; ara feim coliving. No ens encapsulam a casa nostra perquè el nostre poder adquisitiu no ens permet gaudir d’un oci compartit o perquè arribam esgotats físicament i mentalment de la jornada; ara practicam nesting. No renunciam a un projecte vital estable perquè no hi ha condicions; ara deim «prioritzam el benestar».

En el món laboral es practica el mateix cinisme renovat. De cop, han desaparegut els treballadors: en deim «col·laboradors». Ja no hi ha caps: hi ha «líders». Quan l’explotació sembla haver-se abolit, el que hi ha és «flexibilitat». I a sobre hi afegim dinàmiques de pati d’escola —futbolins a l’oficina, discursos motivacionals, coaching, afterworks «voluntaris»— que maquillen jornades llargues, salaris ajustats i drets que s’erosionen cada dia més. El teletreball, que podria ser emancipador, sovint s’ha convertit en una altra forma d’extorsió: horaris dissolts, desconnexió impossible, costos fixos d’infraestructura i materials que es traspassen a l’empleat. Mentrestant, els commuters continuen perdent hores de la seva vida dins un bus o dins un cotxe en un embús. I al mig, els falsos autònoms: treballadors sense drets però amb totes les obligacions.

L’objectiu és clar: individualitzar i culpabilitzar la classe treballadora, convertida en precariat, del que és estructural i així desactivar la consciència col·lectiva. Són la metàfora perfecta del sistema: “llibertat” formal, dependència real. Una narrativa que té la particularitat de convertir la necessitat en elecció. Quan la fragilitat dels drets laborals es ven com una decisió personal, el conflicte social desapareix, almanco de forma aparent. I si el conflicte social desapareix, es cancel·la també la possibilitat de canviar-lo mitjançant els instruments que tradicionalment s’han emprat en la història recent: l’organització sindical i la protesta.

En aquest context, no sorprèn que el benestar mental hagi esdevingut un problema de salut pública de dimensions insondables, especialment pel seu impacte a mitjà i llarg termini. Si bé és necessari parlar-ne, sense estigma, també és igualment important assenyalar-ne algunes de les principals causes. És imprescindible fer-nos algunes preguntes: som una «generació de cristall» o és que realment vivim en una precarietat vital permanent que desgasta qualsevol? Som conscients que quan deim «només és ansietat», deixant de banda l’anàlisi dels horaris, els sous, els lloguers i el futur, no practicam —sense adonar-nos-en— una subtil despolitització del malestar? D’aquí la provocadora frase: potser no necessitam només un psicòleg; necessitam un sindicat! No per substituir una cosa per l’altra, sinó per entendre que la salut mental té, en molts casos, causes materials que no sempre es perceben i que, especialment, intenten soterrar els que les imposen.

En paral·lel, observam un retorn idealitzat a la família tradicional i a discursos que prometen ordre i estabilitat, però sempre a canvi de simplificar la vida i les relacions socials. Hi ha persones que cerquen estabilitat per pur cansament, per desesperança. Davant el caos, se’ns ofereix una resposta simple: «torna a casa, assumeix el teu rol, no qüestionis el sistema, queda't en la intimitat de la llar». És, en realitat, una proposta profundament reaccionària que promet seguretat a canvi de submissió, especialment per a les dones. Perquè és evident que una part d’aquest relat —el fenomen de les tradwives, el retorn als rols i les essències d’un passat idealitzat on tot era senzill i uniforme, abraçar el catolicisme tradicionalista, emancipat, això sí, de l’humanisme del cristianisme, com a taula de salvació davant el procés de «substitució» de l’islam— implica ja un dramàtic retrocés en igualtat, i les dones en són les principals perjudicades, condemnades novament a la submissió. I aquí la nova mirada socialista ha de ser clara i empàtica: la igualtat no és un luxe cultural, és una condició de dignitat. A més, moltes de les desigualtats de gènere no són abstractes: travessen salaris, jornades parcials forçades, cures no remunerades, pensions més baixes. És a dir: tornam a topar amb una qüestió de classe.

Consciència de classe i alienació

Tot això ens du a la pregunta de fons: per què costa tant reconstruir una consciència compartida? La temptació de rebutjar les tesis del materialisme històric, per inaplicables al moment actual, és forta, però precisament per això és imprescindible anar a l’essència del seu pensament per tenir una base que permeti entendre una societat dividida per interessos, i no només per opinions o identitats. Si bé la terminologia és discutible, el nucli continua vigent: hi ha qui viu de la propietat dels béns (o de l’acumulació de patrimoni) i hi ha qui viu del treball. I avui, fins i tot quan la feina no és física, continua existint venda de temps, energia, atenció i vida. El proletariat del segle XXI no és ni una caricatura ni un revival de les aspiracions dels treballadors durant l’època industrial. És respondre a un clam d’una majoria social precaritzada a la qual els ingressos laborals no li són suficients per sostenir el projecte vital.

Entra en joc, per tant, la revisió del que implica el treball i, també, del que implica la vida. Quan el sistema actual t’ocupa tot el temps, individualitza el malestar, t’aliena del teu entorn i et ven solucions ràpides, el resultat és que t’arrabassa l’espai mental fonamental per pensar col·lectivament. D’aquí la necessitat —essencialment política— de tornar a explicar a les persones com nosaltres que, encara que ens vulguin en competència, compartim molt més del que sembla. En altres paraules: si només ens barallam per símbols mentre ens pugen el lloguer, qualcú està guanyant. I no som nosaltres.