Abren juicio contra el alcalde de Estepona por prevaricación tras contratar a una “amiga íntima” que cobró sin trabajar
La plaza número 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estepona (Málaga) ha acordado abrir juicio oral contra el alcalde de la localidad malagueña de Estepona, José María García Urbano (PP), por un presunto delito de prevaricación en concurso con otro de malversación en relación con la contratación de una persona en el Ayuntamiento durante 46 días, la cual supuestamente no realizó trabajo alguno.
Al respecto, el alcalde de Estepona ha reiterado su “plena confianza” en la Justicia y ha mostrado su deseo de que el procedimiento judicial se inicie “lo antes posible” para demostrar que no se ha cometido ningún delito ni irregularidad en relación con esta contratación.
Según un auto del juzgado que ha investigado la causa, en esta causa se han presentado escritos por parte de la Fiscalía y de dos acusaciones particulares, una de ella en representación del PSOE, en los que se solicita la apertura de juicio oral contra el regidor y contra la mujer que fue contratada.
La resolución dictada señala que en virtud de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “solicitada la apertura del juicio oral por el Ministerio Fiscal o la acusación particular, el juez debe acordarla, salvo los supuestos de sobreseimiento, que no concurren en el presente caso”; por lo que abre juicio y declara la Audiencia de Málaga el órgano competente para celebrarse la vista oral.
Una “relación sentimental”
La Fiscalía de Málaga emitió recientemente un nuevo escrito de acusación en el que se acusa a García Urbano por un delito de prevaricación cometido por autoridad en concurso medial con otro de malversación, rebajando su petición inicial a un año y once meses de prisión e inhabilitación para empleo o cargo público por cinco años y once meses.
En esta causa se ha investigado la contratación de una mujer con la que el alcalde tenía una “relación sentimental”, dice el fiscal. El contrato fue como funcionaria eventual en el Ayuntamiento “a sabiendas de que nunca iba a desempeñar actividad laboral alguna”. La contratación se hizo mediante un decreto de Alcaldía de 13 de febrero de 2023, “en connivencia” con la acusada, cesando el 31 de marzo del mismo año.
En ese tiempo, supuestamente la acusada percibió 1.634 euros de febrero y 3.642 euros de marzo, de forma que presuntamente se “apropió la misma de tales cantidades sin contraprestación alguna, con el consiguiente perjuicio para el patrimonio municipal”, según las nuevas conclusiones iniciales del ministerio público.
El fiscal añadía que una vez iniciado el procedimiento, en noviembre de 2026 el acusado procedió a ingresar en la Tesorería Municipal del Ayuntamiento la cantidad de 5.276 euros correspondiente al dinero percibido por la procesada; y en junio de este año, ingresó 2.589 euros correspondientes a los gastos de cotización a la Seguridad Social, “salvándose así todos los gastos generados”.
Petición de condena para la procesada
En el caso de la procesada, se agrava la petición de pena por parte de la acusación pública y se solicita cuatro años y medio de cárcel por los mismos delitos en concurso, mientras antes se pedían tres años y seis meses de prisión.
En el caso de la acusación del PSOE, el letrado solicita una pena de cinco años y medio de cárcel y diez años de inhabilitación para el alcalde, al que acusa de los delitos de prevaricación administrativa y otro de malversación de caudales públicos, por el que acusa también a la mujer contratada, para la que pide dos años de cárcel. La otra acusación sólo acusa al regidor.
Por su parte, García Urbano ha reiterado su “plena confianza” en la Justicia y ha mostrado su deseo de que el procedimiento judicial se inicie “lo antes posible para demostrar que no se ha cometido ningún delito ni irregularidad en relación con la contratación de una persona como cargo de confianza durante un periodo de 46 días, entre febrero y marzo de 2023”.
Las claves de la defensa
La defensa del alcalde ha recordado que durante la instrucción se han aportado informes del departamento municipal de Recursos Humanos “que acreditan las funciones propias de este puesto y los servicios efectivamente prestados por la persona contratada”.
Asimismo, han precisado que se han incorporado testimonios “que corroboran su asistencia al Ayuntamiento y el trabajo que desarrollaba”; una presencia que, añade esta parte, también consta en las diligencias judiciales practicadas.
La defensa señala que el origen de este procedimiento “se encuentra en las manifestaciones realizadas por esta persona, en calidad de testigo, en otra causa judicial contra el alcalde, que fue archivada de forma firme por la Audiencia Provincial de Málaga”.
“Estrategia de desgaste político”
Aquella resolución, han recordado desde la defensa, “puso de manifiesto la falta de fundamento de las acusaciones formuladas”, al tiempo que han añadido que posteriormente, la misma persona presentó otra denuncia contra el alcalde por los mismos hechos, “que también fue archivada definitivamente”.
A juicio de la representación legal, estos antecedentes, junto con las circunstancias en las que se han producido las declaraciones que sustentan el presente procedimiento, “evidencian la falta de consistencia de las acusaciones”.
La defensa considera que este procedimiento “forma parte de una estrategia de desgaste político y personal dirigida a perjudicar la imagen pública del alcalde y cuestionar su trayectoria y gestión al frente del Ayuntamiento de Estepona”.
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