Vox ha dado el pistoletazo de salida a la precampaña electoral con un acto en Málaga para presentar a todos sus números 1 provinciales, incluyendo al candidato a la Presidencia Manuel Gavira, que ha precedido al presidente del partido, Santiago Abascal. El mensaje electoral, ya se sabe, es que Juan Manuel Moreno y al PP son equiparables a los socialistas, y que van a tener que sudar tinta para convencerles de que quieren cambiar una serie de políticas y normas que, según la extrema derecha, priorizan a los extranjeros sobre los españoles.

Esta idea central de su primer mitin electoral en Andalucía atraviesa todo: de la descripción de una Sanidad agotada al encarecimiento de la vivienda, pasando también por lo simbólico. Así que Abascal, cuyo partido podría ser determinante para que el PP revalide su Gobierno, ha llamado a Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, “Juanma Moruno”, un chascarrillo de los agitadores ultra, a cuento de su supuesta identificación con Blas Infante, para el que también ha tenido palabras Abascal: “Santón”. “Nosotros venimos a defender la Andalucía verdadera, que es la de Fernando III el Santo, que recobró esta tierra de los moros”.

Fue Andalucía el lugar donde Vox irrumpió en el escenario electoral, con 12 diputados en las autonómicas de 2018. Son las elecciones de la dulce derrota de Moreno: obtuvo el peor resultado histórico en votos y escaños (26), pero el apoyo de Ciudadanos y Vox le llevaron a la Presidencia interrumpiendo 40 años de gobiernos andaluces socialistas, y sumiendo de paso al PSOE-A en una crisis de resultados de la que aún no se ha recuperado. Hoy los sondeos sitúan al PP de nuevo al borde de la mayoría absoluta, que dependerá de la batalla con Vox.

Gavira, el candidato de Vox (“un tipo leal al que daría las llaves de casa y le dejaría cuidar a mis hijos”, dice Abascal), ha acusado a Moreno de ser una “estafa permanente”, de “mantener a los enchufados socialistas”, abrazar la “locura climática” y “abriendo puertas a la inmigración ilegal”. Pero también le ha atizado con la degradación de la Sanidad o la falta de vivienda, que vincula a la inmigración. “Llega uno de fuera y al día siguiente ya tiene las ayudas”, ha asegurado, sin citar de dónde extrae esa conclusión.

Su líder, Abascal, dice que el cambio que prometió Moreno en 2018 fue solo de siglas. También, que el propio Moreno “promociona la invasión”, cuya intención última es “sustituirnos”. Y que si puede va a expulsar a todos los niños y niñas no acompañados de vuelta a su país. El último CENTRA (el barómetro de la Junta de Andalucía) señala que la acogida de menores extranjeros es valorada positivamente por el 66% de los andaluces. Los principales problemas percibidos son la sanidad, el paro y la vivienda, y la estrategia de Vox pasa por vincularlos todos a la inmigración.

El contexto de las negociaciones autonómicas

Entre tanto, el partido ultra sigue sin resolver su apoyo a la investidura de los candidatos del PP ganadores en el carrusel reciente de elecciones autonómicas: Extremadura, Aragón y Castilla y León, por este orden. Sus votos son clave para que María Guardiola, Jorge Azcón y Alfonso Fernández Mañueco revaliden su cargo, pero los de Abascal arremeten casi a diario contra los de Feijoo mientras estos ignoran las pullas, cuando no responden con guiños a la ultraderecha en clave ideológica.

Vox pone precio al apoyo, y este jueves Abascal ha dicho que tiene la “sensación” de que “pronto” será posible llegar a un “acuerdo razonable”, “si Génova no se dedica a poner palos en las ruedas que es lo que han estado haciendo”. “En Andalucía no sabemos qué pasará”, dice.

Moreno aspira a no tener que pasar por todo esto revalidando una mayoría absoluta que no logró en 2018 (tuvo el apoyo de investidura de Vox y Ciudadanos, que luego le acompañó en el gobierno) pero sí en 2022, principalmente gracias al hundimiento del PSOE, la desaparición de Ciudadanos y el crecimiento contenido de la ultraderecha. También ayudó el improbable supuesto de obtener los últimos diputados en liza en la mayoría de las provincias. La mayoría absoluta y la recomposición del liderazgo en el PSOE le ha procurado una legislatura plácida, alterada sólo por la crisis de los fallos en los cribados del cáncer de mama, presentada como síntoma de la debilidad del sistema sanitario.

El objetivo de Moreno es que nada de esto cambie. “Estabilidad o lío” es el mantra de la campaña. El candidato del PP busca a su derecha el sostén suficiente de su mayoría, y lo que ve en las encuestas y estudios refuerza esa idea. Esta misma semana, el CIS le ha procurado una alegría al despegarlo de todos los demás en la valoración de los andaluces: es el único que aprueba, a mucha distancia de Montero. El 40,9% prefiere que el Presidente siga siendo él.

En cambio, ese mismo sondeo (realizado a partir de 6.000 entrevistas realizadas antes de que Vox hubiera elegido candidato) reafirma los indicios de que el partido podría estar frenando su ascenso: según esa encuesta, tiene un 8,8% de intención directa de voto, por debajo de las encuestas previas a los comicios en Extremadura (14,2%), Aragón (12%) y Castilla y León (13%). En 2022 obtuvo un 13,5%, que se tradujo en 14 escaños que no sirvieron para condicionar la investidura de Moreno.

Un mitin en una plaza rodeada de edificios

Vox celebra el mitin en una plaza interior, rodeada de altos edificios blancos, setenteros, junto al Parque del Oeste, de modo que un miembro de seguridad se pasa el acto haciendo el limpiaparabrisas en busca de un dron o un vecino incómodo. Algunos se asoman a la terraza, pero nadie dice nada.

El partido ameniza el comienzo de su primer acto de precampaña con Que viva España, una tonadilla que reinterpretó Manolo Escobar pero que antes cantó y compuso un belga titulándola Eviva España en una confusión con el italiano. Iba a llamarse Eviva el Papa, pero Leo Rozenstraten la retituló para aprovechar el gancho turístico español. Para cuando sale Abascal han cambiado a una instrumental vagamente épica, y es un lío. La gente no sabe si arrancarse con aplausos o con el inevitable “Presidente, Presidente”, de modo que todo queda un poco aguado al final.

Entre el público que colocan detrás de los oradores para hacer bulto destaca un joven con una Cruz de Borgoña estampada sobre la camiseta. El acto termina con una petición por megafonía: “Nos ponemos en pie para el himno nacional”. Y así lo hacen, claro.

La familia de Haitam Mejri, fallecido en un locutorio de Torremolinos durante una intervención policial, asegura que recurrirá el archivo de la causa. “Por mucho que quieran dilatar esto, no nos vamos a cansar. Iremos a la Audiencia Provincial, al Tribunal Supremo y hasta Europa si hace falta”, anticipa su hermano Nasser, que ya preveía que la jueza achacaría la muerte al “delirio agitado” de Haitam, causante a su vez de un fallo cardiaco que le produjo la muerte súbita. “Lo que me sorprende es que después de tantas pruebas y datos hayan preferido encubrir esta locura”, señala Nasser, que ha ejercido de portavoz familiar desde la muerte de su hermano.

La decisión de la jueza de instrucción abre ahora la puerta a que una instancia superior valore si hay algún delito en la actuación policial. “Sólo pido que el próximo juez que lea el recurso mire las pruebas; que no me crea a mí o a nadie, sino que vea los hechos y juzgue si es justo que no se investigue esta causa, sin tomar siquiera declaración a los policías”, proclama Nasser, que ve en el archivo elementos de prevaricación judicial que se sumaría a los presuntos delitos de lesiones, torturas, homicidio, omisión del deber de socorro o falsificación documental que observa en los vídeos: “La jueza no ha querido investigar nada. Seguimos teniendo esperanza en que se haga justicia, pero lo que nos ha tocado dejan mucho que desear y se delatan con sus hechos”.

Los abogados de la familia ya presentaron ante el Consejo del Poder Judicial una queja contra la jueza, por entender que ha entorpecido su derecho a la tutela judicial efectiva denegándole la práctica de diligencias y limitando su derecho a recurrir.

Reacción de partidos, ONG y sindicatos policiales

El archivo de la causa por la jueza provocó este jueves la reacción crítica de partidos de izquierda y entidades de derechos humanos, y la celebración de sindicatos policiales.

“Esto no es hacer justicia: es dar portazo a la verdad. El archivo es un insulto y provoca profunda tristeza por Haitam y por su familia. Vergüenza de actuación judicial. Espero que el recurso prospere y se haga justicia”, escribió Toni Valero, uno de los diputados de IU que ha interpelado al Gobierno por este asunto.

“Sin una justicia plegada al racismo y al mantenimiento de los privilegios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no se entendería esta impunidad insoportable. Nadie con un mínimo de honradez que haya escuchado los audios de la policía puede archivar este caso”, posteó Ione Belarra, secretaria general de Podemos.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) exigió la reapertura del caso, depuración de responsabilidades penales, transparencia y revisión del uso de las táser.

“La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos establece claramente una obligación del Estado investigar muertes en contextos de actuaciones policiales”, advierte Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional, que cita algunos elementos del caso: el uso de táser a una persona bajo los efectos de las drogas o con delirio agitado [el fabricante desaconseja su uso en esos casos] mediante aplicación directa, “que es más doloroso y puede suponer tortura”, el uso de spray estando inmovilizado... “Hay una discusión sobre la relación causal entre estos elementos de la actuación policial y la muerte de una persona que en ningún momento supuso una amenaza vital para los agentes u otras personas. Es una obligación del Estado investigarlo con todos los estándares internacionales en la mano”, señala Canales a elDiario.es.

En un hilo en X, Amnistía Internacional califica de “inaceptable” el archivo basado únicamente en la autopsia.

Defensa “sin matices” de los sindicatos policiales

En cambio, los sindicatos policiales han celebrado el archivo. “Nadie quería ese resultado y dimos en directo el pésame a sus familiares. Ahora bien, nada justifica el acoso que han recibido mis compañeros desde el primer día y espero que esto pare”, señaló Laura García, portavoz de Jupol, que antes había posteado: “Espero que salgan a pedir disculpas todos los que apuntaron a los #policias como autores de su muerte. Pero esperaré sentada porque no lo harán”.

“Hoy no pedimos aplausos. Pedimos memoria. Y, sobre todo, lo que queremos es que esto sirva para recordar cuál debe ser siempre la razón de ser de los sindicatos policiales: defender a los policías, sin matices y desde el primer instante”, señala Unión Federal de Policías.

Algunos de estos sindicatos difundieron durante días versiones apócrifas que achacaban al fallecido intenciones delictivas. El 10 de diciembre, tres días después de la muerte, Jupol tuiteó: “Todo nuestro apoyo a los compañeros que intervinieron en #Torremolinos ante un sujeto muy agresivo que les recibió al grito de Alá es grande esgrimiendo unas tijeras”.

Los vídeos que muestran la intervención completa (3 horas y 40 minutos) no muestran que les recibiera al grito de “Alá es grande” (sí les dijo que iba a rezar, justo después de decirles “voy a colaborar con vosotros”) ni que “esgrimiera unas tijeras”: no se observa ninguna amenaza y sí que lleva unas tijeras escolares que suelta cuando se lo dicen. Jupol no ha retirado su post.

La jueza sólo apunta al consumo de droga

Tras cinco meses de instrucción en los que ha recabado los vídeos y los informes de autopsia, pero no ha tomado declaración ni a los agentes ni a posibles testigos de los hechos, la jueza María José Alcázar ha concluido que la muerte del hombre se debió únicamente a que el consumo de cocaína le causó un cuadro de “delirio agitado” que le produjo la muerte súbita por una parada cardiorrespiratoria, y que la intervención policial no merece ningún reproche penal.

La jueza sustenta el archivo en el informe oficial de autopsia, que concluye que la muerte de Haitam tiene como “causa inmediata” la “reacción adversa por consumo de sustancias tóxicas” y como “causa fundamental” el “delirio agitado sobre la base de un corazón patológico”. La autopsia oficial rebaja a 19 las 86 lesiones documentadas en el informe encargado por la familia al doctor Aitor Curiel.

La autopsia del IML también reduce las entre siete y once descargas táser que se cuentan en los vídeos a sólo dos, en pierna y hombro. “Hasta ahora sólo teníamos el documento que registra el uso del primer táser, que marcaba que se había utilizado cuatro veces. Ahora tenemos también la del segundo, que marca que se ha usado ocho veces. Son once descargas en la franja crítica con 18,85 segundos acumulados de corriente”, señala su hermano. “Métele más táser”, insiste un agente durante la intervención.

Los forenses han encontrado 0,15 mg/l de cocaína y trazas muy inferiores de ketamina, MDMA y cannabis. Señalan que es inferior a las concentraciones letales, pero la sitúan como causa exclusiva del fallo cardiaco, con la intermediación del “delirio agitado”, un cuadro no reconocido por la OMS y cuyo uso habitual en contextos de muertes en inmovilizaciones policiales han denunciado algunas entidades de derechos humanos.

Los vídeos de la intervención policial

Haitam, que tenía 35 años, falleció el pasado 7 de diciembre durante una intervención de seis agentes de policía que le aplicaron entre siete y once descargas táser de entre 1.000 y 2.000 voltios (todas menos una cuando ya estaba en el suelo y tres de ellas cuando ya estaba engrilletado), le golpearon en la cabeza, le rociaron gas pimienta y le presionaron piernas y tórax para inmovilizarlo durante varios minutos, según se observa en los vídeos. Cuando los sanitarios que trataban de reanimarlo preguntaron qué había pasado, no les dijeron que le habían aplicado la táser.

Haitam había entrado buscando un cargador de móvil, muy agitado y bajo los efectos de las drogas. Forcejeó con el dueño del local, que dio el aviso por un presunto intento de robo, que en realidad no era tal, a tenor de lo que se ve en las imágenes: no cogió dinero de la caja registradora abierta, sino que se limitó a buscar el cargador. No portaba ningún objeto peligroso ni amenazó a los agentes, y sí les dijo en reiteradas ocasiones que iba a colaborar, ofreciendo su mano para que lo engrilletaran.

La intervención policial quedó registrada en cuatro vídeos (dos del local y dos de las cámaras asociadas a la táser) que la jueza incorporó a la causa. Su hermano Nasser subraya que las imágenes muestran una evidencia. “Puedo comprar la subjetividad en la causa de la muerte, aunque cualquiera con dos dedos de frente ve lo que hay y sabe a qué se debe. Pero la falsificación documental [en el atestado] y la desproporción usando táser cuando mi hermano estaba reducido son cosas objetivas que no se pueden refutar”.

La jueza que investigaba la muerte de Haitam Mejri durante una intervención policial en Torremolinos el pasado 7 de diciembre ha archivado la investigación, según han informado fuentes judiciales en un comunicado. El archivo, que no es definitivo, ha sido recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga. El abogado de la familia explica que lo que ha hecho ahora la jueza es resolver negativamente el recurso que él interpuso contra su primera decisión de archivar el caso, a mediados de febrero.

La jueza se basa en el reciente informe del Instituto de Medicina Legal (IML) que concluye que la muerte del hombre, de 35 años, se produjo por una reacción adversa al consumo de sustancias tóxicas que derivaron en un “delirio agitado sobre la base de un corazón patológico debido al consumo de sustancias”.

Según se desprende de los vídeos grabados aquella tarde y desvelados por elDiario.es (dos del local y dos de las cámaras asociadas a las táser) Haitam Mejri recibió entre siete y once descargas eléctricas de entre 1.000 y 2.000 voltios, golpes, gas pimienta y fue inmovilizado presionándole piernas y tronco, después de que entrara, visiblemente agitado, a pedir un cargador de móvil.

Dos informes contradictorios

La familia sostiene que de las imágenes se extrae un uso desproporcionado de la fuerza, y que los seis agentes que intervinieron se excedieron conscientemente, lo que podría constituir incluso un asesinato.

La familia aportó un informe del especialista Aitor Curiel, Médico Especialista en Medicina Legal y Forense y presidente de la Sociedad Española de Medicina Legal y Forense, que concluye que la muerte no se habría producido en ese lugar y en ese momento de no haber mediado una intervención policial como la que se produjo, y documenta 86 lesiones en el cadáver.

También dispone de un contrainforme que rebate las conclusiones del IML respecto a la relevancia del consumo de drogas, y señala que “en ausencia de dosis letales en sangre, la actuación policial se alza como el elemento más claro, objetivo y compatible con la causa que desencadenó el fallecimiento, superando cualquier riesgo derivado del consumo recreativo previo”.  

La jueza de instrucción no ve nada de eso, y sigue el criterio de los dos forenses que firman el informe del IML, atribuyendo la muerte al “delirio agitado” causado por el consumo de cocaína y agravado por unas patologías coronarias (desconocidas hasta ahora por la familia), lo que le habría producido la muerte súbita por una parada cardiorrespiratoria.

Según los forenses, Haitam sufrió un cuadro de delirio agitado caracterizado por la “alteración aguda del estado mental” junto con “agitación psicomotora extrema, hiperactividad autonómica y pérdida del control conductual”. El delirio agitado es un diagnóstico no reconocido por la OMS o por las principales asociaciones de psiquiatría, muy controvertido por su caracterización difusa y su empleo en el diagnóstico de muertes en intervenciones policiales.

Recurso ante la Audiencia Provincial

El comunicado explica que el auto de archivo considera que la autopsia realizada por el IML es más concluyente que el informe de la autopsia presentada por la parte, “que no es concluyente, está basada en hipótesis y es menos completa dado que no analiza algunos restos y fluidos de la víctima”.

La jueza confirma así la decisión que ya adoptó en febrero, cuando archivó a la espera de los resultados de la autopsia del IML, denegando la práctica de cualquier otra diligencia entre tanto.

Aquella decisión, que la familia no pudo recurrir entonces, motivó también que los letrados presentaran ante el Consejo General del Poder Judicial una queja contra la jueza, a la que acusan de vulnerar su derecho a la tutela judicial efectiva. En la queja razonan que no se han practicado diligencias que podrían ser esenciales, como la toma de declaración a los propios policías (ya sea como testigos o como investigados) o la identificación de testigos.

Apoyada también en el criterio de la Fiscalía, la jueza no ha practicado ninguna de esas diligencias en los últimos tres meses, y ha archivado dos días después de recibir el informe del IML.

Fuentes judiciales explican que el procedimiento será remitido en fechas próximas a la Audiencia de Málaga donde serán los magistrados de una de las secciones penales los que decidirán si el archivo es definitivo o, por el contrario, ordenan continuar con la investigación judicial para determinar la existencia de responsabilidades penales.

El informe definitivo de autopsia de Haitam Mejri, elaborado por el Instituto de Medicina Legal, concluye que el hombre, que el pasado 7 de diciembre fue reducido en Torremolinos por seis agentes de policía que le aplicaron entre siete y once descargas eléctricas (según se observa en los vídeos), gas irritante, golpes y presión continuada en tronco y piernas, murió como consecuencia del “síndrome de delirio agitado”, que se habría producido como “reacción adversa” al consumo de drogas, fundamentalmente cocaína, agravada por las patologías cardiacas que padecía Haitam, de 35 años.

La familia Mejri dispone de otro informe, encargado por ellos al doctor Aitor Curiel, que documenta 86 lesiones (entre ellas, las producidas por al menos siete descargas táser de entre 1.000 y 2.000 voltios y una gran herida contusa en la cabeza) y concluye que no habría muerto “en ese momento ni en esa forma” de no haberse producido esa intervención policial.

El síndrome de delirio agitado se describe como un estado de agitación extrema que puede desembocar en muerte súbita. Suele asociarse al fallecimiento bajo custodia policial de personas que han consumido drogas y son inmovilizadas, y es cuestionado por algunas entidades de derechos humanos porque puede enmascarar situaciones de abuso y muertes por asfixia.

Sólo encuentra dos descargas táser

El informe del Instituto de Medicina Legal (IML) llega cinco meses después de la muerte de Haitam, una vez que se han incorporado los análisis del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

La muerte de Haitam es “de origen violento” y tiene como “causa inmediata” la “reacción adversa por consumo de sustancias tóxicas” y como “causa fundamental” el “delirio agitado sobre la base de un corazón patológico”, según sostiene el IML, adelantado por Sur y al que este medio ha tenido acceso.

El informe no atribuye a las descargas de táser, las maniobras de sujeción o los golpes que le propinaron los agentes ningún peso en el fallecimiento. Reduce las 86 lesiones documentadas por el doctor Aitor Curiel a sólo 19, ninguna de las cuales supueso riesgo vital y todas “compatibles con mecanismos de compresión y rozamiento probablemente producidas por las maniobras de reducción”.

De las siete descargas que recoge el informe de parte, o las once que cuenta la familia al ver los vídeos, sólo recoge dos, en pierna y hombro. Son las dos que ya consignó la forense que acudió al levantamiento del cadáver, siguiendo lo que le dijeron los agentes.

La conclusión de los dos forenses que lo firman es que Haitam sufrió un “cuadro de delirio agitado”, un síndrome caracterizado por una “alteración aguda del estado mental” junto con “agitación psicomotora extrema, hiperactividad autonómica y pérdida del control conductual”, que puede agraverse por las drogas y “evolucionar rápidamente a muerte súbita”, según el informe.

Un “lugar común” para muertes bajo custodia policial

Se trata de un síndrome controvertido. No está reconocido en el DSM-5 (el manual de referencia en psiquiatría) o por la OMS, pero en los últimos años se ha extendido para explicar muertes durante intervenciones policiales que incluyen la inmovilización mecánica del sujeto.

Algunos especialistas ven en él un cuadro no suficientemente descrito por la literatura científica y sin consenso y que puede servir para atribuir a una causa endógena muertes que, de no mediar la intervención, no se habrían producido. Así lo destaca un informe de Physicians for Human Rights, una ONG internacional de derechos humanos vinculada al ámbito sanitario, que en 2022 concluyó que es un diagnóstico sin fundamento y un “lugar común” para explicar muertes bajo custodia policial en Estados Unidos.

En 2023, el Gobernador del Estado de California modificó la ley procesal para prohibir el reconocimiento del “delirio agitado” como “diagnóstico médico válido o causa de muerte” en los certificados de fallecimiento.

En España, el concepto se importa desde Estados Unidos hace relativamente poco. Un trabajo publicado en la Revista de la Escuela de Medicina Legal en 2009 recopila la literatura científica publicada hasta ese momento: “El estrés producido por la percepción personal de peligro o amenaza a la vida produce un mecanismo de lucha o huida que conduce a un paro cardíaco”. De esta forma, la agitación produce una estimulación del sistema nervioso simpático y una “disminución brusca” de los niveles de potasio tras el cese del forcejeo junto con un incremento en los niveles de catecolaminas que, agravado por el uso de drogas o medicación, o una enfermedad previa, pueden explicar la muerte. Otro estudio de 2010 imputó ocho muertes a este síndrome en Andalucía en el periodo 2003-2009. Ambos estudios están liderados por Fernando Martín Cazorla, autor también de un libro sobre la materia y forense del IML en Málaga, quien no es autor del informe de Haitam.

Mencionado en la respuesta del Gobierno

La forense que acudió al levantamiento del cadáver ya hizo constar que la posible causa de la muerte era “delirio agitado/RADA [acrónimo de Reacción Agónica de Defensa Activa]”. Una de las características de este presunto síndrome es la hipertermia, y el cuerpo de Haitam estaba a 39,6 grados.

El Gobierno también abrió la puerta del delirio agitado en la respuesta parlamentaria que dio a dos diputados de IU, mes y medio antes de que elaborara el informe de autopsia, y a pesar de que la pregunta de los dos diputados no se mencionaba tal síndrome.

El informe del IML se apoya en las pruebas toxicológicas realizadas en Sevilla, que hallaron rastro de cocaína (0,15 mg/l), MDA (0,03 mg/l), cannabis y ketamina (0,07 mg/l) en sangre. El informe sólo analiza la concentración de cocaína, la más alta, y señala que es inferior a las concentraciones letales aunque se encuentra “frecuentemente” en “sujetos fallecidos consumidores de cocaína”. Es la única sustancia de la que se concluye que su consumo fue reciente, ya que se encontraron restos sin metabolizar. El propio Haitam advirtió a los agentes de que había consumido drogas.

El informe del IML también ha hallado varias patologías cardiacas asociadas al consumo de cocaína que habrían influido en la muerte. La familia asegura que en su historial clínico no hay ningún antecedente de estas patologías, y que el único órgano que su perito no ha podido examinar es el corazón.

Archivo provisional hasta recibir este informe

La titular del juzgado de instrucción 1 de Torremolinos archivó provisionalmente la investigación de la muerte de Haitam el pasado febrero, condicionando su reapertura a las conclusiones de este informe. La decisión fue recurrida por la familia, que cree que la actuación policial que se observa en los vídeos grabados por las cámaras del local y las asociadas a las dos pistolas táser usadas por los agentes justifica la investigación por presuntos delitos de lesiones, omisión del deber de socorro, homicidio o incluso asesinato, y cree que hay diligencias que deberían practicarse con independencia de las conclusiones de la autopsia. La familia ha elevado una queja al Consejo del Poder Judicial.

El pasado 7 de diciembre, Haitam irrumpió muy alterado en un locutorio de Torremolinos. Buscaba un cargador para su móvil, y tras forcejear con el dueño, que huyó, desencajó la mampara del mostrador y comenzó a revolverlo todo. Mientras, el dueño llamaba al 112, que dio aviso a la Policía, que envío a una patrulla Zeta (dos agentes) al local con el aviso de un posible robo.

Tal y como desvelaron los vídeos publicados en exclusiva por elDiario.es, el primer agente entró con la táser desenfundada y durante un par de minutos mantuvo con él una conversación en la que Haitam insistió en que quería colaborar y que su única intención era cargar el móvil. Haitam no portaba ningún elemento peligroso (durante unos segundos tuvo unas tijeras escolares que soltó cuando se lo pidieron) ni amenazó a los agentes o les fue hostil.

Cuando fue a darles la mano para que lo engrilletaran se le resbaló el móvil, y al intentar recogerlo se le abalanzaron para sujetarlo, comenzando entonces una intervención de seis policías en la que le dispararon dos táser entre siete y once veces, le golpearon en la cara, le rociaron la boca con spray pimienta y le inmovilizaron colocándose sobre sus piernas y tórax, mientras se animaban a darle “más táser” y él pedía que pararan y advertía de la existencia de cámaras. Con los minutos se fue apagando y murió.

El primer dato cerrado sobre el turismo en la Semana Santa de Málaga ha zanjado la polémica que se levantó durante semanas a partir de unas previsiones de parte descontextualizadas y el catastrofismo de diversos cargos públicos del PP andaluz. Málaga y la Costa del Sol, cuya Semana Santa estaba “definitivamente perdida” para el turismo (según llegó a decir el responsable de Turismo en Andalucía, Arturo Bernal), no sólo no han perdido turistas, sino que cerraron este periodo (del 27 de marzo al 6 de abril) con más ocupación hotelera, hasta alcanzar el 82,85%, 2,67 puntos más que en 2025. En los días “clave”, del Jueves Santo al Domingo de Resurrección, la ocupación fue del 85,26%, dos puntos más que el año pasado, según los datos de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS).

Son las segundas mejores cifras turísticas del último lustro, solo superadas por las de 2023, cuando la primera Semana Santa sin ninguna restricción Covid cayó íntegramente en abril y vino acompañada de un tiempo muy benigno. Aquel año la ocupación fue del 84,23% (1,5 puntos más que este año).

Los datos finales de 2026 superan las previsiones iniciales “ligeramente”, según AEHCOS, que llegó a alertar de una caída de demanda del 26% y a las puertas de la festividad previó una ocupación del 73,47% (9,3 puntos menos que la cifra final). La patronal atribuye el error de estimación al turismo internacional y, sobre todo, al buen tiempo, clave para las reservas de última hora: no ha llovido ni un día, y las temperaturas diurnas han rondado los 22 grados. “Los datos de ocupación de esta Semana Santa confirman que la climatología ha ayudado a los resultados”, ha asegurado José Luque, presidente de AEHCOS, que también destaca que se logran “pese a la desconexión ferroviaria”.

Los destinos con mayor ocupación han sido Benalmádena (90,30%), Costa Oriental – Axarquía, (86,67%), Torremolinos (85,85%), Mijas (84,90%) y Málaga – Rincón de la Victoria (84,51%). El turismo internacional (77,95%) triplica al nacional (22,05%). AEHCOS también ha divulgado los datos de marzo. La ocupación hotelera media fue del 78,07%, cinco puntos más que en el mismo mes de 2025.

También han sido positivos los datos de empleo, con un incremento de 14.307 afiliados a la Seguridad Social en la provincia y una reducción de 1.863 personas en desempleo respecto a febrero. Ambas cifras mejoran las del conjunto de Andalucía: la caída del paro es la tercera mejor, tras Cádiz y Sevilla, mientras que el incremento de afiliación mensual es del 1,95%, por el 1,44% en el conjunto de Andalucía. La Confederación de Empresarios de Málaga lo atribuye al “impacto favorable de la Semana Santa”, “a pesar de los problemas generados por la deficiente conexión ferroviaria”.

De semana “perdida” a “mínimo” impacto

Estas cifras confirman los primeros indicadores, avanzados a mitad de semana por el propio alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (quien ya avanzó que impacto sería “mínimo”) y la consejera de Empleo, Rocío Blanco. También corroboran lo que ya advirtió la propia patronal hostelera, cuando su presidente declaró que la Semana Santa no iba a ser “tan mala como se está pintando”.

Quien la pintaba de negro era la Junta de Andalucía, que cebó el enfrentamiento con el Gobierno central por el posible impacto turístico de la interrupción del AVE directo a Madrid, motivado por las obras que se ejecutan a la altura de Álora por el desprendimiento de un talud. ADIF ha dado dos fechas para la reapertura, que ha incumplido, alegando que la obra es mucho más compleja de los previsto inicialmente. Ahora prevé reabrir una de las dos vías a finales de abril, si todo va bien. Entre tanto, Renfe ofrece completar entre Antequera y Málaga en autobús, lo que alarga el viaje hasta las cuatro horas y media.

Esto es un inconveniente para estudiantes y trabajadores, sobre los que se ha pasado de puntillas en este debate. La Junta se centró en el turismo, a pesar de que las encuestas de movilidad muestran que apenas el 10% de los turistas nacionales llega en tren a Málaga. El AVE tiene algo más de peso en el turismo de congresos y el de fin de semana (despedidas de soltero, por ejemplo).

Dos de los consejeros de Juan Manuel Moreno, Carolina España (Economía y Hacienda, además de portavoz) y Bernal (Turismo) tiraron de hipérbole: la consejera, asegurando que Málaga estaba “incomunicada”; el consejero, para darla por finiquitada. Y el propio presidente Moreno esgrimió un dato de parte, sin contrastar, sin contextualizar y sin desglosar para cuantificar el impacto: los famosos 1.300 millones de euros. La patronal se desentendió de esa cifra (“nosotros nunca la hemos dado”) mientras el ministro Óscar Puente acusaba a sus divulgadores de “buleros”.

El debate subió de tono a las puertas de las elecciones autonómicas, amplificado por las descalificaciones del ministro contra algunos periodistas por la derivada del papel de algunos medios en la difusión de un alarmismo económico que no ha tenido reflejo en la realidad.

El portavoz del PSOE de Málaga, Daniel Pérez, ha pedido al presidente andaluz y a Francisco de la Torre “que rectifiquen y pidan disculpas a la ciudadanía”, aunque el alcalde, mucho más cauto que sus compañeros de partido, advirtió pronto que la incidencia sobre el turismo no sería tan importante. “El éxito arrollador ha desmontado por completo la campaña de desprestigio” orquestada por los populares, según Pérez, que les atribuye el intento de “dañar a la ciudad para sacar rédito político”. De momento, ni la Junta de Andalucía ni el regidor (más cauto en sus previsiones sobre el impacto de la crisis del AVE) se han pronunciado respecto a las cifras definitivas de AEHCOS.

Este lunes el alcalde de Málaga, el veterano Francisco de la Torre (PP) hizo las siguientes declaraciones a los periodistas: “Yo creo que al final no va a haber casi incidencia, porque el tiempo nos acompaña muy bien. La gente, a la que le encanta que la Semana Santa transcurra en tiempo bueno, hace el esfuerzo de venir aunque sea tardando más, como se tarda ahora. Creo que la incidencia será mínima”.

Estas declaraciones del regidor, verso libre del PP, a propósito de la repercusión turística (y por tanto económica) de la interrupción por obras de la línea de alta velocidad a la altura de Antequera suponen la enmienda final a varios cargos de su partido en la Junta de Andalucía, que han alimentado el catastrofismo económico durante dos semanas.

La Semana Santa está “definitivamente perdida”, había dicho quince días antes el consejero de Turismo, Arturo Bernal, mientras que la consejera de Hacienda, Carolina España, alertaba desde la estación María Zambrano de que “Málaga está completamente incomunicada” y animaba a los empresarios a demandar a ADIF por las presuntas pérdidas, alimentando así el choque frontal con el Gobierno.

De la Torre, mucho más cauto, apuntala ahora la idea de que la incidencia no será tan grave. Ya lo advirtieron los propios empresarios, sorprendidos por un exceso de alarmismo que ni ellos vieron venir: probablemente la Semana Santa “no será tan mala como la están pintando”.

Los datos definitivos se conocerán después del Lunes de Pascua, pero empiezan a divulgarse algunos indicadores que sostienen esa conclusión, sobre todo en la capital.

El tiempo, factor clave

El alcalde sostuvo sus palabras en lo que le dicen desde la Oficina de Turismo, donde registraron menos consultas el viernes y el sábado que el año anterior, pero muchas más el Domingo de Resurrección.

Fuentes del sector restan peso al indicador, pero hay otros datos: la Encuesta de Ocupación Hotelera muestra que en febrero de 2026, cuando el AVE a Málaga ya estaba interrumpido, hubo más pernoctaciones hoteleras (+1%) en la provincia que en febrero de 2025, un resultado que muestra fortaleza porque va en dirección contraria a la tendencia a nivel autonómico (-1,8%). La clave está en el incremento de la estancia media en Málaga y en el impulso del turismo internacional, que compensa la bajada del nacional, que da síntomas de agotamiento desde hace meses.

Tampoco ve probable un alto impacto el profesor Benjamín del Alcázar, director de la cátedra de estudios cofrades de la Universidad de Málaga, quien presentó el lunes el informe anual que mide la repercusión de la Semana Santa en la economía malagueña, elaborado por la cátedra de estudios cofrades de la Universidad de Málaga. Del Alcázar destacó una clave con mayor incidencia que el tren: las previsiones meteorológicas. En la de 2025, marcada por la lluvia, el impacto fue de 320,5 millones de euros. La de 2023, con un tiempo extraordinario, marcó el máximo: 394 millones de euros. Para este año no se prevén jornadas de lluvia, y sí sol y buen tiempo, con máximas de 25 grados.

En declaraciones a la SER este miércoles, Francisco Moro, presidente de AEHCOS en Málaga ciudad, ha calculado un descenso de ocupación del 6% en los primeros días, “un poquito peor que el año pasado”, pero prevé cifras similares al año pasado a partir de ahora, en torno al 94%, rozando el lleno el Jueves y Viernes Santo. “Sabíamos que por la fuerza y el atractivo de la ciudad la gente al final vendría. Se veía venir y así ha sido”.

Perspectivas “bastante optimistas” de la Junta, cautela en el sector

El PP andaluz, que hace un par de semanas alimentaba las previsiones más negras, ha ido aplicando en las últimas fechas sordina a un debate que cebaba con estruendo hace apenas 15 días.

Tanto el martes como el miércoles, el presidente Juan Manuel Moreno auguró unos “buenos datos” en Andalucía, y dijo confiar que la interrupción desl AVE directo a Málaga “no tenga impacto” o sea “el menor de los posibles”. En esa línea se manifestó la consejera de Empleo, Rocío Blanco: “Parece que, poco a poco, la afluencia [a la Semana Santa de Málaga] se está comportando muy bien”. La consejera confirmó que las perspectivas del sector son ya “bastante optimistas” y avanzó que los datos de paro registrado “apuntan a que vamos a tener una bajada de desempleo notable”.

Incluso el consejero de Empleo, Arturo Bernal, que habló de una semana “perdida completamente”, ha modulado su discurso. Hace una semana confió en “amortiguar” el impacto con el buen tiempo. Este martes pronosticó un descenso de ocupación en la provincia Málaga “en torno a ocho puntos porcentuales”, algo que estaría en línea con el descenso de seis puntos previsto para Andalucía.

Por su parte, AEHCOS (la asociación mayoritaria, que agrupa hoteles, apartamentos turísticos, albergues u hostales de Málaga, interior y Costa del Sol) pronostica una ocupación del 73,47% durante toda la semana, frente al 80,18%, 6,6 puntos menos (por tanto, una previsión mejor que la Junta), y una bajada de cinco puntos los días centrales. AEHCOS, que atribuye el descenso a la “desconexión ferroviaria de alta velocidad”, admite posibles “ajustes de última hora que pueden modificar” las cifras, apuntando a las reservas de última hora, muy condicionadas por la climatología. Sin embargo, su vicepresidente ejecutivo Javier Hernández, asegura a elDiario.es/Andalucía que no van bien, y que se han reducido un 50% respecto al año pasado.

AVVAPRO (la patronal andaluza de pisos turísticos) prevé para esta Semana Santa una ocupación media en Andalucía de entre el 68% y el 70%, con registros algo superiores en las grandes capitales, pero advierte de que el viajero tiende cada vez más a decidir en el último momento, “especialmente cuando las previsiones meteorológicas son favorables”, lo que deja margen para una mejora.

Más desplazamientos por carretera, estabilidad en el aeropuerto

La alta velocidad a Málaga funciona de Madrid hasta Antequera, desde Renfe realiza un transbordo hasta Málaga capital, lo que alarga el viaje entre una hora y hora y media, hasta las cuatro horas y media.

Óscar Puente, ministro de Transportes, aseguró que unas 3.000 personas siguen viajando al día, y Renfe ha reforzado los servicios para Semana Santa. Ouigo e Iryo mantienen suspendidos los trayectos, mientras que Renfe oferta alrededor de 50.000 plazas en estos días, con 15 servicios diarios (16 los domingos). Son unas 90.000 menos que las ofertadas hace un año. Este miércoles no había plazas en la mayoría de trenes para regresar a Madrid en la segunda parte de la semana.

Con todo, los estudios de movilidad turística muestran que en torno a la mitad del turismo nacional llega a Málaga por carretera, y que el tren apenas mueve alrededor del 10%. Para llegar a Málaga sigue habiendo carreteras, el cuarto aeropuerto de España y un puerto de cruceros que sostendrá las cifras de la temporada alta del año pasado (117 escalas y 172.000 pasajeros).

“La gente que quiere venir a Málaga se ha buscado la vida y ha venido a través de otros medios, sé que mucha gente ha venido en carretera”, señaló Blanco. La DGT prevé 730.000 desplazamientos en la provincia, 85.000 más que el año pasado, (+13%).  

La vía aérea se mantiene estable: los vuelos programados son cerca de 6.000, casi el 80% de ellos internacionales.

Un debate sin datos firmes en víspera de elecciones

La vía de alta velocidad entre Madrid y Málaga está interrumpida desde el 4 de febrero a la altura de Álora por la caída de un talud. ADIF ha dado ya dos fechas incumplidas, se remite ahora a la última semana de abril “como mínimo” y atribuye los retrasos a la complejidad de los trabajos.

La línea dura la sostiene Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Local del PP, quien este miércoles ha vuelto a pedir la dimisión de Óscar Puente y le ha acusado de no tomar medidas para paliar el problema y falta de transparencia con las obras. El PP, que ha pedido el expediente completo, ha solicitado sin éxito al Gobierno que bonifique el peaje en las autopistas de la Costa del Sol y Las Pedrizas, vuelos de mayor capacidad, un puente aéreo a precios tasados y ayudas al sector turístico.

Bendodo ha comparecido en la estación María Zambrano acompañado de De la Torre, quien ha insistido en que la ocupación en la ciudad será similar al año pasado, y del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha subrayado que es la primera vez que ha tenido que venir en avión. Para mañana está prevista la llegada de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El debate sobre las pérdidas económicas que la falta de AVE directo está provocando alcanzó su punto álgido hace ahora dos semanas cuando varios consejeros de la Junta de Andalucía pusieron el grito en el cielo a partir de la difusión descontextualizada de una cifra sin atribución ni desglose, 1.300 millones de euros en pérdidas que un diario tituló que se producirían “en Semana Santa”. El propio Moreno se hizo eco y aventó el agravio con otros territorios.

La previsión de los 1.300 millones la había formulado una parte interesada (el presidente de la patronal hotelera de la Costa del Sol), en privado (en una reunión con la delegada de la Junta en Málaga), recogía pérdidas indirectas (incluyendo las pérdidas indirectas en proveedores o el consumo inducido por los salarios) y no se refería a las pérdidas “en Semana Santa”, sino a la estimación de las pérdidas del sector por la interrupción del servicio directo desde el 18 de enero (fecha del accidente en Adamuz) al 23 de marzo, cuando se suponía que se restablecería la vía, antes del nuevo retraso anunciado por el presidente de ADIF.

“Nosotros esa cifra no la hemos dado nunca oficialmente,” señala Hernández. El Gobierno andaluz la usó de trampolín para, en vísperas de elecciones, lanzarse en tromba por una senda que había ido abriendo en las semanas previas. Encontró réplica en el ministro Puente, que acusó a quienes difundían la cifra de “buleros”. El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, aseguró este martes que la semana “está siendo un éxito extraordinario”, y criticó a Moreno por el “alarmismo irresponsable”.

A falta de cifras definitivas, los tronos y el buen tiempo han enterrado el debate. El año pasado las previsiones se quedaron cortas: la Consejería de Turismo pronosticó un 72,4% de ocupación y al final se alcanzó el 77,4%.

Por Andalucía ha convocado para el próximo jueves 2 de abril a la mesa de partidos de la coalición, incluido Podemos, con el fin de “concretar el registro” de la candidatura a las próximas elecciones autonómicas del 17 de mayo, explican fuentes de Por Andalucía. El plazo para presentar la candidatura unitaria ante la Junta Electoral vence el viernes a las 23.59.

Hasta ahora Podemos no forma parte de la nueva coalición electoral de izquierdas en la que sí se integró, a última hora y con dificultades, en los comicios autonómicos de 2023. En los últimos meses no ha acudido a los encuentros de esa mesa de partidos, y ha deslizado que no repetiría. Pero en los últimos días la dirección estatal ha virado la posición sostenida durante el año y medio previo, y ahora se dice abierta a integrarse en la coalición, aunque en ella también esté Movimiento Sumar.

Este martes ha lanzado sobre la marcha una consulta de 24 horas a sus inscritos para avalar la construcción de una candidatura unitaria en Andalucía. El objetivo es saber si las bases facultan o no a la dirección para alcanzar un acuerdo. “¿Estás conforme con que Podemos Andalucía busque los acuerdos necesarios para conseguir la candidatura más amplia y unitaria posible para las próximas elecciones andaluzas?”, se pregunta. El proceso se ha abierto a las 17:00, y se cerrará 24 horas después, a las 17:00 del miércoles.

Con ese resultado, Podemos se presentará a la reunión del jueves con los demás partidos de Por Andalucía (Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Partido Verde y Alternativa Republicana). Si sus inscritos votan favorablemente, se abrirá un nuevo escenario para tratar la integración del partido morado en la confluencia.

Año y medio sin participar

En el último año y medio, Podemos no ha acudido a las reuniones de la mesa de partidos de Por Andalucía y se ha mantenido al margen del proceso para reeditar la coalición.

Este proceso comenzó en octubre de 2024 con una propuesta de base de la coalición. Podemos convocó su propia asamblea interna para un mes después, deslizando públicamente su escaso interés en reeditar la la fórmula. En los meses siguientes, algunos líderes de la formación en Andalucía se posicionaron públicamente en favor de la unidad, mientras la dirección estatal mostraba distancia. Fue el caso de José Manuel Gómez Jurado, su número 2 y diputado andaluz, pero acabó renunciando a presentarse con su partido en vista de la aparente imposibilidad de lograr una candidatura unitaria.

En octubre de 2025 IU y Sumar registraron sin Podemos el partido político Por Andalucía. Poco después, la mesa de partidos eligió a Antonio Maíllo, líder de IU, como candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía. Tampoco estuvo Podemos, que públicamente mostró su distanciamiento de la coalición. La presencia de Sumar era un factor determinante.

Entre medias, llegó el carrusel de citas electorales de este primer trimestre. Y tras un resultado esperanzador, Podemos se quedó fuera de los parlamentos autonómicos de Aragón (0,94% del voto; IU+Sumar logró el 2,94%) y Castilla y León (0,74%, por el 2,23% de IU+Sumar), estas últimas hace apenas tres semanas.

Con la convocatoria de las elecciones andaluzas ya lanzada (Juan Manuel Moreno convocó el pasado 23 de marzo), Podemos se mantuvo en silencio hasta el pasado domingo, cuando su candidato y diputado, Juan Antonio Delgado, ofreció “mano tendida” y dijo que hasta el viernes había “tiempo suficiente” para conformar una candidatura unitaria.

La confirmación llegó desde Madrid al día siguiente: Pablo Fernández, secretario de organización, insistió en el ofrecimiento y añadió que no habría condiciones. Tampoco sería un problema la presencia de Movimiento Sumar, admitió expresamente.

Hasta hoy, el ofrecimiento no ha recibido respuesta oficial de IU. En contra juega el tiempo, con un precedente inmediato que alimenta los temores. En 2022, apurar la negociación hasta el final acabó dejando formalmente fuera de la coalición a Podemos, cuya firma llegó con el tiempo ya cumplido. El episodio, con consecuencias para la financiación de los partidos, el control de la candidatura y el grupo político, tuvo también un efecto duradero: una crisis de confianza entre socios que marcó el rumbo de la coalición los cuatro años siguientes, hasta colocarla donde hoy está.

En 2011, en pleno estallido de la crisis económica, una mujer acudió a los servicios sociales de Benalmádena. Esta mujer pidió ayuda para comer, algo habitual entonces, pero también contó una historia inusual: decía ser administradora de una empresa de la que quería desvincularse.

Este municipio de poco más de 75.000 habitantes en la costa del sol malagueña estaba sufriendo especialmente el estallido de la burbuja inmobiliaria: muchas viviendas quedaron abandonadas a medio hacer, cientos de empresas se ahogaban en deudas que trataban de sortear con trucos societarios y miles de familias perdieron su casa. La Delegación de Bienestar Social, dirigida por entonces por el concejal Francisco Salido, abrió ficha a la mujer y empezó a atenderla. Diez meses después había sido desahuciada de su vivienda, pero había firmado una oferta para hacer una obra valorada en 50.000 euros en Puerto Marina, el puerto deportivo de la ciudad.

El caso fue documentado por el interventor municipal en un informe de auditoría que destapó un gran fraude en Puerto Marina. El informe incluía un dictamen pericial sobre algunas firmas en presupuestos de obra: los presupuestos eran falsos, aportados solo para aparentar competencia y sus verdaderos firmantes eran dos personas de confianza de un concejal y consejero delegado del puerto. Meses después, la UDEF tomó declaración a varios empresarios que declararon no saber nada de los presupuestos que supuestamente habían presentado.

14 años después, a finales de 2025, la Audiencia Provincial de Málaga condenó a Salido, concejal de Bienestar Social (Unión Centro Benalmádena) y consejero delegado de Puerto Marina y a José Manuel López Merino, gerente del puerto, a cuatro años y cuatro meses de prisión, por amañar contratos de obra en el puerto.

La sentencia fue dictada a finales de octubre y no es firme. Este caso y el del comedor social, con los mismos implicados, agitaron durante años la política local. La salida de la concejala denunciante del partido local que lideraba Salido facilitó la llegada al poder del PSOE y, a su vez, una purga en el PP con la salida de la alcaldesa Paloma García Gálvez, que había cesado al concejal investigado. El cierre casi simultáneo de ambos juicios es el epílogo en diferido de aquellos años tumultuosos.

Contratos fraccionados, prórrogas y presupuestos “mendaces”

La sentencia confirma lo que ya denunció el interventor hace una década. Salido y López Merino, consejero delegado y gerente de Puerto Marina (empresa municipal de Benalmádena) “se pusieron de acuerdo para favorecer” a un empresario ya fallecido, con la “adjudicación fraudulenta de servicios y obras”, detalla la sentencia de la Audiencia Provincial, dictada el pasado 30 de octubre.

Los magistrados concluyen que Salido y López Merino trucaron la contratación de obras de Puerto Marina valorados en 600.000 euros usando una amplia gama de fraudes: contratos fraccionados, presupuestos adulterados, facturas repetidas, prórrogas y presupuestos “mendaces” de empresas que nunca fueron conscientes de que avalaban la presunta concurrencia pública en licitaciones adulteradas.

Así consiguieron favorecer sistemáticamente a un empresario, ya fallecido, que se embolsó dos millones de euros en cuatro años, casi la mitad de todo lo que adjudicó el Puerto en ese tiempo, según recogió el interventor. Alguna empresa constituida por este empresario fue agraciada con contratos de más de 100.000 euros anuales apenas cuatro meses después de constituirse.

La Audiencia los condena por los delitos continuados de prevaricación administrativa, fraude en la contratación pública y falsedad en documento oficial, rebajando la pena por la demora en enjuiciar unas irregularidades cometidas hace tres lustros.

La investigación judicial empezó con un auto de fecha 14 de noviembre de 2012 y concluyó en sentencia de 30 de octubre de 2025. Los magistrados admiten que esta demora no tiene justificación. “Es indudable” que la causa es “compleja”, pero eso “no puede justificar la dilación padecida”, que califica de “superextraordinaria” y no achaca a los acusados.

Licitaciones sin pliegos

Uno tramitaba los expedientes y el otro los firmaba, de forma “arbitraria y manifiestamente injusta”, según los magistrados, que describen un sistema carente de cualquiera de los controles fijados por la ley de contratos. Para esas licitaciones no había pliegos técnicos ni administrativos, de modo que no se establecían criterios de adjudicación ni duración. En alguno de los casos, no había ni proyecto en el momento de empezar la obra, por lo que era imposible contrastarlo con las certificaciones de obra, “pudiéndose facturar la cuantía que se estimase oportuna”, observan los magistrados.

Además, se fraccionaban artificialmente para evitar así rebasar el umbral de 100.000 euros y no tener que sacarlos a concurso público. En teoría se tramitaban como procedimiento negociado invitando a tres licitantes a presentar ofertas, pero en realidad todos los presupuestos los elaboraba el mismo empresario, que tenía varias mercantiles, o se confeccionaban en nombre de empresas y personas que habían contratado antes con Puerto Marina o con el empresario, y no tenían idea de lo que ocurría. El objetivo era dar una apariencia de competencia que no existía. Así llegó aquella mujer a presentar una oferta para hacer obras por 50.000 euros.

El empresario logró de esta forma el mantenimiento de la zona portuaria, el mantenimiento de los jardines, el realce de los muelles de atraque y las obras de peatonalización, todas por importes entre los 100.000 y los 150.000 euros. Además, facturaba un extra por trabajos supuestamente extraordinarios que, según los magistrados, estaban incluidos en los contratos principales. En total, al menos 630.000 euros entre agosto de 2011 y agosto de 2012.

Fuera de la sentencia quedan, en cambio, tres de los cuatro años bajo la lupa y las licitaciones a otro empresario también cuestionadas por el interventor, que valoraba los contratos irregulares en más de tres millones de euros. No consta que el Ayuntamiento haya exigido una responsabilidad contable.

“No culpable” por las cuentas del comedor social

El caso discurrió en paralelo a la investigación de las presuntas irregularidades en las cuentas del comedor social, de las que Salido era también responsable. La Fiscalía pedía para él ocho años de prisión por malversación al no justificar gran parte los gastos del comedor municipal, gestionado por una asociación con fondos públicos, y por infidelidad en la custodia de documentos públicos, que desaparecieron del área de Bienestar Social cuando el interventor se disponía a examinarlo.

De ese juicio Salido y los directivos de la asociación, un de ellos el cuñado de Salido, han sido exonerados: un jurado popular les declaró “no culpables”. Tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento (que actúa como acusación particular) han recurrido la sentencia por entender que el veredicto del jurado incurre en errores manifiestos al valorar las pruebas.

Cuando se destaparon los hechos, en 2014, la alcaldesa Paloma García Gálvez (PP) destituyó a Salido (Unión Centro Benalmádena), que vio cómo su grupo político se desmembraba con la salida de Encarnación Cortés, la concejala que había denunciado la trama.

Al interventor, que documentó en un detallado informe las irregularidades por las que ahora se ha condenado a Salido y López Merino, lo purgaron cambiándole de puesto, en una decisión que un juzgado obligó a corregir. El interventor fue jubilado contra su voluntad. Uno de los responsables de las firmas adulteradas es personal de confianza del actual alcalde de Benalmádena, José Antonio Lara (PP).

El cuerpo de Haitam Mejri, fallecido durante una intervención policial en Torremolinos (Málaga) el pasado 7 de diciembre, presentaba “un número total de 86 lesiones externas objetivables”, incluyendo traumatismos “de alta energía”, compresión cervical y descargas eléctricas en torso y flancos. Así se recoge en un informe del doctor Aitor Curiel, médico especialista en Medicina Legal y Forense, elaborado a petición de la familia, que recoge los signos visibles por todo el cuerpo: Haitam recibió golpes o descargas en brazos, piernas, cabeza y tronco, según ese documento.  

El objetivo del informe es determinar la cuantía, distribución y naturaleza de los daños sufridos por Haitam aquella tarde. El documento describe minuciosamente los traumatismos y lesiones que el perito observó en el cadáver cuando tuvo autorización para examinarlo. Amplía de esta forma el primer examen, en el que el perito ya concluía que Haitam murió por una “parada cardiorrespiratoria secundaria a una insuficiencia cardiorrespiratoria como consecuencia de un politraumatismo con sujeción, inmovilización y presión elevada a nivel de cuello tórax y las cuatro extremidades, con utilización de irritantes y múltiples descargas eléctricas con táser prolongadas y reiterativas”.

Aunque padecía una “patología cardiaca previa no mortal a corto plazo”, el doctor ya era claro en aquella primera evaluación: Haitam “no hubiera fallecido en ese momento ni en esa forma de no haberse producido los politraumatismos moderados, presión, sujeción, inmovilización, utilización de irritantes y descargas eléctricas prolongadas y reiterativas”.

14 quemaduras que encajan con “al menos siete disparos o aplicaciones”

Ahora, la ampliación entra en detalles para intentar casar el estado en que quedó el cadáver con lo que se observa en los vídeos de la intervención policial (dos de las cámaras interiores del local y dos de las cámaras asociadas a las pistolas táser).

El cuerpo de Haitam, dice el especialista, tenía 86 “lesiones externas objetivables”: diez en cabeza y cuello, 12 en torso y flancos, 29 en extremidades superiores (16 en el miembro derecho y 13 en el izquierdo); y 35 en extremidades inferiores.

El informe describe las lesiones por el uso de la táser, reflejado en varias quemaduras de segundo grado: el cuerpo presentaba 14 lesiones cutáneas que encajarían con “al menos siete disparos o aplicaciones” en cuatro zonas distintas: clavícula izquierda, brazo izquierdo, región lumbar derecha y dorsal baja derecha. El Gobierno respondió por escrito a dos diputados que las descargas sólo se produjeron en hombro y pierna.

El perito observa que recibió tanto descargas directas (sobre la piel) como disparos por sonda. “Debido a la configuración de estas improntas —que incluyen tanto escaras necróticas por impacto de sondas como quemaduras circulares por contacto directo (drive-stun)—, el hallazgo es consistente con la ejecución de al menos 7 disparos o aplicaciones del dispositivo sobre la economía corporal del sujeto”. Algunos de los disparos se realizan sobre el mismo lugar. Axon, fabricante de las táser, recomienda acortar las descargas y minimizar su número, así como evitar descargas simultáneas.

Además de dispararle, los seis agentes que intervinieron golpearon al hombre, le aplicaron gas irritante y le presionaron en diferentes zonas. Entre otras, Haitam tenía una lesión contusa en la cabeza “de gran amplitud que afecta a la región frontal”, alargada e irregular. Sus características “sugieren” una “transmisión de energía cinética de gran intensidad”. En los vídeos se observa a un agente que golpea a Haitam en la cabeza usando un cartel metálico. El especialista señala que el golpe pudo ser de tal fuerza que causara una “depresión” de la pared anterior del seno frontal.

También registra una lesión en el cuello “compatible con maniobras de contención y compresión extrínseca cervical”, por ejemplo un “mataleón”, y una marca que sugiere “lesión por pisada o aplastamiento” en la nuca y dorsal superior. Según se observa en los vídeos, un agente aseguró a los servicios médicos que “en ningún momento” le habían presionado sobre tórax o cuello.

La mayor parte de las lesiones se acumulan sobre el brazo derecho y las dos piernas, especialmente en los tobillos, sobre los que los agentes estuvieron de pie alrededor de 15 minutos con el fin de mantenerlo inmóvil.

“Correlación” entre las lesiones y los vídeos

Curiel resalta que “existe una correlación topográfica entre las lesiones objetivadas y los vídeos visionados” y que todas se produjeron cerca de la hora del deceso: “Todas las lesiones presentan signos de vitalidad (intra-vitam), con respuestas inflamatorias activas que indican su producción en un lapso temporal cercano al fallecimiento”.

A la vista de lo anterior, Curiel concluye que “el mecanismo causal es multitraumático”, “predominando las lesiones producidas mediante el uso de gran fuerza cinética e instrumentos de contención mecánica”. Haitam presentaba un “politraumatismo de moderada-elevada energía”.

Haitam entró aquella tarde en un locutorio de Torremolinos pidiendo un cargador. Estaba muy alterado, presumiblemente bajo efectos de algún estupefaciente. Tras forcejear con el dueño, está salió corriendo y llamó al 112, quien alertó a la Policía, que acudió por un presunto robo. El vídeo completo registrado por las cámaras del local no sostiene esa hipótesis. Tampoco muestra amenazas o la actitud intimidatoria con los policías o terceros. Haitam reiteró en varias ocasiones que quería colaborar, insistió en que sólo quería cargar su móvil y ofreció su mano a la policía. Pero cuando se la dio, y el agente intentó engrilletarlo, el móvil se le escurrió e intentó recuperarlo forcejeando con el agente. Veinte minutos después había muerto.

Los vídeos de aquella tarde, desvelados en su integridad por elDiario.es, muestran que los agentes golpearon en la cabeza, presionaron a Haitam sobre piernas, hombros y tórax, y descargaron su pistola táser (entre 1.500 y 2.000 voltios) en varias ocasiones. Once, según la familia, “al menos siete”, según el perito.

La jueza espera la autopsia del Instituto de Medicina Legal

Aitor Curiel examinó el cadáver minutos después de que la familia recibiera autorización judicial para recuperar el cuerpo. Habían pasado unos veinte días desde el fallecimiento. La familia tomó la precaución de documentar en vídeo el traslado desde el Instituto de Medicina Legal hasta la sala de autopsias para no romper la cadena de custodia.

La ampliación complementa el informe de autopsia encargado por la familia al doctor Curiel,  que debe servir de contraste al informe que elabore el Instituto de Medicina Legal, que aún no ha sido entregado.

El pasado 16 de febrero la jueza, con el apoyo del fiscal, archivó provisionalmente la investigación hasta que llegue el informe definitivo de autopsia del IML, pendiente del análisis toxicológico. Razona que hasta ahora no hay ningún “elemento jurídico ni fáctico” en la causa “que posibilite una calificación jurídica distinta de fallecido”.

En las diligencias ya constan el atestado, el informe balístico de las táser, las cámaras de seguridad y el informe preliminar de autopsia, pero la jueza ha ido rechazando otras diligencias propuestas por la familia (como la toma de declaración de testigos o investigados y el aseguramiento de las comunicaciones) hasta recibir el informe definitivo de autopsia.

Los abogados de la familia han elevado una queja al Consejo General del Poder Judicial. Creen que estas decisiones ponen en riesgo la investigación por la posible alteración de pruebas, y denuncian que está bloqueando su derecho a recurrir al no dar trámite a sus escritos.

La Junta de Andalucía sufre desde la noche del miércoles una caída de sus servicios digitales que en la mañana del jueves aún bloqueaba los procedimientos telemáticos en la Administración, desde solicitar cita médica o plaza en un colegio para el próximo curso (en pleno periodo de escolarización) a realizar procedimientos de licitación, ayudas o sanciones.

La “indisponibilidad temporal de los servicios digitales de la Junta” afecta a todas las consejerías, confirman fuentes del Ejecutivo autonómico. A mediodía se han restablecido algunos servicios, como la posibilidad de solicitar cita médica a través de Salud Responde. Poco después se ha restablecido el acceso a la tarjeta virtual sanitaria, que se estrena hoy.

La afección está siendo “amplia” debido al “elevado nivel de digitalización”, admiten desde la Junta, que no ha ofrecido un listado completo de los servicios afectados. Este medio ha podido comprobar incidencias en servicios sanitarios, gestiones administrativas y procedimientos internos. Durante la mañana era imposible acceder a servicios que requieren firma o certificado digital. La Junta descarta que la incidencia obdezca a “ningún patrón de comportamiento de ciberataque”.

“La Agencia Digital de Andalucía (ADA) está atendiendo una incidencia en la infraestructura de red y telecomunicaciones que está afectando en estos momentos a los servicios digitales de la Junta de Andalucía”, explican desde la Consejería de Industria, donde está integrada la ADA. La Agencia trata ahora de levantar el sistema “reconfigurando su explotación” con “carácter urgente y prioritario”.

Desde la Consejería de Industria avisan de que “la ciudadanía que necesite presentar documentación electrónica dirigida a la Administración de la Junta de Andalucía podrá hacerlo a través del Registro Electrónico General de la Administración General del Estado, a través de este enlace: https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ServiciosElectronicos/RegistroElectronicoGeneral.html

Afección en centros educativos y centros de salud

Se trata de un problema localizado y acotado, principalmente, en los servicios de identificación y firma electrónica, lo que impide temporalmente el acceso a las aplicaciones que lo requieren. Entre los sistemas caídos están las aplicaciones que prestan servicio directo a la ciudadanía como el Registro Electrónico para la presentación de documentación, Carpeta Ciudadana, Tarjeta Sanitaria Virtual y las notificaciones electrónicas.

La incidencia afecta a Séneca, el sistema informático con el que trabajan los centros educativos (ahora embarcado en el arranque del proceso de escolarización para el curso 2026-2027 y en la evaluación del segundo trimestre), como a Diraya, que permite gestionar el sistema sanitario andaluz, según confirman diversas fuentes. En algunos centros de salud los sanitarios no podían acceder esta mañana al sistema de citas.

El director de la Asociación de Directoras y Directores de IES de Andalucía (ADIAN) confirma que “hay una caída del sistema Séneca, que es por donde lo hacemos todo, desde los trámites administrativos a los trámites académicos”. Pero la caída va más allá de los dos grandes servicios públicos que presta la administración autonómica. Ni siquiera se ha publicado este miércoles el último Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

La directora de un colegio sevillano explica que ya este miércoles no pudieron firmar digitalmente las actas de evaluación. “Estamos parados, ya que al no poderse firmar tampoco se pueden subir a Seneca, por lo que los equipos directivos tendremos que revisarlas durante nuestras vacaciones o a la vuelta de ellas atrasando todo el trabajo”, lamenta: “Tampoco podemos subir los boletines de notas y los informes del alumnado al punto de recogida para que las familias los puedan recibir mañana. Habrá que hacerlo todo mañana, con suerte, mientras atendemos al alumnado”. Tampoco las familias pueden teletramitar las solicitudes. La Consejería de DEsarrollo Educativo confirma que se ampliarán los plazos afectados.

También se están viendo afectadas por esta incidencia informática herramientas digitales de uso interno por el personal empleado público de la Junta de Andalucía, como Portafirmas, Bandeja, Cronos y Sirhus.

Puesta en funcionamiento de la tarjeta sanitaria virtual

La Junta de Andalucía no ha aclarado aún el origen de la incidencia. Por ahora, ha descartado que tenga relación con un colapso del sistema por la convocatoria del concurso abierto y permanente, como barruntaban fuenten sindicales.

Este jueves 26 de marzo estaba prevista la puesta en funcionamiento de la tarjeta sanitaria virtual para las personas con cobertura sanitaria pública que residen en Andalucía. El pasado lunes se realizó la actualización de la aplicación TS-Diraya Tarjetas Sanitarias a la versión 3.0. Se trata de una de las grandes apuestas de la Estrategia de Salud Digital 2030, un código digital incorporado que permitirá la identificación inmediata mediante un QR dinámico incorporado al teléfono móvil. Se puede descargar desde la aplicación móvil Salud Andalucía o en ClicSalud+. En una primera fase de implantación se podrá hacer uso de ella para la dispensación de medicación en la farmacia y para la identificación en cualquier centro sanitario.

En plena refriega política y mediática sobre las previsiones del impacto que tendrá la interrupción del AVE directo a Málaga en el potente sector turístico de la Costa del Sol, la Junta de Andalucía ha publicado la nueva entrega de la Encuesta de Ocupación Hotelera. Y esta contiene un dato que sugiere que el impacto sobre el turismo en Málaga ha sido, de momento, limitado: en febrero, cuando el AVE ya llevaba 12 días interrumpido tras el accidente en Adamuz, visitaron los hoteles de la provincia menos personas que en febrero de 2025, pero el número total de pernoctaciones fue mayor porque la estancia media de los turistas se alargó.

De esta forma, los hoteles malagueños registraron 1.137.839 estancias, un 1% más que hace un año, gracias sobre todo al tirón del turismo procedente del extranjero, que compensó con creces la caída del turismo nacional, más expuesto a la interrupción del servicio ferroviario directo.

Los hoteles de Málaga recibieron 343.155 viajeros en febrero de 2026 (dato provisional), un 2,2% menos que en febrero de 2025, que ya experimentó una caída del 6% respecto a febrero de 2024, cuando se produjo el pico de viajeros de la serie histórica. La caída en el número de visitantes no es exclusiva de Málaga, sino que se refleja también a nivel andaluz. Pero en Málaga no se traduce en un descenso del número de pernoctaciones, gracias al turismo internacional y el incremento de la estancia media, de 3,2 a 3,3 días por turista.

Durante la semana pasada, responsables de la Junta de Andalucía y de la Diputación de Málaga, ambas gobernadas por el PP, cargaron con altas dosis de alarmismo las quejas por los incumplimientos de los plazos para la reapertura de la vía de alta velocidad a la altura de Álora. El consejero de Turismo, Arturo Bernal, aseguró que la Semana Santa está “perdida definitivamente”, la consejera de Hacienda Carolina España expuso que Málaga está “aislada” y el propio Presidente, Juan Manuel Moreno, alertó de un impacto estimado en 1.300 millones de euros, sin desglosar el periodo ni los conceptos incluidos. España anunció que la Junta de Andalucía estudiaba acciones legales contra ADIF o el Ministerio, y animaba a los empresarios a hacer lo mismo.

Fortaleza del turismo internacional, descenso del nacional

La cifra publicada este martes por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA, una especie de INE andaluz) pone en cuestión las previsiones más derrotistas y sugiere que, al menos hasta febrero, el turismo hotelero volvió a crecer. Febrero es uno de los meses tradicionalmente flojos en la Costa del Sol y Málaga, nada comparable al arranque de la temporada alta que marca precisamente la Semana Santa, pero en los últimos años ha ido ganando peso al tiempo que la Junta se esforzaba por desestacionalizar el turismo.

Los datos del IECA muestran también que es el turista internacional el que sostiene el tirón turístico de Málaga. Baja un 10,1% el turismo nacional, para el que el AVE representa en torno al 10% de las llegadas (el 11,4%, según el Observatorio de Turismo Sostenible del Ayuntamiento de Málaga), mientras sube un 3,3% el número de turistas internacionales, que sigue siendo el mayoritario, el que más gasta y el que más días alarga la estancia: cuatro días de media. El aumento se debe al refuerzo del aeropuerto internacional de Málaga (el cuarto de España), que ha programado más vuelos (+1,9%) y recibido más pasajeros (+3,5%) que en febrero de 2025.

Este medio ha pedido también los datos de ocupación en febrero a la patronal de viviendas turísticas, sin obtenerlos.

Servicio directo interrumpido

Málaga y Madrid no tienen conexión directa de alta velocidad ferroviaria desde el 18 de enero, fecha del accidente en Adamuz en el que murieron 46 personas. El 4 de febrero, las intensas lluvias provocaron el deslizamiento de un talud sobre la vía a la altura de Álora (Málaga). Por ese motivo, el AVE Madrid-Málaga se interrumpe en Antequera, desde donde Renfe ofrece completar el trayecto en autobús. Según Renfe, unas 3.000 personas hacen uso de esta opción cada día.

El pasado 16 de marzo el presidente de ADIF anunció que la línea de alta velocidad que une Málaga con Madrid (y por tanto con el resto de España) no reabrirá completa antes de la última semana de abril, “como mínimo”, debido a que las obras para despejar la vía son de mayor envergadura de lo que se había previsto.

ADIF trabaja allí con 75 operarios, 23 máquinas y turnos de 24 horas, según explicó Puente. Sin embargo, esos turnos no se aplicaron hasta hace tres semanas, y esta es la tercera fecha estimada de reapertura.

Choque político

El nuevo retraso fue el punto de inflexión del enfrentamiento entre el Gobierno y la Junta de Andalucía, cuyos dirigentes llevaban días advirtiendo del impacto sobre el sector turístico, principal motor de la economía malagueña.

El conflicto escaló de nivel con la irrupción de Óscar Puente, quien desacreditó un dato sin contrastar divulgado, en privado y sin desglose, por la patronal. Un titular de Sur señalaba que las pérdidas ascenderían a 1.300 millones de euros “en Semana Santa”, aunque en la información se explicaba que era una estimación de pérdidas indirectas durante los dos meses hasta el 23 de marzo, contando con que la vía reabriría ese día. Es decir, sin contar Semana Santa. Oficialmente, la patronal dijo no saber nada de esa cifra, y se ha limitado por ahora a avanzar que el descenso de reservas es del 26%. Estaba previsto que publicara una estimación a finales de la semana pasada, pero ahora nada se sabe.

Entre tanto, la previsión de los 1.300 millones había cobrado vida propia: se divulgó sin contexto en las redes sociales y fue aventada por dirigentes del PP, incluido el propio Moreno, hasta que Puente advirtió de que aventurar esas pérdidas en Semana Santa era un “disparate”, y acusó a quienes usaban el dato de “buleros” y “mamporreros de quinta”. Una pérdida de tal calibre en sólo nueve días equivaldría a decir que cada turista que visitó Málaga en la pasada Semana Santa se gastó 17.000 euros.

A pesar de que la propia patronal llamó a la calma, con el presidente de AEHCOS asegurando que la Semana Santa no será tan mala como se estaba pintando, España elevó el tono grabando un vídeo junto a los autobuses dispuestos por Renfe en la estación María Zambrano de Málaga.

El Gobierno de Moreno ha detectado un punto en el que percutir sobre el Gobierno de Sánchez justo a las puertas de unas elecciones autonómicas, convocadas ya para el 17 de mayo. La cuestión, además, enlaza bien con otras reclamaciones al Gobierno central a cuenta de las carencias de infraestructuras en una provincia Junta en franco crecimiento: falta un Cercanías hasta Marbella y la A7 está saturada.

De ahí que el PP haya pedido alternativas como la bonificación de los peajes en la autovía de Málaga o incentivos fiscales para los vuelos a Málaga. También ha planteado el posible uso de Cercanías desde Antequera por vía convencional, una propuesta rechazada por Renfe, que alega que faltan máquinas y maquinistas para eso.

Por su parte, Puente ha publicado un vídeo para hacer ver la complejidad de los trabajos, mientras el subdelegado del Gobierno en Málaga evitó acudir este lunes a una reunión telemática sobre “análisis y medidas ante la falta de AVE Madrid-Málaga en Semana Santa”, convocada el sábado por el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía.

El hermano de Haitam Mejri ha pedido este lunes al Gobierno y a la jueza que investiga la muerte de su hermano que “abran los ojos” ante los vídeos publicados por este medio en los últimos días, grabados por las cámaras del local y las cámaras asociadas a las táser, y que constan en las diligencias previas. “En el vídeo no se ve un enfrentamiento, sino un asesinato encubierto”, ha señalado Nasser, en la línea ya avanzada por su abogado en diciembre. “La Justicia no funciona para todas las personas por igual. Uno tiene que mover cielo y tierra para demostrar lo que ya se ve en los vídeos”.

El hermano de Haitam ha ofrecido una rueda de prensa junto a Toni Morillas, portavoz de Con Málaga, y Toni Valero (diputado de IU), quien ha anunciado que Sumar presentará una Proposición No de Ley para pedir al Gobierno que restrinja el uso del arma, que produce descargas de entre 1.000 y 2.000 voltios cuya acumulación y repetición sobre algunas personas puede causar la muerte, a situaciones muy excepcionales en las que haya riesgo vital. También pretende que se prohíba el uso en contacto directo y las descargas reiteradas y prolongadas.

Toni Morillas, coordinadora provincial de IU, ha denunciado que fue “víctima de la brutalidad”. “No es un testimonio, son hechos probados y contrastados. Y sólo se han encontrado con mentiras por parte de las instituciones que deben esclarecer los hechos. Estamos ante un caso de racismo y de violencia policial que no cabe en una democracia y no debe de quedar impune”, ha señalado.

Haitam falleció el 7 de diciembre en un locutorio de Torremolinos después de recibir entre ocho y once descargas eléctricas de dos pistolas táser, inhalar gas irritante, recibir golpes y ser inmovilizado bajo presión en tórax y piernas durante una intervención de seis agentes de Policía que luego no revelaron a los sanitarios que habían disparado la táser, y dijeron inicialmente que se había “caído” mientras lo reducían.

El pasado 16 de febrero la jueza archivó provisionalmente la investigación hasta recibir el informe definitivo de la autopsia; por su parte, el Gobierno respondió a dos diputados que la actuación policía había cumplido “escrupulosamente” los protocolos y respondió a los criterios de “oportunidad, congruencia y proporcionalidad”.

Incumplimientos del protocolo

El hermano del fallecido ha enumerado todos los incumplimientos del protocolo de uso de la Policía Nacional, aprobado en 2021. Ese documento exige que las táser se usen sólo como última opción, agotando las demás opciones y en casos graves. “Todos los indicios visuales contradicen esto. No fue el último recurso”, ha protestado el hermano, recordando que Haitam, que estaba “nervioso y asustado” pero manifestó en más de una decena de veces su voluntad de colaborar, no atacó ni amenazó a ningún agente, hasta el punto de que uno de ellos se acercó a 30 centímetros de él “porque no vio peligro”. Ni siquiera se le escucha insultar a los agentes en toda la intervención.

Nasser extendió su mano para dársela al policía que portaba la primera táser, y es al retraerla para que no se le caiga el móvil cuando entre tres intentan reducirlo, y entra en acción la segunda táser, descargada por la espalda en la zona lumbar. A continuación, se produce una ristra de descargas, cinco en apenas medio minuto. “Descargas múltiples e indiscriminadas, cuando el protocolo dice que el uso es mínimo e indispensable”.

La familia cuenta once descargas. “La primera lo tumba. Luego el mismo le mete dos. Luego cuatro más del otro agente, y otra más del primero. Van ocho. Una vez engrilletado, dos más: espalda y otra. Ya pisoteado y sin fuerza, un agente le rocía con spray pimienta. A la petición de ”dale más“, le dan la undécima a modo de tortura, no tiene otra explicación”. “Ninguna norma autoriza a dar descargas hasta dejar una persona inconsciente. El manual dice que hay que evaluar después de cada descarga”.

El hermano de Haitam, que tenía 35 años, también ha denunciado los cinco minutos que pasaron entre que dijeron “este ya ha muerto” y empezaron la reanimación, y el mero uso de la táser contra una persona en estado de agitación mental, algo que el fabricante Axon desaconseja.

Respuesta con “numerosas falsedades”

La familia denuncia la falta de respuesta de las instituciones. “Si esto es una actuación correcta, a lo mejor el problema no es la mentalidad sádica de los policías, sino el protocolo en sí”, ha señalado Nasser, que ha acusado a los agentes de mentir y tergiversar los hechos. En el atestado posterior se indica que le arrebataron las tijeras (escolares) que llevaba y que gritaba en árabe; en el vídeo se refleja que él suelta las tijeras y que informa a los agentes, a quienes no amenaza ni insulta, de que va a rezar tras repetir insistentemente que quiere colaborar.

A la familia le dolió mucho la puesta en circulación de versiones apócrifas de un supuesto intento robo, de amenazas o incluso de proclamas islamistas, que los vídeos completos de la intervención, de 3 horas y 40 minutos, no reflejan.

El pasado 16 de febrero, más de dos meses después de la intervención, el Gobierno respondió a dos diputados asegurando que la actuación había cumplido “escrupulosamente” el protocolo. En esa respuesta, el Gobierno admitía que existían al menos cuatro vídeos que habían registrado lo ocurrido. “Han dado una respuesta sin preocuparse siquiera de ver los vídeos”, ha comentado Valero, quien ha vuelto a registrar una pregunta al Gobierno ante las “numerosas falsedades” que contenía la primera.

“Las respuestas que nos dieron no se corresponden con lo que todo el mundo ya sabe: se nos dijo que desobedecía, pero queda claro que no llevaba objeto peligroso, no actitud amenazante, dice voy a colaborar no quiero morir. Que fue proporcional, pero esto no casa con el uso reiterado de la táser, incluso con él ya reducido. Se nos dijo que no hubo presión sobre cuellos y tórax, no fue así. Se nos dijo que contaban con la formación adecuada, y esto nos genera más preocupación aún”.

“A nuestro juicio, la muerte es consecuencia de intervención desproporcionada, brutal y racista”, ha señalado el diputado de IU, quien ha denunciado la falta de respuesta disciplinaria: “Nadie entiende que sigan en la calle como si nada hubiese pasado”.

También han criticado la instrucción judicial, archivada provisionalmente hasta que llegue el informe definitivo de autopsia. Entre tanto, la jueza ha denegado diligencias como la toma de testificales o la preservación de las comunicaciones entre los agentes o, incluso, con ella misma en los días posteriores. También ha denegado sacar copia testimoniada de lo que ya hay en las diligencias (sobre todo los vídeos) para evitar las consecuencias de una posible pérdida.

Según ha denunciado, la familia aún no tiene el informe completo de la autopsia, tan sólo el previo, motivo por el cual encargaron un informe de parte que concluye que la intervención policial fue decisiva en la muerte. “Nos obligó a hacer una autopsia fuera del Instituto de Medicina Legal y pasamos 24 días sin ver el cuerpo de mi hermano”, ha lamentado Mejri, quien ha concluido pidiendo que se aparte ya a los agentes: “Ante unos hechos así están en libertad, y ni siquiera están imputados porque no ven ningún delito. Deben depurar responsabilidades porque los hechos son irrefutables. No deberían estar ni un día más vistiendo el traje de la Policía”.

Haitam Mejri, de 35 años, falleció el 7 de diciembre en un locutorio de Torremolinos tras recibir entre ocho y 11 descargas táser, inhalar gas irritante, recibir golpes y ser presionado en piernas y tronco durante una intervención de seis agentes de la Policía. Un juzgado de instrucción ha archivado provisionalmente la investigación a la espera de que el informe final de autopsia determine las causas de la muerte del hombre, que también padecía patologías cardiacas y habría consumido estupefacientes. La familia sostiene que el uso desproporcionado y consciente de la fuerza por parte de la Policía fue decisivo para el fallecimiento, y su abogado apreció indicios de un delito de asesinato en una rueda de prensa.

Durante la semana, elDiario.es Andalucía ha publicado extractos de la intervención completa registrada en vídeo por dos cámaras desde el interior del local, así como de los dos vídeos más cortos grabados por las cámaras asociadas a las dos táser. El vídeo que acompaña a esta información se ha elaborado vinculando las dos grabaciones íntegras registradas por las cámaras corporales.

En ellos se observa sin cortes lo sucedido desde que los dos primeros agentes llegan al locutorio, ya con una de las pistolas en la mano, hasta que los dos agentes que las portaban interrumpen la grabación simultáneamente, tras mantener este diálogo:

– Esto cómo se para de grabar? ¿Dándole o cómo es?

– Le doy yo, que el mío no graba. ¿Le quieres dar?

– El tuyo está grabando, mira la cámara encendida. Está grabando también.

Entre ocho y 11 descargas en nueve minutos

Entre esos dos instantes, dispararon un mínimo de ocho veces entre los dos. La familia cuenta 11. Hay varias ocasiones en las que este medio no ha podido discernir si se trata de dos disparos seguidos o uno largo, de modo que ha escogido la cifra conservadora.

El primer agente ya lleva la pistola desenfundada nada más entrar. Un minuto antes de disparar, cuando ya está cerca, la señala y pregunta a Haitam: “¿Estás viendo esto?”. Un minuto después se dan la mano, pero cuando tratan de engrilletarlo un móvil se resbala y Haitam trata de cogerlo. Ahí arranca el forcejeo, en el que entre tres agentes acaban tumbando al hombre.

Todos los disparos se producen con él en el suelo, según se observa en las grabaciones. Al menos cinco de las descargas, de entre 1.000 y 2.000 voltios, ocurren en un intervalo de unos 30 segundos, mientras él grita y se retuerce de dolor, y las tres últimas descargas ocurren con él aparentemente reducido, minutos después de que uno de los policías diga: “¡Hala, engrilletado!”. Los agentes hablan entonces de evitar “que se venga arriba”, según se escucha en el vídeo.

En varias ocasiones, la grabación recoge que alguno de los policías animó a seguir descargando: “Tráete el táser, tráete el táser”. “Lo tengo aquí”. “Métele otra vez, métele, métele. Métele, que no se venga arriba”. A continuación, llegan dos descargas, casi tres minutos después de la primera (5:29 y 5:34 en el vídeo). Un par de minutos después, se escucha a un agente susurrar “métele más táser” (7:58). “No, porque ya está todo el mundo ahí mirando”, le advierten.

El problema parece ser engrilletarlo también de los pies y sacarlo del local, por lo que piden una ambulancia para darle un “pinchazo”. Sin embargo, finalmente deciden volver a dispararle (9:45), casi siete minutos después del primer disparo, según se escucha. “Dale, dale, dale, que se viene arriba”. Pocos segundos después la grabación se interrumpe.

Los sanitarios, que llegan a la escena minutos después, comentan entre sí su desconfianza hacia el relato inicial de los agentes, y vuelven a pedir explicaciones a los agentes. Según se oye y se ve en los vídeos del local, estos no les informan del uso del táser.

El protocolo pide “extremar las medidas de seguridad”

El Ministerio nunca ha publicado el protocolo de uso de las táser, recogido en una resolución de la Dirección General de la Policía de 21 de diciembre de 2020, ignorando al Consejo de Transparencia, que le instó a hacerlo a instancias de Civio. El abogado de la familia ha solicitado a la jueza que lo incorpore a la causa, pero esta ha denegado todas las diligencias hasta contar con el informe definitivo de autopsia.

Este medio ha tenido acceso al protocolo, que señala que “vista la capacidad lesiva” de la táser “se deben extremar las medidas de seguridad así como la diligencia requerida en su manipulación y utilización, con la finalidad de evitar que el propio personal policial o terceras personas puedan resultar afectados por un uso indebido del mismo”. Las precauciones deben ser las mismas que para cualquier arma de fuego, advierte el documento.  

La táser se puede usar por contacto directo (bornes) como instrumento “eminentemente disuasorio”, “excepcionalmente utilizable como elemento de control y reducción”. “Será necesario haber agotado todas las vías de diálogo, negociación y mediación posibles, advirtiendo de manera clara a la persona requerida que se hará uso del dispositivo si no depone su actitud”. Según se observa en el vídeo, el primer agente que disparó le dijo a Haitam: “¿Estás viendo esto?”.

Su utilización se limita a situaciones en las que haya que “reducir o inmovilizar a una persona que amenace o tenga una actitud violenta” hacia los agentes o terceros y haya habido agresión previa o previsible, si no se puede controlar por otros medios. También se contempla en situaciones donde haya que “reducir o inmovilizar a una persona que muestra una resistencia activa, que ponga en riesgo la integridad física del personal policial, de terceros o la seguridad ciudadana”.

Los vídeos no muestran amenazas ni actitud violenta de Haitam, que señaló en múltiples ocasiones su voluntad de “colaborar” y “trabajar con vosotros”, y soltó las pequeñas tijeras que llevaba en la mano. Cuando fue reducido sí forcejeó con los agentes, según se ve en los vídeos.

Axon recomienda evitar descargas simultáneas

Salvo circunstancias excepcionales en que pueda servir para evitar un daño mayor, no se debe usar “en aquellos espacios o circunstancias en las cuales se pueda poner en riesgo la integridad física de las personas”. Axon, la fabricante de la táser, desaconseja su uso contra personas bajo los efectos de las drogas o bajo “delirio agitado”, porque “puede causar o contribuir a la muerte súbita”. Axon también recomienda acortar las descargas y minimizar su número, así como evitar descargas simultáneas, según el documento publicado por Associated Press y Civio, en España. Nada de esto se incorpora al protocolo de Interior, ni a los protocolos de la decena de municipios analizados por Civio.   

Después de usar la táser se debe informar inmediatamente a la jefatura de unidad, facilitar la asistencia médica e informar a la autoridad judicial. En caso de lesión, aunque sea leve, debe redactarse un parte de intervención y comparecencia para explicar la actuación. En los vídeos de la intervención completa grabados por las cámaras del local no se escucha a los agentes informar a los sanitarios del uso de la táser. Sí informaron al inspector de Homicidios de una “pequeña descarga”, pese a lo cual “ni se inmuta”.

Dos diputados denuncian “numerosas falsedades”

El Gobierno respaldó esta actuación, asegurando en una respuesta parlamentaria registrada el pasado 16 de febrero que los dos agentes que usaron las pistolas táser “cumplieron escrupulosamente” con las directrices para su uso. Según esa respuesta, la actuación se ajustó a los principios de “congruencia, oportunidad y proporcionalidad” atendiendo al “tipo de situación”, la “forma” en que se usó (“descarga por contacto”, la menos lesiva según se dice) y las zonas del cuerpo donde el hombre recibió las descargas, hombro y pierna.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, pidió este jueves esperar a “que la investigación concluya”, y se remitió al protocolo no publicado, asegurando que está “perfectamente definido y diseñado”. 

A la vista de los vídeos publicados en exclusiva por elDiario.es, Toni Valero y Enrique Santiago (diputados de IU integrados en el Grupo Sumar) han registrado una nueva pregunta, en la que denuncian que la primera respuesta del Gobierno contiene “numerosas falsedades”.

“¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para garantizar que las respuestas a las iniciativas parlamentarias se ajusten a la veracidad y exactitud debidas, evitando contestaciones que no reflejen fielmente la realidad de los hechos?”, le preguntan, antes de volver a cuestionar si la actuación policial fue correcta y se ajustó a la legalidad. También preguntan si se ha incoado expediente disciplinario o suspendido a los agentes.

Un arma “disuasoria” de uso cada vez más extendido

La táser es un arma disuasoria fabricada por la empresa estadounidense Axon que paraliza al objetivo mediante la aplicación de impulsos eléctricos de alto voltaje, bajo amperaje y corta duración que interfieren en las señales que el cerebro envía a los músculos, incapacitando el sistema nervioso sensorial y motor.

Se puede usar mediante la activación de los bornes de su extremo o disparando los dos cartuchos que contienen dos sondas cada uno, propulsados por un gas inerte hasta el objetivo. El Ministerio del Interior empezó a distribuirlas en 2020. Es necesario estar habilitado para su uso, restringido como último recurso, si existe un riesgo grave para los agentes, la persona o terceros.

Llevan asociadas una cámara corporal que registra lo que sucede en función de pregrabación y se activa automáticamente al desenfundar el arma, quitar el seguro o disparar, según su configuración. Cuando se activa, guarda también los momentos previos. En este caso, una de las grabaciones recoge la intervención desde la llegada de los dos primeros agentes al locutorio. La otra recoge lo ocurrido desde 30 segundos antes de dispararse. Ambas se interrumpen a la vez.

El uso del táser se ha extendido en los últimos años ante la alarma de organizaciones internacionales. El Comité de Naciones Unidas Contra la Tortura, en su informe de 2009, expresó su preocupación de que el arma se estuviera generalizando entre las policías locales en España e instó a dejar de usarlas por la posible vulneración de los artículos 2 y 16 de la Convención (prevención de la tortura y de trato cruel, inhumano o degradante, respectivamente).

Amnistía Internacional ha pedido que se apruebe una regulación estatal que delimite claramente su uso para evitar posibles abusos. Según una investigación internacional de la organización, los organismos encargados de hacer cumplir la ley “abusan de forma generalizada” de estos dispositivos “debido a la alarmante falta de regulación”.

Haitam Mejri, de 35 años, que murió el pasado 7 de diciembre en Torremolinos durante una intervención policial en la que participaron seis agentes y en la que recibió una decena de descargas eléctricas con pistolas táser, ha estado muy presente en la manifestación antirracista celebrada este sábado en Málaga. En la protesta han participado unas 200 personas y se han coreado consignas como “Haitam, hermano, nosotros no olvidamos”, “No son muertes, son asesinatos” o “No es un caso aislado, es racismo de Estado”.

El acto, convocado por varias asociaciones bajo el paraguas del Movimiento Antirracista de Málaga, ha tenido como eje que este 21 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Al acto han acudido familiares de Haitam Mejri, al que se ha hecho mención expresa en el manifiesto que se ha leído, en el que se ha denunciado que “no hay seguridad en la injusticia, ni hay justicia en el archivo y falta de diligencias en la investigación de las causas: no hay seguridad en la impunidad”.

El texto carga contra la Policía, que “abrió fuego contra su memoria mintiendo al personal sanitario” cuando llegaron al establecimiento donde el asesinato ocurrió, y “siguieron disparando junto con el Estado, al definir los hechos como una actuación proporcional, tal y como ha respaldado y sostenido el Gobierno más progresista”. Además, “el Estado dispara justificando que esos seis agentes sigan desde ese día en activo”, achacando lo ocurrido a una cuestión de seguridad. “¿Seguridad para quién? Para nuestras comunidades desde luego que no”.

“Fomento” del racismo, la xenofobia y la intolerancia

La marcha ha iniciado su recorrido en la Plaza de Capuchinos, frente al antiguo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga, y durante la misma se ha cargado contra una Policía “que no sólo mata a nuestros hermanos, nos criminaliza mediante las detenciones por perfilamiento racial”. Los asistentes han lamentado también que “en una ciudad como la de Málaga” no sólo no se desoyen los mandatos internacionales, “sino que se fomentan el racismo, la xenofobia y la intolerancia”, como cuando el gobierno local del PP “se posicionó en contra la regularización de las personas migrantes bajo pretextos racista”.

Los manifestantes han lanzado también mensajes como “Justicia ya, no a la impunidad”, “Basta ya de abuso policial” o “Aquí estamos, nosotros no matamos ni tampoco torturamos”. Algunos vestían camisetas con el rostro de Haitam Mejri junto a la palabra “Justicia”, portando pancartas con lemas como Tu historia no será silenciada, No nos vamos a rendir, Haitam no merecía morir así o 6 implicados ¿ningún imputado? Justicia!!! o La verdad jamás será silenciada.

La jueza del caso, que está a la espera el informe definitivo de la autopsia, ha decidido archivar provisionalmente las actuaciones hasta que lo reciba, por lo que no ha practicado ninguna de las diligencias solicitadas por los abogados de la acusación. Lo que sí se conoce ya es el informe pericial encargado por la familia, que concluye que el hombre falleció por una insuficiencia cardiorrespiratoria severa causada por la presión que ejercieron los agentes sobre cuello y tórax, unida al uso de gas irritante y una decena de descargas eléctricas con pistolas táser.

Nasser, su hermano: “Esa gente no puede estar en la calle”

En el acto ha habido representantes del Sindicato de Manteros de Sevilla en homenaje a Mamouth Bakoum, el vendedor ambulante senegalés ahogado en el Guadalquivir cuando huía de la Policía, en diciembre de 2024. Y también ha acudido Nasser Mejri, hermano de Haitam, que ha señalado que la familia sigue “impotente y con mucha tristeza” cómo se desarrolla el caso, a la espera de una respuesta de la jueza o del fiscal. 

Tras la publicación por este periódico de las imágenes en las que se apreciaba la muerte de Haitam, su hermano confía en que “con la presión ya no se crean que somos cuatro gatos de Málaga y vean que España entera tiene el foco puesto en cómo instruye la jueza”. La familia espera que la magistrada “sea un poquito más contundente y haga su trabajo como debería hacerlo, porque a la vista está que no se pueden contradecir los vídeos y las imágenes”, lo que contrasta con la situación de los policías: “Esa gente no puede estar en la calle disfrutando de su libertad y mi hermano lleva tres meses enterrado”.

En cuanto a su presencia en la manifestación, Nasser considera que era importante porque simboliza “una lucha en contra de las víctimas racializadas, y mi hermano es un caso de esos”. “No podemos callar ante estas injusticias porque cualquier vida importa por igual”, y pese al impacto por la muerte de Haitam, considera que todavía cuentan con la baza de los vídeos: “Por desgracia, hay mucha gente que su intervención o fallecimiento no ha sido grabado y documentado, y entonces se cree antes al testimonio de un agente de la autoridad que al de la persona o la familia”, casos que en su mayoría “suelen quedar archivados y metidos en el cajón”.

Para Nasser, “lo que me demuestra a mí que fue un acto racista es que en cuanto llegan los sanitarios la primera justificación de ellos es que entró con unas tijeras gritando ”Allah akbar“, como si fuera a poner una bomba”. “Ni mi hermano ni yo sabemos ni leer ni escribir en árabe porque estamos aquí desde la guardería”, ya que su familia lleva alrededor de 30 años, donde regenta un bar.

La polémica política por la suspensión de la línea alta velocidad Málaga-Madrid hasta finales de abril “como mínimo” ha subido de decibelios en las últimas horas, cuando el presidente de la Junta de Andalucía ha asumido sin contrastar un dato de las supuestas pérdidas millonarias del corte ferroviario. El ministro Óscar Puente, ministro de Transportes, ha acusado a la Junta de Andalucía de tener un “grado de manipulación preocupante” y sostener un “disparate” por asegurar que las pérdidas serán de 1.300 millones de euros.

Ese es el dato que ha divulgado Moreno en Huelva, sin aclarar de dónde lo sacaba: “¿Qué pasaría si esta misma situación que está viviendo Andalucía y Málaga sucediera con el AVE a Barcelona? Si ahora mismo llevara Barcelona sin conexión ferroviaria desde Madrid, y por tanto con otras provincias, dos meses, se hubieran ofrecido tres fechas distintas, y tuviera un impacto económico de 1.300 millones de euros, ¿cómo estarían actuando algunos?”.

El lunes, antes de conocer que el nuevo retraso afectaría a la Semana Santa, Moreno calculó el impacto del corte en 300 millones de euros, cifra que cambió a 1.300 tras el anuncio. Si se refiere a todo el periodo en el que el AVE directo esté interrumpido, se entiende mal que Moreno la eleve en 1.000 millones tras alargarse un mes más. Desde la Junta aclaran que se refiere a dos meses, del 18 de enero al 23 de marzo.

Si se ciñe al impacto de la pérdida de ingresos en Semana Santa, como ha interpretado Puente, 1.300 millones de euros es una cifra que no casa con los datos oficiales de años anteriores. El año pasado los ingresos turísticos en esa semana rondaron los 470 millones de euros en toda Andalucía, según informó la Consejería de Turismo, con un gasto medio diario de 93,36 euros. Teniendo en cuenta que Málaga concentra alrededor del 40% de las pernoctaciones hoteleras en Andalucía en Semana Santa, se puede estimar que el turismo dejó 188 millones en la provincia. Esa cifra recoge el impacto del turismo llegado por cualquier vía, pero los estudios de movilidad turística muestran que en torno a la mitad del turismo nacional llega a Málaga por carretera, y que el tren mueve alrededor del 10% de los turistas.

Asumiendo que todo ese turismo se cae, y que nadie opta por hacer el viaje en tren con transbordo en autobús desde Antequera ni sustituye el modo de desplazarse, el impacto de perder el turismo llegado en tren en Semana Santa rondaría los veinte millones de euros.

Otra manera de estimarlo es calculando el peso del AVE en situación de normalidad. Tras la incorporación de Ouigo e Iryo hace dos años, los trayectos desde Madrid son alrededor de 160 en semanas de pico, lo que garantiza unas 75.000 plazas. Asumiendo que todas fueran ocupadas, y también que todas fuesen ocupadas por turistas, cada uno tendría que gastar 17.000 euros en su visita para que Málaga dejase de ingresar 1.300 millones de euros.

Al menos tres meses sin AVE por el desprendimiento de un talud

El servicio normal en entre Málaga y Madrid se interrumpió el 18 de enero tras el accidente en Adamuz en el que murieron 46 personas. El desprendimiento de un talud sobre la vía a su paso por Álora el 4 de febrero generó el problema que ahora impide la reapertura total, para la que se han dado dos fechas (el 8 de febrero y el 23 de marzo) que no se han cumplido. Por ahora, el AVE llega hasta Antequera y desde allí se ofrece un transbordo en autobús hasta la capital, lo que alarga el viaje hasta las cuatro horas y media. Según Puente, 3.000 personas al día están usando este servicio, de modo que la interrupción no es total.

Puente también ha defendido que el retraso es inevitable desde que los técnicos comprobaron que el alcance de los daños era más grave de lo previsto, y no bastaba con retirar la tierra caída y reponer el muro. “Nos hemos visto obligados a desmontar completamente ese talud y desmontar también el muro para dar una solución definitiva y segura”, ha dicho Puente, que asegura que hay 75 trabajadores y 23 máquinas sobre el terreno, “lo que cabe en turnos de 24 horas al día, siete días a la semana”.

“Las posibilidades son las que son. Están limitadas por la física. No podemos meter más máquinas en ese talud, ni más trabajadores, ni trabajar más horas”, ha añadido. El PP denuncia que los turnos de 24 horas que no empezaron a aplicarse cuando surgió el problema, sino hace tres semanas.

Los hosteleros no tienen esa cifra

Moreno asegura que 1.300 millones es la cifra de pérdidas que le dieron los hosteleros, algo que ha reiterado Carolina España, consejera de Economía y Hacienda: “Yo no he entrado a analizar si esos datos son exactos o no son exactos. Es lo que dice el sector”.

La Asociación de Hosteleros de la Costa del Sol, la voz más autorizada en Málaga, niega que esa cifra haya salido de allí. “Nosotros esa cifra de 1.300 no la hemos dado. En ninguna de nuestras comunicaciones aparece esa cifra”, señala una portavoz. La patronal niega que esa cifra haya salido oficialmente de ellos, aunque su Presidente, José Luque, sí dijo esto en una reunión el lunes con empresarios y la delegada de la Junta Patricia Navarro, según un audio al que ha tenido acceso este medio: “Hemos puesto de manifiesto que entre gastos directamente a los hoteles son 300 millones, 1.300 son los que evaluamos que pueden ser para todo el sector”. Es decir, el impacto indirecto.

En un principio, AEHCOS había previsto comunicar su postura, se supone que incluyendo una estimación de daños, durante la tarde del jueves. Pero ahora la anuncia para el viernes o, quizás, ya el lunes. La última nota, emitida justo tras el anuncio del nuevo retraso, informa de que las reservas hoteleras han caído un 26% respecto a 2025, y advierte del impacto económico y sobre el empleo, pero no estima pérdidas. Los empresarios no ocultan su preocupación.

¿De dónde sale la cifra de 1.300 millones? Es un dato que se comenta al comienzo de una reunión de Patricia Navarro, delegada de la Junta de Andalucía en Málaga, con empresarios del sector el lunes por la mañana, según publicó Diario Sur. Pero 1.300 millones eran las pérdidas esperadas si el corte duraba hasta el 23 de marzo. Durante esa reunión se conoce que el presidente de Adif acaba de anunciar que el corte de la vía se alarga hasta “la última semana de abril”, lo que deja a la ciudad sin conexión de alta velocidad para Semana Santa. Y ahí cunde la “frustración” y la “rabia”, según Sur, por el impacto económico del retraso respecto a la fecha que se barajaba.

El periódico tituló: “La ”ruina“ por no tener alta velocidad en Málaga en Semana Santa: más de 1.300 millones de euros”, aunque en el interior matizaba que esa cifra ni siquiera incluía el impacto por la cancelación de trenes en Pascua.

La publicación en X generó decenas de comentarios denunciando la “manipulación”. Y Óscar Puente entró al trapo cargando contra el medio y sus periodistas, a los que calificó de “buleros” y “mamporreros de quinta”, enzarzándose en una dura discusión con el director del periódico, al que acusó “ridículo” por no “hacer la división de la barbaridad de cifra que os manda Moreno Bonilla”.

La Asociación de la Prensa ha calificado de “preocupante” que un ministro “recurra a la descalificación” contra periodistas.

Dos fechas incumplidas

El episodio culmina por ahora una semana de tensión creciente por el retraso en la reapertura de la conexión de alta velocidad entre Málaga y Madrid y, por tanto, con el resto de España. El nuevo retraso causó “decepción” a los empresarios y espoleó al PP, que se lanzó contra el Gobierno por los retrasos y el presunto agravio con otros territorios. Es un terreno que ya había sembrado el propio Moreno, avanzando que ya se habían “echado a perder” las previsiones turísticas durante el Festival de Cine, aunque pocos días después el festival ofreció unos datos de asistencia récord.  

Tras el nuevo retraso, muchos cargos institucionales del PP, que concentra el poder en la Junta, la Diputación de Málaga y los grandes municipios turísticos de la provincia, han martilleado con la idea, que enlaza bien con las críticas por las críticas por el colapso o carencia de otras infraestructuras, sean los atascos en la autovía A4 o la insuficiencia del Cercanías de la Costa del Sol.

El PP andaluz carga contra el Gobierno con las elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina. Carolina España, consejera de Hacienda y malagueña, habló de “ruina” y de “traición” a los malagueños. El presidente de la Diputación, Francisco Salado, aguijoneó con el “desprecio” del Gobierno a la provincia y al sector turístico, y pidió “ceses” y “dimisiones”. Y el consejero de Turismo aseguró que la Semana Santa de Málaga está “perdida definitivamente”, jugando nuevamente la carta del presunto agravio con “Cataluña o País Vasco”.

La Junta de Andalucía dice estar “estudiando” emprender acciones judiciales para reclamar al Gobierno central “responsabilidad patrimonial” por la suspensión de la conexión ferroviaria, que está causando “un daño incuantificable a la 'marca Andalucía', la 'marca Málaga' y 'Costa del Sol'”. “Alguien tiene de alguna forma que asumir esa responsabilidad”, ha señalado España en Canal Sur Radio.

Paradójicamente, ha sido el alcalde de Málaga, la ciudad supuestamente más afectada, el más comedido. Tirando de su formación como ingeniero, ya avanzó que los plazos marcados inicialmente por ADIF no se cumplirían subrayando la “complejidad técnica” de los trabajos, y pidió resolverlo “rápido y bien”, aprovechando para revisar toda la línea.

El PP, que gobierna en solitario el Ayuntamiento de Málaga, no se retracta de su voto de rechazo al proceso de regularización extraordinaria puesto en marcha por el Gobierno de España. El pasado 26 de febrero el PP, liderado por el veterano alcalde Francisco de la Torre, apoyó una moción de Vox muy dura de Vox en la que se critica la “regularización masiva”, se alerta sin datos de un presunto “efecto llamada”, se vinculaba con una “merma” de recursos públicos y se pedía la “repatriación” de los niños y niñas no acompañados. La moción llama a “auditar exhaustivamente todas las concesiones de nacionalidad en los últimos años” y a  proceder a la “repatriación” que accedan “ilegalmente” al país.

El alineamiento del PP de De la Torre con el discurso más duro fue una sorpresa muy criticada por ONG y por el Obispado. En las fechas siguientes, el propio alcalde admitió que fue “un error” y abrió la puerta a enmendarse. Pero no ha sido así: este jueves sus concejales han votado en contra de “retractarse” de su voto a favor a la moción de Vox y dejar sin efecto esa moción.

Con Málaga (IU + Podemos) y el PSOE han exigido durante las últimas semanas una rectificación pública al regidor y una enmienda institucional. Por eso llevaron una moción conjunta a la Comisión de Derechos Sociales, donde se dejan los asuntos listos para que el voto en Pleno sea de trámite. Querían una enmienda y que el Pleno mostrase su “respaldo absoluto y sin fisuras” a la regularización extraordinaria que impulsa el Gobierno de España, “reconociendo esta medida como un paso fundamental para la dignificación de los trabajadores, la lucha contra la economía sumergida y la consolidación de los derechos humanos”.

Pero los concejales del PP y Vox han votado en contra de todo eso. También han rechazo pedir al Gobierno que dote de más recursos a los registros y oficinas de Extranjería, a desarrollar un Plan Estratégico para promover la inserción sociolaboral o el aprendizaje del idioma y, en definitiva, a aislar a Vox, reprobándolo por “traer a este edificio discursos xenófobos”.

Los partidos de izquierda sólo han arrancado del PP algunas concesiones declarativas: el reconocimiento de las personas inmigrantes como “parte de la sociedad malagueña”, la exigencia al Gobierno de que se cumplan los acuerdos de protección de la infancia, el compromiso con el acceso universal a los servicios sociales o el rechazo de las “políticas punitivas basadas en las deportaciones masivas” y los discursos que asocian migración y criminalidad.

Un “error” no rectificado

La votación tenía interés porque el propio alcalde había alimentado la idea de que se corregiría, admitiendo ante las entidades que votar a favor de la moción de Vox fue un error. Pocos días después, ante la insistencia de las entidades, remarcó que su visión respecto a la inmigración no ha cambiado, recordando que “regularizaciones se han hecho y hay que seguir haciéndolas”, también con gobiernos del PP, según informó Sur.  

Su apoyo a Vox había sido sorprendente porque De la Torre no necesita a Vox para nada (gobierna con mayoría absoluta) y se le supone el ala moderada del PP, un democristiano que ha cultivado en su largo mandato (desde el año 2000) una imagen abierta y tolerante. Hace apenas un año llamó públicamente a “extremar el cuidado” de la convivencia, mientras premiaba con hacer de rey mago a un inmigrante senegalés que había rescatado a una mujer durante las inundaciones de octubre de 2024. Además, ocurrió el mismo día que Juan Manuel Moreno trataba de marcar distancias ideológicas con el partido de Abascal, a las puertas de unas elecciones donde esa distancia traducida en escaños puede marcar si mantiene o no la mayoría absoluta.

La Plataforma de Solidaridad con las Personas Migrantes de Málaga, que agrupa a las asociaciones que trabajan con estas personas en la ciudad, mostraron su “absoluta estupefacción, indignación y condena” de la moción apoyada por el PP, resaltando que está “plagada de prejuicios, bulos y datos falsos” y calificando que los acuerdos son “abiertamente racistas y xenófobos”.

También le tiró de las orejas la Iglesia, que mostró su “preocupación” ante “la difusión de mensajes que vinculan migración con inseguridad, colapso o amenaza social”. “La realidad que acompañamos cada día demuestra que la mayoría de las personas migrantes desean trabajar, contribuir y vivir en paz, mientras la irregularidad administrativa, con frecuencia, sitúa a las personas en escenarios de explotación y vulnerabilidad”, señalaba un comunicado conjunto de las entidades vinculadas al Obispado, entre otras Cáritas, la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) o Manos Unidas.

PP y Vox piden “orden”

Este jueves Francisco Pernía, portavoz de la Plataforma, ha recordado a los “nadie” de Eduardo Galeano. “Como si los numerosos trabajadores migrantes del campo no fuesen nadie, como si las mujeres que cuidan de nuestros mayores no fuesen nadie, como si los trabajadores de la construcción y la hostelería inmigrantes no fuesen nadie. Como si no importasen los requerimientos de los propios empresarios malagueños o del señor Obispo de Málaga”. “Cuando se habla en contra de la regularización se está hablando en contra de nuestras vidas. No estar regularizada significa vivir con miedo”, ha explicado Ofelia Rosario Castillo. “Sí significa poder ser explotada, porque sin papeles trabajamos”.

Rosa Rodríguez (PSOE) ha acusado al alcalde y su grupo de vivir en la “esquizofrenia de votar una cosa y decir otra”, exponiendo las contradicciones: “¿En qué momento hemos pasado de hacer rey Baltasar a Mansour a pedir su deportación? No puede haber ese abismo entre lo que predican y lo que practican”. “La estrategia de Vox y la extrema derecho es hacer pelear al penúltimo contra el último”, ha apuntado Nicolás Sguiglia (Con Málaga), que ha pedido al PP que no se deje arrastrar por Vox.

No ha habido caso. Antonio Alcázar (Vox) ha vuelto a vincular la regularización con el deterioro de los servicios públicos, sin aportar datos de esa relación, insistiendo en la “prioridad de los españoles”. “No es un acto humanitario, es un efecto llamada en toda regla”. Y María del Mar Torres ha defendido el voto del PP así: “El fenómeno migratorio necesita orden para que sea beneficioso para todos. Nuestro país necesita una inmigración vinculada al empleo real”, apelando a la seguridad jurídica, y alertando de la división de una inmigración “mal gestionado”. También ha enumerado las acciones del Ayuntamiento contra el racismo, la integración y en apoyo a las entidades sociales.

A continuación, ha votado a favor de algunos puntos de la moción de PSOE y Con Málaga, pero en contra de una rectificación del voto contra la regularización, después de que los grupos no hayan llegado a un acuerdo para introducir enmiendas.

Contra el racismo

A partir de la decisión tomada en el pleno municipal, la Plataforma de Solidaridad por las Personas Migrantes de Málaga han vuelto a pronunciarse al respecto después de que mostraran su estupefacción ante el apoyo del PP a la moción de Vox en un primer momento. “Ante el silencio, no normalizaremos el racismo”, han trasladado en un comunicado en el que confirman que suspenderán su asistencia a los actos oficiales del Día Internacional contra el Racismo que se conmemora el 21 de marzo como protesta por el “silencio” del regidor.

A menos de 48 horas del evento, las entidades sociales han acusado a Francisco de la Torre de “ignorar” una solicitud de reunión urgente que fue enviada el pasado 6 de marzo con el fin de “reparar el daño causado a la convivencia”. “Esta medida de presión busca evidenciar el rechazo social a los efectos de la moción aprobada el pasado 26 de febrero, cuyo contenido supone un «giro de 180 grados» hacia posturas racistas y criminalizadoras que rompen con la trayectoria histórica de la ciudad”, han subrayado.

Por tal motivo, han indicado que solo se aceptará “una rectificación formal y explícita” por parte del pleno municipal “que repare el daño causado a la dignidad de las personas migrantes” que viven en la ciudad malagueña. “Málaga siempre ha hecho gala de su diversidad y no podemos permitir que el Ayuntamiento mantenga vigente un discurso que criminaliza y socava los valores de inclusión y respeto que defendemos las organizaciones sociales”, han concluido.

La investigación sobre la muerte de Haitam Mejri durante una intervención policial en un locutorio de Torremolinos el pasado 7 de diciembre sigue atascada en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torremolinos (juzgado de instrucción) de la ciudad tres meses después. Tras recabar las grabaciones y el atestado, la jueza ha rechazado practicar nuevas diligencias de investigación, como tomar declaraciones a testigos, hasta que reciba el informe de autopsia definitivo por parte del Instituto de Medicina Legal. Y eso no ocurre porque un laboratorio en Sevilla aún no ha concluido el informe toxicológico para determinar si el hombre estaba bajo los efectos de alguna sustancia y si esto pudo influir en su muerte. Con el apoyo del fiscal, la jueza ha archivado provisionalmente las diligencias hasta recibir el informe. Entonces decidirá si mantiene el archivo o no.

“Aún no hay, en el presente procedimiento, elemento jurídico ni fáctico, que posibilite una calificación jurídica distinta de 'fallecido'. Aún no cabe, una calificación de homicidio, y por tanto como delito”, razona la jueza de la Sección de Instrucción 1 en un auto, dictado el pasado 11 de febrero, al que este medio ha tenido acceso.

Los vídeos publicados esta semana por elDiario.es muestran que los agentes dispararon las táser al menos ocho veces mientras Haitam estaba en el suelo. También le rociaron con un gas irritante, le golpearon y le presionaron en tronco y piernas. Cuando llegaron los sanitarios no les informaron de que habían usado las táser, que descargan entre 1.000 y 2.000 voltios a cada uso. El Gobierno respaldó esta actuación con las táser en una respuesta parlamentaria hace un mes, asegurando que los agentes cumplieron “escrupulosamente” con su uso, y que este fue congruente y proporcionado.

La familia cree que se produjo un abuso mediante un uso desproporcionado y excesivo de la fuerza, e imputa a los agentes un comportamiento doloso que podría incluso suponer un delito de asesinato. “Sabían que había un riesgo y aun así se emplearon unos medios que pueden causar la muerte”, apuntó Tejada a finales de diciembre.

“Es fundamental conocer la causa de la muerte para continuar con la presente tramitación, por haber indicios de un delito, o sobreseerla porque no hay indicios de actividad delictiva”, añade la jueza en su auto, antes de concluir que cómo aún debe determinarse la causa de la muerte, “procede el archivo” también para impedir que se sobresea la causa por el agotamiento del plazo de instrucción, de seis meses. Habitualmente, los juzgados van ampliando este plazo por periodos sucesivos de seis meses.

El fiscal apoya a la jueza

Los abogados de la familia, Samuel Tejada y Miriam Rosales, creen que la paralización de toda la actividad instructora hasta que se practique la pericial no está justificada y pone en riesgo la investigación, por lo que han elevado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial. En ese escrito piden al Consejo que inspeccione a la jueza María José Alcázar y adopte medidas disciplinarias contra ella, quien es también la jueza decana de los juzgados de Torremolinos.

En la queja se expone la frustración de los letrados por la paralización investigadora, que tiene su origen en dos providencias dictadas el 16 y el 17 de diciembre, apenas diez días después de la muerte de Haitam. La jueza ha mantenido la decisión a pesar de las solicitudes de los abogados, que creen que hay pruebas “claramente perecederas” como grabaciones de videovigilancia, registros técnicos, identificación de agentes y testificales.

Según los letrados de la familia, la jueza no ha valorado la necesidad, urgencia o proporcionalidad de las diligencias que han solicitado. Tampoco entienden por qué la práctica de diligencias que podrían arrojar luz sobre la intervención policial deben supeditarse a lo que diga el informe de autopsia.

Hasta ahora, se ha recabado el atestado, el informe balístico de las táser, las cámaras de seguridad y el informe de autopsia, que aún no ha concluido. El fiscal apoya a la jueza, y cree que todo “pivota” en torno a la autopsia, cuyo resultado definitivo marcaría la necesidad de interrogar a los testigos que propone la familia y a los agentes, ya sean estos como investigados o como testigos. Si lo hacen en esta última condición estarán obligados a decir la verdad. El fiscal opina que esta lentitud no merma la tutela judicial efectiva de la familia, sino que se trata de una instrucción que está evitando la precipitación.

“Patrón sostenido de inactividad”

Los letrados creen que la instructora está bloqueando su derecho a recurrir. Frente a las providencias, presentaron recurso de reforma (que debe resolver el mismo juez que ha dictado la resolución recurrida en un plazo de tres días) y, subsidiariamente, de apelación ante el órgano superior, la Audiencia Provincial. Sin embargo, dos meses después la jueza no había resuelto, ni mucho menos elevado la apelación a la Audiencia. La familia presentó un escrito de impulso el 23 de enero, pero todo siguió igual. Por el contrario, la jueza ha decidido archivar, aunque sea de forma provisional mientras llega la autopsia.

“Esta omisión resolutoria prolongada y objetivamente verificable ha tenido como efecto directo impedir el acceso a la segunda instancia”, lamentan. Los abogados deslizan que no es casual, sino que hay un “patrón sostenido de inactividad”, afectando a la tutela judicial de los familiares de Haitam. Además, le achacan haber resuelto la petición de diligencias mediante providencia, y no mediante auto como debería, para así no tener que motivar su resolución y evitar el control del órgano superior.

Los abogados imputan a la jueza dos faltas disciplinarias muy graves, el retraso injustificado y reiterado en resolver asuntos y recursos, la “inobservancia consciente” de deberes procesales esenciales y el “abandono de la función jurisdiccional”. Advierten, incluso, de que podría estar incurriendo en un delito de prevaricación judicial por omisión, que se comete cuando se deja de resolver aquello que tiene “el deber jurídico ineludible de decidir, produciendo un resultado materialmente injusto y lesivo de derechos fundamentales”.

Los agentes que participaron en la intervención policial que acabó con la muerte de Haitam Mejri en un locutorio de Torremolinos ofrecieron un relato incompleto de lo sucedido a los miembros del servicio de emergencias que trataban de reanimar al hombre, quien fue electrocutado entre ocho y diez veces, golpeado, rociado con spray irritante e inmovilizado por el cuello, todo ello mientras ya estaba en el suelo. Así se desprende de los vídeos a los que ha tenido acceso elDiario.es, grabados por dos cámaras instaladas en el local. En ellos no se escucha que los agentes adviertan a los sanitarios del uso de las pistolas táser.

Haitam estaba muerto cuando llegaron al lugar los servicios de emergencias, que no se explicaban lo sucedido, porque lo que le contaban los agentes no encajaba con la primera exploración del cadáver. Así se refleja en los vídeos grabados por la cámara del local, que ha sido incorporado a las diligencias abiertas por el juzgado de instrucción 1 de Torremolinos, que investiga cómo y por qué el pasado 7 de diciembre Haitam murió en un locutorio de la localidad.

La jueza dispone de este vídeo, de los grabados por las cámaras asociadas a las dos pistolas táser utilizadas en la intervención y los registrados desde el exterior por vecinos y curiosos, a todos los cuales ha tenido acceso elDiario.es Andalucía. Desde distintos ángulos, componen una escena en la que el hombre, que ha entrado al locutorio buscando un cargador muy alterado y ha quedado encerrado por el dueño tras forcejear con él, manifiesta a la Policía su voluntad de cooperar, suelta unas pequeñas tijeras escolares, da la mano al agente y, entonces, es tirado al suelo y electrocutado.

A partir de ese momento los agentes le disparan entre siete y nueve veces más, le insultan, le golpean con un cartel metálico, le rocían con spray irritante y le aplastan piernas, cuello y tórax, mientras él grita y les pide que sean conscientes de que todo se está grabando, según se observa en las imágenes. Veinte minutos después muere.

El Gobierno respaldó la actuación policial en una respuesta escrita a los diputados de Sumar Enrique Santiago y Toni Valero. En ella se asegura que  los dos agentes que usaron las pistolas táser “cumplieron escrupulosamente” con las directrices para su uso, y se dice que cumple los criterios de “congruencia, oportunidad y proporcionalidad” atendiendo al “tipo de situación”, la “forma” en que se usó (“descarga por contacto”, la menos lesiva según se dice) y las zonas del cuerpo donde el hombre recibió las descargas, hombro y pierna. Preguntado tras la publicación del vídeo de la intervención, el Ministerio del Interior ha evitado valorar la actuación o la respuesta, alegando que el asunto está judicializado.

“Se ha caído al suelo”

La llegada de los servicios de emergencia se produce 26 minutos después de que comenzara la intervención policial, apenas tres minutos después de que un agente informe de la parada cardiorrespiratoria.

Mientras hacen un último intento por reanimarlo, los técnicos de emergencias quieren saber qué ha pasado allí. “El tío estaba fuera de sí, con cosas en las manos”, les explica a un agente. Se refiere a dos móviles y unas tijeras infantiles. Haitam soltó las tijeras cuando se lo pidieron, pero se resistía a dejar los móviles. Los vídeos muestran a Haitam nervioso pero cooperativo. “Voy a cooperar con vosotros”, les dice varias veces.

Un agente explica a los sanitarios que el hombre “se ha caído al suelo” cuando intentaba reducirlo. Lo que se observa en los vídeos es que entre cinco agentes lo reducen hasta tirarlo al suelo, no que se caiga. El agente no menciona a los técnicos de emergencias las descargas táser, entre ocho y diez según ha podido contar este medio. El sanitario se da cuenta de que la versión policial no encaja con los signos mortuorios del cadáver, y cuando los agentes salen comenta a su compañera: “Me ha engañado”.

“Es importante saber qué ha pasado”, le piden luego a los agentes, que comentan a los sanitarios que “en ningún momento” le habían presionado tórax o cuello. Para explicar la supuesta resistencia del fallecido, de quien dicen que estaba fuera de sí y con una fuerza descomunal, aseguran que entre seis no habían sido capaces de reducirlo y que había pegado “guantazos”.

Según se observa en los vídeos, Haitam recibió la primera descarga en la zona lumbar, mientras intentaban reducirlo, cayó al suelo y ya no volvió a levantarse, aunque en los primeros minutos trató de zafarse de la sujeción que le hacían.

Cuando certifican la muerte del hombre los sanitarios abandonan la escena. “Dicen que no le han presionado el cuello ni nada”, comenta uno.

“Claro retraso diagnóstico y terapéutico”, según un informe

Un informe médico-legal encargado por la familia concluye que se produjo un “claro retraso diagnóstico y terapéutico de la parada cardiorrespiratoria sufrida (como se objetiva en el vídeo analizado)”, y un “retraso en la asistencia prestada por los agentes que produjo un claro empeoramiento del pronóstico de la misma”. El hombre acabó falleciendo.

Haitam recibió las descargas en un lapso de unos diez minutos, y luego quedó ya vencido, pese a lo cual un agente siguió de pie encima de sus piernas otros diez minutos más, según se observa en los vídeos.

En ellos no se ve que los agentes mostraran alarma mientras el hombre se desvanecía. Durante la intervención, y en los primeros minutos después de lograr la reducción del hombre, uno de ellos comenta que “ya está muerto”, y otro comenta la posibilidad de que ahora vayan a aparecer en una página de Facebook de quejas vecinales o en los periódicos.

Tras varios minutos agonizando, y transcurridos 23 desde que entraron en el local y más de 20 desde que las descargas del táser, los agentes empiezan a practicar maniobras de reanimación, y piden que se avise a una ambulancia ante la probable parada cardiorrespiratoria del hombre. “Escúchame, este está muerto”, dice un agente, antes de pedir una ambulancia.

Le toman el pulso por primera vez veinte minutos después de las primeras descargas táser, y luego comentan en qué posición colocarlo, si sentarlo o no, porque “a más no va a ir”.

“Mala suerte”

Minutos más tarde llegan los forenses y dos miembros del grupo de Homicidios. Son conscientes de que lo que había ocurrido era “un marrón del bueno”, según dice uno de ellos mientras su compañera toma fotos y escucha a los agentes que intervinieron, que nuevamente justifican su actuación: “Se me resbalaba la mano, nos arrastraba a los seis”, destaca el primero en intervenir. Otro hombre presente en la escena califica el asunto de “mala suerte”, “cosas que pasan”, y advierte de que ahora llegarán “la gente, los medios y eso”.

Minutos después el inspector llama por teléfono, presumiblemente a un superior. No cree que haya mucho más que inspeccionar, insiste en que todo quedará bastante claro con las grabaciones, así que le dice: “Vamos a hacer el paripé”. “No hay mucho más que hacer, pero lo voy a hacer más que nada por que luego no digan que se ha hecho a medias”. Cree que le ha dado un infarto, aunque también comenta que la víctima tenía algún “golpecillo, un roce, arañazo…”, pero no “golpes fuertes” y que “iba hasta arriba de lo que fuera”. “Aquí hay una cámara, no sé si funciona o no”.

Los agentes que redujeron a Haitam hasta la muerte elaboraron un primer atestado en el que escribieron que consiguieron “quitarle las tijeras”, abonando la hipótesis de una resistencia violenta por su parte. Sin embargo, en los vídeos se ve que fue el hombre quien las soltó cuando se le pidió en una primera fase amistosa de la intervención.

En el documento describen el primer disparo del táser (entre 1.000 y 2.000 voltios) como una “pequeña descarga”, pese a la cual “el hombre ni se inmuta” (aunque lo cierto es que suelta alaridos cada vez que las recibe) y hacen referencia a que seguía “soltando patadas”, algo que tampoco se percibe en las imágenes.

A la vista de las incongruencias que presentarían los vídeos, las declaraciones de los policías y el atestado, los abogados de la familia no descartan solicitar que se investiguen también posibles delitos de omisión del deber de socorro y falsedad documental. 

El Gobierno aseguró el mes pasado que los dos agentes que usaron las pistolas táser durante la intervención policial que acabó con la muerte de Haitam Mejri el pasado 7 de diciembre en Torremolinos “cumplieron escrupulosamente” con las directrices para su uso. Mejri murió en un locutorio al que había entrado para pedir un cargador. Forcejeó con el dueño, que lo encerró y avisó a la Policía, que envió a seis agentes que lo redujeron y descargaron sobre él al menos ocho disparos de entre 1.000 y 2.000 voltios cuando ya estaba en el suelo. También le golpearon en la cabeza, le presionaron sobre piernas y tórax y le rociaron un gas irritante.

Su muerte estaba siendo investigada por un juzgado de instrucción, que mientras espera al informe de autopsia para determinar posibles afecciones cardiacas y la influencia del consumo de estupefacientes ha decidido archivar provisionalmente la investigación. Su familia cree que la actuación policial fue desproporcionada y contribuyó decisivamente a su fallecimiento.

La posición del Gobierno consta en el escrito de respuesta dirigido a Enrique Santiago y Toni Valero (Sumar), al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía. En la respuesta justifica la intervención con táser atendido al “tipo de situación”, la “forma” en que se usó (“descarga por contacto”, la menos lesiva según se dice) y las zonas del cuerpo donde el hombre recibió las descargas, hombro y pierna.

La actuación se ajustó a los principios de “congruencia, oportunidad y proporcionalidad”, dice el Gobierno, “en el marco de la detención de una persona que presuntamente había cometido un delito grave y desobedecía abiertamente las instrucciones de los agentes, lo cual en sí mismo supone la comisión de otro delito”.

El Gobierno advierte en su respuesta, registrada en el Congreso de los Diputados el pasado 16 de febrero, de que los hechos están siendo investigados por un juzgado, y que en ese marco la Policía ha aportado “todos los medios de prueba que se han podido recopilar mediante la elaboración del atestado policial, incluyendo grabaciones de videovigilancia y de las cámaras corporales de los agentes, que van asociadas al uso del inmovilizador eléctrico, así como un informe técnico policial realizado por la Brigada de Policía Científica”.

Tras la publicación de parte de esos vídeos en elDiario.es, este medio ha preguntado el Ministerio del Interior si mantiene esa posición. “Este asunto está, desde el momento del fallecimiento, sometido a un proceso judicial, y tanto el ministerio como la Policía Nacional están a la espera de que concluya dicha indagación”, señala un portavoz.

El hombre, de 35 años, recibió entre ocho y diez descargas eléctricas (hay varias que este medio no ha podido determinar si son dos o una muy prolongada) en tres momentos. La mayoría, de cinco a siete, cuando estaba siendo sujetado entre cinco agentes, en un lapso de apenas un minuto. Dos minutos después recibe otras dos, con la situación ya aparentemente más controlada, según se observa en las imágenes. Seis minutos y medio después recibe la última descarga.

“¿Esto cómo para de grabar?”

Los agentes (primero dos, luego otros cuatro) acudieron al local tras el aviso del dueño por un robo. Sin embargo, los vídeos grabados por las cámaras del propio establecimiento no sostienen esa hipótesis, y sí que el hombre entró al locutorio muy alterado, en estado delirante, presumiblemente bajo los efectos de algún estupefaciente, buscando a toda costa un cargador con el que recargar la batería de sus dos móviles. La Policía llegó poco después.

Este medio ha podido visionar los vídeos que recogen la intervención policial. Mientras dialoga con el primer agente, Haitam señala en varias ocasiones su voluntad de colaborar. “Voy a trabajar con vosotros”, “voy a colaborar”, le dice. Parece nervioso pero no da muestras aparentes de agresividad.

Suelta las tijeras escolares que tenía en la mano, pero no sigue la instrucción de soltar también los móviles y echarse al suelo. El agente le pide en varias ocasiones que, dado que quiere colaborar, le dé la mano. Cuando lo hace aprovecha para engrilletarlo de esa mano con ayuda de dos de sus compañeros, mientras él dice “voy a colaborar he dicho”. Hasta que se le cae el móvil y empieza entonces un forcejeo para mantenerlo tumbado y engrilletarlo de las dos manos, que incluye golpes, descargas táser, sujeciones e insultos en una actuación en la que intervienen seis agentes.

En diez minutos Haitam recibe alrededor de una decena disparos eléctricos mientras trata de zafarse, grita y advierte de que hay cámaras que lo están grabando todo. La intervención queda registrada por los móviles de algunos curiosos que se asoman desde el exterior, por al menos dos cámaras instaladas en el local y por las dos cámaras de los policías, que se activan cuando una táser entra en funcionamiento. Precisamente estas dos se desactivan simultáneamente, justo después de que se produzca este diálogo:

- “Esto ¿cómo se para de grabar? ¿Dándole o cómo es?”.

- “Le doy yo. Le doy yo que, que el mío no… el mío no graba, jaja, ¿le quieres dar o qué?”

-“El tuyo está grabando, mira la cámara encendida”.

A la espera de la autopsia

El Gobierno asegura en su respuesta que todos los agentes reciben formación relativa al uso de la pistola inmovilizadora durante los cursos de ingreso en la Policía Nacional, centrándose en el marco normativo, sus características y las circunstancias que habilitan su uso. Además, los habilitados reciben una instrucción sobre aspectos prácticos del táser.

La respuesta añade que la intervención con personas “que presentan un cuadro de delirio agitado” también se aborda en los cursos de ingreso desde un punto de vista práctico. La pregunta de los diputados de Sumar no aludía al “delirio agitado”, pero la respuesta del Ministerio sí lo menciona. Se trata de un estado de agitación física y psicológica asociada al consumo de drogas, cuya caracterización cuestionan algunos especialistas y entidades de derechos humanos por el uso abusivo en muertes durante intervenciones policiales.

En el caso de la muerte de Haitam, la jueza aún no ha recibido el informe final de autopsia, pendiente del informe toxicológico. Haitam, que sudaba profusamente y estaba alterado, dio a entender que había consumido alguna sustancia estupefaciente. La jueza ha denegado practicar cualquier otra diligencia (como la toma de declaraciones como investigados o testigos a los agentes) hasta recibir el informe completo de la autopsia.

Manifestación el próximo sábado

Colectivos antirracistas de Málaga han convocado una manifestación contra el “racismo estructural” para el próximo 21 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. La marcha tiene su punto de inicio en la Plaza de Capuchinos, frente al antiguo Centro de Internamiento de Extranjeros de Málaga.

Según los organizadores, se trata de poner el foco en cuatro pilares donde “el racismo impacta de forma directa sobre la vida y la dignidad”, uno de ellos la “violencia policial”. La marcha rendirá homenaje a Haitam Mejri, Mamouth Bakoum (el vendedor ambulante senegalés ahogado en el Guadalquivir cuando huía de la Policía, en diciembre de 2024), Adberrahim Akhouh (asfixiado por un agente en Torrejón en junio del año pasado), Mohamadou Diawara (un joven con problemas mentales que entró en una comisaría con un cuchillo, muerto por disparos de un policía local de Montornés del Vallès en julio de 2025), y Abdoulie Bah (un gambiano de 19 años que llegó solo a España hace ocho años, cuidaba niños y fue abatido a tiros en el aeropuerto de Gran Canaria el pasado mayo) y Salim Traoré, un temporero maliense muerto a comienzos de febrero por disparos de la Guardia Civil en Huelva.

Almudena García, que desde hace 23 años vive con su marido que padece esquizofrenia, su hijo y temporalmente su nieta en una vivienda de protección oficial alquilada por el Ayuntamiento de Málaga, ha esquivado el desahucio sobre la bocina. Como estaba previsto, este martes se personaron allí representantes del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) con varias dotaciones policiales, con la intención de echar a la familia. Les esperaba la mujer, que había apuntalado la puerta de la vivienda con todos los muebles que encontró, y cerca de un centenar de vecinos para hacer presión. Finalmente, el IMV cedió y pospuso el desahucio un mes.

“Vamos a seguir luchando porque tengo mis documentos”, dice García, cuya aspiración es que el Ayuntamiento acepte un plan de pagos de la deuda y que los subrogue a ella y a su marido en el contrato de alquiler, firmado hace 23 años por su suegra, Remedios. Esta nunca ha habitado el inmueble porque consiguió enseguida una vivienda en propiedad. En cambio, sí vive allí desde 2003 Javier (hijo de Remedios) y la propia Almudena. Es la pareja quien está empadronada desde hace más de dos décadas y tiene a su nombre los suministros, pero la arrendataria para el IMV sigue siendo Remedios.

“No me voy a quedar quieta, a ver si quieren negociar”, insiste. Tiene previsto acudir al próximo Pleno municipal. Hasta ahora, el equipo de gobierno municipal tampoco ha contestado al escrito registrado por el grupo municipal Con Málaga, advirtiendo de que “urge” hacer algo para “evitar que esta familia acabe en la calle”, ni a las preguntas formuladas por este medio.

El equipo técnico enviado junto a la Policía a la casa de Almudena sí le ha presentado a esta un papel. Debía firmarlo si quería evitar hoy el desahucio, que ejecuta el Ayuntamiento con la autorización temporal de un juzgado. En ese documento, Almudena y su marido se comprometen a abandonar su casa antes del 16 de abril.

Apoyo vecinal

De momento, este martes ha ganado una batalla. Tanto que lo ha celebrado rodeada por casi un centenar de vecinas y vecinos, y hasta el champán ha corrido. Hay carteles (“Este barrio cuida a sus vecinos”; “aquí vive una vecina, no un problema”) que enfatizan que ni Almudena ni su marido representan ningún problema de convivencia.

Hay interés por desligar este caso de la ocupación ilegal, y acercarlo a otra cosa bien distinta: una familia que cumple los requisitos para beneficiarse de una VPO (según dice, Almudena gana unos 1.000 euros y su marido unos 900 de pensión), y que desde hace 23 años vive alquila una VPO que formalmente el Ayuntamiento arrienda a otra persona, que paradójicamente abandonó la casa y dejó de cumplir los requisitos al convertirse en propietaria casi de inmediato, según relata Almudena.

La subrogación está prevista en la normativa, aunque no está claro que pueda ocurrir si no es mortis causa. En cuanto al plan de pagos, las activistas anti-desahucios esgrimen el caso reciente de Jessica, que tenía fecha de lanzamiento prevista para el 13 de marzo. “Firmé un acuerdo con el Ayuntamiento que hace un año no quería firmar”, explica ella lo propia Jessica. La mujer insiste que la deuda contraída se debe al consejo de su abogado por la disputa por la vivienda, y asegura que está dispuesta a pagar. “Puedo pagarlo. Es verdad que antes pagaba cuando podía, pero desde 2023 tengo un contrato fijo con Limasam -la empresa pública de limpieza-”, señala.

“Quieren crear situaciones de estrés y tensión extrema”, señala Ysabel Torralbo, abogada de Un Techo por Derecho. “Ella y su marido son los vulnerables, y tienen un salario con el que no pueden irse a otro sitio”, observa Toni Morillas, portavoz de Con Málaga en el Ayuntamiento. Los dos concejales de la coalición han acudido esta mañana a la vivienda.

Sin alternativas

La situación del alquiler en Málaga hace que cualquier alternativa sea casi imposible. El Ayuntamiento le ha dicho que se apunte a las listas para optar a una VPO, pero el año pasado sólo se adjudicaron dos y hay 21.403 personas (a mayo de 2025) esperando una vivienda pública en alquiler.

En el último lustro el Consistorio ha entregado 149 viviendas protegidas, a unas 30 por año, mientras las solicitudes pasaban de 20.196 en 2022 a más de 34.000 (en alquiler y compra). Desde 2021, el precio al que se ofrecen pisos en alquiler en Idealista ha pasado de 9,4 a 16,1 euros/metro cuadrado (+71%), mientras que en compraventa ha subido de 2.308 a 4.107 (+77,9%).