Competencia recomienda poner un tope al dinero de las TV públicas en la puja de derechos
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha recomendado al Gobierno aprovechar la modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual para poner un tope al dinero que las televisiones públicas pueden pagar por hacerse por derechos de emisión sobre contenidos de gran valor en el mercado audiovisual, como puede ser el fútbol o cualquier otro evento deportivo.
Así, en su informe al anteproyecto de Ley de Modificación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, al que ha tenido acceso Europa Press, el organismo regulador recomienda “incluir en esta modificación elementos que contribuyan” a reforzar la competencia en el mercado audiovisual y a “las posibles distorsiones sobre la competencia derivadas de la actuación de las televisiones públicas”.
Medida para que las cadenas no pudiesen sobrepujar
En concreto, el Consejo de la CNC, reunido el 8 de febrero, señala que “sería de interés establecer a nivel normativo un tope porcentual, en relación con la financiación pública recibida o con el presupuesto total, más allá del cual dichas televisiones públicas no pudiesen sobrepujar por contenidos ”'premium'“, como el fútbol.
Las subvenciones públicas han experimentado “un notable aumento”
La CNC destaca que mientras que en los últimos años los ingresos por publicidad de las televisiones autonómicas “se han visto especialmente mermados” por efecto de la fragmentación de la audiencia, a consecuencia de la llegada de la TDT, y a los efectos de la crisis económica que afecta de especial manera a la inversión publicitaria, las subvenciones públicas han experimentado “un notable aumento”, explicado en parte por el nuevo modelo de financiación de la CRTVE.
Concretamente, la CNC calcula, según los datos recogidos en el último informe disponible de la CMT del año 2010, que la financiación pública representa el 30% de los ingresos de las televisiones públicas, tanto autonómicas como TVE, de modo que de los 6.711 millones de euros que el sector audiovisual facturó ese año, 2.288 millones de euros correspondieron a subvenciones públicas.
La CNC valora positivamente la reforma de la Ley Audiovisual
En general, sobre la reforma de la Ley Audiovisual, que abre la puerta a la entrada de capital privado en las televisiones públicas y a la externalización de los informativos en esas cadenas, la CNC “valora positivamente” el anteproyecto y considera que, “incluso, puede contribuir a introducir competencia” en el sector audiovisual.
“No impone un modelo de gestión”
En este sentido, destaca que la reforma “no impone un modelo” sino que “abre el abanico de posibilidades para los prestadores públicos, introduciendo flexibilidad y capacidad de adaptación a la actual coyuntura económica, eliminando restricciones a externalizar ciertos servicios (aparte de la propia gestión del servicio público, la producción y edición de programas informativos y otros contenidos)”.
Conveniente que las CCAA garanticen “transparencia” y “competencia libre”
No obstante, Competencia señala que, para el caso de que las Administraciones Públicas elijan una fórmula de gestión indirecta, o de obtención del socio privado, “resultaría muy conveniente” incluir en la Ley Audiovisual un artículo para garantizar que las Comunidades Autónomas cumplen con la debida “transparencia” y garantizan la “competencia libre” en el proceso de contratación de las empresas que elijan para gestionar sus televisiones públicas o algunos de sus servicios.
La ley “viene a flexibilizar los mecanismos de gestión”
La reforma de la Ley Audiovisual “viene a flexibilizar los mecanismos de gestión” de las televisiones públicas a disposición de las Administraciones que deseen prestar este servicio, de manera que puedan compatibilizar dicho servicio con “los objetivos de contención presupuestaria”, mediante la eliminación de la prohibición de ceder a terceros la producción y edición de ciertos programas, como los informativos, y posibilitando que la gestión del servicio público de comunicación audiovisual pueda realizarse de forma directa, indirecta o por colaboración público-privada.
