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Malestar en el campo andaluz con el recorte en las cuentas de PP-Vox: “La defensa del sector se demuestra con inversión”

Jesús Cózar, secretario general de UPA Andalucía, durante la comparecencia en la comisión dedicada a los agentes sociales sobre los presupuestos de Andalucía para 2027.

Carla Rivero

Sevilla —

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El recorte en los primeros presupuestos andaluces firmados por PP y Vox ha dejado a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural con un 18,7% menos de financiación, una situación por la que ha mostrado su preocupación y crítica las asociaciones del sector, que han presentado sus reclamaciones al Gobierno autonómico ante la extinción de las ayudas europeas: “La defensa del campo no se demuestra con declaraciones, sino con inversiones y ayudas suficientes”.

En la Comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos dedicada este lunes a la atención de los agentes sociales para la elaboración de los presupuestos andaluces para este 2027, que cuentan con cifra histórica con 54.716 millones de euros, se ha planteado por parte de Jesús Cózar, secretario general de UPA Andalucía, que la reducción en la cartera de Ramón Fernández-Pacheco es contraria a las declaraciones hechas por el Ejecutivo de Juanma Moreno: “No se puede defender la agricultura y la ganadería andaluzas de palabra y, cuando llega el momento de poner recursos encima de la mesa, quitarle 369 millones de euros a la Consejería que tiene que garantizar nuestro futuro”.

Las pérdidas tanto en los programas de ordenación y mejora de la producción agrícola y ganadera, de apoyo al sector productor, la incentivación agroindustrial o desarrollo rural suponen “una incidencia directa” en las explotaciones. “Se reduce el dinero para producir, modernizar la actividad agroindustrial y desarrollar nuestros pueblos”, así que, comentó, “es difícil hablar de relevo generacional y de futuro del campo cuando se recortan precisamente los instrumentos que deben hacerlo posible”. Poniendo el foco, subrayó que “no hay convocatoria de ayudas de incorporación de jóvenes al campo, ni para compra de maquinaria, desde el año 2024, ni tampoco se espera para 2027”.

Más modernización en regadíos

En cuanto a las rebajas fiscales adelantadas, Cózar expuso que la reducción del 12,5% en el sector se traduce en ayudas ínfimas: “En la tasa de expedición del carné de aplicador de fitosanitarios el ahorro es de 2,25 euros, o en la tasa de expedición de las guías de traslado ganadero el ahorro es de 0,60 euros, mientras que, por ejemplo, las licencias de caza se reducen un 30% o incluso el 100% para algunos cotos de caza”. Por tanto, se pide que el 35% de los fondos de las convocatorias competitivas se destinen a explotaciones familiares, al igual que reservar al menos el 30% de las inversiones hídricas para actuaciones que beneficien a pequeñas comunidades de regantes.

Al respecto, Pedro Parias, secretario general de la Asociación de Comunidades de Regantes de Andalucía (Feragua), insistió en que, aunque valoraba “positivamente” el incremento para las obras hidráulicas y la gestión del agua, de 579 a 756 millones, el reparto quedaba desigual, dado que un 75% irá destinado a saneamiento y depuración, mientras que un 15% para la gestión de cauces y agua, en cambio, regadíos se quedaría con un 7% y las presas con un 4%.

“Un porcentaje muy bajo para un sector que genera el 60% del PIB del campo andaluz. A la joya de la corona de la agricultura andaluza apenas se le dedica un 5% del presupuesto en agua y esto supone un 1% de la Consejería de Agricultura, una cantidad ínfima, por lo que no estamos muy satisfechos con las inversiones previstas”. Líderes en cultivos como el aceite de oliva, los cítricos, los frutos rojos o las subtropicales, se quiere una “mayor garantía de agua y mejores condiciones regulatorias”. Entre las cuestiones expuestas, lamentó que la desalación no contara con ninguna inversión o la escasez en inversiones para presas.

“El 95% del agua que sale por el grifo viene de las presas y en los últimos 20 años se han aparcado. No se ha acometido ninguna obra de regulación, ya sea porque se pasa la pelota al Estado o porque la Junta no plantea ningún interés cuando, quitando a Almería que tiene desaladora, las demás capitales andaluces dependen de las presas”. Facilitar los caudales ecológicos de los ríos, generar energía hidráulica, limpiar y garantizar la disponibilidad de agua en los regadíos estarían entre los beneficios que expuso el representante de Feragua. A ello, añadió que el objetivo está en la modernización de los regadíos para superar los obstáculos que afronta el sector.

Andalucía, “especialmente vulnerable” ante el cambio climático

Otras dos entidades que se pronunciaron en la comisión fueron Asaja-Andalucía y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía. Si bien la primera consideró positiva la destinación de los fondos propios de la Junta a la cartera ante la pérdida de recursos de las ayudas procedentes de la Unión Europea, como Feader, y el apoyo para la gestión del agua, hay una “preocupación” en la reducción de la financiación de la Consejería.

Al respecto, Félix García de Leyaristy, director general de Asaja-Andalucía, manifestó que hay inquietud por la reducción en las partidas ligadas a la gestión forestal, la biodiversidad, la conservación de espacios naturales y la prevención ambiental en una comunidad autónoma “especialmente vulnerable” a los incendios, la desertificación y los efectos de la crisis climática. Valorando la inversión en gestión de crisis, como el fondo consolidado para este año, habría que recuperar estas líneas para “garantizar la competitividad y sostenibilidad futura del campo andaluz”.

Por su parte, Santiago García Montagut, abogado de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, apostó por la idea de reforzar el modelo cooperativo para “mantener” la riqueza en el territorio, porque se trata de una forma de trabajar que “no se puede deslocalizar” y contribuye al empleo de miles de personas frente a los acuerdos para producir en terceros países a raíz del bajo coste. “Tenemos un ejemplo reciente en la industria azucarera de Jerez, donde la decisión de dejar de molturar remolacha ha afectado directamente a un cultivo tradicional y a los agricultores que abastecían esa industria, perdiendo una parte importante del valor que antes se generaba en Andalucía”, resumió.

Por estas razones, recordó que el agua “sigue siendo uno de los grandes condicionantes para la competitividad de nuestra agricultura, nuestra ganadería y nuestra industria agroalimentaria”, así que, aún con las inversiones previstas, subrayó la necesidad de “ejecutarlas”. “Es imprescindible agilizar las infraestructuras pendientes, aprovechar mejor los recursos disponibles, avanzar en el uso de aguas regeneradas y desaladas cuando sean viables y superar las dificultades administrativas que retrasan proyectos estratégicos”, desarrolló.

Asimismo, la cuestión es ganar en proyección y dinamización empresarial, ya que, apuntó, “todavía estamos lejos del tamaño que tienen algunas de las grandes estructuras cooperativas europeas”, como ocurre en Francia. Para ello, se pide apoyo a los procesos de integración y fusión cooperativa, al igual que reforzar la industria cooperativa y su presencia en los mercados. “Necesitamos invertir en modernización de instalaciones, digitalización, innovación, eficiencia energética y nuevas tecnologías. Pero también necesitamos avanzar en comercialización, desarrollar nuestras marcas y abrir nuevos mercados”, para lo que las partidas en I+D+i e innovación son clave.

Uno de los grandes tormentos del sector es la contratación y fidelización del empleo juvenil, para lo que García Montagut pidió políticas de empleo y formación adaptadas “a la realidad de nuestras campañas agrícolas y de nuestras industrias, que permitan disponer de trabajadores con seguridad jurídica y previsibilidad para poder gestionar las diferentes campañas agrícolas”. Así terminó esta primera tanda en la comisión dedicada al campo andaluz, aún con tareas pendientes para ser una opción viable y consolidada entre la población más joven.

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