Las defensas de los integrantes de los CDR con causas abiertas por terrorismo han instado a la Audiencia Nacional a aplicarles de forma inmediata la ley de amnistía, después de que el TJUE avalara la norma la semana pasada. Los abogados del colectivo Alerta Solidària han presentado este lunes cinco escritos distintos con el objetivo de desencallar la amnistía para los activistas, a quienes la Fiscalía pedía entre ocho y 27 años de cárcel.

El caso se remonta a septiembre de 2019, cuando doce personas fueron detenidas en el marco de la Operación Judas acusadas de integrar una supuesta organización terrorista paralela dentro de los CDR con el objetivo de cometer atentados con explosivos coincidiendo con el aniversario del 1-O y la sentencia del procés.

Xavi Monge, su abogado, ha reclamado la suspensión del procedimiento y que se aplique “sin más dilaciones” la norma. Desde Alerta Solidària han advertido de que cualquier retraso “solo responderá a la voluntad de escarnio contra los 12 independentistas”.

En julio del 2024 la sala de la Audiencia Nacional ya plasmó en sus escritos previos que los actos investigados no describían ningún resultado lesivo contra la vida o la integridad física de las personas, ni la existencia de víctimas o daños materiales. Pese a ello, la Audiencia Nacional planteó una cuestión prejudicial ante el TJUE para determinar si la amnistía era compatible con la acusación de terrorismo.

Más de un año después, el tribunal europeo ha resuelto que la norma es acorde con el derecho europeo y que los delitos por los que se acusa deben ser amnistiados, siempre que los actos cometidos no hayan causado de “forma intencionada graves violaciones de derechos humanos”. Las defensas sostienen que, al no darse ninguno de estos hechos, desaparece la causa que motivó la no aplicación de la ley.

Además, las defensas han hecho referencia al párrafo 119 de la sentencia del TJUE, que establece que “los tribunales nacionales deben dictar la extinción de la responsabilidad penal sin entrar a valorar alegaciones ni pruebas exculpatorias cuando los hechos quedan comprendidos en el ámbito de la amnistía, y en un plazo máximo de dos meses”. Con este argumento, piden a la Audiencia Nacional que declare extinguida la responsabilidad penal de los doce activistas y archive de manera definitiva las causas que pesan sobre ellos.

Anna Navarro, la diputada que formó tándem con Carles Puigdemont en las pasadas elecciones catalanas, ha anunciado este martes que abandona el Parlament por motivos “personales y profesionales” sin haber cumplido aún la mitad del mandato. Según ha explicado su formación en un comunicado, Navarro continuará formando parte de la Dirección Permanente y de la Dirección Ejecutiva de Junts.

Nacida en Olot (Girona) en 1968, Navarro llegó a ser una ejecutiva de Silicon Valley, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional, y donde ocupó la vicepresidencia de la empresa de software NetApp y la dirección de Procore Technologies. Reconocida en Catalunya con la Creu de Sant Jordi en el año 2021, Puigdemont la convirtió en su fichaje estrella de cara a las elecciones de mayo de 2024.

Se trataba de demostrar que Junts era un proyecto que aún podía incorporar a independientes de prestigio y hacer emerger nuevos liderazgos. Sin embargo, la llegada de Navarro a la primera línea política fue inicialmente discreta, a lo que le siguieron algunas declaraciones polémicas, como cuando afirmó en las redes sociales haber tenido más dificultades que un migrante para acceder a la sanidad catalana al regresar de EEUU.

En su comunicado de despedida, la ya exdiputada destaca “la intensidad, la exigencia y el aprendizaje” que ha supuesto para ella esta etapa de dos años en la Cámara.

Primer relevo a en el Govern de Salvador Illa a punto de cumplirse dos años desde su inicio. La consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martinez Bravo, ha abandonado el cargo por motivos personales, en un reemplazo pactado con el president de la Generalitat, al que la consllera había manifestado su deseo de volver a centrarse en la academia.

Tal y como ha avanzado este lunes El Periódico y ha confirmado el propio Salvador Illa en una comparecencia desde el Palau de la Generalitat, a Martínez Bravo le tomará el relevo Raúl Moreno, quien hasta ahora ostentaba la secretaría general del Departament y del que se espera una gestión continuista.

La ya exconsellera había comunicado hace unas semanas al president Illa que no deseaba continuar, alegando motivos de índole personal. Se da la circunstancia de que Martínez Bravo, que se incorporó al Govern como independiente, aunque procedente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, inició la legislatura con un pie en Madrid, donde residen su pareja y su hija, y otro en Barcelona, donde no disponía de otro domicilio que el de sus padres.

A lo largo de estos últimos dos años la consellera ha tenido que hacer frente al estallido de la crisis más importante en la antigua Dirección General de Atención a la Infancia (DGAIA), salpicada por una serie de irregularidades en la contratación de servicios de atención a los menores. El Govern apostó por una refundación completa que convirtió las siglas del organismo en la Direcció General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA). Unos cambios que, sin embargo, no han convencido a buena parte de la oposición.

El conseller entrante, Raúl Moreno, es un socialista de pedigrí, partido en el que ha militado desde hace tres décadas. Moreno, educador social de profesión, fue concejal Santa Coloma de Gramenet durante 12 años y diputado en el Parlament desde 2015.

Illa ha destacado de Moreno su “larga trayectoria a favor de la justicia social”, con su relación desde la política con el tercer sector. Es la primera vez además, ha destacado, que ocupa una conselleria un educador social de formación y ejercicio.

Además de continuar con la refundación del sistema de protección a la Infancia, Moreno hereda otros retos dentro como responsable de la conselleria. Entre ellos, destacan la mejora de la atención a la dependencia, el despliegue de la ley del ELA, la equiparación salarial en el tercer sector o la integración del ingreso mínimo vital con la catalana renta garantizada de ciudadanía.

Las dos sentencias del TJUE (C-523/24 y C-666/24) vienen a confirmar lo que una minoría significativa pensábamos y razonábamos: la amnistía para el procés es perfectamente constitucional, sin tacha democrática alguna. Algunos, especialmente en los sectores más montaraces de la judicatura –con toga y todo en la calle–, de la academia –algunos temerosos de las subvenciones a sus proyectos y por eventuales designaciones– y medios serviles y omniparlantes se lanzaron en tromba contra la amnistía.

Son los herederos del anatema unamuniano “venceréis, pero no convenceréis”, yendo siempre varios escalones más allá: como no convenceremos, vencer es destruir al disidente. Pero les manca fineza, tara política que los lleva de derrota en derrota secularmente: solo hiel les queda en su copa para solaz de su gaznate.

Por lo que, como prólogo, la amnistía, íntegramente pasada por el VAR de la UE –antes ya por los de la Comisión de Venecia y del Tribunal Constitucional–, es una enmienda a la totalidad a los políticos cobardes que se negaron a negociar –la ristra de desprecios arranca ya en 2012, sin olvidar la sentencia constitucional contra el nuevo Estatut– y al voluntarioso tercio de jueces –de altos jueces, todo hay decirlo– que se inventaron unas causas que, con la ley en la mano, no es que fueran discutibles, sino que eran pura superchería.

Acastilladas las fuerzas más reaccionarias, iniciaron su plan de salvar a España y así les ha quedado: el TJUE ratifica la enmienda a la totalidad de la represión gubernamental esencialmente pepera, de la que el PSOE sorprendentemente parece no saber nada, y judicial.

Enmienda a la totalidad. Ahí es nada.

¡El proceso más importante de y para la Historia de España revolcado en Europa! Ni la bruja Lola hubiera estado más desacertada con sus patrioteros pronósticos. El prestigio jurídico de la alta magistratura hispánica hecho girones por no haber dejado hacer política, donde solo había que hacer política –lo que no es siempre agradable, pero eso es lo que hay, cuando, por fortuna, no reina el pensamiento único–. Nada de porra ni mazo: política, solo política.

Primera consecuencia. No tema el lector, no voy a adentrarme en vericuetos jurídicos de alta gama. No hace falta. Las resoluciones del TJUE son meridanamente claras y claramente explicadas para quien quiera entenderlas y no demonizarlas.

En primer término, la sentencia del caso C-523/24, el de la malversación de fondos europeos –por cierto, inexistente en la sentencia del procés y luego ilegitímamente introducido en los incidentes de ejecución de sentencia burlando el sacrosanto principio de la cosa juzgada– podría llevarnos a complejas disquisiciones jurídicas, fiscales, económicas e, incluso, de consolidación de la Unión Europea.

Eso es lo que, en su cuestión prejudicial, el Tribunal de Cuentas y adláteres pretendían. Si en Catalunya gana la secesión, desaparecería su contribución a Europa y esta zozobraría, o cuando menos, tendría graves dificultades.

Nada más lejos de la realidad. El argumento capital del TJUE, perfectamente entendible para quien no tenga las neuronas contaminadas es simple tal como rezan los apartados siguientes de la resolución:

“99 En efecto, aun suponiendo que una disminución de la RNB [Renta Nacional Básica] de un Estado miembro por la secesión de una parte de su territorio pueda suponer una disminución de la contribución nacional al presupuesto de la Unión, se trataría del corolario del hecho de que el territorio en cuestión deja de estar sujeto a los Tratados y de contribuir financieramente a la aplicación de estos y no se beneficia de las medidas de apoyo contempladas en dichos Tratados. Por consiguiente, no cabe considerar que tal disminución, como tal, afecte a los intereses financieros de la Unión en el sentido del artículo 325 TFUE, apartado 1.”

Poco más que añadir. Blanco sobre negro: suma cero.

Segunda conclusión. Los plazos de dos meses para dictar la aplicación de la amnistía por los órganos nacionales tampoco vulneran la tutela judicial efectiva, puesto que la amnistía, que es, reitera el TJUE, una medida excepcional, no se rige por las normas generales procesales.

Ello comporta, una consecuencia en notorio significado. La amnistía hay que aplicarla ya, sin dilaciones. En efecto, lo estatuye con, de nuevo, meridana claridad esa misma sentencia en su punto 119:

“119 En este contexto, la obligación de los órganos jurisdiccionales nacionales de dictar una resolución de extinción de la responsabilidad sin valorar las alegaciones y las pruebas exculpatorias es consustancial al principio mismo de la amnistía. Cuando se determina que las conductas en cuestión están comprendidas en el ámbito de aplicación de la amnistía, el órgano jurisdiccional que conoce del asunto debe concluir este con una resolución de extinción de la responsabilidad sin previamente valorar esas alegaciones y pruebas. Lo mismo cabe decir de la obligación, no acompañada de sanciones, de concluir el asunto en un plazo máximo de dos meses.”

O sea que nada de estudiar si es aplicable al caso o cómo pueden algunos espabilados togados saltarse esa decisión a la torera. Parafraseando a un ya arrepentido negacionista: “Ni dilaciones, ni nada de eso”.

Y un epílogo. La respuesta carpetovetónica a cualquier propuesta institucional que venga de la periferia es la de un 'no', la de un 'no' rotundo, granítico. La realidad, gracias a que, como en Berlín, en Luxemburgo hay jueces, es que la democracia es todo lo amplia que se quiera, si se quiere.

Un ejemplo puede ser transformar el actual estado centralista, con un maquillaje autonómico, firmemente controlado por el gobierno central, en un estado ciertamente plurinacional. Ese 'no' por defecto a cualquier reforma por timorata que sea –la transferencia del IRPF o que los funcionarios centrales destinados territorialmente atiendan en la lengua oficial de la comunidad–, se ha demostrado con la validación de la amnistía que puede ser obviado sin reparos.

Seguir profundizando en la democracia nunca puede ser malo. Ni siquiera para los rezagados que reniegan de ella, a la par que la disfrutan ilimitadamente, más que los demás, con chulesca impunidad.

La validación de la amnistía va más allá de la reparación individual y colectiva –cuya alergia nos gana el corazón– y ha de llevarse a cabo impepinablemente sin tardar más. La amnistía va de más democracia y eso es en beneficio de todos, de todos sin excepción.

Joan J. Queralt es catedrático emérito de Derecho penal UB y senador electo de ERC por Barcelona

Mireia Forner, 44 años, dormía en su domicilio del barrio de Vallvidrera (Barcelona) cuando, sobre las cuatro de la madrugada del sábado, una serie de disparos la despertó. “Me levanté asustada, no sabía qué pasaba”, rememora, en conversación telefónica.

Lo primero que hizo fue mirar por la ventana. Vio entonces media docena de vehículos de Agentes Rurales de la Generalitat, de los Mossos d'Esquadra y unas diez personas con prismáticos y armas largas. Inmediatamente, escribió al chat de vecinos del barrio.

— ¿Sabéis que están haciendo la policía y los agentes rurales a esta hora?— preguntó.

— Tenemos todo de agentes por unos pocos jabalíes— le contestó otra vecina a la que también le habían despertado los disparos.

El intento de controlar la propagación de la Peste Porcina Africana (PPA) ha llevado a la Generalitat a realizar, durante la semana pasada, al menos dos actuaciones con disparos de madrugada en barrios habitados de Barcelona situados en Collserola.

A la actuación de la madrugada del sábado en Vallvidrera se suma otra similar el martes de la semana pasada en el barrio del Rectoret, situado entre la capital catalana y el municipio de Sant Cugat, según avanzó el medio local Cugat.cat

Desde la Generalitat señalan que son “actuaciones puntuales y excepcionales” en el marco del control de la plaga. “Las actuaciones en núcleo urbano no son habituales y solo se llevan a cabo cuando una valoración técnica determina que son necesarias”, apunta una fuente oficial de los Agentes Rurales.

Según esta fuente, este tipo de actuaciones del Grupo Especial de Captura de Animales (GECA) de los Agentes Rurales son “especialmente complejas” y requieren “compatibilizar la seguridad de las personas” junto al “mínimo sufrimiento del animal” y la “eficacia de las medidas de control de la enfermedad”.

El martes de la semana pasada, tras escuchar los disparos, los vecinos del Rectoret vieron cómo los agentes habían abatido a un jabalí en medio de la vía pública, en una zona residencial y a tocar de una guardería. Tras contactar con la policía, les dijeron que las actuaciones eran para controlar la PPA y les advirtieron de que se podían repetir en las próximas noches.

Los vecinos de estas dos áreas están molestos porque en ningún momento ni la Generalitat ni el Ayuntamiento les avisaron de que se iban a realizar batidas con disparos de madrugada y alertan del peligro que supone. “Yo no estoy en contra de que actúen para contener la plaga”, abunda Forner. “Pero no cuesta nada avisar a los vecinos antes de ponerse a pegar tiros de madrugada”.

Los vecinos del Rectoret presentaron la semana pasada una instancia ante el Ayuntamiento de Sant Cugat, ante el departamento de Interior de la Generalitat y ante el Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán) para denunciar la actuación de los Agentes Rurales cerca de sus domicilios.

“Todas las intervenciones que puedan tener una especial incidencia sobre el tráfico o la seguridad de las personas, se comunican semanalmente al departamento de Agricultura, así como a todas las policías locales afectadas y al cuerpo de los Mossos d'Esquadra”, responden desde el Govern.

La misma fuente oficial señala que la actuación en el barrio del Rectoret respondió a “las circunstancias detectadas” durante las tareas de “vigilancia y control”. Sobre la actuación en Vallvidrera señalan que se llevó a cabo tras un aviso de la Guardia Urbana de Barcelona.

“Muchos de nosotros tenemos perros y los sacamos a pasear de noche o de madrugada”, explica Sílvia Coca, vecina del barrio del Rectoret. “No queremos vivir con miedo”. Coca explica que, además, en el caso de la batida en el Rectoret, quedaron restos de sangre y muestras biológicas de los jabalíes matados durante la redada.

Según los Agentes Rurales, en esa actuación se “aplicó correctamente” el protocolo, pero admiten que quedaron “restos de sangre” en la calzada. “Se ha puesto en conocimiento de los servicios correspondientes y se han adoptado las medidas oportunas para evitar que se repitan situaciones como esta”, remachan.

El Govern no sabe cuándo podrá reabrir el parque

Son ya cuatro meses los que lleva cerrado el Parque de Collserola por el brote de peste porcina africana detectado a finales de noviembre. Y la reapertura, por ahora, ni siquiera está en el horizonte.

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, explicó el lunes en una entrevista en TV3 que no se puede decir todavía cuándo se abrirá el espacio porque, según él, el bosque “está muy dejado” y eso complica el rastreo de jabalíes.

“La situación está más descontrolada de lo que pensábamos”, admitió Ordeig, antes de reconocer que los censos previos de jabalíes se habían “quedado cortos”, sobre todo en las zonas más boscosas.

La mayoría de vecinos de estos barrios de montaña de Barcelona coinciden en que el control de la población de jabalíes está lejos de ser una realidad. Y todos aseguran que sigue siendo habitual ver manadas de estos animales cerca de las basuras y, durante las últimas semanas, acompañados de cachorros.

Según Ordeig, la mitad de las zonas cerradas ya están libres de jabalíes, pero en el resto cuesta mucho avanzar. El conseller pidió no “echar por tierra” todo el trabajo hecho hasta ahora y recordó que los plazos los marcan los técnicos y los científicos, por lo que de momento no se pueden flexibilizar las medidas.

Hace unas semanas, el Govern ya había avanzado que las restricciones se alargarían todo el verano a pesar de las protestas de los vecinos, restaurantes y comercios de la zona para flexibilizar las medidas de control y permitir más afluencia al espacio natural.

El conseller también constató que algunas personas se han saltado las restricciones y que el Govern ya ha impuesto varias sanciones, aunque no precisó su número ni gravedad.

Los primeros vecinos afectados por el socavón provocado por las obras de la L9 en el barrio del Putxet de Barcelona han empezado este lunes a recuperar sus viviendas. Al mediodía, habían podido entrar cuatro vecinos y un comerciante de los once pisos y cuatro establecimientos de los dos edificios donde ya se ha autorizado el retorno.

Uno de los residentes, Xavier Castillo, ha asegurado que vuelve tranquilo después de las inspecciones efectuadas: “Entiendo que más revisado que ahora no lo habrá estado nunca”. En cambio, la propietaria de otra de las viviendas ha explicado que su inquilina, una mujer mayor, ha decidido no volver y renunciar al alquiler por el miedo que le ha provocado el incidente.

Los vecinos han sido citados de manera escalonada en el centro cívico Vil·la Florida, donde han recibido información sobre el estado de los inmuebles y un dossier con las conclusiones de las revisiones técnicas. Posteriormente, han accedido a los pisos acompañados de técnicos y efectivos de los Bomberos para comprobar su estado antes de recuperar las llaves.

Castillo ha explicado que en su vivienda no han detectado ningún cambio importante respecto a la última vez que había entrado. Sí que han encontrado algunas grietas pequeñas aparecidas durante las obras, principalmente en la pintura, pero los técnicos les han asegurado que no tienen afectación estructural y que serán reparadas. “Lo que queríamos era volver a casa y hacer vida normal”, ha afirmado.

El vecino ha admitido que los primeros días después del desalojo se sintieron “un poco desamparados”, porque inicialmente les dijeron que buscaran una solución por su cuenta hasta que la administración pudiera concretar el alojamiento. Posteriormente, ha reconocido, la gestión mejoró y les ofrecieron un hotel en la zona de las Tres Torres, pese a las incomodidades de vivir fuera de casa.

“Después han recapacitado, han dado muchas facilidades y dicen que habrá ayudas”, ha señalado Castillo, que ha añadido que podrán presentar los justificantes de los gastos extraordinarios ocasionados por el desalojo. Con todo, ha dicho que entiende el malestar de los afectados de las otras fincas, que todavía tendrán que pasar varias semanas fuera de sus viviendas.

Una situación diferente es la de Cristina Serra, propietaria de un piso que da al patio interior utilizado durante los trabajos para estabilizar el terreno. Serra ha explicado que su inquilina, una mujer mayor, no quiere volver a la vivienda porque tiene miedo. “Quizá te haces montañas de lo que podría haber pasado, pero es una señora mayor, tiene miedo y no volverá”, ha lamentado.

La propietaria también ha explicado que se ha encontrado con la desaparición del jardín que había en el patio desde hacía casi cuarenta años. Ha dicho que los árboles han sido retirados y buena parte del espacio ha quedado cubierto de cemento para facilitar los trabajos de consolidación. “Cuando estás en la parte interior del patio es impactante. Todo está lleno de máquinas y de cosas que no tienen nada que ver con un jardín. Es todo gris”, ha explicado.

Serra ha indicado que la Generalitat se ha comprometido a intentar recuperar el espacio y restituir los elementos que había antes del incidente. Pese a los daños, ha valorado que el patio haya podido servir para que los operarios y los equipos de emergencias trabajaran con espacio y ha remarcado que lo más importante es que no ha habido víctimas ni daños personales.

El Tribunal de Cuentas ha pedido a las partes sus alegaciones en el caso del presunto desvío de fondos para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la acción exterior del procés, después del aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) a la ley de amnistía.

Según ha comunicado este lunes, el órgano fiscalizador ha acordado reanudar la tramitación del procedimiento, que estaba suspendido desde que planteó ante el TJUE una cuestión prejudicial al considerar que el supuesto desvío de fondos para el proceso independentista catalán afecta a los intereses financieros comunitarios.

Fue en julio de 2024 cuando elevó su cuestión prejudicial y decidió suspender el procedimiento “hasta la resolución del incidente prejudicial”, descartando resolver hasta ese momento sobre las peticiones de aplicación de la amnistía a este caso.

Ahora, el órgano concede a las partes un plazo de diez días para que formulen las alegaciones que crean oportunas y “aporten la documentación que consideren pertinente en relación con el origen de los fondos utilizados para realizar los gastos objeto del procedimiento”, de acuerdo con la nota de prensa hecha pública.

El Tribunal de Cuentas incide en que el TJUE consideró en su sentencia que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no se opone a la aplicación de la ley de amnistía “cuando los actos objeto del procedimiento se refieran a fondos que no procedan del presupuesto de la Unión Europea ni estén destinados a éste”.

A ello añade que la decisión del tribunal europeo conocida la semana pasada “admite las ocho cuestiones planteadas” por el órgano español, “contestando que la ley es contraria en los aspectos que analiza al Derecho de la UE y rechaza las alegaciones de los demandados que cuestionaban” su “independencia e imparcialidad”.

En este caso abierto, el Tribunal de Cuentas tiene encausados, entre otros, a los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Artur Mas, y a exconsejeros de la Generalitat como Raül Romeva, Jordi Turull, Toni Comín y Lluís Puig.

Los Mossos d'Esquadra buscan a un hombre como principal sospechoso de haber provocado un incendio en la vivienda donde residían su expareja y el hijo menor de ambos, en la urbanización Sant Grau de Tossa de Mar (Girona). Según adelantó SER Catalunya y ha confirmado la agencia ACN, el hombre tenía en vigor una orden judicial que le prohibía acercarse a la mujer.

El hombre se presentó este sábado por la tarde en la vivienda. Al verlo, la mujer y el menor se refugiaron en la casa de un vecino y alertaron a los servicios de emergencia. El sospechoso también habría intentado acceder a ese domicilio, aunque no lo consiguió.

Posteriormente, se habría dirigido a la vivienda familiar, un inmueble cuya planta superior está destinada a la residencia de los propietarios y cuyas plantas inferiores funcionan como alojamiento turístico. Según los primeros indicios de la investigación y diversos testigos, el hombre habría provocado un incendio en la parte superior del edificio. La zona destinada a los clientes no sufrió daños importantes, aunque un matrimonio tuvo que ser atendido por inhalación de humo.

Tras los hechos, el sospechoso habría huido de la urbanización en motocicleta por una zona boscosa. Varios testigos aseguran que iba vestido con ropa de estilo militar.

Este mismo hombre había sido detenido hace tres días en el mismo domicilio en el marco de un presunto caso de violencia machista. Durante aquella intervención, la policía le intervino dos armas de aire comprimido.

La investigación continúa abierta y los Mossos d'Esquadra, junto con las policías locales de la zona, mantienen activo un dispositivo para localizar al sospechoso. Mientras tanto, la mujer y el menor se encuentran en un lugar seguro.

El aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la ley de amnistía tiene, desde este jueves, efectos jurídicos. Pero no tardará en tener también impacto directo en la política, donde la vuelta de los líderes independentistas a la primera línea podría condicionar la recta final de la legislatura.

En Junts, aunque en público se muestran cautelosos, ya dan por prácticamente segura la amnistía a Carles Puigdemont. Y, en los planes que trazan, calculan que el Supremo puede tener interés en precipitarla antes de que Pedro Sánchez convoque elecciones.

Las cábalas de la formación independentista parten de una premisa: consideran que el TJUE no ha dejado al Supremo ninguna salida digna para no aplicar la ley del olvido penal. Es cierto que la sentencia leída en Luxemburgo no responde a ninguna cuestión prejudicial planteada por Manuel Marchena. Pero también lo es que algunos párrafos del fallo marcan como imperativo la obligación de los tribunales de aplicar la amnistía de forma automática, por mandato del legislativo y “sin valorar las alegaciones y las pruebas exculpatorias”.

Las formaciones independentistas saben que, por muy contundente que sea la doctrina europea, algunos tribunales competentes podrían continuar buscando subterfugios para no perdonar a los líderes del procés. Puigdemont lo expresaba este jueves con un símil futbolístico cuando decía que ese partido “no se juega en Europa sino en el Bernabéu, con los árbitros y el público escorados hacia un lado”.

Y, pese a eso, entre los dirigentes de Junts, más en Barcelona que en Waterloo, se ha impuesto la idea de que el golpe asestado por el TJUE será el definitivo y que el Supremo moverá ficha. Muy probablemente después de que este otoño el Tribunal Constitucional declare la ley pactada entre el Gobierno y el independentismo como plenamente legal.

¿Puede la amnistía suavizar a Junts en el Congreso?

Lo que también barruntan en Junts es que, una vez asumido por parte del Supremo que la amnistía no tiene marcha atrás, a los jueces puede entrarles la prisa para dejar libre a Puigdemont y que su regreso, y todas las consecuencias políticas que este puede tener, ocurran bajo el mandato del actual Gobierno. Es decir, antes de convocar elecciones. Sería un último dardo a Pedro Sánchez, que los independentistas creen que les ha tomado el relevo como bestia negra de la cúpula judicial.

Presenciar desde la Moncloa el regreso de Carles Puigdemont podría no ser el escenario preferido por Sánchez para una precampaña. Pero el Gobierno ya ha pilotado procesos igual de costosos, como la excarcelación de los líderes independentistas a través de indultos.

Pero, además, una situación así no necesariamente ha de ser mala para Sánchez. De hecho, según explican algunos de sus socios, el Gobierno ya habría hecho correr que uno de los elementos de optimismo ante los presupuestos es, precisamente, la posible vuelta de Puigdemont a Catalunya.

Según esa teoría, la aplicación definitiva de la amnistía a Puigdemont dejaría a Junts más satisfecha respecto a los acuerdos alcanzados con el PSOE o, al menos, con menos argumentos para el descontento. De esta forma, podrían ser más proclives a apoyar al Ejecutivo en una de sus últimas leyes importantes de la legislatura.

Junts anhela el regreso de Puigdemont, pero no cree en milagros

En Junts, sin embargo, rechazan de plano que su posición en el Congreso tenga nada que ver con el estado judicial de Puigdemont. “Ni hemos pedido nunca que se le arregle su situación a cambio de ningún voto, ni vamos a condicionar nuestras decisiones a que lo esté”, afirmaba pocos días antes de la sentencia del TJUE un alto cargo de Junts, que dejaba claro que su formación ya había expresado con claridad que piensa que Sánchez no debería seguir como presidente.

Cuestión diferente es si un eventual regreso del expresident puede suponer un revulsivo para Junts, que pasa por momentos complicados por la fuga de votantes hacia la formación xenófoba Aliança Catalana. En el partido hay prácticamente consenso a la hora de señalar que la ausencia de Puigdemont ha sido un inconveniente en los últimos años.

Las voces más cercanas a Puigdemont ponen el acento en la desventaja que supone que un candidato a la presidencia deba hacer campaña en el lado norte de la frontera con Francia, como le ocurrió al candidato de Junts en 2024. Otros, más críticos con la actual dirección, señalan también la desconexión del presidente del partido respecto a la realidad de un país en el que hace casi una década que no reside.

Más allá de eso, en Junts son conscientes de que un regreso de Puigdemont no tendría, en 2026, los mismos efectos que podría haber tenido en 2019, cuando ganó las elecciones europeas en Catalunya con prácticamente un millón de votos.

El tiempo ha pasado y la figura de Puigdemont ha perdido magnetismo, sobre todo entre un independentismo ya poco interesado en nada que suene a procés. Eso no significa que su partido vaya a dejar pasar la posibilidad de un regreso triunfal, que sin duda tendría además trascendencia histórica. Pero nadie espera hoy del expresident un milagro electoral.

El macrocontrato del Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) de Barcelona, valorado en hasta 900 millones de euros y destinado a prestar cuidados en el hogar a personas mayores y dependientes, ya tiene vencedores provisionales. La propuesta de adjudicación, pendiente de ratificación definitiva y publicada en la plataforma de contratación de la Generalitat, reparte el servicio entre dos grandes empresas del sector: Serveo, la compañía controlada por el fondo de inversión Portobello y anteriormente integrada en Ferrovial; y Atende, la filial de servicios sociales de Clece (del grupo ACS, la constructora que preside Florentino Pérez).

Si la adjudicación definitiva responde a esta propuesta, supondría que por primera vez en 45 años la cooperativa catalana Suara, especializada en servicios sociales, se queda fuera de la atención domiciliaria que presta el consistorio gobernado por Jaume Collboni. La otra empresa que gestionaba hasta ahora el servicio era Servisar (de DomusVi).

De esta forma, el servicio de cuidados en el hogar barcelonés se quedaría sin la presencia de ninguna empresa o entidad del sector social catalán para los próximos años. La aparición de grandes firmas en este ámbito ya generó polémica en 2016, durante el primer mandato de Ada Colau, cuando filiales de ACS y Sacyr ganaron lotes del mismo servicio frente a la entidad ABD.

Desde Suara aseguran a elDiario.es que han recibido con “incredulidad” y “desconcierto” la noticia, puesto que en la última valoración de sus servicios una auditoria externa contratada por el consistorio les puso un 9,10 sobre 10.

La licitación actual del Ayuntamiento de Barcelona, que es para los próximos tres años, divide el contrato de los cuidados públicos a domicilio en cuatro lotes, en el que se agrupan los distritos. Son contratos que en su conjunto adjudicarán por un importe de 452 millones de euros, pero que al ser prorrogables hasta cinco años –y contando otros costes extra–, ascienden a un máximo de 923 millones.

Reparto por distritos

El primer y el segundo lote se los llevaría –a falta de resolución definitiva– Serveo. El primero es de los distritos de Ciutat Vella y Sant Martí, por un importe de 113,375 millones, pese a que por puntos ganaba Atende (la filial de Clece), que se quedó fuera por tener una propuesta económica demasiado baja. El segundo de Serveo corresponde a Eixample, Sants-Montjuïc y Les Corts, por un importe de 105,396 millones de euros. En total, la empresa de multiservicios dirigida por Salvador Urquía se adjudica contratos por 218 millones en la ciudad.

Serveo facturó 1.800 millones en 2025, con un beneficio de 38 millones. En 2024, Ferrovial vendió su 24% de la empresa a Portobello, un fondo de inversión español con participación en empresas como Angulas Aguinaga, Ian Alimentación y Legálitas.

La propuesta de adjudicación del tercer y cuarto lote van para Atende, filial de servicios sociales de Clece, empresa multiservicios propiedad de ACS. Cuidará a las personas de los distritos de Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia y Horta por 110,621 millones de euros y de las de Nou Barris y Sant Andreu por 118,734 millones de euros. El Grupo Clece facturó 2.000 millones en 2025.

El Servicio de Atención Domiciliaria atiende anualmente a unas 20.000 personas en la capital catalana. Además de Suara, Ohla y Servisar se han quedado fuera de la carrera.

Una de las novedades del contrato es que prevé subidas salariales del 8% en los primeros dos años y del 5% en los dos posteriores, hasta alcanzar una subida del 26% en 2029. El precio por hora previsto para la atención personal alcanzará los 35 euros en el tercer año, el de la limpieza cotidiana los 31,93 euros por hora, la limpieza en profundidad 25,67 euros y el mantenimiento básico 38,50 euros por hora.

Entre los costes totales previstos de 435 millones de euros en los tres primeros años, 379 son costes salariales, 15 son de funcionamiento, 15 más son gastos generales de gestión y 24 millones van destinados a los márgenes empresariales.

Suara defiende su modelo

La cooperativa Suara, que gestiona servicios parecidos en numerosos municipios (L’Hospitalet de Llobregat, Sant Boi del Llobregat, Rubí, Esplugues del Llobregat o Sant Adrià del Besòs), queda ahora pendiente de la revisión del expediente.

Mientras tanto, defienden la oferta presentada. “Respondía a un modelo de atención real, pensado para la persona, sólido e innovador, construido desde los valores de la economía social, sustentada en la experiencia acumulada, el conocimiento del servicio y el compromiso”, apuntan.

El Gobierno ha vuelto a desoír a las víctimas del franquismo y ha mantenido a la Policía Nacional en la comisaría de Via Laietana 43 de Barcelona, a pesar de que fue uno de los epicentros de la represión contra la disidencia política en la dictadura y los primeros años de democracia.

En un comunicado, las entidades de represaliados han tildado de “intolerable” el mantenimiento del uso policial del edificio porque “representa una forma de continuidad institucional del silencio, el olvido y la impunidad”.

La decisión también ha levantado críticas en el seno del Ejecutivo. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun (Sumar), ha exigido al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el traslado de la Policía de Via Laietana “por respeto a las víctimas”. “No podemos compartir y rechazamos absolutamente que en la resolución se diga que la Policía pueda seguir operando en el edificio”, ha agregado Urtasun.

A un día del 90 aniversario del golpe de estado que dio inicio a la Guerra Civil, el Gobierno ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la declaración de Via Laietana 43 como “lugar de memoria democrática”. En la misma disposición se recoge que esta denominación “no altera el uso actual” del edificio como sede de la Jefatura Superior de Policía de Catalunya.

El Ejecutivo culmina así el procedimiento iniciado hace un año y marcado por las críticas de las entidades de represaliados y de derechos humanos, que consideran que el Gobierno no las ha tenido en cuenta durante el proceso administrativo.

La resolución, firmada por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martín, no menciona las alegaciones presentadas por varios colectivos de represaliados, que reclamaron que el edificio dejara de tener usos policiales para ser únicamente un espacio para que no se olvidara la represión política de la dictadura y la Transición. Las entidades también aportaron informes académicos favorables a que la comisaría fuera tan solo un lugar de memoria.

El Ejecutivo vuelve a dejar en un cajón la histórica petición de las entidades de represaliados, que desde décadas piden que la conocida como 'casa de los horrores' franquista abandone sus usos policiales, tal y como ocurre en Buenos Aires con la antigua sede de la ESMA o en Berlín con el centro de tortura y represión a la oposición de la Stasi, la policía política de la RDA.

En la resolución del BOE, el Gobierno da pocas muestras de querer avanzar en esta dirección y ensalza la labor de la Policía. “Tras la recuperación de la democracia, el inmueble pasó a desempeñar funciones propias de la actual Policía Nacional, integrada en el marco constitucional y plenamente comprometida con la protección de los derechos y libertades de la ciudadanía”, reza la publicación oficial.

Las palabras del Gobierno chocan con el hecho de que la represión policial en el edificio contra la disidencia política siguió en el edificio también durante el periodo democrático, tal y como ha constatado la primera investigación de la Fiscalía de Memoria de Barcelona con la histórica activista Blanca Serra, fallecida este año.

Pese a ello, el Ejecutivo mantiene que, desde la recuperación de la democracia, “la actividad desarrollada en el edificio responde a los principios del Estado de Derecho y carece de cualquier vinculación con las prácticas represivas propias del periodo dictatorial”.

Esta “circunstancia”, a juicio del Ejecutivo, “refuerza la necesidad de diferenciar con claridad ambas etapas históricas en el marco de la presente declaración”. En suma, que la Policía se queda en Via Laietana.

Por su lado, las entidades de represaliados han criticado el “gesto memorialista” que supone “colocar una sola placa o un reconocimiento simbólico”. “La sede histórica de la Brigada Político Social debe convertirse en un espacio dedicado íntegramente a la memoria en el que las personas torturadas puedan volver a entrar con dignidad”, reclaman.

La declaración del edificio como lugar de memoria no comportará medidas de protección específicas de espacios de Via Laietana 43 más allá de que se deberán evitar “la desaparición de vestigios erigidos en recuerdo de la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades”.

El Estado también impulsará la realización de recursos audiovisuales y digitales explicativos y “promoverá la instalación de placas, paneles o distintivo memorial interpretativo” en el edificio, algo que instituciones como el Ayuntamiento de Barcelona llevan años haciendo. Algunas placas instaladas frente al edificio han sufrido daños a las pocas horas de instalarse.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha sacudido la política estadounidense y parte de la del resto del mundo. La victoria del primer edil musulmán de la ciudad, que se ha atrevido a congelar alquileres y a plantear un transporte público gratuito, contrastó con un ascenso global de la extrema derecha y las políticas conservadoras. Detrás de su campaña hay muchos nombres y uno de los más importantes es el de Grace Mausser (Houston, Texas, 1995), copresidenta de Democratic Socialists of Americ (DSA) en Nueva York y compañera de filas del alcalde desde hace años.

Ambos militan en esta organización política –que no partido– inscrita en el Partido Demócrata. Alejado de las premisas centristas y de corte más conservador de otras facciones de la formación, el DSA se define como socialista y comunista en un país en el que estos términos todavía causan rechazo entre la población.

Entre sus filas están nombres como el de Alexandria Ocasio-Cortez o el mismo Mamdani que, aprovechando su popularidad, está ayudando a ganar las primarias demócratas a diversos miembros del DSA, que prácticamente ha doblado el número de afiliados en menos de un año. “La gente se ha dado cuenta de que las posturas moderadas no funcionan; los Demócratas han fallado”, sostiene Mausser en una entrevista en Barcelona, con motivo de su participación en la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC).

Está siendo un momento dulce para Mamdani, que ha conseguido congelar los alquileres y está viendo refrendado su mandato, de manera indirecta, con la victoria en las primarias demócratas de los candidatos que apoya. ¿Cómo se están viendo estos cambios en Nueva York, que sería el centro del mundo capitalista?

Es cierto que Nueva York es vital para el capitalismo, pero la gran mayoría de gente que vive allí es clase obrera y, en el fondo, no son capitalistas. Por eso, están emocionados por las posibilidades que se abren ante ellos y los cambios que ya hemos llevado a cabo.

Imagina saber que tu alquiler no subirá el año que viene; es un alivio para mucha gente. Y lo mismo pasará cuando finalicemos el programa de cuidados para niños de hasta dos años, que cubrirá el segundo gasto más alto de las familias. Somos muy afortunados de estar construyendo este legado tan fuerte para el socialismo y demostrar que la gente, no sólo la de Nueva York, sino la de todo el país, puede y debe pedirle más a sus gobiernos.

No todo el partido Demócrata está de acuerdo con esta vía más socialista. ¿Cómo llevan las disputas internas?

Hay algunos líderes demócratas que actúan como si fuéramos una fuerza hostil que quiere tomar el control del partido, pero lo que queremos es que se convierta en un actor más audaz para disputar el poder a la derecha. Donald Trump es el adalid de esa extrema derecha que crece internacionalmente y los demócratas, hasta ahora, no han sabido pararle.

Desde el DSA creemos que hay que potenciar una visión positiva de lo que los gobiernos pueden hacer. El Partido Demócrata debe entender que, aunque no sean socialistas, hay ciertas ideas que hay que poner en marcha para mejorar la vida de la ciudadanía. El problema es que mucha gente a la que le damos miedo no se ha tomado el tiempo para entender cómo trabajamos.

¿Los americanos siguen asustados del socialismo?

Sí, pero cada vez menos. Hace cosa de un año y medio, nuestros oponentes decían al electorado: “No les escuchéis, son socialistas”. Pero ganamos, especialmente en Nueva York, sin avergonzarnos de ello. Así que ahora han cambiado de estrategia y dicen: “No les escuchéis, son comunistas”.

Algunos de los miembros del DSA son, en efecto, comunistas.

Sí, así que es un término del que tampoco nos avergonzamos. Creo que nos ayuda mucho Zohran [Mamdani], que le ha enseñado al mundo qué significa ser gobernado por alguien que se define como socialista. No, no te va a llevar a la catástrofe inmediata, sino que va a pensar ideas para llevar a cabo políticas basadas en principios claros y que pueden mejorarte la vida. Y eso no puede asustarte.

La victoria de Mamdani les ha dado mucho impulso y casi han doblado el número de afiliados desde las elecciones. Pero su crecimiento se nota, sobre todo, en las ciudades. ¿Qué esperanzas tienen en las zonas rurales?

Nuestra estrategia es sólo presentarnos a las primarias allá donde la victoria sea segura. Y, hasta ahora, con alguna excepción, esto es en las ciudades. Pero la intención es expandirnos y será interesante ver que las ideas socialistas pueden ganar en zonas rurales. Creo que las políticas de vivienda, cuidados infantiles, educación pública o salud universal pueden interpelarte igual, vivas en una ciudad o en una granja.

Pero sus políticas estrella, que son la congelación de alquileres y la gratuidad del transporte público, están muy enfocadas al electorado de ciudad.

Sí, pero nos ayudan a hacerle entender a la gente qué significa realmente el socialismo. Si lo explicas con estos ejemplos, no sólo los demócratas más conservadores, incluso algunos republicanos, dejan de mostrarse hostiles. Quizás no les guste el término, pero si les preguntas si quieren sanidad gratis, mucha gente que se identifica como conservadora te dirá que sí.

El DSA no es un partido, pero habla de ello como si lo fueran.

Es que si tuviéramos un sistema electoral como el de España, seguramente lo seríamos. Pero tal y como funciona en Estados Unidos, nos hemos establecido como una organización política vinculada al Partido Demócrata que tiene unos socios, con cuyas cuotas nos financiamos.

Los partidos no pueden escoger directamente a sus candidatos, sino que se deciden mediante primarias. Nosotros, aunque no seamos un partido, sí tenemos miembros como Zohran que concurren a las elecciones y hacemos campaña por ellos. Como decía antes, sólo nos presentamos a procesos en los que nos parece claro que vayamos a ganar y sepamos que nuestro candidato va a acabar accediendo a un cargo de gobierno.

¿Por eso no se quisieron presentar contra Hakeem Jeffries en las primarias de su distrito en Nueva York? Dijeron de él que representaba la facción más conservadora del Partido Demócrata, esa de la que se quieren desprender. Pero aun así no le disputaron el escaño.

Lo debatimos mucho y decidimos no hacerlo. Una de las razones fue precisamente que no teníamos claro que pudiéramos ganar. Hakeem es muy popular en su distrito, pero, además, tiene acceso a una ingente cantidad de dinero. Es un recaudador muy eficiente y usa ese talento para financiar también a otras personas del Partido Demócrata. Pero es que además, Hakeem es el primer líder negro en Nueva York y no queríamos ese duelo en los primeros seis meses del mandato de Zohran. Habría sido una historia muy potente que podría habernos jugado a la contra.

Están cuidando al máximo la imagen de Mamdani, cuya popularidad no deja de subir. ¿Le ve liderando el Partido Demócrata?

Quizás algún día, pero, por ahora, le queremos en Nueva York. Además, recuerda que está excluido para concurrir a la presidencia porque no nació en Estados Unidos. Aunque sí creo que podría presentarse a gobernador en 2030. Para la presidencia pienso en alguien como Alexandria [Ocasio-Cortez].

¿Sería la candidata que podría arrebatar la presidencia a Trump?

Sí. Creo que, para ganar a la derecha, necesitamos un buen aspirante.

Que todavía no tienen.

No. AOC [Alexandria Ocasio-Cortez] todavía no se ha decidido y, personalmente, espero que lo haga. Porque los demócratas moderados han fallado. Kamala Harris perdió frente a Trump porque no supo darnos una alternativa positiva. Sólo decía que Trump era malo, pero no explicaba qué haría ella si ganaba.

Zohran ganó porque él sí hizo propuestas, hablaba de cosas a las que la gente podía aferrarse y les daba esperanzas. Por eso quiero a un socialista en la carrera hacia la presidencia, porque creo que sólo ahí está la claridad que se necesita para vencer al fascismo y para mostrar a los estadounidenses cómo debería ser el futuro.

¿Por qué cree que en Nueva York ganó un candidato socialista mientras, en el resto del mundo, crecía la extrema derecha?

Creo que fue una demostración de que, en Estados Unidos, la gente está cansada de los demócratas mainstream que han fallado. Cuando Biden ganó a Trump la primera vez fue gracias a una conjunción de diversas fuerzas, pero no supo aprovecharlo. Hizo cosas buenas, aunque no fue suficiente. Dejó la carrera electoral en manos de Kamala Harris, que no fue tan inspiradora como para impedir la segunda victoria de Trump.

Eso hizo que mucha gente se diera cuenta de que las posturas moderadas no funcionan, que triangular entre la derecha y la izquierda no interpela a nadie. No existe el centro y, por eso, cada vez hay más gente dispuesta a tantear las ideas socialistas de líderes como Zohran. Él triunfó en zonas en las que no nos suele ir bien porque supo activar una base de nuevos votantes a los que nunca nadie había hablado y que le seguirán a él y al DSA.

Viendo las discrepancias que tienen con diversas ramas del Partido Demócrata y el tirón que ahora mismo tiene Mamdani, ¿Se han planteado romper el bipartidismo y crear su propia formación?

Sí, aunque no todavía. Lo estamos pensando. Siempre lo estamos pensando. Hasta ahora, nuestra estrategia ha funcionado y no creo que sea algo que nos interese en el corto plazo, sobre todo porque nuestro sistema electoral hace que sea muy difícil para un hipotético tercer partido concurrir y tener representación. Pero también podría ser que los Demócratas nos echen… Espero que no, porque necesitamos una coalición para vencer a la extrema derecha.

Muchos partidos que han roto el bipartidismo han nacido aprovechando el rebufo de un líder carismático. ¿Ve a Mamdani como esta persona?

Es clarísimamente un líder carismático que podría liderar un nuevo partido; podría ser él quien rompiera con el bipartidismo en Estados Unidos, sí. Aunque, por ahora, está centrado en ser un buen alcalde y un buen líder para el Partido Demócrata. Él cree que se tiene que plantar cara a la derecha y, eso pasa por delante de romper el bipartidismo.

¿Será capaz de cumplir todas las promesas que ha hecho?

Son ambiciosas, pero algunas ya han empezado a implementarse. Siempre intentamos tener muy claro dónde están los límites del poder y las competencias. Antes incluso de que nos planteáramos a Zohran como alcalde, sabíamos que sólo podríamos aspirar a aquellas políticas que el Estado de Nueva York [gobernado por la demócrata Kathy Hochul] viera con buenos ojos porque, para que salieran adelante, necesitábamos que nos aprobara ciertas leyes y aceptara la posibilidad de cambiar los impuestos.

Por eso nunca hemos planteado construir más vivienda pública, porque es algo para lo que necesitas al gobierno federal. Queremos dejarle claro a la gente que hay que entender quién controla el dinero y, por tanto, a qué podemos aspirar. Sólo presentamos a la gente expectativas razonables.

Tienen las competencias sobre los alquileres, pero los propietarios ya han anunciado que llevarán la congelación a los tribunales por anticonstitucional. ¿Podrán gestionar la frustración de los neoyorquinos si la medida acaba tumbada?

Es un riesgo que estas medidas caigan, claro. Pero la gente cada vez tiene más claro que los tribunales no son independientes ni los bastiones neutrales que fingen ser. Es importante mostrar apoyo popular porque eso los jueces lo ven. Evidentemente, necesitamos buenos abogados de nuestro lado para proteger nuestras medidas, pero también necesitamos a la gente.

La Generalitat de Catalunya ha sacado a la luz el nombre de 37.002 milicianos antifascistas que combatieron en las filas republicanas durante la Guerra Civil. Por primera vez, y gracias a una investigación a partir de los Papeles de Salamanca, se puede consultar públicamente la identidad de miles de esos voluntarios que en julio de 1936 se alistaron para acudir al frente a frenar las tropas franquistas.

La base de datos “inédita” la han presentado este viernes el Memorial Democràtic y el Arxiu Nacional de Catalunya, coincidiendo con el 90 aniversario del golpe de Estado franquista. El censo incluye más de 37.000 nombres por el momento, si bien se seguirá ampliando a medida que avance una investigación que ha liderado el académico Gonzalo Berger en los últimos 11 años.

La información recopilada se ha extraído principalmente de los llamados papeles de Salamanca, documentos que fueron incautados por las tropas franquistas durante la Guerra Civil y que se devolvieron a la Generalitat en 2006. Los archivos con la identidad de los combatientes son sobre todo los justificantes de los pagos de los subsidios que la Administración republicana abonó a los combatientes entre julio de 1936, cuando se alistaron, y mayo de 1937,

El director del Memorial Democrático, Jordi Font, ha valorado el censo como “una gran aportación”. “Es un ejercicio de historia pública: hacer accesible y poner el trabajo académico y riguroso al alcance de la ciudadanía”, ha celebrado durante la presentacón.

Los milicianos identificados son fundamentalmente los voluntarios que estuvieron vinculados al Comité Central de la Organización de Barcelona, porque de los voluntarios comarcales “no hay prácticamente registro”, ha explicado Berger.

A partir de su investigación, el doctor en Historia por la Universidad de Barcelona ha podido revelar algunos datos desconocidos hasta ahora. De los 37.002 voluntarios registrados, el 95% eran hombres, pero en las filas de las milicias también hubo 1.501 mujeres, la mayoría con una trayectoria previa de militancia política, lo que Berger considera un “hecho excepcional” porque “no se las esperaba ni se las quería”.

Por origen, nueve de cada diez combatientes residían en Catalunya, un 7% había llegado de otras regiones españolas y un 3% procedían del extranjero (una explicación a esto último es que estuviesen vinculados a la frustrada Olimpiada Popular que se debía celebrar ese mes en la ciudad).

El censo también “ayuda a romper la idea de que las milicias estaban formadas única y exclusivamente por el movimiento libertario”: un 39% de los combatientes eran de la CNT, pero una cuarta parte procedían del PSUC, un 10% de ERC y un 6% del POUM. Además, se ha podido concretar el número de voluntarios que se destinó a cada frente (un 72% fue a Aragón, un 15% a Madrid y un 12% a las Islas Baleares) y la fuerza de las diferentes columnas (la de Durruti fue “la mayor” con 42 centurias de soldados, seguida de la Macià, con 23).