Más de 25 organizaciones reclaman al Gobierno de Page que garantice el derecho al aborto en la sanidad pública

Ágora Feminista de Albacete y Amnistía Internacional Castilla-La Mancha han dirigido una carta a la consejera de Igualdad, Sara Simón, y al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, expresando una serie de preocupaciones y solicitudes de información sobre el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en esta comunidad autónoma. A esta misiva se han adherido colectivos feministas como la Coordinadora 8M de Albacete, la Plataforma Feminista de Guadalajara, la Plataforma 8M de Toledo o Feministas de Pueblo, y organizaciones sindicales como Comisiones Obreras, UGT, Intersindical y CGT. 

Las entidades recuerdan al Gobierno regional que, según los datos estadísticos que publicó el Ministerio de Sanidad sobre interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en 2022, en Castilla-La Mancha tan solo hubo dos centros sanitarios, ambos privados, donde las mujeres de la región pudieron ejercer este derecho.

Además, señalan que, aunque la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, reconoce el derecho a la objeción de conciencia, este es individual y debe ser comunicado por escrito y de forma anticipada.

Consideran que el aspecto de “individual” es muy importante ya que esto supone que no se puede objetar “por servicios”, tal y como explicó recientemente el Gobierno autonómico que ocurría en el caso de una mujer que solicitó a la sanidad pública en Talavera de la Reina la interrupción de su embarazo por tratarse de un caso de riesgo debido a sus múltiples complicaciones de salud. Esta mujer fue derivada a una clínica madrileña a más de 170 kilómetros de su casa, ya que, según la Consejería de Igualdad, “actualmente existe objeción de conciencia en la totalidad de los servicios implicados del sistema sanitario público de Castilla-La Mancha”.

 A este respecto, los colectivos firmantes de la carta solicitan información sobre las medidas que está llevando a cabo el Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para garantizar este procedimiento en el ámbito geográfico de las usuarias del Sistema Nacional de Salud en las mejores condiciones de proximidad de su domicilio.

Registro de objetores 

La reforma de la ley del aborto de 2023, en su artículo 19 establece que “a efectos organizativos y para una adecuada gestión de la prestación”, las comunidades crearán un registro de profesionales sanitarios que decidan objetar por motivos de conciencia y que quienes se declaren objetores al aborto lo serán tanto en la sanidad pública como en la privada. A día de hoy, este registro no está implantado en Castilla-La Mancha, algo que reclaman Amnistía Internacional y Ágora Feminista en su carta.

Además, las organizaciones firmantes recuerdan que, sin menoscabo del derecho individual de cada profesional sanitario a declararse objetor, la ley establece claramente que “el acceso o la calidad asistencial de la prestación no se verán afectados por el ejercicio individual del derecho a la objeción de conciencia”.

Refieren que a estos efectos, la normativa establece que “los servicios públicos se organizarán siempre de forma que se garantice el personal sanitario necesario para el acceso efectivo y oportuno a la interrupción voluntaria del embarazo. Asimismo, todo el personal sanitario dispensará siempre tratamiento y atención médica adecuados a las mujeres que lo precisen antes y después de haberse sometido a una interrupción del embarazo”.

 La Consejería de Sanidad ha respondido a este respecto que en este momento, se encuentra en fase de consulta pública previa el proyecto de Decreto del Registro de Profesionales Sanitarios Objetores de Conciencia a realizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo en Castilla-La Mancha.

Intimidación y hostigamiento a mujeres

En Castilla-La Mancha, como ocurre en otras zonas de España desde hace décadas, el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas autorizadas a practicar interrupciones voluntarias del embarazo ha sido “una constante”, apuntan. Grupos organizados antielección “coaccionan a las mujeres con fotografías de fetos y proclamas contra el aborto a las puertas de los centros, con el objetivo de que las mujeres cambien su decisión mediante la intimidación y el hostigamiento”.

Según un informe elaborado en 2018 por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), a partir de una encuesta realizada a 300 mujeres que acudieron a abortar en clínicas de toda España, el 89% se habían sentido acosadas y un 66%, amenazadas.

En Castilla-La Mancha, desde hace más de siete años, grupos antielección se concentran semanalmente frente a la Clínica Iris de Albacete coincidiendo con las intervenciones en quirófano, abordando a pacientes y profesionales. “Sus acciones consisten en rezos e intentos de interlocución en la misma puerta de la clínica, utilizando muñecos que representan fetos, además de rosarios, biblias o tarjetas con imágenes de bebés que intentan que sean recogidos por las mujeres que acceden al centro médico”. Organizaciones feministas de la provincia de Ciudad Real denuncian situaciones similares ante la Clínica Cire de Miguelturra.

Asociaciones de derechos de las mujeres, como Ágora Feminista de Albacete, han informado de esta situación durante estos años al Ayuntamiento de la ciudad, al Gobierno de la Junta de Comunidades, al Instituto de la Mujer, al Comisario de la Policía Nacional en Albacete y a la Subdelegación de Gobierno, sin que, hasta el momento, se hayan tomado medidas que garanticen la privacidad de las mujeres y su ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo libre de coacciones.

Por todo ello, las organizaciones firmantes recuerdan que, cuando la Organización Mundial de la Salud promueve la práctica de abortos seguros, está hablando, no solo de la disponibilidad de los servicios para practicarlos, sino también “de la forma en que se ofrecen esos servicios, de la confidencialidad y la privacidad en la toma de decisiones de las mujeres”.

Asimismo, la Ley Orgánica 1/2023 señala que “las administraciones públicas […] velarán por evitar que la solicitante sea destinataria de prácticas que pretendan alterar, ya sea para afianzar, revocar o para demorar, la formación de su voluntad sobre la interrupción o no de su embarazo, la comunicación de su decisión y la puesta en práctica de la misma, con la excepción de la información clínica imprescindible y pertinente”.

De igual forma, el preámbulo de la Ley Orgánica 4/2022, de 12 de abril, indica que “se considera imprescindible garantizar una zona de seguridad alrededor de los centros sanitarios que facilitan la interrupción voluntaria del embarazo de forma que quede garantizada la intimidad de las mujeres, su libertad y seguridad física y moral, así como su derecho a la libre circulación y de este modo garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres”. Además, con la incorporación del artículo 172 en el Código Penal se sanciona el acoso a las mujeres que acuden libremente a las clínicas de aborto.

Por último, las organizaciones firmantes de la carta reclaman al Gobierno regional información sobre el funcionamiento del Comité Clínico que ha de ratificar que se da un motivo médico para la interrupción del embarazo, cuando se solicita después de la semana 22, así como datos de cuántas peticiones fueron resueltas favorablemente y denegadas desde julio de 2010 hasta la fecha.

Protocolo de información

 Además de las preocupaciones expuestas en la carta, Ágora Feminista y Amnistía Internacional solicitarán a la Consejería de Sanidad que se elabore y haga público un protocolo accesible que facilite información sobre la interrupción voluntaria de embarazo, las diferentes formas de realizarla y el acceso a los centros. 

En los centros de atención primaria hay una persona designada para informar al respecto, pero, a fecha de hoy, el SESCAM “carece de información clara y precisa, publicitada y accesible para una mujer que quiera interrumpir el embarazo”. No hay ningún apartado al respecto en la página web ni un número para información telefónica.

La Consejería Igualdad no ha contestado a la carta remitida por Amnistía Internacional y Ágora Feminista de Albacete con el apoyo de otras 25 organizaciones. Por su parte, la Consejería Sanidad, en una respuesta que ambas organizaciones consideran insuficiente, informa de la consulta abierta en torno al decreto del registro de objetores, pero no atiende a la mayoría de peticiones de información realizadas.

A la misiva enviada se han adherido Almansa Feminista, Asexórate, Asociación Feminista 13 rosas de Chinchilla, Asociación de Promoción de Igualdad de Género (ASPIGA), CCOO Castilla-La Mancha, CGT Albacete, CGT Cuenca, Colectivo Sin fronteras Albacete, Comisión Proderechos de la Mujer de Albacete, Coordinadora 8M Albacete, Feministas de Pueblo, In Género, MAC, Mujeres de la Plaza del Pilar de Ciudad Real, Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical, PETRA Maternidades Feministas, Plataforma 8M Toledo, Plataforma Feminista de Guadalajara, Red Feminista de Albacete, Sincronizadas, SOV de CGT de Alcázar de San Juan, STAS-CLM, STE-CLM, Torre Púrpura y UGT Albacete.