Modesto L.L, más conocido como Pepe, el vecino de 92 años que estaba desaparecido desde este pasado viernes en el distrito del Albaicín de la ciudad de Granada ha sido localizado con vida este martes en un barranco de la zona de Haza Grande. El hombre está herido tras, al parecer, haber caído por una zona de desnivel en un zarzal, y ha sido trasladado a un centro hospitalario.

Así lo han confirmado fuentes de la Policía Nacional, que junto a Protección Civil, habia establecido este martes un amplio dispositivo de búsqueda con agentes de distintos cuerpos y personas voluntarias y especializadas en este tipo de situaciones para intentar dar con el paradero de Pepe.

Estas mismas fuentes apuntan que si bien estaba previsto intentar localizarlo cubriendo precisamente la zona donde ha sido hallado, previamente un vecino había advertido de que había visto a un hombre por la zona de atrás del barranco en Haza Grande en un área de zarzas, en las que finalmente ha sido hallado tras dirigirse hasta esta zona parte del personal movilizado en el dispositivo.

La Policía Nacional, que a través de su Grupo de Homocidios y Desparecidos ha organizado el dispositivo de búsqueda, ha movilizado a casi una treintena de agentes en las tareas de este martes, mientras que, en total, se calcula que habrán participado en el despliegue un centenar de personas.

El Puesto de Mando Avanzado se había establecido en la explanada del mirador de San Miguel Alto, el entorno al que se dirigía Pepe cuando este pasado viernes salió de casa a las 11:00 horas. Familia, colectivos de voluntarios, drones, unidades caninas, de subsuerlo, Policía Judicial, Bomberos, Policía Local, Protección Civil, grupos de atención al ciudadano de Policía Nacional... El dispositivo de búsqueda ha sido muy amplio durante esta jornada de martes tanto en el turno de mañana, como en el de tarde, en el que finalmente se ha localizado al desaparecido con vida.

El teclista del grupo de música alemán Das Ich, Bruno Kramm, ha fallecido en la madrugada de este viernes a sábado tras actuar en un concierto en la sala de conciertos Planta baja de Granada, en la zona céntrica.

Así lo han confirmado fuentes del 112 que han precisado que, en torno a este suceso, se recibieron varias llamadas sobre las doce de la noche que daban cuenta de que una persona “se había desplomado y no reaccionaba”. El teléfono de emergencias, que recibió llamadas que indicaban que esta persona era miembro del grupo que ofrecía una actuación en vivo, dio aviso a Policía Local, Policía Nacional y sanitarios del 061.

El 112 recibió la confirmación por parte del 061 de que el varón, de 58 años, se encontraba ya fallecido en el momento en el que llegaron los sanitarios a atenderle.

Primer concierto en Granada

La impulsora del evento en la referida sala de conciertos de la capital granadina había anunciado la actuación del dúo alemán Das Ich, formado por Stefan Ackermann y Bruno Kramm, como su primera actuación en el sur de España.

Das Ich es una formación musical considerada iniciadores del movimiento Neue Deutsche Todeskunst en la década de los 90. La organizadora del evento destacaba en la promoción del concierto en Granada, “su puesta en escena, la presencia intensa y expresiva de su 'frontman' y la conexión con el público”.

Juana Rivas no tendrá que ir a juicio por el presunto delito de sustracción de menores por el que estaba siendo investigada al tratar de que su hijo menor se quedase con ella en España el año pasado. La Justicia ha archivado la causa abierta contra ella tras la denuncia presentada por su expareja, el italiano Francesco Arcuri, en marzo de 2025. El Tribunal de Primera Instancia 4 de Granada considera que no resulta debidamente justificada la comisión del delito y acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones.

La resolución, contra la que cabe recurso, coincide con la petición formulada por la Fiscalía Provincial de Granada, que la semana pasada solicitó también el sobreseimiento provisional al considerar que las diligencias practicadas durante la investigación no aportaban elementos suficientes para formular acusación contra Rivas. El juzgado pone el foco en la forma en la que la madre actuó durante los meses en los que su hijo menor permaneció en España. La resolución considera que Rivas utilizó los instrumentos legales y procesales disponibles para oponerse al regreso del niño a Italia y que, cuando finalmente existió un requerimiento judicial efectivo para su entrega, cumplió la resolución.

La causa se inició después de que Arcuri denunciara a Juana Rivas en marzo de 2025 por la supuesta sustracción del menor, que permanecía en España después de que un tribunal italiano hubiera ordenado su regreso a Italia. La investigación quedó inicialmente archivada, pero la Audiencia Provincial de Granada ordenó en julio de 2025 continuar las diligencias para determinar si podía existir un delito de sustracción.

Ahora, el juzgado concluye que la conducta investigada no alcanza la relevancia penal necesaria para integrar el delito previsto en el artículo 225 bis del Código Penal. La resolución considera especialmente relevante que, cuando se presentó la denuncia, Rivas y su equipo de abogados estaban haciendo uso de los resortes legales para evitar que el menor se marchase con su padre, previo aval de la justicia granadina en primera instancia. El auto destaca además que durante ese periodo la granadina, a diferencia de lo sucedido en 2017, permaneció localizada y estuvo representada jurídicamente, mientras que las actuaciones posteriores se desarrollaron a través de los procedimientos previstos. El juzgado señala asimismo que, una vez que se produjo el requerimiento efectivo para la entrega del menor, esta se llevó a cabo.

El niño había permanecido inicialmente en España gracias a una medida cautelar acordada el 7 de enero de 2025 por el Juzgado de Instrucción 4 de Granada tras escucharle narrar presuntos episodios de malos tratos por parte del padre. Después de escuchar al menor, el juzgado suspendió de forma provisional su regreso a Italia ante el temor expresado por el niño respecto a su retorno con Francesco Arcuri. La medida fue posteriormente mantenida por el Juzgado de Instrucción número 9 y confirmada por la Audiencia Provincial de Granada. Meses después, el 25 de julio de 2025, Rivas entregó al menor en Granada para que regresara con su padre a Italia cuando así lo determinó la justicia.

La resolución conocida ahora establece una diferencia entre esta actuación y los hechos por los que Rivas fue condenada en 2017. En aquella ocasión, la Justicia consideró probado que la entonces condenada había retenido a sus dos hijos y permanecido durante semanas sin hacer efectiva su entrega. La Audiencia Provincial de Granada le impuso inicialmente cinco años de prisión, una pena que el Tribunal Supremo redujo en 2021 a dos años y medio al considerar que los hechos constituían un único delito y no dos. Posteriormente, Rivas recibió un indulto parcial que redujo la pena de prisión a un año y tres meses.

La defensa de Rivas entiende que esta resolución del juzgado avala su tesis de que la actuación de la madre en 2025 se produjo dentro de los procedimientos judiciales disponibles. “La resolución confirma algo que hemos sostenido desde el inicio: Juana Rivas no actuó al margen de la Justicia, sino utilizando los instrumentos legales y procesales disponibles para tratar de proteger a su hijo. Y cuando existió una resolución judicial que ordenaba efectivamente su entrega, la cumplió”, señalan sus abogados.

Italia sigue investigando

El archivo de esta causa no afecta en todo caso al procedimiento que se sigue en Italia contra Francesco Arcuri por los presuntos malos tratos físicos y psicológicos a sus hijos. Esta investigación penal, independiente de la causa seguida en Granada contra Rivas, continúa abierta en Italia y se encuentra actualmente en fase de juicio. La causa contra Arcuri investiga presuntos episodios de violencia física y psicológica contra los menores y ha incluido la declaración de Juana Rivas y de su hijo mayor, Gabriel, así como de distintos profesionales que tuvieron contacto con los niños. El procedimiento penal italiano sigue pendiente de resolución.

En paralelo, el Tribunal Supremo italiano confirmó en julio de este año la atribución de la custodia del hijo menor a Arcuri, después de varios años de litigios en los tribunales italianos. La resolución sobre la custodia se sitúa en el ámbito civil y no supone el cierre del procedimiento penal por los presuntos malos tratos, que continúa de forma independiente.

Con el auto dictado este 24 de septiembre, la investigación penal abierta en España contra Juana Rivas por la actuación de 2025 queda archivada provisionalmente. La decisión coincide con la posición de la Fiscalía y concluye que no existen elementos suficientes para sostener que la permanencia del menor en España y la posterior actuación de su madre constituyeran un delito de sustracción de menores. Falta por ver qué decidirá Italia con respecto a los presuntos malos tratos de Arcuri contra sus hijos, toda vez que hace tan solo unos meses le ratificó la custodia del menor de ellos, pese a estar siendo investigado por esos hechos.

La Abadía del Sacromonte, una de las joyas patrimoniales de Granada, podría cambiar para siempre. El Ayuntamiento de Granada está tramitando un proyecto, a petición del Arzobispado, para cambiar el uso de una parte del conjunto y permitir su conversión en un hotel de lujo. El plan, que está todavía en una fase inicial, contempla además tres plantas de aparcamiento subterráneo con 115 plazas y afecta a un espacio cuyo valor histórico, paisajístico y cultural trasciende al propio edificio.

No en vano, las historias del propio barrio del Sacromonte y de la Granada cristiana están íntimamente ligadas a la Abadía, bajo la que, presuntamente, se encontraron unos libros sagrados que recogían supuestas revelaciones de la propia Virgen sobre un cristianismo hermanado con el islam. Aunque hoy se considera que aquellos documentos fueron una falsificación elaborada en un contexto de persecución de los musulmanes, acabaron dando el nombre de sagrado al monte y a la Abadía que posteriormente se levantaría allí. De ahí que no solo esté en juego el futuro patrimonial de un edificio construido entre los siglos XVII y XVIII, sino también parte del acervo cultural que se ha construido alrededor de él. Por eso, los vecinos han presentado alegaciones y la oposición municipal también cuestiona el proyecto.

Pese a las dudas, el Ayuntamiento de Granada tramita desde hace meses la modificación del uso de parte del edificio para permitir un hotel de lujo que tendría una ubicación privilegiada, con vistas al propio Sacromonte y a la Alhambra, y que podría convertirse en un nuevo referente de la oferta turística de la ciudad. Sin embargo, además de las reservas por lo que supone la propia Abadía para Granada, hay más elementos que ponen en cuestión el futuro uso hotelero de este lugar. Sin ir más lejos, la Abadía tiene protección como Bien de Interés Cultural (BIC) y el entorno en el que se encuentra, el Valle del Darro, también está protegido como tal desde 2024. La propia declaración autonómica define el valle como un paisaje cultural formado por siglos de relación entre el territorio, el agua y las distintas formas de ocupación humana, e incluye expresamente las laderas de Valparaíso sobre las que se asienta el Sacromonte.

Un hotel para “conservar” la Abadía

El punto de partida del Arzobispado es relativamente claro: hay una parte del conjunto que está en desuso y mantener una construcción histórica de estas dimensiones requiere recursos. La solución que estudia la Iglesia pasa por permitir un nuevo uso en parte de la Abadía y ofrecerlo a inversores privados para que desarrollen allí un hotel. El Arzobispado insiste en que no está construyendo ningún hotel. Lo que hace, explica, es estudiar esa posibilidad para que un inversor pueda hacerse cargo del proyecto y contribuir con su actividad al mantenimiento del conjunto. “Se está estudiando un posible uso de una parte de la Abadía, que está en desuso, para ayudar al mantenimiento de este lugar”, señala la institución.

Todavía no hay, por tanto, un hotel aprobado ni siquiera se conocen todos los detalles de cómo sería. El Ayuntamiento está tramitando el cambio urbanístico que permitiría ese uso y el proyecto contempla una inversión de 24,4 millones de euros. Pero una de las principales incógnitas sigue siendo precisamente la dimensión que tendría el establecimiento y cuántas habitaciones acabaría teniendo. Sí hay, en cambio, una cifra concreta: 115 plazas de aparcamiento repartidas en tres plantas bajo tierra. Y es ahí donde las dudas empiezan a crecer.

Las alegaciones presentadas por los colectivos vecinales cuestionan que la documentación explique con suficiente claridad qué relación tendrá ese aparcamiento con el futuro hotel. El proyecto prevé unos 4.200 metros cuadrados de aparcamiento subterráneos, mientras que en superficie existen actualmente plazas de estacionamiento, árboles, paseos y miradores. Los colectivos consideran que la intervención sobre este espacio no está suficientemente explicada y reclaman que se aclare incluso el carácter de ese aparcamiento, que aparece definido como público.

El número de habitaciones tampoco figura en la documentación que se ha hecho pública. Y esa ausencia resulta relevante porque no genera el mismo impacto un pequeño alojamiento que un hotel con una actividad más intensa, restaurante, servicios complementarios o celebración de eventos. La arquitecta y especialista en patrimonio Blanca Espigares pone precisamente el foco en esa cuestión. Cree que las 115 plazas de aparcamiento hacen pensar en un establecimiento de cierta dimensión y plantea qué tipo de actividad se permitirá en el futuro espacio hotelero, incluida la posibilidad de celebrar bodas, bautizos, comuniones o grandes eventos.

La controversia tiene que ver también con algo más difícil de medir que los metros cuadrados: qué significa la Abadía para Granada. Los Libros Plúmbeos, las Santas Cuevas, los restos atribuidos a los discípulos de Santiago, la tradición de San Cecilio y la propia construcción de la Abadía forman parte de un relato que terminó dando nombre al monte y configurando la identidad del Sacromonte. El conjunto no es, por tanto, una construcción aislada que pueda entenderse únicamente desde su arquitectura. “Tenemos que entender cómo surge la Abadía”, explica Espigares, que recuerda que su historia está ligada a las cuevas y al aislamiento del lugar respecto de la ciudad. A su juicio, convertir una parte del conjunto en un establecimiento hotelero puede acabar alterando también esa relación histórica entre el edificio, el barrio y el paisaje.

Las alegaciones presentadas al Consistorio van precisamente en esa dirección. Los colectivos consideran que el cambio de uso no debe estudiarse únicamente como una operación urbanística, sino teniendo en cuenta los valores históricos, culturales y paisajísticos que justifican la protección del lugar. Y hay otro elemento que hace especialmente sensible cualquier transformación: no solo la Abadía está protegida. También lo está el territorio que la rodea. El Valle del Darro cuenta con protección como BIC y el Sacromonte forma parte de ese paisaje histórico. De ahí que los alegantes cuestionen que el proyecto pueda valorarse únicamente desde lo que ocurre dentro del edificio y reclamen que se tenga en cuenta todo lo que puede cambiar alrededor.

“Urbanismo a la carta”

Por otro lado, los colectivos consideran que el Ayuntamiento de Granada está modificando el planeamiento para hacer posible un proyecto concreto y califican el procedimiento de “urbanismo a la carta”. El cambio consiste en pasar una parte de la Abadía de su actual uso como equipamiento religioso a un uso residencial singular hotelero. Para los alegantes, el problema no es que Granada pueda tener nuevos hoteles, sino que el planeamiento se adapte cada vez que aparece un proyecto privado que necesita un cambio de uso.

El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, recuerda que la planificación urbanística debe responder al interés general y no únicamente a las necesidades de un propietario o de un inversor. Y cuestiona especialmente que el proyecto presente la transformación como una necesidad para el lugar. “El cambio de uso no es una necesidad. Puede ser, en todo caso, una conveniencia para la propiedad, que vislumbra con ese cambio de uso un negocio y un beneficio propio”, sostienen los alegantes.

La diferencia es importante porque el Arzobispado justifica el proyecto precisamente desde la necesidad de encontrar recursos para mantener la Abadía. Para los colectivos, esa necesidad no obliga a elegir un hotel y existen otras posibilidades que deberían estudiarse antes de modificar el planeamiento.

A su vez, el PSOE, desde la oposición consistorial, coincide en reclamar que se analicen alternativas. Su portavoz Juanjo Ibáñez insiste en que el debate no es “hoteles sí u hoteles no” y rechaza que la ciudad tenga que elegir entre convertir la Abadía en hotel o dejarla deteriorarse. “No es hotel o ruina”, sostiene. Una duda a la que se le añade el tamaño del propio aparcamiento. Las alegaciones advierten de que las obras afectarían a una zona actualmente ocupada por aparcamiento en superficie, árboles, paseos y miradores. También cuestionan la valoración que hace el proyecto de las rampas y otros elementos que tendrán que construirse para acceder a las plantas subterráneas. Pero además de lo que se verá, está lo que puede aparecer durante la excavación.

El Sacromonte es un territorio de cuevas y de ocupación histórica. Las propias alegaciones recuerdan los restos arqueológicos conocidos en el entorno y la relación de las cuevas con el origen de la Abadía. Por eso reclaman que se concrete qué actuaciones arqueológicas se realizarán antes y durante la excavación. Espigares incide también en este punto, precisamente por la singularidad del lugar. La historia de la Abadía está ligada a las cuevas y a los hallazgos que se produjeron en ellas, por lo que una excavación de tres plantas bajo tierra añade una intervención especialmente delicada. Las obras no se quedarían, además, bajo tierra. El proyecto contempla intervenir sobre los paseos y miradores y las alegaciones cuestionan que se haya estudiado suficientemente el efecto que tendrán las nuevas rampas, posibles elementos asociados a los accesos y el arbolado existente.

Los coches y el paisaje

No solo eso. El hotel estaría en uno de los lugares más singulares de Granada, pero también en uno de los más complicados para llegar. Las 115 plazas previstas significan, como mínimo, que el proyecto está pensado para recibir un número considerable de vehículos. A ellos habría que sumar los desplazamientos de trabajadores, proveedores, servicios y, dependiendo de cómo termine configurándose el establecimiento, visitantes que acudan a restaurantes o eventos.

Los vecinos reclaman que se estudie con detalle el incremento de tráfico y sus consecuencias sobre el entorno. El PSOE también ha pedido conocer cuántos desplazamientos generaría el hotel, qué vehículos utilizarían los accesos y qué capacidad tienen las carreteras para asumirlos. Una realidad que afecta especialmente al Camino del Sacromonte, que ya soporta el paso de taxis y minibuses turísticos. Blanca Espigares recuerda que el problema de la localización es que los clientes de un hotel situado allí dependerán en buena medida de vehículos para desplazarse por la ciudad.

También aparece el acceso por El Fargue, una vía cuya adaptación para soportar un incremento de tráfico tendría igualmente consecuencias sobre el paisaje del Valle del Darro. Es uno de los puntos donde la protección patrimonial deja de ser una cuestión exclusivamente arquitectónica. No basta con decidir qué se puede hacer dentro de la Abadía si para que ese uso funcione hay que modificar caminos, aumentar el tráfico o transformar el entorno.

Por otro lado, los colectivos consideran que la documentación utiliza criterios demasiado generales y que no analiza con suficiente detalle cómo cambiará la percepción de la Abadía desde su entorno. Entre las cuestiones que señalan están las rampas del aparcamiento, posibles elementos verticales, el arbolado, los accesos y las nuevas instalaciones que pueda necesitar el hotel. El PSOE reclama además que se estudien los corredores visuales hacia la Abadía y la Alhambra, la iluminación nocturna y la señalización. Porque en un lugar como el Sacromonte el paisaje no es simplemente el escenario sobre el que se coloca un edificio. Es parte de lo que se está protegiendo.

Y eso explica también la preocupación de Espigares. Para la arquitecta, la intervención puede ser compatible con el patrimonio si se hace con criterios adecuados, pero el resultado dependerá enormemente de cómo se intervenga en el edificio y de qué tipo de proyecto termine desarrollándose. Una rehabilitación respetuosa y un hotel que transforme profundamente los espacios interiores y exteriores pueden ser dos cosas muy diferentes.

Más presión turística

Por si fuera poco, el futuro hotel ayudaría a tensionar aún más a un entorno urbano que ya sufre desde hace tiempo la presión turística. El Albaicín y el Sacromonte llevan años soportando un turismo extranjero que no deja de crecer y los colectivos vecinales consideran que un nuevo establecimiento hotelero añadiría más visitantes y más actividad en un espacio que ya tiene problemas de movilidad, ruido, limpieza y ocupación del espacio público.

Su preocupación no se limita a la Abadía, sino en la transformación progresiva del barrio. “El Sacromonte no puede convertirse en una sucesión de negocios turísticos que termine destruyendo precisamente aquello que lo hace único, como está pasando en el Albayzín”, advierten desde Albayzín Habitable. Y recuerdan que el proyecto no tiene en cuenta el aumento de servicios que hará falta llevar hasta el entorno del Sacromonte. En sus alegaciones recuerdan que un hotel genera una población flotante formada por huéspedes, trabajadores y visitantes.

El PSOE plantea la misma cuestión desde el modelo de ciudad y reclama estudiar los efectos acumulativos de las nuevas instalaciones turísticas. Su argumento es que cada proyecto puede parecer asumible por separado, pero que la suma de hoteles, apartamentos y visitantes termina teniendo efectos sobre la movilidad, los servicios, la vivienda y los barrios. “Ningún territorio tiene una capacidad infinita”, dice Ibáñez.

Hay una cuestión más. Según las alegaciones, la Abadía ha recibido al menos 2,5 millones de euros del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a través del 1,5% Cultural y otros 1,1 millones de la Junta mediante el Plan Alhambra. En total, al menos 3,6 millones de euros de fondos públicos identificados en la documentación. De ahí que los vecinos se pregunten hasta qué punto se puede sufragar con dinero de todos un edificio que acabará teniendo parte de uso hotelero privativo si el Consistorio da luz verde.

También aquí el Arzobispado mantiene su argumento inicial: el futuro negocio serviría para generar recursos con los que mantener la Abadía. Espigares pone el foco en la otra parte de la ecuación: la obligación de conservar un BIC existe con independencia de que el propietario consiga o no convertir parte del conjunto en una actividad económica.

Silencio institucional

Mientras el cambio de uso llega, el Ayuntamiento de Granada, que es quien está llevando adelante el expediente urbanístico, evita entrar al fondo de todas las cuestiones planteadas. Preguntado por las características concretas del proyecto, el Consistorio se limita a decir que se encuentra en un momento “muy incipiente” para avanzar detalles y remite a las explicaciones del Arzobispado como promotor.

Y el Arzobispado, por su parte, señala que todavía está estudiando la posibilidad, que no construirá directamente el hotel y que no hay nada aprobado hasta el momento. Por eso, tampoco concreta todavía aspectos como el número de habitaciones o el funcionamiento del establecimiento. En cuanto a la protección de la Abadía y del paisaje, la Junta tampoco da detalles. La Delegación de Cultura señala que el proyecto todavía no ha llegado al momento de las autorizaciones patrimoniales y que no existe por ahora ninguna previsión oficial sobre cómo se llevará a cabo dicha protección.

Así, el hotel todavía no existe. No se conoce la dimensión final del mismo en cuanto a la presión turística que añadirá y el proyecto puede sufrir modificaciones durante su tramitación, pero sí existe ya una propuesta para cambiar el uso de una parte de la Abadía y hacer posible ese futuro negocio. Una propuesta que pone en jaque el patrimonio cultural de uno de los enclaves más importantes de Granada.

La ciudad, que lleva siglos construyendo alrededor del Sacromonte su propia historia, debe decidir cómo abordar su futuro. Primero fueron las cuevas, después los hallazgos de los Libros Plúmbeos y la construcción de la Abadía. Ahora, cuatro siglos después, el Ayuntamiento tramita la posibilidad de añadir una nueva pieza a esa historia: un hotel de lujo. La duda es si esa nueva pieza puede incorporarse sin cambiar demasiado el paisaje, el barrio y el patrimonio que precisamente hacen de la Abadía uno de los lugares más importantes de Granada.

“Soy la última vecina de la calle”. La que lo dice es Paloma Navarro, una mujer de Granada que se enfrenta al desahucio de la que es su casa desde hace 35 años. Lo dice con la voz entrecortada, mirando con la rabia de quien se siente injustamente tratada, pero convencida de que antes de expulsarla de su vivienda ella va a dar batalla. No en vano, el propietario del inmueble, Estudios y Gestión Integral de Inmuebles, es un gran tenedor que adquirió todo el edificio —seis pisos en total— en el año 2024 y que, desde entonces, trata de echar a esta vecina del centro histórico granadino.

Pretende expulsarla del que es su hogar desde hace más de tres décadas pese a que tanto ella como su familia han vivido siempre en él sin dejar nunca de pagarlo. “Ahora mismo estoy sola y saben que soy más vulnerable”, lamenta Paloma, asumiendo que su batalla legal va a ser complicada. De hecho, este 21 de septiembre tiene el juicio por la demanda de desahucio interpuesta por los propietarios y no es optimista con el resultado. Según explica, el principal problema que tiene es que, además del interés de la empresa por expulsarla para remodelar el edificio para sacar más dinero por los pisos, el contrato que tiene lo firmó su padre en 1991, pero él falleció en 2002 sin que se haya subrogado. Algo a lo que se agarra Estudios y Gestión Integral de Inmuebles para afirmar que la casa en la que vive Paloma desde que tenía 7 años no es su casa.

Sin empleo estable, sin familia próxima, ya que sus padres fallecieron y sus hermanas no viven cerca, la situación económica de Paloma es de extrema vulnerabilidad. Paga una mensualidad que ronda los 350 euros y, pese a sus problemas monetarios, ha intentado negociar con la propiedad para subir la renta y acercarla al precio de mercado. “Soy consciente de que vivo en una zona donde el precio es más alto y aunque me cueste por mis ingresos, quiero llegar a un acuerdo, pero se niegan a escucharme”, lamenta. De hecho, cuenta que, tras hablar en persona con el propietario del inmueble, este le dijo que entendía su situación, pero que le entendiese a él, que ya había contratado la licencia para hacer obras y adaptar el edificio para sus proyectos inmobiliarios.

Paloma recuerda incluso el momento en el que el actual propietario conoció el interior de su casa. Fue antes de que el edificio cambiase de manos. Según cuenta, los antiguos propietarios le avisaron de que iba a acudir un arquitecto para estudiar la posibilidad de instalar un ascensor. El hombre que se presentó en su vivienda fue Rubens Cortés, al que identifica como la persona vinculada a la actual propiedad. Entró en la casa, recorrió las habitaciones y tomó fotografías. “Él ha estado aquí, él tiene las pruebas de que sabe que yo vivía aquí”, asegura Paloma, que conserva en su memoria aquella visita.

La escena, recuerda, tuvo lugar poco antes de que el inmueble fuese vendido. Paloma estaba en casa cuando el arquitecto, que es también el CEO de la inmobiliaria que posee su edificio, le pidió permiso para hacer fotografías en el interior. Ella accedió, aunque le llamó la atención que quisiera retratar distintas estancias. “Me preguntó, soy el arquitecto, ¿puedo echar unas fotos?”, relata. Después, asegura que el hombre le explicó que necesitaba comprobar las características del edificio y estudiar un posible acceso.

Unos meses después, cuenta, llegó la operación de compraventa y, con ella, el cambio de escenario para los vecinos que todavía permanecían en el inmueble. Paloma asegura que poco después recibió un burofax en el que se ofrecía a los residentes la posibilidad de comprar el edificio, una operación que cifraba en unos 800.000 euros. “Sabían que no teníamos 800.000 euros para comprar el edificio entero”, recuerda. Además, se da la circunstancia de que tres de los seis pisos de la finca llevan años vacíos y que los otros dos que quedan cuentan con alquileres temporales que acaban el próximo mes de abril, por lo que Paloma es la única residente fija que queda. La última vecina, junto a su gata, y la más vulnerable.

Dos años de presiones

Desde que se produjo la compra del edificio, la relación con la nueva propiedad ha estado marcada por los burofaxes. El primero que Paloma recuerda llegó en 2023 y tenía como asunto el pago del alquiler: incluía un número de cuenta al que debía seguir ingresando la mensualidad. Después llegó la comunicación de que el contrato no sería renovado. Hasta ese momento, el alquiler se había ido prorrogando anualmente y, según cuenta, la familia había seguido pagando con normalidad. En marzo de 2024 recibió el aviso de que la propiedad prescindía de esa renovación y que debía abandonar la vivienda.

Paloma no aceptó. Bajó a las oficinas que la empresa tiene en el mismo entorno de Plaza Nueva e intentó hablar con sus responsables. Primero con una empleada y después, según relata, con la mujer del propietario. La respuesta fue que no habría un nuevo contrato porque se iban a realizar obras en el edificio. Ella llegó incluso a hablar personalmente con Rubens para explicarle que llevaba toda su vida allí. “Él me entendía a mí, pero que lo entendiera yo a él”, recuerda que le dijo el propietario, según su versión, mientras le explicaba que tenía una licencia solicitada para realizar las obras.

La negociación no llegó a ninguna parte. Paloma asegura que estaba dispuesta incluso a asumir una subida del alquiler para adaptar la mensualidad al nuevo precio de la zona. Pagaba menos de 360 euros al mes y, pese a su situación económica, estaba dispuesta a hacer un esfuerzo para seguir viviendo en la casa. “Yo le dije que incluso estaba dispuesta a pagar más, que yo lo entiendo, que las cosas han subido, pero nada, nada”, explica.

La propiedad optó finalmente por acudir a los tribunales. El procedimiento iniciado contra Paloma es un desahucio por precario, una acción con la que la empresa reclama recuperar la posesión de la vivienda al considerar que ella carece de título para ocuparla. El Juzgado de Primera Instancia número 7 de Granada identifica expresamente a Estudio y Gestión Integral de Inmuebles como una entidad mercantil con condición de gran tenedora.

La situación económica de Paloma ha quedado además recogida en el propio procedimiento. Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Granada emitieron en junio de 2025 un informe en el que concluyeron que se encontraba en situación de vulnerabilidad social y económica. Un mes después, el juzgado dejó constancia de que estaba desempleada, no tenía bienes inmuebles y no había recibido una alternativa habitacional por parte de la Administración.

La jueza rechazó la suspensión extraordinaria que Paloma había solicitado al amparo de una de las medidas previstas para determinados hogares vulnerables, al considerar que no cumplía los requisitos específicos establecidos por esa norma. Pero, al mismo tiempo, acordó suspender el procedimiento durante un máximo de cuatro meses en aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil y ordenó poner la resolución en conocimiento de los Servicios Sociales para promover el acceso de Paloma a los recursos necesarios, incluida una solución habitacional.

Ese tiempo, sin embargo, no ha resuelto el problema. Paloma tiene ahora que enfrentarse al juicio y a la posibilidad de perder la vivienda en la que se crio. Mientras tanto, ha rechazado, según cuenta, una oferta de 5.000 euros para abandonar el piso. Asegura que inicialmente se le ofrecieron 2.000 euros y que la cantidad aumentó después hasta los 5.000. “Como si me estuvieran haciendo un favor”, lamenta.

La alternativa que le queda pasa por resistir mientras se resuelve el procedimiento y tratar de encontrar una solución habitacional. Está inscrita como solicitante de vivienda protegida y asegura que se le ha aplicado un mecanismo que le permite tener prioridad cuando haya una vivienda disponible, pero ella misma señala la dificultad de que ese recurso llegue a tiempo. “Fíjate la de edificios vacíos que hay, pudiendo empezar por ahí”, lamenta.

Paloma no está sola

En su defensa no está sola. Stop Desahucios, el Sindicato de Vivienda y colectivos como Albayzín Habitable y Realejo Habitable la acompañan en el proceso. Para Ariadna, integrante de Stop Desahucios, la cuestión trasciende el caso concreto de Paloma. El colectivo asegura haber identificado otros edificios completos vinculados al entorno empresarial de Rubens Cortés y sitúa el caso dentro de la transformación residencial que, a su juicio, está experimentando el centro histórico de Granada. Según explica, el grupo ha localizado cuatro edificios completos en el entorno de calle Elvira y Plaza Nueva. Esta información, que procede del colectivo y que aparece en una web vinculada a la empresa, no ha podido ser contrastada con la propiedad.

La organización considera que el conflicto refleja una transformación más amplia del Albaicín y del centro de Granada, donde cada vez resulta más difícil que quienes han vivido históricamente en el barrio puedan seguir haciéndolo. “El barrio se cuida con vecinas”, resume Ariana, portavoz de Stop Desahucios y una de las personas que está más cerca de Paloma en todo este caso. Desde la plataforma sostienen que el problema ya no es solamente el precio de la vivienda, sino la progresiva desaparición de vivienda disponible para residentes en Granada capital.

La transformación del centro histórico también ha ido borrando la vida de barrio que Paloma recuerda. Cuenta que cada vez quedan menos vecinos de toda la vida, mientras las maletas y los turistas se han convertido en una imagen habitual de Plaza Nueva y el Albaicín. A su alrededor, dice, han desaparecido comercios tradicionales y han proliferado alojamientos y negocios orientados al turismo, haciendo cada vez más difícil que las familias puedan seguir viviendo en el barrio.

En el caso de Paloma, además, Stop Desahucios plantea que el hecho de que el contrato figure a nombre de su padre no debería cerrar necesariamente la puerta a su permanencia. Ariana explica que el colectivo ha defendido en otros procedimientos la subrogación de contratos de padres a hijos y considera relevante que Paloma nunca abandonase la vivienda. “Cuando su padre firmó el contrato, Paloma ya estaba dentro”, señala.

La organización admite, en todo caso, que la vía judicial será complicada. El auto dictado en julio ya estableció que Paloma no reunía los requisitos concretos para acogerse a una de las suspensiones extraordinarias previstas para determinados ocupantes vulnerables. Pero Stop Desahucios considera que existen otros argumentos jurídicos que deben ser estudiados y que, incluso en caso de una sentencia desfavorable, todavía habría margen para recurrir y negociar con la propiedad.

Paloma afronta así un juicio que para ella va mucho más allá de una disputa sobre un contrato. En las paredes de su casa siguen las fotografías familiares: sus padres, sus hermanas, los antiguos vecinos y las vivencias que se han desarrollado en esas habitaciones. Son imágenes de una vida que se ha desarrollado casi entera en esas estancias. Ella llegó con siete años y ahora, con 42, se enfrenta a la posibilidad de tener que marcharse.

“Que me he criado aquí, que llevo aquí desde los 7 años, y que este señor no necesita la vivienda para vivir”, dice cuando se le pregunta qué le pediría a la jueza. Y añade una frase que resume su situación: “Jamás en la vida hemos faltado un pago, que hay pruebas”. Ni Estudio y Gestión Integral de Inmuebles ni el propietario al que Paloma identifica como responsable de la operación han respondido a las preguntas formuladas por este medio. Tampoco el Ayuntamiento de Granada ha respondido a las cuestiones planteadas sobre el caso y la situación habitacional de Paloma.

La Fiscalía Provincial de Granada ha pedido el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta contra Juana Rivas por un presunto delito de sustracción de menores al considerar que las diligencias practicadas durante la investigación no son suficientes para investigar a la granadina, que trató de evitar que Daniel, su hijo menor, se marchase a Italia junto a su padre al temer por su integridad física. El informe, firmado el pasado 14 de septiembre y del que se ha hecho eco el equipo jurídico de Rivas, sostiene que no ha quedado suficientemente acreditada la comisión de un nuevo delito y establece una diferencia expresa entre lo ocurrido en 2017 y la actuación de la granadina en 2025.

El Ministerio Fiscal considera que Rivas no actuó hace un año con la voluntad de retener al menor al margen de los procedimientos legales para hacerse con su custodia. Al contrario, señala que permaneció localizada, estuvo asesorada jurídicamente y recurrió a distintos procedimientos judiciales para intentar suspender o retrasar la entrega del niño. La Fiscalía otorga además especial relevancia a que, cuando comenzaron los hechos en enero de 2025, el Juzgado de Instrucción 4 de Granada dictó una medida cautelar de protección tras escuchar al niño y para que pudiese permanecer en España. Tras una batalla legal, el menor fue finalmente entregado a su padre el 25 de julio de 2025, cuando la orden de restitución pasó a ser ejecutiva.

La Fiscalía entiende que lo sucedido en 2025 no se parece a lo que ocurrió cuando fue condenada por la retención de sus dos hijos en 2017. En aquella ocasión, recuerda la Fiscalía, permaneció durante aproximadamente un mes en paradero desconocido pese a los requerimientos judiciales de entrega. En esta segunda ocasión, según el Ministerio Público, la situación fue distinta: la madre no se ocultó con el menor y utilizó los cauces judiciales para oponerse a su retorno. La petición de archivo llega después de que la Audiencia Provincial de Granada ordenara en julio de 2025 continuar investigando la posible sustracción, pese a que el Juzgado de Instrucción había archivado inicialmente la denuncia. Juana Rivas está citada para declarar como investigada el próximo 30 de octubre.

Un proceso diferente a 2017

Ahora, el fiscal considera especialmente relevante que la permanencia de Daniel en España no comenzara como una decisión unilateral de su madre, sino después de que un juzgado de Granada adoptase una medida cautelar de protección. El 7 de enero de 2025, la jueza de guardia escuchó al menor y acordó suspender provisionalmente su regreso a Italia ante el temor que dijo tener por su propia seguridad. La medida fue posteriormente mantenida por el Juzgado de Instrucción 9 de Granada y confirmada por la Audiencia Provincial. Precisamente esa resolución fue la que llevó a la jueza del Instrucción 4 a archivar inicialmente la denuncia de Arcuri en mayo de 2025, al considerar que Rivas estaba amparada por una decisión judicial española y que no había cometido un delito de sustracción.

Aquel auto sostenía además que tampoco existían indicios suficientes de los delitos de malos tratos habituales y lesiones psicológicas denunciados por Arcuri. La magistrada rechazaba que las acusaciones sobre una supuesta manipulación del menor pudieran sustentarse en el llamado síndrome de alienación parental y recordaba la prohibición de utilizar planteamientos sin aval científico, tal y como señala la Ley de Infancia. La Audiencia Provincial de Granada revocó parcialmente aquel archivo en julio de 2025 y ordenó investigar únicamente la posible sustracción del menor, al considerar que los hechos relatados podían presentar inicialmente caracteres de delito. La propia Audiencia descartó, además, reabrir la investigación por el supuesto maltrato psicológico atribuido a Rivas.

Ahora, la Fiscalía vuelve ahora a poner la diferencia entre lo que ocurrió cuando Rivas saltó a la primera plana periodística y lo que ha sucedido ahora: lo ocurrido en 2025 no fue, a juicio del Ministerio Público, una repetición de la conducta por la que Rivas fue condenada años atrás. La granadina fue condenada inicialmente en 2018 a cinco años de prisión por la sustracción de sus dos hijos, después de haber permanecido durante aproximadamente un mes en paradero desconocido en 2017 y haber incumplido los requerimientos judiciales para entregarlos a su padre. El Tribunal Supremo redujo posteriormente la pena a dos años y seis meses al considerar que se trataba de un único delito y no de dos. En 2021, el Gobierno concedió a Rivas un indulto parcial que redujo la pena de prisión a un año y tres meses y sustituyó la inhabilitación para ejercer la patria potestad por trabajos en beneficio de la comunidad.

Esta penúltima legal se suma a un historia judicial que comenzó mucho antes y que durante años ha transitado entre España e Italia. Rivas y Arcuri se trasladaron a Cerdeña después de una primera denuncia por malos tratos presentada por ella en 2009. En 2016, Rivas abandonó Italia con sus dos hijos y regresó a Granada, donde volvió a denunciar a su pareja. El conflicto por la custodia y el regreso de los menores acabó desembocando en la causa penal que terminó con su condena por sustracción de menores y convirtió el caso en uno de los procesos judiciales más mediáticos de los últimos años en España.

Arcuri, investigado en Italia

En paralelo a lo que ocurre sobre la presunta sustracción del hijo menor de la expareja, Italia mantiene abierto un procedimiento penal contra Francesco Arcuri por presuntos malos tratos físicos y psicológicos a sus dos hijos. Las acusaciones se refieren a hechos investigados durante años en Cerdeña y el juicio comenzó finalmente en 2025 después de que la Fiscalía de Cagliari reabriese unas actuaciones que habían permanecido sin avances durante años. El propio fiscal general de Cagliari llegó a reconocer en 2024 un retraso “inadmisible” en la tramitación del caso. En febrero de 2026, Rivas y su hijo mayor, Gabriel, declararon como testigos ante el tribunal de Cagliari en el proceso contra Arcuri. El proceso continúa en fase de declaraciones testificales y, según fuentes del caso, podría prolongarse varios años más.

Precisamente, la investigación italiana es uno de los elementos que la Fiscalía de Granada considera relevantes para analizar qué ocurrió en enero de 2025. El Ministerio Público señala que en aquel momento existían actuaciones penales en Italia relacionadas con presuntos malos tratos y que la medida de protección adoptada en Granada se produjo después de la exploración del menor y a petición de la propia Fiscalía Provincial. Esto no significa que las acusaciones contra Arcuri esté confirmadas, sino que el procedimiento penal italiano sigue abierto y será ese tribunal el que tenga que determinar si existe responsabilidad penal. En junio, el juicio continuó con la declaración de testigos, entre ellos trabajadores de los servicios sociales de Carloforte y profesionales que habían intervenido en la atención de los menores.

La causa italiana convive además con el procedimiento civil sobre la custodia de Daniel. El Tribunal de Casación italiano confirmó hace dos meses que la custodia del menor corresponde a su padre, después de varios años de decisiones contradictorias y recursos. La resolución dejó abierta, no obstante, la causa penal por los presuntos malos tratos que continúa en Cerdeña. El hijo menor regresó finalmente con Arcuri el 25 de julio de 2025 y permanece desde entonces en Italia.

De este modo, el archivo que ahora reclama la Fiscalía no pone fin a toda la batalla judicial que enfrenta a Rivas y Arcuri, pero sí puede cerrar uno de sus frentes principales en España. La decisión final corresponde a la Audiencia de Granada, que deberá pronunciarse sobre la petición del Ministerio Público. Mientras tanto, el procedimiento italiano contra Arcuri continúa pendiente de resolución, mientras Gabriel, el hijo mayor de Rivas, vive con ella desde hace ya tres años.

Un terremoto de magnitud 3,1 mbLg y con epicentro en Ogíjares se ha dejado sentir de forma amplia entre la población este miércoles por la mañana, a las 9,54 horas, en Granada capital y en varios municipios de su área metropolitana. Se trata del cálculo definitivo ofrecido por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) en sus canales de difusión, consultados por Europa Press, y que sitúa el seísmo como superficial.

El terremoto no habría producido afectaciones de carácter grave ni en la capital ni en los pueblos del cinturón. Así se deduce, en primera instancia, tras consultar a los Servicios de Emergencias del 112, que han recibido una decena de llamadas pero, según indican, no han tenido que movilizar medios o recursos por afectaciones de carácter grave.

Fuentes municipales de localidades del área epicentral también consultadas por Europa Press como Granada capital, Armilla, Las Gabias u Ogíjares han confirmado que, en principio, no ha habido llamadas para atender situaciones de urgencia. Tampoco ha recibido avisos por emergencias la Policía Local de Granada, que señala que tiene unidades en prevención pendientes de cualquier novedad.

Sobre el terremoto, el IGN señala que ha tenido magnitud III, es decir, débil, y especialmente sentido por personas que están dentro de edificios y/o en reposo que sienten un ligero temblor. Además, el instituto ha recibido reportes que indican que el terremoto se ha sentido en Vegas del Genil, Armilla, Atarfe, Monachil, Cájar, Cenes de la Vega, Churriana de la Vega, Dílar, Gójar, Granada, Huétor Vega, La Zubia, Las Gabias, Maracena y Otura, entre otros.

El temblor se ha producido en el marco de la serie sísmica de Alhendín (Granada) que comenzó el pasado 14 de agosto y que tuvo sus dos terremotos más fuertes los días 15 y 18 de aquel mes, de magnitud 4,8 Mw. Desde aquellos días han sido más de 1.500 los terremotos registrados en el área epicentral, si bien la gran mayoría no han sobrepasado, salvo contadas ocasiones, magnitudes de en torno a 2 mgLg.

Se da la circunstancia de que este pasado martes se ha desactivado la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico en Granada que ha descendido a fase de preemergencia, situación operativa 0, ante la evolución de la serie sísmica.

La serie muestra un amortiguamiento generalizado, con una disminución exponencial de la energía liberada por día desde el 20 de agosto y un decaimiento más marcado durante la última semana, si bien este miércoles por la mañana se ha sentido el referido terremoto de 3,1 mbLg.

Además, este pasado martes el Consejo de Ministros ha declarado la provincia de Granada como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil --lo que se conocía como zonas catastróficas-- por la serie sísmica del pasado agosto, cuya gravedad ha destacado tanto “por su persistencia temporal como por la preocupación generada entre la población y las administraciones competentes”.

La Sección Primera de la Audiencia de Granada celebra este miércoles el juicio contra un hombre acusado de cobrar la pensión de viudedad de su madre muerta durante 22 años, en los que se hizo presuntamente con un montante superior a los 200.000 euros.

La Fiscalía ha solicitado una pena de cinco años de prisión para él por un delito continuado de fraude de prestaciones a la Seguridad Social, según consta en su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press.

Además de la pena de prisión, la Fiscalía pide que se le condene al pago de una multa de 350.000 euros y que indemnice en 168.927 euros a la Seguridad Social.

Según el relato fiscal, la madre era beneficiaria de una pensión de viudedad que cobraba en su cuenta mensualmente y falleció en marzo de 1996. Su hijo, de unos 60 años en la actualidad, no habría informado de ello a la Tesorería General de la Seguridad Social y presuntamente pasó el abono de la pensión a una cuenta cuya titularidad compartía con su progenitora.

Así, se “apoderó” presuntamente de las mensualidades de la pensión desde el momento del fallecimiento en 1996 hasta diciembre de 2018; esto es, durante 22 años con un perjuicio a la Seguridad Social que se ha cifrado en un total de 210.210 euros.

El Ministerio Fiscal precisa que tampoco el banco comunicó a la Seguridad Social el fallecimiento de la mujer “al no haber realizado los controles de vivencia oportunos”. La entidad ha abonado a la Seguridad Social el importe de la pensión correspondiente a los cuatro últimos años por un importe de 41.282 euros.

En el escrito de acusación, la Fiscalía sitúa al banco como responsable civil subsidiario de la indemnización que el acusado deberá abonar a la Seguridad Social en caso de resultar condenado por la Audiencia Provincial. También reclama que se condene al hijo a la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o beneficios fiscales durante siete años.

El CEIP Enrique Tierno Galván de La Zubia, en Granada, ha comenzado el curso escolar con parte de sus instalaciones todavía en obras. Ventanas pendientes de colocar, baños sin terminar, polvo y materiales de construcción conviven estos días con el alumnado, mientras el centro ha tenido que reorganizar algunos de sus espacios para poder arrancar las clases con normalidad. Todo ante la indignación del propio centro, las familias de los estudiantes y hasta el consistorio local.

La actuación, destinada a eliminar barreras arquitectónicas y mejorar la accesibilidad del colegio, cuenta con una inversión de 210.277,58 euros de la Junta de Andalucía. Según fuentes del propio centro educativo, las obras debían estar casi finalizadas -a falta de detalles-, a comienzos de curso, pero la realidad ha sido distinta. Mientras la Consejería de Educación sostiene que los trabajos tienen un plazo de ejecución de cuatro meses y que la fecha prevista para su finalización es el próximo 31 de octubre, la comunidad educativa, sin embargo, se siente engañada: el curso ha comenzado antes de que las obras hayan terminado y con buena parte de los trabajos todavía visibles en el centro.

“Nos habían dicho que a principios de septiembre iba a estar prácticamente finalizada, solo a falta de poner el elevador”, explica Carmen, presidenta del AMPA del colegio, que tiene una hija de diez años escolarizada en el centro. Según relata, las familias se encontraron al comenzar septiembre con una obra mucho menos avanzada de lo que esperaban. El AMPA asegura que durante el verano apenas ha visto trabajadores en el centro y que, ante la proximidad del inicio de las clases, la dirección y el Ayuntamiento de La Zubia tuvieron que reclamar a la Junta medidas para garantizar que el alumnado pudiera acceder al colegio sin entrar en las zonas de trabajo.

La situación ha obligado además al centro a reorganizar parte de su funcionamiento. Según el AMPA, algunas aulas han tenido que cambiar de ubicación y espacios como la biblioteca y el aula de música se han adaptado para acoger clases que ya no podían desarrollarse en sus emplazamientos habituales. Uno de los cambios que más preocupa a las familias afecta al aula TEA, donde están escolarizados cinco alumnos con necesidades específicas. “Son niños con autismo severo y van a tener que cambiar de clase cuando ya llevan tres años adaptándose a un aula”, señala Carmen. El resto del alumnado también se ha visto afectado, según el AMPA, por cambios en los patios y por la reorganización de los espacios del centro.

La presidenta de la asociación de madres y padres insiste, no obstante, en que las familias no cuestionan la necesidad de la actuación. Al contrario: las obras pretenden precisamente eliminar las barreras arquitectónicas que tenía el colegio. La crítica se centra en las condiciones en las que el centro afronta el comienzo del curso y en las expectativas que, según el AMPA, se habían trasladado sobre el calendario de los trabajos.

El Ayuntamiento de La Zubia, gobernado por el PSOE, también ha reclamado a la Junta que acelere las obras. La alcaldesa, Puri López, ha visitado en varias ocasiones el centro y avala la versión de las familias y el propio colegio: la existencia de trabajos pendientes, materiales de obra en distintas zonas, ventanas sin colocar, baños sin terminar y polvo derivado de las actuaciones. “Estamos hablando de nuestros niños y niñas y de un centro educativo en el que pasan muchas horas cada día”, señala López, que reclama que alumnado, profesorado y trabajadores puedan desarrollar su actividad “con todas las garantías de seguridad y bienestar”.

Una obra con plazo hasta finales de octubre

No obstante, la Junta de Andalucía ofrece una explicación distinta sobre el calendario. La Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE), asegura que la actuación fue programada dentro del programa de Obras de Escolarización de Verano y que contempla un periodo de ejecución de cuatro meses. El Ejecutivo regional cifra en 210.277,58 euros la inversión y explica que la intervención tiene como objetivo la “supresión de barreras físicas y arquitectónicas” para garantizar la movilidad y la inclusión del alumnado. Según la Junta, la fecha de conclusión prevista es el 31 de octubre de 2026. Es decir, casi dos meses después del inicio del curso escolar. Una explicación que choca con el calendario que manejaba la comunidad educativa, mucho más corto en el tiempo.

Sin embargo, la Junta sostiene que mantiene el contacto con la dirección del centro y que las instalaciones serán sectorizadas para separar las zonas de trabajo de las utilizadas por el alumnado. También asegura que se adoptarán todas las medidas de prevención necesarias para garantizar el inicio del curso.

Es precisamente ahí donde aparece la principal diferencia entre la versión de la Administración y la de las familias. La Junta defiende que los trabajos se encuentran dentro del plazo previsto y que el centro puede comenzar el curso con las medidas de seguridad correspondientes. El AMPA, en cambio, considera que la comunidad educativa esperaba que la obra estuviera prácticamente acabada cuando los alumnos regresaran a las aulas.

Mientras los trabajos continúan, la dirección del centro ha tenido que reorganizar espacios y recorridos para hacer compatible la actividad educativa con una actuación que todavía tiene por delante varias semanas de ejecución. Carmen reconoce que la dirección está extremando las precauciones para evitar que el alumnado acceda a las zonas de obra. “Se está controlando al máximo”, asegura después de haber recorrido el colegio para comprobar las entradas, las salidas y las medidas de seguridad.

El AMPA ha convocado además una concentración a las puertas del centro para reclamar que las obras se aceleren y que el colegio pueda recuperar cuanto antes la normalidad. La actuación que debía servir para hacer el Tierno Galván más accesible ha convertido, al menos durante el arranque del curso, parte del colegio en un espacio de convivencia entre clases y trabajos de construcción. La Junta mantiene octubre como fecha de finalización. Las familias esperan que, esta vez, el calendario se cumpla.

Sólo 24 horas después de aprobar en Consejo de Gobierno ayudas por valor de siete millones de euros para los municipios granadinos afectados por los terremotos del pasado mes de agosto, la Junta de Andalucía ha anunciado que el montante global se elevará a 46,2 millones de euros. Así lo ha anunciado este miércoles el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, que ha detallado que este dinero se destinará a Granada capital, a los municipios de la provincia más dañados y al conjunto monumental de la Alhambra.

El presidente del Ejecutivo andaluz ha desvelado la cifra tras mantener una reunión con la alcaldesa de la capital, Marifrán Carazo, y con regidores de varias localidades que han sufrido especialmente los daños ocasionados por esta serie sísmica. “He venido a Granada a escuchar a los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados por los seísmos y a compartir con ellos las propuestas del Gobierno andaluz”, ha señalado, asegurando que si no ha visitado antes a la zona ha sido porque habría sido “solamente para hacerse la foto”.

Moreno ha detallado que los 46,2 millones de euros serán principalmente para afrontar los daños en infraestructuras municipales, sanitario-educativas, judiciales, en viviendas y también en la Alhambra. Asimismo, ha remarcado que este plan “no viene solo” y ha reiterado la petición formal que la Junta de Andalucía ha trasladado al Gobierno de España para que se implique en la ayuda a Granada. “Tiene una herramienta extraordinaria: la declaración de zona gravemente afectada, por eso le hemos pedido que la active ya”, ha afirmado. La administración autonómica, ha añadido, “seguirá empleando todos los instrumentos a su alcance, como viene haciendo desde el primer día”.

Desglose de las ayudas

En cuanto al desglose de las ayudas, más de 10,2 millones de euros se destinarán a los daños registrados en centros de salud y otras infraestructuras sanitarias, y siete millones a los ayuntamientos para reparar infraestructuras municipales. Otro millón irá a los centros educativos, mientras que en materia de vivienda, ocho millones se destinarán a ayudas para garantizar la seguridad de los edificios (comunidades de propietarios y viviendas unifamiliares), y reparación de viviendas que no cubran el Consorcio de Compensación de Seguros ni el Gobierno.

A petición del Ayuntamiento de Granada, se va a llevar a cabo la cuarta fase del Área de Rehabilitación y Regeneración urbana Santa Adela en Granada. La Junta de Andalucía aportará 15,5 millones a través del nuevo Plan de Vivienda andaluz. La actuación contempla 12 nuevos edificios, que suman en total 150 viviendas. Más de 330.000 euros irán a reparar centros de servicios sociales, entre otros, nueve centros de Participación Activa y la residencia de Armilla. Otros 160.000 se destinarán a infraestructuras judiciales.

La Alhambra recibirá más de cuatro millones de euros. Moreno ha subrayado que en una situación como esta no se podía dejar atrás uno de los grandes monumentos y tesoros del patrimonio andaluz y mundial. Las actuaciones previstas pasan por asegurar, estabilizar y consolidar elementos en Comares, en la muralla oriental de la Alcazaba y en las Torres del Homenaje y Quebrada. La Junta priorizará además obras ya planificadas, como la conservación de las cubiertas de la Sala de las Dos Hermanas, para adecuar los proyectos a la situación generada por los seísmos con criterios de urgencia y relevancia histórica.

Cultura de la prevención

En su intervención, ha anunciado también un plan para el fomento de la cultura de la prevención ante los terremotos, con medidas básicas y nociones claras sobre cómo actuar y protegerse. “No se puede predecir un terremoto, pero sí podemos y debemos prepararnos”, ha resaltado, y es que al tratarse de una zona de alta actividad sísmica la Junta impulsará esa cultura en colaboración con todas las instituciones.

Moreno ha puesto en valor la generosidad y la fortaleza de los granadinos y la respuesta de los alcaldes, las alcaldesas y la Diputación, volcados desde el minuto uno en aportar soluciones. De igual modo, el presidente ha trasladado su cercanía a quienes han visto alterada su vida, su descanso, su organización familiar e incluso su salud mental durante estas semanas, y ha recordado la muerte causada por un accidente posterior en el barrio del Zaidín.

En cuanto a las críticas por tardar varias semanas en visitar la zona afectada, el presidente andaluz ha defendido su decisión de acudir cuando el Gobierno andaluz ha logrado articular recursos y soluciones para los afectados por los terremotos y no “solamente para hacerse la foto”. Asimismo, ha argumentado que en los primeros momentos de una emergencia “hay que dejar espacio a los técnicos”, que son los que tienen que estar en “primera línea”.

“Los políticos sobramos”

“Yo puedo venir a hacerme una foto el primer día, hay otros dirigentes que lo han hecho; que llegan el primer día de crisis, hacen una foto y ya no vuelven más, pero eso yo creo que es poco edificante para los ciudadanos”, ha sostenido tras las críticas que ha recibido en los últimos días por este asunto. “En la primera línea cuando hay una emergencia siempre tienen que estar los técnicos (...) hay que dejarles espacio. Los políticos sobramos. Eso lo hemos visto en numerosas ocasiones, incluso muchas veces me lo han dicho a mí. Me han dicho, presidente, hoy no es el día”, ha narrado.

Bajo esta premisa ha defendido que, políticamente, la emergencia ha estado cubierta “perfectamente” con la consejera de Vivienda, Rocío Díaz –la mayor parte de solicitudes por daños se concentran en inmuebles–, y el vicepresidente primero de la Junta, Antonio Sanz, que “ha estado aquí desde el minuto uno”.

Moreno ha recalcado que su intención ha sido venir cuando se articularan los recursos necesarios para los afectados, una tarea en la que se ha trabajado “contra reloj” en pleno mes de agosto “teniendo que sacar de sus vacaciones a secretarios generales, a directores generales, a jefes de servicios, para trabajar en una modificación de crédito”.

Aunque la semana pasada la Junta ya tenía el plan y se convocó una visita del presidente para presentarlo, Moreno explica que “lamentablemente” no pudo llegar porque se retrasó su vuelo y ha sido aprobado este pasado martes en Consejo de Gobierno. “Venimos con datos, con recursos, con una evaluación”, ha remarcado el presidente del Gobierno andaluz, opinando que es el modo en que deben de comportarse los dirigentes políticos aunque no sea “fácil” y no venir “solamente a hacer una foto”.

Han pasado tres semanas desde que dos terremotos de magnitud 4,8 sacudieron Granada en apenas cuatro días y pusieron a prueba a una ciudad acostumbrada a convivir con los seísmos. El enjambre sísmico continúa, aunque los temblores ya no forman parte de la conversación cotidiana como lo hicieron a mediados de agosto. Pero para algunos vecinos del Zaidín, el terremoto sigue estando muy presente.

Hay familias que todavía no han podido regresar a sus viviendas, personas que duermen en casas de familiares y vecinos que aseguran seguir sin saber cuándo podrán volver a entrar en sus casas o qué ocurrirá con unos edificios que ya arrastraban problemas desde mucho antes de que la tierra comenzara a moverse. A la espera de que las reparaciones y las posibles soluciones integrales se concreten, la Junta de Andalucía ha aprobado este martes un paquete de siete millones de euros para las incidencias ocasionadas por la serie sísmica entre el 14 de agosto y el 7 de septiembre.

En la avenida de Dílar, en la calle Navarra y en otros puntos de Santa Adela-La Cruzada, las grietas y los daños han convertido el regreso a casa en una incógnita. Algunos vecinos reclaman informes técnicos por escrito que determinen si sus viviendas son seguras; otros miran hacia un proyecto de renovación urbana que lleva décadas pendiente y que ahora vuelve a aparecer como una posible solución para los edificios más deteriorados. Mientras tanto, Ayuntamiento de Granada, Junta de Andalucía y Gobierno central reivindican las medidas adoptadas y las ayudas activadas, y la oposición municipal reclama más rapidez y coordinación. Tres semanas después, el terremoto puede haberse alejado de las calles, pero para quienes siguen fuera de sus casas, la emergencia todavía no ha terminado.

En otros puntos del área metropolitana, la situación sí ha empezado a desbloquearse. El Ayuntamiento de Las Gabias autorizó este pasado lunes el realojo de las 206 viviendas del Residencial San Francisco II, que habían sido desalojadas preventivamente durante el episodio sísmico. Los vecinos pudieron regresar a sus domicilios a partir de las 16.00 horas, una vez finalizadas las obras provisionales de emergencia y realizadas las correspondientes comprobaciones técnicas.

Los trabajos concluyeron el pasado viernes y durante el fin de semana los técnicos elaboraron los informes que certificaban la seguridad de la actuación provisional. El caso de Las Gabias muestra así una evolución diferente a la de algunos edificios del Zaidín: allí el desalojo ha podido quedar resuelto tras las obras de emergencia y la certificación técnica, mientras que en Granada capital todavía hay vecinos que continúan fuera de sus viviendas y reclaman saber qué actuaciones deben acometerse y cuándo podrán regresar.

Vecinos desalojados

Uno de ellos es Luismi, vecino de la avenida de Dílar 33, uno de los edificios afectados por problemas estructurales. Lleva fuera de su vivienda desde el pasado 15 de agosto y se ha tenido que trasladar temporalmente a casa de su hija. Cinco días después de abandonar su domicilio, asegura que le ofrecieron la posibilidad de acudir a un albergue, pero desde entonces no ha recibido, según relata, nueva información sobre cuándo podrá volver. Tiene una cita prevista para este miércoles, 9 de septiembre, pero hasta entonces la incertidumbre continúa: “Sigo fuera de mi casa, nadie se ha puesto en contacto conmigo y estamos en una absoluta incertidumbre”.

La situación no solo le ha obligado a cambiar de domicilio. Luismi asegura que todavía tiene enseres dentro del edificio y que no puede acceder a ellos por el peligro existente. “Tenemos enseres todavía dentro de ella y no nos dejan sacarlos todavía por peligro”, explica. El vecino describe también el impacto que está teniendo la situación sobre quienes permanecen fuera de sus casas: “Tenemos ansiedad, miedo y un absoluto desamparo”.

El caso de Dílar 33 no es aislado. Antonio Ruiz, presidente de la Asociación de Vecinos Zaidín-Vergeles, explica que desde los terremotos han visitado junto al Ayuntamiento distintos pisos afectados y han hablado con residentes desalojados. Entre los edificios que considera necesario estudiar se encuentra precisamente el número 33 de la avenida de Dílar, además de otros inmuebles de las calles Bernarda Alba y Navarra. La asociación y el Consistorio, señala, están estudiando la posibilidad de buscar acuerdos con promotores privados para abordar una renovación integral y construir viviendas nuevas en aquellos edificios que presenten peores condiciones.

“No es seguro que se vaya a acometer eso”, reconoce Ruiz, que explica que una actuación de ese tipo requiere tiempo. Por eso plantea una solución en dos velocidades: reparar lo necesario para que los vecinos puedan volver cuando los técnicos determinen que es seguro y, paralelamente, estudiar una intervención de mayor alcance en los edificios cuya situación haga poco razonable limitarse a reparar los daños. “Aunque se llegara a un acuerdo para hacer una reparación integral, hace falta tiempo, porque eso no se hace de un día para otro”, apunta.

En la calle Navarra, Esther vive una situación similar. Su edificio, situado en la zona de Santa Adela-La Cruzada y construido, según explica, en los años cincuenta, sufrió daños con los terremotos. Tras los primeros seísmos acudieron bomberos, Protección Civil y voluntarios, pero la vecina asegura que no había recibido la visita de un técnico cualificado que explicara a los residentes el estado del inmueble. Hasta que, recientemente, vio a un técnico municipal en el edificio, se acercó a él y, según su relato, este le comunicó que había que actuar y que podía ser necesario desalojar a los vecinos de la parte izquierda.

“¿No han venido todavía? No, aquí seguimos”, relata Esther. El problema, añade, es que esa valoración no se ha trasladado a los vecinos por escrito. “Estamos reclamando que nos den los informes por escrito”, explica. Para los residentes, contar con una documentación técnica que determine el estado de sus viviendas resulta especialmente importante ante las distintas valoraciones que están recibiendo.

La vecina asegura que el mismo día coincidió en el edificio con un perito del Consorcio de Compensación de Seguros, cuya valoración, según su relato, consideraba los daños leves. Esther teme que una indemnización insuficiente no permita a comunidades con vecinos trabajadores y pensionistas afrontar una reparación que puede requerir una derrama elevada. “Una derrama, a lo mejor, no la pueden poner y el edificio ni se puede arreglar”, sostiene.

Por eso Esther cree que en algunos casos puede resultar más razonable recuperar el proyecto de renovación urbana de Santa Adela-La Cruzada que arrastra el barrio desde hace años. “Hay edificios que están para tirarlos”, afirma. Su propuesta pasa por recuperar aquel proyecto y construir viviendas nuevas y sismorresistentes para los vecinos que necesitan una vivienda digna.

La reivindicación no es nueva. Irene, otra vecina del Zaidín, sitúa el origen del problema en el plan de renovación de Santa Adela y La Cruzada desarrollado entre 2000 y 2005, que contemplaba la demolición y renovación de numerosas viviendas antiguas del barrio. Según explica, más de dos décadas después la transformación sigue lejos de completarse y hubo además un parón entre 2008 y 2022. Los terremotos de agosto han vuelto a poner sobre la mesa, a su juicio, la vulnerabilidad de algunos de esos edificios. “¿Cómo pueden hacer que las personas regresen a sus casas, les pidan que arreglen unos muros de carga que ya están convertidos en arena, y decirles que vuelvan a vivir dentro de su casa?”, plantea. Y lanza una pregunta que resume una de las principales preocupaciones de los vecinos: “¿Qué seguridad proporcionas tú a la gente para que vivan esas viviendas?”.

El Ayuntamiento pide calma

El Ayuntamiento de Granada llama a la calma y sostiene que la respuesta sobre la seguridad de los edificios se está realizando mediante un protocolo específico. Según el Consistorio, los técnicos municipales inspeccionan o reevalúan cada inmueble y las actuaciones se planifican diariamente dando prioridad a las situaciones de mayor riesgo. Cuando un edificio es considerado seguro, los vecinos pueden permanecer o regresar; cuando se determina un desalojo preventivo, Urbanismo comunica la decisión a la Policía Local, que identifica a las personas afectadas y comprueba si cuentan con una alternativa habitacional. Servicios Sociales realiza después el seguimiento de las familias y el Ayuntamiento ofrece alojamiento de emergencia a quienes lo necesiten.

El Consistorio asegura haber realizado 1.289 inspecciones o reevaluaciones de edificios en dos fases: 706 en la primera y 583 en la segunda. También señala que mantiene un dispositivo permanente de evaluación e intervención y que desde el primer momento reforzó Bomberos, Policía Local, Protección Civil, Urbanismo, Limpieza y mantenimiento. En el propio Zaidín, el Ayuntamiento puso en marcha una Oficina de Información y Asesoramiento en el Centro Cívico, en colaboración con el Colegio de Abogados de Granada. Según sus datos, cerca de 1.800 personas han sido atendidas mediante citas individuales y grupales. También se incorporó atención psicológica, con unas 200 personas atendidas, y se habilitaron plazas de alojamiento de emergencia en Inturjoven para las personas desalojadas.

Es precisamente en este punto donde las versiones de los vecinos y la Administración presentan uno de los principales contrastes. Mientras el Ayuntamiento asegura que existe desde el inicio una solución habitacional para los desalojados y un protocolo para garantizar el seguimiento de cada familia, vecinos como Luismi aseguran que siguen esperando información concreta sobre su regreso a casa.

La oposición municipal considera insuficiente la respuesta. La portavoz socialista, Raquel Ruz, reclama a la alcaldesa, Marifrán Carazo, “certezas, coordinación y rapidez” y sostiene que algunos residentes reciben informaciones diferentes dependiendo del servicio o profesional al que consulten. El PSOE propone que se establezca un plazo máximo de una semana para que las familias dispongan de un informe técnico escrito que determine si pueden permanecer en sus viviendas o deben desalojarlas.

“Ahora mismo no puede ocurrir que una familia reciba informaciones diferentes dependiendo de con quién hable”, denuncia Ruz. La portavoz socialista reclama además que, si los técnicos municipales no son suficientes para cumplir esos plazos, el Ayuntamiento contrate arquitectos y otros profesionales de forma extraordinaria. También considera que los informes son necesarios para tramitar las reclamaciones e indemnizaciones correspondientes ante el Consorcio de Compensación de Seguros y reclama más apoyo presencial para los afectados que tienen dificultades con la administración electrónica. El PSOE extiende la misma crítica a los centros educativos del barrio. El concejal Jacobo Calvo asegura que en los colegios “no tienen ningún papel escrito” y que las evaluaciones se están gestionando telefónicamente, por lo que reclama que los informes técnicos sobre las infraestructuras escolares estén concluidos antes del 10 de septiembre, coincidiendo con la vuelta a las aulas.

El Ayuntamiento rechaza esa imagen de falta de respuesta y reivindica que ha estado pendiente de la situación desde el primer día, también mediante reuniones con vecinos y otras administraciones que, según el Consistorio, no siempre se han hecho públicas. Además de las actuaciones de emergencia, el equipo de gobierno destaca como medida económica propia la bonificación del 95% del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para las reparaciones de daños causados por los terremotos en viviendas habituales y establecimientos donde se desarrolla una actividad económica. Para el resto de inmuebles afectados, la bonificación será del 50%.

Ayudas de la Junta

A la espera de que las reparaciones y las posibles soluciones integrales se concreten, la Junta de Andalucía ha aprobado este martes un paquete de siete millones de euros para las incidencias ocasionadas por la serie sísmica entre el 14 de agosto y el 7 de septiembre. Las ayudas, dirigidas a entidades locales, podrán financiar actuaciones de reparación, reforzamiento, consolidación, rehabilitación, restauración y reposición de infraestructuras e instalaciones dañadas, además de otros gastos vinculados a esas actuaciones. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, tiene previsto anunciar este miércoles nuevas medidas durante su visita a Granada.

El Gobierno central, por su parte, sostiene que las entidades locales pueden recurrir ya al Real Decreto 307/2005 para financiar actuaciones urgentes, como el apuntalamiento de edificios y las medidas necesarias para permitir el realojo. La Subdelegación del Gobierno señala además que durante este mes de septiembre se declarará a los municipios afectados como Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil, con el objetivo de complementar las ayudas a particulares y entidades locales.

La propia Subdelegación sitúa otra pieza clave en el Consorcio de Compensación de Seguros. Según la información facilitada, el organismo ha movilizado a 250 peritos de toda España y ha recibido ya más de 49.000 solicitudes de indemnización por daños. La cifra engloba las solicitudes recibidas por los daños derivados de estos episodios sísmicos, sin que el dato permita determinar por sí mismo cuántas corresponden a los edificios afectados del Zaidín.

Mientras las administraciones ponen en marcha ayudas y dispositivos, en el barrio persiste otra pregunta: cuánto tiempo puede prolongarse la espera. Para quienes viven en edificios antiguos y dañados, no siempre se trata simplemente de reparar una grieta. Hay comunidades que tienen que conocer el alcance real de los daños, saber qué parte de la intervención corresponde al seguro y determinar si pueden asumir económicamente las obras. Y hay vecinos que, como Luismi, ni siquiera pueden entrar todavía en su casa para recoger sus pertenencias.

Servicios desbordados

La emergencia también dejó al descubierto las dificultades de los servicios encargados de atenderla. Guadalupe Gutiérrez, gestora de emergencias del 112 Andalucía en Granada y delegada sindical, relata que el volumen de incidencias desbordó ampliamente la capacidad habitual del Centro de Coordinación. En condiciones normales, explica, se gestionan alrededor de un centenar de incidencias por turno, mientras que durante los terremotos llegaron a superar las mil en algunos turnos. El 18 de agosto, entre las 10:37 y las 15:00 horas, calcula que entraron entre 700 y 900 casos.

Según su testimonio, en uno de los momentos más críticos solo había dos personas trabajando presencialmente en Granada y una tercera conectada desde Jaén. También denuncia demoras en la incorporación de refuerzos y problemas con la aplicación informática utilizada para gestionar las emergencias. Algunas incidencias, asegura, llegaron a acumular esperas cercanas a las dos horas antes de ser aceptadas y trasladadas al operativo correspondiente.

Gutiérrez desvincula esas demoras de la actuación de los trabajadores: “La plantilla hizo todo lo humanamente posible, pero era materialmente imposible atender de manera simultánea semejante volumen de llamadas e incidencias con el personal disponible”. Su denuncia es que los terremotos pusieron de manifiesto carencias que, según sostiene la representación sindical, ya existían antes de la emergencia y que afectan al dimensionamiento de la plantilla, la carga de trabajo y los medios disponibles.

El terremoto, por tanto, ha dejado de ser para la mayoría de Granada una cuestión de temblores constantes y carreras a la calle. En zonas como el Zaidín sigue teniendo una dimensión mucho más concreta. Es la de una familia que duerme en casa de un hijo, la de unos vecinos que esperan un informe que determine si pueden regresar, la de una comunidad que no sabe si podrá afrontar una reparación y la de un barrio que vuelve a mirar hacia un proyecto de renovación que lleva décadas pendiente. Para ellos, el seísmo no terminó cuando dejó de temblar el suelo. Terminó -o terminará porque el enjambre sísmico no ha finalizado aunque sea menos perceptible- cuando puedan volver a abrir la puerta de su casa con la certeza de que pueden quedarse.

El Consejo de Gobierno ha aprobado la declaración de situación excepcional para los municipios de la provincia de Granada afectados por la serie sísmica iniciada el 14 de agosto de 2026. La medida, amparada en el Decreto 277/2023, habilita una línea de cooperación económica extraordinaria de siete millones de euros para financiar la reparación de infraestructuras e instalaciones públicas de titularidad local dañadas por los terremotos.

Junto a ello, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, visitará este miércoles Granada y allí anunciará un paquete de medidas más amplio en el que el Gobierno andaluz viene trabajando desde hace algunas semanas con las diferentes consejerías, entre ellas la de Educación, según ha precisado la portavoz de la Junta, Carolina España, en la rueda posterior al Consejo de Gobierno.

La declaración cubre el periodo comprendido entre el 14 de agosto y el 7 de septiembre de 2026 y se concentra especialmente en los municipios de la Vega de Granada, la zona donde se ha registrado la mayor concentración de daños según el informe técnico preliminar elaborado por la Dirección General de Emergencias y Protección Civil de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Prosigue la fase de emergencia

El primer terremoto significativo se registró el 14 de agosto, con epicentro en La Zubia y magnitud 3,7. Al día siguiente, un seísmo de magnitud 4,8 con epicentro en Alhendín sacudió con fuerza el área metropolitana de Granada, lo que llevó a la Junta de Andalucía a activar, a las 02,10 horas del 15 de agosto, el Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico en fase de emergencia y situación operativa 1.

El 18 de agosto se produjo un nuevo terremoto de magnitud 4,8, con epicentro al noroeste de Gójar, seguido de varias réplicas de magnitud superior a 3,9 en Churriana de la Vega, Alhendín y Ogíjares.

Desde entonces, el seguimiento técnico confirma una tendencia general de decaimiento en frecuencia, intensidad y magnitud, con algún repunte puntual como el registrado el 27 de agosto. A fecha 8 de septiembre, la actividad sísmica acumula ya más de 1.500 terremotos desde su inicio.

El Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico permanece activado en fase de emergencia y situación operativa 1. El martes 8 de septiembre a las 9.47 horas se declaró la fase de recuperación del Plan. Bajo la coordinación de la Agencia de Emergencias de Andalucía, se han realizado hasta el momento 1.188 inspecciones técnicas de edificios, se han recibido 8.186 comunicaciones y gestionado 5.784 emergencias a través del 112, y se han atendido 532 llamadas en el teléfono específico de atención psicológica habilitado para la población afectada.

La situación de emergencia ha obligado a desalojar de forma preventiva a casi 700 personas, ante el riesgo que presentaban sus viviendas, de las que el lunes 7 de septiembre pudieron volver cerca de 400 personas en Las Gabias. Hasta 31 municipios han activado su Plan Territorial de Emergencia Local.

Diez días

Con la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), los municipios y entidades locales autónomas afectados dispondrán de diez días para remitir a la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada una valoración técnica y económica de los daños sufridos, paso previo para la solicitud y concesión de las ayudas. Serán subvencionables las actuaciones necesarias para la restitución, reparación, reforzamiento, consolidación, rehabilitación o restauración de las infraestructuras e instalaciones dañadas por la serie sísmica.

El acuerdo se enmarca en las competencias que el Estatuto de Autonomía atribuye a Andalucía en materia de protección civil, y da continuidad al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 31 de agosto de 2026 por el que la Junta de Andalucía instó al Gobierno de España a declarar zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil a los municipios granadinos afectados por la serie sísmica, así como a los afectados por los grandes incendios forestales registrados en Almería, Granada, Huelva y Sevilla entre finales de julio y agosto.

Andalucía ya tiene el Gemelo Digital de la Alhambra, el primer gemelo digital completo de un Patrimonio Mundial. Se trata de una innovadora plataforma tecnológica que permite gestionar, conservar y difundir el conjunto monumental mediante tecnologías avanzadas de inteligencia artificial, simulación y análisis de datos en tiempo real y que ha demostrado ya su utilidad durante el reciente enjambre sísmico registrado en la provincia de Granada.

Esta réplica virtual inteligente ha ofrecido a los gestores del monumento la posibilidad de diagnosticar el estado estructural del conjunto monumental y evaluar la eficiencia de los planes de emergencia, lo que refuerza la toma de decisiones basada en datos críticos.

La iniciativa, desarrollada en el marco del proyecto Alhambra Living Lab, ha sido impulsada por la Agencia Digital de Andalucía de la Junta en colaboración con el Patronato de la Alhambra y Generalife, la Universidad de Granada y la empresa tecnológica Libelium, con una inversión superior a los 2,3 millones de euros.

El modelo durante los terremotos

Durante la presentación, la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, ha destacado que gracias a esta plataforma “Andalucía inaugura un nuevo paradigma en la conservación patrimonial basado en el conocimiento y el uso integrado de tecnologías avanzadas para anticipar riesgos y garantizar la sostenibilidad del monumento”.

“Podemos proyectar reparaciones, predecir desgastes, simular la acción de los agentes climáticos y los movimientos tectónicos y estudiar los flujos de los visitantes sin dejar huellas en el monumento, a modo de radiografía perenne y dinámica que nos permite ver bajo la piel de su historia y detectar las tensiones invisibles al ojo humano”, ha informado la consejera.

Por su parte, el consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, ha indicado que la Alhambra “entra en una nueva era en la que el patrimonio histórico deja de gestionarse únicamente desde la observación para hacerlo también desde la anticipación”, para lo que ha resaltado la utilidad del Gemelo Digital en los recientes movimientos sísmicos que han azotado Granada, permitiendo analizar el comportamiento estructural de forma continuada.

“Las sondas distribuidas por el recinto miden el impacto residual y las derivas de tensión en la arquitectura tras los movimientos, garantizando que el objetivo de conservación patrimonial se cumpla con datos técnicos rigurosos. Esta metodología permite identificar fatigas silenciosas y deformaciones progresivas que podrían pasar desapercibidas”.

Tras el seísmo, los sensores de monitorización de afluencias permitieron al equipo de seguridad contrastar el comportamiento real de los flujos de personas en las zonas de mayor sensibilidad, como los Palacios Nazaríes o la Puerta de la Justicia, frente a las predicciones del simulador dinámico de evacuaciones.

Los mapas de calor e indicadores analíticos confirmaron que los patrones de movimiento y el repliegue hacia áreas abiertas seguras (como la Plaza de los Aljibes) se alinearon con los modelos predictivos predefinidos, validando la eficacia de los protocolos de emergencia ensayados virtualmente y verificando a través de los registros de datos que las áreas críticas quedaron totalmente desalojadas.

Memoria digital viva

El Gemelo Digital constituye una réplica virtual inteligente del conjunto monumental capaz de integrar información procedente de sensores, sistemas de monitorización ambiental, inteligencia artificial y modelos predictivos para observar, comprender y simular en tiempo real el comportamiento del monumento y su entorno.

La plataforma integra nueve tecnologías disruptivas: Internet de las Cosas (IoT), Big Data, Inteligencia Artificial, Gemelo Digital, Realidad Extendida, Blockchain, Ciberseguridad, Gamificación y Mundo Virtual, convirtiendo a la Alhambra en un auténtico laboratorio vivo de innovación patrimonial.

El sistema incorpora 39 sensores para la monitorización de aforos y movimientos de visitantes, siete dispositivos destinados al control estructural de edificios históricos y 16 sensores ambientales para el seguimiento de la calidad del aire, el suelo, el ruido y las partículas en suspensión.

Asimismo, permite detectar fenómenos meteorológicos adversos y optimizar el consumo de agua y energía para avanzar hacia una gestión más sostenible. Toda esta información se integra en una representación tridimensional del monumento capaz no solo de mostrar lo que está ocurriendo en cada momento, sino también de prever escenarios futuros y apoyar la toma de decisiones.

Uno de los principales avances del proyecto es la incorporación de capacidades de conservación predictiva que permiten identificar posibles problemas antes de que se produzcan daños visibles o irreversibles. Gracias a la inteligencia artificial y al análisis continuo de datos estructurales y ambientales, el sistema puede detectar anomalías, anticipar procesos de deterioro, evaluar el impacto de factores externos sobre los materiales históricos y simular distintos escenarios de conservación.

Además, los gestores del monumento pueden conocer de un vistazo el estado de los distintos espacios mediante indicadores gráficos (un código de colores tipo semáforo) que facilitan la identificación inmediata de posibles incidencias y la planificación de actuaciones preventivas.

Recreaciones digitales

El proyecto incorpora también nuevos servicios orientados a enriquecer la experiencia de los visitantes. Entre ellos destacan las recreaciones digitales de espacios habitualmente cerrados al público, como la Torre de la Cautiva, la Torre de las Infantas, el Peinador de la Reina, el Patio del Harem, el Baño de Comares, la Torre de los Picos o el Aljibe del Conde de Tendillas, que podrán explorarse mediante experiencias de realidad aumentada.

Asimismo, la plataforma incluye un entorno inmersivo en un mundo virtual que permitirá recorrer virtualmente, mediante un avatar, espacios emblemáticos como el Palacio de Carlos V o el Patio de Comares, asistir a conferencias, actividades culturales y conciertos, e interactuar con otros usuarios desde cualquier lugar del mundo.

Otro de los elementos más innovadores es la incorporación de un asistente basado en inteligencia artificial generativa, entrenado con documentación científica, histórica y patrimonial del Patronato de la Alhambra y Generalife. Este sistema es capaz de responder en múltiples idiomas y adaptar sus contenidos a distintos perfiles de usuario, desde escolares y familias hasta investigadores especializados.

El Gemelo Digital incorpora igualmente un inventario digital tridimensional de biodiversidad que combina inteligencia artificial, observación satelital avanzada y sensores ambientales para monitorizar la salud de árboles, jardines y ecosistemas presentes en el recinto monumental.

El Ayuntamiento de Las Gabias (Granada) ha autorizado el realojo de las 206 viviendas del Residencial San Francisco II, desalojadas preventivamente durante el episodio sísmico registrado en el Área Metropolitana de Granada. A partir de las cuatro de esta tarde regresarán a sus hogares, una vez han finalizado las obras provisionales de emergencia y se han realizado las correspondientes comprobaciones técnicas.

El realojo afecta a la totalidad del edificio San Francisco II, identificado durante la planificación de las actuaciones como zona verde por necesidades de obra provisional menos voluminosas. Los trabajos previstos en esta zona finalizaron el pasado viernes, 4 de septiembre y, durante el fin de semana, los técnicos han elaborado los informes correspondientes, que certifican la seguridad de la obra provisional de emergencia ejecutada.

La intervención ha consistido principalmente en la realización de apeos y apuntalamientos en los pilares cortos afectados mediante elementos provisionales destinados a reforzar su sujeción y estabilidad.

A la espera de San Francisco III

La autorización de realojo mantiene determinadas restricciones de seguridad. En concreto, no estará permitido el acceso a los garajes ni al hueco de la escalera que da acceso a los mismos. Estas zonas permanecerán restringidas hasta que se determine expresamente lo contrario, por lo que el Ayuntamiento ha solicitado a los residentes que respeten las indicaciones establecidas durante el regreso a sus viviendas.

Mientras San Francisco II inicia este lunes su proceso de vuelta a la normalidad, los trabajos continúan en el Residencial San Francisco III, dividido actualmente en dos ámbitos de intervención. Durante este pasado fin de semana han comenzado las obras provisionales de emergencia previstas para ambas zonas, que avanzan a buen ritmo. Actualmente participan en estos trabajos entre 25 y 30 operarios organizados en turnos de mañana, tarde y noche.

Como se ha procedido en San Francisco II, cualquier decisión posterior relativa al realojo de las viviendas de San Francisco III estará condicionada a la finalización de las actuaciones previstas y a las correspondientes comprobaciones y certificaciones técnicas de seguridad.

“Un paso fundamental”

El dispositivo desplegado durante la emergencia continúa activo, con participación de Guardia Civil, Policía Local de Las Gabias y Protección Civil, especialmente en las zonas que permanecen afectadas por el desalojo. Asimismo, el Ayuntamiento mantiene habilitado un canal directo de información con los vecinos para atender consultas. Por su parte, el CECOPAL (Centro de Coordinación Operativa Local de Las Gabias) continúa realizando el seguimiento y coordinación de las actuaciones mientras permanezcan viviendas desalojadas.

La alcaldesa de la localidad, Meri Sádaba, ha destacado que el realojo de San Francisco II supone “un paso fundamental” hacia la recuperación de la normalidad después de semanas muy difíciles para las familias afectadas: “Hoy 206 viviendas pueden iniciar ese regreso y nuestro trabajo continúa con la misma intensidad para conseguir que los vecinos de San Francisco III también puedan hacerlo lo antes posible”.

Sádaba ha concluido agradeciendo “la paciencia y la colaboración de las familias desalojadas, el enorme trabajo de los técnicos y operarios y la implicación de todos los cuerpos, servicios y administraciones que están colaborando desde el inicio de esta emergencia”.

Un joven arrancó el pasado viernes un pilar dentro del conjunto monumental de la Alhambra haciendo parkour junto a un grupo de amigos, unos hechos que ya investiga la Policía Nacional, según han informado a Europa Press fuentes de este cuerpo y del patronato que gestiona el monumento.

El destrozo se produjo entre las cuatro y las cinco de la tarde del viernes, cuando varios jóvenes se situaron enfrente del Palacio de Carlos V para practicar parkour, una disciplina física basada en salvar los elementos del entorno urbano -como muros, barandillas o desniveles- saltando, trepando o rodando. Durante la actividad, uno de ellos desprendió la columna.

Unos visitantes alertaron a los trabajadores del monumento, pero los implicados huyeron a gran velocidad por la Puerta de los Carros y no fue posible dar con ellos. El visionado de las cámaras ha permitido determinar que eran cinco jóvenes los que aquel día practicaron parkour en este lugar.

La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación tras recibir una denuncia del Patronato de la Alhambra y está practicando las diligencias oportunas para identificarlos. Según avanza el diario Ideal, los arquitectos del Patronato de la Alhambra han cifrado en 12.000 euros los daños en el pilar afectado en el monumento, que se encuentra en una zona cerrada al público.

Hace apenas cuatro meses, elDiario.es Andalucía se hacía eco de una noticia que ya estaba en boca de muchos granadinos: La Tertulia de Granada, el local por el que durante más de cuatro décadas había desfilado la flor y la nata de la cultura local, nacional e internacional, desde Enrique Morente o Luis García Montero a Rafael Alberti, Paco Ibáñez, Joaquín Sabina o Mario Benedetti, cerraba sus puertas. Su responsable, Tato Rébora, dejaba no obstante abierta una posibilidad de supervivencia, casi un milagro: la creación de una asociación para mantener abierto un espacio de encuentro único e histórico.

Eso es precisamente lo que ha ocurrido entre el final de la primavera y el verano. Desde que se produjo el anuncio de la clausura de La Tertulia, se planteó un largo programa de despedidas por parte de músicos y creadores encaminado, entre otras cosas, a reducir las deudas en la contabilidad del local de la calle Pintor López Mezquita. En esas citas fue fraguándose la Asociación Cultural Entusiastas de La Tertulia, nacida de la movilización de “socios, amigos, artistas y habituales decididos a impedir que desapareciera un lugar que forma parte de la memoria cultural de Granada”, explican en un comunicado.

“Desde el 31 de mayo, que fue el último día de La Tertulia abierta bajo el formato de sus 46 años, han pasado tres meses”, explica Tato Rébora, el alma de La Tertulia desde su fundación. “Andrés Neuman escribió un artículo proponiendo una asociación cultural, y él mismo propuso el nombre de Entusiastas de la Tertulia, lo cual me parece indicado. Fueron reuniones de mil temas, formación de comisiones, de programación, de logística, de reforma... En fin, de todas las actividades que tenía tradicionalmente la tertulia. Una reformulación, yo creo que todo para mejor”.

Ahora, la nueva asociación pretende “conservar el carácter histórico de La Tertulia: mantener la poesía, la música, el pensamiento y el encuentro entre generaciones. La Tertulia quiere seguir haciendo historia”. Así, este próximo miércoles 2 de septiembre, La Tertulia vuelve a abrir sus puertas para iniciar oficialmente una etapa distinta de una historia que, “pese a lo que parecía hace apenas unos meses, todavía tiene muchas páginas por escribir”. La jornada de reapertura, a partir de las 21.00 horas, se concibe como “un mosaico de participaciones en el que agentes culturales de la ciudad, artistas locales y creadores de distintos ámbitos compartirán sus voces en un acto abierto al público. Será el primer latido de esta nueva etapa y una muestra viva de la diversidad y el talento que convierten a Granada en una ciudad culturalmente viva”.

Programación renovada

Le seguirá, el jueves 3, una jam de poesía, y al día siguiente, el viernes 4 de septiembre, a partir de las 21.00 horas, se celebrará un encuentro privado que contará con un concierto exclusivo del artista Juan Pinilla, quien actuará en agradecimiento y como broche de oro a este nuevo comienzo. Desde la organización destacan que “este concierto no es solo un espectáculo, es un abrazo musical a quienes nos han sostenido. Será, sin duda, un acontecimiento en la ciudad”. La programación regular de la tertulia se retomará a partir de la semana siguiente, con sesiones periódicas que mantendrán el diálogo, la reflexión y el encuentro entre generaciones que siempre ha caracterizado al espacio.

En los días siguientes, tendrán lugar una reunión del club de ajedrez (5 de septiembre), un concierto de José Antonio y Patricia Fernández (5 de septiembre), la primera noche de tango de la nueva etapa (8 de septiembre), la Tertulia de los Inmortales (9 de septiembre), un taller de dibujo (10 de septiembre), el ciclo de poesía Sureñas. Voces de aquí para allá (10 de septiembre), la presentación de La Tragantía (11 de septiembre), un escenario abierto de música (11 de septiembre), un café filosófico (12 de septiembre), un concierto de Juan Pinilla (12 de septiembre), otra noche de tango (15 de septiembre), una jam de risas (16 de septiembre), una jam de poesía (17 de septiembre), la representación de Oníricas (18 de septiembre), una nueva sesión del club de ajedrez (19 de septiembre), el taller de musicalidad para bailarines de Lucio Claros (22 de septiembre), una noche de tangos con el Gerull-Crispy-Claros Trio (22 de septiembre), una charla sobre Inteligencia Artificial y Arte (23 de septiembre), una jam de poesía en torno a la amistad (24 de septiembre), un nuevo escenario abierto de música (25 de septiembre), otro encuentro del club de ajedrez (26 de septiembre), un concierto de flamencas y poesía (26 de septiembre) y una última noche de tango (29 de septiembre).

Desde el colectivo quieren asimismo hacer llegar un agradecimiento muy especial a cuantas personas han hecho posible esta reapertura. “Sin su apoyo incondicional, su cariño y su confianza, esto no habría sido posible.”, señalan los promotores, que recuerdan que el espíritu de La Tertulia siempre ha sido el del encuentro y el diálogo.

Tertulia para rato

“Yo creo que La Tertulia va a seguir siendo la misma, mejorada”, explica Rébora. “Mejorada por la inyección de entusiasmo de un grupo numeroso de jóvenes realmente entusiastas y, además, porque va a tener el apoyo económico de los socios, que va a posibilitar que ese tema sea, por supuesto, más relajado y que pueda asistirse a todas las deudas sin tener el estrés de cada mes. Así que yo creo que ha sido la mejor solución: desde un extremo, que era el cerrar ya definitivamente, ahora la tertulia pasa a la responsabilidad de la asociación cultural. Es decir, que he cedido, se puede decir que he regalado La Tertulia a la asociación cultural. Es decir, que yo me sumo a ser un entusiasta más de la nueva etapa de La Tertulia”.

“Realmente creo que va a haber, en este sentido, tertulia para rato, renovada y con aquella frase de Mario Benedetti que decía: ‘Pienso, luego insisto’. Es decir, que va a continuar con coherencia, pero también con actitud de renovación. Y a mí me divierte y me gusta mucho”; concluye Rébora. “Creo que esta nueva etapa la voy a disfrutar muchísimo, con la cantidad de iniciativas de las que estoy siendo testigo, que realmente valen la pena. Esta nueva etapa va a superar la edad de muchos y, sobre todo, la mía, que suelo ser el mayor de todos”.

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada número 5 ha sobreseído la denuncia presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) contra el posible uso de armas extensibles durante los incidentes ocurridos durante un acto de Vox en las inmediaciones de la Catedral de Granada en el marco de la precampaña de las elecciones autonómicas del 17 de mayo. La instructora del caso argumenta que no se había notificado de forma oficial y de manera previa esta protesta, aunque la organización se haya desmarcado de cualquier responsabilidad en la convocatoria, y sin entrar a valorar la presencia de estos instrumentos.

En el auto, fechado el pasado 25 de agosto y adelantado por Público, señala que los hechos “no son constitutivos de infracción penal, habiendo quedado acreditada la falta de autorización administrativa previa para la concentración de la APDHA”. Una vez conocida la resolución, la asociación anuncia que recurrirá ante la Audiencia Provincial de Granada el sobreseimiento y critica que resulta “difícilmente comprensible” las razones esgrimidas por la jueza, ya que, como han reiterado en diferentes instancias, la entidad “no había comunicado ninguna concentración”. Por tanto, cuestionan que “esa circunstancia termine sirviendo para archivar una investigación sobre hechos completamente distintos”.

Además, en declaraciones a este medio, la APDHA insiste en que la protesta “no era ilegal, como parece dar a entender el auto”, en el que se describe que el juzgado requirió a la Subdelegación del Gobierno información sobre si la asociación requirió alguna autorización, una cuestión a que el organismo gubernamental responde negativamente.

“Reclamamos que se investiguen todas las conductas potencialmente delictivas con el mismo rigor”, subraya la APDHA con relación a la investigación a seis activistas, a los que se les imputaron delitos por desórdenes públicos y atentado a la autoridad aunque sostuvieron que mantuvieron una “actitud pacífica” y que los episodios violentos se dieron cuando los simpatizantes de la ultraderecha, junto a los miembros del equipo de seguridad que acompañaban a Santiago Abascal, avanzaron hacia la concentración que fue convocada de “manera informal” contra “los discursos de odio”.

“Hasta que se vayan”

Las imágenes grabadas durante la tarde del 16 de abril muestran cómo una serie de personas portan, presumiblemente, unas porras extensibles cuyo uso está prohibido entre la población civil. En el visionado, se observa cómo intentan golpear a los manifestantes que se encontraban en primera línea y que, seguidamente, fueron dispersados en una carga policial a causa del enfrentamiento entre los colectivos antifascistas y los votantes de Vox, que fueron arengados por Santiago Abascal para que los echaran del espacio público, pese a que ya había una valla separando a los dos grupos por motivos de seguridad.

“El Ministerio de Interior y la Delegación del Gobierno están permitiendo un acto de acoso contra este evento”, gritaba el dirigente a los asistentes, “y este acto no va a compenzar hasta que esos tipos sean expulsados y nos dejen desarrollar este evento en paz y en tranquilidad”. A lo que siguió el ultraderechista, “y si no son expulsados, vamos a caminar por esa calle, yo el primero, hasta que se vayan”. Momentos después, Abascal bajaba de la tribuna y se dirigía a la calle Pie de la Torre, saltándose el cordón policial para acercarse a la zona en la que estaban los protestantes antifascistas y, seguidamente, se retiró ante la escalada violenta del enfrentamiento.

Tras examinar el material audiovisual, la APDHA presentó una denuncia el 21 de abril en la que defendían que la manifestación se realizó de forma pacífica antes de que las declaraciones de Abascal “provocaran la alteración del orden y pertubaran el ejercicio del derecho de reunión”. Asimismo, reclamaban que se identificara a las personas que portaban las armas extensibles y, también, exigían que Vox identificara a la empresa y al personal de seguridad contratados para el mitin.

A raíz de lo ocurrido, la organización insiste en que la naturaleza de la convocatoria “no puede determinar si debe investigarse a una persona que aparece portando o utilizando una defensa extensible contra terceros”. Por ello, subrayan en que se requiere “una investigación efectiva antes de cerrar definitivamente la causa”.

Por otra parte, la Fiscalía de Granada archivó en julio la denuncia presentada por Podemos por el presunto uso de armas extensibles tras considerar que los hechos estaban siendo investigados judicialmente por las detenciones y diligencias hechas por la Policía. El partido presentó primero a la Junta Electoral de Zona otra denuncia, a la que Vox alegó que “desconocía quiénes son las personas que portaban las porras extensibles” y presumía que se trataba “de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, vestidos de paisano y en uso legítimo de la fuerza, cumplían con su deber”.

Marcial, que siempre fue el poeta de El Margen, una pedanía de Cúllar Baza (Granada), tenía previsto leer una obra dedicada a su madre el mismo día en que 'Los Paraísos', un documental contra la desmemoria rural, se iba a emitir por primera vez en su propio pueblo. No llegó a tiempo. Murió días antes de poder verse en un film que, con el destino de por medio, ha acabado contando, dentro y fuera de la pantalla, lo que queda cuando las miradas y la gente se marchan de unas calles y unas casas que albergaron mucha vida.

Aunque esta obra audiovisual, creada por los hermanos Armando y Mercedes Camacho, no pretende ser un llanto que recuerde el pasado, sino una oda a quienes lo construyeron, lo cierto es que Los Paraísos sirve de ejemplo perfecto de cómo escuchar brinda las mejores historias. Los relatos de Genoveva Castillo, Antonio Simón, Benita Barea, que sigue cantando copla a sus 'noventa y tantos' y el propio Marcial Rodríguez construyen lo que un día fue El Margen, en un mundo que parece destinado a convertir en realidad su nombre y que documentales como este están dispuestos a cambiar.

Así, durante algo más de media hora, las cuatro personas, que ya han superado las nueve décadas de vida, hablan de un pasado rural que sigue muy presente en cada uno de sus poros. Alternado con imágenes captadas por dron que dan muestra de la belleza del paisaje que rodea el altiplano de Granada, el corazón del documental es un ejercicio de respeto y memoria. Sobre todo memoria. Por y para quienes nunca han deseado perderla.

Un ejercicio de memoria

Porque ese fue, precisamente, el punto de partida de sus autores. Hijos de un padre de Cúllar y una madre de Galera, Armando y Mercedes Camacho crecieron vinculados a esta comarca del norte de la provincia y decidieron convertir ese arraigo en un homenaje a sus padres, a sus antepasados y a una forma de entender la vida que se desvanece al mismo ritmo que la despoblación. “Ha surgido como un homenaje a nuestros padres, a nuestros ancestros, a nuestra tierra y a poner en valor unas costumbres que ya se están perdiendo”, explica Armando Camacho en conversación con este periódico.

El proyecto, completamente autofinanciado, se prolongó durante un año. Armando asumió la grabación, tanto con cámara como con dron, el montaje y hasta la composición musical. Sin embargo, pronto comprendieron que el documental dejaría de pertenecerles para convertirse en un espacio donde los protagonistas hablaran con total libertad. “Les planteamos unas preguntas básicas, pero han sido ellos quienes han querido contar lo que han querido contar. No queríamos una fórmula exacta, sino que se sintieran cómodos y transmitieran sus sensaciones”, explica.

Y lo que cuentan no es únicamente la historia de un pueblo. Es la historia de toda una generación. La de quienes nacieron entre finales de los años veinte y mediados de los treinta, crecieron marcados por la Guerra Civil y la posguerra, apenas pudieron acceder a la escuela y aprendieron a leer gracias a vecinos que enseñaban lo imprescindible entre faenas agrícolas. También la de quienes hicieron del campo una escuela de vida, fabricando sus propios aperos, conservando alimentos durante años o aprendiendo a cultivar una tierra donde el agua siempre fue escasa.

“Son personas de 90 años, pero muy jóvenes. No son los típicos abuelos ancianos”, insiste Camacho. De hecho, uno de los momentos más espontáneos del documental llega cuando Benita rompe a cantar con la naturalidad de quien sigue celebrando la vida. Esa vitalidad fue una constante durante todo el rodaje. Los directores compartieron comidas, migas junto a la lumbre, canciones, bailes y también lágrimas. “Esto ha superado el mero hecho técnico o artístico de hacer un documental. Hemos acabado teniendo una relación de amistad con cada uno de ellos”, reconoce.

Un pueblo que resiste

La realidad que rodea a El Margen hace aún más valiosos esos testimonios. La pedanía, que llegó a reunir a miles de habitantes durante el siglo pasado, apenas supera hoy los tres centenares de vecinos. La emigración hacia Cataluña y el Levante, primero, y el envejecimiento posterior han ido vaciando sus calles hasta el punto de que este ha sido el último curso de su colegio, que cerrará definitivamente tras quedarse con solo dos alumnos.

Sin embargo, Los Paraísos evita caer en la nostalgia fácil. No idealiza el pasado ni esconde la dureza de unas vidas atravesadas por el hambre, el trabajo desde la infancia o las privaciones. Algunas de esas historias, reconoce Camacho, ni siquiera aparecen en el montaje final. “Había testimonios de cosas muy duras y preferimos dejar algunas fuera”. La intención nunca fue recrearse en el sufrimiento, sino conservar la dignidad de quienes lo vivieron.

Quizá por eso el documental está despertando una respuesta que trasciende el propio pueblo. Personas que emigraron hace décadas a Barcelona, Madrid o el norte de España reconocen en estas conversaciones la voz de sus abuelos y la memoria de unos lugares que también forman parte de su identidad. “Todo el mundo que lo está viendo dice que le recuerda a su abuelo”, dice con orgullo su director.

El efecto, además, ya se deja notar en El Margen. Gracias al impulso generado por la película volverá este año una antigua cuadrilla musical que llevaba tres décadas desaparecida, mientras sus autores ya preparan nuevos documentales en otras localidades del Geoparque de Granada con el mismo propósito: registrar la memoria antes de que sea demasiado tarde.

Porque eso es, en el fondo, Los Paraísos. No un documental sobre cuatro personas mayores ni sobre un pueblo que pierde habitantes. Es el intento de conservar una forma de mirar el mundo antes de que desaparezca con quienes todavía pueden contarla. Y en tiempos en los que todo parece medirse por la velocidad, detenerse durante treinta y siete minutos para escuchar a Genoveva, Antonio, Benita y Marcial quizá sea la mejor forma de recordar que la memoria también necesita quien la escuche.

El Patronato de la Alhambra y el Generalife, adscrito a la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, ha informado este viernes de que en el marco de las inspecciones técnicas que se vienen realizando en el conjunto monumental tras los seísmos de la pasada semana se han detectado anomalías puntuales en algunas almenas de la Alcazaba, concretamente en la Torre del Homenaje y en la Torre Quebrada.

Como medida preventiva, y con el objetivo de garantizar la seguridad, se ha procedido al acotamiento de estas zonas mediante señalización, evitando cualquier riesgo de caída hacia el exterior, ha explicado la Junta en una nota. Las almenas afectadas, que corresponden a intervenciones de las primeras décadas del siglo XX, han sido aseguradas y estabilizadas mediante medidas preventivas, anticipando futuros eventos sísmicos.

Los técnicos han constatado que no existen daños estructurales significativos asociados a estos elementos. Durante esta semana se han iniciado los trabajos de recopilación de datos para elaborar levantamientos detallados que permitirán analizar con mayor precisión el estado de conservación de estas estructuras. Estas actuaciones se enmarcan en la campaña de inspección que el equipo técnico del Patronato viene desarrollando tras los recientes movimientos sísmicos, con el objetivo de detectar posibles fisuras, grietas u otras alteraciones en el conjunto monumental y sus bienes adscritos.

Además, toda la información recogida servirá para alimentar los modelos digitales y estudiar el comportamiento de los edificios en siguientes temblores, de cara a la puesta en marcha del ALL (Alhambra Living Lab, desarrollado sobre el gemelo digital) dentro de unos meses.

El Patronato de la Alhambra y el Generalife continuará realizando inspecciones más detalladas y precisas, manteniendo activados los protocolos de revisión y seguimiento habituales, con el fin de garantizar la conservación del monumento y la seguridad de los visitantes y trabajadores. La visita pública a la Alcazaba continuará temporalmente suspendida hasta nuevo aviso.

Torre del siglo XIII

La Torre del Homenaje, ubicada en el flanco oriental de la Alcazaba, es una de las más altas del conjunto y, por su altura y ubicación, domina todo el contorno. Seguramente edificada en tiempos de Muhammad I (1232-1273), presenta una vivienda con patio en la planta superior, que quizá se utilizó como primera residencia real alhambreña. Por su parte, la Torre Quebrada también se encuentra en la Alcazaba, entre la Torre del Homenaje y la Torre Hueca.

Se construyó en el siglo XIV, durante el reinado de Yusuf I, sobre una torre zirí primitiva. En la época cristiana fue habitada por diversos escuderos de la guarnición alhambreña. En el siglo XIX, el hundimiento de parte de la zona alta provocó una notable grieta que le otorgó el nombre de Torre Quebrada.

En la Costa Tropical granadina, entre Salobreña y el mar, la antigua azucarera del Guadalfeo sigue en pie como una estructura detenida en el tiempo y como testigo de cómo las intenciones urbanísticas pueden acabar incluso con un bien protegido. Cerró en 2006, pero su historia no terminó ahí porque una de sus naves fue declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2016, aunque continúa sin un proyecto de conservación o musealización y con buena parte de sus instalaciones deteriorándose. Una degradación que ocurre a la par que se aprueban proyectos de construcción que derribarán parte de las instalaciones para levantar nuevas edificaciones aledañas.

La propuesta lanzada en la pasada campaña electoral andaluza desde Por Andalucía para convertir la nave más importante de la azucarera en un gran museo andaluz ha vuelto a situarla en el debate público en los últimos meses. No es una idea nueva. Tampoco una promesa inédita. Durante los últimos veinte años, la azucarera ha aparecido y desaparecido del discurso institucional mientras su futuro quedaba suspendido entre la protección patrimonial, el planeamiento urbanístico y la propiedad privada. Y es que pese a ser un conjunto industrial considerado único en su tipología en Europa sigue sin un destino definido dos décadas después de su cierre.

Todo ello a pesar de que se trata de unas instalaciones que tienen más de siglo y medio de historia. La fábrica tiene su origen en el siglo XIX. Fue fundada en 1861 y llegó a convertirse en uno de los principales motores de la economía azucarera andaluza. La caña de azúcar fue la base durante décadas la vida agrícola de la Vega de Salobreña y la Costa Tropical, condicionando el paisaje, el trabajo y las relaciones sociales de toda la comarca.

Según quienes trabajaron en ella, la azucarera no era sólo una fábrica, sino el centro de un sistema económico completo. La campaña de la caña movilizaba a agricultores, cooperativas, cortadores y personal técnico en un engranaje estacional que marcó generaciones. “Era un trabajo salvaje, salvaje. No se atrevía la gente a hacerlo porque te destroza”, recuerda Alejandro Espinosa, cooperativista que participó en las negociaciones del cierre y trabajó en la gestión del sector cañero.

Un terreno atractivo para el urbanismo costero

El punto de inflexión llegó en 2006. La producción dejó de ser rentable y la actividad industrial se acabó deteniendo, en parte por la competencia exterior. Pero, según relatan varias personas que estuvieron muy ligadas a ella, el contexto económico de aquellos años no puede separarse del entorno inmobiliario que se estaba gestando en la zona. “Los cantos de sirena eran los campos de golf y la construcción”, cuenta Espinosa al recordar las negociaciones de la época.

Así, la caída del cultivo de la caña coincidió en ese momento con el auge de las expectativas urbanísticas sobre los suelos agrícolas más próximos al litoral. No en vano, eran los años de la burbuja inmobiliaria. En ese proceso, la continuidad de la actividad azucarera acabó dejando paso a una reconfiguración del territorio: parte de la Vega perdió su uso agrícola tradicional y se abrió la puerta a nuevos desarrollos residenciales y turísticos. Desarrollos que más de dos décadas después sí se van a llevar a cabo, mientras el uso cultural de la vieja fábrica sigue en el aire.

No obstante, desde dentro del sector, hubo intentos de buscar alternativas. Se exploraron cultivos sustitutivos, mejoras en los sistemas de riego o la reconversión hacia productos derivados de mayor valor añadido, como el azúcar moreno o usos industriales de la caña. Pero la viabilidad económica del modelo no terminó de sostenerse. “Yo luché por que se mantuviera al menos una parte de la Vega”, señala Espinosa. “Se hicieron estudios, alternativas, pero aquello ya no era rentable”.

En paralelo al cierre industrial, el futuro del complejo quedó vinculado a un desarrollo urbanístico más amplio en la zona. Según relatan fuentes implicadas en el proceso, sobre los terrenos se proyectaban operaciones residenciales que incluían cientos de viviendas y la transformación del entorno. En ese contexto, la azucarera quedó condenada a un futuro entre operaciones inmobiliarias que jugaban con su desaparición. Por eso, la Junta Andalucía otorgó en 2016 la figura de BIC a una de las naves, intentando así una protección patrimonial que pretendía frenar la demolición completa del complejo.

“Se estaba planteando tirar la fábrica, dejar el solar a cero y construir viviendas”, explica el histórico dirigente de IU en Salobreña, Ángel Coello. No en vano, la declaración BIC obliga a conservar los elementos protegidos y bloquea su demolición, aunque no resuelve automáticamente su uso futuro. Sin embargo, pese a ser un espacio protegido, lo que ocurra con la azucarera está condicionado por los planes urbanísticos que sí se están empezando a ejecutar en las naves y zonas no protegidas de la propia fábrica, mientras el uso museístico sigue olvidado.

Un museo que nunca llega

Desde la declaración como BIC, la idea del museo industrial ha estado presente de forma recurrente. Sin embargo, nunca ha llegado a materializarse. Tanto Coello como otras fuentes consultadas coinciden en que, por las características del complejo y la maquinaria conservada, el uso museístico es prácticamente la única alternativa viable. “El ayuntamiento no tiene capacidad ni para invertir ni para gestionar un museo”, apunta Coello. “Por eso la Junta debería integrarlo en su red de museos”. Pero la realidad administrativa actual es otra.

Según la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, no consta la presentación de proyectos de conservación o musealización del bien. Tampoco se han emitido órdenes de ejecución por parte del Ayuntamiento. La Junta recuerda además que el planeamiento urbanístico vigente prevé un mecanismo para la cesión del complejo como dotación cultural dentro del desarrollo del sector SUT-1 de Salobreña. Sin embargo, ese proceso depende de que la propiedad inicie el desarrollo urbanístico correspondiente.

Mientras eso no ocurra, la responsabilidad del mantenimiento recae en la empresa propietaria, Azucareras del Guadalfeo S.A., que debe cumplir con las obligaciones de conservación establecidas en la legislación de patrimonio histórico. El Ayuntamiento de Salobreña, por su parte, sostiene que el margen de actuación es limitado, ya que el planeamiento está aprobado y el conjunto forma parte de un ámbito urbanizable en manos privadas. El resultado de esta arquitectura administrativa es un escenario de responsabilidades cruzadas.

Así, la Junta señala la falta de proyectos por parte de la propiedad, el Consistorio sostiene que el planeamiento está cerrado desde hace años y la propiedad no ha respondido a las solicitudes de este medio para conocer su posición. Mientras tanto, el complejo continúa deteriorándose. La imagen es la de un espacio protegido en el papel, pero sin intervención real sobre el terreno. Un Bien de Interés Cultural que no se ha llegado a consolidar ni a tener un proyecto de uso público ni una estrategia de conservación estable. “Eso está ahí en el aire”, lamenta Alejandro Espinosa sobre el futuro del museo.

Porque la azucarera del Guadalfeo no es sólo un edificio en desuso, sino que se trata de uno de los últimos vestigios de la industria azucarera en la península, con maquinaria casi única que formó parte de un sistema productivo que marcó durante más de un siglo la economía de la Costa Tropical. Pero también es un caso de estudio sobre cómo se gestionan -o se bloquean- instalaciones claves cuando entran en conflicto distintos intereses: la protección patrimonial, la planificación urbanística y la propiedad privada.