La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo acaba de anunciar que aplica la amnistía a todos los condenados por malversación en el procés: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Lo hace, eso sí, entre críticas a los términos, la “injerencia” y la “innecesaria grandilocuencia” empleada por el Constitucional a la hora de sentenciar el caso: “Revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional”.

Se trata de la segunda decisión que toma el Tribunal Supremo sobre el caso después de que el Tribunal Constitucional declarase que la amnistía también abarcaba el delito de malversación de caudales públicos. El primero en mover ficha fue el instructor Pablo Llarena, que ha levantado la orden de detención nacional que pesaba desde 2017 sobre Carles Puigdemont. Ahora ha sido la Sala de lo Penal la que ha aplicado este fallo del Constitucional sobre los políticos catalanes que fueron condenados.

El juez Llarena ya incluyó algunas críticas contra los términos elegidos por el Constitucional para imponer su criterio al Supremo y ahora la Sala de lo Penal, con Manuel Marchena como ponente, eleva la intensidad del reproche. Apunta a “consideraciones que son manifiestamente prescindibles” y niega que el Supremo incurriera en una “drástica contradicción” a la hora de negar la amnistía a la malversación. “La corteza de esos vocablos, su innecesaria grandilocuencia, revela el deseo de adornar un razonamiento invasivo del ámbito jurisdiccional que corresponde al Tribunal Supremo con expresiones llamadas a camuflar la intensidad de la injerencia”.

El Supremo no oculta su malestar por la decisión del Constitucional y tampoco por la dureza de la sentencia que se impuso en la aplicación de la amnistía. Llega incluso a destacar que la decisión del Constitucional sobre la amnistía no fue unánime, tal y como no lo fue la del propio Supremo. “El significativo número de magistrados que han expresado su coincidencia con la tesis que ahora rechaza la mayoría del Tribunal Constitucional hace muy difícil aceptar con naturalidad la irracionalidad que se atribuye a la decisión recurrida”.

Los jueces, con Marchena como ponente, lanzan varias críticas al Constitucional por su gestión de la amnistía después de acatar su criterio. “Se aparta de los precedentes”, añade, al “interferir en el núcleo de la potestad de juzgar” del Supremo. Tampoco cumple, añade, con el “deber de contención argumental” que establece la Ley del Tribunal Constitucional.

El final penal del procés

La resolución del Tribunal Supremo cargada de duras críticas al Tribunal Constitucional ponte punto y final a la mayor parte de la causa penal que arrancó en 2017 con una querella de la Fiscalía por rebelión contra los responsables políticos y sociales tanto del referéndum del 1 de octubre como de la Declaración Unilateral de Independencia. Las condenas iniciales de hasta 13 años de prisión impuestas en 2019 se encontraron en primer lugar con los indultos parciales firmados por el Consejo de Ministros en el verano de 2021. También con una reforma legal de los delitos de sedición y malversación que el Supremo aplicó a sus condenas.

Sin condena de cárcel por cumplir, los políticos catalanes condenados por el procés contaban con un último obstáculo para volver a la política: las condenas de inhabilitación asociadas al delito de malversación que no habían sido ni indultadas ni eliminadas con la reforma del Código Penal. Llegó entonces la ley de amnistía pero la interpretación del Tribunal Supremo también cerró esa puerta. Los jueces, con el voto en contra de la magistrada Ana Ferrer y contra el criterio de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, entendieron que la malversación del procés no cumplía con los requisitos de la ley de amnistía para ser perdonada.

El Constitucional primero y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea después rechazaron las alegaciones del Supremo y del PP contra la ley de amnistía y pasaron a resolver entonces los recursos concretos de cada condenado. Fue el caso de Dolors Bassa, con ponencia de Cándido Conde-Pumpido, el primero en salir adelante gracias a los votos de la mayoría progresista del Tribunal Constitucional, el que ha obligado al Supremo a amnistiar también la malversación. La única decisión pendiente está en manos de Pablo Llarena sobre si aplica el mismo criterio a la malversación atribuida a Puigdemont tras levantar su orden de detención.

Tirón de orejas, pero archivo. El Tribunal Supremo ha confirmado el archivo de la denuncia de un letrado de la administración de justicia (LAJ) contra una magistrada de Barcelona que ordenó arrestarle por no haber pagado una multa de 150 euros, si bien ha afeado a la jueza su “incontestable desatención” al haber acordado su detención.

La sentencia de la Sala de lo Penal del Supremo, a la que ha tenido acceso elDiario.es, pone fin a un caso que vuelve a mostrar que, como en tantos otros tribunales, en la Ciudad de la Justicia de Barcelona la realidad a veces supera la ficción.

Los protagonistas de la causa eran la titular del juzgado de instrucción 26 de Barcelona, María del Carmen Suárez, y el LAJ (el antiguo secretario judicial) de un juzgado de lo mercantil de la capital catalana. Ambos trabajan en edificios distintos, pero a unas decenas de metros en el mismo complejo judicial, algo que el funcionario nunca comunicó al juzgado.

En febrero de 2021, Suárez impuso al LAJ una condena de 150 euros de multa por un delito leve de coacciones fruto de un conflicto vecinal. A partir de ahí, el juzgado intentó notificarle la sentencia, pero no obtuvo respuesta ni en el correo electrónico ni en el teléfono facilitado por el funcionario. Cuando acudieron a entregarle la resolución en el domicilio que él había dado, el portero les comunicó que ya no vivía allí, algo que el LAJ admitió como “un error” en su declaración.

El recurso del funcionario contra la sentencia de Suárez se desestimó, y llegó la hora de cobrar la sanción impuesta. En mayo de 2021, el juzgado requirió al LAJ para que pagara la multa en 30 días, sin encontrarle en ningún domicilio. A continuación, se averiguaron sus bienes y se descubrió que tenía capacidad para abonar la sanción. Pese a ello, la jueza terminó dictando un auto en el que acordó la “insolvencia” del hombre y sustituyó la multa por el ingreso en prisión.

Este recorrido procesal terminó con la visita de la Guardia Civil al hotel de Santa Cruz de la Palma donde el condenado estaba de vacaciones en agosto de 2021. Los agentes pidieron al funcionario que se dirigiera al cuartel y al juzgado, y así lo hizo el LAJ, que abonó los 150 euros el mismo día. La gestión le impidió acudir a una excursión que tenía contratada.

Al regresar a Barcelona, el LAJ recurrió el auto de la jueza y pidió al TSJ catalán elevar una queja contra la magistrada ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero el órgano de gobierno de los jueces descartó imponerle sanción alguna.

El funcionario activó luego la vía penal con una querella por prevaricación contra la magistrada. Suárez fue investigada, declaró ante el TSJ catalán, pero su caso fue sobreseído en 2023. Más de tres años después, en septiembre de 2026, el Supremo ha desestimado el recurso del LAJ y ha ratificado el archivo.

La resolución del Supremo censura tanto el comportamiento del LAJ como el de la jueza, y deja la puerta abierta a que el CGPJ reactive la vía disciplinaria contra ella. No sería la primera vez: en 2003 el Consejo la suspendió de funciones por tres años por una falta muy grave de retraso injustificado en la tramitación de las causas.

Para el Alto Tribunal, el LAJ “contribuyó de forma decisiva a dificultar lo que tenía que haber sido un acto ordinario de notificación de la sentencia” al no proporcionar su verdadero domicilio ni contestar al correo electrónico. El “contumaz desinterés” del funcionario, apostilla la Sala, resulta “impropio en la conducta de quien sabe que el desenlace del juicio es el pago de 150 euros”.

Al mismo tiempo, a juicio del Supremo resulta “incuestionable” que la jueza Suárez “quebrantó de forma palmaria y más que evidente el régimen de cumplimiento de la pena de multa”, pero no cometió un delito de prevaricación dadas las “singularidades del caso”.

“Los hechos no admiten un análisis aséptico y distanciado de la gravedad que encierran”, agrega el Supremo, que destaca que posiblemente el LAJ no pasó tiempo detenido “por la profesionalidad esgrimida por los agentes de la Guardia Civil”.

Ghariba hace dos años que vive, junto a su hijo de 9 años, en un piso del barrio del Clot de Barcelona. Este martes ha sido desahuciada de su casa, a pesar de que pagaba religiosamente su renta. El motivo: el contrato no estaba a su nombre, sino que ella pagaba a un hombre que le realquilaba y que jamás llegó a transferir ese dinero a la propiedad, la empresa Rambert 2001 SL.

Esa es la razón que ha esgrimido la Justicia para no suspender la expulsión de esta madre en base al decreto de vivienda que prohíbe los desahucios a familias vulnerables y que viven en pisos de grandes tenedores. Aunque el caso de Ghariba cumple todos los requisitos expuestos en la ley, la letrada de la Sección Civil 31 de Barcelona considera que, al no estar a su nombre el contrato, “carece de legitimación” para que se le suspenda el desahucio, tal como se expone en el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es.

Este razonamiento se basa en el artículo 2 del decreto de vivienda, que es el que establece la suspensión de los desahucios. En el texto no se habla en ningún momento de inquilinos, sino de “parte demandada” y eso es a lo que se acoge la Justicia para considerar que Ghariba, a la que se considera “tercera parte”, no está amparada por la ley.

“Eso es absurdo, porque al final a quien van a desahuciar es a ella, no a quien le realquiló la habitación”, apunta una fuente jurídica consultada por este medio, que afea al tribunal que se haya acogido a un “vacío legal” fruto de una “circunstancia tan particular”. “Es imposible legislar para todas las casuísticas y, en este caso, ha habido mala voluntad”, zanja.

“Los beneficios económicos de la propiedad pasan por encima del derecho a la vivienda y los gobiernos aprueban leyes que no sirven para nada”, lamentan desde el Sindicat d’Habitatge del Clot. Además, alertan de que hay muchas más personas que, como Ghariba, están subarrendadas y que podrían quedar desprotegidas.

A pesar de que los activistas del barrio llamaron a parar el desahucio y a la presencia de diversos vecinos, estos no pudieron impedir que la policía entrara en casa de Ghariba y acabaran desahuciándola. Decenas de personas, en su mayoría muy jóvenes, han acudido a las puertas del hogar de esta mujer para intentar impedir que los agentes antidisturbios de los Mossos, que han movilizado seis furgonas, ejecutaran el lanzamiento, pero han sido desalojados uno a uno.

Se trata de la tercera vez que se intentaba ejecutar esta expulsión: la primera vez, el 5 de octubre, fue suspendido por las lluvias, que obligaron al Govern a decretar la alerta roja. El segundo intento fue el 14 del mismo mes, ya con el decreto de vivienda en vigor; en ese caso se suspendió por “falta de un dispositivo policial”. La nueva fecha fue fijada para este martes a las 9:00; la comitiva no ha llegado hasta las 11:30 y la expulsión se ha acabado efectuando dos horas más tarde.

Víctima de una estafa

Esta madre supo que había sido víctima de una estafa cuando le llegó la denuncia por impago. A partir de entonces, se acercó al sindicato de inquilinas del barrio, que fueron quienes la ayudaron a entender lo sucedido y descubrieron que, aunque Ghariba no había dejado de pagar, su dinero no llegó nunca a la propiedad.

En ese momento, los activistas intentaron mediar con Rambert 2001 SL, pero lamentan que no obtuvieron respuesta. La empresa desoyó las peticiones de regularizar la situación de Ghariba o de ofrecerle un alquiler social, al que esta madre tendría derecho por ley. Porque, aunque su proceso de desahucio empezó antes de que se aprobaran los llamados ‘decretos Maricarmen’, en Catalunya ya existía la ley 24/2015, que lleva más de 10 años en vigor.

Esta dicta que si la propiedad es un gran tenedor y el inquilino está en situación de vulnerabilidad, antes de interponer cualquier demanda por impago de alquiler, se debe ofrecer un alquiler social. Y eso no ha sucedido.

Con todo, esta madre cuenta con un informe de vulnerabilidad emitido por los Servicios Sociales de Barcelona y carece de alternativa habitacional. Pero todavía nadie le ha ofrecido un lugar en el que reubicarse junto a su hijo de 9 años. Ghariba lleva más de tres años en la Mesa de Emergencia, pero esta se encuentra colapsada y no ha podido acceder a una vivienda social.

Maryam Madjidi (Teherán, 9 de agosto de 1980) tenía seis años cuando llegó a Francia con sus padres, exiliados políticos iraníes. Creció en Drancy, en la periferia parisina. Años después convirtió esa experiencia en literatura: en Marx y la muñeca, premio Goncourt a la primera novela en 2017, reconstruye el exilio familiar y su relación con las dos lenguas y culturas que la habitan. En La edad ridícula aborda las inseguridades de la adolescencia y cuestiona la promesa de igualdad de oportunidades de la escuela francesa. Ambos libros están publicados en español por la editorial Minúscula.

La escritora ha participado en la Bienal de Pensamiento de Barcelona, en el CCCB, en un momento en que miles de jóvenes se movilizan en Francia para reclamar mejores condiciones educativas. Sus reivindicaciones dan una nueva actualidad a las preguntas que recorren su obra: ¿hasta qué punto estudiar permite cambiar de vida? ¿Qué obstáculos encuentra quien crece en la periferia?

En esta entrevista la autora afirma que se trata de una reclamación legítima y que es importante hacer una cobertura mediática más profunda que muestre las raíces del problema y no se centre únicamente en las acciones de unos pocos violentos.

Cuando ve a los estudiantes de secundaria manifestarse para reclamar mejores condiciones educativas, ¿reconoce en ellos algo de la adolescente que fue?

Sí, no es una cuestión generacional. Se ve que lo que yo sufrí en los años 90, es decir, la farsa de la igualdad de oportunidades. Me hicieron creer que la República era igualdad de oportunidades para todos. De hecho, no era así en absoluto. Porque yo lo descubrí más tarde, cuando entré en un sistema elitista y me di cuenta por completo de que estaba excluida de ese sistema. Por eso, creo que hoy, lo que está ocurriendo más de 30 años después, con la protesta de los alumnos de secundaria y de los universitarios, es exactamente lo mismo. Están denunciando un sistema educativo injusto, con diferencias muy, muy grandes en cuanto a nivel, recursos económicos y también recursos culturales. Me parece que su protesta es realmente legítima.

¿Cree que los medios de comunicación caen en estereotipos cuando cubren las protestas?

Es muy interesante porque en Francia, la cobertura mediática de las protestas, según algunos medios —no todos, pero digamos que la mayoría— son, por desgracia, medios que han sido comprados por multimillonarios. Se trata, pues, de canales de noticias continuas que ofrecen una imagen muy negativa de las protestas porque se centran únicamente en los alborotadores. Pero hay que decirlo claramente: los alborotadores son un fenómeno muy minoritario. Son el 10% de los jóvenes que están en la calle. El 90% son pacíficos, tienen reivindicaciones justas, nobles y legítimas.

En Francia estamos ante una lucha y una protesta que afecta a diferentes niveles de la sociedad

Y el problema es que los alborotadores siempre hacen más ruido. Como hacen más ruido, resulta más espectacular y los medios de comunicación transmiten la imagen de que las protestas son violentas, de que hay que meterlos en la cárcel, etc. Por lo tanto, los medios de comunicación y los periodistas tienen la responsabilidad de distinguir claramente, por un lado, a los alborotadores —evidentemente, no voy a defender eso, deben ser juzgados—. No se puede aceptar tal violencia. Pero, por otro lado, hay que mostrar que las reivindicaciones de los alumnos de secundaria y los universitarios están justificadas y denuncian un sistema injusto que hay que reformar sin falta.

En España vemos un malestar creciente de los profesionales de la educación y de los profesionales del sistema sanitario.

En Francia los estudiantes universitarios y de secundaria no están solos. También cuentan con el apoyo de sus profesores, ya que estos también sufren condiciones laborales muy difíciles, con clases masificadas. Cuando faltan, no se les sustituye. Hoy en día, también nos enfrentamos, por así decirlo, a una falta de reconocimiento de su trabajo. No cuentan con el apoyo de la dirección de sus centros, ni del ministerio, ni del Gobierno. Por eso, a ellos también les resulta muy difícil trabajar como es debido. En Francia, además, también cuentan con el apoyo de los chalecos amarillos, que también se manifestaron el sábado porque la vida es cara, porque la inflación no deja de aumentar, porque el precio del combustible también ha subido y porque no hay ayudas sociales para ellos. Todos los sindicatos han apoyado este movimiento. Nos encontramos ante una lucha y una protesta que realmente afecta a diferentes niveles de la sociedad. No se trata solo de los estudiantes de secundaria.

Ha ganado el premio Goncourt y es una escritora prestigiosa. ¿Qué le diría a aquellas personas que puedan pensar que es un ejemplo de que el sistema funciona, de que existe la movilidad social y de que el sistema no está roto?

Precisamente, yo represento dos cuestiones. Yo no soy la prueba de que el sistema funciona, ya que el sistema elitista me excluyó. Por eso, no había sitio para mí en la clase preparatoria en un prestigioso instituto. Después, encontré caminos un poco tortuosos, por así decirlo, para abrirme paso y alcanzar lo que quería alcanzar. Pero no fue el Estado francés quien me hizo un regalo. Y, en segundo lugar, yo represento la importancia del sistema público. ¿En qué sentido? Yo provengo de un entorno modesto. Mis padres no podían comprarme libros, así que ¿dónde los encontraba? En la biblioteca municipal. Cursé toda mi etapa escolar en centros públicos. Y después, recibí una beca del Estado en la universidad, pero eso también es el servicio público, también es una ayuda social. Así que, si se quiere, yo represento, por así decirlo el éxito del sistema público que desde hace 10 o 15 años los distintos gobiernos están desmantelando. Si mi éxito se debe a algo, si es que se puede hablar de éxito, se lo debo, ante todo, al sistema público francés.

Enseña francés a menores no acompañados. Cuando los escucha, ¿cuáles son las principales dificultades y puntos de dolor que expresan?

Hace 10 años que trabajo en un centro de la Cruz Roja Francesa. Desde hace cinco años, somos testigos de cómo una prefectura emite órdenes OQTF “obligación de abandonar el territorio francés”. Así pues, sistemáticamente, a los jóvenes a los que acompaño, cuando cumplen 17 años y medio, casi 18, les imponen una OQTF. Cuando cumplen la mayoría de edad entran, pues en una situación realmente difícil. Porque, a menudo, se trata de jóvenes que están formándose en un oficio. Tienen un jefe, están en un programa de formación profesional, por ejemplo, como panaderos, cocineros, electricistas, fontaneros, lo que sea. Cuando les llega esta obligación, suelen estar en medio de años de esfuerzo de formación profesional. ¿Cuál es el mensaje? En realidad, lo que se les está diciendo es: “No os queremos”.

“Los estudiantes en Francia denuncian un sistema injusto que hay que reformar sin falta”

Mis alumnos se dedican a ámbitos profesionales a los que los franceses no quieren dedicarse. Es decir, oficios difíciles: la cocina, la restauración, la panadería, todo lo relacionado con los oficios de la construcción. Son oficios duros. Los jóvenes franceses no se decantan por estas ramas, por lo que hay una escasez. Al mismo tiempo, en lugar de decir: “Vamos a regularizar vuestra situación, necesitamos trabajadores, necesitamos jóvenes que se dediquen a estos oficios”, se les impide acceder a ellos. Es una auténtica locura. Es incomprensible.

¿Es un problema de elitismo o de racismo?

Está relacionado. Nos damos cuenta de ello porque las clases populares suelen proceder de la inmigración. Hoy en día nos enfrentamos, de hecho, a la cuestión de la inmigración, que es una cuestión muy, muy política. Por eso, los candidatos, para conseguir votos, se centran en esta cuestión y culpan de todos los problemas de la sociedad a los inmigrantes, a los refugiados, a quien sea, para decir: “Si ellos dejan de venir, las cosas irán mejor”. Pero eso es una mentira contra la que hay que luchar porque los estudios sociológicos demuestran que un inmigrante en Francia también genera riqueza porque trabaja y paga sus impuestos. Por lo tanto, regularizar es también permitir eso, es decir: “Formas parte de esta sociedad, tienes papeles, vas a pagar impuestos, así que también vas a contribuir a la riqueza del país”. Porque siempre resulta más fácil, por así decirlo, atacar y criticar al extranjero, al que está fuera, que ver los verdaderos problemas internos del país y buscar soluciones.

“Yo no soy la prueba de que el sistema funciona, ya que el sistema elitista me excluyó”

Si pudiera cambiar una o dos cosas del sistema educativo francés, pensando en la niña que fue y en los jóvenes que se manifiestan hoy en día, ¿cuál sería su prioridad?

Siempre es la misma cuestión: dotar de presupuesto. Hay que destinar dinero a la educación nacional. Sé que, en Francia, ya se destina un presupuesto importante, pero no es suficiente. Eso se ve claramente. En cuanto se destinen más fondos a este ministerio, podremos sustituir a los profesores que faltan, tendremos clases menos masificadas y podremos ofrecer actividades culturales y todo aquello que también contribuya a abrir la mente de estos niños. La forma de construir una sociedad justa pasa por la escuela. Hay una frase de Víctor Hugo que me llevó a decidirme a ser profesora. Decía en el siglo XIX: “Abrid escuelas y cerraréis las cárceles”. Y es realmente así. La educación es, en definitiva, un indicador de la salud de una sociedad. Cuanto más desarrollada esté su educación, mejor le irá a esa sociedad.

Ada Colau, candidata del Frente Amplio, ha vuelto a X tras cinco años fuera de esta red social. Lo hace a las puertas de la campaña electoral y para aceptar una propuesta de entrevista con el youtuber Jordi Wild. “Será un placer”, ha contestado Colau a un post de Wild en la que la invita “formalmente” a asistir a su programa.

Se trata de la primera -y, de momento única- publicación de Colau, que dejó X en 2021, cuando todavía era alcaldesa de Barcelona. La de los Comuns no ha explicado el motivo de su retorno, como sí justificó su adiós hace cinco años. Según argumentó, las dinámicas de Twitter la “alejaban” de algunos de sus objetivos, como “hacer buena política”, “una política que transforme la realidad”, “ser buena alcaldesa” y ser “cada vez mejor persona”.

Quienes han explicado el por qué de su retorno han sido miembros de su equipo de campaña, que han explicado que vuelven a X y acuden a perfiles como el de Jordi Wild porque “el algoritmo está sesgado para favorecer el ruido y las mentiras de la derecha, pero no les vamos a dejar terreno libre”.

“En esta campaña habrá mucha gente, especialmente joven, buscando respuestas honestas sobre cómo pagar el alquiler, emanciparse o llegar a fin de mes, y solo reciben desinformación. No venimos a dar sermones ni a caer en sus provocaciones; venimos a hablar de tú a tú y a demostrar que hay propuestas reales y rigurosas para la vida de la gente”, remachan.

Colau dejó esta red social mucho antes del “gran éxodo” que se dio a finales de 2022 con la compra de la antigua Twitter por parte de Elon Musk. Entonces, muchos medios internacionales -como The Guardian o La Vanguardia- abandonaron la red social hacia alternativas como Bluesky, espantados por la falta de moderación y la readmisión de cuentas de extrema derecha que habían sido bloqueadas anteriormente.

Entrevistas con Jordi Wild

El youtuber Jordi Wild, que lleva años tratando cuestiones políticas en su podcast, ha decidido entrar también en campaña, proponiendo entrevistas a los candidatos. La condición del youtuber era que sólo haría estos encuentros si aceptaban todos los líderes, pero finalmente ha decidido ceder en ese requisito.

Por ahora, han confirmado Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. A ellos se acaba de sumar Ada Colau. En la lista de Wild no figuran líderes de formaciones territoriales ni tampoco Podemos. Con todo, sólo le faltaría la confirmación de Pedro Sánchez. “Es fundamental para que estas charlas tengan otra dimensión y me encantaría contar con él, pero tampoco puedo obligarlo. Espero que al final se anime”, ha dicho sobre el presidente, que ya ha aparecido en otros podcast en el pasado.

Para estas entrevistas, Jordi Wild ha explicado que estará acompañado por “dos periodistas independientes fuera de cámara”, que serán los encargados de verificar los datos que se mencionen. “Podrán avisar cuando sea neesario y yo podré preguntarles si tengo dudas”, ha añadido. Asegura que los encuentros serán “duros e inquisitivos” y ha insistido en que será “cabrón” con los entrevistados, aunque siempre con “respeto y cordialidad. No habrá gritos ni descalificaciones”.

El alcalde de Badalona y candidato del PP por Barcelona el 29N, Xavier García Albiol, vuelve a salir airoso de una investigación penal. La Fiscalía ha archivado las últimas diligencias abiertas a raíz del desalojo del instituto B9 del pasado diciembre y ha descartado que Albiol discriminara a los centenares de migrantes que dejó en la calle.

Según informan a elDiario.es fuentes jurídicas, la Fiscalía ha archivado la denuncia que interpuso contra Albiol el eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens, “por no ser los hechos constitutivos de delito”.

En su denuncia, Asens acusaba a Albiol de denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, delito de desobediencia a la autoridad judicial y delito de prevaricación administrativa.

La investigación la pilotaban representantes de la Fiscalía de Barcelona y de su sección contra los delitos de odio por los mensajes contra los migrantes que el alcalde realizó tras el desalojo, ejecutado en diciembre de 2025, a las puertas de Navidad y en plena ola de frío.

Albiol había fijado el B9 como uno de sus objetivos políticos para trasladar una imagen de dureza y aparecer ante los vecinos como la antítesis de las decenas de inmigrantes que malvivían en el local de titularidad municipal. También vinculó a los migrantes con la delincuencia sin pruebas.

Aunque la jueza ordenaba al Ayuntamiento de Badalona a atender a los migrantes, Albiol dejó bien claro que no atenderían a los desalojados, lo que derivó en una crisis social de primera magnitud. Decenas de personas durmieron debajo de un puente durante días, hasta que la Generalitat y entidades sociales como Cáritas intervinieron.

El posible delito de odio ahora descartado era la última investigación abierta a Albiol a raíz del caso del B-9. La jueza que avaló el que fue el mayor desalojo de España avaló que Albiol dejara en la calle a los migrantes que desalojó y consideró que les había prestado “la atención debida”.

Tal y como adelantó este diario, la jueza también había salvado a Albiol de explicar por qué no abrió para los migrantes desalojados el albergue municipal para personas sin hogar clausurado en 2024.

El procedimiento ha servido para descubrir que, tal y como admitió el propio consistorio, el Ayuntamiento de Badalona carece de protocolos para personas sin hogar. El consistorio alegó que la ley no le obliga, y agregó que sí disponía de una “metodología de intervención” para las personas sin hogar (que ocupaba medio folio).

Los informes municipales que relataban la actuación de servicios sociales durante el desalojo mostraba, a criterio de la Fiscalía, que el Ayuntamiento de Albiol incumplió sus obligaciones legales con los desalojados al no prestar “ningún tipo de actuación de soporte o ayuda efectiva”. Sin embargo, el Ministerio Público no interpondrá denuncia alguna contra Albiol.

Todas las causas penales que ha afrontado Albiol han terminado con el alcalde exculpado. Hace unos años, fue absuelto de un delito de incitación al odio por repartir unos panfletos que relacionaban a los inmigrantes de origen rumano con la delincuencia, en la precampaña electoral de las municipales de 2011. También resultó exculpado de prevaricación por la instalación de unas antenas.

El único procedimiento abierto que le queda al alcalde es la investigación de la Fiscalía por un tuit de este verano en el que llamó sin pruebas “escoria” a un detenido.

El Parlament de Catalunya se ha convertido este lunes en la primera institución del Estado en la que arranca una comisión de investigación dedicada al Patronato de Protección de la Mujer, la cárcel franquista para adolescentes que les imponía la moral patriarcal nacionalcatólica.

Seis supervivientes han detallado a los diputados que han querido asistir a la sesión (los representantes de PP, Vox y Aliança Catalana no han aparecido) su traumática experiencia, al tiempo que han reclamado su reparación.

Supervivientes (que no víctimas) y reparación. Ha sido el hilo conductor de la sesión a través de los testimonios de Pilar Dasí Crespo, Isabel de la Cruz Gallego Soler, Mariona Roca Tort, Maria Forns Roca, Lucía Vicioso Vitoria y Montserrat Alegret Fenoll. Todas estuvieron encerradas en hogares o centros de religiosas Adoratrices, Oblatas o Cruzadas Evangélicas en Madrid, Barcelona, Badalona, València o Logroño.

“Mi providencia y tu fe mantendrán la casa en pie”, era la inscripción que presidía uno de los internados en los que permaneció Montserrat Alegret. Tanto ella como las otras comparecientes, de origen social y familiar diverso, han relatado su paso por los centros, marcado por el trabajo forzoso, la oración, el aislamiento entre internas, la falta de libertad y, en algunas supervivientes, los tratamientos psiquiátricos sin consentimiento. La alianza entre Estado franquista, Iglesia y psiquiatría para imponer la moral nacionalcatólica a las mujeres.

“Las monjas rompían las cartas y no nos dejaban hablar entre nosotras”, ha recordado Lucía Vicioso. “Decían que trabajábamos para El Corte Inglés”, ha dicho Mariona Roca. “Yo en talleres cosí para Pronovias”, ha rememorado Alegret, que ha concluido con una reivindicación: “No tengo nada que esconder, y quiero verbalizarlo par que no se vuelva a repetir”.

“Yo era la progre, la roja del Patronato, y el padre de mi hija era hijo de un militar conservador y lo primero que me dijo era que me deshiciera de mi hija, y yo le dije que 'no'”, ha resaltado Isabel de la Cruz. Su hija nació con graves lesiones tras ser asistida en el parto por monjas y cocineras del Patronato.

La falta de colaboración de las órdenes religiosas se ha vuelto a poner de manifiesto con los testimonios de las supervivientes, que han detallado la parca información sobre sus expedientes y su paso por los centros del Patronato que han recibido cuando la han reclamado a las Adoratrices o las Oblatas. “La impunidad es dura de digerir”, ha admitido Mariona Roca.

“Hace un año pedí el expediente, me enviaron una copia de mi ficha ingreso y como motivo ponía que mis padres eran ciegos y que yo como hija burlaba su vigilancia al ir con 'malas compañías'”, ha aseverado Montserrat Alegret. Maria Forns ha indicado que, tras su petición, solo recibió de las Adoratrices “una foto de mala calidad pese al compromiso de la congregación a facilitar mi expediente”.

“Lo que nos hicieron está pendiente de reparación”, ha zanjado Pilar Dasí. Mariona Roca ha incidido en la necesidad de una reparación efectiva para las supervivientes, más allá de incluirlas como víctimas del franquismo en la nueva ley de memoria democrática que aprobará el Parlament: “No se trata de que nos pidan un perdón simbólico, se trata de admitir de que el Estado y las monjas admitan que nos hicieron daño, que abran sus archivos y que lo expliquen todo”.

Después de que algunas mujeres lograran romper el silencio y organizarse, las instituciones han empezado a dar pasos simbólicos para reconocer a las supervivientes del Patronato, las grandes olvidadas entre el colectivo de víctimas del franquismo. El Gobierno les entregó un reconocimiento simbólico el pasado marzo, mientras que el acto organizado por las congregaciones religiosas terminó con una sonora protesta de las supervivientes por la falta de una reparación efectiva. 

Tal y como desveló elDiario.es, entre 2021 y 2025 una de las congregaciones que gestionó el Patronato, las Adoratrices, recibieron subvenciones de distintas administraciones que ascienden a 18 millones de euros por programas de ayuda a mujeres víctimas de trata o de violencia de género. Si el Parlament insta al Govern a acabar con estas subvenciones será uno de los trabajos de la comisión de investigación.

“Declaro terminado este procedimiento”. Con esta rutinaria frase el letrado (antiguo secretario) del juzgado de lo contencioso-administrativo 5 de Barcelona ha archivado la causa que impedía la eutanasia de Francesc Augé, después de que su padre renunciara formalmente a seguir litigando en los tribunales contra la muerte asistida de su hijo.

Se empieza así a poner fin así a más de dos años y medio de sufrimiento en el paciente, que ha visto incrementado su dolor al ver que la Justicia mantenía en suspenso su derecho a morir avalado por los médicos y juristas de la Generalitat debido al recurso de su padre.

Según ha avanzado la Cadena SER y ha confirmado elDiario.es, el juzgado ha archivado la causa una vez constatado que su padre no quiere seguir con el pleito, por lo que da vía libre a la eutanasia de Augé, aunque por ley ahora abre un plazo de cinco días para que la Fiscalía y el resto de partes pueda presentar un recurso, algo poco probable.

La Generalitat autorizó en agosto de 2024 la muerte digna de Augé, que en la actualidad tiene 56 años, al estar aquejado de importantes secuelas en el movimiento y el habla derivadas de tres ictus y dos infartos. Sin embargo, su padre paralizó la eutanasia con un recurso en el que se oponía a la muerte asistida de su hijo.

El caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que concedió al padre habilitación legal para recurrir la eutanasia de su hijo tras dos años de batalla en los juzgados. El progenitor había hecho caso omiso a las distintas solicitudes de Augé para que se dejara de alargar su sufrimiento y permitiera su muerte digna.

El pasado agosto, tal y como adelantó este diario, el padre de Augé desistió en su objetivo de impedirle la muerte digna. A mediados de septiembre, Francesc Augé intentó suicidarse, por lo que tuvo que ser ingresado en un centro hospitalario.

La decisión del Supremo obligaba al caso a Augé a volver a la casilla de salida de un juzgado de Barcelona, en un pleito que se alargaba ya dos años. De haber continuado hasta la última instancia, el caso podría haber durado, por lo menos, otro año más, ya que los recursos a la eventual demanda podrían reiterarse hasta el Tribunal Supremo. No será así.

La aprobación de la ley de eutanasia en 2021 ha permitido morir dignamente a 1.668 personas, según los datos disponibles hasta final de 2025. La mayoría de solicitudes se han tramitado con normalidad, con solo dos excepciones, los casos de Francesc y Noelia.

En agosto de 2024, dos juezas de Barcelona paralizaron sus eutanasias ya avaladas por el comité catalán de médicos y juristas que estudia todas las peticiones. Lo hicieron a raíz de sendos recursos de sus padres. El de Noelia, representado por los ultracatólicos Abogados Cristianos. El de Francesc, por un letrado particular.

El Sindicat de Llogateres y diversas entidades del movimiento estudiantil han anunciado que este lunes ocuparán el edificio histórico de la Universitat de Barcelona (UB) para convertirlo en el “centro neurálgico” de la preparación del paro general del 11 de noviembre y al que bautizarán como “Casa de la Huelga”.

La ocupación empezará a las 18h de este lunes tiene como objetivo concentrar a todos los comités de huelga de los trabajadores, así como ser un espacio de “asambleas y tareas logísticas” para que el paro “sea un éxito”. Además, se organizarán charlas, actividades y actuaciones artísticas que “complementarán” las tareas organizativas.

Asimismo, han anunciado que la manifestación será a las 17:30h y empezará en Jardinets de Gràcia. “Estamos en un punto de inflexión de la lucha por el derecho a la vivienda y contra el coste de la vida. Hace falta una espiral de movilización continuada”, aseguran los impulsores del espacio.

“La participación en la Casa de la Huelga es abierta a cualquiera que tenga ganas de colaborar, informarse de sus derechos o conocer lo que está en juego”.

Los Mossos d'Esquadra han desplegado un dispositivo en las rotondas que dan acceso a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) para evitar que el agitador ultra Vito Quiles acceda al campus, donde pretende participar en un acto que tenía previsto a las 18h de este lunes. El propio agitador ha confirmado que no ha llegado al centro y ha pedido a sus seguidores acudir al Ikea de Sabadell.

La falta de asistencia de Quiles al campus no ha impedido los altercados entre grupos de jóvenes que protestaban contra el agitador ultra y los Mossos d'Esquadra.

La policía catalana ha cargado contra manifestantes contrarios a la presencia de Vito Quiles, quienes antes habían lanzado a los antidisturbios limones, bolas con pintura y otros objetos. Los incidentes se han producido en la plaza Cívica de la UAB, donde se han concentrado un millar de jóvenes.

El evento, que fue anunciado por redes, no cuenta con autorización del centro, que asegura que nadie pidió permiso para celebrar un acto en las instalaciones. Ante eso, la UAB pidió al Departament de Interior que impidiera la entrada de Quiles al recinto para evitar que se repitieran los altercados que se dieron la semana pasada en Pamplona, en el marco de un acto de la misma gira.

Hace un año, Quiles también convocó a sus acólitos en la UAB, lo que derivó en enfrentamientos entre manifestantes ultras y grupos antifascistas que requirieron la intervención de los antidisturbios de los Mossos. “Interior ha garantizado a la UAB que la actividad no se hará y que impedirá el acceso de Quiles al campus en caso que quiera acceder”, tal como respondió el Govern a la petición de la universidad.

Paralelamente, y a la espera de si el agitador consigue entrar en el centro o no, unas 500 personas convocadas por movimientos antifascistas se han concentrado en la Plaça Cívica, a la espera de la posible llegada de Quiles.

Si hay algo que se le da bien a Gabriel Rufián es lanzar frases contundentes. Cortas y cortantes. Sea en las redes, en la tribuna del Congreso, interpelando en una comisión parlamentaria o troleando a Vito Quiles. Ahora, con el orden que permite un libro, y con datos y citas, las resume y amplía. El título es fiel al estilo del candidato de ERC: Cómo ganar a los fachas (Leer antes de votar), editado por Ara Llibres.

Rufián supera el método Loquillo, el de colocar un titular en cada respuesta. En este caso, en cada párrafo. Empezando por la dedicatoria, puesto que se dirige a todos los votantes, ya sea a los que denomina fachas, a los de izquierdas o a los que no saben qué son. A todos ellos no les ofrece pureza, sino respuestas (otra de sus sentencias a modo de eslogan).

El libro lo ha escrito él y se nota. No solo porque la editorial lo confirme, sino porque en algunos momentos casi se le puede escuchar. El arranque es uno de ellos: “Yo vengo de la mierda. A mí me dijeron muchas veces que adónde creía que iba y que yo no podía. A mí nadie me esperaba aquí”. Esta última frase está destacada en negrita. Hay más así, para lectores perezosos o por si no queda claro qué es lo que Rufián quiere subrayar.

De todos los enunciados-tuit del inicio hay uno en el que el portavoz de ERC reconoce que fue un “cabrón” con Joan Tardà, el dirigente republicano que más le enseñó en el Congreso y que mejor le ha defendido fuera y dentro del partido. “Fui egoísta y soberbio. Me aguantó cosas inaguantables. Porque yo no sabía nada y me creía que sí; él, en cambio, lo sabía todo y no lo decía”. Ese comportamiento lo circunscribe a sus inicios, aunque para varios de sus compañeros en el grupo parlamentario no sea un pasado tan lejano. A Tardà lo define como una de las tres mejores personas que ha conocido en su vida. Se podrían discutir algunas de las opiniones que incluye en el libro. Pero que Tardà es una buena persona es algo irrebatible.

En el decálogo de intenciones que formula, señala que “ni un político gana elecciones solo con talento ni un partido las gana sin él”. Aprovecha para arremeter contra los aparatos de los partidos como si lo analizase desde una columna, como si ser el hombre fuerte de ERC en Madrid y llevar una década de diputado fuese un papel secundario. Y prosigue, como quien no quiere la cosa, para llevar el agua al molino que le conviene: “Los aparatos de los partidos deben entender que el carisma y los activos electorales son algo que tenemos que cuidar y potenciar [...] Quien pone la cara debe tener medios y mando”.

A Rufián le iban detrás distintas editoriales porque sabían que este libro se vendería solo. Pero, además, ha tenido la suerte de que Pedro Sánchez adelantase las elecciones y que el debate sobre la estrategia de las izquierdas haya vuelto a dar titulares y titulares, aunque no tantas buenas noticias para sus votantes.

Rufián despliega el catálogo de reflexiones, que viste como propuestas, para ese frente entre las izquierdas soberanistas y la izquierda española que no ha fructificado. Incluye uno de sus hits, el de que la gente pasará por encima de los partidos, y un diagnóstico que se ha demostrado bastante atinado: las izquierdas españolas son el problema. Podría añadirse que presentar la alianza entre ERC y Podemos en plena negociación con el resto tampoco ayudó, pero eso daría para otro capítulo.

El jefe de filas de los republicanos en Madrid es de los políticos que más pronto entendió la importancia de las redes. Como elemento de promoción, la editorial destaca que tiene un millón de seguidores en X y “ya no se sabe ni cuántos en TikTok”. Por eso el capítulo que dedica al poder digital es especialmente interesante. Más allá de empezarlo con Ortega y Gasset (qué sería de los libros de políticos si no incluyesen como mínimo una cita orteguiana), en el diagnóstico la clava: “Antes se hacía política para los medios. Ahora se hace política para las redes”. No lo dice como queja, él es quien mejor ha sabido hacer esa transformación.

Su lamento es que la izquierda no lo tenga igual de claro. “La izquierda debe entender que sin poder digital es como una gacela herida en medio de la sabana: comida para las hienas. El fascismo vende en la red mucha de su mercadería impunemente gracias a dos de los mantras más tramposos de la izquierda: ‘No compremos su marco’ y ‘No les contestemos, que les hacemos grandes’”. Rufián defiende que esa actitud es un error y, además, oculta mucha cobardía. Su tesis es que el bucle de “la desinformación fascista” es infinito y, por tanto, hay que darles la batalla en su campo, en las redes, y disputarles ese poder digital.

Aunque es evidente que el libro no está escrito para el lector catalán, tiene un capítulo dedicado a Catalunya. Empieza diciendo que quiere hacer autocrítica, aunque no la hace a nivel personal por los errores que haya podido cometer, sino en nombre del independentismo. Por haber repartido carnets de pureza y de buen catalán durante muchos años. Insiste en que este movimiento necesita obtener más apoyos y alerta de que “con épica y con banderas no se le da una casa a nadie, no se lucha contra la precariedad o no se bajan los precios”. “Y tratando a la gente como si fueran niños en un parque de bolas a la espera del pastel de cumpleaños, tampoco”. Ha pasado tiempo, pero leyéndolo es imposible no asociar ese pastel a la declaración de independencia, que duró lo que tardan en apagarse unas velas de cumpleaños.

En una acusación genérica y que también es una de sus preferidas, el republicano insiste en que “el 90% de los medios de comunicación catalanes le compra toda la mercancía a Convergència”. Y que los medios lo hacen porque se vive mejor callando y comprando que criticando las votaciones de Junts con PP y Vox. En este capítulo la cita que le hubiese encajado mejor sería la de Campoamor, porque igual su visión se explica por la distancia y el cristal con que la mira.

A Junts le dedica unos cuantos dardos y le pide que deje de imitar a la líder de Aliança Catalana, Silvia Orriols, para volver a Jordi Pujol. Quién iba a decir que hasta Rufián se apuntaría a la moda de reivindicar al fundador de Convergència. De paso, acusa a ERC de tener una relación freudiana de amor/odio basada en el miedo hacia el mundo posconvergente.

El arranque y el epílogo son lo mejor del libro, un Rufián en estado puro. El final pretende ser una carta a un votante de barrio de Vox y/o de Aliança Catalana. Hay que reconocer que la contundencia de sus argumentos, una mezcla de emotividad y datos bien escogidos, podría lograr su objetivo, y es que algún lector que esté dispuesto a apoyar a la extrema derecha se lo repiense. De las muchas frases ingeniosas que le dedica al partido de Abascal, hay una definición que los retrata a la perfección: “Vox es el ectoplasma político del falangismo, franquismo, terraplanismo y cuñadismo social”. Aunque la más ocurrente es la de que Vox es el partido del cuarto cubata.

A los fans de Rufián, este libro no les defraudará. Al resto, no les sorprenderá.

** Como ganar a los fachas (Leer antes de votar) llega a las librerías el martes 20.

Si la izquierda catalana fuera una comedia de Hollywood, ERC y Comuns serían dos vecinos mal avenidos que se pasan la vida fastidiándose de formas cada vez más retorcidas. El punto álgido llegaría cuando ambos se dieran cuenta de que están sufriendo por igual sus jugarretas mutuas. Escena que daría paso al final feliz, en el que los eternos enemigos entienden que están condenados a convivir, que en el fondo son muy parecidos y que la amistad está por encima de las rencillas. The End.

Pero esto no es cine sino política, así que lo más probable es que ERC y Comuns continúen con su guerra para siempre. O, quizás, hasta que uno de ellos se haga daño de verdad en una de sus zancadillas.

Las escaramuzas de estas semanas preelectorales entre Gabriel Rufián y Ada Colau han seguido la línea habitual, pero han estado en boca de todos porque parecían más dramáticas que de costumbre. De ellas dependía, en parte, la unidad de las izquierdas en el conjunto del Estado. Y eso que ambos, Rufián y Colau, habían querido presentarse a sí mismos como paladines de la armonía entre progresistas.

Pero no es un gesto nada amistoso tentar al candidato de ERC para que deje su formación y se vaya contigo, como hizo la exalcaldesa de Barcelona ya con las elecciones convocadas. Como tampoco está exento de hostilidad cerrar con Podemos un acuerdo electoral en Barcelona que, en la práctica, dificultaba y daba pretextos a Irene Montero para acabar presentándose sola en Madrid, como hizo ERC.

La herida de Barcelona y el revés de la reforma laboral

Hagamos memoria. El fin de los gobiernos tripartitos en la Generalitat dejó en crisis a sus tres integrantes, PSC, ERC e ICV (luego Comuns). Sin embargo, los republicanos tomaron el tren del procés para recuperarse y, cuando la ola independentista era más alta, consiguieron llegar a disputar la hegemonía a Convergència (luego Junts). Durante todo aquel periodo, ERC y Comuns no parecieron acordarse mucho los unos de los otros.

Fue en mayo de 2019 cuando la relación saltó por los aires. El candidato republicano Ernest Maragall ganó las elecciones municipales de Barcelona solo unos 5.000 votos por delante de Ada Colau, que ya sumaba cuatro años en la alcaldía. Los Comuns solo podían mantener la vara municipal si contaban con los apoyos de Ciudadanos, que deseaban evitar un alcalde independentista.

Tras los recelos iniciales, Colau aceptó esa inesperada suma para pasar por delante de Maragall y revalidar la alcaldía hasta 2023. Una decisión que abrió una de las heridas que más cicatriz han dejado en la relación de ambos partidos de la izquierda catalana. Aunque ni mucho menos la única.

El voto contrario de ERC a la reforma laboral de 2022, el gran proyecto de Yolanda Díaz en la pasada legislatura, se consideró en la formación de Colau una declaración de guerra de los independentistas hacia el espacio de la izquierda alternativa. Aquel desencuentro fue sonado y contribuyó a perpetuar el clima de desconfianza.

Los Comuns tienen más reproches hacia ERC. No gustó que Elisenda Alamany, que había llegado a ser mano derecha de Xavier Domènech en el Parlament, se acercara paulatinamente a los republicanos, hasta convertirse en la secretaria general del partido, cargo que ostenta ahora.

Como tampoco hizo gracia que, en octubre del 2022, el entonces president Pere Aragonès fichara como consellera de Justicia a Gemma Ubasart, exsecretaria general de Podem y que se consideraba próxima al espacio de Colau.

La revancha llegó un año y medio después, cuando los Comuns votaron en contra de los presupuestos de Aragonès y precipitaron las elecciones anticipadas. Unos comicios de los que ambos partidos salieron muy castigados, en beneficio del PSC.

La posibilidad de entenderse ha vuelto a salir a la palestra después de todo eso, sobre todo gracias a la propuesta de unidad de Rufián. “Fui a la cárcel por Catalunya, no para que Colau sea diputada de ERC”, zanjó en marzo pasado Junqueras. Una respuesta tan dura que dinamitó cualquier posible puente antes de que se comenzase a construir.

De Companys y Comorera a Rufián y Colau

Como en todas las enemistades persistentes, es difícil rastrear el origen. Los antecedentes históricos más antiguos nos retrotraen a la Guerra Civil, cuando Esquerra estaba dirigida por Lluís Companys y, el PSUC, por Joan Comorera.

Estos dos líderes formaron varios gobiernos catalanes juntos durante la República e hicieron que sus respectivas formaciones se entendieran lo suficiente como para compartir lista electoral en 1936, junto a más izquierdas, el Front d’Esquerres de Catalunya. Tanto Companys como Comorera acabarían condenados y muertos a manos del franquismo.

Tras cuatro décadas de exilio y represión en España, PSUC y ERC reaparecen en la Assemblea de Catalunya de 1976 como amigos y aliados, aunque pronto emprenden caminos diferentes. ERC, más cercana a las tesis nacionalistas, acabaría apoyando a Jordi Pujol en la Generalitat. El PSUC, más alineado a la izquierda, integraría gobiernos municipales con el PSC.

El tripartit de Pasqual Maragall rompió esos bloques y ERC e ICV gobernaron juntos, de la mano de los socialistas, aunque no precisamente en paz.

Los antecedentes históricos son eso, historia. Pero sirven para subrayar que ERC y Comuns son dos partidos que, pese a su cercanía en muchas cosas, llevan casi un siglo ocupando espacios políticos diferentes. Uno independentista, de tradición republicana y que aspira a ser una alternativa al PSC dentro de Catalunya; el otro federalista, de raíz socialista y que se ve en España como uno de los actores a la izquierda del PSOE.

Todos los demonios invocados al calor de años de fricciones entre Calàbria y Marina –sede de ERC y Comuns, respectivamente– han reaparecido ahora, ante unas elecciones donde la izquierda se lo juega todo y no puede desperdiciar ni un voto.

La izquierda catalana vive con cierto trauma el factor distintivo de su desunión histórica. Pero, a diferencia de lo que ocurre en otros territorios, ha constatado en infinidad de ocasiones que republicanos y poscomunistas son identidades políticas difíciles de maridar. Nunca fue fácil colaborar en el pasado y ha resultado imposible cuando el intercambio de balas entre los vecinos ha vuelto a arreciar.

Convertido en el referente absoluto de aquella intersección en la que se encuentran el periodismo narrativo y el de investigación, Patrick Radden Keefe (Boston, EEUU, 1976) confiesa estar abrumado por el éxito de su último libro, El hijo del oligarca (Periscopi en catalán, Seix Barral en castellano), llamado a convertirse en un clásico del mejor reporterismo.

Asegura que la obra, una profunda investigación sobre la muerte en extrañas circunstancias de Zac Brettler, un joven londinense de buena familia que se hacía pasar por hijo de un oligarca ruso, le situó en una encrucijada sobre su papel cómo reportero, su vínculo con la familia del protagonista y las consecuencias de su trabajo. 

“Cuando trabajaba en el libro tuve que ir a terapia por primera vez en mi vida”, explicaba el viernes a un grupo de periodistas en el CCCB de Barcelona. “Ha sido una de las pocas ocasiones en las que he podido sentir la oscuridad de la historia en la que estaba trabajando”.

A Radden Keefe, padre de dos adolescentes, le afectó pasarse casi dos años hablando a diario con una familia que había perdido a un hijo que tenía la misma edad que los suyos. 

“Mis hijos hacían cosas normales de adolescentes, pero cada vez que me peleaba con ellos o había algún problema empezaba a ponerme en lo peor”, rememora. “Tuvo que venir mi mujer a decirme que no era justo para ellos, que no todo tiene por qué ser un desastre”.

El periodista, redactor del New Yorker, confiesa que en toda su carrera nunca se había acercado tanto al objeto de su investigación como en esta historia, en la que ha acabado trabando lo que podría definirse como una amistad con los padres del fallecido. 

“Puede parecer que el libro aborda solo la perspectiva de la familia Brettler”, abunda. “Pero yo creo que realmente es mi perspectiva sobre cómo veían ellos la muerte de su hijo”.

“Cuando digo que quiero ser objetivo en mi trabajo no significa que me deba convertir en una máquina que no tiene sentimientos”, sostiene. “Conocer algunas cosas del caso me conmovió y también traté de capturar esto en el libro”.

La palabra que utiliza Radden Keefe sobre cómo debe abordar estas situaciones y emociones es “permeabilidad”, explica. “Intento ser permeable, pero la pregunta es cómo lo soy sin perder la objetividad”, añade.

Radden Keefe alertó a la familia de que iba a escribir cosas que les incomodarían. “Les alerté de que al leer el libro no se reconocerían como si miraran una foto, sino como si hubiese pintado un cuadro de ellos”, afirma. “En el libro hay cosas que son incómodas para ellos, pero si las dejaba fuera me acababa convirtiendo en un mentiroso como los que aparecen en el texto”.

El hijo del oligarca no es solo la historia de una tragedia familiar. Es también una historia sobre la mentira y sobre un Londres inundado de frivolidad y de dinero extranjero, pero también sobre el abismo que puede separar a unos padres de su hijo adolescente y cómo su amor incondicional está por encima de ese muro. Es, a su vez, una historia que pone al descubierto las costuras de un sistema policial lleno de defectos e incompetentes. 

“Las mentiras del libro creo que definen una era”, apunta el reportero. “No creo que sea casualidad que cuando Zac cumplió 16 años Trump fuera presidente”.

Radden Keefe explica que lo que le interesó de la historia, convertida en un éxito de ventas, era que tenía un gran número de ingredientes que le permitían dibujar la sociedad actual: la manosfera, los teléfonos móviles, la frivolidad y el lujo de las redes sociales que seducen a los jóvenes y la desaparición de la cultura del esfuerzo. 

“Los padres de Zac tenían claro que si estudiaban y trabajaban duro podrían comprarse una casa, vivir en su ciudad y, si la salud se lo permitía, tener una buena jubilación”, explica. “Todo esto ha desaparecido para los chavales de hoy: pueden esforzarse y acabar viviendo con sus padres o compartiendo una habitación”.

Todas estas capas, además, tenían como telón de fondo la transformación que ha vivido la capital británica durante las dos últimas décadas. “El cambio de Londres es un tema que hacía tiempo que me interesaba”, admite. “Y la historia de Zac me permitía abordarla”.

Sobre el fracaso policial que recorre el libro, Radden Keefe cree que todo habría sido muy diferente si los padres de Zac hubieran decidido acudir a los medios tras su muerte. “Todo habría sido distinto”, opina. “La prensa británica ama estas historias de gente blanca que tiene problemas, sobre todo si hablamos de un chaval que iba a un buen colegio privado”.

El reportero considera que la presión de los medios habría derivado en presión política y eso hubiera acabado empujado a la policía a investigar más y mejor, básicamente porque sus padres eran gente acomodada y bien conectada. “Si esto le hubiera ocurrido a una familia de inmigrantes africanos o de ingleses sin recursos, lamentablemente nadie se habría interesado”.

El éxito de su último libro ha sorprendido a Radden Keefe, que lleva ya casi medio año promocionándolo por todo el mundo. Ha decidido, sin embargo, no seguir investigando el caso a pesar de que le sigue llegando información. “La estoy pasando a otros periodistas del Reino Unido, no creo que la historia me pertenezca”, apunta.

El periodista sigue preocupado, no obstante, por cómo está viviendo la familia de Zac que su historia se haya convertido en un Best seller. “La gente se les acerca como si los conociera o de golpe van en el metro y ven a alguien leyendo el libro sobre la muerte de su hijo”, explica. “No es fácil para ellos”.

Radden Keefe ha desvelado que el libro está ahora mismo en proceso de convertirse en una serie. Una posibilidad ante la que, debido al interés de las productoras, preguntó a los padres de Zac si realmente estaban dispuestos a que su historia llegara todavía a más gente.

“Les dije que yo no lo necesitaba, que el camino podía acabar con el libro”, señala. “Pero tras pensarlo finalmente han dicho que sí, básicamente para así poder tener cierto control sobre la serie y que no acabe en manos de otra persona”.

Las más de 400 viviendas del complejo residencial de la calle Parcerisa, 25-27, en Barcelona, abrieron sus puertas en 2021 con la promesa de una vida de confort para sus inquilinos: con piscina, gimnasio, espacios de coworking, seguridad... Pero cinco años después, el proyecto acumula demandas por condiciones abusivas en los contratos y quejas por falta de mantenimiento, mientras el malestar se extiende entre sus cada vez más escasos residentes.

Uno de ellos es Anthony Mercolino, que recaló en estas viviendas propiedad de BCN Housing Place en 2025, con un contrato de 1.505 euros al mes —1.640 con IBI y gastos de comunidad— para un piso de 50 m². Con su pareja y su hija recién adoptada, asegura que no encontraba nada que no fuera alquiler temporal, o a precios parecidos, y optó por alquilar en este complejo de cuatro edificios del barrio de Sants. 

“Se consideraba una categoría de lujo, así que pensé que habría buena gente y estarían pendientes de todo”, relata, desde el balcón de su casa. “Uno hace un sacrificio pensando que merece la pena”, añade.

Su sorpresa llegó cuando comenzó a comprobar la dejadez de la propiedad en el mantenimiento, una queja que repiten otros vecinos con los que ha hablado este diario. Pero no solo eso: también se dio cuenta de que el alquiler que pagaba estaba muy por encima del índice máximo de precios al que obliga la Ley de Vivienda en Catalunya. Para su apartamento, con su tamaño y servicios, debería oscilar entre 764,22 y 905,69 euros. 

Anthony relata además que en su contrato de arrendamiento, en un apartado anexo, constan los detalles de su piso y figura que tiene 100 m². O 120 m², dice él, porque en realidad la imagen donde aparece referenciado es borrosa y no se aprecia con claridad. “Tuvimos que ampliarla con Inteligencia Artificial, lo hicieron para justificar el precio del alquiler”, se muestra convencido este inquilino.

En la demanda que ha interpuesto contra BCN Housing Place SL, pide que le devuelvan casi 6.000 euros que considera que ha pagado de más. 

La de Anthony Mercolino, conocido además por ser autor de El Diario de AJ, un libro sobre su propia historia de superación, y por su activismo dentro del colectivo LGTBI+, es una de las últimas denuncias presentadas. Desde 2022 se cuentan por decenas.

Al menos así lo asegura Arnau Baqué, quien fuera también inquilino en la calle Parcerisa y abogado que ha llevado a la propiedad a los tribunales para impugnar su contrato y el de otros vecinos. La mayoría de las denuncias son por lo que se conoce como cláusulas abusivas en los contratos, es decir, por condiciones impuestas por BCN Housing y que chocan con la ley.

De la media docena de sentencias que ha podido consultar elDiario.es, destaca cómo los jueces han declarado la nulidad de cláusulas como el seguro de impago que deben abonar los inquilinos, el pago del IBI y la comunidad (al no justificar el casero la cuantía), la penalización por devolver tarde las llaves al dejar el piso o la obligación de contratar una misma empresa para mantenimiento.

También algunos jueces decretaron nulas las bonificaciones en el alquiler durante el primer año, que consideraron una forma encubierta de subirlo mientras dura el contrato. Aun así, en varios de los fallos se estima parcialmente la demanda, y no siempre se declaran nulas todas las cláusulas.

“Su modus operandi es coger el dinero y correr. Hacen trampas, y como saben que reclaman solo una de diez personas, ya verán que hacen luego. Es siempre ganar tiempo y huir hacia adelante”, sostiene Baqué, que asegura haber obtenido sentencias favorables también en casos de desahucios.

elDiario.es se ha puesto en contacto con BCN Housing para recabar su versión. La firma y su cartera de pisos fue adquirida este 2026 por Azora, una de las grandes gestoras de alquiler de España. Fuentes de la empresa aseguran que sus contratos se ciñen a lo que establece la Ley de Arrendamientos Urbanos, y aseguran que “más de la mitad” de las demandas han sido “inadmitidas” o “desestimadas de forma total o parcial”. 

Sobre el precio de los alquileres, defienden que son “completamente legales”, y en cuanto a las cláusulas que impugnan los arrendatarios, argumentan que son “perfectamente válidas” y reforzadas por sentencias de audiencias provinciales de Madrid o Barcelona. Con todo, si Baqué defiende haber interpuesto más de cien demandas, la propiedad lo rechaza y afirma simplemente que esa cifra no les consta.

Del oasis del alquiler a las quejas

BCN Housing Place estrenó sus 420 viviendas de la calle Parcerisa en 2021, una flamante comunidad de cuatro edificios de nueva construcción en el barrio popular de Sants, destinados todos al alquiler, con jardín y piscina, espacio de coworking, parking para coches y bicis, vigilancia de seguridad, y otros servicios. La estructura cilíndrica de dos de los inmuebles, con hasta 12 plantas de altura, hace que no pasen desapercibidos en el barrio.  

Los construyó BeCorp, promotora vinculada a la familia Grífols, pero pronto adquirió toda su cartera el fondo alemán Patrizia, por 600 millones de euros. 

Con un modelo parecido, BCN Housing cuenta con otras edificaciones en los barrios de La Sagrera y Sarrià, en Barcelona, y en Badalona, Terrassa o Abrera. Sus inquilinos, además de barceloneses con cierto poder adquisitivo, son sobre todo extranjeros (los llamados expats). En concreto, en la de Sants residen tantos ucranianos que algunos la llaman en broma Little Kiev. 

Pero los planes del fondo Patrizia se torcieron con la entrada en vigor del tope a los precios del alquiler. Según desveló El Confidencial, la norma descuadró sus previsiones y pusieron a la venta las viviendas adquiridas, un proceso que culminaría este 2026 con la compra de 1.200 de sus pisos por parte de Azora. 

Por el camino, las cuentas de BCN Housing Place no han salido de los números rojos. Entre 2022 y 2024 perdieron entre 13 y 15 millones de euros anuales, y en 2025 —último año con cuentas presentadas— cerraron el ejercicio con 3,6 millones de pérdidas.

Durante todos estos años, las quejas de los vecinos no han hecho más que incrementarse. No solo por las condiciones del contrato, sino también por la falta de mantenimiento por parte de la empresa a pesar de lo que pagan. Es un tema de conversación habitual entre los vecinos, sobre todo en el grupo de WhatsApp que comparten los más veteranos en el lugar.

“En mi caso, fue entrar y se me fundieron todas las luces de la casa”, explica Anthony Mercolino. Al llamar a la empresa, dice, le respondieron que todas las peticiones se gestionaban a través de su app. “Enviaba mensajes constantemente, pero no contestaban ni venía ningún técnico”, explica.

Lo mismo le ocurrió en invierno con una “cascada” de agua asegura que le entraba en el baño desde el piso de arriba. “No hicieron absolutamente nada”, relata.

Vecinos consultados por este diario, que pagan entre 1.400 y 1.700 euros de alquiler, relatan haber estado semanas sin que les arreglaran la falta de agua caliente. Una vecina relata que estuvo también todo el verano con el aire acondicionado estropeado. Mercolino lo describe como una “pesadilla”.

Y todo ello a pesar de que BCN Housing les hace contratar una empresa, Sunflower, vinculada a los suministros. Una inquilina que prefiere no aparecer con su nombre, y que también ha demandado, critica que esta firma les cobraba 50 euros mensuales de mantenimiento. “Al final, devolvimos tres recibos porque no hacían nada”, explica. La respuesta, denuncia, fue que les cortaron el agua caliente. 

Explica también que estuvieron tres semanas sin vitrocerámica, y varios meses sin aire acondicionado en plena ola de calor. “Con una hija de 3 años, estuve a punto de ir a los Mossos”, afirma. 

Azora, por su parte, rechaza también estas acusaciones. “Los estándares de calidad y atención al cliente no han variado desde hace años”, afirman, y defienden ofrecer una “atención personalizada”. Sobre la contratación obligatoria de Sunflower, alegan que se trata de una “instalación comunitaria centralizada” que gestiona una empresa externa “de reconocido prestigio”.

Pero Baqué insiste en la falta de cuidado en los servicios. “Hay vecinos que se fueron en invierno por culpa de la falta de agua caliente”. Como ejemplo de dejadez, señala que la zona común solía ser punto de reunión para ver los partidos de futbol, pero ya no. “El router se estropeó hace mes y medio y nadie lo ha arreglado”. 

Pese a todos los inconvenientes, y a que los vecinos perciben que el recinto está cada vez más vacío de inquilinos y abundan los turistas realquilados, Anthony Mercolino asegura que quiere quedarse en su piso. Su hija, con necesidades educativas especiales, está escolarizada en el barrio y no quiere cambiarla de centro ni afrontar otra mudanza. 

Desde su casa, reflexiona que su lucha como inquilino no es contra todos los caseros, sino contra los fondos de inversión como el que posee su hogar. “Antes asfixiaban a las clases más pobres y ahora se ha ampliado a la clase media”, concluye. 

Alberto Núñez Feijóo ha dado este domingo el pistoletazo de salida a la precampaña de su partido en Catalunya, donde el PP aspira a crecer pese a la dura competencia de Vox. Los de Feijóo creen que el candidato, Xavier García Albiol, es un talismán que les permitirá marcar un perfil duro que evite fugas de voto hacia la extrema derecha y, además, conseguir atraer a electores indecisos de otras ideologías, como ya consiguió en la ciudad donde es alcalde, Badalona.

“Te encargo que lideres la ley antiokupación en España. Que seas el ponente de la ley, la vamos a aprobar contigo”, le ha pedido Feijóo a su candidato en Barcelona, de quien ha dicho que es un “político peatonal” porque conoce como ningún otro los problemas de la gente.

El líder del PP ha asegurado que el 29 de noviembre el país “se juega entre Albiol y Colau”, dos alcaldes de ciudades metropolitanas que, según ha dicho, suponen dos modelos contrapuestos. Feijóo ha prometido que él formara un “Gobierno decente” y donde no sea posible la corrupción que, según ha dicho, ha caracterizado la presidencia de Sánchez. “¿Os imagináis seguir así hasta 2030?”, se ha preguntado.

“Necesitamos que todos los votos del centro-derecha vayan al PP”, ha asegurado Feijóo, que ha recordado que en las últimas elecciones los dos escaños catalanes que se quedaron a las puertas de conseguir podrían haber sido definitivos.

“Ya no cuela este Gobierno”, ha proclamado Feijoo, que ha afeado que la estrategia del PSOE sea “apelar al miedo”. “Otra vez con el miedo, vuelven al dóberman de hace 30 años, que viene el PP”, ha dicho, para rematar: “Pues sí, que tengan cuidado los ocupas, los jetas y el clan de Sánchez, que viene el PP”.

Tras un inicio de campaña marcado por los errores al haber entrado en temas espinosos como las pensiones, Feijóo ha preferido este sábado caminar por terreno seguro. Así, se ha referido a las pensiones, sanidad y educación públicas solo para ponerlos en contraste con símbolos de algunos de los escándalos de esta legislatura, como las “joyas en cajas fuertes” o las “chistorras”, el supuesto nombre con el que Koldo García denominaba los billetes de 500 euros.

En un acto que ha reunido a la plana mayor del PP catalán, Feijóo ha hecho referencia a Montse Mínguez, exportavoz del PSOE y candidata retirada por Lleida. “Cómo de mal lo deben de ver para que dimita una de las pocas que no está imputada”, ha ironizado Feijóo.

“Ya está bien de los que dicen una cosa y hacen la contraria. Ya está bien de tanta hipocresía. Prometen solucionar el problema de la vivienda cuando son ellos quienes la han creado”, ha insistido, pasando por alto que problemas como los desahucios estuvieron en cifras máximas durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

Sánchez ha tapado “las mentiras de Ceuta con más mentiras sobre la vivienda”, ha indicado Feijóo, que ha abonado los rumores sobre un supuesto hallazgo de material comprometedor del presidente del Gobierno por parte del espionaje marroquí. “¿Qué cloaca esconde el móvil de Sánchez para tanta sumisión a Marruecos? ¿Qué tienen los servicios de inteligencia marroquíes? ¿Por qué la prensa marroquí pide el voto para Sánchez?”, se ha preguntado.

“El 29 de noviembre decidimos entre sumisión o firmeza, defender España o venderla”, ha zanjado el jefe de la oposición, que has asegurado que su receta es reforzar a las fuerzas de seguridad y endurecer la frontera “para que no sea un coladero”.

En su turno, Xavier García Albiol ha agradecido el encargo de su partido para encabezar la lista al Congreso. “Estaremos a la altura política del momento, porque somos conscientes de la gran responsabilidad que tenemos en estos momentos por lo que hay en juego. Tengo mucha ilusión por este proyecto”, ha dicho Albiol.

“Soy el alcalde de la tercera o cuarta ciudad de Catalunya, tenemos mayoría absoluta. Soy feliz, tengo mucho trabajo. Si yo doy este paso no es para calentar ninguna silla, es para poner voz a los problemas reales que tienen los vecinos de Barcelona y de Catalunya”, ha asegurado el candidato, que ha se ha mostrado convencido de que el PP es capaz de mejorar resultados electorales allá donde gobierna, tal y como hizo él en Badalona o Feijóo en Galicia.