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La turistificación llena de residuos y pone en peligro una joya natural de Almería

Estampas como las de la imagen son habituales en las Canales de Padules desde hace ya casi una década

Álvaro López

Almería —
25 de octubre de 2026 21:19 h

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La masificación turística está dejando su huella en las Canales de Padules, un paraje natural de la Alpujarra almeriense donde se acumulan residuos y se denuncian problemas derivados de la presión de visitantes. La basura, desde latas y botellas hasta plásticos y pañales abandonados, convive con las pozas y los estrechos pasadizos excavados por el río Andarax en este enclave de 9,63 hectáreas, declarado Monumento Natural de Andalucía en 2019. Su popularidad ha crecido en la última década, especialmente tras su promoción turística en 2014, y la afluencia se concentra en los meses de verano.

La Junta de Andalucía reconoce que el aumento de visitantes genera tensiones que pueden afectar a la conservación del entorno y a la seguridad. Ecologistas en Acción denuncia el deterioro del paraje y cuestiona la gestión municipal, mientras el alcalde de Padules, Antonio Gutiérrez (PSOE), sostiene que el Consistorio asume con recursos limitados buena parte de las tareas de limpieza y mantenimiento y reclama más implicación autonómica. La falta de un convenio que delimite las responsabilidades de ambas administraciones mantiene abierta la cuestión de cómo proteger este espacio natural ante la presión turística.

“Hay basura por todos sitios”

“Los canales están hechos una pena, hay mierda por todos lados, basura por todos sitios”. Matías, vinculado a la agroecología y colaborador de Ecologistas en Acción, describe así el estado que, según su experiencia, presenta actualmente el paraje. Recuerda que hace unos nueve años, cuando visitó la zona tras trasladar su proyecto agroecológico a la Alpujarra almeriense, ya había residuos, aunque los relaciona principalmente con restos de actividad agrícola. Ahora asegura encontrar más latas, botellas, plásticos y bolsas abandonadas por los visitantes.

El agroecólogo considera que la falta de conciencia ambiental de parte de quienes acuden al río se suma a una gestión municipal insuficiente. “Es sencillo, son las dos cosas que pasan”, afirma, en referencia al comportamiento de los visitantes y a la falta de atención que atribuye al Ayuntamiento de Padules. Su diagnóstico, no obstante, va más allá de la suciedad: cuestiona que el turismo se haya convertido en una de las principales apuestas para el desarrollo de los municipios rurales, incluso cuando se presenta como ecoturismo.

“El desarrollo rural debería enfocarse más en la agroecología y, por supuesto, también en el ecoturismo”, sostiene Matías, que lleva cerca de tres décadas vinculado a proyectos de producción agroecológica. A su juicio, la promoción turística no puede sustituir a una estrategia económica que mantenga la actividad agraria y genere beneficios duraderos para el territorio. También advierte de posibles afecciones al río por el uso de herbicidas y pesticidas en las explotaciones agrícolas de la zona. Matías reconoce, además, que la responsabilidad no recae exclusivamente en las administraciones y los visitantes: “Aquí culpables somos todos”.

El ayuntamiento reclama más recursos a la Junta

El alcalde de Padules, Antonio Gutiérrez (PSOE), rechaza que la situación pueda atribuirse a una falta de implicación municipal. El regidor asegura que el Consistorio, con una población de alrededor de 400 habitantes, ha tenido que asumir con recursos propios buena parte de las tareas de limpieza, desbroce, arreglo de caminos y mantenimiento del entorno ante el incremento de visitantes.

Gutiérrez calcula que estos trabajos han supuesto un gasto de entre 20.000 y 25.000 euros, con dos personas dedicadas a estas labores. El alcalde sostiene que el ayuntamiento no dispone de medios suficientes para asumir en solitario la gestión de un espacio declarado Monumento Natural y acusa a la Junta de Andalucía de no haber aportado los recursos que, según afirma, se comprometieron antes de la declaración.

“Lo que ha hecho la Junta de Andalucía en nueve años es poner tres carteles”, afirma. Según su versión, antes de que las Canales recibieran la figura de protección hubo reuniones en las que representantes de la administración autonómica trasladaron que la Junta asumiría la gestión del enclave. Desde entonces, asegura, el ayuntamiento ha tenido que responder a las necesidades derivadas de la afluencia turística sin contar con el apoyo que esperaba.

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ofrece una versión distinta sobre el reparto de tareas. Según su visión, el paraje cuenta con la vigilancia y custodia de los agentes medioambientales de la Junta y que la Administración autonómica atiende el mantenimiento y la mejora de las instalaciones que construyó, entre ellas el área de descanso, las sendas de acceso desde el aparcamiento, las talanqueras y la señalización. No detalla, sin embargo, la inversión realizada durante los últimos años ni las actuaciones ejecutadas en cada ejercicio.

La Junta considera razonable que el Consistorio de Padules gestione los accesos, tanto por su proximidad al enclave como por su titularidad de los terrenos. Según la Consejería, el Consistorio lleva unos seis años controlando la entrada durante la temporada estival y cobrando tres euros por vehículo. El Ejecutivo regional plantea formalizar esta distribución de funciones mediante un convenio entre ambas partes, conforme a la normativa que regula el Monumento Natural.

El alcalde asegura que lleva años reclamando ese acuerdo para determinar las competencias de cada Administración y disponer de recursos con los que mantener el espacio. También sostiene que ha solicitado ayuda para las tareas de limpieza y para actuar frente a los comportamientos incívicos, sin obtener la respuesta que esperaba.

Sin un aforo establecido para los días de mayor afluencia

La turistificación se concentra especialmente en verano y durante determinadas jornadas festivas. El propio alcalde reconoce que el 15 de agosto puede haber alrededor de un centenar de vehículos en el entorno de Las Canales, aunque sostiene que durante el resto del año la afluencia es mucho menor. En su opinión, la situación actual tampoco es comparable con la de los primeros años de promoción del paraje, cuando, según relata, algunos grupos acudían con mesas, sillas y neveras y utilizaban el espacio como si fuera un merendero.

Gutiérrez afirma que las restricciones al acceso rodado han contribuido a reducir esas prácticas y considera que el perfil de los visitantes es ahora más respetuoso con el medio natural. Reconoce que siguen apareciendo residuos, entre ellos pañales y latas, pero sostiene que la suciedad es mucho menor que hace una década.

El regidor admite, al mismo tiempo, que no existe un aforo establecido. “¿Qué aforo tiene eso? No está establecido”, señala. El ayuntamiento tampoco dispone de Policía Local, por lo que el control del acceso recae en personal que, según explica, carece de autoridad para sancionar determinadas conductas. El alcalde defiende que la Junta, por su experiencia en la regulación de espacios naturales y otros enclaves de uso público, debe participar en la definición de un sistema que permita ordenar las visitas.

La ausencia de un límite de acceso conocido dificulta evaluar hasta qué punto la afluencia resulta compatible con la conservación del paraje. La Junta reconoce que el aumento de visitantes genera tensiones que pueden afectar tanto al medio natural como a la seguridad de las personas, aunque su respuesta no incluye cifras de usuarios, un estudio de capacidad de carga ni una cuantificación de los daños.

Un puente para reducir el tránsito por el río

El enfrentamiento entre el ayuntamiento y el Ejecutivo regional también se ha trasladado a las actuaciones previstas para el paraje. Gutiérrez defiende un proyecto impulsado por la Diputación de Almería que contemplaba un puente tibetano y un recorrido que permitiría visitar las Canales sin tener que caminar por el cauce. Según el alcalde, la infraestructura habría facilitado las visitas durante todo el año y contribuido a reducir la presión sobre el río en los meses de mayor afluencia.

El regidor sostiene que el proyecto no salió adelante tras un informe desfavorable y cifra en unos 220.000 euros la inversión que, según afirma, perdió Padules. También cuestiona las advertencias ambientales formuladas sobre el espacio y niega que exista una afección a la flora en los términos que atribuye a la Junta. Respecto a la presencia de truchas, asegura que solo ha observado ejemplares de manera puntual, después de crecidas del río.

La Junta, por su parte, señala que la Diputación ha mostrado interés en invertir en la mejora del enclave y que la Consejería emitió un informe favorable para adecuar un mirador en una antigua era. Desde el Ejecutivo regional omiten, sin embargo, si existen alternativas al puente tibetano o qué actuaciones podrían reducir el tránsito por el cauce.

Un convenio para conservar el Monumento Natural

La falta de un acuerdo formal sobre la gestión de las Canales sigue siendo uno de los principales puntos de fricción entre las dos administraciones. La Junta plantea que el ayuntamiento continúe controlando los accesos durante el verano y que la Consejería mantenga las instalaciones construidas, mientras el Consistorio reclama recursos adicionales para afrontar las tareas de conservación y limpieza. El alcalde asegura que ha recibido confirmación de una reunión con la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Según explica, el objetivo será abordar el convenio y plantear una financiación específica para la limpieza, la retirada de cañas, el arreglo del entorno y el mantenimiento de una persona encargada de su cuidado.

La evolución de las Canales de Padules pone en el foco cómo se debe gestionar la popularidad de un espacio natural protegido sin poner en peligro el propio entorno que lo convierte en un reclamo turístico. La formalización del convenio, la disponibilidad de recursos y la existencia de criterios técnicos para ordenar las visitas serán determinantes para comprobar si las administraciones pasan de las reclamaciones cruzadas a una gestión coordinada del paraje. Solo falta que las administraciones consigan llegar a un acuerdo.

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