Fraude fiscal, blanqueo y amenazas: la inmunidad salva a Juan Carlos I de media docena de acusaciones

Juan Carlos hace el signo de la victoria en el último día de regatas en Sanxenxo en una imagen de archivo

Alberto Pozas


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La inviolabilidad de la corona se ha convertido en la mejor aliada de Juan Carlos de Borbón para evitar el banquillo. Esta semana los tribunales británicos han decidido que este privilegio le protege contra buena parte de las acusaciones de acoso que su ex amante, Corinna Larsen, ha realizado contra él y por las que está pendiente de juicio en ese país. La misma inviolabilidad que, combinada con la prescripción, le libró de responder penalmente en España por la gestión de su fortuna en el extranjero y en paraísos fiscales a espaldas de Hacienda y las arcas públicas. Esta última resolución favorable de la Corte de Apelaciones evita, por ejemplo, que el rey emérito tenga que responder por algunas de las acusaciones más graves lanzadas por Larsen: que el CNI, por orden del monarca, asaltó su despacho en Mónaco, su casa en Suiza y amenazó varias veces a la aristócrata a través del jefe de los espías españoles.

La Fiscalía cierra las investigaciones a Juan Carlos I alegando que los delitos prescribieron

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En un primer momento los tribunales británicos habían rechazado que Juan Carlos de Borbón se pudiera amparar en la inviolabilidad de la corona para evitar estas acusaciones de su ex amante. El juez Matthew Nicklin decidió el pasado mes de marzo que ninguna ley británica le permitía eludir este pleito por formar parte de la familia real española. Para este magistrado los hechos investigados tenían que ver con sus funciones como monarca cuando estaba en el trono, y en la actualidad no podía ser considerado un miembro activo de la Casa Real.

Esta semana la Corte de Apelaciones ha fallado en sentido contrario y ha dado un arma muy poderosa al monarca para protegerse de la mayor parte de acusaciones de acoso de Corinna Larsen, entre los que hay actos de acoso supuestamente perpetrados por Félix Sanz Roldán, entonces director del Centro Nacional de Inteligencia, por orden de Juan Carlos I. Esa conducta, dicen ahora los jueces, no fue algo “privado” del ciudadano Juan Carlos de Borbón y es “inmune” a la jurisdicción británica. “Si un acto solo puede ser realizado por un Gobierno, y no por un ciudadano, es necesariamente un acto soberano”, concluye.

En la práctica esto implica que el proceso civil abierto por Corinna Larsen contra el monarca emérito, con quien mantuvo una relación sentimental durante años, adelgaza con respecto a su volumen inicial. Un total de nueve acusaciones de actos de acoso supuestamente ejecutados entre abril y junio de 2012 se quedan fuera del juicio, algunos de ellos los más graves que la demanda de la aristócrata alemana pone encima de la mesa.

Ese acoso tuvo lugar en uno de los momentos más delicados para Juan Carlos de Borbón, tanto en público como en privado. Arranca, supuestamente, cuando el rey de España ordena transferir a Larsen más de 60 millones de euros, procedentes de Arabia Saudí, desde las cuentas de su fundación panameña a una cuenta en Nassau gestionada por Larsen. También coincide con el accidente de caza en Botsuana en el que el monarca se rompió la cadera, tuvo que ser operado y compareció ante los medios de comunicación para afirmar que se había equivocado y que no volvería a suceder.

Vigilancia, amenazas y robo de documentos

Ese mes de abril de 2012, por ejemplo y siempre según las acusaciones de la empresaria, Félix Sanz Roldán reconoció ante Corinna Larsen que él había sido responsable de filtrar su identidad a la prensa, e impuso vigilancias y protección a la aristócrata. Durante los siguientes meses, asegura, el CNI puso en marcha una operación encubierta para entrar en su apartamento de Mónaco y poder hacerse con documentación comprometida que ella guardaba en su despacho. “Documentos que fueron examinados, copiados y algunos retirados sin mi consentimiento”, afirma la afectada.

Sanz Roldán también prometió en esas fechas que habían contratado a una empresa privada para proteger a Larsen y su familia de los paparazzi. El objetivo era, según la demanda, tener acceso a cualquier documentación comprometedora para el rey, que unos días antes había transferido más de 60 millones de euros a Corinna a modo de donación irrevocable. En esas fechas, el jefe de los espías españoles también usaba el alias “Paul Bon” para dirigirse a ella y “dejar claro” que actuaba “por orden” del rey.

Tampoco será juzgado Juan Carlos I por el encuentro que Larsen y Sanz Roldán mantuvieron en Londres en mayo de ese año. Un encuentro en el hotel Connaught de Londres en el que, según la demanda, el jefe de los espías españoles amenazó abiertamente a Larsen y su familia asegurando que “no podría garantizar su seguridad o la de sus hijos” si no cumplía con sus “recomendaciones”. Ese mismo día, Larsen afirma que viajó a su apartamento en el pueblo suizo de Villars-sur-Ollon para descubrir que alguien había entrado en su apartamento y había revuelto su documentación.

Según Larsen, las amenazas de “Paul Bon” se mantuvieron a lo largo de mayo de 2012, por teléfono y por correo electrónico. “Habrá consecuencias si haces algo en contra de los intereses del rey”, asegura que afirmó Sanz Roldán por teléfono. Ya en junio de ese año, llegó otro email de parte del jefe del espionaje español con alusiones a documentos y pruebas manipulados que podían poner en apuros a la aristócrata. “Cualquier filtración de esta información tendría un efecto devastador en tu imagen”, decía Sanz Roldán. Ella sacó una conclusión clara: o hacía lo que el rey quería o tendría problemas.

Son hasta nueve actos de acoso ejecutados, supuestamente, por Félix Sanz Roldán a las órdenes de Juan Carlos de Borbón, que entonces pasaba uno de sus peores momentos dentro y fuera del Palacio de la Zarzuela pero que todavía tenía dos años por delante en el trono. Actuaciones que, en caso de ser ciertas, según la corte británica de apelaciones nunca podrán formar parte de una acusación contra él en un pleito como éste: “El juez se equivocó al concluir que las conductas previas a la abdicación eran conductas privadas”, dice la resolución conocida esta semana. Una resolución de 26 páginas que tapona más de la mitad de las acusaciones que pesan sobre él en este proceso civil.

La inviolabilidad del rey en España

El resultado es similar al que libró a Juan Carlos I de enfrentarse a un proceso penal por la gestión de su fortuna, según la Fiscalía durante décadas a espaldas del fisco español. Los decretos del Ministerio Público, que en marzo sellaron el archivo de la triple investigación contra él, especificaron que la combinación de esta protección monárquica que recoge el artículo 56 de la Constitución con la caducidad de los hechos y la falta de pruebas era un muro infranqueable entre el rey emérito y el banquillo de los acusados.

“La interpretación es clara y no deja margen de duda acerca del mandato constitucional que impide dirigir reproche penal alguno a S.M. D. Juan Carlos de Borbón por cualquier conducta realizada con anterioridad al 19 de junio de 2014”, dijo ese decreto de la Fiscalía Anticorrupción con unas consecuencias prácticas similares a las que también le han beneficiado en Londres.

Durante más de un año, un equipo de fiscales liderados por Juan Ignacio Campos investigó las cuentas de Juan Carlos I dentro y fuera de nuestro país. Concluyeron, por ejemplo, que la monarquía de Arabia Saudí regaló 64,8 millones de euros al monarca a través de una fundación radicada en el paraíso fiscal de Panamá con cuentas en Suiza. También que ese dinero fue enviado a una cuenta llamada Solare, en un banco de Nassau, como donación a favor de su entonces amante Corinna Larsen.

La inviolabilidad dejó fuera del debate, por ejemplo, un posible delito fiscal por no declarar el IRPF de 2012, que no estaría prescrito como los de años anteriores. También un posible delito de blanqueo relacionado con esos casi 65 millones de euros que transfirió el rey de Arabia Saudí a su fundación panameña Lucum, y que terminaron en cuentas controladas por Corinna Larsen. Eso “sí permitiría, en principio, considerar colmadas las exigencias” del delito de blanqueo pero, y aunque no estuviera prescrito, no se puede perseguir por la protección que le Constitución otorga a la corona española.

En esos decretos la Fiscalía celebraba, eso sí, que aunque no había posibilidad de denunciarle por estos y otros delitos, su “actuación” había forzado al rey emérito a pagar cinco millones de euros en varias regularizaciones que también contribuyeron a blindar su exoneración penal. En varias tandas, la defensa del monarca pagó a Hacienda por los ingresos que no podía justificar y que había ocultado hasta entonces: el dinero que él y sus familiares usaron procedente de empresarios amigos y los cuantiosos gastos personales que asumió la Fundación Zagatka de su primo, Álvaro de Orleans.

Los pagos a Hacienda llegaron después de que el Ministerio Público avisara por escrito a su defensa de que los fiscales iban abriendo nuevas líneas de investigación. Algo que, según la ley, bloquea cualquier posibilidad de regularización sin consecuencias legales si se puede considerar un aviso, pero que no pasó el filtro de la propia Fiscalía. “Ni en los decretos de incoación de ambas diligencias de investigación ni en las respectivas notificaciones se hacía referencia a los hechos”, justificaron los investigadores sobre sus propios avisos a la defensa del rey.

Los hechos posteriores a la abdicación

En España la Fiscalía entendió que, una vez levantado el muro protector de la inviolabilidad tras su abdicación en 2014, tampoco había margen para llevar a Juan Carlos I ante los tribunales por la vía penal. Pero en Reino Unido, y en un proceso civil distinto, hay una parte de las acusaciones de Corinna Larsen que sí han sobrevivido a la criba de la inviolabilidad de la corona.

Son hasta cinco actos de acoso perpetrados, según Larsen, a lo largo de 2014 y 2015, una vez Juan Carlos de Borbón había abdicado en favor de su hijo Felipe VI. Por ejemplo, que fue puesta bajo vigilancia de agentes del CNI español “por orden del rey emérito o con su consentimiento”, incluyendo el intento de colocar un dispositivo de seguimiento en su coche para interceptar sus comunicaciones.

También tendrá que responder por actos ejecutados, supuestamente, por él mismo. En 2014, por ejemplo, Larsen afirma que empezó a ser presionada por el rey para retomar su relación sentimental, llegando a rechazar una propuesta de matrimonio de Juan Carlos de Borbón. En junio de ese año, después de dejar el trono y la corona, el ya rey emérito empezó a viajar “con más frecuencia” a Londres, donde vivía la aristócrata. Estaba “furioso” por la negativa de Larsen a volver con él y exigió que devolviera los regalos que le había hecho.

Según la demanda, desde octubre de 2014 el monarca inició una estrategia para perjudicar los intereses comerciales de Corinna Larsen, con “acusaciones falsas” de que ella había robado. Incluso acusa al padre del rey de suministrar a los medios de comunicación información falsa sobre ella y sobre sus negocios.

Son dos investigaciones en torno a dos facetas de la vida y la actividad que Juan Carlos de Borbón desarrolló a espaldas de la opinión pública durante décadas. Por un lado, una gestión de su fortuna a cientos de kilómetros de España y a espaldas de la Agencia Tributaria y sus inspecciones. Por otro, las amenazas a las que supuestamente sometió a su ex amante Corinna Larsen para evitar que pudiera revelar detalles sobre esa fortuna y perjudicarle. Las dos causas se han cruzado con una inviolabilidad de la corona y solo una pequeña parte de las acusaciones podrán estudiarse en un procedimiento civil de un tribunal británico que, como mucho, le condenará a indemnizar a Larsen.

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