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La Junta protege una de las lagunas costeras más relevantes de Andalucía amenazada por el urbanismo

La Charca Suárez junto al urbanismo que ha ido ganándole terreno a su entorno en las últimas décadas.

Álvaro López

Motril (Granada) —
17 de noviembre de 2026 06:00 h

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Entre el asfalto, los cultivos y los desarrollos urbanísticos que han ido ocupando la Vega de Motril, ocho lagunas de agua dulce resisten como un pequeño refugio para la biodiversidad en plena Costa Tropical de Granada. La Charca de Suárez es uno de los humedales más importantes de Andalucía, un enclave que sirve de descanso, refugio y lugar de reproducción para numerosas aves migratorias y que lleva décadas conviviendo con la amenaza de un modelo de expansión urbanística que ha llegado a poner en cuestión su propia supervivencia. Ahora, la Junta de Andalucía ha decidido incorporarlo a la Red Natura 2000 y declararlo Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), con un plan de gestión destinado a preservar sus hábitats y especies.

La protección llega después de años de reivindicaciones ecologistas y en un entorno donde siguen sobre la mesa proyectos de desarrollo residencial, industrial y una marina interior con instalaciones hoteleras y comerciales. Pero el urbanismo no es la única amenaza que pesa sobre este ecosistema: la transformación de los sistemas tradicionales de regadío de la Vega también puede alterar las aportaciones de agua que alimentan las lagunas. El blindaje administrativo supone un paso importante para su conservación, aunque deja abierta una cuestión de fondo: cómo garantizar que este humedal siga siendo un espacio natural vivo en medio de las transformaciones que amenazan su equilibrio.

La declaración aprobada por el Consejo de Gobierno supone la incorporación de la Charca de Suárez a la Red Ecológica Europea Natura 2000 y al Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía. La nueva figura establece medidas para evitar el deterioro de los hábitats y las alteraciones que puedan afectar a las especies protegidas, especialmente a las aves. El plan de gestión tendrá vigencia indefinida, aunque podrá revisarse y modificarse.

El humedal está formado por ocho lagunas permanentes que se alimentan principalmente del acuífero Motril-Salobreña, además de recibir aportaciones de los retornos del regadío a través de acequias y canales y de las precipitaciones. Cinco de ellas -las Aneas, el Trébol, el Taraje, el Lirio y la Caña de Azúcar- fueron incorporadas al Inventario de Humedales de Andalucía en 2007 y declaradas Reserva Natural Concertada en 2009. Las otras tres -la Juncia, el Junco y el Álamo Blanco- quedaron fuera de esa figura, aunque se encuentran en terrenos colindantes cedidos al Ayuntamiento de Motril en 2012.

La importancia ecológica del enclave va más allá de su dimensión territorial. Su ubicación entre los humedales del poniente almeriense y los de Málaga lo convierte en un punto estratégico para las aves migratorias, que encuentran allí un lugar de nidificación, invernada y descanso. Entre las especies presentes figuran la focha moruna, el porrón pardo, la cerceta pardilla, la garcilla cangrejera y el avetoro común, además de flamencos, garzas y otras aves acuáticas. La presencia de numerosas especies incluidas en el anexo I de la Directiva europea de Aves justifica la nueva protección.

Una batalla ambiental que viene de los años ochenta

Sin embargo, la incorporación a la Red Natura 2000 es el último capítulo de una reivindicación que comenzó hace décadas. Fernando Alcalde, miembro de Ecologistas en Acción y uno de los conocedores de la evolución de este espacio, sitúa los primeros movimientos para protegerlo en los años ochenta, cuando se consiguió frenar una actuación que pretendía desarrollar el Ayuntamiento de Motril.

Desde entonces, la conservación del humedal ha atravesado diferentes etapas. La expropiación de algunos de los terrenos más afectados permitió avanzar hacia la creación del actual espacio natural, mientras que las reivindicaciones para conseguir una figura de protección autonómica de mayor alcance se mantuvieron durante años. Según Alcalde, el proceso avanzó a un ritmo lento hasta que los resultados del programa de recuperación de la focha moruna -un tipo de ave-, iniciado en 2013, contribuyeron a darle un impulso definitivo. La Charca Suárez fue incluida el año pasado como espacio crítico para esta especie en su plan de manejo.

El problema es que el humedal ha quedado rodeado por terrenos destinados al desarrollo urbano. Alcalde recuerda que parte de estos suelos llegaron a estar clasificados como urbanos y otros como urbanizables. El planeamiento municipal de 2003 supuso un cambio en esa situación y permitió obtener una cesión obligatoria de terrenos para ampliar el espacio natural, pero no eliminó las previsiones de crecimiento urbanístico de su entorno. “Está encajado entre el suelo urbanizable residencial y el suelo industrial al norte, y el desarrollo que viene ahora, que está aprobado y que tiene su plan parcial y toda esta historia”, explica el representante ecologista.

Entre esos desarrollos destaca el proyecto de una marina interior, una infraestructura excavada en el terreno y acompañada de un desarrollo residencial, hotelero y comercial. Una especie de pequeña Venecia, según la descripción de Alcalde, que podría tener consecuencias sobre el funcionamiento hidrogeológico de la zona. Ecologistas en Acción presentó alegaciones al proyecto al considerar que la excavación podía generar un riesgo de intrusión salina en el entorno del humedal. La Junta de Andalucía llegó a exigir un estudio hidrogeológico para analizar sus posibles afecciones. Según Alcalde, el proyecto seguía pendiente de las conclusiones de ese estudio y de las modificaciones que pudieran introducirse.

El Ayuntamiento de Motril sostiene, sin embargo, que la nueva protección no afecta al desarrollo de la marina. El Consistorio asegura que ya tenía una especial sensibilidad hacia la conservación del humedal antes de la declaración de la ZEPA y afirma que cualquier posible impacto se estudiará con rigor. “Si hubiera existido alguna afección para el desarrollo de la Marina, también se habría tenido en cuenta con anterioridad”, señala. La Junta, por su parte, indica que cualquier desarrollo deberá adecuarse a la normativa de protección ambiental vigente, aunque no concreta en su respuesta las condiciones particulares de compatibilidad entre el proyecto y la conservación del espacio.

El agua que mantiene vivo el humedal

La presión urbanística no es la única preocupación para quienes trabajan en la conservación de la Charca Suárez. La transformación del sistema de regadío de la Vega de Motril plantea otro interrogante sobre el futuro del humedal: qué ocurrirá con las aportaciones de agua que recibe a través de las acequias y los retornos de la actividad agrícola tradicional. Dolores Collantes, representante de la Comunidad de Regantes de Motril, considera que la protección del enclave es una necesidad compartida por la mayoría de los agricultores, pero advierte de que la modernización del regadío puede alterar las condiciones naturales que han permitido mantener el ecosistema.

En la Junta General celebrada en septiembre del año pasado se trasladó a los regantes que el problema estaba resuelto mediante la instalación de una conexión desde las tuberías del sistema modernizado para garantizar el abastecimiento de agua a la Charca. Collantes cuestiona que esa solución sea suficiente. A su juicio, no basta con garantizar que llegue agua: también hay que preservar sus características y el funcionamiento natural del humedal. “Colocar una tubería no significa que el problema esté resuelto. Es más, pienso que podría agravarlo”, sostiene. La representante de los regantes advierte de que el agua procedente del sistema modernizado habrá pasado por procesos de filtrado y podría no tener las mismas características que la que llega actualmente a través de los recorridos tradicionales del agua por acequias y balates.

Su preocupación encuentra un punto de apoyo en el propio diagnóstico ambiental de la Junta. Según señala Collantes, el plan de gestión publicado en el BOJA el 26 de octubre reconoce que la sustitución de los sistemas tradicionales de regadío por sistemas tecnificados ha provocado una disminución de las aguas de retorno que alimentan el humedal. El documento también recoge una reducción drástica de las aportaciones al acuífero Motril-Salobreña como consecuencia de la menor infiltración de las aguas superficiales del Guadalfeo tras la construcción de la presa de Rules.

La cuestión, por tanto, afecta al conjunto del equilibrio hídrico del espacio. La Charca depende de un sistema de aportaciones que va más allá de mantener una determinada lámina de agua en sus lagunas. “Lo importante no es solamente que tenga agua, sino que se mantengan las condiciones naturales que permiten conservar su biodiversidad”, defiende Collantes. La representante de los regantes no plantea renunciar a la modernización, sino compatibilizar los nuevos sistemas con el mantenimiento de los tradicionales para evitar que la transformación del regadío comprometa la conservación del humedal y del acuífero. También advierte de que los intereses económicos particulares no pueden imponerse a la protección del patrimonio natural de la Vega.

Una protección que tendrá que hacerse efectiva

A las presiones urbanísticas e hídricas se suman otros problemas que afectan al día a día de la Charca. Alcalde enumera la llegada de aguas contaminadas procedentes de actividades ilegales en la Vega, los lavados de las zonas industriales cercanas, la contaminación lumínica y la introducción de especies vegetales exóticas desde los jardines del entorno. También menciona la presencia de gatos y otras mascotas como un factor que afecta a la fauna del humedal.

La declaración de la ZEPA incorpora un nuevo instrumento para actuar sobre estas amenazas y establece que la gestión corresponderá a la Junta de Andalucía, a través de la Consejería competente en medio ambiente, con la asistencia del Consejo Provincial de Medio Ambiente y de la Biodiversidad de Granada. La Administración autonómica y el Ayuntamiento deberán coordinarse para compatibilizar la conservación del espacio con el uso racional de sus recursos naturales.

Para Ecologistas en Acción, la nueva figura supone un avance después de décadas de reivindicación, pero no cambia la necesidad de mantener una vigilancia permanente sobre las actuaciones que puedan afectar al enclave. Alcalde destaca, además, la implicación de una red de más de cien personas voluntarias que participa en tareas continuadas de mantenimiento y conservación. “Desde el primer momento fue una iniciativa esencialmente social, que tiró de los políticos después”, resume. Una implicación ciudadana que, a su juicio, sigue siendo uno de los principales apoyos para garantizar el futuro del humedal.

La Charca de Suárez cuenta ahora con una protección autonómica y europea que hasta este momento no tenía en su conjunto. El reto será que esa declaración se traduzca en medidas efectivas para conservar las lagunas, el agua que las alimenta y el entorno del que depende su biodiversidad. Porque, como advierte Collantes, “proteger la Charca de Suárez no consiste solamente en declararla espacio protegido, sino en garantizar que siga teniendo vida”.

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