El ocaso del alcalde de Estepona: la Justicia nubla el futuro político de la antigua estrella municipal del PP
Hace apenas cuatro años un runrún volvió a esparcirse por los mentideros políticos de Málaga a cuenta del recurrente asunto de la sucesión del alcalde Francisco de la Torre: ¿y si fuera otra estrella, más joven pero igual de blanca y brillante, traída de fuera para la ocasión? ¿Y si fuera José María García Urbano, desde 2011 alcalde de Estepona (79.621 habitantes), el más votado en un gran municipio en 2019, el llamado a sustituir al incombustible De la Torre? El propio regidor de la capital le hizo un guiño: “Si a mí me preguntan, yo estaría a favor de incluirle [en las listas del PP para Málaga capital]. Tienen que estar los mejores”, dijo en una charla con el director de Sur.
No era la primera vez. Fue el propio De la Torre quien maniobró para que García Urbano fuese su número dos en 2019, pero las direcciones nacional y andaluza, puenteadas para la ocasión, vetaron aquella operación. Y en 2023, el propio García Urbano envidó: “García Urbano está dispuesto a optar a la Alcaldía de Málaga en 2023 si el PP se lo pide”, llegó a proclamar un titular. En realidad, García Urbano se postulaba a algo que De la Torre no ofrecía: candidato no es dar el relevo a medio mandato.
Alguien acabó pinchando el globo sonda y ahora el panorama ha cambiado. De la Torre afronta sus séptimas elecciones con el objetivo de encadenar 30 años de alcalde, hasta los 88. Y García Urbano sólo vendrá a Málaga para enfilar el banquillo de los acusados en un paisaje político muy nublado para él: tras el auto de apertura de juicio, conocido la semana pasada, la dirección del PP está obligada por los Estatutos a retirarle la afiliación provisionalmente. A medio plazo, parece difícil que repetir como candidato con un juicio a las puertas y otra investigación penal en curso.
De momento el PP esquiva la cuestión, y ni en Madrid, ni en Sevilla ni en Málaga aclaran qué van a hacer con García Urbano, que será juzgado por malversación y prevaricación por contratar para el Ayuntamiento durante mes y medio a una mujer con la que mantenía una relación sin asignarle tareas y sin que ella fuera nunca a trabajar.
Tras una investigación judicial de casi dos años, la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia 5 de Estepona dictó el auto de apertura de juicio oral la semana pasada. Ya no hay marcha atrás. El auto no es recurrible e implica que García Urbano será juzgado, acusado por la Fiscalía, el PSOE y Vox de prevaricar al contratar a su “amiga íntima” Cristina Pulido Bonillo a sabiendas de que nunca iba a desempeñar tarea municipal alguna y de malversar dinero público para ello: 7.862,89 euros entre el salario y las cotizaciones a la Seguridad Social.
La Fiscalía pide para él un año y once meses de prisión y cinco años y once meses de inhabilitación. Ha rebajado a un tercio la pena prisión que pidió hace menos de un año (cinco años y seis meses) como autor de los delitos, en atención a que García Urbano ha depositado en la Tesorería municipal de 2.589,97 euros, que se suma a lo que ya había consignado por el salario que el Ayuntamiento pagó a la mujer. Para ella, cooperadora necesaria, la Fiscalía pide más del doble: cuatro años y medio de prisión.
Por su parte, tanto el PSOE como Vox solicitan cinco años y seis meses de cárcel y diez de inhabilitación para el alcalde.
Los Estatutos del PP obligan a suspenderlo, pero el PP calla
El cambio de pantalla judicial llega en el momento políticamente más delicado. En plena campaña electoral para las generales, y a las puertas de la proclamación de candidaturas municipales, que el PP debe abordar justo después. Nadie cree que pueda presentar a su antigua figura con el riesgo cierto de que finalmente sea condenado, pero la oposición quiere acelerar el momento. En el Pleno del próximo jueves Vox y el PSOE le exigirán la dimisión.
El artículo 19.7 b) de los Estatutos del PP dice: “La suspensión provisional de afiliación será acordada de manera automática por el Comité Nacional de Derechos y Garantías, en los siguientes casos: (…) Cuando un afiliado esté incurso en un proceso penal respecto de los cuales se haya dictado auto de apertura de juicio oral por un delito relacionado con la corrupción y quedará expulsado en el momento en que se dicte sentencia firme por corrupción”.
Ni la dirección nacional ni la andaluza del PP han respondido a los intentos de este medio por saber si ha aplicado sus Estatutos. Por su parte, el PP malagueño explica que el expediente pasa a disciplinario y pide cautela apelando a la presunción de inocencia. “Un juez ya ha dicho que hay indicios razonables de comisión de un delito. No es culpable, pero aquí la presunción de inocencia se tambalea”, advierte Manuel Aguilar, quien fue uno de sus más estrechos colaboradores y ahora ejerce la oposición como portavoz municipal de Vox.
“No puede seguir ni un minuto más al frente del Ayuntamiento cuando va a ser juzgado”, pide Emma Molina, portavoz del PSOE: “Es un presunto corrupto que de alguna manera ha reconocido el delito cuando ha devuelto el dinero”. Molina va a replicar en Estepona la oferta que hizo el PSOE de Algeciras con el caso Landaluce: una moción de censura para que coloquen al candidato que quieran.
Tiene pocos visos de prosperar: García Urbano controla con mano de hierro el gobierno municipal, donde ha colocado como concejales a personas con las que comparte empresas e intereses particulares (Ana Velasco, Salvador Pedraza), compañeros de carrera y amigos (Blas Ruzafa) y compañeros de Notaría (Jorge Moro).
También domina con firmeza la agrupación local, lo que plantea un riesgo de ruptura interna que el PP tendrá que calibrar. Algunas fuentes creen que se le está dando la opción de evitar la expulsión, aprovechando la ventana de oportunidad de las nuevas elecciones, y que él mismo está empezando a andar el camino de salida. De momento, este fin de semana ha organizado una multitudinaria comida. Ya suenan candidatos al relevo entre antiguos concejales que en su día dejaron la política municipal por Sevilla o Málaga capital.
Reclutado para el PP tras una fallida intentona en su Coín natal, durante una década, García Urbano fue un mirlo blanco del municipalismo en el partido. Ni siquiera aparecer en la sentencia de Malaya (en su notaría se firmó de madrugada el pacto que desbancó a Julián Muñoz de la alcaldía de Marbella) oscurecía su brillo. Al revés, empleó con astucia su condición de abogado del Estado, registrador y notario (las dos últimas adquiridas por resolución ministerial, no por oposición directa) para transmitir su imagen de hombre hecho a sí mismo y para resaltar que renunciaba al sueldo, sin aclarar que debía hacerlo si quería seguir cobrando como registrador.
Asumió la alcaldía tras una época marcada por la deuda disparada y la corrupción con los gobiernos del PSOE y el GIL, y en estos 15 años ha cultivado su perfil de hombre instruido y culto, capaz de dejar la deuda a cero a la vez que embellecía el pueblo. Esto le aupó a la vicepresidencia de la Federación Española de Municipios.
Pero hace tiempo que el PP ya no lo pone en su escaparate. Este año, por primera vez en una década, ya no suena para dar el salto a Málaga.
Otra investigación en marcha y requerimientos de Transparencia
El alcalde insiste que todo es parte de una supuesta estrategia para perjudicar su imagen pública y cuestionar su trayectoria y gestión, sin identificar a los supuestos urdidores. Pero no es solo este caso. García Urbano está investigado por otra jueza de lo penal por adjudicar la explotación de un restaurante de lujo en un edificio municipal a pie de playa (por la que Estepona pagó 16,8 millones de euros de dinero público) a la pareja de su hijo, sin experiencia en restauración y creó la empresa un par de meses antes en el despacho profesional de un concejal de confianza del alcalde. Poco después, vendió la concesión. La UDEF desliza en un informe que la operación tenía un beneficiario oculto.
Además, Transparencia le ha requerido para que publique de una vez su declaración de bienes e intereses, algo que no ha hecho nunca, excepto cuando fue brevemente diputado, en 2016. Este medio ha publicado su participación en una sociedad luxemburguesa que gestiona 58 millones de euros en activos inmobiliarios, parques de golf y parques fotovoltaicos, según él como mero albacea. Aquí también figura con su concejal de confianza, Salvador Pedraza, el mismo en cuyo despacho se constituyó la empresa adjudicataria del restaurante en el Mirador del Carmen.
Pero de todos estos casos, ha sido el de menor cuantía el primero que lo ha llevado al banquillo. Hace tiempo que este paso estaba cantado. Al menos, desde que en diciembre de 2025 el juez instructor dejó por escrito en un auto que había “indicios suficientes” para juzgar a García Urbano, tras acumular durante el año previo documentos (informes de recursos humanos, mensajes de WhatsApp), testimonios (de ella –“nunca fui a trabajar”-, de él, del concejal) y ni un solo indicio de que ella realizara tarea alguna.
El origen de esta causa está en la investigación abierta de oficio por el juez tras escuchar a Cristina Pulido decir en otro procedimiento (archivado) que el alcalde, que le abonaba 2.000 euros al mes de su bolsillo, la contrató para labores supuestas de “asesoramiento especial y confianza” en el Ayuntamiento. “Me dijo que aquello era su cortijo”, contó al juez. La mujer ha confirmado después, tanto verbalmente como en un escrito, que nunca trabajó y que nadie se lo pidió. Nadie la ha visto trabajando, ni tuvo ordenador, ni cuenta corporativa, ni consta un solo documento elaborado o firmado por ella.
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