El castillo de Carlos III que se desmorona frente al Mediterráneo en Almería pese a estar protegido como BIC

El castillo de San Ramón, levantado entre 1764 y 1768 durante el reinado de Carlos III para proteger la costa de Cabo de Gata (Almería) pierde piedras de sus muros frente al Mediterráneo en El Playazo de Rodalquilar. Parte de la estructura exterior se ha derrumbado y el interior acumula basura, pintadas y vegetación, mientras el deterioro avanza en uno de los enclaves más conocidos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Las asociaciones Amigos del Parque Natural y Amigos de la Alcazaba denuncian que el inmueble, protegido como Bien de Interés Cultural (BIC), se encuentra en una situación de abandono cada vez mayor.

La propiedad privada está obligada por ley a conservar el monumento, pero la normativa también permite a la Junta de Andalucía exigir su cumplimiento mediante órdenes de conservación, multas coercitivas o incluso la ejecución subsidiaria de las obras. Las asociaciones aseguran que denunciaron el estado del castillo ante Cultura en mayo y que todavía no han recibido respuesta. La Junta, preguntada por elDiario.es Andalucía, se limita a señalar que son los propietarios quienes tienen la obligación de mantenerlo, mientras el Ayuntamiento de Níjar confirma que existe un expediente en tramitación relacionado con Cultura.

Un castillo del siglo XVIII frente al mar

El castillo de San Ramón forma parte del sistema de fortificaciones construido en la costa durante el reinado de Carlos III para hacer frente a los ataques de piratas y berberiscos y favorecer el poblamiento de este territorio. La fortaleza fue construida entre 1764 y 1768 y está protegida como BIC y tiene la consideración de monumento. Su historia posterior está marcada por la pérdida de su función militar y por sucesivos cambios de propiedad. Tras los daños provocados por el abandono una vez terminada la Guerra de la Independencia, el Estado lo vendió a particulares en 1875. Décadas después, el inmueble fue adquirido en los años setenta por el arquitecto Alejandro Pérez Lastra, que lo rehabilitó como vivienda, según explica Maite Pérez, presidenta de Amigos de la Alcazaba.

La asociación sostiene que durante esa etapa el castillo se mantuvo en unas condiciones razonables, aunque se realizaron modificaciones en el edificio que también considera discutibles. “Mientras estuvo de esta manera, más o menos se conservó”, explica Pérez. El deterioro, tras su reconstrucción, se agravó posteriormente cuando el inmueble pasó a una comunidad de propietarios como consecuencia de un procedimiento judicial. En 2018 el castillo volvió a ponerse a la venta por 3,3 millones de euros, según la presidenta de Amigos de la Alcazaba. Aquella operación abrió también el debate sobre la posibilidad de que la Junta de Andalucía ejerciera el derecho de tanteo y retracto para incorporar el inmueble al patrimonio público. Finalmente, no lo hizo.

Según Pérez, el actual propietario sería un alto cargo de una empresa relevante del país, directamente o a través de una sociedad relacionada con él. La asociación sostiene que la adquisición estaba vinculada a un proyecto para rehabilitar el castillo y convertirlo en alojamiento turístico, pero que la iniciativa no llegó a materializarse. “Se ha quedado, de manera que ni una cosa ni otra”, resume la presidenta de Amigos de la Alcazaba. ElDiario.es Andalucía ha intentado localizar a la propiedad para conocer su versión, sus planes para el inmueble y las actuaciones realizadas para garantizar su conservación, sin que haya sido posible dar con ella. Tampoco las instituciones consultadas han podido facilitar el contacto con el propietario.

Un BIC que se debe conservar

El deterioro no es nuevo. Amigos del Parque Natural explica que el castillo ya presentaba daños antes de la llegada del actual propietario. En algunas zonas exteriores se habían realizado reparaciones con cemento que la asociación considera una mala solución, pero que al menos evitaban que se desprendieran piedras de las torres y los muros exteriores. Ahora, según la denuncia, la piedra está “muy afectada por el ambiente salino y por el viento”, con una fuerte erosión. Parte del muro exterior se derrumbó hace más de tres años y se han perdido sillares y mampostería. Los muros están además cubiertos de grafitis y el interior acumula colchones y basura, con signos de ocupación y vandalismo.

La situación, explica Pérez, es especialmente preocupante en el interior. La puerta de acceso permaneció abierta durante meses y hasta mayo, cuando las asociaciones hicieron pública su denuncia. Según la presidenta de Amigos de la Alcazaba, eso facilitó la entrada de curiosos y ocupantes. “Por dentro está hecho polvo, derruido, con basura, pintadas, con las plantas invadiendo el espacio salvajemente”, señala. Tras la denuncia ante los medios, las asociaciones comprobaron que alguien había cerrado la puerta para impedir el acceso.

La Ley 4/2026 de Patrimonio Cultural de Andalucía establece en su artículo 48 que las personas propietarias, titulares de derechos o poseedoras de bienes integrantes del patrimonio cultural tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos para garantizar la salvaguarda de sus valores. La misma norma contempla qué puede ocurrir cuando quienes están obligados no cumplen las órdenes de conservación. La Consejería competente puede imponer multas coercitivas de hasta el 10% mensual del coste de las obras o actuaciones exigidas o recurrir a la ejecución subsidiaria, con cargo al obligado.

Las asociaciones esperan respuesta

Amigos del Parque Natural y Amigos de la Alcazaba presentaron en mayo un escrito ante Cultura para denunciar el estado del castillo. “La denunciamos a Cultura en mayo, se presentó un escrito denunciando la situación del deterioro”, explica Maite Pérez. Desde entonces, asegura, no han recibido respuesta. Las asociaciones tenían además solicitada desde antes del verano una reunión con Cultura para abordar la situación general del patrimonio de la provincia y, en concreto, la del castillo de San Ramón. “Ni nos han contestado, ni nos han dicho”, lamenta Pérez.

La presidenta de Amigos de la Alcazaba critica que las organizaciones patrimonialistas no reciban información sobre los procedimientos que afectan a los bienes cuya conservación defienden: “Creemos que tenemos un papel bastante relevante en cuanto a la discusión y el intento de preservación del patrimonio, sin embargo, a la hora de la verdad no pintamos absolutamente nada, ni nos informan, ni nos consultan”.

Las asociaciones reclaman que la Administración actúe ante el incumplimiento de las obligaciones de conservación. “El dueño del castillo está obligado por ley a ello. Si no lo hace, como es el caso, la Junta de Andalucía debe exigirle que lo haga e imponerle las multas pertinentes”, sostiene Amigos del Parque Natural. La organización también plantea que desde la Administración pública podría iniciarse un expediente de expropiación.

En su denuncia, ambas asociaciones rechazan que el reparto de responsabilidades entre propietarios y Administración sirva para prolongar el deterioro. “No podemos aceptar el típico peloteo entre Cultura y los propietarios en cuanto a las responsabilidades de mantenimiento como excusa de que esta vergüenza se mantenga”, sostienen. Pérez asegura que las asociaciones estudian ahora nuevas vías de presión y no descartan acudir a los tribunales o a la Fiscalía si no obtienen respuesta. “O hay una presión ciudadana o hay una denuncia ya ante la Fiscalía o lo que sea, o no sé, en la cuestión del patrimonio, pues no se mueven”, afirma.

El Ayuntamiento señala a Cultura

El Ayuntamiento de Níjar, gobernado por el PP, sostiene que tiene “pocas competencias” sobre el castillo al tratarse de un inmueble privado y protegido como BIC. El Consistorio asegura que está a favor de su conservación y puesta en valor y que está dispuesto a colaborar tanto con la propiedad como con otras administraciones. Inicialmente, el Ayuntamiento no tenía localizada ninguna solicitud concreta de rehabilitación, pero tras consultar con el concejal de Urbanismo confirmó a este medio que sí existe un expediente en tramitación relacionado con Cultura y que también hay contacto con la propiedad. El Consistorio no ha concretado el contenido del procedimiento.

La Junta de Andalucía, por su parte, ha sido mucho más escueta ante las preguntas de este medio. Cultura se limita a señalar que el castillo tiene propietarios privados y que son ellos quienes tienen la obligación de mantenerlo. La Administración autonómica no ha aportado información sobre el expediente mencionado por el Ayuntamiento ni ha detallado si ha realizado requerimientos, inspecciones, abierto expedientes sancionadores o dictado órdenes de conservación.

Es precisamente ahí donde las asociaciones sitúan el problema: no cuestionan que la conservación corresponda inicialmente a la propiedad, sino que reclaman que la Administración utilice los instrumentos que tiene a su alcance cuando esa obligación no se cumple. Para Amigos del Parque Natural y Amigos de la Alcazaba, el castillo de San Ramón es también un ejemplo del estado de conservación del patrimonio cultural del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. En su denuncia mencionan expresamente otros elementos como el castillo de San Pedro, Los Alumbres y Los Escullos, además de la arquitectura popular y el patrimonio relacionado con la cultura del agua.

“Nuestro parque natural es una de las joyas del patrimonio almeriense y uno de los iconos más reconocidos de nuestra provincia”, sostienen las asociaciones, que reclaman evitar que este patrimonio “se deteriore de forma irreversible”. Las dos organizaciones mantienen desde enero de este año un acuerdo de hermanamiento para unir esfuerzos en la defensa del patrimonio natural y cultural del Parque Natural. En el caso de San Ramón, mientras las asociaciones esperan una respuesta de Cultura, el Ayuntamiento confirma la existencia de un expediente y la Junta remite a la obligación de los propietarios. El castillo, entretanto, continúa frente a El Playazo de Rodalquilar, con los muros cada vez más erosionados y partes de su estructura ya desprendidas.