El profesorado en Madrid se ha volcado las últimas semanas para impulsar acciones individuales y colectivas sobre el genocidio contra Gaza a pesar de que pende sobre ellos la censura de la Administración. Estas prohibiciones de banderas y símbolos palestinos, respaldadas por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han despertado en los docentes la indignación por la vulneración de sus libertades, lo que ha impulsado su creatividad para sortear la censura y seguir educando en los valores de paz y los derechos humanos.

Esta semana, en la que la mayoría de sindicatos llaman a los docentes a protestar por “el derecho a denunciar el genocidio”, habrá paros educativos el viernes de 11.30 a 13.30 y de 17.00 a 19.00 horas, mientras miles de estudiantes salieron a las calles este jueves convocados por el Sindicato de Estudiantes.

En las escuelas e institutos madrileños proliferan las acciones de profesores y alumnos en favor de un alto el fuego. Los colegios públicos San Ignacio y San Isidro y Joaquín Costa, ambos de Arganzuela (Madrid), han decorado el edificio con dibujos y creaciones de los alumnos en los que se pueden ver numerosas sandías, banderas palestinas y mensajes como 'No a la guerra' o 'Joaquín Costa vs. Netanyahu'.

Un joven profesor que prefiere no revelar su nombre cuenta a este periódico que los problemas con la dirección de su colegio, situado en un pueblo a 30 kilómetros de Madrid, comenzaron desde el primer claustro del curso. Varios profesores del centro decidieron hacerse una foto para mostrar su solidaridad con Palestina y el rechazo al genocidio. Este docente asegura cómo fueron amenazados con expedientes disciplinarios por parte del equipo directivo y cómo inició un debate con la directora sobre la naturaleza política o no de estas acciones. “Yo haciéndole comparaciones con el nazismo o con los terraplanistas” cuenta este profesor.

Después de las palabras de Ayuso, que acusó a estos profesionales de “intentar adoctrinar” por hablar a los alumnos de los derechos humanos y el origen del conflicto, las acciones fueron a más. La respuesta de este profesor y sus compañeros fue “llenarlo todo de sandías”.

Tenemos la obligación de despertar la conciencia del pensamiento crítico en los alumnos

Lola Cabrera — Profesora

También fue sonado el caso de un profesor de Economía en el instituto Prado Santo Domingo de Alcorcón (Madrid), al que amenazaron con expedientar por llevar a clase una camiseta de fútbol del equipo chileno Club Deportivo Palestino. Este martes la dirección del centro ha dado marcha atrás y ha emitido una carta interna en la que informa a los profesores que pueden “sentirse libres” de mostrar sus opiniones “libremente” con el “único límite del respeto” mutuo. “La fuerza de los compañeros y la fuerza sindical y mediática surtió efecto”, celebra el profesor, Guillermo López, en conversación con elDiario.es.

Otra profesora de Secundaria de la misma localidad, Lola Cabrera, explica cómo su acción particular en protesta por el genocidio y el intento de veto de la Consejería consiste en comenzar cada una de sus clases de Filosofía leyendo 28 nombres de la lista de más de 18.000 niños y niñas asesinados en Gaza, además de dedicar una clase completa con cada grupo a explicar el origen del conflicto árabe-israelí desde 1947. Asegura que hay otros compañeros que están “proponiendo este tema como un tema de debate y de estudio” en cada una de sus asignaturas. “Además de la defensa de los derechos humanos, tenemos la obligación de despertar la conciencia del pensamiento crítico”, explica.

En su instituto, IES Jorge Guillén, organizaron este martes una charla didáctica para alumnos de cuarto de la ESO impartida por Alcorcón con Palestina, una asociación local en defensa del pueblo palestino y los derechos humanos.

Otras administraciones gobernadas por el PP como el Ayuntamiento de Madrid están apoyando la decisión del Gobierno de Ayuso y eliminando cualquier rastro de banderas palestinas en el espacio público, como sucedió con la gran bandera pintada por niños de un colegio de Malasaña con tiza en la plaza del Dos de Mayo. A pesar de la limpieza municipal recurrente y veloz, la insistencia de los niños ha dejado imágenes de los colores rojo, negro, blanco y verde inundando la plaza.

Camisetas con sandías, kufiyas, banderas... Toda clase de simbología de protesta ha recorrido los centros educativos de la Comunidad de Madrid desde que el pasado 18 de septiembre se conociera una serie de amenazas verbales e indicaciones de la Consejería de Educación y la Inspección, así como los equipos directivos, de frenar y silenciar las muestras de apoyo y las protestas contra el genocidio israelí en Gaza. La plataforma de profesores Menos Lectivas lanzó, ese mismo día, una campaña de llamamiento a la docencia madrileña para que acudiera a clase portando símbolos palestinos como la sandía, la kufiya o los colores de la bandera. “No nos vamos a callar ante el genocidio. ¡Viva la educación pública, viva Palestina libre!”, animó Menos Lectivas en el comunicado.

Por su parte, un centenar de asociaciones de madres y padres de centros públicos y concertados firmaron un texto de condena al “hostigamiento de la Consejería de Educación a equipos docentes y familias por mostrar su apoyo a la población palestina”. En este comunicado, firmado por AMPAS de colegios e institutos de toda la región, exigen “que se respete la libertad de expresión de toda la comunidad educativa”. “Educar en derechos humanos no es adoctrinamiento, es uno de los principios básicos de nuestro sistema educativo y de todo nuestro sistema democrático. Por ello, apoyaremos e incentivaremos aquellas iniciativas que, tanto dentro como fuera de los centros educativos se lleven a cabo, para alzar la voz contra este genocidio”, añaden.

Sindicatos, AMPAS y estudiantes se han movilizado y han convocado concentraciones esta semana, en la que la rectificación del IES Prado Santo Domingo ha supuesto un “éxito” para la lucha en contra de la censura, según el profesor amenazado. Los sindicatos CCOO, CGT, STEM, UGT, CNT, Comisiones de Base, Solidaridad Obrera, Alternativa Sindical de Clase han convocado paros educativos para el viernes 3 de octubre por “el derecho a denunciar el genocidio” en los centros educativos madrileños.

El Gobierno sigue adelante con la venta de las viviendas públicas que formaron parte del programa de alquiler asequible impulsado por José Luis Rodríguez Zapatero en 2005 y que se quedaron en un limbo jurídico tras la eliminación del Servicio Público del Alquiler (SPA), siete años más tarde, por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy. El pasado mes de julio, las 34 familias que continuaban viviendo en estos inmuebles recibieron una carta por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, organismo que asumió su gestión, de que no iban a renovar de nuevo los contratos de arrendamiento y que procedían a la venta de las viviendas. A pesar de que no hay impagos, la Administración no ofrece alternativas a los vecinos más allá de la compra, por un precio que alcanza en muchos casos el medio millón de euros. Tampoco han accedido a la negociación colectiva que reclama el Sindicato de Inquilinas.

Un grupo de una docena de afectados y miembros del sindicato han irrumpido este jueves en la subasta de dos edificios de esta naturaleza, localizados en el madrileño barrio de San Cristóbal, el cuarto barrio más pobre de España. Óscar, uno de los afectados que vive en Lavapiés, asegura que muchos vecinos de la calle San Dalmacio 1, la mayoría familias en situación administrativa irregular que residen en estos pisos abandonados por el Estado, no sabían ni que se iba a vender el edificio al mejor postor: “Estuvimos hace una semana diciendoles '¿Sabéis que se va a subastar este edificio?', y nos dijeron '¿En serio?' (...) Les dijimos que veníamos a preguntarles si lo sabían y a ofrecerles nuestro apoyo, a decirles que estamos en la misma situación”. Aunque este jueves no se subaste su edificio, Óscar sabe que puede ocurrir en cualquier momento y está decidido a quedarse en la casa en la que lleva 14 años viviendo con su pareja.

“Se está vendiendo vivienda pública cuando nos hace falta un millón de viviendas en España para que las personas como yo, que no pueden comprarse una vivienda de 400.000 euros, tengan un alquiler normal dentro de un estándar y completamente topado”, denuncia.

A. es una vecina del bloque de pisos que se ha subastado este jueves. Vive ahí desde hace tres años junto a su familia. A pesar de estar algo resignada a que les van a expulsar del edificio, ha acudido a las puertas de la Tesorería a mostrar su apoyo al sindicato y a los compañeros que han tratado de boicotear la venta. “Es una vergüenza, viven más de 30 niños”, lamenta en conversación con elDiario.es.

Otro de los manifestantes, en este caso de una vivienda del SPA en la calle Fernando el Católico (Chamberí), renunció a su contrato tras la primera amenaza de la Administración y se marchó a vivir a Burgos. En la calle de Chamartín donde se ha celebrado la subasta, este afectado lamenta que Madrid lo haya expulsado por la falta de vivienda asequible. Ha acudido para apoyar a su amigo que se quedó en el piso y que ha participado en la protesta.

El Sindicato de Inquilinas considera que esta situación es un “desahucio invisible” impulsado por el propio Estado y ha apoyado a estas familias con acciones como la de esta primera subasta. “Vosotros os dedicáis a especular y nosotros a defender lo público”, respondía uno de los manifestantes al inversor que lo increpaba con gritos de “¡Fuera!” y “¡Desokupa!”. El intento de boicot ha terminado con el desalojo del grupo de manifestantes de la sala por parte de los servicios de seguridad y con la finalización de la venta.

La Seguridad Social considera que estos contratos de arrendamiento están “vencidos” y quiere venderlos porque, según sostienen, no tienen “competencias en vivienda” y, por lo tanto, “carecen de la potestad de hacer promoción inmobiliaria y de suscribir contratos particulares fuera de su propia normativa”. En ese sentido, desde el departamento que dirige Elma Saiz, indican que sus servicios jurídicos “concluyeron que tanto los contratos como las posibles prórrogas estaban vencidos”.

Además, Seguridad Social basa su decisión en un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el uso de sus inmuebles, de 2022. “Informaba de que se debía proceder a la enajenación y corregir las situaciones jurídicas irregulares, puesto que una administración pública no puede tener inquilinos en situación jurídica irregular”. En concreto, el organismo público afeaba a la Tesorería General que, de los 4.115 inmuebles dados de alta en la Gerencia de Bienes Inmuebles de la Seguridad Social a la elaboración del análisis, 874 se encontraban vacíos, aunque más de la mitad eran fincas rústicas, y 179 parcialmente vacíos o sin uso, lo que suponía “importantes gastos e inversiones”, que ascendían a 143 millones de euros.

Era 21 de junio de 2022 y el consejero de Educación en persona, Enrique Ossorio, visitaba el colegio público CEIP Eduardo Rojo, en Vallecas, para mostrar su apoyo y pasar revista de los puntos de ayuda humanitaria que se establecieron en varios centros madrileños para enviar a Ucrania. En las fotografías y declaraciones, rodeados de carteles y letreros en los pasillos del colegio, este miembro del Gobierno de Ayuso animaba a colaborar mientras condenaba la invasión rusa.

El Gobierno de Ayuso explicitó su respaldo a estas iniciativas escolares, orientadas también a recibir a niños y niñas afectados por la ofensiva militar. Casi tres años más tarde, los criterios de la Consejería han cambiado respecto a la dramática situación que se vive en la Franja de Gaza. A pesar de las casi 65.000 víctimas civiles asesinadas por el ejército israelí, la Inspección está ordenando a profesores y equipos directivos que retiren toda simbología palestina y mensajes de apoyo, y que cancelen las actividades en solidaridad con Palestina.

“Dejen de politizar los colegios”, zanjó este miércoles Ayuso cuando se conocieron varios casos de represión de estas muestras de apoyo en centros madrileños, sobre todo en institutos. El patrón de la presidenta madrileña pasa por considerar “politización” a toda manifestación diferente a su pensamiento, al igual que ocurrió cuando los campus universitarios madrileños realizaron acampadas para clamar por un alto el fuego en mayo y junio de 2024.

Para el Ejecutivo regional, unas llamadas por la paz son más urgentes que otras y hay víctimas que merecen la atención de la comunidad educativa y otras que no. Un total de 1.580 colegios públicos y concertados de Madrid albergaron en 2022 numerosas iniciativas, puntos de recogida y actividades para enviar comida y ropa al pueblo ucraniano, y colocaron mensajes de apoyo en los pasillos, como 'Ucrania te necesita' y una imagen de un niño con la bandera ucraniana dibujada en el rostro.

Sin embargo, la Administración de Ayuso defiende que denunciar el bloqueo de ayuda humanitaria que sufre Gaza, la hambruna sistemática y el genocidio del pueblo palestino es un adoctrinamiento que, además, tiene como fin último encubrir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

“Nos preocupa que esta ola de solidaridad decaiga y, lo peor, que nos acostumbremos a ver a diario imágenes atroces desde calles de toda Ucrania con muertes y destrucción sin saber que podemos hacer mucho por toda esa gente que sufre”, lamentó Ayuso el 16 de junio de 2022. Sin embargo, el pasado 10 de septiembre su discurso sobre la gente de Palestina, que también sufre por las calles de Gaza, fue muy diferente: “Nadie quiere que muera nadie, pero... Lo ha provocado gente capaz de violar y mutilar”. Justificó las muertes de inocentes porque, dice, Israel está “defendiendo” a los países europeos de la “islamización”: “Lo que está sufriendo Israel de la parte de Hamás nos va a ocurrir a nosotros también y no será muy tarde”.

Otro ejemplo de la doble vara de medir del PP de Madrid vino el pasado domingo durante las protestas contra el genocidio en La Vuelta ciclista a su paso por la capital. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, acusó al presidente del Gobierno de agitar las manifestaciones, mayoritariamente pacíficas, y a los asistentes de “aplicar alguno de los métodos de ETA”. La multitudinaria protesta, en cambio, no ocasionó daños mobiliarios más allá de las vallas que se arrojaron al suelo para cortar el paso a los ciclistas por el recorrido. Mientras el PP calificaba de prácticas terroristas este corte del tráfico, ignoraban que en las protestas lideradas por la derecha es también algo habitual. La propia Aguirre hace dos años, en las protestas de extrema derecha frente a la sede del PSOE en Ferraz, animó a la muchedumbre a cortar el tráfico y colocarse más allá de las vallas colocadas por el dispositivo de seguridad.

“Queremos cortar el tráfico. Hay que explicárselo. Si cruzamos todos a la vez...”, propone la expresidenta en un vídeo de Estado de Alarma sobre la manifestación neonazi. Animando con los brazos a la multitud de enfrente, Aguirre repite: “Yo cortaría el tráfico”.

Ayuso ha marcado desde el inicio del curso político el camino al PP de cara a la ofensiva israelí en Gaza, evitando aludir al genocidio, ya declarado por el Consejo de las Naciones Unidas, pero que según Almeida no puede suceder porque ya lo sufrió el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial.

Para la presidenta madrileña toda protesta por una causa que no comparte es “kale borroka”, una conspiración política en su contra o responde a los deseos de Pedro Sánchez para desviar la atención. Por ello, tilda de “salvajes terroristas callejeros” a los 100.000 manifestantes que lograron frenar el pasado domingo el trascurso de La Vuelta ciclista, una competición que permitió la participación del equipo Israel Tech, cuya empresa patrocinadora está en manos de un millonario sionista cercano a Benjamin Netanyahu. Ahora, los docentes que cuentan a sus alumnos lo que está ocurriendo en Oriente Próximo, apoyados en la libertad de cátedra, quieren “reventar la convivencia” en Madrid. Esta situación choca frontalmente con su lema político que airea la “libertad”.

Sindicatos, Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) y estudiantes han respondido al veto que se conoció este miércoles, impulsado desde el Gobierno de Ayuso, para retirar símbolos y cancelar actividades de solidaridad con Palestina en colegios e institutos públicos y concertados de la Comunidad de Madrid. La comunidad educativa se ha movilizado para exigir a la Consejería de Educación una rectificación y el cese de las presiones para silenciar las voces de la enseñanza que claman por un alto el fuego y que defienden los derechos humanos en las aulas.

Esta respuesta de los profesores la lidera el sindicato minoritario Stem, que este miércoles recordó a la Consejería que toda limitación de la libertad de cátedra debe tener una “base legal justificada y proporcionada”; y la plataforma de profesores Menos Lectivas, que ha lanzado este jueves una campaña de llamamiento a la docencia madrileña para que acudan a clase portando símbolos palestinos como la sandía, la kufiya o los colores de la bandera.

“No nos vamos a callar ante el genocidio. ¡Viva la educación pública, viva Palestina libre!”, anima Menos Lectivas en el comunicado.

A su vez, más de 70 asociaciones de madres y padres de centros públicos y concertados han firmado este jueves un texto de condena al “hostigamiento de la Consejería de Educación a equipos docentes y familias por mostrar su apoyo a la población palestina”. En este comunicado, firmado por AMPAS de colegios e institutos de toda la región, exigen “que se respete la libertad de expresión de toda la comunidad educativa”.

“Educar en derechos humanos no es adoctrinamiento, es uno de los principios básicos de nuestro sistema educativo y de todo nuestro sistema democrático. Por ello, apoyaremos e incentivaremos aquellas iniciativas que, tanto dentro como fuera de los centros educativos se lleven a cabo, para alzar la voz contra este genocidio”, añaden.

Sin embargo, la posición de la Consejería permenece en la negativa de permitir estas inciativas, a pesar de que en 2022 se colocaron símbolos en los mismos centros en favor de la población ucraniana que sufre la invasión rusa. Este miércoles la presidenta madrileña justificó estas acciones represivas con el objetivo de “no politizar” los colegios, a pesar de que la educación en derechos humanos está incluida en el currículo por el que se rige la enseñanza madrileña. “Dejen de intentar adoctrinar”, zanjó Ayuso.

Este jueves han salido nuevos testimonios de visitas o llamadas de Inspección que ordenan retirar banderas o carteles. El ayuntamiento de Rivas, uno de los municipios afectados, se ha rebelado contra estas restricciones y su alcaldesa, Aída Castillejo, ha recordado al Gobierno regional que los colegios son de titularidad municipal, y que la Comunidad de Madrid solo regula la parte curricular y, por tanto, está fuera de su legitimidad decidir sobre estas actividades: “Es evidente que Ayuso y el Gobierno regional solo buscan imponer y recortar la libertad de los centros educativos para educar en valores y derechos humanos”, asegura en una nota hecha pública esta tarde, una carta enviada enviada a los centros educativos y a las AFA de la ciudad en la que destaca que los centros escolares “son espacios donde el conjunto de la comunidad educativa trabaja cada día para construir modelos de convivencia basados en la igualdad, la solidaridad y el respeto a los derechos humanos”.

Por su parte, los estudiantes tampoco permanecen impasibles. Varios adolescentes que tenían programada una reunión este jueves con la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, critican las prohibiciones. Su instituto, comprometido con el genocidio en Gaza, continúa en lucha defendiendo estas muestras de apoyo. “No hay ningún tipo de opinión, solo exponemos los hechos, que son brutales y cada uno con su criterio que saque las conclusiones”, dice una de estas estudiantes.

El próximo 2 de mayo, día de la Comunidad de Madrid, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, condecorará a La Vuelta ciclista y al ganador de la última edición, Jonas Vingegaard, con la Medalla de Oro de la región. Así lo ha anunciado este jueves en el Pleno de la Cámara regional, en el que ha vuelto a arremeter contra el Gobierno, al que acusa de “jalear” las protestas que impidieron la celebración de la última etapa de la competición a su paso por Madrid. “Porque este ciclista internacional no merece ser recibido sobre cajas de hielo por culpa de lo que ustedes provocaron (...) Y porque es una de las competiciones internacionales del pueblo de Madrid que han intentado desguazar”, ha explicado la baronesa popular acerca de su decisión.

Se trata del último pulso de Ayuso en contra de la presión del Gobierno, de la sensibilidad ciudadana y de las voces crecientes en Europa que tratan de impedir el genocidio en la Franja de Gaza por parte del ejército israelí, un genocidio ya declarado por la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas. Para la presidenta madrileña, estas protestas buscan “reventar la convivencia” en Madrid y no responden tanto a motivos humanitarios sino a cuestiones nacionales en su contra. Por ello, su última defensa en favor de Israel y su equipo ciclista ha sido la distinción de la Comunidad de Madrid a la competición, que blanqueó al régimen israelí permitiendo la participación de un equipo que pertenece a un millonario sionista cercano a Netanyahu, y al ganador, un ciclista danés que en realidad mostró su comprensión hacia las protestas.

“Por el deporte en libertad, por ser Madrid una región de integración, abierta al mundo y alegre, vamos a dar estas dos condecoraciones”, ha justificado.

La postura inflexible de Ayuso y Almeida, que niegan que esté ocurriendo un genocidio contra la población palestina, está marcando el discurso de un PP nacional que no había fijado su posición exacta respecto a Gaza. El PP ha celebrado la condecoración otorgada por Ayuso. La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha expresado su apoyo, alegando que “es muy positivo que se reconozca lo que han sufrido los organizadores y los ciclistas”. Para ella, esta medida de Ayuso es “una gran decisión” porque, según ha dicho, La Vuelta ciclista es “marca España” y “significa mucho para todas las generaciones”. “Es una de las fortalezas de nuestro país”, ha añadido.

Cuando comenzaron las manifestaciones pacíficas en las primeras etapas de La Vuelta, la presidenta madrileña marcó el tono comparándolas con el atentado en los Juegos Olímpicos de Munich en 1972, en el que once miembros del equipo israelí fueron tomados como rehenes y asesinados por un comando terrorista propalestino. “No es la primera vez que se atenta contra participantes israelíes, ya ha habido atentados parecidos en la historia, en Olimpiadas, como ocurrió en Múnich”, dijo. A partir de ahí, ha aumentado su confrontación mediante la visita al equipo Israel-Premier Tech antes de la carrera, la fotografía con los ciclistas, las acusaciones al Gobierno de “jalear” las protestas y su calificación como “violencia política”.

El sindicato minoritario de profesores de la Comunidad de Madrid, Stem, ha remitido este miércoles una carta al consejero de Educación de Ayuso, Enrique Ossorio, en la que exige la “retirada inmediata” de cualquier instrucción procedente de la Inspección hacia los equipos educativos para retirar banderas, carteles y otros símbolos de apoyo al pueblo palestino por la dramática situación de la Franja de Gaza. Además, la organización sindical requiere al consejero que toda prohibición se respalde en una “base legal clara, motivada y proporcionada”.

“Solicitamos la remisión urgente por escrito, tanto a nuestro sindicato como a las Direcciones de los centros, de la normativa concreta en la que se fundamentan dichas instrucciones, así como de la motivación jurídica que justifique su necesidad y proporcionalidad”, añaden en el documento al que ha tenido acceso este periódico.

Varios docentes madrileños, a quienes la plataforma Marea Palestina ha dado voz, han recibido instrucciones verbales por parte de los servicios de Inspección de la consejería para que cancelen actividades en colegios e institutos en solidaridad con los 18.500 menores asesinados por el ejército israelí y para retirar banderas, camisetas, carteles y otros símbolos del pueblo palestino. Estas restricciones incluyen una prohibición de leer, distribuir y exhibir la lista de nombres de niños y niñas asesinados desde octubre de 2023 en Gaza por “protección de datos”. Para Stem, la Consejería “aplica una doble vara de medir injustificable” en relación a su apoyo a la causa ucraniana en 1.580 centros madrileños y, por contra, la represión de iniciativas que reclaman un alto el fuego en la Franja de Gaza.

“Desde el STEM advertimos que, en defensa de las trabajadoras y trabajadores de la enseñanza afiliados al sindicato, interpondremos cuantas acciones legales y jurídicas sean necesarias para garantizar el respeto de sus derechos básicos y de su libertad de expresión, en caso de que esta medida sea confirmada y aplicada”, ha advertido la organización sindical al final de la misiva.

La Inspección educativa del Gobierno de Ayuso ha contactado con varios centros escolares de la Comunidad en los que se estaban organizando actividades en apoyo al pueblo de Gaza y ha dado órdenes de cancelarlos y de retirar toda la simbología palestina visible, como banderas o pañuelos, según denuncia la plataforma Marea Palestina: la educación contra el genocidio, protegiendo la identidad de los docentes. Su portavoz, Carlos Díez, confirma que se están produciendo estas llamadas y/o visitas por parte de la Consejería para prohibir actos en solidaridad con las más de 64.000 víctimas en Gaza, casi un tercio de ellos menores de edad. “Vamos a estudiar acciones, incluso legales, contra esta vulneración del derecho de autonomía, libertad de cátedra e, incluso, derechos fundamentales como la libertad de expresión” de los profesores, ha asegurado Díez en conversación con elDiario.es.

Uno de los casos de estas restricciones se produjo en un centro en el que se realizaban actividades de concienciación con la lista de nombres de niños y niñas asesinados desde el inicio de la ofensiva israelí sobre Gaza. Desde la Inspección, se dieron órdenes al equipo directivo de dejar de exponer estas listas en aulas y pasillos por, textualmente, “vulnerar la ley de protección de datos”. Por esa razón, han prohibido la lectura en voz alta de los nombres de niños y niñas asesinados, un acto simbólico de recuerdo y condena por la vulneración de sus derechos fundamentales.

Desde la Consejería, niegan la existencia de esta represión y reconocen únicamente que, “cuando las Direcciones de Área Territorial (DAT) conocen que algún centro quiere organizar actividades que pudieran tener relación con alguna cuestión política, recuerdan a los directores que los centros educativos deben ser absolutamente apolíticos”. Sin embargo, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se ha posicionado desde el principio frontalmente en contra de toda protesta propalestina y aseguró que la ofensiva israelí en Gaza, que acumula casi 65.000 asesinatos de civiles, está “defendiendo” a Europa de la “islamización”.

“Me parece razonable que, dada la controversia política que hay respecto de esta cuestión, dejemos la política fuera de las aulas. Creo que no debe ser objeto de trifulca ni disputa política el interior de las aulas, que están para el aprendizaje de los niños y para que no sea objeto de controversia política que es lo que parece que algunos están buscando”, ha justificado este miércoles el alcalde de Madrid, José Luis Martínez, en declaraciones a los medios de comunicación.

Para los profesores, en cambio, estas acciones y la colocación de banderas palestina responden a una denuncia moralmente obligada del “escolasticidio” que está sucediendo en la Franja de Gaza, con más de 18.500 niños y niñas asesinados por el ejército israelí. “No podemos permanecer pasivas ante esto”, responde Díez, que asegura que no trasladar un mensaje en defensa de los derechos humanos incumpliría, de hecho, con el currículo escolar establecido por la comunidad: “Pensamos que denunciar un genocidio es poner en práctica lo que la ley establece”.

Según su portavoz, Marea Palestina estudiará en su asamblea de esta tarde la respuesta de la plataforma a estas restricciones que, dicen, distan mucho de la postura del Gobierno de Ayuso cuando Ucrania protagonizaba estas actividades en favor de la paz para denunciar la invasión rusa. “Apoyó, respondió y participó”, asegura. El pasado martes, cinco miembros de la plataforma fueron recibidos por la Comisión Internacional de Cooperación al Desarrollo en el Congreso de los Diputados, donde elevaron sus quejas sobre el silenciamiento por parte de la Consejería de Educación madrileña.

Aluvión de críticas

El portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Eduardo Fernández Rubiño, ha criticado este miércoles en la sede del partido esta prohibición del gobierno regional: “¿Por qué en una escuela no se pueden hacer actos de conmemoración por los niños gazatíes que están bajo las bombas? Pues esa es una pregunta que tiene que contestar la gran abanderada de la libertad, pero que quiere libertad solo para ella y para los que piensan como ella”.

De hecho, desde su partido han anunciado que emprenderán “acciones legales en cuanto esta orden ejecutiva se haga oficial”. Así lo ha adelantado su portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, en unas declaraciones en las que ha añadido: “Prohibir las banderas de las instituciones públicas es liberticida e inmoral, pero también es ilegal”.

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha arremetido también contra Ayuso, a la que ha llamado “amiga de genocidas”, y ha considerado “extraordinariamente grave” la restricción por tratarse de una “vulneración de la libertad de expresión”. Así lo ha dicho antes de abandonar el Congreso, donde ha acudido a la sesión de control al Gobierno, para reunirse con un grupo de escolares y docentes de la Comunidad de Madrid que están llevando a cabo actividades de apoyo al pueblo gazatí. Además, ha garantizado que su ministerio va a poner a disposición de esos grupos de escolares “que están movilizándose de manera solidaria para reivindicar los Derechos Humanos y el fin del genocidio”, “instalaciones y recursos” para que puedan seguir haciéndolo.

También el secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha calificado a la presidenta madrileña de “miserable”, “progenocida” y “sinvergüenza”: “La señora Ayuso es una miserable. La señora Ayuso es una progenocida y es una auténtica ignominia”, ha asegurado en una rueda de prensa como procurador en las Cortes de Castilla y León.

A su vez, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha criticado en su perfil en X el veto del Gobierno de la Comunidad de Madrid a símbolos y actividades de apoyo a Palestina en colegios e institutos. “La libertad educativa de Ayuso: financiar con 38 millones a colegios privados que segregan por sexos, dejar a más de 60.000 familias sin saber si tienen beca y prohibir visibilizar el genocidio en Palestina”, ha escrito.

El consejero madrileño de Vivienda, Transporte e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha anunciado este martes que padece cáncer y que se retira provisionalmente del cargo para someterse a una operación quirúrgica. En un desayuno con periodistas en la Consejería, ha explicado que en una visita médica ordinaria le detectaron este problema de salud y que recibirá un tratamiento oncológico en la sanidad pública, informa Europa Press.

De 53 años, Rodrigo ocupa el cargo desde 2003, en una consejería de la Comunidad de Madrid en la que se ha puesto al frente de varios proyectos centrales del Gobierno de Ayuso, como el plan de choque de vivienda, que incluye el Plan Vive; la automatización de la línea 6 de Metro, que ha obligado ha realizar importantes modificaciones en la movilidad de la capital; o la próxima apertura en noviembre de la 7B.

Debido al proceso oncológico, dejará “durante unas semanas” tanto las funciones en la Consejería como la actividad parlamentaria. También se apartará como presidente del PP del distrito de Salamanca. “Estoy con ganas, con ilusión y sobre todo con mucha fortaleza”, ha explicado el propio Rodrigo, que ha resaltado la importancia de la prevención en materia de salud.

Previsiblemente, el Consejo de Gobierno de este miércoles será el último acto al que asista durante un breve periodo de tiempo. De momento, no se ha concretado quién le reemplazará.

El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha trasladado un mensaje de apoyo al consejero. “Querido Jorge Rodrigo, tienes a tu partido y a toda tu gente a tu lado para ganar esta batalla. Mucha fuerza amigo. ¡Vencerás! Un fuerte abrazo amigo mío”, ha escrito en redes sociales.

También la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha enviado un mensaje de apoyo al consejero en sus redes sociales: “Cuando la salud está en juego las diferencias políticas no importan. Jorge Rodrigo, tienes todo nuestro cariño y te deseamos una pronta recuperación”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves un nuevo plan para la construcción de vivienda protegida, la cuarta reforma de la ley del suelo en su mandato y que llega tras una importante subida en el precio de la vivienda, un 21% únicamente en el último año. Tal y como ha explicado en el Debate sobre el Estado de la Región celebrado en la Asamblea de Madrid, el nuevo Plan de Choque se centra en una laxitud de las condiciones para edificar en la región viviendas protegidas, “sin necesidad de cambiar el planeamiento urbanístico”. Esto incluye el incremento de un 10% de los metros cuadrados edificables en las parcelas y de un 20% de la densidad permitida en los proyectos de construcción de vivienda protegida, así como una modificación de los usos del suelo. 

Son quince medidas que no regulan los precios ni los agentes del negocio de la vivienda. Evita aplicar la ley estatal y declarar como “zonas tensionadas” áreas urbanas en las que los ciudadanos tienen dificultades para acceder al alquiler o la compra de las viviendas. Ayuso lo apuesta todo al Plan Vive para potenciar la construcción de nuevas viviendas “asequibles”, de alquileres por encima de los 800 euros, sin regular los hogares ya existentes. Una de las medidas estrella en este plan es el cambio en los usos del suelo para permitir la edificación en lugares donde actualmente no se puede, como en “locales de oficinas, hospedaje o dotacional privado”. “Si no hacemos nada, el suelo disponible se agotará en una década”, explica.

Para ello, el Gobierno madrileño aprobará, previsiblemente a principios de 2027, una nueva Ley de la Ordenación del Territorio, Urbanismo y Suelo, que también reducirá plazos y trámites para la destinación de terrenos a la construcción de viviendas y su desarrollo. Según ha detallado, se ahorrarán seis años en la planificación y tres en la normativa de desarrollo de estos proyectos.

A pesar de la preocupación del Ejecutivo de Ayuso por el agotamiento del suelo en la comunidad y el futuro crecimiento demográfico, la presidenta autonómica no ha hecho mención en su discurso del aumento del uso turístico de la vivienda en la capital.

La laxitud en las condiciones para la construcción de vivienda protegida permitirá la construcción, según las previsiones, de 15.000 nuevas casas en los próximos cuatro años, que se sumarán a las 140.000 ya previstas en los nuevos desarrollos del Plan Vive, un proyecto anunciado por Ayuso en 2019 y enormemente criticado por adjudicatarios y sindicatos. Desperfectos, averías y alquileres no tan asequibles, además del cobro de extras indebidos, hacen aumentar las renuncias hasta el 28% de los aspirantes.

Este plan, según ha confirmado Ayuso, se ampliará durante este curso a otras localidades de la región como Alcalá de Henares, Villanueva de la Cañada o la zona de Aravaca, hasta alcanzar una veintena de municipios.

El Plan Alquila, en cambio, busca brindar protección jurídica a inquilinos y propietarios. A estos últimos, además, ha dedicado un guiño durante su discurso, en el que ha anunciado un “plan contra la okupación e inquiokupación”, que afecta al 0,057% de las viviendas en España y que se redujo un 43% en la Comunidad de Madrid entre 2023 y 2024.

La otra propuesta en la región es el plan 'Primera vivienda', que consiste en avalar a los compradores de viviendas, y para lo que aumentan la edad máxima a los 50 años, aunque no modifica los requerimientos económicos.

Madrid, asediada por las obras, ha vuelto al cole con el corte del tramo este de la línea circular de metro, de la carretera A-5 y de varios carriles del Paseo de la Castellana, además de los trabajos de renovación que continúan en la estación de Chamartín después de casi tres años. El resultado ha sido el colapso de la movilidad de la capital en una semana en la que los niños han vuelto al cole y prácticamente la totalidad de los adultos ha regresado al trabajo. El cierre de la parada de Ciudad Universitaria suscita la incógnita acerca de las próximas semanas, en las que todos los universitarios se incorporarán al nuevo curso académico.

Las obras son características de los veranos madrileños. Sin embargo, esta vez el final del período vacacional no ha significado el cese de las afectaciones a la movilidad de la ciudad, sino que las incidencias en la circulación por carretera y en los desplazamientos en transporte público se retroalimentan entre sí. Un cúmulo de circunstancias que parece escalar de nivel desde el pasado lunes 8 de septiembre. Fue el primer día laboral en el que cerró todo el tramo este de la línea 6 de Metro, entre Legazpi y Moncloa pasando por Avenida de América. Un corte para automatizar sus trenes (esto es, que funcionen sin conductor) y que se extenderá, salvo actualizaciones en la fecha, hasta el 31 de diciembre.

Cerrar Ciudad Universitaria en septiembre

La situación es particularmente delicada en Moncloa, nodo de comunicación que conecta con un importante intercambiador de autobuses y con una línea 3 que ahora llega colapsada de viajeros. Si los trenes de esta línea están abarrotados, la estampa se intensifica en el exterior. Largas colas para tomar el SE6, el SE5 o alguna otra línea de EMT que permita cubrir el tramo cerrado. Muchas de las personas que las forman son estudiantes o docentes que tratan de llegar a Ciudad Universitaria, el barrio que alberga casi todas las facultades de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

La UCM es el mayor centro de estudios presencial de toda España, con más de 65.000 estudiantes matriculados el curso pasado, la mayoría de ellos en campus de Ciudad Universitaria. Una parte nada desdeñable, en torno a 7.000 alumnos, todavía no se han incorporado: el curso académico en los masters no arranca hasta el próximo lunes 15 de septiembre. Será una nueva prueba de fuego para las alternativas de transporte diseñadas por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Fuentes de la Consejería de Transportes explican a elDiario.es que “se eligió cerrar Ciudad Universitaria en septiembre porque el arco oeste tiene más demanda de viajeros que el este, por lo que era mejor cerrarlo en verano que es cuando disminuye la afluencia de viajeros”. Además, consideran que esta estación tiene que entrar en el arco este “porque Moncloa es mejor como cabecera de línea para el mejor funcionamiento de la línea”.

Universitarios y profesores, principales afectados

La familia de Eva, profesora en la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM, se ha visto afectada por partida triple. Ella cruza Madrid en coche para llegar a su puesto de trabajo: “El caos es brutal por las obras en puntos neurálgicos de la M-30, Atocha, Castellana o Conde de Casal”. Luego están sus hijos. Uno se está doctorando en la UPM, aunque Eva cuenta que por suerte todavía no ha tenido que desplazarse a Ciudad Universitaria. La otra estudia en el campus de Somosaguas, situado en el vecino municipio de Pozuelo de Alarcón: “Para llegar tiene que tomar el bus en Moncloa. Hoy me ha mandado un vídeo de una fila inmensa para tomarlo a las 8.30”.

A las aglomeraciones y retrasos en estaciones afectadas por el corte, como Moncloa o Avenida de América, se une la incidencia en el resto del suburbano, donde también se han visto desde el lunes imágenes con decenas de pasajeros agolpados en los andenes. Frente a unos buses sustitutos a menudo repletos o retenidos por el tráfico, sobre todo en hora punta, son muchos los ciudadanos que optan por buscar combinaciones alternativas echando mano del Cercanías y de otras líneas de Metro. En este sentido, el Gobierno autonómico avanzó un refuerzo en otras líneas: la 5 (que aumenta el número de trenes hasta en un 19%), la 1 (14%), la 3 (13%), la 10 (11%) y la 2 (6%). En cambio, son numerosos los testimonios de usuarios que critican la insuficiencia de este refuerzo.

La circular, línea más utilizada de la red que transporta unos 143.000 viajeros diarios, continúa así el menoscabo que supuso desde el 31 de mayo y hasta el pasado 6 de septiembre la clausura del resto de la línea (de Méndez Álvaro a Moncloa pasando por Plaza Elíptica). Aunque esta zona del trazado vuelve a estar operativa, miles de viajeros deben completar sus rutas por otras vías ante la falta de conexiones con estaciones tan importantes como Pacífico (trasbordo con la línea 1), Sainz de Baranda (línea 9), Manuel Becerra (2), Diego de León (4 y 5), Nuevos Ministerios (8 y 10), Cuatro Caminos (1 y 2) o la citada Avenida de América (4, 7 y 9). En Moncloa, las personas se acumulan rápidamente en el único andén en el que presta servicio la línea circular, en sentido El Casar.

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), el organismo que concentra las competencias en materia de transporte regular de viajeros en la Comunidad de Madrid, esperaba paliar la afectación con un plan similar al aplicado durante el primer cierre parcial. La principal medida son los dos servicios especiales y gratuitos de autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT). Por un lado el SE6, con buses que efectúan parada en todo el trazado clausurado, salvo la estación de Arganzuela-Planetario. Por otro el SE5, que refuerza el servicio entre Cuatro Caminos y Moncloa, con parada en el resto de estaciones intermedias (Guzmán el Bueno, Vicente Aleixandre y Ciudad Universitaria).

Las frecuencias de 2-3 minutos en el primer caso y de 5 en el segundo no se están cumpliendo en estas dos primeras jornadas laborables, según trasladan muchos usuarios. Recorrer el tramo clausurado en bus, de Legazpi a Moncloa, implica más de 50 minutos sin contar la espera en las marquesinas. En Metro no llega a media hora. Además, la reducida capacidad de estos buses en comparación con el metro y la congestión del tráfico por carretera dificulta aun más el encaje de estos usuarios.

La línea 10 resulta doblemente perjudicada

El caso de la línea 10 es paradigmático. Según el Ejecutivo regional contaba con un refuerzo previo en el número de trenes al que se añade el ahora anunciado, ya que asume miles de viajeros desplazados por la otra gran obra que actualmente se acomete en la capital: el soterramiento de la A-5 desde Campamento hasta casi finalizar la colonia de Batán. El proyecto, una de las grandes promesas electorales de José Luis Martínez-Almeida, comenzó a ejecutarse en enero y por el camino ha trastocado la movilidad en el suroeste de la capital (además de en otros municipios como Alcorcón, Móstoles o Arroyomolinos). En el distrito de Latina, el más afectado, los trabajos han deparado además cortes vecinales en el suministro de luz, agua o conexión a Internet.

“Tengo que dejar pasar tres metros cada día para poder entrar”, relata Lara, una usuaria que denuncia, en conversación con elDiario.es, que el refuerzo de la línea 10 de metro es insuficiente. A pesar de que utiliza también la línea 1, cada día a las 8 y media de la mañana, asegura que el pasado lunes llegó tarde al trabajo por la incapacidad de entrar en la 10. “Llegué tarde igual y mira que salí antes de lo normal”, cuenta.

Además, durante lo que queda de 2025 todo el tráfico por carretera de la zona está desviado a la calzada norte (en sentido salida de Madrid) y se cierra por completo la calzada sur (en sentido entrada a Madrid), donde comenzaron las obras de soterramiento. A principios de 2026 se procederá a actuar en la calzada norte y se desviará todo el tráfico a sur. La vía afectada por el cierre soportaba alrededor de 80.000 conductores al día antes del corte. Asimismo, otro efecto de la obra ha sido el traslado del fin de línea de 18 autobuses interurbanos a Cuatro Vientos desde Príncipe Pío. Por ello, el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad y el Ministerio de Transportes desplegaron un plan de movilidad que incluye el refuerzo de la línea C-5 de Renfe con 42.240 plazas adicionales cada día. A la par, las líneas 5 y 10 de Metro se reforzaron un 9% cada una, mientras que Transportes instaló un carril bus de Móstoles a la entrada del barrio de Cuatro Vientos.

Las medidas, sin embargo, son insuficientes para muchos residentes que afirman sentirse desatendidos. Después de que en junio la mayoría absoluta del Partido Popular en el pleno municipal descartase instalar marquesinas adicionales o nuevos baños portátiles en Cuatro Vientos (convertido en un gran e improvisado intercambiador al aire libre), el Gobierno de Almeida acabó colocándolas a mediados de agosto. Por entonces la ciudad ya había atravesado varias olas de calor.

Es un ejemplo de la “falta de previsión” que PSOE y Más Madrid achacan a las autoridades madrileñas en medio de un cóctel perfecto en el que tanto el tráfico rodado como el transporte público se encuentran mermados. Las obras de ampliación de la línea 11 en Conde de Casal también han provocado numerosos cortes en esta zona, que a su vez se ha quedado sin estación de Metro ya que pertenece igualmente al tramo cerrado de la circular. Esta misma ampliación ha provocado el desvío de nueve líneas de EMT en Atocha.

Otros soterramientos que dificultan la movilidad

El cubrimiento parcial de la M-30 en Ventas o el soterramiento en el Paseo de la Castellana afectan asimismo a la circulación de vehículos y autobuses, sin que una red subterránea sacudida por las anomalías de su línea más utilizada pueda absorber con garantías todas las personas que dejan de desplazarse en coche.

En su caso, Luis atraviesa la Castellana en el autobús 155 cada día de camino al trabajo. Antes del inicio de las obras, tardaba 20 minutos menos en llegar a casa. A pesar de haberse resignado, lamenta que el pasado lunes llegó tarde a la oficina a pesar de salir de casa con mucha antelación. “Se ha notado la vuelta a los coles”, comenta, a lo que añade que sufrió retrasos tanto por el tráfico en la Castellana como por grandes aglomeraciones en la línea 10 de metro, una de las alternativas de los usuarios de la línea 6. Destaca también que la parada en el Hospital de La Paz es un punto crítico del tramo en el que conductores y usuarios no saben muy bien cómo efectuar la bajada.

La reacción a las incidencias

En este contexto adverso, el Ayuntamiento de Madrid anunciaba como medida estrella la gratuidad de Bicimad el lunes y de los trayectos en buses de EMT lunes y martes. Desde el área de Movilidad del Ayuntamiento no responden hasta el momento las preguntas trasladadas por este periódico sobre la situación en los desplazamientos madrileños.

Desde la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, en cambio, reconocen “incidencias” en líneas alternativas a la 6 y aseguran que “se van adoptando medidas nuevas para cubrir las necesidades reales”, destacando las líneas 8, 4, 12 y 10B y la línea 1 de metro ligero. Por su parte, la presidenta de la Comunidad ha negado este miércoles, en una entrevista en Espejo Público (Antena 3), la existencia de una situación descontrolada y se ha limitado a elogiar el servicio de Metro de Madrid: “Es el mejor del mundo”.

También se han manifestado públicamente figuras como el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López: “Segundo día de vuelta al cole en Madrid con unos servicios públicos deficientes”, lamentaba en X el también secretario general del PSOE madrileño. También el Ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha cuestionado las alternativas ideadas por las administraciones madrileñas. “Lo que hoy ha sucedido en Madrid es que no se ha planificado”, aseguraba el pasado lunes en declaraciones a Televisión Española. “Si hay un problema en Cercanías o hay un problema en la red ferroviaria, como es el ministro Puente el que está detrás, nos lanzamos en tromba. Si el problema es en Metro o es en los autobuses de Madrid, no hay ningún tipo de interés en contarlo”, añadió.

También han arreciado las críticas desde Más Madrid. La portavoz de la formación en la Asamblea, Manuela Bergerot, habla de un “Madrid colapsado” por “la incompetencia del Partido Popular”. “Cierran el tramo este de la Línea 6 de Metro sin reforzar servicios especiales y con Bicimad caído [el servicio estuvo inoperativo durante la mañana del martes]. Ir al trabajo, a la Complutense o a la Autónoma se está convirtiendo en una auténtica yincana”, denuncia Bergerot en X.

Este lunes se inicia la vuelta al cole en la Comunidad de Madrid y algunas aulas abrirán sus puertas a los alumnos sin profesores. Quince días de retraso en la publicación de las listas provisionales y los incontables errores del sistema informático que adjudica las plazas a funcionarios e interinos han provocado un clima de fuerte descontento entre el profesorado por la gestión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en este inicio de curso. Además de la falta de profesores, la caótica situación, que tratan de solventar apenas unos días antes de la vuelta a clase de los alumnos, también derivará en la incorporación tardía de muchos docentes que no han estado presentes la semana previa en los claustros y la preparación de la metodología. En total, 223 profesores de educación infantil se incorporarán este lunes.

Cientos de docentes se han encontrado durante la semana pasada con que la plaza que se les había asignado en las listas definitivas no existe o es de una naturaleza diferente. “Han cometido un error y yo ahora no tengo curro y entro más tarde a las listas extraordinarias”, denuncia Ana en conversación con elDiario.es. Ella es una interina que ha visto cómo se le asignaba una jornada parcial que no se correspondía con su posición en las listas y que ni siquiera le proporciona un salario suficiente para vivir.

A su vez, Laura escribió el pasado martes en el foro de dudas del Cesif en Telegram que el lunes se encontró con que su plaza ni siquiera existía. “Te mandan para casa y te dicen que no tiene solución”, relata otra compañera que prefiere no revelar su nombre, a lo que Laura añade que le dijeron que volvería a aparecer en la lista extraordinaria, es decir, en la asignación que se produce cuando se agota el procedimiento ordinario, compitiendo con aspirantes con menos méritos. Con el paso a la lista extraordinaria, además, pierde su derecho a la renuncia al que podría haberse acogido tras la publicación de las provisionales, ya que tanto las asignaciones en la lista definitiva como en la extraordinaria son irrenunciables.

El portavoz del sindicato minoritario Stem, Ramón Carrillo, asegura a este periódico que “continuamente están anulando asignaciones que ya estaban hechas”, algo que ha generado en esta primera semana de trabajo de los profesores un clima de tensión e incertidumbre y que vulnera el derecho a la igualdad entre aspirantes.

“La sensación de desamparo es tremenda”, lamenta María, una profesora en la Comunidad de Madrid que a una semana del inicio de clases ha descubierto que su asignación de centros fue errónea y tendrá que desplazarse entre los diferentes colegios donde imparte clase en coche debido a la gran distancia entre ellos, a diferencia de lo que le correspondía. Además de estos fallos, el retraso con el que se publicaron las listas provisionales dejó a los docentes únicamente dos semanas de margen para conocer su destino, organizar su vida personal y buscar, en muchos casos, una vivienda cercana. En el mismo foro, que cuenta con más de 7.000 participantes, numerosos afectados repiten las palabras de María: “No he visto mayor desastre organizativo”.

Los sindicatos piden un cambio en el proceso

Según Carrillo, esta situación se debe en gran parte al reducido número de administrativos que se encargan de gestionar los recursos humanos en la enseñanza pública madrileña y a un software obsoleto. Desde esta organización reclaman a la Consejería una solución para que no se vuelva a repetir esta situación en los próximos años, porque “demuestra un desprecio absoluto hacia el profesorado madrileño”.

Sin embargo, fuentes de la Consejería de Educación niegan que haya errores sistemáticos en las asignaciones, lo califican como “algo normal en este tipo de procesos” y evitan las preguntas de elDiario.es acerca de una posible modernización del sistema informático y un aumento del número de administrativos encargados de esta gestión, a pesar de que estos errores han generado a muchos docentes graves problemas en su estabilidad laboral. “Es un cúmulo de errores tal que merece una explicación”, responde Carrillo.

Esta actuación de la Consejería demuestra un desprecio absoluto hacia el profesorado madrileño

El Gobierno de Ayuso se jactó el pasado miércoles, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, de haber conseguido iniciar el curso con un récord de alumnos y un récord de profesores. Incluso subrayaron que habían aumentado la contratación de docentes un 50% respecto al curso 2024/2025. Sin embargo, la progresiva privatización y los beneficios a los centros concertados de Ayuso han hecho crecer el número de profesores en estos colegios y ha impactado negativamente en los centros de titularidad pública exclusiva.

En las mismas declaraciones, el consejero Emilio Viciana insistió en el argumento de la “libertad de elección” de las familias para justificar este favorecimiento a los centros privados y concertados, y aireó los datos: el 53,7% de los alumnos madrileños estudian en centros de titularidad pública, mientras que los que van a privados suponen el 18,6% y a los concertados el 27,7%. Estas cifras están muy alejadas de la media europea de estudiantes en la enseñanza pública (83,8% en 2023) y la proporción española (68%), según las estadísticas de la Comisión Europea.

Plazas desiertas

Los equipos directivos se han encontrado la última semana con que varias plazas solicitadas a la Consejería no se habían cubierto ni en la asignación definitiva ni en la extraordinaria. Una directora de un colegio público que no quiere revelar su identidad ha detallado que en su centro de educación primaria faltan aún seis profesores, dos de los cuales deberían estar como titulares. Asegura que no han recibido ninguna información acerca del desequilibrio entre las necesidades de plantilla que comunicaron en junio, agosto y septiembre y, finalmente, los profesionales con los que contarán el primer día de clases.

Según esta fuente, hasta que las vacantes se cubran, ya con interinos del sistema PADI, todos los docentes disponibles en el horario de esa asignatura huérfana se ocuparán de atender a los alumnos, desde miembros del equipo directivo y orientadores hasta profesores de religión. “No podemos normalizar algo que se venía haciendo bien y que no funciona” porque “se acaba instaurando el desastre”, asegura.

El portavoz de la plataforma Menos Lectivas, Guillermo Sevilla, asegura que “el ambiente se está caldeando muy rápido”, en relación a las huelgas de profesores convocadas en otras comunidades autónomas como Cantabria y Comunitat Valenciana, por los recortes de plantilla en FP. Para Menos Lectivas, el caos administrativo es solo una materialización más de las malas condiciones laborales de los profesores de la enseñanza pública en la Comunidad de Madrid.

En medio de este clima de frustración, el movimiento en defensa de la enseñanza pública celebró el pasado jueves la primera asamblea del curso para continuar con sus reivindicaciones y valorar la situación de cara a una posible nueva movilización en octubre “por un acuerdo digno”. Durante este encuentro, muchas profesoras coinciden en que la reducción de horas lectivas planteada por el acuerdo de mayo está siendo una asignatura pendiente en muchos centros de la comunidad, ya que estas horas se están cubriendo con las excepciones aceptadas por la mesa de negociación, principalmente miembros del equipo directivo y empleados a jornada parcial, que acaban trabajando más por menos. En otros centros aseguran que directamente no se está aplicando.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, podrá volver a usar el chalet de dos plantas con piscina en el entorno protegido del Parque Nacional de Guadarrama como hizo el pasado 12 de julio. Basta con que esté “de guardia de trabajo”, un concepto que refieren fuentes de Presidencia, pero que no explican qué situación recoge exactamente. Las mismas fuentes explican que también está abierto el uso de esta casa de lujo a los consejeros del Gobierno de Ayuso: “Está a disposición de la presidenta y de los consejeros cuando tengan guardias de trabajo”, explican. Los altos cargos como la presidenta o su equipo de gobierno no están vinculados a horarios, ni tienen turnos ni guardias establecidas, ya que se les presupone una entrega al servicio público no regulada por las leyes que rigen para los asalariados o trabajadores comunes.

Cuando El País desveló que Ayuso había pasado un fin de semana en un edificio comprado por su propio Gobierno en 2023 –forma parte de una parcela en la que hay también una ermita del siglo XII, una antigua serrería y por la que los madrileños abonaron 4,3 millones de euros–, fuentes de la Comunidad justificaron que las vacaciones familiares no habían supuesto ningún desembolso de dinero público. La propia Ayuso dijo en rueda de prensa que se había llevado “el tupper” de casa y que había comprado en el supermercado Covirán. De los gastos de limpieza de la casa, la piscina, consumos eléctricos o ajuar doméstico no se hizo mención, aunque se admitió en todo momento que había sido un fin de semana privado, personal y familiar, justificando además que se había producido allí porque esa casa reunía condiciones de “seguridad”.

Sin embargo, a partir de ese momento la Comunidad de Madrid ha querido darle una pátina institucional al chalet, alejándolo del uso privado que hizo la presidenta, muy crítica semanas antes con el uso de Pedro Sánchez de las residencias oficiales del Estado. En ese contexto explican ahora que se puede utilizar por miembros del Gobierno si se está haciendo “una guardia de trabajo”, un turno laboral que no se sabe en qué situaciones puede ocurrir y que las fuentes oficiales eluden explicar.

De hecho, desde la Comunidad no permitieron el acceso a diputados de la oposición que quisieron visitarla en agosto, aduciendo que era un edificio institucional y no podían entrar por “motivos de seguridad”. En el momento de la polémica, el consejero de Agricultura, Carlos Novillo, defendió que “dado que no tiene ningún otro uso adecuado”, se ha usado ocasionalmente como centro de trabajo del Consejo de Gobierno y, en particular, de su consejería, a la que está adscrita la propiedad.

Consultado por elDiario.es sobre qué trabajo de su departamento se ha hecho en ese chalet del que no se conocía hasta julio que fuera utilizado, fuentes de Agricultura no han respondido, aunque Novillo defendió públicamente tras la polémica que el chalet pudiera usarse para la “pernocta” de miembros del Gobierno que pudieran necesitarlo por cuestiones de trabajo.

Desde el entorno de Ayuso recuerdan que, como actos institucionales, se hizo en ese entorno la presentación de la apertura al público de la ermita en julio de 2024 y “alguna reunión de la presidenta con los consejeros de trabajo”, aunque no han contestado cuándo fue ni con qué motivo. A día de hoy solo se conoce el uso, con detalle y fecha, del fin de semana de ocio de la presidenta, que fue revelado por los vecinos de la zona, no por la Comunidad, que tampoco han respondido sobre si la presidenta o algún consejero han utilizado antes o después de la polémica estancia de Ayuso ese mismo chalet a título personal.

El portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, cuyo reglamento fue reformado por el Gobierno de Ayuso para tener más control sobre él, ha desestimado también la petición de información de elDiario.es sobre las estancias de la presidenta en el chalet desde que fue comprado en 2023. “No pueden facilitarse fechas de uso ni motivos, al tratarse de información inexistente, pues la instalación no cuenta con un registro de visitantes”, aducen en un escrito fechado hace unas semanas. Es lógico que no haya un registro de visitantes dado que no es un edificio abierto al público, lo cual no obsta para que lo hayan podido utilizar altos cargos, algo que debería comportar un rastro administrativo.

Aunque desde el Gobierno madrileño se ha evitado que trasciendan fotos o detalles de la residencia y se calificó la casa como “muy austera”, un vídeo que promocionaba su venta hace unos años mostraba una gran casa de dos plantas, salón con chimenea, tres habitaciones dobles con baño y una “suite” con despacho anexo, además de una gran piscina.

Rechazo a la condonación de deuda, a las derivaciones de menores migrantes, a la reducción de la jornada laboral, a la respuesta de Aena a Ryanair... Isabel Díaz Ayuso ha inaugurado el curso político en una posición de confrontación plena al Gobierno central. El miércoles 27 de agosto la presidenta de la Comunidad de Madrid dio el pistoletazo de salida a su agenda política tras las vacaciones de verano y presidió la primera reunión de Gobierno del curso, que estará marcado por el procesamiento judicial de su pareja, Alberto González Amador, imputado por fraude fiscal e investigado por corrupción en los negocios. Desde entonces, Ayuso ha endurecido su actitud de rechazo a toda iniciativa estatal y ha marcado el discurso del PP en materia migratoria, mimetizándose con las posturas xenófobas de la extrema derecha que relacionan inmigración con delincuencia.

Su primera gran intervención tuvo lugar este viernes, en un mitin orquestado por el PP de Madrid el mismo día de la apertura judicial en el Supremo a la que tanto Ayuso como el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, declinaron ir en protesta por la presencia del fiscal general del Estado y las declaraciones de Pedro Sánchez sobre el 'lawfare', aumentando el pulso al Gobierno. “Gracias por habernos elegido”, trasladó Ayuso a Feijóo al inicio de su discurso.

El primer anuncio del Gobierno regional en respuesta a una norma estatal se produjo hace dos semanas con la interposición de un recurso judicial ante el Tribunal Supremo en contra del decreto aprobado por el Consejo de Ministros que formalizó la obligación de las comunidades de acoger a menores migrantes procedentes de comunidades según sus necesidades. Tal y como explicó el consejero portavoz en una rueda de prensa, Ayuso considera que esta norma “vulnera las competencias autonómicas”, mientras reconoce también que los centros de acogida en la comunidad están “saturados” y pide al Gobierno central los medios necesarios para gestionarlos, obviando las competencias autonómicas en materia de protección de la infancia e inclusión social.

En este rechazo frontal a la acogida de niños y jóvenes que continúan hacinados en Canarias y Ceuta, el Ejecutivo madrileño carga contra la política migratoria de Sánchez, que tilda de “caótica”, y critica la exención de Catalunya y País Vasco para acoger a más menores migrantes según el nuevo decreto que considera que estas dos comunidades cumplieron con sus capacidades de acogida con anterioridad.

Se trata del tercer recurso judicial de la Comunidad de Madrid en este sentido, tras el que interpuso ante el mismo tribunal contra el decreto ley que estableció las normas para el desplazamiento de menores –admitido a trámite la semana pasada– y un primer recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reforma de la ley de extranjería. La admisión a trámite del recurso contra el primer decreto, que celebraron el pasado miércoles en la reunión de Gobierno madrileño, es algo muy habitual.

A menos que se haya cometido algún importante error formal, estos recursos se admiten a trámite. Y dado que no han pedido medidas urgentes o cautelares, los tribunales no van a tardar menos de medio año en resolver. El último pronunciamiento del Supremo en este sentido se produjo en el conflicto judicial abierto por el Gobierno de Canarias para denunciar el desbordamiento de sus capacidades y la inacción del Gobierno central. Entonces el tribunal le dio 30 días al Gobierno para dotar de material y personal a las oficinas que tramitan las solicitudes de asilo de un millar de menores y proceder a su traslado otras regiones.

En medio de este periplo judicial, los motivos de Ayuso se han visto empañados por un discurso cada vez más xenófobo y cercano al de Vox, impulsado a partir de la detención el pasado domingo de un menor del centro de acogida de Hortaleza acusado de violar a una niña en un parque cercano. En un tuit esa misma noche, Ayuso se hizo eco de la noticia y acusó a Sánchez de “multiplicar” la llegada de migrantes “cada vez más agresivos” porque “llegan en peores condiciones”. El tono agresivo de declaraciones como esta desencadenaron este lunes un episodio de violencia y racismo en la localidad madrileña, dejando otros tres migrantes heridos por unos encapuchados.

Tras la elevación del tono de Vox, que convocó el martes una concentración frente al albergue para exigir su cierre, el Ejecutivo madrileño se limitó a justificarlo diciendo que es una “hipocresía” llamar racista a quien se concentra “para hablar de un problema”, en palabras del portavoz en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache. El propio Vox acusó a Ayuso de “copiar” sus mensajes en materia migratoria, como aseguró la portavoz ultra de la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino. Sin embargo, el Gobierno de Ayuso intensificó el pasado miércoles esta confrontación con el Gobierno central y solicitó la expulsión a su país de origen del detenido por violación y de otros 46 menores migrantes, a través de unos expedientes de regreso cuya decisión final pertenece a la Delegación del Gobierno en Madrid y a un informe de la Fiscalía.

El discurso del PP en materia de política exterior también lo ha liderado Ayuso, con unas palabras que pronunció el viernes en las que comparó las protestas contra el genocidio en Gaza, producidas la semana pasada en La Vuelta ciclista a su paso por Euskadi, con los atentados terroristas de los Juegos Olímpicos de Múnich del 72, que acabaron con la vida de once deportistas israelíes. Ayuso equiparó estas manifestaciones en contra de la ofensiva militar en la Franja de Gaza con otros episodios antisemitas en los años 40 y 50 en los que se persiguió al pueblo judío. Esta muestra de complicidad de Ayuso con el argumentario israelí que relega toda protesta a un acto antisemita rompe el silencio del PP ante el genocidio y la ausencia de condena ante los más de 64.000 muertos desde octubre de 2023, un tercio de ellos mujeres y niños.

Contra el perdón de la deuda autonómica

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes la condonación parcial de la deuda a las comunidades autónomas por un importe de 83.252 millones de euros, con la garantía de una quita mínima del 19 % para todas las regiones. Se trata de un compromiso alcanzado entre el PSOE y ERC para la investidura de Pedro Sánchez y, aunque es extensible a las comunidades autónomas, las comunidades del PP se oponen al considerarla una cesión al independentismo y un agravio que rompe la igualdad entre los españoles. La Comunidad de Madrid lideró esta oposición frontal, que ya explicitó rotundamente Feijóo el lunes, tras lo que el secretario general del partido, Miguel Tellado, marcó el camino a sus barones: “No podemos estar de acuerdo”.

La Comunidad de Madrid sería la cuarta comunidad más beneficiada por la condonación de la deuda que alcanzaría los 8.644 millones, detrás de Andalucía (18.791), Catalunya (17.104) y Comunitat Valenciana (11.210). La verdadera diferencia es que la administración que preside Isabel Díaz Ayuso no tiene deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), sino con bancos y otros acreedores, en total cerca de 37.000 millones de euros, un 12,1% de su PIB (Producto Interior Bruto). 16.000 millones son préstamos bancarios. “Siete de cada diez euros que se condonan, son en comunidades gobernadas por el PP”, explicó la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En cambio, Ayuso ha advertido a sus compañeros presidentes de mantener la “unidad” contra la medida, ante las dudas planteadas por algunos barones del PP, y ha asegurado que la medida forma parte del proceso de “fabricación de una nación paralegal” en Catalunya y una “república federal”, a pesar de que la catalana no sea la única comunidad beneficiada por la medida.

Así, ha acusado al Ejecutivo de intentar “buscar el enfrentamiento entre las comunidades gobernadas por el PP”, con una medida que, dice, permite que “todos los españoles” paguen al “independentismo para que siga cometiendo crímenes”. A pesar de rechazar la asunción estatal de grandes deudas autonómicas de gobiernos del PP, como Andalucía, Madrid o Comunitat Valenciana, el PP insiste en la negociación de un nuevo modelo de financiación basado en la “solidaridad”.

El portavoz parlamentario del PP de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ya dijo el miércoles que la región es “solvente” y “se financia en los mercados”, a pesar de los sucesivos recortes en los servicios públicos y las peticiones de recursos al Gobierno central para prevención y extinción de incendios o para la acogida de menores migrantes, ambas competencias autonómicas. Unas horas más tarde, el consejero portavoz, Miguel Ángel García Martín, aseguró que van a “llegar hasta el final” contra este perdón de la deuda, sin descartar la elevación a los tribunales: “Nos parece una barbaridad. Es un paso más hacia la ruptura de nuestro país”.

Así, el Gobierno de Ayuso anunció que presentará alegaciones en la Cámara regional y, un día después, el secretario general del partido en Madrid, Alfonso Serrano, dijo que también interpondrán mociones en todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid para pedir la retirada del anteproyecto. Lo trasladó el jueves durante la clausura de las Jornadas del Grupo Parlamentario Popular en Arganda del Rey, un acto en el que Díaz-Pache elevó el tono contra el jefe del Ejecutivo y respaldó los insultos dirigidos este verano a Pedro Sánchez que se han popularizado, a los que calificó como “hit del verano”: “Cuando alguien grita Pedro Sánchez, ya hay tres palabras que resuenan en todas nuestras cabezas”. Serrano también aprovechó su intervención en las jornadas para descalificar, esta vez el físico de Sánchez: “Espero que este verano hayáis descansado, yo os veo buena cara. En todo caso, si creéis que tenéis mala cara, mirad a Sánchez que siempre vais a salir ganando”.

Con el plantón de Feijóo, Ayuso y Almeida al rey, el PP convirtió la apertura de los tribunales en un acto contra el Gobierno y en una declaración de intenciones en este inicio de curso político cuyo parón ha estado marcado por reproches y críticas a la gestión estatal de la ola de incendios. Aun así, la Comunidad de Madrid estuvo representada este acto anual en el Supremo por el consejero de Presidencia y portavoz, Miguel Ángel García.

Ni la reducción de jornada, ni la gestión de Aena

MIentras tanto, la líder madrileña cargó también contra la reducción de la jornada laboral impulsada por el Ministerio de Trabajo, y contra la propuesta de avanzar hacia la jornada semanal de cuatro días. Ayuso asegura que “lo que pretenden” es generar un choque entre empresario y empleado para que este último diga “ya veré si trabajo o no trabajo”. A pesar de que la jornada en España está por encima de la media europea y los índices de productividad por debajo, insiste en que “los jóvenes quieren que se les diga la verdad y trabajar para poder prosperar”.

En cuanto a la relación de las empresas con el Gobierno, durante su intervención la líder popular madrileña hizo un guiño a Ryanair tras el paso de un avión por encima de la zona del mitin, debido al conflicto con Aena por el que la compañía aérea ha recortado el número de vuelos en algunos aeropuertos españoles. “Cuando caiga el turismo y las visitas internacionales a quién van a culpar?”, ha cuestionado, para añadir que el Gobierno “va al choque con las empresas”. Ryanair pedía a la gestora aeroportuaria una reducción de las tarifas para las compañías y un favorecimiento para que las operadoras operen en aeropuertos regionales, lo que Aena tomó como un chantaje. “Ryanair se burla de los políticos elegidos democráticamente y pide el cambio de leyes a su favor porque considera que la toma de decisiones de los gobiernos debe doblegarse a los intereses de las empresas”, aseguró en el último comunicado.

El Gobierno de Ayuso ha solicitado al Ejecutivo central la expulsión a su país de origen del menor migrante del centro de Hortaleza, detenido el pasado lunes por violar presuntamente a una niña en un parque de la localidad madrileña. Ha elevado su expediente de regreso junto a otras ocho nuevas peticiones de repatriación de niños y jóvenes migrantes tutelados por la comunidad. Así lo ha detallado el consejero portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, tras la reunión de gobierno de este miércoles, durante una rueda de prensa en la que ha calificado de “caos” la política migratoria de Sánchez. En total, esta región ha solicitado la expulsión de 46 menores.

Además, el Gobierno de Ayuso ha formalizado el recurso ante el Tribunal Supremo del decreto que establece la obligación de acoger a los menores migrantes derivados de los centros de Canarias al resto de puntos del Estado, ya que lo consideran una “invasión de competencias”. Se trata del segundo recurso en este sentido de la comunidad, cuyo primer intento de tumbar el desplazamiento de estos niños y jóvenes, contra el primer decreto del Gobierno que establecía las normas para su ejecución, ha sido admitido a trámite por la misma sala. García Martín ha celebrado esta decisión durante su rueda de prensa.

La decisión final de estos expedientes de regreso dependen de la Delegación de Gobierno en Madrid, después del informe que elabora la Fiscalía. Preguntado por la responsabilidad de la presidenta madrileña en la incitacióna la violencia contra los residentes en este centro de acogida de Hortaleza, el portavoz ha dicho: “Lo que es irresponsable es lo que está haciendo el gobierno central, que es nada, para evitar el caos migratorio que vive nuestro país (...) Las Comunidades tenemos los medios que tenemos”. Las competencias autonómicas incluyen la inversión pública necesaria para una correcta protección a la infancia y su adecuada inclusión social.

La presidenta madrileña también ha celebrado la admisión a trámite del primer recurso ante el Supremo y ha cargado contra el Gobierno central, pues considera que su política migratoria está “fuera de control”. Acerca de los menores migrantes procedentes de regiones saturadas como Canarias o Ceuta, Ayuso ha dicho que estos niños y jóvenes tienen “perfiles cada vez más complejos” y que el Ejecuctivo los “trae” para “después abandonarlos”.

Por su parte, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha evitado condenar la concentración racista del pasado martes en las inmediaciones del centro de acogida de Hortaleza, una protesta organizada por Vox tras la violación que está siendo investigada. Tras la Junta de Portavoces, ha asegurado que calificar a la concentración de racista es una “hipocresía” por parte de la izquierda: “es una hipocresía llamar racista a alguien cuando se concentra frente a un centro para hablar de un problema”.

Los datos reales son otros. En 2025, España tiene el doble de residentes con nacionalidad extranjera que en 2005 (7 de los 49 millones que tiene hoy el país, más dos millones que nacieron fuera, pero tienen la nacionalidad española). Sin embargo, la tasa de criminalidad no ha subido con esa multiplicación de inmigrantes, al contrario: 40,6 delitos por mil habitantes, la banda más baja de la serie histórica, según los datos del primer trimestre de 2025 del Ministerio de Interior. Es decir, mientras sube el número de extranjeros que vive en el país, baja la tasa de criminalidad (-2,8%, según los datos más recientes), una tasa que ha experimentado una tendencia descendente desde hace décadas con algún altibajo después de la pandemia, achacado por Interior a la explosión de delitos de ciberdelincuencia. A pesar de que el 28% de los condenados en 2023 son personas extranjeras, estos datos no reflejan el principal causante de la delincuencia según los expertos: las condiciones materiales.

No hay acuerdo. Los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid continuarán en huelga indefinida tras la finalización de la reunión a tres que han mantenido este jueves los representantes de los trabajadores (UGT, Firet y CGT) con el Gobierno de Ayuso y Tragsa -la empresa estatal que presta el servicio-. Según el representante de UGT, Rafael Fernández, este encuentro ha sido “lamentable” por la falta de iniciativa por parte de ambos interlocutores y ha asegurado que estudiarán las siguientes acciones de los trabajadores en huelga.

La Consejería de Medio Ambiente ha hecho una propuesta de subida de salario “irrisoria”, en palabras del portavoz del comité de empresa Julio Chana. Este aumento retributivo se limita, según estas fuentes, al cumplimiento de la ley estatal de bomberos forestales de 2024, que establece unos incentivos por peligrosidad y toxicidad de 136 euros mensuales, una cantidad que continúa lejos de las reclamaciones de los convocantes de la huelga, que recuerdan que llevan diez años con el salario congelado en 1.300 euros. “La reunión ha sido totalmente insuficiente”, ha añadido.

La negociación de un nuevo convenio colectivo para brigadas forestales de la Comunidad de Madrid es otra de las peticiones que ha quedado sin respuesta por parte de la administración. Según la consejería, se trata de una responsabilidad exclusiva de Tragsa, mientras que ésta “se niega en rotundo a todo”. Fernández teme que, sin una negociación abierta para un nuevo convenio y la negativa de la comunidad para asumir la gestión del servicio, el nuevo encargo a Tragsa que comenzará en 2026 suponga “cuatro años más de precariedad”.

En cuanto a la reducción de la temporalidad, el consejero, Carlos Novillo, anunció el pasado miércoles en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que habían acordado un aumento de la plantilla de prevención durante el invierno hasta los 425 brigadistas, una condición que se reflejará en el nuevo encargo que se haga a Tragsa para comienzos de año. Desde UGT denuncian que este aumento de la plantilla permanente también implicará una reducción de los trabajadores que trabajan en la extinción durante los meses de verano, que pasarán de los alrededor de 500 actuales a los mismos 425 que prestarían servicio durante el invierno. “Nos toman el pelo a los brigadistas y a todos los madrileños”, ha denunciado Fernández tras la reunión en conversación con este periódico.

Por su parte, la empresa pública Tragsa ha señalado que valora “positivamente” la reunión informativa de este jueves en la que se han puesto sobre la mesa lo que la Comunidad de Madrid está “dispuesta a introducir en el nuevo encargo” para las brigadas forestales. Según recoge Europa Press, la empresa ha asegurado que “acatará y aplicará” las nuevas condiciones que se recojan en el nuevo encargo. “El Grupo Tragsa solicitará las autorizaciones oportunas para materializar las condiciones que establezca el encargo”, añaden. La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, repite las palabras del comité de empresa para referirse a la propuesta de subida salarial. “Es algo irrisorio”, ha señalado, comparando la gestión “negligente” de Isabel Díaz Ayuso en los incendios con la de Carlos Mazón, presidente valenciano, durante la DANA.

Mientras tanto, el comité de empresa de los bomberos forestales madrileños mantienen convocada la huelga indefinida y no tienen prevista próximamente otra reunión a tres para continuar con las negociaciones. En cambio, en las próximas semanas celebrarán una Asamblea de Trabajadores y plantearán posibles siguientes acciones para mantener el pulso por sus reclamaciones: una subida salarial suficiente, estabilidad en la plantilla, un reconocimiento de la peligrosidad de su trabajo y la negociación de un nuevo convenio.

Durante la reunión que mantuvieron la semana pasada el presidente de Tragsa, Jesús Casas, y el consejero madrileño, Carlos Novillo, la Comunidad de Madrid propuso que los bomberos forestales autonómicos se acogieran al convenio estatal por el que se rigen las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), un cuerpo estatal cuyo estatuto fue revisado hace menos de dos semanas por el Ministerio de Transición Ecológica. Sin embargo, los bomberos forestales madrileños lo han rechazado porque consideran que no se adapta a las especifidades de su trabajo, ya que prestan servicio en planes y administraciones particulares.

El Gobierno de Ayuso recurrirá ante el Tribunal Supremo el Real Decreto que obliga a las comunidades a acoger a menores migrantes procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla, aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros. Lo ha anunciado este miércoles el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, tras la reunión del Consejo autonómico, donde ha calificado la última norma aprobada por el Gobierno en esta materia como un “nuevo peaje a los partidos independentistas”, debido a la exención de Catalunya y Euskadi a la hora de recibir a estos jóvenes. La fórmula empleada por la norma para calcular el esfuerzo que debe realizar cada comunidad, que tiene en cuenta la capacidad ordinaria, el número de menores que ya acoge, la renta, la tasa de paro, el esfuerzo previo, la dispersión o la situación de ciudad fronteriza o insularidad, les deja fuera de la obligación de momento. Aun así, Catalunya recibirá voluntariamente a 31 menores en esta primera derivación de 3.000 menores.

El recurso judicial de este Real Decreto, que el Ejecutivo madrileño considera como una vulneración de competencias autonómicas, lo presentará la Comunidad de Madrid, a la espera de posibles impugnaciones por parte de más comunidades gobernadas por el PP. El primer recurso lo interpuso el Ejecutivo de Ayuso junto a otras diez autonomías ante el Tribunal Constitucional por “invadir competencias exclusivas en protección de menores y asistencia social, falta de justificación de urgencia y utilizar un instrumento inadecuado para regular materias reservadas a leyes orgánicas”. La decisión del Constitucional acerca del recurso contra el Real Decreto-ley del 18 de marzo no se conocerá hasta finales de año.

El segundo recurso del Gobierno de Ayuso lo presentó en solitario ante el Tribunal Supremo el pasado 30 de julio contra la normativa estatal que regula las medidas a adoptar en situación de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia migrante no acompañada desde Canarias.

En la rueda de prensa de este miércoles, el consejero de Presidencia ha insistido en que considera que el criterio establecido por la nueva norma, una fórmula matemática que establece un ratio de acogidas por número de habitantes, es “arbitrario, opaco y discriminatorio” porque, cree, los centros madrileños de acogida están “completamente saturados”. “No hay más plazas”, ha sentenciado el consejero, que cree que “habría que ampliar la red” para acoger a más menores y que el centro de Pozuelo, de titularidad estatal, “no cumple las condiciones necesarias” para ello.

Además, ha repetido el discurso ultra del “efecto llamada” que consideran que provocan las medidas de este real decreto, aprobado tras la exigencia de la justicia al Gobierno central para solucionar la situación de estos jóvenes migrantes y que la propia dirección del PP le ha reprochado. “Entendemos que no es constitucional y que no es la solución a ningún problema”, ha añadido el consejero.

Frente a las críticas del Gobierno central por la diferencia de actitud de Ayuso entre la acogida de menores ucranianos y las trabas que pone a la de menores africanos, ha asegurado que “este es el juego que trata de hacer la izquierda cuando no tiene argumentos”. A pesar de que ha insisitido en las competencias autonómicas sobre protección de menores, el gobierno regional ha reprochado a Sánchez que “no ha adoptado ni una medida de política migratoria que frene el caos migratorio” y que “todos estos menores se acogen sin los recursos del Gobierno central”.

La Asamblea de Madrid ha aprobado este verano una subida salarial del 0,5%, la tercera en cuestión de 13 meses. Según ha adelantado El País, y ha podido comprobar elDiario.es, este incremento se ha tramitado con los votos a favor de PP y PSOE, y los votos en contra de Más Madrid y Vox, mediante un acuerdo adoptado en julio por la mesa de la Diputación Permanente del parlamento regional. El salario base de los diputados de la Comunidad de Madrid asciende, así, hasta los 3.883,02 euros brutos, mientras que los complementos de portavocías y comisiones también se han visto incrementados en la misma proporción.

En julio de 2024 se produjo el primer aumento de las retribuciones de los diputados madrileños, un 2%, justificado en las subidas estatales de los salarios de los funcionarios públicos, norma que explicita su voluntariedad para altos cargos de parlamentos regionales. Así, en diciembre, adoptaron un segundo acuerdo para incrementar los salarios un 6%, con los votos en contra de Más Madrid y Vox. Los miembros de la autoridad parlamentaria mantuvieron una reunión el 26 de diciembre en la que los partidarios de la subida retributiva basaron sus argumentos en su comparación con los salarios de los diputados del Congreso y de otras cámaras autonómicas, ya que en ese momento cobraban de base un 16% menos que los diputados del Congreso, un 42,28% menos teniendo en cuenta los complementos. Además, justificaron, cobraban menos que los diez parlamentos regionales con los salarios más altos.

En una reunión interna, según señala El País, diputados del PP y PSOE argumentaron que estos incrementos ayudarían a “dignificar la política”. En la mesa de la Diputación Permanente, la vicepresidenta segunda, Esther Rodríguez Romero (Más Madrid), dijo no entender que la dignificación de la política deba “empezar por el incremento de las retribuciones”.

El aumento salarial de este verano se respalda en el aumento del 0,5% aprobado para todos los funcionarios públicos, según el Real Decreto Legislativo 4/2024, que contempla estas subidas en Parlamentos autonómicos, si bien recalca la voluntariedad de la medida. Habrá parlamentarios madrileños que lleguen a cobrar 5.900 euros brutos mensuales, ya que las indemnizaciones por función también ascenderán: presidente de la Asamblea (plus mensual de 2.354,72 euros), portavoces de partidos (2.023,65), vicepresidentes de la Cámara (1.835,73), secretarías y juntas de portavoces (1.615,45), portavocías de comisiones (938,73), presidencia de comisiones (750,99) y vicepresidentes o secretarios en comisiones (563,23).

A pesar de la voluntariedad de aplicar el aumento salarial a altos cargos, el presidente de la Cámara, Enrique Ossorio (PP), dijo en la reunión en la que se adoptó la decisión que “el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha acordado que para los altos cargos también procede el incremento retributivo del 0.5% y que la propuesta de acuerdo así como que el Acuerdo de la Asamblea sobre la retribución de los diputados alude también al Real Decreto Legislativo 4/2024, por lo que procedería también el incremento para los Diputados”. Sin embargo, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sí que ha decidido acogerse a la voluntariedad de la norma y mantener su salario en los 103.090,32 euros anuales.

No hay avances en la negociación. Los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid retoman este lunes la huelga indefinida, tras el parón que iniciaron el pasado 15 de agosto por la ola de incendios que ha azotado la península este mes de agosto. En el horizonte está la reunión a tres programada para el próximo jueves, a la que asistirán los representantes de los trabajadores (UGT, Firet y CGT), la Consejería de Medio Ambiente y la empresa pública en la que se externaliza el servicio, Tragsa. El encuentro tendrá lugar en la sede de esta empresa, en Leganés, donde los sindicatos esperan encontrarse con nuevas propuestas. Su reinvidicación principal es una subida sustancial del salario, que permanece congelado desde 2010, además de una reducción de la temporalidad y la negociación de un nuevo convenio colectivo autonómico.

Fuentes del comité de empresa explican a elDiario.es que esperan que el gobierno de Ayuso tome las riendas de la negociación y que no entrarán a valorar la propuesta que barajaron el pasado viernes el consejero, Carlos Novillo, y el presidente de Tragsa, Jesús Casas, por la que estudian que los bomberos forestales madrileños se acojan al convenio estatal que regula a las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF). “Lo tenemos súper claro”, indican los representantes de los trabajadores acerca del rechazo a esta medida. Aunque la empresa contratante de las BRIF y los forestales madrileños es Tragsa, los convocantes de la huelga consideran que esta propuesta carece de sentido porque las brigadas autonómicas pertenecen a un sistema de prevención y extinción de incendios completamente diferente al de las BRIF.

Por ejemplo, las BRIF se organizan en tres turnos, mientras que los forestales autonómicos únicamente hacen dos. Según el comité de empresa, los casi 500 efectivos autonómicos no podrían hacer frente de manera eficiente a una organización en tres turnos porque no son suficientes. Además, creen que las condiciones de vida en la Comunidad de Madrid, más costosa que en zonas rurales, requieren un convenio adaptado a la situación particular del cuerpo autonómico.

A pesar de que Novillo dijo el pasado viernes que consideraba que expandir la cobertura del convenio estatal de las BRIF era “perfectamente legal”, los sindicatos afrontan la huelga y la reunión del próximo jueves con la firme reivindicación de una negociación colectiva que se adapte a sus condiciones laborales como efectivos autonómicos, con una subida sustancial del salario más allá de los 1.300 euros actuales y una reducción de la precariedad de la plantilla, cuyo 40% está contratada únicamente los cuatro meses den verano. Los servicios mínimos continuarán al 80% hasta el fin de la huelga.

La Consejería confirmó el pasado viernes que renovará el encargo a Tragsa de las funciones de prevención, valoración, vigilancia, detección y apoyo al cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, que expira en diciembre. El nuevo entrará en vigor a partir de 2026 y la Comunidad de Madrid ha asegurado que contemplará las contrataciones del personal durante todos los meses del año. Sin embargo, el comité de empresa recuerda al gobierno de Ayuso que este incremento de la contratación en invierno no puede venir acompaña de una reducción de trabajadores operativos en verano. Según trasladó a Europa Press el presidente de Tragsa, Jesús Casas, la empresa pública, “brazo instrumental” del encargo que le sea dado, implantará las mejoras que se recojan en el mismo.

Apoyo a los agentes forestales

La huelga de bomberos se reanuda el mismo día en el que surgen nuevas críticas, esta vez, entre los agentes forestales de la Comunidad de Madrid. El cuerpo de funcionarios –que trabaja en todas las etapas del control de incendios, desde la prevención hasta las labores de extinción– denuncia la negativa del Gobierno regional a enviar efectivos en apoyo a los fuegos en Galicia, Castilla y León o Extremadura. En una carta remitida a la Dirección General de Emergencias, el sindicato CSIF reprocha el “silencio de la administración” ante la solicitud voluntaria de varios empleados para acudir en sus días libres o vacaciones.

El órgano sindical, en representación de los agentes forestales, acusa directamente al Ejecutivo madrileño de “bloquear” la movilización de efectivos a otras comunidades autónomas. “Contestan únicamente con silencios o negativas en contraste con la movilización de cuerpos homólogos, que sí han acudido desde otras comunidades autónomas a reforzar los operativos”, condena el sindicato, que recuerda otro episodio similar durante el colapso por la dana en Valencia.

Pese a ser un cuerpo independiente de los bomberos forestales, estos últimos han secundado su protesta. Fuentes de su comité de empresa muestran su “sorpresa” ante la postura de la Comunidad de Madrid, también con sus efectivos. “El domingo enviaron una única unidad helitransportada [un helicóptero] de todo el operativo que tenemos en la región”, destacan, aludiendo a que solo unos pocos miembros han sido trasladados a estos incendios. “No llegamos a entenderlo”, sentencian las mismas fuentes.

Bomberos y agentes forestales coinciden en algo: hay que dotar a ambos cuerpos de “efectivos suficientes” y “una organización operativa a la altura”, tal y como reivindica CSIF en su nota después del ‘no’ de la administración. “Reclamamos que dejen de mirar para otro lado. [...] La no movilización del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid deja evidencia al Gobierno madrileño, primero ante los dispuestos y voluntariosos agentes forestales y después ante el resto del país”, concluye el sindicato de funcionarios.

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha defendido este sábado el concierto de la artista cubana Gloria Estefan en el marco de la quinta edición del festival de la Hispanidad de la Comunidad de Madrid y el importe que supondrá dado el evento para el que ha sido programado.

“Tiene un coste muy adecuado a lo que supone”, ha justificado la consejera al ser preguntada por el importe de 484.000 euros de la actuación, tal y como detalla el Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, consultado por elDiario.es. En la memoria justificativa del contrato, el Ejecutivo autómico añade su “gran capacidad para atraer la atención de todos los públicos debido al ser una estrella a nivel mundial”.

En declaraciones a los medios en una visita a las instalaciones de ASV Natur Flor de la capital, Albert ha recordado que se trata de un concierto en el marco de la quinta edición del festival de La Hispanidad, para celebrar “todos los acentos” y que 600 millones de personas en el mundo hablen español.

“Es un concierto que tiene un coste muy adecuado a lo que supone y que permite a ciudadanos que de otra manera no podrían asistir a un concierto que puedan disfrutar de cantantes tan excepcionales como Gloria Estefan”, ha subrayado.

El concierto de la cantante cubana tendrá una duración aproximada de tres horas, según detalla la Comunidad de Madrid. Concretamente, se celebrará entre las 12 y las 15 horas del día 5 de octubre de 2025.

“Desde luego le vemos una motivación política detrás”. Así contestó la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a las reivindicaciones que hacen los bomberos forestales de la comunidad, que reclaman una mejora de los salarios y una reducción de la temporalidad. Se trata de la última protesta de trabajadores del sector público que la baronesa popular reduce a supuestas conspiraciones en su contra. Médicos a los que llama “liberados sindicales” y manifestaciones universitarias que, según ella, “politizan los campus” sirven de argumentos a la presidenta para negarse a negociar con los agentes sociales.

Hace un mes, los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid se movilizaron para reclamar un aumento de salario y la estabilización de la plantilla. Con el convenio caducado desde 2008, tanto la administración regional como Tragsa, la empresa estatal que presta el servicio, eluden responsabilidades. Los 450 brigadistas forestales de la Comunidad, con salarios congelados en los 1.300 euros desde 2010 y contratos estivales, paralizaron la semana pasada la huelga debido a la complicada situación de la ola de incendios. Ayuso volvió a recurrir al mantra que ya usó con las protestas de profesores y médicos: el paro y las reivindicaciones tienen una “motivación política detrás” porque las condiciones de trabajo en Madrid “no son ni mucho menos las peores de España”.

El pasado miércoles, Ayuso celebró en X la reforma del Estatuto de las brigadas forestales de refuerzo (BRIF) impulsada por el Gobierno para subir los salarios de los bomberos forestales estatales y mantener sus puestos durante el invierno. De hecho, la presidenta autonómica exigió al Ministerio que hiciera lo mismo con los bomberos forestales de la comunidad, aludiendo a que la empresa contratante, que también es Tragsa, es una empresa pública. Sin embargo, aumentar la partida presupuestaria dedicada a Tragsa y adecuar las condiciones laborales más allá de lo mínimo establecido por la ley es una competencia autonómica. Ninguna norma impide que la comunidad pagué más a sus bomberos forestales, como tampoco lo hace en el caso de los médicos o los profesores, y eso solo puede suceder si la comunidad aumenta el dinero destinado a pagar a la empresa contratante.

Con los incendios, también los desatados en Madrid, copando horas de televisión y titulares en todos los medios, este viernes el Gobierno de Ayuso aceptó por fin sentarse con Tragsa. En la reunión celebrada en la Consejería de Medio Ambiente, la Comunidad propuso que los bomberos se acojan al nuevo convenio estatal que regula a las BRIF, una medida que el consejero, Carlos Novillo, defiende como “perfectamente legal” si las tres partes están de acuerdo. El comité de empresa (UGT, Firet y CGT) está expectante ante la próxima reunión en la que sí estarán presentes junto al gobierno de Ayuso y Tragsa, el próximo jueves 28, y valorarán entonces si continuar con la huelga, que reanudan el día 25.

Recortes y polarización

A los recortes de los servicios públicos habituales en los gobiernos del PP se sucede el desprecio hacia las protestas laborales de los funcionarios y, en el caso del Ejecutivo autonómico de Ayuso, representa una seña de identidad propia en base a diferentes factores que explica la politóloga Carmen Lumbierres en conversación con elDiario.es. La polarización política habitual en el discurso de Ayuso, que se materializa en lemas como ‘Comunismo o libertad’ o la confrontación de Madrid con el resto de España, aplicada a la gestión de las huelgas funcionariales con un ‘conmigo o contra mí’, es una “estrategia de división y competencia interna que dificulta” la unidad de las protestas y, por tanto, el éxito de sus reivindicaciones.

En numerosas ocasiones, la presidenta madrileña se ha referido a las protestas de los profesionales públicos como “huelgas políticas”, desdeñando así el objetivo de las mismas. El 10 de noviembre de 2022, a las puertas de la huelga indefinida de médicos de atención primaria, Ayuso acusó a la oposición en la Asamblea, encabezada por Mónica García (Más Madrid), de “mezclar la necesidad de los médicos con la manipulación política”. A su vez, el vicepresidente y portavoz de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, dijo que los convocantes de las protestas estaban “intentando reventar el mejor sistema sanitario que hay en España” a través de “una huelga política ante la cercanía de unas elecciones”.

Este argumento repetido múltiples veces en el pleno autonómico le sirvió a Ayuso para negarse a llegar a un acuerdo sobre mejoras salariales y reducción de temporalidad, lo que derivó en una serie de encierros y concentraciones semanales por parte de los sanitarios hasta la firma de un preacuerdo cuatro meses después. En octubre, la consejería de Educación rompió, en cambio, las conversaciones con los médicos de familia, con quienes había acordado mantener reuniones bimensuales para avanzar en la reducción de ratios de pacientes y la desburocratización. “Ella maneja los tempos y hace que toda cesión sea un gancho para volver a dar un paso atrás”, detalla Lumbierres.

La reforma del convenio

La negación de Ayuso ante las reivindicaciones laborales del sector público es una historia de largo recorrido. De hecho, el mes pasado la justicia madrileña anuló una parte del último convenio de los funcionarios firmado en diciembre por considerar que la restricción del derecho a la protesta que pretendía es “a todas luces desorbitante”, según el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

La débil contestación del sector público a esta situación tiene que ver también, según Lumbierres, con una “normalización de la situación de precariedad mantenida durante tantas décadas” que ha desembocado en una “fatiga institucional” que, junto al momento actual de desmovilización social, favorece el éxito de la estrategia de Ayuso frente a estas reivindicaciones de los funcionarios.

De hecho, los recortes y el ahogamiento de los trabajadores de los servicios públicos tiene como fin último la externalización, pues genera una “desconfianza en lo público” por parte de la ciudadanía que, en palabras de la experta, “ve la privatización como una forma de modernidad”.