El Parlament de Cataluña aprobó ayer por unanimidad la reforma de la ley del Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC), que le da la potestad de conceder, renovar o revocar licencias de radio y televisión sin que el Gobierno catalán pueda vetar sus decisiones. La reforma es fruto del consenso alcanzado en la Comisión de Política Cultural por los cinco partidos políticos representados en la Cámara catalana. El Govern seguirá siendo, formalmente, el que conceda las licencias, pero deberá hacerlo de acuerdo con el informe vinculante que previamente habrá emitido el CAC. Hasta ahora, este informe era preceptivo, pero no de obligado cumplimiento. La ley del CAC le adjudica la supervisión del cumplimiento de la normativa que regula la programación y la publicidad de los medios audiovisuales. Entre sus funciones está asegurar el pluralismo de los medios audiovisuales y cerciorarse de que los operadores de radio y televisión cumplen la ley de normalización del catalán. En adjudicación de licencias, el CAC deberá emitir informes vinculantes sobre los pliegos de condiciones que formule el Ejecutivo catalán cuando convoque concursos para otorgar concesiones. También tendrá la última voz en el caso de las peticiones de renovación de licencias y cuando se presenten expedientes de modificación de capital social de las empresas titulares de la concesión. La capacidad sancionadora La ley refuerza asimismo el régimen sancionador del CAC, a la espera de que la futura ley del audiovisual lo regule con más profundidad y supone reforzar su capacidad sancionadora, por lo que podrá imponer multas «de hasta 30.000 euros» a los operadores que no faciliten toda la información que se les requiera. En caso de infracción de la legislación en materia audiovisual, el CAC podrá imponer multas por un importe de hasta 1.000 euros diarios. Durante el debate en el Parlament, todos los partidos aceptaron que el CAC queda reforzado con la reforma y que la modificación la ley es el primer paso para crear un nuevo modelo audiovisual en Cataluña. De órgano “asesor” a “autoridad” Con la aprobación de esta proposición de ley -pactada por los grupos el pasado 1 de junio-, el CAC pasa de ser un «órgano asesor» a una «autoridad independiente dotada de plena capacidad de obrar» que le permite actuar con «plena independencia» de las administraciones públicas. El CAC es, desde ayer, el organismo que según la ley «controla el sector audiovisual». El Consejo Audiovisual asume nuevas funciones entre las que está la de «informar, con carácter preceptivo y vinculante, sobre la propuesta del pliego de condiciones formulada por el Gobierno catalán, previamente a la convocatoria de cada concurso de adjudicación de concesiones». Renovación El Parlament también aprobó ayer con el asentimiento de los 128 diputados presentes en la Cámara la designación de tres miembros del CAC: Josep Maria Carbonell, propuesto por el PSC y que deberá renunciar por incompatibilidad a su acta de diputado, Domènec Sesmilo (CiU) y Fernando Rodríguez Madero (PP). Iniciativa per Catalunya dio sus votos a Sesmilo pese a estimar que no cumplía el perfil de profesionalidad e independencia que requiere el CAC.