Ahora que el conflicto entre EEUU e Irán vuelve a enardecerse y la violencia alcanza su punto más álgido desde que en abril se acordó el alto el fuego, Donald Trump ha vuelto a amenazar las instalaciones nucleares iraníes.

La actual oleada de ataques estadounidenses busca obligar a Irán a reabrir el estrecho de Ormuz, pero el presidente afirmó el martes que su Gobierno sigue comprometido con impedir que Irán se haga con el arma nuclear. También reiteró las amenazas contra la instalación de la montaña Pickaxe, vinculada al programa nuclear iraní.

Conocida en Irán como Kuh-e Kolang Gaz La, se trata de una instalación subterránea fortificada situada cerca de la planta de Natanz, a su vez una de las principales instalaciones de enriquecimiento nuclear del país. Trump declaró a los periodistas que el ejército “atacaría esa zona muy pronto y con gran intensidad”.

Esto es lo que se sabe sobre el lugar.

¿Dónde está?

La montaña Pickaxe se encuentra a 220 kilómetros al sur de Teherán y a dos de la instalación nuclear de Natanz, donde se encuentran dos de las plantas de enriquecimiento de uranio de Irán. Estas ya han sido bombardeada anteriormente; tanto en la actual guerra, el 28 de febrero, como durante la guerra de los 12 días del verano de 2025.

Se sabe muy poco sobre el complejo situado en el interior de la montaña, pero los expertos creen que aún se encuentra en construcción y estiman que está enterrado a casi 100 metros de profundidad.

La instalación de la montaña Pickaxe no fue objetivo de ninguna de las dos oleadas de ataques estadounidenses e israelíes de 2025 y 2026, según el Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional (ISIS), un centro de estudios con sede en EEUU especializado en la no proliferación nuclear.

¿Cuál es su historia?

La construcción de la instalación de la montaña Pickaxe comenzó en 2020, según el ISIS. Las obras comenzaron tras una explosión en la planta de Natanz que las autoridades iraníes calificaron de acto de sabotaje.

Irán afirmó en aquel momento que la operación en Natanz había causado daños importantes y, ese mismo septiembre, el entonces responsable nuclear iraní, Ali Akbar Salehi, declaró que el país había comenzado a construir una “nave moderna, más grande y más completa en todos los aspectos en el corazón de la montaña, cerca de Natanz”, destinada a la fabricación de centrifugadoras avanzadas. Estas máquinas hacen girar el uranio a altas velocidades para enriquecerlo y producir combustible nuclear.

Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), declaró en marzo que Irán ya había anunciado previamente su intención de llevar a cabo actividades nucleares en la montaña Pickaxe.

“Esto formaba parte de su intención, bastante sistemática, de trasladar sus instalaciones más sensibles bajo tierra”, afirmó.

¿Qué es lo que ha construido Irán en la montaña?

El centro de estudios ISIS, que ha analizado imágenes de satélite del emplazamiento, afirma que este cuenta con cuatro entradas y que recientemente se ha completado un muro de seguridad alrededor de la instalación.

Tras el comienzo de los bombardeos de EEUU e Israel, se reforzaron dos portalones a la entrada del túnel este y se rellenaron en parte las entradas para dificultar el paso de vehículos, pero no se han sellado por completo, según el informe del think tank.

Sam Lair, socio del Foreign Policy Research Institute —otro centro de estudios estadounidense— declaró a Reuters que el haber reforzado las entradas complica “acertar con munición de penetración como las destructoras de búnkeres”.

¿Está operativa la instalación? ¿Qué usos puede tener?

Las amenazas de Trump contra la montaña este mes incluyeron el reconocimiento de que la inteligencia estadounidense no ve actividad en el lugar.

“No les va bien con la situación nuclear. Cada cosa que oímos al respecto la bombardeamos. Así que no les gusta hablar de ello. Pero probablemente le tiremos algo a Pickaxe relativamente pronto”, lanzó.

El informe de ISIS señala que entiende que “la instalación aún no está operativa, pero sigue construyéndose”, y que no está claro cuándo podría empezar a funcionar a partir únicamente de la observación de las imágenes de satélite.

El centro de estudios tampoco está seguro de que Irán siga planeando levantar en el lugar una instalación de montaje a gran escala.

“Con todo, si Irán empieza a reconstruir su capacidad de fabricación de centrifugadoras, podría planear instalar una instalación de montaje de centrifugadoras más pequeña en la montaña Pickaxe que pudiese dar suministro a un programa de armas nucleares”, especula el estudio.

¿Cómo se le podría atacar?

Los expertos entienden que el complejo está enterrado a gran profundidad y fuera del alcance de las más potentes bombas para destruir búnkeres que EEUU tiene en su arsenal. Los ataques aéreos siempre tienen un grado de incertidumbre porque resulta difícil analizar sus efectos sin observarlos desde el terreno. Un informe del Pentágono publicado tras el bombardeo de los emplazamientos nucleares de Irán en 2025 argumentó que los ataques posiblemente retrasaron uno o dos años el programa nuclear, pero concedieron que la conclusión estaba lejos de ser categórica.

El estudio del ISIS señala que “sería más adecuado que fuerzas sobre el terreno atacasen o saboteasen [la instalación]. Sin embargo, puede que haya otras vulnerabilidades que puedan ser explotadas por armas lanzadas desde el aire que sean capaces de golpear a grandes profundidades”.

Trump ha trazado una línea roja y hasta el momento descarta el despliegue de operaciones en tierra, y nada indica que vaya a cambiar de opinión, incluso con el reciente agravamiento de las hostilidades con Irán.

Lair indicó: “Podemos inferir que hay actividades en la montaña Pickaxe que los iraníes quieren proseguir, pero que les preocupa la posibilidad de un ataque hasta el punto de que están tomando medidas para reforzar sus defensas”.

Con información de Reuters.

El plan de recuperación de Gaza impulsado por la Junta de Paz de Donald Trump se ha reducido drásticamente, pasando de un ambicioso proyecto para la reconstrucción de todo el territorio a un pequeño proyecto piloto en el sur de la Franja.

Ni siquiera se espera que se concrete antes de fin de año el plan piloto previsto —que contempla un campamento temporal para una pequeña fracción de los dos millones de habitantes de Gaza, la gran mayoría desplazados, con una administración palestina, policía y una pequeña fuerza de seguridad internacional—.

En las últimas semanas se han anunciado avances graduales. Algunos representantes marroquíes y kosovares han llegado a Israel, donde se espera que constituyan el núcleo de la llamada Fuerza de Estabilización Internacional (ISF, por sus siglas en inglés), prevista en el plan de Trump para Gaza y que será la encargada de proteger el campamento piloto. Una base logística para esta futura fuerza integrada por tropas de varios países, destinada a almacenar vehículos, equipos y otros materiales, está a punto de completarse en el cruce de Kerem Shalom, entre Israel y Gaza.

Sin embargo, no han comenzado los trabajos preparatorios en el campamento piloto cerca de la destruida localidad de Rafah, en el sur de Gaza, ni la construcción de la base de apoyo de la ISF. Las imágenes satelitales de la zona muestran tierra removida, pero ninguna estructura nueva. No se prevén avances sustanciales antes de las elecciones israelíes del 27 de octubre, que podrían provocar la salida del gobierno de la coalición de extrema derecha liderada por Benjamín Netanyahu.

El objetivo es simplemente mantener algo en marcha, mantener la situación bajo control, porque si nos detenemos, hay otros con una agenda más extremista

Diplomático occidental

“Mantener la situación bajo control”

Israel ha violado sistemáticamente el alto el fuego impuesto por Trump desde su declaración en octubre pasado, ha bloqueado cualquier trabajo de reconstrucción y ha limitado considerablemente el flujo de ayuda humanitaria a Gaza. Diplomáticos occidentales en Jerusalén creen que la mayor esperanza de un progreso en Gaza reside en un nuevo gobierno israelí, pero no está nada claro si el que suceda al actual sería sustancialmente más flexible.

Un diplomático en Jerusalén argumenta que la Junta de Paz no tenía más remedio que aprovechar al máximo los escasos avances logrados, porque admitir el fracaso abriría la puerta a facciones extremistas dentro del Gobierno israelí con planes radicalmente diferentes para Gaza. “El objetivo es simplemente mantener algo en marcha, mantener la situación bajo control, porque si nos detenemos, hay otros con una agenda más extremista esperando para tomar el poder. Hablan de traslados masivos de población y colonización”, dice el diplomático.

Existe una creciente preocupación de que Netanyahu, ante la posibilidad de una derrota electoral, se arriesgue a lanzar una nueva ofensiva total en Gaza antes de las elecciones fijadas para finales de octubre.

Israel ha llevado a cabo ataques diarios contra Gaza, causando la muerte de más de casi 1.200 palestinos desde la entrada en vigor del alto el fuego a mediados de octubre, y las fuerzas israelíes han avanzado repetidamente desde la denominada Línea Amarilla, que dividió la Franja de Gaza casi por igual entre las zonas ocupadas por Israel y las que aún siguen bajo el control de Hamás. El ejército israelí ahora ocupa más del 60% del territorio y ha creado una zona de amortiguación más allá de este.

Un regreso a la guerra a gran escala probablemente aniquilaría incluso el modesto plan piloto de la Junta de Paz.

Muhammad Shehada, investigador palestino del think tank Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, advierte de que Israel utilizaría el proyecto con fines propagandísticos, en paralelo a una campaña militar en auge. “Israel intenta construir una aldea Potemkin controlada y aislada, con una pequeña población simbólica a la que se le ofrecerían condiciones ligeramente mejores que a sus pares en Gaza Occidental, para utilizar esa fachada de 'progreso' y dar credibilidad a su creciente campaña contra el resto de Gaza”, afirma Shehada.

Representantes israelíes han sugerido repetidamente que un regreso a la guerra es inevitable. Hamás ha entregado recientemente el poder al Comité Nacional para la Administración de Gaza, que trabaja bajo la supervisión de la Junta de Paz, pero se ha negado a desarmarse y a entregar las armas a Israel.

Israel intenta construir una aldea Potemkin controlada y aislada, con una pequeña población simbólica

Muhammad Shehada — Investigador visitante del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores

Hamás ha mantenido conversaciones con representantes de la Junta de Paz en El Cairo, en las que abordaron temas como su desarme y el de las milicias rivales respaldadas por Israel dentro de Gaza; quiénes recibirían las armas entregadas; cómo se almacenarían y si los fusiles de asalto se considerarían armas ofensivas o armas personales.

Sin embargo, las informaciones que llegan desde la capital egipcia apuntan a que es improbable que se avance en el desarme mientras Israel continúe bombardeando Gaza y ocupando cada vez más territorio controlado por Hamás. “Mientras Israel no se comprometa a una retirada gradual de Gaza y a cambiar la realidad en la Franja, no hay base para las conversaciones”, declaró una fuente palestina al periódico israelí Haaretz.

Lejos de las aspiraciones

El alto representante para Gaza designado por la Junta de Paz, Nickolay Mladenov, fue ampliamente criticado por hacerse eco de los argumentos israelíes en un informe de mayo entregado al Consejo de Seguridad de la ONU, donde culpó a Hamás del estancamiento del proceso de paz sin mencionar directamente las violaciones israelíes. El órgano de Naciones Unidas dio su visto bueno a la Junta y al plan de Trump para Gaza.

La presión ejercida sobre Israel ha sido más discreta. El principal negociador de la Administración Trump en Israel, Aryeh Lightstone, quien también ejerce de consejero de la Junta de Paz, escribió en privado al Gobierno de Netanyahu en junio, solicitando flexibilizar las restricciones a la ayuda humanitaria que han impedido el envío a Gaza de artículos esenciales como tuberías de agua y paneles solares.

La carta de Lightstone, publicada inicialmente por la emisora pública israelí Kan y confirmada por una fuente con conocimiento de su contenido, también solicitaba la autorización del Gobierno de Netanyahu para la eventual entrada a Gaza de la ISF y una fuerza policial palestina debidamente verificada. Según la fuente, el Gobierno israelí aún no ha aprobado ninguna de las peticiones.

El programa piloto cerca de Rafah dista mucho de las aspiraciones iniciales de la Junta de Paz. En enero, Jared Kushner, yerno de Trump, lanzó ese plan con una presentación de diapositivas sumamente optimista y prometió que se abrirían las puertas a la ayuda y que la infraestructura básica, incluidos los sistemas de agua, alcantarillado y electricidad, los hospitales y las panaderías, se restablecerían en toda la zona en un plazo de 100 días.

Tras cinco meses de estancamiento, el plan piloto, mucho menos ambicioso, se concretó hace unas semanas en reuniones celebradas en Chipre, a las que asistieron Mladenov, Lightstone, asesores del Instituto Tony Blair y miembros del Comité Nacional para la Administración de Gaza. Ese organismo, compuesto por 13 profesionales y tecnócratas palestinos, tiene prohibida la entrada a Gaza por parte de Israel y ha estado trabajando desde El Cairo tras su creación por la Junta de Paz a principios de año.

Preferencia para residentes de Rafah

El campamento piloto contemplado en el plan actual consistiría en alojamientos prefabricados para decenas de miles de desplazados de Gaza y se instalaría en la zona de amortiguación a lo largo de la línea de alto el fuego cerca de Rafah.

Las tropas israelíes se retirarían de la línea y la seguridad en el cruce entre la zona de Gaza controlada por Hamás y el campamento estaría a cargo de la ISF y una fuerza policial palestina entrenada para ello, con la aprobación de la ISF y del comité tecnócrata palestino –aunque, en la práctica, se espera que Israel tenga un papel decisivo en la selección de los miembros–.

La Línea Amarilla trazada en el acuerdo de alto el fuego

de octubre de 2025

Jerusalén

N

Área

ampliada

2 km

NORTE

DE GAZA

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3,5 km

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de Gaza

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BUREIJ

Wadi Gaza

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de Gaza

DEIR AL

BALAH

Paso de

Kissufim

JAN YUNIS

ISRAEL

6,5 km

2,5 km

EGIPTO

RAFAH

Paso

de Rafah

Paso de

Kerem Shalom

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: HAARETZ

La Línea Amarilla trazada en el acuerdo

de alto el fuego de octubre de 2025

Jerusalén

N

Área

ampliada

2 km

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Oeste

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3,5 km

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de Gaza

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Kissufim

JAN

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6,5 km

ISRAEL

2,5 km

EGIPTO

RAFAH

Paso

de Rafah

Paso de

Kerem Shalom

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: HAARETZ

El entrenamiento de esa fuerza policial en Egipto aún no ha comenzado y se espera que dure varios meses. Se prevé que la ISF cuente con unos 5.000 efectivos —una cuarta parte de la fuerza inicialmente prevista—, con tropas procedentes de Marruecos, Kosovo y posiblemente Albania y Kazajistán, después de que varios países rechazaran participar en ella. Su entrenamiento también llevará meses y el marco legal para su presencia aún se está negociando con el Gobierno israelí.

“Creo que estamos hablando de finales de 2026. Si lo logramos, si todo está listo, para diciembre, estaría muy satisfecho”, declara un funcionario familiarizado con la planificación.

La catástrofe humanitaria no puede gestionarse mediante medidas fragmentadas o parciales

Varsen Aghabekian — Ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina

Se dará preferencia a los antiguos residentes de la zona de Rafah para que se establezcan en el campamento piloto, pero no está claro qué otros criterios se utilizarán para evaluar a los palestinos que deseen trasladarse allí. Todo el plan ha sido denunciado por críticos, pero los funcionarios de la Junta De Paz insisten en que habrá libertad de movimiento dentro y fuera del área piloto.

Se permitiría una gama más amplia de artículos de ayuda humanitaria en el campamento piloto, pero incluso allí, el Gobierno israelí ha insistido en distinguir entre ayuda humanitaria y material de reconstrucción, permitiendo únicamente la primera.

Un dilema para los palestinos

No está claro de dónde provendrían los fondos para el programa piloto. Sólo una pequeña parte de los 17.000 millones de dólares (casi 15.000 millones de euros) prometidos inicialmente para el plan de paz de 20 puntos de Trump se ha materializado. El Grupo de Donantes para Palestina de la Unión Europea anunció la semana pasada que había recaudado 883 millones de euros para Gaza. El dinero está destinado a la restauración de la infraestructura básica de agua y saneamiento y a la gestión de residuos, y se supone que complementa los proyectos de la Junta de Paz.

El organismo presidido por Trump está negociando para que parte de los 11.000 millones de dólares (unos 9.500 millones de euros) en ingresos fiscales palestinos y activos bancarios congelados, incautados y retenidos por Israel, se destinen a fondos para proyectos. “Estamos trabajando en ello. Está en discusión”, dice una fuente familiarizada con las negociaciones.

La sugerencia ha provocado la indignación de la Autoridad Palestina (AP), que gobierna de forma limitada en la Cisjordania ocupada y a la que Israel asfixia financieramente. “Estos no son fondos israelíes que se puedan retener o negociar”, dice la ministra de Asuntos Exteriores de la AP, Varsen Aghabekian. “Estos fondos deben liberarse de inmediato y sin condiciones”.

Aghabekian afirma que el cambio de enfoque, de una estrategia integral para Gaza a un pequeño proyecto piloto, representa un dilema para los palestinos. “La catástrofe humanitaria no puede gestionarse mediante medidas fragmentadas o parciales. Al mismo tiempo, todo esfuerzo que realmente salve vidas palestinas merece una cuidadosa consideración”, declara Aghabekian. “Nuestra preocupación, sin embargo, es que los acuerdos temporales nunca deben sustituir una solución integral ni servir para normalizar una realidad inaceptable”, agrega.

Según un funcionario conocedor de las conversaciones en Chipre, el comité tecnócrata estaba dividido sobre si respaldar el plan piloto de Rafah, por temor a provocar la división de los poco más de dos millones de palestinos de Gaza y relegar a la gran mayoría a un segundo plano en la prestación de ayuda humanitaria.

Shehada afirma que sólo algunos miembros selectos de ese organismo (integrado por palestinos de Gaza y de Cisjordania) fueron invitados a Chipre por la Junta de Paz, después de que la propuesta piloto fuera rechazada repetidamente por el comité en pleno, con el argumento de que la oferta de mejor comida y alojamiento en el campamento piloto podría provocar una estampida. Se repetiría, así, una serie de incidentes ocurridos durante la guerra, cuando las fuerzas israelíes dispararon contra los palestinos que acudían a los centros de distribución de comida de la opaca fundación estadounidense-israelí que operó en Gaza durante unos meses de 2025.

Este artículo ha sido actualizado por la redacción de elDiario.es

El marido de Stella Schnabel, James ‘Fergie’ Chambers, llevaba casi una semana detenido en España, pero ella había logrado no derrumbarse ni llorar. Hasta que el pasado jueves pudo por fin hablar unos minutos con él. “[Un tiempo suficiente] para que nos dijéramos que nos queríamos, y para que él me dijera: 'Dile a los niños que los quiero’”, contó Schnabel.

En respuesta a una solicitud de extradición de Estados Unidos, las autoridades españolas detuvieron el pasado 10 de julio en Ibiza a Chambers, de 41 años, ciudadano estadounidense y acaudalado donante de proyectos humanitarios y de izquierda en todo el mundo. Fue trasladado a una cárcel de Madrid. Según un portavoz del Tribunal Supremo, el Departamento de Justicia de la Administración Trump ha pedido su extradición por un supuesto apoyo financiero a Hamás.

El Tribunal Supremo tiene dos semanas para pronunciarse sobre el recurso de apelación de Chambers en el que solicita su libertad bajo fianza y 40 días para decidir sobre la extradición a EEUU. Si el tribunal denegase la extradición, el caso sería archivado. Si la concediera, el Consejo de Ministros tendría la última palabra, según el portavoz. La acusación contra Chambers permanece bajo secreto de sumario. En declaraciones a The Guardian, el veterano abogado Stanley Cohen dice que se trata el primer caso conocido en el que Estados Unidos solicitaba la extradición de un ciudadano por supuesto apoyo a Hamás.

Todo esto ocurrió mientras el secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, convocaba a representantes de 66 países (entre los que figuraba España) a una conferencia en la que se trató de desacreditar a la izquierda vinculándola con el terrorismo. Según Josep Riba, uno de los abogados de Chambers, la participación de España en dicha conferencia “ha generado en la familia [de Chambers] la preocupación de que el presidente Pedro Sánchez, conocido por plantarle cara al presidente Donald Trump y expresar su solidaridad con los palestinos, pueda ceder ante el ataque políticamente motivado de Estados Unidos”.

La detención

Stella Schnabel, actriz e hija del pintor y cineasta Julian Schnabel, cuenta que estuvo en estado de shock y sin apenas dormir hasta que el jueves pasado pudo escuchar la voz de Chambers. Sigue sin poder verlo. “Ha sido muy estresante”, dijo.

Schnabel y su marido estaban de vacaciones en Ibiza, donde barajaban la posibilidad de quedarse a vivir, acompañados por su hijo de cinco años y otros miembros de la familia (Chambers tiene otros tres hijos adolescentes, fruto de una relación anterior). El viernes 10 de julio, circulaban por un camino de tierra de la isla, de camino a visitar un posible colegio para su hijo, cuando varios coches con siete agentes de policía les cortaron el paso de repente.

“Le dije a Fergie: ‘Sabes lo que está ocurriendo, ¿verdad?”, recuerda Schnabel. Los agentes esposaron a Chambers y a ella le dijeron que no podía grabarlos con su teléfono móvil. De acuerdo con su testimonio, toda la detención duró menos de cinco minutos.

En declaraciones anteriores, Chambers ha dicho que lleva en el punto de mira del Gobierno de EEUU desde 2015, debido a su activismo contra la Policía en Atlanta. Comunista y antiimperialista, como él mismo se describe, Chambers es heredero de una de las familias más ricas de EEUU, propietaria de la empresa Cox Communications, con sede en Atlanta. A mediados de 2023, Chambers vendió a su familia acciones por unos 250 millones de dólares [unos 219 millones de euros].

La acusación

Según Schnabel, Chambers ha contribuido desde entonces a la financiación de unos 100 proyectos en 20 países. Explica que, entre las donaciones, figuran 250.000 dólares [unos 219.000 euros] entregados al Proyecto Sameer de Gaza para financiar una panadería que produce miles de barras de pan al día y las entrega gratis a la población, bajo bloqueo israelí. Según Schnabel, también ha apoyado el sostenimiento de una clínica gratuita en Gaza y ha subvencionado con 100.000 dólares [unos 87.500 euros] al Proyecto Zaynab, que proporciona asistencia psicológica a los niños huérfanos de la Franja.

Schnabel indica que Chambers también ha pagado los gastos legales en EEUU de algunos miembros del grupo anteriormente conocido como Palestine Action, un grupo que Reino Unido considera “organización terrorista”. Por sus creencias, su activismo y el uso que hace de su fortuna, Chambers ha salido en muchos reportajes de los medios estadounidenses.

Es increíble que esto le pueda pasar a alguien que apoya a personas que están tratando de vivir y de sobrevivir a la colonización y a la limpieza étnica

Stella Schnabel

Ahora, según Schnabel, Estados Unidos lo acusa ahora de blanquear 7,5 millones de dólares [unos 6,6 millones de euros] transferidos hace varios años desde una cuenta bancaria estadounidense a una de Túnez, donde la pareja residía entonces y de utilizar ese dinero para financiar a Hamás.

En opinión de Schnabel, que ha visto parte del auto de acusación, el Gobierno de EEUU no explica con claridad de qué manera Chambers cometió los hechos de los que le acusa. Explica que los fondos se emplearon para comprar el popular club de fútbol Club Africain, para pagar deudas y salarios atrasados, para construir campos de fútbol para los jóvenes, y para reconstruir un centro de entrenamiento. El club, que según ella “hace felices a millones de personas”, ganó en mayo la liga nacional de Túnez.

El jueves pasado, uno de los abogados defensores de Chambers contó a Schnabel que varios tunecinos encarcelados en Madrid habían reconocido al estadounidense cuando lo vieron llegar, y le habían expresado su apoyo. “Allí [en Túnez] es un héroe nacional”, dice Schnabel.

“Me siento respaldada a un alto nivel”

Schnabel, que llevaba más de un año viviendo con Chambers en Irlanda, se pasó la semana pasada familiarizándose con las complejidades políticas y jurídicas de España. El viernes por la mañana se reunió por primera vez con un equipo jurídico organizado por el exmagistrado Baltasar Garzón, responsable de la solicitud de extradición desde Londres del dictador chileno Augusto Pinochet, y conocido por su búsqueda de justicia en abusos contra los derechos humanos de España, Argentina y otros países. “Me siento respaldada a un alto nivel”, dice Schnabel. “Estoy intentando reunirme con cualquiera que entienda” la legislación relativa a la extradición.

A principios de la semana pasada, 13 organizaciones políticas españolas y cinco diputados del Congreso enviaron una carta a dos ministros del gobierno de Sánchez oponiéndose a la extradición. La carta recuerda a los dos altos cargos que la legislación española permite al Consejo de Ministros rechazar una solicitud de extradición cuando “existen razones fundadas para creer que la solicitud tiene como finalidad perseguir o castigar a una persona por sus opiniones políticas”.

La carta también recuerda la necesidad de que el Gobierno “exija a las autoridades estadounidenses la documentación completa (...) que acredite la existencia de una conducta delictiva concreta, diferenciada del activismo político, la solidaridad internacional, la donación humanitaria o el apoyo a medios y organizaciones sociales”.

A Schnabel le cuesta entender cómo su marido ha ido a parar a la cárcel “por ayudar a personas que sufren un genocidio”. “Es increíble que esto le pueda pasar a alguien que apoya a personas que están tratando de vivir y de sobrevivir a la colonización y a la limpieza étnica”, dice.

Traducción de Francisco de Zárate.

La repentina destitución por parte de Volodímir Zelenski del joven e innovador ministro de Defensa de Ucrania, Mijailo Fedorov, precisamente en el momento en que Kiev parecía estar ganando terreno en varios frentes de su guerra con Rusia, ha puesto de manifiesto, y no es la primera vez, una preocupante debilidad en el liderazgo del presidente.

Esta medida, que ha sorprendido a altos cargos europeos y ha provocado consternación y manifestaciones en Ucrania, resulta aún más impactante dado el papel de Fedorov a la hora de impulsar una estrategia clara para llevar adelante la guerra, aprovechando los rápidos avances tecnológicos de Ucrania en materia de drones y misiles.

A sus 35 años y nombrado en enero, Fedorov fue aclamado por sus admiradores por empezar a abordar varios problemas que han afectado a las fuerzas armadas de Ucrania, racionalizando las adquisiciones militares y luchando contra los sistemas propensos a la corrupción, introduciendo licitaciones competitivas y buscando soluciones a la persistente crisis de reclutamiento y formación del ejército.

Fedorov también era considerado uno de los principales impulsores del eficaz programa de drones de Ucrania, iniciado durante su etapa como ministro de Transformación Digital.

Este antiguo ejecutivo de marketing cercano a Zelenski, que nunca había servido en el ejército, chocaba con los altos mandos debido a su estilo desenfadado, sus discursos espontáneos y su insistencia en un enfoque basado en datos para reformar los esfuerzos bélicos de Kiev.

“Analizaremos todos los datos y veremos qué funciona”, afirmó tras su nombramiento. “Todo lo que funcione bien seguirá adelante”. Entre otras cosas, esto incluía un sistema de puntos por bajas diseñado para recompensar a las unidades del ejército más eficaces, que algunos miembros de las Fuerzas Armadas rechazaron.

Además, a Fedorov se le atribuye haber convencido a Elon Musk para que desactivara el acceso no autorizado a Starlink por parte de Rusia en el campo de batalla a principios de este año, algo que las tropas de primera línea describieron como una ventaja significativa.

Rivalidad con el jefe del Ejército

Nacido el año en que Ucrania se independizó de Moscú, Fedorov se considera parte de una generación libre de la carga de la experiencia de la burocracia soviética, en marcado contraste con el jefe del Estado Mayor del Ejército, Oleksandr Sirski, de 60 años, graduado de la Escuela Superior de Mando de Armas Combinadas de Moscú, que comenzó su carrera como oficial de artillería.

En retrospectiva, el conflicto entre ambos hombres y sus ideas sobre cómo librar la guerra era inevitable: por un lado, un general de más edad —y de la vieja escuela— que gestionaba minuciosamente una dura guerra de desgaste contra un enemigo más numeroso; y, por otro, Fedorov, con su enfoque más improvisado e impulsado por la tecnología, que en los últimos meses parecía estar dando sus frutos.

Aunque la encarnizada competencia entre los principales líderes en tiempos de guerra no es nada nuevo, el error —sobre todo en opinión de Fedorov y sus partidarios— ha radicado en la forma en que Zelenski ha gestionado esa rivalidad, que llevó a Fedorov a solicitar la destitución de Sirski.

“Cuando el presidente dijo que no tenía intención de sustituir a Sirski, yo dije que aprendería a trabajar con él”, declaró Fedorov en la rueda de prensa tras su destitución, dando a entender que el general intentaba bloquear las iniciativas del ministro de Defensa a cada paso.

“Todas las iniciativas que propusimos empezaron a ser bloqueadas”, añadió. “Y no estaba dispuesto a debatir ninguno de los problemas de los que hemos hablado hoy personalmente, cara a cara y abiertamente”.

“En lugar de encontrar una forma de derrotar a Rusia de manera asimétrica —que es la labor del comandante en jefe—, ha encontrado la manera de dividir nuestro país”, afirmó Fedorov.

Destituir a cargos populares

El propio análisis de la situación por parte de Zelenski, en una rueda de prensa conjunta celebrada el jueves con el primer ministro británico saliente, Keir Starmer, resultó poco convincente, ya que pareció quejarse de que se le pidiera “elegir entre bandos [cuando, sinceramente], lo que más deseo es la unidad”.

Todo ello ha dado lugar a las inevitables especulaciones de que Zelenski y su círculo —no es la primera vez— habían marginado a alguien considerado popular y un posible futuro rival político.

Para Zelenski, esto subraya una vez más el hecho de que, por muy impresionante que sea en la escena internacional y como figura emblemática de Ucrania en tiempos de guerra, le ha costado formar y retener a su alrededor un equipo cohesionado de altos cargos, equilibrando intereses contrapuestos para garantizar la continuidad del esfuerzo bélico

“La decisión tiene todas las características de la tendencia de Zelenski a destituir a altos cargos y comandantes que se hacen demasiado populares, de cara a unas hipotéticas elecciones que nunca se celebrarán si Rusia arrolla a Ucrania”, afirmaba un editorial del Kyiv Independent. “Obligado a elegir entre, por un lado, el hombre que estaba dando un giro a la guerra de desgaste gracias a la tecnología y a una estrategia inteligente y, por otro, el hombre que la estaba saboteando con una gestión minuciosa y una mentalidad soviética, Zelenski lo pensó y se decantó por este último”.

¿Y ahora qué?

Mientras las manifestaciones por la destitución de Fedorov continuaban por segundo día consecutivo, la pregunta ahora es qué impacto duradero tendrá el nombramiento del quinto ministro de Defensa en otros tantos años.

Para Zelenski, esto subraya una vez más el hecho de que, por muy impresionante que sea en la escena internacional y como figura emblemática de Ucrania en tiempos de guerra, le ha costado formar y retener a su alrededor un equipo cohesionado de altos cargos, equilibrando intereses contrapuestos para garantizar la continuidad del esfuerzo bélico.

Aunque los blogueros militares rusos han celebrado la destitución de Fedorov, la decisión de Zelenski de nombrar a Yevhen Khmara ministro de Defensa interino sugiere que, a pesar de la disputa entre Fedorov y Sirski, es probable que persista el énfasis en la tecnología y en los ataques con drones de largo y medio alcance. Khmara es un antiguo jefe de la unidad 'Alfa' del Servicio de Seguridad del Estado, que ha participado activamente en operaciones de ataque con drones.

Zelenski ha indicado que quiere que Khmara impulse una serie de programas de reforma clave de Fedorov. Sin embargo, la pregunta que se hacen muchos ucranianos es si realmente se puede dotar a alguien del poder necesario para desempeñar eficazmente ese cargo.

El partido Cockroach Janta (CJP) o Partido Popular de las Cucarachas empezó a movilizarse en la India al calor de una broma en Internet, pero con el impulso de millones de jóvenes descontentos de la India se ha convertido rápidamente en uno de los desafíos más inesperados para el poderoso gobierno de derechas de Narendra Modi.

El CJP fue fundado en mayo por Abhijeet Dipke, de 30 años, un ciudadano indio recién graduado en una universidad de EEUU. Indignado por los comentarios del presidente del Tribunal Supremo de la India, quien comparó a los jóvenes parados del país con “parásitos” y “cucarachas” durante una vista en el Tribunal Supremo, Dipke lanzó en tono de broma un llamamiento en las redes sociales: “¿Y si todas las cucarachas se unieran?”.

La respuesta fue abrumadora. Dipke creó una página web y cuentas en redes sociales para un partido satírico llamado “Cockroach Janta” —una pulla al partido gobernante de Modi, el Bharatiya Janata Party (BJP) o Partido Popular Indio—, con un manifiesto mordaz dirigido contra el Gobierno y un eslogan: “Un partido político para la gente que el sistema se olvidó de contar”.

En dos semanas, la página de Instagram del CJP ya contaba con más de 22 millones de seguidores, superando al BJP. El Gobierno de Modi, muy intolerante con las críticas, intentó bloquear sus cuentas en las redes sociales alegando motivos de seguridad nacional, pero no lo consiguió.

¿Cuáles son las causas que defiende el CJP?

A medida que el CJP comenzaba a movilizar apoyos, Dipke centró el movimiento en un tema candente para muchos de los millones de estudiantes de la India: las filtraciones de los exámenes de acceso a la carrera de medicina, que se han vendido repetidamente al mejor postor.

La presión sobre los estudiantes para que tengan éxito es agobiante: más de dos millones de aspirantes compiten por tan solo 130.000 plazas. Muchas familias gastan los ahorros de toda la vida y se endeudan hasta las cejas para pagar a sus hijos clases particulares de preparación para estos exámenes de medicina, tristemente célebres por lo agotadores que resultan y a los que se conoce por las siglas NEET. En la India se gasta ahora más en clases particulares que en todo el presupuesto gubernamental destinado a la educación superior.

Una serie de filtraciones de exámenes ha obligado a millones de estudiantes a repetir las pruebas y se ha relacionado con docenas de suicidios en los últimos años. Los exámenes NEET tampoco son los únicos que se han filtrado.

Se ha acusado al Gobierno de Modi de no asumir la responsabilidad por el fiasco de las pruebas. El CJP comenzó a movilizar a sus seguidores en torno a este tema, exigiendo que el Gobierno rinda cuentas por las filtraciones y que el ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, dimita.

Para muchos jóvenes de la Generación Z y millennials de la India, el CJP también ha dado voz al descontento generalizado por la crisis del sistema educativo y la histórica insuficiencia del mercado laboral. Según un estudio reciente, casi el 40% de los titulados universitarios menores de 25 años están en paro.

¿Cuándo salió a la calle el CJP por primera vez?

La primera protesta presencial del CJP tuvo lugar en Delhi a principios de junio,y en ella se exigió la dimisión de Pradhan. Dipke regresó de EE UU para encabezar la manifestación, primero en Delhi y después en actos por todo el país.

Los simpatizantes del CJP celebraron su segunda gran protesta en Delhi antes de que acabase el mes, y esa vez se comprometieron a no moverse del lugar hasta que Pradhan se fuera. A los manifestantes se unió Sonam Wangchuk, un destacado ingeniero y activista educativo del estado indio de Ladakh, que el año pasado fue detenido y encarcelado por el Gobierno en virtud de la legislación antiterrorista por su actividad de movilización.

Wangchuk anunció que emprendería una huelga de hambre al estilo de Gandhi en solidaridad con los estudiantes y que no comería hasta que el ministro de Educación dimitiera.

La protesta y la huelga de hambre de Wangchuk han seguido en julio, y en ese tiempo han recibido la visita de varias figuras destacadas de la oposición. Sin embargo, el Gobierno de Modi no ha entablado diálogo alguno con el CJP ni con Wangchuk, y Pradhan los ha tildado de “equipo suplente de terroristas”.

¿Cómo ha movilizado Sonam Wangchuk el apoyo?

El estado de salud de Wangchuk ha ido empeorando tras más de dos semanas de huelga de hambre, lo que ha hecho crecer las críticas al Gobierno. Tras 18 días, el tribunal de Delhi ordenó que se supervisara su estado de salud a diario.

El domingo por la mañana, cuando ya llevaba 20 días de huelga, la policía de Delhi desató la indignación nacional al llegar y llevarse a la fuerza a Wangchuk a un hospital público. La policía afirmó que era para proteger su salud; su esposa lo condenó como una “detención ilegal”.

Desde su cama de hospital, Wangchuk hizo un llamamiento a los simpatizantes del CJP para que marcharan hacia el Parlamento el lunes y exigieran la dimisión de Pradhan.

¿Qué magnitud tuvo la protesta del lunes?

La protesta del CJP del lunes se convirtió en una de las mayores manifestaciones antigubernamentales de los últimos años. A primera hora de la mañana, miles de manifestantes comenzaron a acudir en masa a las calles del centro de Delhi, sumándose a los cientos que ya habían acampado allí durante la noche.

La multitud estaba compuesta en su mayoría por estudiantes y otros jóvenes, pero también había una gran presencia de padres cuyos hijos se habían visto afectados por las filtraciones.

La policía de Delhi denegó a los manifestantes el permiso para marchar hacia el Parlamento. Se bloquearon las carreteras de toda la ciudad con barreras, se cortó el acceso a Internet y se acorraló a los manifestantes en una zona acotada para la protesta, situada a aproximadamente 1,6 kilómetros del Parlamento. Sin embargo, los manifestantes siguieron llegando en masa, hasta reunir a más de 20.000 personas a primera hora de la tarde.

Cuando la multitud intentó avanzar hacia el Parlamento, la policía respondió con violencia, con cargas con porras y gas lacrimógeno, lo que provocó críticas por parte de los líderes del CJP y de la oposición. Tanto manifestantes como policías resultaron heridos en los enfrentamientos. Dipke condenó la respuesta policial calificándola de “absolutamente brutal”.

¿Qué va a pasar ahora?

Tras semanas ignorando al movimiento CJP, el Gobierno de Modi ofreció una reunión el lunes por la mañana. En un breve encuentro de 10 minutos, se plantearon tres reivindicaciones, pero hasta el momento “no se ha asumido ningún compromiso”, según el portavoz del CJP.

No ha habido ninguna respuesta pública a la protesta por parte de Pradhan. A última hora del lunes, incluso mientras la policía intentaba desalojar el campamento de protesta de Delhi, Dipke subrayó que, mientras Pradhan permaneciera en su cargo, no se moverían de allí. “¡Esta protesta pacífica no va a terminar!”, rezaba la publicación del partido en X.

China expulsó la semana pasada a Ma Xingrui, uno de los cargos más altos del Partido Comunista Chino. Es el tercer miembro del Politburó purgado desde 2022, en el marco de una campaña anticorrupción de Xi Jinping que se intensifica tras varios años en marcha.

Exsecretario del PCCh en la región noroccidental de Xinjiang, Ma ha sido acusado de corrupción, de abuso de poder y de otorgar favores políticos a cambio de sexo. El anuncio de su expulsión llegó después de que, en abril, comenzara la investigación contra él por supuestas “violaciones graves a la disciplina y a la ley”.

Ma, que no ha respondido a las acusaciones ni tampoco ha sido visto desde el anuncio, es el primer funcionario civil de la élite política que cae en esta última purga. Tanto Zhang Youxia, expulsado en enero, como He Weidong, destituido en octubre, eran cargos militares. “Es el único civil [dentro del Politburó] que ha sido purgado”, dice el historiador Joseph Torigian, especializado en la élite política china y profesor asociado en la American University.

Xi Jinping quiere transmitir que las medidas represivas pueden afectar incluso a los miembros del Politburó, sean quienes sean

Joseph Torigian — Historiador especializado en la élite política china y profesor asociado en la American University

“Desde luego, no había visto nada parecido desde la purga de la Banda de los Cuatro”, añade Torigian, en referencia al incidente de 1976 durante el que fueron detenidos cuatro miembros del Politburó tras la muerte de Mao Zedong. Acusados de querer hacerse con el poder, su caso desató una de las mayores reorganizaciones de la cúpula en la historia del Partido Comunista Chino. “Una de las señales de lo que Xi Jinping espera transmitir con esta purga es que las medidas represivas pueden afectar incluso a los miembros del Politburó, sean quienes sean”, dice Torigian.

Un comportamiento “extremadamente grave”

La Comisión Central de Inspección Disciplinaria de China ha acusado a Ma de beneficiar a otros con nombramientos oficiales, de aceptar regalos indebidos y sobornos, de ayudar a familiares y allegados a lucrarse gracias a su cargo, y de presidir un esquema de “corrupción familiar”.

Christopher Nye, investigador no residente en la Fundación Jamestown, cree que aunque Ma haya sido destituido del cargo, el comunicado oficial sobre su condena contiene pocos de los adjetivos con carga política que suelen emplearse, como “persona hipócrita”, “ambición política desmesurada” o “deslealtad”.

“Hace pensar que la tolerancia política de Xi Jinping es menor”, dice Nye. “Antes, era necesario ser considerado opositor a Xi para que los dirigentes recurrieran al sistema judicial para destituirte; ahora basta con acusaciones de corrupción para justificar un castigo tan severo, incluso sin signos evidentes de oposición política”.

Antes, era necesario ser considerado opositor a Xi para ser destituido, ahora basta con acusaciones de corrupción para justificar un castigo tan severo

Christopher Nye — Investigador no residente en la Fundación Jamestown

El comunicado de la condena califica el comportamiento de Ma de “extremadamente grave” y le acusa de no haber sabido “controlarse” a partir del XVIII Congreso Nacional del PCCh, celebrado en 2012. Una referencia significativa por el vínculo explícito que establece entre la supuesta conducta indebida de Ma y el período de Xi como líder. “Antes de eso, Xi no estaba interesado, pero cualquier cosa que haya ocurrido después puede convertirse en motivo de purga”, dijo Nye.

El 'mariscal de la industria aeroespacial'

Ma, de 67 años, fue en su momento uno de políticos más prometedores del país, escalando puestos en la jerarquía tras consolidarse como ingeniero aeroespacial y tecnócrata. En su día, fue el director de tesis doctoral más joven del Instituto Tecnológico de Harbin y pasó más de diez años en la estatal Corporación China de Ciencia y Tecnología Aeroespacial. Allí supervisaba importantes lanzamientos de satélites y dirigía programas clave. Entre ellos, los proyectos de vuelos espaciales tripulados y de exploración lunar. “El joven mariscal de la industria aeroespacial”, lo llamaban.

Su carrera política ganó velocidad en 2013, el año en que Xi Jinping asumió el cargo, con su traslado a Guangdong, una provincia estrechamente vinculada al legado político del padre de Xi. Ma ocupó en esa provincia el cargo de secretario adjunto del Partido y, posteriormente, el de gobernador.

En 2021, lo nombraron secretario del Partido Comunista de Xinjiang, la región donde acusan a Pekín de haber encerrado arbitrariamente en campos de reeducación a más de un millón de uigures y personas de otras minorías musulmanas. Durante su mandato allí, Ma sostuvo una postura de línea dura en seguridad y “lucha contra el terrorismo”, demostrando a Xi su capacidad de gestión en una de las regiones políticamente más sensibles del país.

Es posible que la purga de Xi no termine con Ma. Varios funcionarios que trabajaron para él también han sido objeto de investigación. Uno de ellos es Zhang Jianhua, antiguo subordinado de Ma en la Administración Estatal de Ciencia, Tecnología e Industria para la Defensa Nacional que el año pasado fue investigado y expulsado del Partido Comunista bajo acusaciones de corrupción. En marzo también fue expulsado del partido Guo Yonghang, que trabajó a las órdenes de Ma durante su etapa en Shenzhen.

Yu-chen Li ha colaborado en la elaboración de este artículo.

Traducción de Francisco de Zárate.

La periodista y columnista brasileña Julia Duailibi suele escribir sobre política en su columna semanal para el principal periódico brasileño, O Globo, pero el jueves pasado adoptó un enfoque diferente, escribiendo sobre por qué no apoyaría a la vecina Argentina en la final del Mundial.

“Siempre he admirado a los hermanos [como los brasileños llaman cariñosamente a los argentinos] y me hubiera encantado animar a un equipo sudamericano”, escribió la mañana después de la dramática victoria de Argentina en semifinales contra Inglaterra. “Pero admito que las escenas racistas protagonizadas por una minoría de aficionados, y el silencio de la mayoría en el campo, me revolvieron el estómago”.

Su postura es solo un ejemplo de un sentimiento común: en toda Latinoamérica, muchas personas han declarado su apoyo a España en la final del domingo. El racismo de algunos aficionados argentinos se ha citado como una de las razones, pero no la única.

Antes, la gente era más propensa a apoyar a un equipo latinoamericano que a uno europeo, pero eso ha cambiado bastante en los últimos años

Nicolás Cabrera — Sociólogo y antropólogo argentino

“Antes, la gente era más propensa a apoyar a un equipo latinoamericano que a uno europeo, pero eso ha cambiado bastante en los últimos años”, afirma Nicolás Cabrera, sociólogo y antropólogo argentino que ha dedicado su carrera académica al estudio de los aficionados al fútbol en Latinoamérica.

Anteriormente, explica, esa tendencia se limitaba principalmente a los rivales tradicionales de Argentina —sobre todo Brasil, pero también Uruguay y Chile—, pero más recientemente se ha extendido a algunos mexicanos, colombianos y ecuatorianos.

“Odio y racismo”

“Las divisiones empezaron a surgir por varias razones”, afirma Cabrera, quien reside en Río de Janeiro desde hace 10 años, donde trabaja como profesor e investigador universitario.

En primer lugar, está el hecho de que Argentina ha sido, con diferencia, la selección nacional más exitosa de Latinoamérica en los últimos años, llegando a tres de las últimas cuatro finales de la Copa Mundial y ganando al menos una de ellas.

Durante el mismo período, sus vecinos han sufrido eliminaciones mucho más tempranas. Esto incluye a Brasil, que no ha llegado a la final de la Copa Mundial desde que ganó su quinto título, un récord, en 2002.

Argentina también cuenta con la estrella que lleva dos décadas levantando trofeos y conquistando corazones en todo el mundo: Lionel Messi, quien, incluso a sus 39 años, ha sido uno de los jugadores más destacados de este Mundial.

Cabrera también ve la creciente rivalidad como consecuencia del aumento en el número de partidos entre clubes: el torneo continental de la Copa Libertadores contaba con unos 20 equipos hasta la década de 1990; hoy, incluyendo las rondas preliminares, compiten casi 50. “A medida que nuestros equipos se enfrentan con más frecuencia, los aficionados empiezan a provocarse mutuamente”, afirma.

Pero Cabrera añade que las redes sociales también han contribuido: “El discurso de odio, el racismo, la xenofobia y la discriminación comenzaron a circular de maneras que antes eran más marginales y menos visibles”.

Es difícil que haya un partido entre clubes de Argentina y Brasil sin que aparezca al menos un video de un hincha argentino haciendo gestos de mono a los brasileños. Pero esto no es nada nuevo: en 1920, en vísperas de un partido amistoso entre ambos equipos, un periódico argentino publicó una caricatura que representaba a los jugadores brasileños como monos.

En los últimos meses, varios turistas argentinos han sido arrestados en Brasil por “insulto racial”, un delito según la ley brasileña. Mientras celebraba la victoria de su país sobre Inglaterra, un turista argentino fue filmado en el estado nororiental brasileño de Bahía haciendo gestos de mono a un brasileño negro. No fue arrestado y, según se informa, ya regresó a Argentina.

Controversias con Brasil y México

Lo que antes se limitaba a las calles y a las gradas de los partidos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana se ha extendido al Mundial, incluyendo los incidentes protagonizados por el influencer estadounidense IShowSpeed en el partido de Argentina contra Cabo Verde. Esto fue lo que impulsó a Duailibi a tomarse un descanso de la política para escribir sobre Argentina.

“Sé que Brasil tampoco es un modelo en este sentido, que aún nos queda mucho camino por recorrer en materia de racismo, pero al menos nuestro marco legal es mucho más efectivo que el suyo”, afirma. Argentina no cuenta con una ley que penalice explícitamente el racismo.

Las controversias no se limitan a Brasil ni a las gradas. Durante la celebración de su título de la Copa América 2024, los jugadores argentinos corearon cánticos racistas y homófobos contra miembros de la selección francesa a la que habían derrotado en la final del Mundial de 2022.

Durante el Mundial actual, un conocido periodista argentino de derecha declaró en un programa de televisión que odiaba a los mexicanos “con toda su alma”. Días antes, también había afirmado que, durante un partido entre México y Ecuador, los ecuatorianos jugaron con miedo tras haber sido supuestamente “amenazados de muerte” por un cártel mexicano de la droga. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó estas declaraciones de “indignantes”.

Si bien condenó los incidentes racistas protagonizados por algunos argentinos, Fábio Luís Barbosa dos Santos, historiador brasileño especializado en América Latina, afirma que estos no le impedirán apoyar al país vecino en la final.

Si el problema es el racismo, entonces tampoco se podría apoyar a España

Fábio Luís Barbosa dos Santos — Historiador brasileño especializado en América Latina

“Si el problema es el racismo, entonces tampoco se podría apoyar a España”, dice, recordando no solo el pasado colonial español, durante el cual se benefició de la esclavitud de africanos y sus descendientes, sino también los innumerables casos recientes de insultos racistas de hinchas de La Liga dirigidos al futbolista brasileño Vinícius Júnior.

Países unidos por el pasado colonial

Santos dijo que apoyaría a Argentina “porque somos países unidos por nuestro pasado colonial, por dictaduras y ahora por la extrema derecha”, y señala que mientras Argentina tiene al presidente Javier Milei, Brasil hasta hace poco tenía a Jair Bolsonaro en el cargo equivalente. “Sus desgracias también son nuestras, como deberían serlo sus alegrías”, agrega.

No es el único brasileño que apoya a Argentina en la final.

El conductor de transporte compartido João Felipe Jr., de 32 años, viajará 270 millas desde Río de Janeiro hasta São Paulo para ver el partido en un bar fundado por argentinos que se hizo viral por recibir a decenas de brasileños que también apoyan al país vecino.

“Hace tres años, en el Maracaná, asistí a un partido entre Brasil y Argentina con los hinchas argentinos”, dijo Felipe Jr., quien tildó de “absurdas” las numerosas teorías conspirativas en redes sociales que afirman que la FIFA ha favorecido a Argentina.

“Merecen estar en la final, sobre todo por lo que está haciendo Messi. Para mí, todo se debe a él. Cuando se retire —afirma—, dejaré de apoyar a Argentina”.

Donald Trump ha llevado la guerra con Irán a una nueva fase, aún más turbia, a medida que ambas partes se alejan cada vez más del vago memorándum de entendimiento (MoU) firmado el 17 de junio.

Y, al igual que durante la fase inicial del conflicto, los objetivos y métodos del líder estadounidense se ven envueltos en la confusión, los cambios de rumbo diarios y las fanfarronadas que, en cuestión de horas, resultan ser falsas.

El objetivo a corto plazo de Washington está bastante claro —recuperar el control del estrecho de Ormuz de manos de Irán— y el presidente parece dispuesto a ampliar la campaña de bombardeos más allá de las costas meridionales de Irán para lograrlo.

Pero es probable que la reanudación de los combates impulse también los precios del petróleo por encima de los 90 dólares el barril, lo que podría acercar a Trump a una derrota en las elecciones de mitad de legislatura de EEUU, que le dejarían dos últimos años como un presidente debilitado, aunque enfadado.

Un peaje del 20%... y marcha atrás

Como muestra del caos estratégico, Trump propuso —para luego descartarla casi de inmediato— la idea de que EEUU pudiera cobrar peajes por el paso por el estrecho, lo que dejó sin aclarar si Washington tenía alguna visión sobre el futuro de esta vía navegable.

Existen muchas alternativas viables, entre ellas modelos basados en el estrecho de Malaca o en el modelo del Bósforo y los Dardanelos, ambos debatidos por la Organización Marítima Internacional (OMI). Irán y Omán —los dos Estados ribereños— están dispuestos a participar en estas iniciativas, pero la maquinaria de formulación de políticas de Washington está tan abandonada que EEUU no tiene ninguna propuesta propia que ofrecer.

En las ruedas de prensa del pasado martes, la Casa Blanca insistió en que el peaje del 20% anunciado por primera vez por Trump el día anterior era un plan serio, alegando que el presidente llevaba mucho tiempo barajando la propuesta.

Sin embargo, horas más tarde, el fruto de las extensas reflexiones de Trump fue descartado tras hacerse evidente la magnitud de la revuelta por parte de las empresas navieras, miembros de su propia administración y la región.

El mero hecho de que se propusiera una idea así resulta profundamente vergonzoso, ya que numerosos líderes europeos (y representantes estadounidenses) habían declarado públicamente que la libertad de navegación era una piedra angular del orden basado en normas y un pilar de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, había argumentado anteriormente que los peajes no eran compatibles con el derecho internacional.

El Consejo de la OMI —integrado por 40 miembros, entre los que se encuentra Estados Unidos como miembro activo— ha aprobado recientemente una moción en la que se reafirma “que el paso por el estrecho debe seguir estando libre de peajes y tasas”.

En su intervención ante la reunión del Consejo de la OMI celebrada en Londres, el embajador de Estados Unidos en el Reino Unido, Warren A. Stephens, prometió: “Estados Unidos seguirá defendiendo la libertad de navegación y el Estado de derecho, principios fundamentales sin los cuales el comercio internacional no puede funcionar. Estados Unidos defenderá estos principios con firmeza en todos los foros, incluido este. La OMI debe ser un foro en el que se respete el Estado de derecho, no un escenario en el que las potencias coercitivas puedan aprovechar las lagunas procesales para promover sus intereses estratégicos”.

“Estados Unidos está comprometido con esta organización y con los principios que representa. Pero también hablaremos con franqueza sobre las amenazas al orden marítimo basado en normas. Un océano libre y abierto no está garantizado. Debe defenderse mediante normas sólidas, alianzas sólidas y la voluntad de denunciar a quienes traten de socavarlo”, dijo.

Trump intentó encubrir su estrepitoso fracaso alegando que las conversaciones con los líderes del Golfo demostraban que ahora estaban dispuestos a hacer inversiones sustanciales en la economía estadounidense. Pero parecía una excusa poco convincente, incluso para sus propios estándares: el compromiso de invertir en EEUU parece arriesgado, tan ficticio como el plan de recuperación de 350.000 millones de dólares al que se hace referencia en el acuerdo de alto el fuego entre EEUU e Irán.

Trump, en peor posición

Ahora que el peaje ha quedado fuera de la agenda por el momento, ninguna de las opciones que le quedan a Trump parece buena.

Su mayor debilidad política es que sigue teniendo que recurrir a la fuerza para reabrir el estrecho de Ormuz, una vía navegable que era accesible hasta el momento en que decidió seguir el consejo de Benjamin Netanyahu, abandonar la mesa de negociaciones y atacar a Irán.

Tras casi cinco meses de guerra, Trump se encuentra en una posición peor que cuando empezó.

Unos 6.000 marineros siguen atrapados en el estrecho, que continúa bajo el control del Gobierno de Teherán, el cual ha sacado fuerzas de la despedida que el pueblo iraní ha dado a su líder supremo asesinado. La idea, expuesta en el memorándum, de que ambas partes llegarán a un acuerdo sobre el futuro del programa nuclear iraní antes del 17 de agosto parece totalmente fantasiosa.

Mientras tanto, Irán parece disponer de abundantes reservas de armamento y sigue bombardeando las bases estadounidenses en Kuwait, Jordania y Bahréin. La última estimación del Gobierno estadounidense sobre los costes de la guerra, incluidos los daños a las bases, asciende a 100.000 millones de dólares.

Cuando se firmó el memorándum hace un mes, Trump admitió en la práctica que la opción militar no había logrado su objetivo. Si el estrecho permanecía cerrado durante mucho más tiempo, existía un grave riesgo de recesión mundial, afirmó, y declaró a la CNBC que no quería ser “un presidente con una depresión en su currículum”.

Si Estados Unidos no quería que Irán tomara el control del estrecho, no debería haber aceptado un documento en el que se establecía que 'la República Islámica de Irán tomará las medidas necesarias para garantizar el paso seguro de los buques' o que 'no se cobrarán tasas durante 60 días únicamente'

Philip Gordon — Asesor de seguridad nacional de Joe Biden

Pero ahora los defensores de la guerra han vuelto. “En ambos bandos hay grupos que creen que pueden asumir los costes de una escalada de tensiones y, lo que es más importante, deben demostrar esta capacidad a la otra parte”, dice Rob Malley, antiguo negociador nuclear estadounidense.

Los halcones estadounidenses siguen creyendo que Irán se derrumbará si el bloqueo restablecido de sus puertos le impide exportar petróleo.

En Teherán, al negociador jefe, Mohammad Bagher Ghalibaf, se le ha permitido purgar a sus mayores críticos dentro del Parlamento. Pero Ghalibaf sigue sometido a una presión diaria para que explique el propósito de negociar con una contraparte que trata los acuerdos solemnes y vinculantes como si fueran basura tirada en la calle.

Lo que es peor, el equipo de Trump no es capaz de definir una estrategia para el estrecho. “Si Estados Unidos no quería que Irán tomara el control del estrecho, no debería haber aceptado un documento en el que se establecía que 'la República Islámica de Irán tomará las medidas necesarias para garantizar el paso seguro de los buques' o que 'no se cobrarán tasas durante 60 días únicamente”, dice Philip Gordon, asesor de seguridad nacional de Joe Biden. “Los ataques de Irán a la navegación mercante son indignantes, pero también lo fue el hecho de que Estados Unidos no aclarara qué esperaba a cambio del enorme alivio financiero que prometía el memorando de entendimiento”.

Un debate más amplio

En retrospectiva, habría tenido más sentido que Estados Unidos dejara a Irán con el control en gran medida durante 60 días e insistiera en que Teherán siguiera adelante con el desminado, en lugar de intentar acelerar el proceso de salida de los buques del estrecho abriendo una nueva ruta meridional cerca de la costa de Omán.

El debate sobre el estrecho se está convirtiendo en uno más amplio sobre la seguridad en el Golfo. En un artículo publicado en Le Monde, Sayyid Badr Albusaidi, ministro de Asuntos Exteriores de Omán, argumenta que toda la premisa de la política de Washington hacia Irán era errónea.

“La combinación de un gasto excesivo en defensa local, la expansión de las bases estadounidenses en el Golfo y una presencia protectora más allá del horizonte se desarrolló y mantuvo a un gran coste, pero con muy poca utilidad real”, dice. “La guerra ha puesto de manifiesto que la contención era un mito, una realidad que ahora reconocen incluso aquellos que antes estaban convencidos de que más de 45 años de costosa contención eran un mal necesario. Las amenazas más graves para la seguridad del Golfo no provienen del propio Golfo, sino de decisiones y acciones adoptadas fuera de él, sobre todo en Tel Aviv”.

Dos mujeres que han acusado al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, de abuso sexual, han hecho públicas sus denuncias contra el destacado abogado británico.

En una entrevista con Christiane Amanpour de CNN este jueves, una empleada de la CPI, identificada solo por su nombre de pila, Sarah, ha hablado en públlico por primera vez sobre sus acusaciones, que han sacudido a la corte en los últimos dos años.

Sarah, abogada que trabajaba directamente para Khan, ha descrito su comportamiento como una “escalada de intentos”. Ha dicho que “fue como una invasión gradual de los límites, no solo física sino también emocionalmente”.

Ha alegado que en una ocasión, durante una visita oficial a Colombia, Khan entró en su habitación de hotel. Ha explicado que, mientras fingía estar dormida, él “comenzó a meterme la mano por debajo de las mallas, a manosearme, a lamerme la oreja”. Khan ha negado las acusaciones.

Una segunda mujer, identificada con el seudónimo de Patricia, también ha hablado con Amanpour, aunque su rostro no se ha podido ver. La mujer, que se presentó por primera vez ante The Guardian el año pasado, trabajó para Khan al principio de su carrera.

Ha declarado que, durante su periodo de prácticas en 2009, se le exigió trabajar en su casa. Ha dicho que “sin falta, cada vez que estaba allí, él me acosaba constantemente: me manoseaba, me agarraba, me besaba la cara, me tocaba el pelo e intentaba que tuviera relaciones íntimas con él”.

Una de las abogadas de Khan, Sareta Ashraph, ha afirmado que las acusaciones de ambas mujeres no eran nuevas y que Khan sigue negando las denuncias “en su totalidad”. En declaraciones a Amanpour, ha dicho: “El conjunto de las pruebas muestra una imagen muy diferente a la que se ha presentado hoy aquí”.

Las entrevistas se producen en un momento crucial tanto para Khan como para la CPI. La próxima semana, los Estados miembros del tribunal se reunirán en la sede de la ONU en Nueva York para una votación sin precedentes sobre la destitución del fiscal.

Comenzó a meterme la mano por debajo de las mallas, a manosearme, a lamerme la oreja

Sarah — Denunciante del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan

El mes pasado, el comité ejecutivo del órgano rector de la CPI suspendió a Khan tras concluir que había cometido una falta grave en relación con las denuncias de abuso sexual contra Sarah. El caso fue remitido a los 125 Estados miembros de la Corte para que decidieran su futuro.

Los abogados del fiscal jefe han argumentado que el proceso disciplinario en su contra tiene motivaciones políticas y que es “procesalmente injusto”.

Ashraph ha declarado: “Esta aparición en los medios se produce una semana antes de la votación del 24 de julio. Las pruebas y los testimonios presentados ya obran en poder de los Estados, junto con una gran cantidad de información relevante que no se ha presentado en este programa [CNN]”.

Khan fue elegido en 2021 para un mandato de nueve años al frente de la división de la fiscalía de la Corte, responsable de investigar y enjuiciar a las personas acusadas de atrocidades.

Sarah, de 39 años, fue asistente especial directa de Khan entre 2023 y 2024. Es de Malasia y trabajó en la CPI durante varios años antes de unirse al equipo de Khan.

La gestión del fiscal jefe en el tribunal de última instancia se vio empañada a finales de 2024 cuando salieron a la luz los detalles de las acusaciones de Sarah. Hasta ahora, ha permanecido en el anonimato.

Los representantes de Khan han insinuado en ocasiones que las acusaciones de Sarah podrían formar parte de una conspiración de agentes hostiles para desacreditarlo como consecuencia de su decisión en 2024 de solicitar órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa.

Según documentos consultados por The Guardian, el proceso disciplinario contra Khan concluyó que no existían pruebas que respaldaran las afirmaciones de que Sarah estuviera siendo utilizada por terceros, incluidas agencias de inteligencia.

En su entrevista con Amanpour, Sarah, que es musulmana y sigue siendo empleada de la CPI, ha declarado: “Si hubiera existido la más mínima sospecha de que yo fuera agente estatal, me habrían despedido”. Y ha añadido: “Mi denuncia se debió a lo que me sucedió, y no a ningún otro motivo”.

El 26 de junio, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski anunció que había dado órdenes al servicio de seguridad de Ucrania para iniciar una campaña de 40 días contra objetivos rusos con el objetivo de “influir en el país agresor y obligarlo a poner fin a la guerra”.

Desde entonces, Kiev ha intensificado drásticamente sus ataques contra Rusia en una serie de operaciones superpuestas contra líneas de suministro clave en los territorios ucranianos ocupados por Rusia, también Crimea, además de alcanzar Moscú y San Petersburgo con misiles de largo alcance, lo que ha desencadenado una crisis de combustible.

Han pasado tres semanas desde que se inició la campaña de 40 días, de la que ahora sabemos más cosas. ¿Cómo ha funcionado y qué conclusiones sobre el rumbo de la guerra se pueden extraer de ella?

¿Por qué habló Zelenski de una campaña de 40 días?

La directora del Foro de Ucrania en el centro de estudios Chatham House, Orysia Lutsevych, coincide con otros analistas al atribuir el marco de los 40 días a una referencia cristiana ortodoxa dirigida a Rusia y, en especial, a Vladímir Putin. “Zelenski es un maestro en el arte de la narrativa”, dice. “Creo que es una referencia a los 40 días que se pasan en el purgatorio a la espera de que se decida si será cielo o infierno: el mensaje es: 'Ya os consideramos muertos, ahora os corresponde a vosotros decidir si os salváis o no”.

No creo que se espere que la campaña de 40 días obligue a Rusia a rendirse, es solo una forma de decirles que son capaces de llevar la guerra hasta su casa

Phillips O’Brien — Profesor de estudios estratégicosde la Universidad Saint Andrews

Más allá de la metafísica, Lutsevych también es consciente de la importancia política que tiene la duración de la campaña. “Las elecciones a la Duma [el parlamento ruso] son en septiembre”, dice. “En parte, hacer todo lo posible por llevar la guerra hasta Moscú y, en particular, hasta San Petersburgo, es hacerle comprender a Putin cómo se ve mermado su control del poder”.

“Se trata de una campaña psicológica”, dice Phillips O’Brien, el profesor de estudios estratégicos de la Universidad Saint Andrews. “No creo que se espere que la campaña de 40 días obligue a Rusia a rendirse, es solo una forma de decirles que son capaces de llevar la guerra hasta su casa”.

“Lo más importante es el intento de provocar una crisis petrolera en Rusia”, añade O’Brien. “Zelenski está tratando de centrar la atención de los ucranianos en lo que Ucrania está logrando en el campo de batalla, frente al atolladero del que se habla, manda el mensaje de que están actuando con iniciativa y dinamismo”.

¿En qué consiste la campaña?

Zelenski no dio detalles en un principio, pero varios funcionarios ucranianos han dejado claro después que la campaña incluye varias de las iniciativas en curso, como la estrategia de ataque intermedio que está afectando gravemente a las principales líneas de suministro de Rusia, o los ataques de largo alcance contra la industria militar de Rusia, sus refinerías, su transporte marítimo y sus ciudades principales.

En Futura Doctrina, su cuenta de Substack, el general australiano retirado Mick Ryan escribe sobre lo que considera una “operación de influencia” para obligar a Rusia a poner fin a la invasión. “Una campaña coordinada de ataques profundos contra refinerías de petróleo, instalaciones militares y grandes ciudades, con el objetivo de presionar a Moscú para que ponga fin a la guerra”, dice.

Ryan describe los ataques contra las refinerías de petróleo como un “intento de coerción estratégica por desgaste” de la economía de guerra rusa. “A fecha del 5 de julio, el Estado Mayor de Ucrania decía haber inutilizado el 42,74% de la capacidad de refinación de petróleo de Rusia, informando de que en un mes habían alcanzado ocho refinerías, destruido o dañado más de 60 tanques de almacenamiento, y provocado pérdidas acumuladas al sector por un total de 13.500 millones de dólares [unos 11.770 millones de euros]”.

Una de las últimas semanas, las operaciones atribuidas oficialmente a la campaña de los 40 días incluyeron 13 ataques de largo y medio alcance contra objetivos militares clave, entre ellos los aeródromos de Saki y Gvardeyskoye; hangares de aviones en Crimea; la terminal petrolera de San Petersburgo; la refinería de Yaroslavl, al nordeste de Moscú; una refinería en la región de Kaluga, al sudoeste de Moscú; y la terminal de carga de petróleo del puerto de Vysotsk, en el mar Báltico.

¿Cuál ha sido el impacto hasta ahora?

Ucrania lleva tiempo lanzando ataques de largo alcance contra Moscú, pero el aumento en su escala e intensidad ha impresionado a los moscovitas. Jamás imaginaron que la guerra llegaría con tanta fuerza a su ciudad. Las imponentes columnas de humo de las refinerías en llamas y la experiencia completamente nueva de tener enjambres enormes de drones sobrevolando las dos ciudades más importantes de Rusia –la capital y San Petersburgo– han llevado a la gente a publicar vídeos conmocionados en las redes sociales.

En su día a día, los rusos ahora tienen que hacer largas colas en muchas gasolineras y hay hasta quien duerme en el coche durante días para poder repostar. Aunque menos documentado, también es visible el impacto que la campaña está teniendo en la península de Crimea, ocupada por Rusia, donde los ataques contra puentes y carreteras clave han provocado cortes de electricidad y se ha generalizado la sensación de vivir bajo sitio.

Según el Instituto para el Estudio de la Guerra, todo eso podría estar generando fricciones políticas dentro de Rusia. “Las exitosas campañas con ataques ucranianos de medio y largo alcance han obligado a un replanteamiento dentro del espacio informativo ultranacionalista ruso”, decía en un informe reciente el centro de estudios. “Está llevando a los analistas a culpar al Gobierno ruso de no haber creado un sistema de defensa aérea integral capaz de proteger adecuadamente infraestructuras críticas y empresas privadas”.

¿Ayuda esto a Ucrania en la escena internacional?

Según Lutsevych, de Chatham House, los éxitos de Ucrania llevando la guerra a territorio ruso en la campaña de 40 días –y antes– pueden haber contribuido al cambio de actitud de la Administración Trump hacia Kiev.

Sin duda, el momento más bajo de la relación entre los dos países fue en febrero de 2025, cuando el presidente de EEUU, Donald Trump, abroncó a Zelenski en el Despacho Oval diciéndole “no tienes las cartas”, mientras su vicepresidente, JD Vance, acusaba al ucraniano de “falta de respeto”.

La dinámica fue muy diferente durante la cumbre de la OTAN de la semana pasada en Ankara, donde Trump sugirió que podrían permitir la fabricación en Kiev de misiles interceptores Patriot bajo licencia. “Fue el mayor éxito visible de Ankara”, dice Lutsevych. “Es importante desde el punto de vista psicológico, antes habría parecido imposible que Estados Unidos autorizara a Ucrania a fabricar un sistema de armas tan sofisticado”.

“Aunque por el momento sea un gesto más bien simbólico, demuestra que Rusia ha fracasado en su intento de conquistar Ucrania y es importante para la postura estratégica de las fuerzas ucranianas en el futuro”, añade.

¿Qué pasará a partir de ahora?

En público y en privado se ha especulado sobre la posibilidad de incluir en la campaña acciones militares de gran repercusión para humillar a Putin y debilitar sus apoyos, incluso contra unidades clave para el mantenimiento del régimen.

Una posibilidad planteada por Denys Shtilerman, diseñador jefe y cofundador de la fábrica ucraniana de misiles Fire Point, es dirigir ataques contra instalaciones militares clave de Moscú usando misiles balísticos de nueva fabricación, algo que podría comenzar en septiembre.

“Lo primero es Moscú, donde las instalaciones militares están protegidas”, dijo Shtilerman durante una entrevista este mes. “Con una seguridad de prácticamente el 100%, puedo decir que no serán capaces de interceptarlos de forma eficaz”.

También se especula con la posibilidad de recuperar territorio ucraniano controlado por Rusia, tras varias evaluaciones donde se indica que las mermadas fuerzas rusas están más dispersas en casi la mitad de las zonas donde antes intentaban avanzar. Según Lutsevych, y tal y como sugiere Shtilerman, es probable que la campaña se intensifique y se extienda por encima del plazo anunciado de 40 días.

La tercera vez que sometieron a Anna Liedtke a un cacheo ilegal sin ropa, las guardias de prisión la obligaron a arrodillarse, le taparon la boca para que no gritara y la violaron, según consta en una denuncia penal presentada en Israel. Liedtke escuchó a hombres guardias riéndose y dice que fueron testigos de la agresión y que también pudieron haberla grabado. Según cuenta, todo ocurrió en una zona separada del pasillo de la prisión por una cortina corrida parcialmente. Las agresoras la habían dejado medio abierta.

Liedtke, que tiene 25 años, se unió en otoño de 2025 a la flotilla que zarpó de Europa hacia Gaza con ayuda humanitaria. El 8 de octubre, las fuerzas israelíes interceptaron su barco en aguas internacionales y la trasladaron a la fuerza a Israel, donde permaneció detenida durante cinco días.

Según Liedtke, los abusos y la violencia ejercida en cárceles israelíes contra los participantes de la flotilla, incluida la violación, tenía como objetivo intimidarlos. “Está claro que quieren doblegarnos y silenciarnos, haciendo que esto resulte tan traumático que nunca volvamos a hablar de Palestina”, explica en una entrevista con The Guardian.

Pero a los pocos días Liedtke se lo estaba contando a los médicos y a sus amistades, y en diciembre se había convertido en la primera activista de la flotilla en hablar en público sobre la violación sufrida durante su detención en Israel. Más de una decena de personas han denunciado agresiones sexuales, la mayoría de forma anónima.

“Si guardamos silencio, se lo harán a otra persona”

Los abogados que representan a Liedtke en Israel han registrado una denuncia exigiendo una investigación de las autoridades. Las leyes israelíes definen a la violación como cualquier penetración no consentida. “No hay motivo para que me avergüence”, dice en su primera entrevista sobre la denuncia. “Si guardamos silencio, se lo harán a otra persona”.

La denuncia ha sido enviada al fiscal general israelí, al asesor jurídico del Servicio Penitenciario de Israel, al Departamento de Investigación de Guardias de Prisión, y al director de la prisión de Givon. En palabras de Muna Haddad, abogada de Liedtke, se trata de enfrentarse a la “cultura de impunidad” en los abusos contra los presos que existe en Israel.

No es solo mi experiencia personal, es algo sistemático, y no puedo dejar de insistir en que es mucho, mucho menos de lo que sufren los palestinos

“El deseo de Anna es que se haga justicia y agotar todas las vías para que rindan cuentas los responsables de estos actos; también queremos sensibilizar a la opinión pública y ver cómo responde el sistema israelí a nuestra exigencia de abrir una investigación”, dice Haddad, que trabaja como abogada en Adalah (una ONG por los derechos humanos de la minoría palestina en Israel).

“La violencia sexual y la violación son vulneraciones recurrentes que llevan perpetrándose contra los presos palestinos durante casi tres años”, añade Haddad. “Ahora estamos frente a una escalada en la que Israel está dispuesto a extender ese comportamiento también con los ciudadanos extranjeros que actúan en solidaridad con los palestinos”.

Prepararse mentalmente

Liedtke no ha dejado que la hagan sentirse avergonzada y ha convertido la agresión en parte de su activismo, voz de quienes siguen en cárceles israelíes o de quienes serán víctimas en el futuro. “No creo que denunciarlo vaya a poner fin a la violación durante las detenciones, pero como mujer comprometida políticamente siento la responsabilidad de hablar de esto y, de esa manera, luchar en contra”, dice. “No es solo mi experiencia personal, es algo sistemático, y no puedo dejar de insistir en que es mucho, mucho menos de lo que sufren los palestinos”.

Israel ha normalizado la tortura de los palestinos en sus cárceles, mientras las autoridades del país celebran los abusos contra activistas extranjeros y han denunciado el intento fallido de procesar a sus soldados por una agresión y una violación bien documentadas

En mayo, la ONU incluyó a Israel en una lista negra por el uso de la violencia sexual durante los conflictos, citando los abusos cometidos por sus fuerzas de seguridad, entre ellos, violaciones a presos varones. En julio, Reino Unido expresó su preocupación ante el Consejo de Seguridad del organismo internacional por las agresiones sexuales en los centros de detención israelíes.

La policía australiana está investigando denuncias de violación y tortura presentadas en mayo por participantes de la flotilla, y, en Francia, la fiscalía ha iniciado una investigación de crímenes de guerra por supuestas torturas y malos tratos a ciudadanos franceses cuando estaban bajo custodia israelí.

Antes de zarpar desde el sur de Italia el 30 de septiembre en un antiguo ferry y junto a otros 100 activistas, Liedtke recibió información de miembros de flotillas anteriores sobre lo que les podría ocurrir. Trató de prepararse mentalmente para la posibilidad de ser violentada durante la detención en Israel, y hasta de sufrir agresiones sexuales, pero luego comprendió que era casi imposible. “Puedes saber que te van a agredir sexualmente, y puedes decirte a ti misma ‘vale, lo harán’; pero en el momento en que ocurre, es como si nunca lo hubieras pensado, porque no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo”, dice.

Su consejo para otros activistas es tan político como práctico. “Tienes que estar convencido de que esta es la misión correcta, y entender que nada puede prepararte”, dice.

“Les dije que me estaban haciendo daño”

El 8 de octubre, en torno a las 4:30 de la madrugada, la despertó el capitán. “Esto no es un simulacro, vienen los israelíes”, anunció. Abordaron el barco, mandaron a los activistas al comedor y pusieron rumbo hacia el puerto israelí de Ashdod, donde llegaron aquella tarde. A Liedtke se la llevaron para procesarla. Dice que una persona que hablaba alemán con fluidez la llamó ‘puta nazi’.

La primera agresión sexual llegó poco después, durante un cacheo sin ropa, dice Liedtke. Según su abogada, la ley israelí exige el consentimiento de la detenida antes de un registro sin ropa. Si la persona detenida se niega, un oficial de rango superior debe acudir para escuchar las objeciones y autorizar por escrito cualquier control que se haga a partir de ese momento. Los registros deben limitarse a una inspección visual del cuerpo desnudo y llevarse a cabo en una sala cerrada donde solo puede haber oficiales de sexo femenino.

Liedtke explica que se negó a someterse al registro corporal, pero que incluso así la obligaron a quitarse la ropa en una zona parcialmente oculta solo por una cortina. Su cuerpo desnudo quedó a la vista de los soldados varones que pasaban por allí. “Algunos de ellos nos miraban directamente mientras pasaban por delante”, dice.

Se negó a firmar los documentos de la deportación rápida porque eso equivalía a admitir que había entrado en Israel de forma ilegal, cuando a Liedtke la habían trasladado allí por la fuerza y desde aguas internacionales.

Más tarde, esa misma noche, la llevaron con esposas y una venda en los ojos a la prisión de Ketziot, donde volvieron a cachearla sin ropa, completamente desnuda y sin dar su consentimiento. “Les dije que no quería hacerlo, y que ya me habían registrado unas horas antes, ¿por qué tenían que volver a hacerlo?”, dice. A las personas que sí aceptaron el cacheo les permitieron quedarse con la ropa interior, añade.

Le dieron la ropa de la cárcel y la trasladaron a una celda sucia y sin agua potable. No pudo dormir en toda la noche por la música a todo volumen y los registros constantes de su celda, incluso con perros. Desde otras partes de la prisión se oían gritos.

El 10 de octubre, la trasladaron una vez más. En esta ocasión, a la cárcel de Givon, donde volvieron a llevarla a una zona parcialmente oculta por una cortina y le dijeron que se desnudara. Liedtke se negó y las guardias le arrancaron la ropa, manoseándola y obligándola a ponerse de rodillas. Una de ellas le introdujo los dedos en la vagina y luego en el ano. “Había dos mujeres soldado, y luego tres, que me dijeron que me quitara la ropa”, explica. “Empezaron a tocarme, les dije que no, les dije que no quería que me tocaran y que me estaban haciendo daño; entonces me agarraron por las manos para que no pudiera moverme, me empujaron al suelo y, aunque seguí intentando gritar, me taparon la boca para que no pudiera hacerlo”.

Al dolor de la agresión física se sumó la humillación. “Recuerdo que los soldados varones se reían, se quedaban allí de pie riéndose; sé que pudieron verlo todo porque la cortina no estaba cerrada completamente”. Liedtke cree que el ataque también puede haber quedado grabado por el gran número de cámaras de seguridad y corporales que se emplean en las cárceles. Ciudadanos particulares y funcionarios de Israel ya han difundido vídeos y fotos documentando los abusos y torturas a palestinos y activistas detenidos.

“Se fue desatando un nudo”

Los activistas fueron deportados a Jordania el 12 de octubre. Liedtke, que había pasado todo ese tiempo en huelga de hambre, tenía más ganas de fumar que de comer. El grupo fue recibido por médicos y psicólogos en un hotel de Amán, donde Liedtke dio el primer paso para hacer público lo sucedido. “Asegúrate de incluir en tu informe que al menos una mujer fue agredida sexualmente”, dijo a una amiga y compañera periodista.

De vuelta en Alemania, decidió hablar de la violación en una conferencia sobre presos políticos organizada en diciembre. Cuando lo hizo, la sensación de amenaza dio paso a una de alivio inesperado. “Como si poco a poco se fuera desatando un nudo”, dice.

Otras mujeres de su barco se pusieron en contacto con ella para decirle que habían tenido “la misma experiencia”. Los mensajes de apoyo han superado con creces los ataques de desconocidos.

Ahora mismo estoy bien, hay días en los que no recuerdo nada y otros en los que pienso que esto nunca va a mejorar, pero creo que es normal

“Me preocupaban los comentarios crueles, sobre todo porque se trataba de mujeres guardias; me preocupaba que la gente cuestionara si realmente había sido una violación”, dice. “Había gente en Internet discutiendo sobre lo que había vivido, sobre cómo lo definirían ellos, pero no fue algo que me afectara mucho”.

Liedtke indica que vive con el trauma del ataque. “Ahora mismo estoy bien, hay días en los que no recuerdo nada y otros en los que pienso que esto nunca va a mejorar, pero creo que es normal”, dice. Le reconforta el compromiso político por el que en un principio decidió unirse a la flotilla y la alegre bienvenida con que recibieron en Gaza a uno de los barcos de la flotilla que apareció vacío en una playa de la Franja. “Ha merecido la pena, todo lo que he pasado ha merecido la pena para aportar al menos un poco de esperanza, la de que la próxima flotilla llegará”.

El Ejército israelí “rechaza las acusaciones de abusos” por parte de las fuerzas que interceptaron la flotilla de Liedtke, ha declarado un portavoz, que ha derivado el resto de preguntas al Servicio Penitenciario de Israel (SPI). “Las acusaciones descritas en su consulta son negadas categóricamente y carecen por completo de fundamento”, han dicho desde este servicio. “El SPI rechaza cualquier acusación de violación, agresión sexual o abuso sistemático por parte de su personal”.

Traducción de Francisco de Zárate.

Volodímir Zelenski ha destituido al popular ministro de Defensa de Ucrania, a pesar de las peticiones de los socios extranjeros y de la sociedad civil para que mantuviera su cargo, como parte de una amplia reorganización del Gobierno.

En una publicación en Telegram, Mijailo Fedorov ha anunciado que abandona su cargo, afirmando que ha sido un “gran honor” servir al pueblo ucraniano. Se le atribuye ampliamente el mérito de haber transformado el Ministerio de Defensa y de haber reducido la corrupción.

Sus seis meses en el cargo coincidieron con una mejora de la posición de Ucrania en el campo de batalla. Kiev ha atacado en repetidas ocasiones refinerías de petróleo rusas con drones de largo alcance, lo que ha supuesto una vergüenza para Vladímir Putin y ha provocado una escasez de combustible en todo el país.

En su mensaje de despedida, Fedorov, de 35 años, enumera sus logros. Entre ellos figuran la desactivación de Starlink para las tropas rusas y la adquisición de más drones, utilizados para destruir la “logística enemiga” y aislar la Crimea ocupada. Afirma que ha “mejorado radicalmente” el sistema de adquisiciones, lo que ha supuesto un ahorro de “miles de millones de dólares” para el presupuesto estatal.

El día de su salida, el ministro reveló que el Ejército ucraniano ha probado con éxito un misil balístico. “Hemos revisado a fondo los requisitos técnicos y hemos alcanzado la máxima precisión. Hemos reducido el coste en un 30%. Ucrania entrará en una nueva liga”, afirma.

Parece probable que la destitución eclipse la visita de Keir Starmer a Kiev. El primer ministro británico, que dejará el cargo esta semana, ha llegado este jueves para manifestar el apoyo de su país a Ucrania durante su mandato.

No está claro si Fedorov ocupará otro cargo en el Gobierno. El miércoles, el Parlamento de Ucrania aceptó la dimisión de la primera ministra Yulia Sviridenko después de que Zelenski afirmara que su Gobierno necesitaba un cambio de rumbo. El presidente ha propuesto como su sustituto a Sergii Koretskyi, director de la empresa energética Naftogaz.

Críticas

La destitución de Fedorov ha indignado a sus seguidores y se produce en medio de rumores de una disputa con el comandante en jefe de Ucrania, el general de división Oleksandr Sirski. Amigos de Ucrania, entre ellos el exembajador de EEUU en Moscú, Michael McFaul, han instado esta semana a Zelenski a mantener a Fedorov en su cargo.

“Es una lástima que nuestro país esté hoy mucho más lejos de la victoria. Ni siquiera se ha permitido que comiencen las reformas reales, aunque hayamos logrado ya introducir muchos cambios”, escribe Serhii Sternenko, asesor del ministro destituido, con amargura. Se queja de “retrasos deliberados” y “obstáculos burocráticos”.

La política de la oposición Iryna Gerashchenko ha condenado la medida. En una intervención en el Parlamento de Ucrania antes de que se confirmara la noticia, preguntó: “¿Cómo es posible que el único nombramiento sensato de Zelenski, el del ministro Fedorov, se encuentre hoy en el limbo?”.

Los comentarios en Internet son mordaces. A los pocos minutos del anuncio, miles de personas publicaron mensajes en apoyo a Fedorov. Uno escribió sin rodeos: “No entiendo esta decisión”. Otro añadió: “Un ministro que dio esperanza a millones de personas y demostró lo que puede suceder cuando uno se interesa por la victoria de su país”.

El subdirector del centro de estudios Politika, Artem Bronzhukov, califica de “anormal” la rápida rotación de ministros de Defensa en Ucrania, en un país que libra una guerra a gran escala contra un enemigo como Rusia. Afirma que Fedorov ha mejorado visiblemente la situación en el frente y más allá de este en “tres o cuatro meses”.

“Los resultados se aprecian en los ataques intermedios, donde Ucrania ha convertido la península de Crimea en una isla virtual. En este contexto, Mijailo Fedorov goza de un gran crédito de confianza. Cuenta con el apoyo de nuestros socios occidentales y de la parte progresista de la sociedad”, ha declarado Bronzhukov a Radio NV.

La detención en Ibiza y la solicitud de extradición del Departamento de Justicia de EEUU contra un acaudalado donante estadounidense a causas de la izquierda, en relación con un supuesto apoyo a Hamás, está causando revuelo en los círculos progresistas en España y se está siguiendo de cerca en EEUU por los posibles “efectos disuasorios” que podría tener sobre el apoyo a Palestina.

Las autoridades españolas detuvieron el viernes a James 'Fergie' Chambers y actualmente se encuentra encarcelado sin fianza en Madrid por decisión del juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña. Este jueves se prevé que se celebre una vista para decidir si puede quedar en libertad bajo fianza.

El Tribunal Supremo español dispone de 40 días para decidir si concede la solicitud de extradición de la Administración Trump. Si el tribunal dice que no, el caso se cierra. Si dice que sí, el Consejo de Ministros tiene la última palabra. La acusación contra Chambers está bajo secreto de sumario.

Este es el primer caso conocido en el que Estados Unidos solicita la extradición de un ciudadano detenido y acusado de apoyar a Hamás, según Stanley Cohen, un abogado con 40 años de experiencia en casos de terrorismo.

“No me cabe duda de que la decisión [de solicitar la extradición de Chambers] se tomó porque queda bien para Trump, para el AIPAC [grupo de presión proisraelí] y para los partidarios sionistas”, afirma Cohen, que ha estado siguiendo el caso. “Es una decisión deliberada para perseguir objetivos políticos”.

“Se enfrenta a una persecución política”

Chambers se autodefine como antimperialista y es heredero de una de las familias más ricas de Estados Unidos, propietaria de Cox Communications. A mediados de 2023 vendió a su familia acciones por un valor aproximado de 250 millones de dólares y, desde entonces, ha estado financiando proyectos políticos progresistas y humanitarios, desde un colectivo de la comunidad negra hasta una organización sin ánimo de lucro que ayuda a niños de Oriente Medio.

“Fergie está en la cárcel porque utiliza su fortuna para apoyar a Palestina y a quienes sufren un genocidio en Gaza”, dice Stella Schnabel, su pareja, en un comunicado. “En resumen, se enfrenta a una persecución política por haber dedicado su vida a construir una sociedad mejor, en lugar de explotar a las personas y lucrarse con la guerra. Debería estar con nuestra familia, continuando con su importante labor humanitaria y de defensa social”.

Chambers ha donado más de un millón de dólares a proyectos humanitarios en Gaza, según indica su abogado, Llorenç Salvà, en el mismo comunicado. El donante estadounidense ha sido objeto de numerosos reportajes en los medios de comunicación de su país y fue entrevistado en un informativo de televisión local de New Hampshire a finales de 2023 sobre una acción directa contra Elbit Systems, una empresa contratista de defensa israelí, organizada por Palestine Action, grupo al que él apoyaba económicamente. Poco después, se trasladó a Túnez, donde compró el Club Africain, un equipo de fútbol muy popular.

Podría decirse que la necesidad de ayuda humanitaria en Gaza es mayor que nunca. Mezclar eso con el terrorismo es sorprendente

Trevor Aaronson — Autor de varios libros sobre el FBI y el terrorismo

Chambers ha afirmado que sabe desde hace más de una década que está en el punto de mira del Gobierno federal de EEUU, y la Administración Trump, centrada en perseguir la financiación estadounidense de supuestas actividades terroristas, solicita ahora su extradición.

“España no puede colaborar con Trump en la persecución de la solidaridad con Palestina: el Gobierno debe protegerle y no entregarle a los amigos de Netanyahu”, ha dicho en X la eurodiputada y candidata de Podemos a las próximas elecciones generales, Irene Montero.

Por su parte, diputados de Izquierda Unida han denunciado que la detención de Chambers en España se produce en un “contexto de creciente represión de la Administración Trump contra el movimiento de solidaridad con Palestina”. También hace referencia a las críticas del Gobierno español a las acciones de Israel en Gaza y a la tensión que esto ha generado con Trump. La solicitud de arresto y extradición, argumenta el diputado Enrique Santiago, preocupa a las organizaciones de derechos humanos, ya que estas acciones parecen tener “motivaciones políticas relacionadas con su apoyo a la causa palestina”. Extraditarlo, afirman, sentaría un precedente que atentaría contra la “libertad de expresión, asociación y participación política”.

“Un efecto disuasorio”

Trevor Aaronson, autor de varios libros sobre el FBI y el terrorismo, se refiere a la idea planteada por Sebastian Gorka, máximo responsable de la lucha antiterrorista de la Administración Trump, de que “todos los grupos de izquierda forman parte de una enorme red y participan activamente en el terrorismo”.

Considera que el caso Chambers es una continuación de “los preocupantes precedentes establecidos en la 'guerra contra el terrorismo” posterior al 11-S y dirigidos contra ciudadanos extranjeros, que ahora se están volviendo hacia dentro, contra los ciudadanos estadounidenses“.

Aaronson se refiere al caso de la Fundación Holy Land, de mediados de la década de 2000, en el que se planteó el concepto jurídico de que el dinero es fungible, de modo que cualquiera que apoye económicamente, por ejemplo, “libros escolares en Gaza, está aportando más dinero que Hamás podría utilizar posteriormente para el terrorismo”, ya que Hamás gobierna la zona, afirma.

El resultado de tal argumento, que podría aplicarse también al caso Chambers, es “un efecto disuasorio, por el que nadie quiere dar dinero a grupos palestinos ni a otros grupos de izquierda, porque podría utilizarse en su contra”.

Aaronson señala el momento en que se produce el caso. “Podría decirse que la necesidad de ayuda humanitaria en Gaza es mayor que nunca. Mezclar eso con el terrorismo es sorprendente”.

Los casos de ciclosporiasis, una enfermedad parasitaria que puede provocar diarrea “explosiva” y líquida, se han disparado en todo Estados Unidos en los últimos días, según han informado las autoridades sanitarias. El estado de Míchigan ha registrado un brote de una magnitud inusual, con cerca de 1.000 casos.

Míchigan suele registrar unos 50 casos al año, lo que convierte al brote actual en el mayor de la historia del estado y uno de los más importantes del país en los últimos años. Ohio también ha registrado un fuerte aumento, con 177 casos a fecha de 2 de julio, desde el último recuento de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la agencia de salud pública de Estados Unidos,

A fecha de 16 de junio, los CDC habían registrado 145 casos en 17 estados, con algunas hospitalizaciones. Los datos de la agencia van muy por detrás de los informes estatales y probablemente se trate de un recuento considerablemente inferior al real.

Aunque la ciclosporiasis rara vez pone en peligro la vida y el brote actual no ha causado ninguna muerte, aún se desconoce el origen de las infecciones y la enfermedad puede tener consecuencias graves.

Esto es lo que debes saber:

¿Qué es la ciclosporiasis?

Esta enfermedad gastrointestinal está causada por el parásito Cyclospora, que se transmite a través de productos agrícolas crudos y agua contaminada con heces humanas.

En Estados Unidos, la ciclosporiasis es una enfermedad estacional y los brotes suelen concentrarse en los meses de verano, entre mayo y agosto. En ocasiones anteriores, se han relacionado con el consumo de frutas, verduras y hierbas crudas contaminadas, como albahaca, cilantro, bayas y espinacas.

Según las autoridades sanitarias de Estados Unidos. el síntoma más común es la diarrea acuosa “con deposiciones frecuentes y, en ocasiones, explosivas”. A menudo, la diarrea puede remitir y luego reaparecer.

Otros síntomas incluyen calambres, náuseas, fatiga, pérdida de apetito, fiebre baja y vómitos. Los síntomas pueden durar desde varios días hasta más de un mes. Algunas personas no presentan síntomas.

El tiempo medio desde la ingestión hasta la aparición de los síntomas es de aproximadamente una semana, pero puede oscilar entre dos días y unas dos semanas y no suele transmitirse de persona a persona.

La ciclosporiasis no suele poner en peligro la vida y la mayoría de las personas se recuperan por sí solas. Las personas inmunodeprimidas -defensas bajas- corren un mayor riesgo. Normalmente se trata con antibióticos.

¿En qué se diferencia esto de brotes anteriores registrados en Estados Unidos?

En el pasado, algunas infecciones registradas en Estados Unidos se han relacionado con el consumo de frutas o verduras expuestas a agua de riego contaminada con heces.

En 2022, un repunte de casos en Florida fue provocado por lechuga contaminada en paquetes de ensalada que enfermó a cientos de personas.

Aunque las autoridades sanitarias no disponen de datos exhaustivos sobre los brotes de ciclosporiasis, la información disponible indica que muy pocos de los documentados en los últimos 20 años han superado los 1.000 casos. Entre ellos figuran el brote de 1996, relacionado con frambuesas guatemaltecas y que afectó a casi 1.500 personas, y el de 2019, vinculado a albahaca mexicana, con más de 2.400 afectados en Estados Unidos y Canadá.

¿Cómo puedes protegerte de la ciclosporiasis?

La mejor forma de prevenir la infección por este parásito es evitar los alimentos o el agua que puedan estar contaminados.

Los productos frescos deben lavarse a consciencia antes de consumirlos. Aun así, la Cyclospora puede adherirse a algunos alimentos, por lo que el lavado puede no eliminar por completo el riesgo de infección. Las frutas, hierbas y verduras que tienen recovecos —como las frambuesas, las moras, la lechuga, las espinacas, el cilantro, las cebollas verdes y la albahaca— son más propensas a albergar el parásito y pueden causar la enfermedad.

Hasta que se determine el origen del brote, las autoridades sanitarias recomiendan comprar lechugas enteras en lugar de productos prelavados y envasados o mezclas para ensalada. También aconsejan retirar las dos o tres hojas exteriores y lavar bien el resto bajo el grifo.

Asimismo recomiendan cocinar las frutas y verduras siempre que sea posible, ya que así se elimina el patógeno.

Israel intentó reclutar al expresidente iraní Mahmud Ahmadineyad —un acérrimo antisionista— para que liderara un nuevo régimen postislámico en Teherán, e incluso envió a su principal espía a Budapest para reunirse con él, según han informado el New York Times y el periódico israelí Haaretz.

Esta notable iniciativa para convertir a un líder que había negado el Holocausto y había pedido la aniquilación de Israel comenzó en 2022, de acuerdo con estas informaciones, y continuó incluso después de que Israel se embarcara en una brutal campaña en Gaza contra Hamás, un aliado clave de Irán.

Ahmadineyad —quien, según un reportaje del New York Times que cita a fuentes iraníes, se cree que se encuentra actualmente bajo la custodia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC)— había comenzado en años anteriores a distanciarse del régimen, a mejorar su inglés y a redefinir su imagen.

El esfuerzo por auparlo como nuevo líder iraní cobró impulso después de que Ahmadineyad fuera invitado a dar una conferencia en la misma universidad de la capital húngara en la que, apenas dos meses antes, en 2025, había intervenido Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel.

Viaje a Hungría

Según el New York Times, reclutar a Ahmadineyad se convirtió en una prioridad tal que David Barnea —por entonces director del Mossad, el servicio de inteligencia exterior de Israel— viajó a Hungría para reunirse con él después de que este hubiera sido invitado a intervenir en la Universidad Ludovika, en el marco de una conferencia sobre el clima celebrada el año anterior.

La participación de Barnea quedó confirmada en el reportaje de Haaretz, que sugería que el exdirector del Mossad llegó incluso a faltar a una reunión de seguridad con Netanyahu —destinada a debatir la guerra en Gaza en un momento en que los combates con Hamás estaban en su punto álgido— para centrarse en Ahmadineyad.

Según informa el NYT, tras la reunión con Barnea, el Mossad comunicó a la CIA que había estado en contacto con Ahmadineyad. Al parecer, la relación cobró impulso inicialmente tras la visita del expresidente a Guatemala en 2023.

Se dice incluso que funcionarios israelíes pagaron a Ahmadineyad los gastos de alojamiento y viaje, y que agentes del Mossad se reunieron con él en varias ocasiones, entre ellas durante unos viajes a Hungría en una época en la que el país estaba gobernado por el primer ministro de extrema derecha Viktor Orbán, un aliado cercano de Israel y de Donald Trump.

Los detalles de esta iniciativa han salido a la luz en medio de las especulaciones sobre el destino de Ahmadineyad después de que Estados Unidos e Israel iniciaran ataques militares contra Irán el 28 de febrero, en los que murieron varias figuras destacadas iraníes, entre ellas el líder supremo, Ali Jamenei.

Ahmadineyad apareció la semana pasada entre los asistentes al funeral de Jamenei, en lo que supuso su primera aparición pública en varios meses. El NYT —que ya había informado anteriormente de que israelíes y estadounidenses lo habían identificado como posible líder de un nuevo régimen posteocrático— informa de que, tras el ataque, cuatro agentes del Mossad lo sacaron de su domicilio y lo mantuvieron en un refugio seguro en Teherán.

Sin embargo, se dice que Ahmadineyad se enfadó por la “frenética” misión de rescate y se desilusionó con el plan de auparlo al poder. Abandonó el refugio en “circunstancias misteriosas” y, desde entonces, se cree que ha quedado bajo la custodia del servicio de inteligencia del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), según informa el NYT citando a fuentes iraníes.

“Fantasías descabelladas”

El intento de ganarse a Ahmadineyad resulta llamativo, en parte debido al papel clave que desempeñó en la intensificación de las tensiones con Israel y Occidente en torno al programa nuclear iraní tras su elección como presidente en 2005.

Durante su presidencia, Ahmadineyad patrocinó una conferencia “científica” que, en teoría, tenía por objeto examinar la autenticidad del Holocausto, pero que, en la práctica, sirvió para exponer su entonces declarada convicción de que el asesinato de seis millones de judíos a manos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial era un “mito”.

Sin embargo, se dice que las autoridades israelíes fueron alertadas del deterioro de su relación con Jamenei y otros miembros del régimen tras su salida del cargo en 2013, lo cual se vio agravado por el hecho de que el Consejo de Guardianes, órgano encargado de examinar a los candidatos, rechazara en tres ocasiones su intento de presentarse de nuevo a las elecciones presidenciales.

Por su parte, Ahmadineyad comenzó a moderar sus opiniones, antes de línea dura, y se esforzó por mejorar su inglés, llegando incluso a pronunciar un discurso en Budapest en ese idioma. También se sometió a un cambio de imagen: se recortó la barba, antes desgreñada, dejó de llevar su característica chaqueta blanca y, al parecer, se sometió a un tratamiento de bótox.

Asimismo, pasó a criticar la brutal represión del régimen contra los movimientos de protesta, a pesar de que él mismo había estado en el centro de una de las acciones más notorias de este tipo: la represión del “movimiento verde” que surgió como respuesta a su victoria electoral de 2009, que según sus oponentes fue fraudulenta.

Las lealtades de Ahmadineyad comenzaron a ponerse en duda cuando llegó a la conclusión de que Irán no podría sobrevivir a las sanciones internacionales impuestas por sus actividades nucleares, que, según él, se habían convertido en una carga más que en una ventaja, según Haaretz.

El periódico informa sobre desacuerdos en las filas israelíes respecto a la misión de cambio de régimen, denominada por Israel 'Operación El Gato con Botas'. Tzachi Hanegbi, el exasesor de seguridad nacional, tachó los planes de “fantasías descabelladas” y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir, ordenó detenerla tres días antes de su puesta en marcha. Netanyahu hizo caso omiso de los desacuerdos y ordenó que siguiera adelante.

Los iraníes habían empezado a sospechar de Ahmadineyad después de que este se escapara dos veces de su escolta de seguridad durante un viaje a Budapest en 2025, poco antes de la guerra de 12 días librada el verano pasado contra el régimen por Israel y Estados Unidos, y le confrontaron por sus desapariciones.

Dudas

Alex Vatanka, director del programa sobre Irán del Instituto de Oriente Medio de Washington, afirma que el distanciamiento de Ahmadineyad con respecto al régimen iraní era conocido por los iniciados, incluido Jamenei, a quien, según se dice, le inquietó la decisión de su antiguo protegido de visitar Guatemala, país que mantiene estrechos vínculos diplomáticos con Israel.

Sin embargo, cuestiona el momento y la motivación de las últimas informaciones. “¿Por qué dejó el Mossad que Ahmadineyad se marchara tras rescatarlo?”, pregunta.“¿Lo harías tú, si hubieras invertido tanto? Quizá se trate simplemente de un intento de crear tensión dentro del régimen, lo cual tiene sus ventajas desde el punto de vista de los adversarios del régimen”.

En el complejo de viviendas sociales y antiguo bastión chavista OPPE 25 (siglas de Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales), los cimientos de la revolución bolivariana ya se tambaleaban antes de que dos potentes terremotos los redujeran a un caos de hormigón y vidas destrozadas.

Gabriel González tiene 45 años y es obrero de la construcción. Todavía recuerda el júbilo con que recibió en 2013 las llaves de su piso nuevo en uno de los bloques de 12 plantas que el comandante Chávez había mandado construir en una zona acomodada de la turística Caraballeda. Cuando le entregaron la nueva vivienda, cerca de la playa, González llevaba dos años viviendo en un refugio de emergencia, tras perder su hogar anterior en unos deslizamientos de tierra letales. “Fue maravilloso”, recuerda González, que durante años fue un orgulloso simpatizante del PSUV (el partido socialista creado por Chávez). “El Gobierno de Chávez ayudó muchísimo a los pobres; todo el mundo estaba con Chávez por aquel entonces”.

Pero el líder venezolano falleció poco después de que González se mudara al OPPE 25, y sus sentimientos por el Gobierno, y los de muchos vecinos, comenzaron a agriarse. Un descontento generalizado que se agravó con los años de pobreza, hiperinflación y migración durante el régimen autoritario de Nicolás Maduro, sucesor de Chávez. “Por desgracia, se convirtió en una dictadura”, dice González, cuyos hermanos tuvieron que emigrar a Brasil y EEUU. “Todo el mundo por aquí decía que la revolución bolivariana ya no existía, que ya no era lo mismo”.

Golpe a la maltrecha reputación del chavismo

El último golpe lo han dado los dos terremotos que asolaron la costa norte de Venezuela en junio, dejando al descubierto las ruinas de la revolución, mientras los herederos de Chávez se esfuerzan por dar respuesta a una catástrofe para la que parecen mal preparados. “No tenemos gobierno”, se queja González una mañana reciente junto a una tienda de campaña que le donaron. Allí es donde duerme, en un campo de golf cercano a su casa, que quedó destruida por completo. Han pasado dos semanas desde el desastre y siguen desaparecidos su hijo Daniel, de 22 años, y su suegra, Esmeralda. Su familia permanece junto a los escombros, esperando noticias.

Como muchos otros residentes del estado de La Guaira, el más afectado por la catástrofe, González critica la lentitud en la respuesta de la líder en funciones de Venezuela, Delcy Rodríguez (era la vicepresidenta hasta que Donald Trump secuestró en enero a Maduro). “Por desgracia, no he visto a nadie por aquí, no he visto a ningún gobernador, no he visto a ningún alcalde”, añade. González y Rosa, su mujer, pasaron 24 horas sepultados bajo los escombros del OPPE 25 antes de que los rescataran milagrosamente sin apenas un rasguño. La pareja depende ahora de los equipos de ayuda humanitaria y de los feligreses que traen paquetes de comida y rezan con ellos.

Cuando González termina de hablar, el pastor local Ismael Yarves abre una Biblia encuadernada en ante para leer el Salmo 46. Las palabras contrastan con la pobre respuesta del Gobierno. “Dios es nuestra esperanza y nuestra fuerza, un socorro siempre presente en la angustia”, lee Yarves. “Por eso no temeremos, aunque la tierra tiemble y aunque las montañas se hundan en medio del mar”.

Un suceso “verdaderamente extraordinario”

Los expertos coinciden en que pocos países habrían estado plenamente preparados para la asombrosa ferocidad del desastre del 24 de junio: en menos de un minuto se sucedieron dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 que en cuestión de segundos derribaron edificios grandes y densamente ocupados, como el OPPE 25.

“Fue un suceso verdaderamente extraordinario”, dice Carlos Genatios, ingeniero de estructuras y especialista en planificación ante desastres naturales. En opinión de Genatios, que en 1999 ocupó el cargo de ministro de Ciencia y Tecnología tras la llegada de Chávez al poder, la energía liberada por los dos terremotos fue equivalente a la de 240 bombas atómicas como la de Hiroshima. “Fue mucho peor que el terremoto [de magnitud 7,0] de Haití, considerado el desastre más grave del siglo XXI”, explica Genatios, exiliado tras escribir artículos críticos con el régimen de Maduro.

A pesar de ello, Genatios cree que el gobierno tendrá que dar explicaciones por las cerca de 4.500 personas que han perdido la vida en la catástrofe, y las 17.000 que han salido heridas. ¿Por qué construir edificios así de grandes en una zona sísmica, con suelos blandos que temblaban como gelatina durante los terremotos? ¿Se construyeron correctamente las promociones de vivienda social como el OPPE 25 y otras propiedades de lujo cercanas, que también se vinieron abajo? ¿Eran adecuados los materiales? ¿Se siguieron estrictas normas de construcción? ¿Los gobernantes chavistas de Venezuela dotaron de manera suficiente a los servicios sismológicos, sanitarios y de emergencia la eventualidad de una catástrofe natural? ¿O estaban distraídos con su deseo de seguir en el poder?

En opinión de Genatios, una vez que se calmen las aguas habrá que encargar una investigación exhaustiva para asignar responsabilidades. Está convencido de que los sucesivos gobiernos podían haber salvado vidas si hubieran planificado mejor cómo enfrentar estos desastres. “Imposible que no hubiera víctimas, pero el número podía haber sido mucho menor”, dice.

“Precidenta Deisy Rodrigues [sic]: ayúdenos por favor”

La desolación se extendía por las calles en torno al OPPE 25 la semana pasada. Familias angustiadas y sin dormir excavaban a duras penas los escombros en busca de sus seres queridos en medio de un paisaje apocalíptico de bloques derruidos. De vez en cuando, los trabajos se interrumpían para observar a los equipos de recuperación de cadáveres, reconocibles por sus batas azules y cascos amarillos, extraer de entre los escombros cadáveres horriblemente desfigurados.

Los familiares de los sepultados bajo las ruinas han escrito peticiones de ayuda con pintura en las fachadas de sus casas. “Precidenta Deisy Rodrigues [sic]: ayúdenos por favor, mi hijo está aquí dentro”, decía un mensaje sobre un bloque de pisos a pocas calles del OPPE 25.

Muchos supervivientes aseguran que, en las horas y días cruciales que siguieron a la tragedia, la ayuda nunca llegó. Además del duelo, hay una sensación generalizada de profunda indignación por la lentitud e insuficiencia de la respuesta de las autoridades de Rodríguez. Los civiles tuvieron que tomar la iniciativa, remangarse y cubrirse de polvo para rescatar a las víctimas de los gigantescos montones de hormigón mientras las fuerzas de seguridad se quedaban de brazos cruzados con las armas en la mano.

“Aquí hay más rifles que picos y palas, y lo que necesitamos son picos y palas”, se queja Milagri Rodríguez Guanire, una de los casi ocho millones de personas que en los últimos años se han marchado de Venezuela. Tras el terremoto, cogió un avión de vuelta desde Chile para buscar entre los escombros del OPPE 25 a Ymelda, su madre.

Nos sacaron de la pobreza de la vida para llevarnos a la riqueza de la muerte

Marciel Edilberto Llarve — Superviviente de los terremotos

Las paredes del complejo están adornadas con propaganda ensalzando al “gigante eterno”, Hugo Chávez, y a su heredero, Nicolás Maduro, que en un mural es representado como “Súper Bigote”, un superhéroe con “mano de hierro”. Pero la indignación por la deficiente respuesta del Gobierno ha agrandado viejos agravios que, en los barrios obreros, antiguos bastiones de apoyo al régimen, llevan años acumulándose.

Muchos expresan su indignación y tristeza por el desmoronamiento de Venezuela. Tras los años de bonanza petrolera que vivió el país durante el Gobierno de Chávez, la caída en los precios internacionales del crudo, la corrupción, la mala gestión bajo el mandato de Maduro y las paralizantes sanciones de EEUU contribuyeron a hundirlo, pese a la riqueza de sus recursos energéticos, en una de las peores crisis económicas de la historia moderna.

“Un montón de mierda, tenemos que deshacernos de estas ratas”, dice furioso Roberto Dupuy, un cocinero de 65 años que perdió a su hija en el derrumbe de dos de las siete torres del OPPE 25. Las ruinas de las cinco construcciones restantes han quedado tan dañadas que también parecen a punto de caerse.

Otros residentes de los complejos construidos por Chávez a lo largo de la costa caribeña de Caraballeda expresan su indignación por la sospecha de haber sido alojados en trampas mortales. Se preguntan por la solidez estructural de edificios mal construidos con finas paredes de cemento, donde los techos tenían goteras y los ascensores no funcionaban. “Eran edificios de mala calidad; por eso se derrumbaron y mataron a tanta gente”, dice el suegro de Gabriel González, Marciel Edilberto Llarve.

La casa de Llarve, en el complejo OPPE 33, se desmoronó junto con el bloque. Allí sigue su esposa, enterrada bajo los escombros. “Nos sacaron de la pobreza de la vida para llevarnos a la riqueza de la muerte”, dice Llarve. Para él, trasladarse junto a su familia de una choza destartalada en la ladera hasta el bloque de viviendas fue, sin saberlo, como ir a la guillotina. “Este edificio estaba hecho de gelatina”, dice.

Silencio por miedo a represalias

Muchos de los vecinos del OPPE 25 ocultaban sus opiniones políticas para que los miembros del comité de barrio del Partido Socialista no los delataran, según González. En una Venezuela donde Maduro desplegaba medidas cada vez más restrictivas para sobrevivir a las sucesivas oleadas de protestas y levantamientos, y hasta a un intento de asesinato, ser denunciado a las autoridades por las opiniones políticas podía significar perder de las prestaciones sociales, el trabajo o el hogar, o incluso ser detenidos.

La cuñada de González, Yolife Llarve, recuerda la euforia que experimentaron muchos venezolanos durante las elecciones presidenciales de 2024, cuando acudieron en masa al colegio electoral con la esperanza de destituir a Maduro. “La gente estaba emocionada, estaban felices, muchos pensaban que era el final, hasta que anunciaron los resultados estábamos seguros de que aquello era el final”, dice. Los resultados dieron la victoria a Maduro en lo que según la opinión generalizada fue un fraude electoral, donde el verdadero ganador habría sido el movimiento opositor liderado por María Corina Machado, hoy exiliada y premio Nobel de la Paz.

Tras su secuestro por fuerzas especiales estadounidenses en una dramática incursión del 3 de enero, Nicolás Maduro está recluido en una cárcel de Nueva York. Un mural cerca del OPPE 25 recoge la declaración de Maduro durante su comparecencia ante el tribunal, dos días después de ser capturado. “Soy inocente, soy un hombre decente y sigo siendo el presidente de mi país”, dice el texto del mural, parcialmente desmoronado por los terremotos.

Tras la captura de Maduro, Trump respaldó inesperadamente a Rodríguez. Dijo que era una “persona estupenda” y que estaba ayudando a que petroleras y mineras estadounidenses hicieran negocios en Venezuela, el país que hasta hace nada era la cuna del antiimperialismo y que ahora muchos ven como un protectorado. Pero el futuro político de la presidenta en funciones no está claro, a medida que crece la indignación por su gestión de los terremotos. Según una encuesta llevada a cabo tras la catástrofe, el 63% de los venezolanos suspende a Rodríguez y casi un 50% considera más urgente celebrar elecciones que empezar la reconstrucción, aunque también hay quien sospecha que los terremotos reducirán las presiones para organizar nuevos comicios.

Rodríguez defiende la respuesta “incansable” de su Gobierno ante la catástrofe y atribuye las críticas a una conspiración mediática maliciosa urdida en “laboratorios” de propaganda. Para rebatir la acusación de chapucería en la construcción de las emblemáticas promociones de vivienda de Chávez, la presidenta en funciones ha dirigido la atención hacia los desarrollos inmobiliarios comerciales, asegurando que son la mayoría de los edificios que han caído.

Genatios opina que los terremotos y sus consecuencias han puesto de manifiesto que “la revolución es una mentira”. “El Gobierno de Venezuela es un fracaso absoluto, tiene un apoyo popular cada vez menor”, sostiene. “La retórica revolucionaria sobre ayudar a los pobres es solo una fachada, completamente alejada de la realidad; ya no hay absolutamente ninguna revolución, la única motivación es dinero y poder, no hay revolución, nada, no existe”, insiste.

“Creo que la gente ya ha tenido suficiente, llevamos 27 años con esta plaga”, dice Rodríguez Guanire, refiriéndose al chavismo. En su opinión, el Gobierno caerá antes o después. “Siento que los terremotos fueron como una caja de Pandora, o la gota que colma el vaso, para que todo el mundo pueda entender que ya basta con lo que está pasando en Venezuela”, añade. Lleva una mascarilla blanca para protegerse del polvo tóxico y del nauseabundo olor a muerte mientras busca a su madre entre los escombros que bloquean la entrada de una torre derrumbada del OPPE 25.

Momentos después, una ambulancia del Gobierno se detiene frente al OPPE 33. Han avisado de que se ha encontrado a un superviviente atrapado bajo 12 losas de hormigón. En un lado del vehículo de emergencia hay un vinilo adhesivo con la imagen de un Maduro sonriente al que unos gamberros le han arrancado partes de la cabeza y la cara. Las ruinas de los edificios y la revolución de Chávez yacen alrededor.

Con información de Clavel Rangel.

Traducción de Francisco de Zárate

Europa está estudiando propuestas que podrían permitir el cobro de tasas de navegación en el estrecho de Ormuz, siempre y cuando los peajes no sean obligatorios y cuenten con el apoyo de la agencia de la ONU que regula el transporte marítimo.

El viceprimer ministro británico, David Lammy, afirmó que la imposición de peajes obligatorios sería desastrosa. Sin embargo, algunos de sus colegas del gabinete reconocieron que los sistemas de pago por servicios de navegación específicos son permisibles en muchas vías navegables naturales, incluidos el estrecho de Malaca y el Canal de la Mancha.

Esto ocurre mientras funcionarios estadounidenses exigen a Irán que emita una declaración pública afirmando que el estrecho de Ormuz está abierto y que los barcos que utilizan este corredor vital ya no serán atacados. Los funcionarios estadounidenses atribuyen las dificultades para alcanzar y cumplir un acuerdo a las luchas de poder internas en Teherán.

Donald Trump reiteró el viernes en redes sociales que consideraba que el acuerdo de alto el fuego provisional había terminado, pero que Estados Unidos continuaría las conversaciones para lograr el fin definitivo de la guerra. Horas después, volvió a amenazar a Irán si intentaba asesinarlo, afirmando que “mil misiles están listos para disparar contra la República Islámica de Irán”.

Omán, en colaboración con abogados británicos, ya ha elaborado una propuesta para el estrecho que adapta los principios del estrecho de Malaca. Mascate se ha ofrecido a enviar a sus expertos legales a Teherán para explicar el plan en detalle.

El plan de Omán y la posición iraní

Los medios estatales iraníes informaron el viernes que el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, viajaría a Omán este sábado para dialogar sobre el estrecho. La visita “se centrará en el estrecho de Ormuz y la seguridad marítima” y es “una continuación de las consultas que iniciamos con Omán en los últimos uno o dos meses”, según declaraciones del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baghaei, citadas por la agencia oficial de noticias iraní IRNA.

Omán controla la mayor parte de las aguas navegables del estrecho y se opone a un peaje obligatorio. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed al-Ansari, declaró: “Conceder a Irán la soberanía sobre el estrecho de una manera que contradice el derecho marítimo internacional equivaldría, en esencia, a aceptar ser rehenes de cualquier elemento radical que pretenda tomar el control del estrecho en cualquier momento”.

Sin embargo, la magnitud del plan alternativo de Omán podría no estar a la altura de las ambiciones de los iraníes, especialmente del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Un diplomático afirmó: “Hay sectores del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria que sostienen que Estados Unidos lanzó un ataque ilegal contra ellos en febrero, así que ¿por qué deberían preocuparse por el derecho internacional del mar? Otros desean cooperar. Existe una división en Teherán”.

Irán también está bajo presión de los estados de la región para que aclare sus propuestas y si las tarifas serían, en la práctica, obligatorias.

La embajada iraní en Londres manifestó su interés en las propuestas elaboradas de forma independiente por el Grupo de Investigación sobre Política Energética.

El documento argumenta que una tarifa de servicio transparente, integrada en un orden regional inclusivo, incentivaría la cooperación entre todas las partes, y añade que el plan no constituye un peaje burdo impuesto a los buques simplemente por transitar por el estrecho.

Omán mira a Malacca

En una reunión del Consejo de la Organización Marítima Internacional (OMI) celebrada el jueves en Londres, el delegado de Omán, Khamis bin Mohammed Al Shamakhi, declaró: “El derecho de tránsito por los estrechos utilizados para la navegación internacional está garantizado por el derecho internacional y no justifica la imposición de tasas de tránsito a los buques que transitan por el estrecho de Ormuz”.

Sin embargo, añadió que Omán valora la exploración de acuerdos voluntarios “relacionados con los servicios de apoyo a la navegación, que podrían mejorar aún más la seguridad marítima, proteger el medio ambiente marino, reducir el riesgo de contaminación y fortalecer la preparación ante emergencias marítimas, incluidas colisiones e incendios a bordo de buques y petroleros”.

Detrás de estas declaraciones se encuentra el minucioso trabajo que Omán realiza en la gobernanza del estrecho de Malaca, que conecta los océanos Índico y Pacífico. Un informe al Consejo de la OMI sobre el mecanismo de cooperación para los estrechos de Malaca y Singapur señala que más de 120.000 buques transitan por el estrecho anualmente.

El mecanismo “se ha convertido en una plataforma estructurada e inclusiva a través de la cual se pueden abordar colectivamente los riesgos emergentes, los avances tecnológicos y las prioridades ambientales en los estrechos”, añade el documento. Las contribuciones voluntarias, en particular las de Japón, mantienen el funcionamiento del mecanismo.

La gestión de Ormuz, en disputa

En la reunión de Londres, una alianza de algunos estados del Golfo y europeos presionó para que se aprobara una resolución que condenara a Irán por intentar controlar el estrecho de Ormuz mediante ataques a buques. La moción no contó con el apoyo de Rusia ni de China.

Rusia afirmó que la moción, de carácter confrontativo, ignoraba por completo las causas profundas de la crisis, mientras que China la calificó de parcial y de extralimitarse en el mandato de la OMI.

La moción surgió después de que Estados Unidos atacara más de 150 objetivos, principalmente en el sur de Irán, esta semana, en un intento por destruir la capacidad iraní de hostigar a la navegación con drones, misiles y pequeñas embarcaciones. Irán respondió atacando bases estadounidenses en Kuwait y Baréin.

Un diplomático señaló que había dos razones para la reanudación de los combates. Una se refería al control en disputa del estrecho durante su reapertura y la otra a la gestión a largo plazo de la vía marítima, incluyendo si el estrecho de Malaca ofrecía un modelo aceptable para Irán.

La cláusula 5 del memorando de entendimiento (MdE), la hoja de ruta para la negociación del alto el fuego firmada por Washington y Teherán el mes pasado, comprometía a Irán a hacer todo lo posible para garantizar el paso seguro de buques comerciales por el estrecho sin costo alguno durante 60 días.

Estados Unidos ha afirmado que el MdE no implicaría que los buques solo puedan cruzar el estrecho con el permiso de Irán y únicamente por las rutas especificadas por Teherán. Además, el memorando compromete a Irán a entablar conversaciones con Omán sobre un plan a largo plazo para el estrecho.

En un comunicado emitido el jueves, la Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica afirmó haber cumplido, según su interpretación, con los compromisos del MdE.

El secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez, creía haber logrado el acuerdo de Irán para la ruta sur, que permitiría a miles de marineros varados evacuar el estrecho. Sin embargo, si bien existía un acuerdo, Teherán revocó su aprobación, obligando a la agencia de la ONU a suspender su plan.

La Armada de la Guardia Revolucionaria Islámica declaró: “Reiteramos que los extranjeros no tienen cabida en este territorio ni en el estrecho de Ormuz”.

Los diplomáticos están analizando si Teherán insiste en que todos los buques utilicen la ruta norte, cercana a Irán, para descongestionar el tráfico marítimo, o si simplemente exige que todos los buques soliciten permiso al país y a su Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico para utilizar la ruta sur.

El atentado con bomba contra un oligarca ucraniano en Mónaco y el posterior asesinato de la supuesta autora en Ucrania ha dado otro giro turbio después de que en el juicio contra los sospechosos se revelaran pruebas que apuntan a la implicación de los servicios de inteligencia de Kiev.

La policía francesa identificó la semana pasada a Anastasia Berezovska como la persona captada por las cámaras de seguridad mientras dejaban una mochila frente a un bloque de apartamentos de Mónaco. La mochila explotó e hirió al empresario Vadim Ermolaev cuando salía del edificio con su pareja y su hijo de 13 años.

La fiscalía ucraniana afirma que Berezovska, de 39 años, se disfrazó de hombre y huyó en un coche con matrícula alemana, cruzando primero a Francia y luego a Italia.

Desde allí viajó a Ucrania y tomó un autobús hacia su ciudad natal, Zhytomyr, al oeste de Kiev. Las autoridades anunciaron el martes que su cadáver había aparecido en un bosque cercano a la capital.

Berezovska se reunió con dos hombres que habían realizado ingresos en sus cuentas bancarias y de criptomonedas, según el servicio de inteligencia ucraniano, el BSU. Uno de ellos, Vladyslav Reut, compareció ante el tribunal el jueves, acusado de asesinato. Reut identificó a su presunto cómplice, Vitaliy Zhykovych, un antiguo policía de la región de Kiev.

Los medios ucranianos informaron de que Reut, de 33 años, estudió Derecho en la Universidad Nacional de Kiev y trabajó para la agencia de inteligencia militar ucraniana GUR. Prestó servicio en la unidad A2772, un centro de entrenamiento para fuerzas de operaciones especiales, según informó Radio Liberty.

En su declaración judicial, Reut afirmó que Zhykovych era el responsable del asesinato a sangre fría de Berezovska. Los dos hombres la llevaron a punta de pistola a un bosque cercano al pueblo de Yuriv, a 60 kikómetros de Kiev.

“Zhykovych le disparó un primer tiro en la nuca. Ella cayó al suelo. Se acercó y le dio otro tiro. En ese momento yo estaba a unos metros de distancia”, aseguró Reut.

El acusado afirmó que le dieron en total cuatro tiros. Luego Zhykovych le obligó a cavar un hoyo, a llevarse los efectos personales de Berezovska y quitarle las zapatillas deportivas. “Insistiré en someterme a la prueba del polígrafo para demostrar mi inocencia”, afirmó. El abogado de Zhykovych, Anatoliy Ivanov, djo que su cliente negaba las acusaciones.

El SBU comunicó que había encontrado el cadáver de Berezovska después de que los hombres confesaran y que sus agentes encontraran casquillos de bala en el bosque.

También publicó unas imágenes borrosas de lo que se describió como una “cámara de tortura” en el sótano de la vivienda de Zhykovych, en la localidad de Bilogorodka. Los investigadores aclararon posteriormente que Berezovska no había sido torturada.

La conexión con los servicios de inteligencia militar ucranianos resulta embarazosa para el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aunque —según afirman las autoridades— ambos hombres actuaran por su cuenta. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, instó a Zelenski a llegar al fondo del asunto y castigar a los responsables.

En respuesta a una pregunta de The Guardian, Zelenski afirmó que esperaba recibir “más informaciones” en los próximos días sobre el incidente “ampliamente difundido” en Mónaco. “Informaré a la opinión pública”, prometió.

Mykhailo Tkach, periodista de investigación del medio Ukrainska Pravda, declaró: “Sería difícil imaginar un escenario peor. Resultará muy complicado explicar si determinados funcionarios del Gobierno —en particular del GUR— estuvieron implicados. Es obvio que se exigirá una explicación al más alto nivel”.

Ucrania impuso en 2023 sanciones personales a Ermolaev, uno de los ciudadanos más ricos de Ucrania, con una fortuna estimada por Forbes en 220 millones de dólares (164 millones de libras esterlinas).

El SBU le acusó de seguir comerciando con alcohol en la Crimea ocupada y de pagar millones de dólares en impuestos al fisco ruso. Ermolaev, de 58 años, calificó los cargos de “absolutamente surrealistas” y afirmó que había donado dinero al ejército ucraniano.

El hijo de Iermolaiev, Artur, fue acusado de crear una organización criminal dedicada al fraude telefónico en Dnipro, la ciudad natal de su padre. Según los investigadores estonios, Artur y otros tres acusados crearon centros de llamadas fraudulentos. Se le impuso una condena condicional, pagó 8,5 millones de euros y abandonó Estonia poco después.

Una fuente que conoce a Ermolaev del ámbito privado afirma que el atentado con bomba en Mónaco y el posterior asesinato de Berezovska fueron actos criminales y no políticos. 'Vadim o alguien de su familia no quería pagar a alguien', plantea. La fuente indicó que la disputa giraba en torno a una extorsión a cambio de protección, y añadió: 'La mujer era prescindible'

Una fuente que conoce a Ermolaev del ámbito privado afirma que el atentado con bomba en Mónaco y el posterior asesinato de Berezovska fueron actos criminales y no políticos.

“Vadim o alguien de su familia no quería pagar a alguien”, plantea. La fuente indicó que la disputa giraba en torno a una extosión a cambio de protección, y añadió: “La mujer era prescindible”.

Mientras tanto, se van conociendo detalles de la vida de Berezovska. Últimamente vivía en Fráncfort, donde la policía alemana registró su piso la semana pasada. Antes de eso, había residido en Zhytomyr, donde se ganaba la vida criando perros. Un tribunal local la declaró en 2021 culpable de un delito menor de vandalismo, según informaciones de prensa. La sentencia determinó que había “insultado a otra mujer mientras se encontraba ebria, utilizado lenguaje obsceno, y la había empujado”.

La rapidez con la que se ha procedido a la detención de los sospechosos ha sorprendido a los observadores, y el SBU ha culpado directamente a un empleado de la agencia rival GUR. Algunos han especulado con que esto refleja la animadversión entre ambas organizaciones.

También hay preguntas sin respuesta sobre cómo Berezovska logró volver a cruzar a Ucrania y si actuó sola en Mónaco o no.

El Servicio Estatal de Fronteras de Ucrania afirmó en un comunicado que entró en el país “legalmente” el 1 de julio, a través de un paso fronterizo habitual.

El organismo señaló que las autoridades francesas no habían emitido en ese momento orden de detención alguna contra ella. “Durante los controles fronterizos, ninguna alerta de las bases de datos —incluidas las de Interpol— indicaba que se la estuviese buscando”, afirmó.

El caso y el misterio que lo envuelve ha suscitado preocupación en Kiev por el daño que pueda causar a la reputación de Ucrania.

“Espero que no tenga graves repercusiones. Pero nuestros aliados merecen una explicación”, afirmó el diputado Oleksandr Merezhko. “Lo inusual es que los autores fueran capturados tan rápidamente. Eso podría interpretarse como una prueba de la rapidez y eficacia de la operación llevada a cabo por nuestras fuerzas del orden”, sugirió.

Y, de nuevo, a la guerra. Tras un alto el fuego y un paréntesis, Donald Trump se encuentra ahora en una nueva fase de bombardeos contra Irán, y el Ejército estadounidense afirma haber atacado 170 objetivos iraníes en 48 horas.

Esto no es ninguna sorpresa. En su intervención en la cumbre de la OTAN celebrada esta semana en Ankara, Donald Trump afirmó que, en su opinión, el memorando de entendimiento entre EEUU e Irán ha “llegado a su fin”. Calificó a los líderes iraníes de “gente malvada y enferma” y amenazó con nuevas acciones militares e incluso con un nuevo bloqueo de los puertos iraníes, aunque también dejó la puerta abierta a nuevas negociaciones.

Esas declaraciones se produjeron tras una nueva ronda de bombardeos estadounidenses contra el sur de Irán, después de que Teherán atacara buques comerciales que transitaban por la parte sur del estrecho de Ormuz, fuera del corredor marítimo que había designado, y fueron también el preludio de los ataques. A última hora del miércoles se registraron explosiones en varias localidades de Irán. El conflicto no hará más que intensificarse a partir de ahora. En Truth Social, el presidente escribió: “Esto es en represalia por el bombardeo de buques llevado a cabo ayer por Irán. Si vuelve a ocurrir, ¡la situación empeorará mucho más!”.

Un problema de confianza

Sin embargo, el colapso del memorando no comenzó esta semana. Empezó a desmoronarse casi desde el momento en que se firmó, debido al problema central que ha lastrado la diplomacia entre EEUU e Irán durante décadas: no existe una base creíble para la confianza. Teherán tenía pocos motivos para creer que Washington ofrecería un alivio duradero de las sanciones, abandonaría su estrategia de larga data de coacción y cambio de régimen, o se abstendría de volver a esas mismas políticas una vez que Irán hubiera cedido sus principales fuentes de influencia. Por eso, la lucha por Ormuz se ha convertido en la cuestión determinante del memorándum, en lugar de una disputa secundaria.

Sobre el papel, el memorándum ofrece una vía hacia la distensión. Su lógica es secuencial: el tráfico marítimo por Ormuz se reanudaría bajo “acuerdos” iraníes, se levantaría el bloqueo estadounidense sobre Irán, Teherán recibiría una exención petrolera y acceso a parte de sus activos congelados, cesarían las amenazas y terminaría la guerra en Líbano. En conjunto, estas medidas tenían por objeto crear una base mínima de confianza tras la guerra y abrir la puerta a las negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Pero esa lógica dependía de una hipótesis frágil: que Washington y Teherán considerarían la aplicación parcial como un puente hacia un acuerdo más amplio, en lugar de como una oportunidad para conservar su influencia mientras ponían a prueba la determinación de la otra parte. En la práctica, ninguna de las partes llegó a creer que la otra estuviera cumpliendo los compromisos que más importaban.

La desconfianza mutua no es simplemente consecuencia de los acontecimientos recientes. Refleja décadas de diplomacia fallida

Desde el punto de vista de Teherán, Washington comenzó a incumplir disposiciones clave de inmediato. La primera cláusula del memorándum, que exigía el fin de la guerra en Líbano, nunca se cumplió, ya que las fuerzas israelíes continuaron sus operaciones y mantuvieron su presencia en algunas zonas del país. Según se informa, Estados Unidos también se ha resistido a desbloquear los activos iraníes congelados en la medida que Teherán esperaba. Trump siguió lanzando amenazas militares, incluida la amenaza pública de secuestrar a los negociadores iraníes durante la primera ronda de conversaciones en Suiza. Posteriormente, el 7 de julio, EEUU revocó la exención sobre las exportaciones de petróleo de Irán, justo cuando Teherán intentaba consolidar el control sobre el tráfico marítimo a través de Ormuz —no cerrando el estrecho de forma permanente, sino obligando a los buques a transitar por la ruta norte designada por Irán, en lugar de la ruta sur respaldada por EEUU—.

Cada una de las partes llegó a la conclusión de que la otra se estaba embolsando las concesiones mientras se negaba a hacer las suyas. Sin embargo, esta desconfianza mutua no es simplemente consecuencia de los acontecimientos recientes. Refleja décadas de diplomacia fallida.

Teherán ha llegado a una conclusión contundente: las promesas de un futuro alivio de las sanciones son sencillamente demasiado frágiles como para basar en ellas la seguridad y el desarrollo económico a largo plazo del país

Los responsables políticos iraníes han sido testigos de cómo, a lo largo de sucesivas administraciones estadounidenses, se han impuesto sanciones en repetidas ocasiones, se han levantado parcialmente y luego se han vuelto a imponer. Desde la perspectiva de Teherán, la cuestión central es si algún presidente de EEUU puede ofrecer un alivio de las sanciones y hacer que ese alivio sea duradero. Gran parte del marco sancionador estadounidense está consagrado en la legislación del Congreso, lo que obliga a los presidentes a recurrir a exenciones renovables que pueden revocarse de un plumazo. Las empresas y los inversores comprenden esa realidad, razón por la cual, incluso tras el acuerdo nuclear de 2015, el alivio de las sanciones no logró generar el nivel de inversión, la integración bancaria y el retorno a la estabilidad económica que Irán había esperado.

La consecuencia más importante es que Washington ha ido minando progresivamente la credibilidad del propio alivio de las sanciones. Si el alivio económico se considera temporal y reversible, pierde gran parte de su valor como incentivo para un cambio político duradero. Teherán ha llegado a una conclusión contundente: las promesas de un futuro alivio de las sanciones son sencillamente demasiado frágiles como para basar en ellas la seguridad y el desarrollo económico a largo plazo del país.

Podría decirse que esa influencia es hoy aún más trascendental de lo que era antes de la guerra. Las reservas estratégicas de petróleo de EEUU siguen estando considerablemente mermadas, mientras que las existencias mundiales de petróleo siguen siendo escasas, ya que el tráfico marítimo por el estrecho de Ormuz se ha mantenido muy por debajo de los niveles previos a la guerra. El resultado es una capacidad de amortiguación mucho menor para hacer frente a una interrupción prolongada del paso por el estrecho, lo que aumenta el riesgo de una crisis energética mundial de mayor magnitud.

A diferencia de ceder su programa nuclear u otras fuentes de influencia a cambio de un alivio de las sanciones que podría resultar temporal, Ormuz ofrece a Teherán algo fundamentalmente diferente: una garantía que está en sus propias manos. Al canalizar el tráfico comercial a través de su corredor designado y, potencialmente, establecer una administración conjunta capaz de recaudar tasas de tránsito junto con su vecino marítimo, Omán, Irán vincularía su propia prosperidad y los costes de ejercer presión sobre él directamente al funcionamiento de la economía mundial. Los futuros presidentes de EEUU aún podrían abandonar la vía diplomática. El Congreso aún podría endurecer las sanciones. Pero hacerlo ya no estaría exento de costes económicos.

Irán ya no piensa igual

Esto refleja una evolución más amplia en el pensamiento estratégico de Teherán. Irán cuenta hoy con tres formas principales de influencia frente a EEUU e Israel.

La primera son sus capacidades militares y su red de alianzas regionales, que incluyen sus fuerzas de misiles y drones, sus recursos navales asimétricos y socios como Hizbulá, los hutíes y grupos armados en Irak. Estos pueden imponer costes militares significativos, pero es poco probable que incluso los éxitos en el campo de batalla alteren de forma fundamental el equilibrio frente al poder militar combinado de EEUU e Israel.

La segunda es su programa nuclear, que durante mucho tiempo ha sido la principal baza de Teherán en las negociaciones con Washington y que, a pesar de los graves daños sufridos por sus instalaciones declaradas, sigue dejando a Irán con opciones importantes en caso de que decida lanzarse a la carrera por la bomba.

La cuestión no es simplemente si Irán está dispuesto a negociar, sino si Estados Unidos puede ofrecer un acuerdo que Teherán considere que perdurará una vez que haya renunciado a su ventaja negociadora

Sin embargo, cada vez más, es la tercera fuente de influencia —el control sobre los puntos estratégicos de la región en materia de energía y, sobre todo, el estrecho de Ormuz— la que se ha vuelto indispensable.

Ese cambio encierra una lección importante para Washington. La cuestión no es simplemente si Irán está dispuesto a negociar, sino si Estados Unidos puede ofrecer un acuerdo que Teherán considere que perdurará una vez que haya renunciado a su ventaja negociadora. El memorándum nunca respondió a esa pregunta. Se basaba en garantías que los líderes iraníes consideraban reversibles, al tiempo que les pedía que diluyeran una de las pocas formas de influencia que ellos consideraban duraderas. Eso no hace que la diplomacia sea imposible. Pero sí significa que es poco probable que sobrevivan los acuerdos basados principalmente en promesas de un futuro alivio de las sanciones.

Si Washington no logra comprender hasta qué punto la guerra ha transformado el cálculo estratégico de Teherán, seguirá negociando basándose en supuestos que ya no se dan, y seguirá alcanzando acuerdos que ninguna de las partes cree realmente que la otra vaya a cumplir.

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Sina Toossi es investigador sénior no residente del Centro de Política Internacional, donde su trabajo se centra en las relaciones entre Estados Unidos e Irán, la política estadounidense hacia Oriente Medio y las cuestiones nucleares.

Marine Le Pen ha anunciado que se presentará como candidata a las elecciones presidenciales francesas del año que viene después de que una sentencia judicial sobre su recurso contra una condena por malversación de fondos públicos le haya permitido presentarse.

Sin embargo, el camino que tiene por delante dista mucho de ser sencillo.

A continuación se analiza la sentencia, los antecedentes del caso, la reacción de Le Pen y lo que podría suceder a continuación en la carrera por suceder a Emmanuel Macron como presidente de Francia.

¿Qué decidió el tribunal?

El tribunal de apelación ha confirmado la sentencia dictada en marzo de 2025 por un tribunal de primera instancia, que declaraba a Le Pen culpable de malversación de fondos de la UE. No obstante, redujo la duración de ambas partes de la pena original: la inhabilitación para ejercer cargos públicos y la pena de prisión, parcialmente suspendida.

El tribunal de apelación impuso a la tres veces candidata a la presidencia —que ha transformado su partido de extrema derecha, el Agrupación Nacional (RN), pasando de ser un grupo marginal extremo a convertirse en el partido con mayor representación en el Parlamento francés— una inhabilitación de 45 meses para ejercer cargos públicos, de los cuales 30 meses fueron suspendidos.

Tras declararla culpable de malversación de fondos públicos europeos en su calidad de eurodiputada y entonces presidenta de RN, el tribunal dictaminó además que Le Pen, de 57 años, deberá cumplir una pena de tres años de prisión, de los cuales dos suspendidos y el tercero bajo arresto domiciliario con una tobillera electrónica.

En marzo de 2025, el tribunal de primera instancia había condenado a Le Pen a cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, con efecto inmediato, y a una pena de cuatro años de prisión, de los cuales dos serían condicionales, lo que, en la práctica, supuso la suspensión de su cuarta candidatura a la presidencia de Francia hasta que se resolviera el recurso de apelación.

¿De qué trata el caso?

Junto con 23 antiguos eurodiputados, asistentes y contables, así como el partido Agrupación Nacional, Le Pen fue acusada de dirigir un sistema que utilizaba fondos destinados a la contratación de asistentes del Parlamento Europeo para pagar al personal que trabajaba para el partido en Francia.

Se sospechaba que los acusados habían malversado 4,4 millones de euros entre 2004 y 2016, en un primer momento bajo la dirección de Jean-Marie Le Pen, padre de Marine, y, a partir de 2011, bajo el de ella misma. Entre los empleados declarados como asistentes parlamentarios figuraban un secretario personal y un guardaespaldas.

“Marine Le Pen se impuso con autoridad y determinación dentro del marco establecido por su padre”, dictaminó el tribunal de primera instancia, desempeñando un “papel fundamental” en la “optimización” de un sistema diseñado para “ahorrar dinero [al partido] gracias al Parlamento Europeo”.

Le Pen afirmó que su partido era víctima de una “caza de brujas” y, junto con otras diez personas, interpuso un recurso de apelación, negando durante su segundo juicio que su partido contara con ningún tipo de sistema destinado a malversar fondos de la UE, y afirmando que había actuado con “total buena fe”.

Destacadas figuras nacionalistas, como Viktor Orbán en Hungría y Matteo Salvini en Italia, denunciaron la sentencia del tribunal de primera instancia como una “violación de las normas democráticas”, mientras que Donald Trump la calificó de “asunto muy importante”, comparándola con sus propias batallas legales en Estados Unidos.

¿Qué supone la última sentencia para Le Pen?

El tribunal de apelación declaró tras su fallo que su objetivo había sido “evaluar la sanción a la luz de cualquier vulneración del derecho a presentarse a las elecciones”, argumentando que “la libertad de elección de los votantes —un requisito previo para la expresión del voto democrático— debe tenerse en cuenta”.

Eso es exactamente lo que hizo: al reducir, en la práctica, su inhabilitación para ejercer cargos públicos a 15 meses (45 meses en total, con 30 meses de suspensión), garantizó que, en principio, pudiera presentarse a las elecciones presidenciales, ya que los 15 meses comenzaron con la sentencia del tribunal de primera instancia en marzo del año pasado.

Sin embargo, al ordenarle llevar un dispositivo electrónico durante un año, se le hace muy difícil, tanto desde el punto de vista político como práctico. Sin embargo, las condiciones exactas del arresto domiciliario y la vigilancia electrónica deberán ser decididas por otro juez en las próximas semanas.

En principio, una orden de “arresto domiciliario con vigilancia electrónica” implica salir de casa únicamente durante un horario fijo y previamente acordado para dirigirse a destinos fijos y previamente acordados. Se pueden solicitar excepciones puntuales, pero no hay ninguna garantía de que se concedan.

Evolución de los posibles candidatos a las elecciones presidenciales de 2027 en los mercados de apuestas

Marine Le Pen

27%

Édouard Philippe

26%

J-L. Mélenchon

11%

Jordan Bardella

4%

FUENTE: polymarket.com

Evolución de los posibles candidatos a las presidenciales de 2027 en los mercados de apuestas

M. Le Pen

27%

É. Philippe

26%

Jean-Luc

Mélenchon

11%

J. Bardella

4%

FUENTE: polymarket.com

¿Qué significa esto para las elecciones?

Le Pen había afirmado en repetidas ocasiones que no se presentaría a las elecciones presidenciales si se le obligaba a llevar una tobillera electrónica, alegando que le resultaría imposible hacer campaña de forma eficaz con sus movimientos restringidos.

Anteriormente, también había descartado recurrir al máximo tribunal de Francia, el Tribunal de Casación —que ha señalado que, si se le pidiera que evaluara el caso, dictaría sentencia antes de las elecciones—, alegando que la incertidumbre pondría en peligro las posibilidades de su partido.

Sin embargo, Le Pen anunció el martes por la noche que, efectivamente, iba a llevar su caso ante la máxima autoridad judicial francesa, afirmando que quiere “agotar todas las vías legales” a su alcance para defender su “inocencia” y argumentando que “el pueblo decidirá”.

Llevar su caso ante el tribunal de última instancia significa que la orden del tribunal de apelación de llevar una tobillera electrónica no se aplicará hasta que se dicte una sentencia definitiva. “Esta noche soy candidata a las elecciones presidenciales”.

RN ya había empezado a prepararse para la posibilidad de que su protegido de 30 años, Jordan Bardella, fuera su candidato en su lugar, pero la decisión de Le Pen aplaza esa posibilidad, al menos hasta que el Tribunal de Casación dicte su sentencia.

Las encuestas indican que cualquiera de los dos candidatos de RN, Le Pen o Bardella, ganaría con holgura la primera vuelta, prevista para el 18 de abril. Las previsiones para la segunda vuelta están divididas y algunas encuestas apuntan a que un candidato de centro, el ex primer ministro Édouard Philippe, podría salir victorioso.