Los jueces José Castro y Juan Pedro Yllanes exigen que el rey Felipe VI renuncie a su inviolabilidad

Un grupo de jueces y juristas de prestigio de las Illes Balears pide que el rey Felipe VI renuncie a la inviolabilidad contemplada en la figura del monarca. Estos profesionales quieren que sea el jefe del Estado el que, aprovechando el tradicional discurso de Navidad, se muestre favorable a la reforma constitucional que así lo permita. Entre ellos, figuran los exmagistrados José Castro –conocido por la instrucción del caso Nóos, que condenó a Iñaki Urdangarin a varios años de prisión y a Cristina de Borbón como partícipe a título lucrativo– y Juan Pedro Yllanes –conocido por haber sido designado para presidir el caso Nóos, a lo que renunció para entrar en política de la mano de Podemos, y por haber sido vicepresident balear con Francina Armengol–.

“Para eliminar la inviolabilidad no hay que acudir a la reforma constitucional”, afirma a elDiario.es el exjuez José Castro, y añade que tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional hacen, según asegura, “una interpretación errónea”. “Ahora el Tribunal Constitucional tendría que desdecirse”, asevera, ya que el jefe del Estado es “inviolable hasta en la esfera más personal”. Por este motivo, explica Castro, solo hay dos formas de conseguir este propósito: cambiando la interpretación del artículo 56.3 de la Carta Magna, o en su defecto, su redacción. “No sé qué es más complicado: cambiar la interpretación del artículo o modificar la doctrina constitucional”, sostiene el exmagistrado.

En una carta enviada al presidente del Gobierno, a la cual ha accedido elDiario.es, los juristas se dirigen a Pedro Sánchez para que transmita dicha petición al jefe del Estado. Los jueces creen que debe ser el rey Felipe VI quien se pronuncie al respecto, para que los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, lleguen a un acuerdo y pacten la reforma constitucional correspondiente que así lo permita. En dicho escrito, los expertos indican que dicha reforma se debe llevar a cabo para que el artículo 56.3 de la Constitución se interprete siempre, y exclusivamente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 64. El tercer punto del artículo 56 indica que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad” y que “sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65”.

El artículo 64 establece que los actos del rey “serán refrendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes” y que “de los actos del rey serán responsables las personas que los refrenden”. El artículo 65 se refiere a las cantidades económicas que el rey recibe de los Presupuestos Generales del Estado para los gastos de la Casa Real. Es decir, según la interpretación del texto constitucional que hacen los magistrados, la figura del rey es inviolable sólo en cuanto a los actos propios que debe realizar en el ejercicio de sus funciones como jefe del Estado.

Esta inviolabilidad, consideran, no debería llevar aparejada la posibilidad de cometer delitos sin que haya consecuencias penales, como habría ocurrido en el caso del rey emérito Juan Carlos I. Cabe recordar que la Fiscalía archivó la triple investigación que mantenía abierta en torno a Juan Carlos de Borbón y su fortuna alegando que los presuntos delitos habían prescrito o que los hechos se cometieron cuando el entonces jefe del Estado gozaba de inviolabilidad. Los investigadores entendieron que los posibles delitos fiscales fueron cometidos antes de 2011, por lo que ya habían prescrito, o que fueron cometidos cuando el monarca todavía estaba protegido por su inviolabilidad. Es decir, los magistrados creen que la figura del rey solo debería ser inviolable en el ejercicio de sus funciones para preservar los derechos y obligaciones constitucionales.

Con la actual interpretación, el título II de la Carta Magna, que se refiere a la Corona, está por encima del título I, de los derechos y deberes fundamentales, que en su artículo 14 establece que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. En este sentido, los juristas que firman el documento detallan que consideran “plenamente legítima y procedente” la manifestación del jefe del Estado, “pues corresponde a una norma que, directamente, solo se refiere a su persona”. Así, los expertos entienden que el rey Felipe VI “está de acuerdo con esta interpretación, pues es la única que despeja cualquier duda sobre posibles excepciones que expresamente rechaza el artículo 14 de la misma ley de leyes”.

Es decir, que esta interpretación del texto constitucional es la única que permite que los españoles sean “iguales ante la ley”, como indica el citado artículo del título primero. Los magistrados se muestran convencidos de que si el jefe del Estado se manifestara en estos términos, allanaría el camino para que socialistas y conservadores pusieran en marcha la reforma constitucional correspondiente. Cabe recordar que los proyectos de reforma de la Carta Magna deben ser aprobados por una mayoría de tres quintos del Congreso de los Diputados y del Senado. O, en su lugar, por una mayoría absoluta de la Cámara Alta y una mayoría de dos tercios de la Cámara Baja, según se establece en el artículo 167 de la Constitución. En ambos casos, se necesitaría el acuerdo entre los dos partidos con mayor representación parlamentaria: PP y PSOE.

En conversaciones con este diario, Castro se muestra escéptico sobre la posibilidad de que la petición llegue a buen puerto. El exjuez considera, del mismo modo, que si Felipe VI se pronunciara en estos términos, “renunciando” a la inviolabilidad, la monarquía se vería reforzada, como ocurrió cuando renunció a la herencia de Juan Carlos I, pese a que en la práctica solo fue un mero anuncio porque no puede hacerlo. “Si el rey tuviera ese gesto, que yo le aconsejaría si fuera su asesor, eso no evitaría la necesidad de reformar la Constitución, porque el artículo 56.3 está concebido como una garantía”, indica Castro.

Pese a ello, preguntado sobre si dicha manifestación allanaría el camino hacia posibles cambios, el exjuez opina que “con la aquiescencia del monarca todo sería más fácil”. Por tanto, aunque la interpretación del artículo siga igual, con la simple manifestación de Felipe VI, su figura “saldría reforzada”, explica Castro. “Tengo mis reservas de que esta iniciativa, pese a que la firmo, pueda servir para cambiar la forma del Estado”, reconoce.

Sánchez descartó la opción tras hablar con el PP y Casa Real

El Gobierno de Pedro Sánchez rechazó la posibilidad de eliminar la inviolabilidad del rey Felipe VI tras discutirlo con el PP y Casa Real, después de que el asunto fuera abordado en una serie de reuniones durante 2021 y 2022, según informó El País. La misma información apunta a que la propuesta la planteó Carmen Calvo, entonces vicepresidenta primera del Ejecutivo. “Yo lo planteé, se barajó, se puso sobre la mesa y no se vio la oportunidad en ese momento, ni por parte del presidente del Gobierno, ni por parte del PP, ni por parte de la Casa Real”, declaró Calvo al citado diario.

El presidente Sánchez encomendó a Calvo, en febrero de 2021, la tarea de poner en marcha un nuevo “marco de actuación” más transparente, moderno y actualizado de la monarquía, según El País, pero los cambios finalmente quedaron limitados a una serie de medidas de transparencia. Unas modificaciones que fueron pactadas entre Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, y Cuca Gamarra, secretaria general del PP. El diario apunta a que Felipe VI dio el visto bueno para que se pusieran en marcha esos contactos.

Los letrados del Congreso rechazaron la petición del PNV

Los letrados del Congreso ya comunicaron en junio de 2022 al PNV que “no procede” la admisión a trámite de la proposición de ley que registraron los nacionalistas vascos para limitar la inviolabilidad del rey a los actos vinculados a su puesto. Los servicios jurídicos de la Cámara Baja alegaron que la iniciativa vulnera la Constitución, ya que “invade la reserva constitucional existente en cuanto a los elementos esenciales de la Corona definidos en el Título II de la Constitución, al pretender un desarrollo normativo contrario al régimen jurídico de la inviolabilidad de la Jefatura de Estado, en los términos en que aquélla se configura en el artículo 56.3 de la Constitución, no resultando posible la regulación de esta materia mediante una Proposición de Ley”.

Hace unos meses, en septiembre de 2023, la mayoría de la Mesa del Congreso volvió a rechazar una iniciativa legislativa para regular las funciones de la Corona. El PSOE y el PP unieron sus votos para dejar caer una proposición de ley del PNV que buscaba limitar la inviolabilidad del rey a sus actos institucionales. La propuesta recibió los cuatro votos negativos con los que cuenta el PP y también tres del PSOE, mientras que Sumar votó a favor de que la propuesta se debatiera en sesión plenaria. Fuentes socialistas explicaron que para regular la protección del rey debería modificarse la Constitución.

La proposición del PNV pretendía limitar la inviolabilidad de la figura del jefe de Estado a sus actos institucionales, toda vez que desde esa formación consideran que “no es ajustada una interpretación de la inviolabilidad que suponga que el rey esté por encima de los valores estructurales de la propia Constitución y de las leyes, además de que la voluntad del legislador no era que la inviolabilidad fuera absoluta”. Para ello proponían modificar el artículo 55 bis de la ley del Poder Judicial, para incluir un segundo punto: “También conocerán de las acciones civiles y penales dirigidas contra el Rey o Reina durante el ejercicio de su cargo en los actos no sometidos a refrendo y que no tengan relación con las funciones institucionales de la Jefatura del Estado”.

El PNV ha presentado las iniciativas con la idea de que no puedan repetirse situaciones procesales como las referidas a Juan Carlos I, cuyas causas por supuesto enriquecimiento ilícito y fraude fiscal fueron archivadas por los tribunales españoles arguyendo, precisamente, esa inviolabilidad recogida en la Constitución. El grupo vasco quiso insistir con esta cuestión en el comienzo de la nueva legislatura pero volvió a encontrarse con la oposición de la mayoría de la Mesa.

Sobre la proposición de ley para modificar el artículo 55 de la ley del Poder Judicial, a propuesta del PNV, Castro expresa que no fue admitida porque “cualquier propuesta que implique una interpretación distinta del artículo 56.3 y que no necesite de la reforma constitucional será interpretado como un fraude de ley”.

Una nueva petición desde Balears

A las iniciativas presentadas por el PNV se suma esta nueva petición desde el archipiélago balear, que no es la primera vez que se solicita. A la firma de los exmagistrados Castro e Yllanes hay que sumar el apoyo de otros abogados y jueces como Josep de Luis, Cristina Gómez, Juan Calatayud, Mar de la Loma, Alejandro Juárez, Neus Canyelles, María Pilar Prats, Gaspar Guaita, Catalina Monserrat, Beatriz Fernández del Castillo, Mariano Reaño, Pep Valdés y Ferrán Gomila. Un grupo de juristas a los que se podrían adherir nuevas voces en una reivindicación en la que van a insistir.