Los dos acusados de filtrar el examen de acceso a RTVE se enfrentan a peticiones de hasta seis años de cárcel
La investigación penal por la filtración de casi todo el examen de acceso a Radio Televisión Española en 2024 está a las puertas de juicio y las partes ya han presentado sus escritos de acusación y sus listas de testigos. Tanto la Fiscalía como RTVE como los sindicatos CCOO, CGT y USO piden condenas de hasta seis años de cárcel, en los casos más graves, para los dos acusados de enviar casi un centenar de preguntas de la oposición a una periodista interina que acabó denunciando internamente los hechos. Entre los testigos, las acusaciones han pedido que declare Cristina Ónega, directora del Canal 24H, que puso en marcha la investigación tras enterarse de la filtración.
El examen de acceso al ente público se celeberó en noviembre de 2024, la primera oposición para entrar en RTVE desde 2007. Pero para entonces el proceso, formalmente convocado años antes, había tenido varios parones y retrasos, sobre todo cuando en octubre de 2023 la Audiencia Nacional tumbó algunos puntos clave de la baremación y provocó el parón de la convocatoria. Fue a finales de septiembre de 2024 cuando miles de aspirantes a informador se quedaron en la puerta del Campus de Somosaguas tras saber que el examen se había filtrado y la convocatoria se había suspendido.
Los detalles de la investigación desarrollada por el juzgado número 48 de Madrid, a los que ha tenido acceso verTele, revelan cómo la corporación descubrió que 89 de las 120 preguntas del examen se habían filtrado. Una periodista interina recibió la filtración y acudió a Cristina Ónega, directora del Canal 24 Horas y miembro del Comité que había elaborado el examen, dando comienzo a la investigación interna y a la suspensión urgente de las pruebas. El juzgado, gracias a las testificales de esta interina y los informes de la Policía Judicial, llegó hasta dos nombres como presuntos culpables: Julián Pérez, vocal de UGT en esa misma Comisión, y César Moreno, también vinculado al sindicato.
El instructor procesó a ambos el pasado mes de febrero por delitos de revelación de secretos y las acusaciones, según ha podido comprobar este medio, ya han presentado sus peticiones de condena de cara al futuro juicio. La más elevada es la planteada de forma conjunta por los sindicatos CCOO, CGT y USO, que a la revelación de secretos añaden organización criminal: seis años de presidio para Moreno y cuatro para Pérez.
La Fiscalía pide tres años para Moreno y dos para Pérez y la Abogacía del Estado, que representa al ente público mediático, pide dos años para Moreno y dos y medio para Pérez. En este último caso, RTVE añade un número a esta petición de condena: que paguen los 66.791,93 euros que costó a las arcas públicas la repetición de la prueba entre la externalización del examen, la impresión de los cuadernillos y el alquiler del espacio en la Universidad Complutense para celebrar la prueba, todo sin IVA.
Las acusaciones también han planteado ya la lista de testigos que quieren para el futuro juicio. En ella, además de la interina que recibió la filtración y la puso en conocimiento de la dirección de la cadena está Cristina Ónega, la directora del Canal 24 Horas que en ese momento también formaba parte del Comité de Valoración encargada de hacer el examen y que tramitó las primeras sospechas de irregularidad para suspender la oposición.
“Acierta un máximo de 70 preguntas”
Tanto el juzgado como las acusaciones empiezan su relato el 26 de septiembre de 2024, tres días antes de la prueba, con la reunión del Comité encargado de redactar las preguntas del examen de informador al que iban a presentarse miles de personas. En esa reunión participó Julián Pérez, uno de los representantes de UGT, y fueron elaboradas 360 preguntas, de las cuales 120 serían seleccionadas aleatoriamente para el examen. En un momento dado de la reunión la pantalla de la sala mostró una foto con los perros de uno de los presentes y comentaron que el nombre del animal era “Lobo”.
Ese detalle se convirtió en uno de los puntos clave del caso. Según los informes de la Policía, un día después de la reunión el representante de UGT creó un archivo PDF llamado “Lobo” donde figuraban la mayor parte de las preguntas de la oposición a informador de RTVE. Ese documento acabó en poder de César Moreno, también vinculado al mismo sindicato, y este se lo mandó a una interina afiliada a UGT. Lo hizo, según destacan todas las acusaciones, con unas “instrucciones” que detalla la Abogacía del Estado: “Acierta un máximo de 70 bien y falla 6, aprox”. La información, añadía Moreno entre indicaciones para borrar esos mensajes y correos, era “de fiar”.
Esta interina no solo no utilizó la filtración sino que reprochó su actuación a Moreno y contactó con varias periodistas de la corporación hasta llegar a Cristina Ónega, directora del Canal 24 Horas y miembro del Comité responsable del examen. Una última reunión de urgencia a las seis de la mañana del mismo día de la prueba –en la que, según los abogados de RTVE, los representantes de UGT apenas participaron– terminó con la suspensión de la prueba, dando paso a una investigación judicial que, pocas semanas después, terminó con el arresto de los dos sospechosos.
Un plan para facilitar la filtración
El auto de pase a procedimiento abreviado y los distintos escritos de acusación apuntan a las pruebas recabadas por el juez en menos de año y medio de investigación. Desde los “relatos sólidos”, describe el instructor, de las periodistas que comunicaron los hechos a Cristina Ónega y de la propia directora del 24 Horas, hasta las conversaciones aportadas por una de ellas y los informes policiales que destacan varias cosas: los dos sospechosos vinculados a UGT borraron sus comunicaciones y conversaciones y los datos ubican la creación del documento “Lobo” con las preguntas en el ordenador de Julián Pérez.
Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado coinciden en acusar a los dos sospechosos de delitos de revelación de secretos, pero la acusación popular de CCOO, USO y CGT añade el de organización criminal al entender que existió “un plan preconcebido” orquestado por los sindicalistas de UGT para “reducir el número de preguntas” y así “facilitar la filtración”, favoreciendo a unas personas “en detrimento de otras”. La filtración, explican estos sindicatos, afectó “a los principios de igualdad, mérito y capacidad que demandan toda prueba de acceso a un puesto público”.
El proceso penal contra los dos acusados por la filtración que provocó el retraso de las primeras oposiciones a RTVE en casi dos décadas se encuentra en los pasos previos al juicio oral y los dos imputados todavía tienen, por ejemplo, que presentar sus escritos de defensa solicitando la absolución. Uno de ellos insiste desde hace meses en que el juzgado, antes de abrir la fase de juicio, requiera a la Policía para que aporte sus clonados forenses completos de los ordenadores y teléfonos intervenidos y poder elaborar así su propio informe pericial de parte. “No puede esta parte ejercer su derecho de defensa si se le veda la posibilidad de comprobar por un perito designado a su cargo si existen o no vestigios que se pudiesen considerar incriminatorios en dichos equipos o su trazabilidad”.
