La visita del León XIV está organizada al detalle, sin lugar para la improvisación. Lo que no parece estar medido al milímetro, sin embargo, es el coste real que tendrá para los ciudadanos el viaje del líder de la iglesia católica: una parte relevante del dispendio quedará oculta en deducciones fiscales y gastos de la administración que pagarán todos los ciudadanos.

Tanto la Conferencia Episcopal como las distintas administraciones que participan en la visita del pontífice han cifrado el coste del viaje en 25 millones de euros, de los cuales cinco provienen de subvenciones directas del Govern catalán y de los distintos cabildos de las Islas Canarias.

El gasto total para la ciudadanía, sin embargo, será mucho mayor del anunciado: más allá de las mencionadas deducciones, el viaje implicará la cesión gratuita de diversos espacios públicos por los que normalmente se cobra dinero y cuyo uso supone un desembolso. Se destinarán, a su vez, miles de funcionarios para labores de seguridad, mantenimiento y limpieza. Algunas administraciones también cederán o directamente sufragarán el material necesario para los eventos. 

A pesar de esta ristra de gastos de dinero público, ninguna de las instituciones públicas implicadas ha querido aportar a elDiario.es un solo dato —ni siquiera aproximado— del dispendio total que supondrán estos servicios que se ofrecerán de manera gratuita. 

Fuentes del Govern catalán aseguran que la subvención directa a la visita del pontífice será de 1,6 millones. El dinero, sostiene, proviene de los ingresos obtenidos por la tasa turística. “No costará un solo euro a los contribuyentes”, apuntan desde el Ejecutivo catalán. 

En la Generalitat, no obstante, evitan precisar el coste de la campaña publicitaria que se ha desplegado y de su inserción en medios públicos en horarios de máxima audiencia.

En Canarias, el Gobierno regional aportará 2 millones de euros a las dos diócesis isleñas (Nivariense y de Canarias). Esta cantidad se suma a los 500.000 que pondrá cada cabildo insular, es decir, un millón más de los contribuyentes de Tenerife y Gran Canaria. 

Se calcula que en Catalunya se destinarán unos 7.000 agentes de policía entre Mossos, Guardia Urbana, Policía Nacional y Guardia Civil, mientras que en Madrid serán unos 14.000 entre todos los cuerpos. A eso hay que sumarle personal de limpieza y otros trabajadores públicos que llevan días dedicándose exclusivamente a la visita papal

Más allá de las subvenciones directas, el Ejecutivo canario y los municipios implicados también incurrirán en otros gastos que no se están cuantificando: guaguas gratis o a precio simbólico, refuerzo de otros servicios de transporte público y otros gastos que no se están precisando.

Tampoco se ha contabilizado el coste de suspender clases y actividades municipales, el cierre de las oficinas en varios Ayuntamientos, la limitación de aparcar así como los cortes de tráfico en autopistas de Tenerife y Gran Canaria. Además, desde el Gobierno regional se recomienda el teletrabajo para evitar desplazamientos. El coste económico de estas medidas no se ha calculado por parte del Ejecutivo. 

La Comunidad de Madrid (CAM) asegura que no destinará subvenciones directas a la visita, aunque ha cedido espacios como la Real Casa de Correos —convertida estos días en Centro Internacional de Prensa—, la plaza de Lima, cerrada al tráfico para la vigilia con los jóvenes, y la plaza de Cibeles, donde el domingo se celebrará una misa con un gran escenario.

Además, la CAM ha puesto a disposición de la visita 80 institutos para alojar a los fieles, aunque finalmente el Arzobispado solo utilizará 18 después de que varios centros se rebelaran y emitieran comunicados contra el proceso seguido para la cesión de estos recintos.

El Ejecutivo regional tampoco concreta el coste de estas actuaciones. “Cuando presentamos el proyecto de la visita del Papa intentamos hacer esa estimación, pero hasta que no concluya el evento es complicado hacer una valoración”, señalan fuentes de la Comunidad.

El coste para los Ayuntamientos implicados

Buena parte de estos gastos no desvelados correrá a cargo de los municipios en los que se celebren actos. El Ayuntamiento de Barcelona (PSC), por ejemplo, cederá gratuitamente el estadio de Montjuic, cuyo precio diario asciende hasta 78.000 euros. 

A ese importe hay que sumarle todos los gastos de gestión, seguridad y mantenimiento que normalmente se sufragan con el alquiler del recinto así como los altavoces, pantallas y equipos de sonido que se instalarán para poder seguir el acto. El grupo de los comuns registró una pregunta en el pleno requiriendo estos importes, pero no ha sido respondida todavía.

Desde el Consistorio barcelonés no han querido tampoco aportar ninguna cifra sobre todos estos gastos indirectos y aseguran que se harán públicos una vez haya pasado la visita de León XIV.

En las Islas Canarias, el Ayuntamiento de Granadilla (CC, PP y Vox), en el sur de Tenerife, anunció en abril que ofrecerá guaguas “gratis” para que los vecinos puedan trasladarse hacia la capital de la isla y acudir a los actos allí previstos el 12 de junio.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife repartirá 10.000 gorras, 10.000 pulseras y 10.000 abanicos conmemorativos, así como 50.000 botellas de agua. También instalará una pantalla gigante junto al recinto portuario donde tendrá lugar la misa para que puedan verla quienes no hayan conseguido inscribirse en el acto. Todo ello, sin especificar cuánto suponen estas acciones para las arcas públicas.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, vaticinó hace meses que la visita del pontífice supondrá un “enorme reto logístico” para la ciudad, con distintos actos abiertos al público o en grandes plazas al aire libre. Solo el dispositivo de seguridad ya supera al desplegado durante la cumbre de la OTAN, uno de los más ambiciosos que se recuerdan.

Se esperan 1.800.000 de asistentes a los dos eventos principales que se celebrarán en Madrid, pero el Consistorio ha preferido no hacer estimaciones sobre el dinero que costará la visita. “Eso no es lo más importante”, respondía el miércoles la vicealcaldesa Inmaculada Sanz a preguntas de este periódico. 

Las deducciones fiscales, otro gasto que no se contabiliza

Otro gasto que acabará corriendo a cargo de la ciudadanía y que ningún recuento menciona será el asociado a las deducciones fiscales de las donaciones particulares y de las grandes compañías que patrocinarán la visita.

Grandes empresas como Telefónica, ACS, Iberia, Iberdrola, Indra (participada en un 28% por el Estado), Mahou, El Corte Inglés o el Banc Sabadell han anunciado que harán donaciones, algunas de cientos de miles de euros, que contribuirán a sufragar el viaje del pontífice. 

El Ejecutivo declaró en un decreto ley que el viaje del Papa se considera un evento de “excepcional interés público”, de manera que tanto las grandes empresas como los particulares que hagan donaciones recuperarán una buena parte de lo que paguen, añadiendo una gasto notable para el erario.

La ley de mecenazgo establece que se podrán deducir el 15% de los gastos en propaganda y publicidad que lleven el sello de la visita papal, el 85% de las donaciones en caso de IRPF y el 45% respecto al impuesto de sociedades, además del 95% del impuesto de transmisiones y actos jurídicos, así como de las tasas e impuestos locales.

Jon-Mirena Landa es catedrático de Derecho Penal en la Universidad del País Vasco (UVP-EHU) y director de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos y Poderes Públicos. Especializado en violencia política, forma parte de la comisión para el reconocimiento de víctimas de abusos policiales en Euskadi, una iniciativa que ve exportable para abordar la escucha y reconocimiento de los represaliados del franquismo y la transición.

“No se trata de poner a unas víctimas frente a otras, sino que todos aquellos que han sufrido una violencia injusta deben ser reparados”, defiende Landa, que fue uno de los ponentes de unas jornadas de la Universitat de Girona sobre formas de reparar a víctimas que han encontrado un muro en los juzgados.

Ha investigado sobre las “víctimas invisibles” de violencia política en España. ¿Quiénes son?

Son las víctimas de violencia política del Estado tanto en la dinámica del contraterrorismo en el País Vasco como los opositores de la dictadura después de 1978. La dictadura se acabó, pero la tortura continuó, y de forma muy exagerada, en los años 80. Estas víctimas, que no son prototípicas, han sido negadas o tratadas de peor condición que las víctimas de ETA. No se trata de hacer una competición, pero en España ha habido unas víctimas de segunda, que no han conocido la justicia penal.

Un primer grupo de estas víctimas son las del contexto de la lucha antiterrorista. ¿Se han contabilizado?

Un primer informe del Gobierno vasco de 2013, tras el fin de la violencia letal de ETA, cifró en al menos 167 víctimas mortales y más de 1.100 heridos, bien por violencia de la Policía, bien por elementos contraterroristas que actuaban en colusión con las fuerzas de seguridad. En la actualidad se ha contabilizado ya a 240 víctimas.

Cuando hablamos de violencia de Estado en la lucha contra ETA la imagen automática son las víctimas del GAL y el caso Segundo Marey. ¿Al resto de víctimas se las ha reparado lo suficiente?

El GAL existió pero no solo es el GAL. En los 70 y los 80, grupos como el Batallón Vasco Español o la Triple A se dan el relevo en las reivindicaciones de violencia política. Y también se han identificado, claramente, elementos parapoliciales, o incontrolados, que cuentan con la aquiescencia del Estado para llevar a cabo su violencia política.

Hubo algunos casos excepcionales de enjuiciamiento, pero la gran bolsa de muertos, heridos y torturados no ha conocido la justicia penal, y no existen a nivel oficial. Lo que sí ha habido es un debate, tanto en el País Vasco como en Navarra, en el que se ha conseguido aprobar dos leyes para crear dos comisiones de valoración, similares a las impulsadas en relación con los abusos de la Iglesia, para generar una investigación y reparar a las víctimas.

En todos los Estados democráticos hay programas de reparación para víctimas de violencia política

¿Cómo ha sido este proceso?

Las comisiones nacieron tras una batalla por tierra, mar y aire en el plano jurídico contra ellas. Se decía que iban a actuar como jueces, y no es cierto. En todos los Estados democráticos hay programas de reparación para víctimas de violencia política. Se ha logrado que emerjan más damnificados, a los que se ha reconocido como víctimas. Se ha conseguido darles lo que más piden: algo de verdad. Las víctimas no reivindican tanto una indemnización, que también reciben, sino que quede constancia de que se les lesionó o torturó o a que a su familiar lo mataron.

¿Qué tipo de casos han visto las comisiones?

Pelotazos en manifestaciones, detenciones con gravísimas agresiones en los centros de detención, incluso con agresiones sexuales, controles de carretera con muertos… Todos esos excesos, abusos y violaciones graves de los derechos humanos, en su momento no se enjuiciaron porque la policía no investigó o se investigó lo mínimo, y los jueces y fiscales miraron para otro lado y no hicieron su trabajo, con lo que los procedimientos se dilataron, archivaron o prescribieron. Es un supuesto clásico en casos de excesos de los aparatos del Estado: el propio Estado se autoencubre y los tapa.

¿Su trabajo ayuda a la reconciliación en el País Vasco?

Se está logrando cierta verdad y reparación para estas víctimas. Se está logrando también cierta visibilidad, aunque mediáticamente bastante enclaustrada en el País Vasco y Navarra. Pero es un trabajo muy necesario para la reconciliación del tejido social: aquí no se trata de poner unas víctimas frente a otras, sino que todos aquellos que han sufrido una violencia injusta deben ser reparados.

A las víctimas de ETA pendientes de reparación, hay que repararlas y trabajar a su favor. Pero estas otras víctimas que estaban totalmente fuera de foco también merecen reparación y una respuesta. Seguramente en el contexto polarizador del terrorismo no se podía hacer, y por eso se hace ahora.

¿La labor de estas comisiones se puede comprender más desde Catalunya y otras periferias del Estado que desde Madrid?

No debería ser así porque no es una cuestión de ‘politiqueo’. No estoy hablando de un discurso o una labor que beneficie a un partido político u otro. Hemos reconocido ya a 240 víctimas, y decenas de ellas no tienen absolutamente nada que ver con ningún color político. Un día fueron detenidas, les metieron cuatro días en una comisaría y les destrozaron la vida con un derrumbe psiquiátrico irrecuperable. Eso tiene un impacto en la persona y su familia respecto, por ejemplo, la percepción de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

Si queremos una democracia en la que todos creamos en las instituciones, tendrá que atenderse también esta realidad. No es una realidad de suma cero: atender a estas víctimas no quita legitimidad a las de ETA. Las políticas de acompañamiento a las víctimas de ETA siguen siendo muy necesarias, pero en el pasado a su alrededor se generó un relato inaceptable para condenar al olvido otras violaciones de derechos humanos.

¿Por qué le ha costado tanto al Estado y a sus responsables políticos reconocer esta violencia?

Le sigue costando: la Ley de Memoria Democrática tiene una disposición adicional que por primera vez amplía el espectro del ámbito objetivo de la ley desde 1978 a 1983 para tratar la violencia que se produjo en la transición. Pero el Estado atiende de manera muy tímida a estas víctimas. Parece que va contra la democracia reconocer que a partir de la entrada en la Constitución se produjeron también violaciones graves de derechos humanos. En realidad, la grandeza de un Estado democrático no es el cuerpo formal de su democracia, sino cómo la ejerce. Y se ejerce reconociendo también aquellos derechos humanos que han quedado por el camino.

Aunque ha habido investigaciones, los represaliados del franquismo y la transición siguen encontrando un muro en la Justicia. ¿Un ejemplo a seguir para estas víctimas serían las comisiones que ha impulsado en el País Vasco?

Es un mecanismo previsto por la ley de Memoria, y tiene potencial, pero será real cuando se lo tomen en serio. Si no nos gusta el nombre de comisión de la verdad, le llamamos de otra manera. Pero lo que no puede ser es que estas personas no estén atendidas.

Más allá de la judicatura, donde se ha impuesto una doctrina muy conservadora (que no era la única posible) para no atender los estándares de derechos humanos y a las víctimas, hay un espacio intermedio que son los mecanismos de verdad, que se pueden instrumentar a través de leyes administrativas y expedientes que no tienen que ser fríos. Al contrario, pueden ser mecanismos que se llenen el corazón con lo que es la doctrina del derecho internacional y de los derechos humanos y llamen a las cosas por su nombre.

Si medio país está contra las leyes de memoria, es muy difícil hacer memoria

¿Por qué tarda tanto en moverse esta maquinaria institucional del Estado en memoria democrática?

Hay varias razones. Medio país no cree en esas leyes: cuando el PP ha llegado al poder en distintas instituciones, le ha quitado el presupuesto. Cancelaron la asignatura de Educación para la Ciudadanía, que educaba a los alumnos en derechos humanos y era una sugerencia del Consejo de Europa, y nos debilitó. ¿Cómo se puede quitar la educación para la ciudadanía en un Estado democrático? Ello no quita la capacidad de los actuales responsables del Gobierno para impulsar la ley de Memoria, aunque habría que preguntárselo a ellos.

Por otro lado, históricamente en Europa la víctima de primera es precisamente la de la violencia del Estado a su máximo nivel: la víctima del Holocausto. Por contra, en España la víctima prototípica es la del terrorismo. Todo ello genera una contención por parte de medio país, que no quiere mirar a los ojos a la historia y que sigue, de alguna manera, convalidando una especie de historia de España como si la dictadura no fuera lo que fue. Si medio país está contra las leyes de memoria, es muy difícil hacer memoria.

Hay muchas víctimas que se quejan de las dificultades que les ponen los archivos para acceder a la documentación de sus detenciones.

Esto muestra donde estamos: hay leyes de víctimas bien articuladas jurídicamente, pero hay muchas instituciones que colaboran y otras muchas instituciones que no colaboran. En nuestra comisión de colaboración, cuando no colaboran lo decimos y se va haciendo presión.

¿Qué instituciones colaboran menos?

Los archivos militares. Muchas veces a la judicatura le cuesta, dice que no tiene medios y echan balones fuera. Pero incluso con la propia administración autonómica a veces no es todo tan claro.

¿Por qué?

Porque todavía se está sujeto a la arbitrariedad. Muchas veces depende de que un archivero te dé o no unos datos cuando hay una ley de víctimas que articula una comisión de valoración que tiene unos poderes investigativos tasados para poder recabar la documentación. Pero cuando emergen las personas reconocidas y se van conociendo sus historias de vida, la verdad empuja la verdad y es más difícil de tapar.

Tenemos la madurez suficiente como para que haya una comisión de la verdad también en España. Es bueno que todos los abusos se limpien, no con una voluntad de estar constantemente con comisiones de clarificación, que también tienen que tener un tiempo tasado. Si se hace bien el trabajo, aunque no pueda hacerse todo pero quede limpio, la salud democrática mejorará.

Tenemos la madurez suficiente como para que haya una comisión de la verdad también en España

¿Cómo podría tener éxito una comisión de este tipo a nivel estatal?

Lo primero sería tomársela en serio y que las personas que participaran fueran del máximo prestigio y que no sea para hacer un juego partidario. También tenemos que imbuirnos de la cultura del derecho internacional de los derechos humanos, que ha quedado demasiado fuera del foco (es otro daño colateral de la dictadura).

El derecho internacional de los derechos humanos no es para gente buena que tiene el corazón henchido de buenos deseos. La Constitución dice que hay que interpretar todas las leyes conforme a lo que dicen los estándares internacionales de derechos humanos. No lo han querido hacer los jueces, pues actuemos estratégicamente impulsando las leyes de víctimas y mejorando los mecanismos.

Muchas de las víctimas en el caso de las del tardofranquismo y transición ya están empezando a morirse.

Esto nos pasó en la comisión de valoración del País Vasco y es un drama. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de personas a las que funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos han torturado. Se trata de atender estándares asentados en todo nuestro entorno europeo que son verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

¿Cuáles son las consecuencias de no mirar con seriedad al pasado?

Comporta un lastre para hoy y para el futuro, por ejemplo en políticas en las que se necesitaría consenso y no lo hay. También en determinados cuerpos funcionariales: a veces, en ciertos sectores de la judicatura y la Fiscalía, hay una mirada de arrastre porque en su momento no se depuraron. ¿Por qué casi siempre hay mayoría conservadora en determinados cuerpos del Estado? ¿Representan a la pluralidad del país? Hay muchos deberes que no se atendieron y lastran el funcionamiento de las instituciones hoy, no solo en la violencia de motivación política, sino también a la hora de controlar los abusos policiales.

¿Estamos pagando las consecuencias del modelo de transición española, caracterizado por el olvido, en vez del argentino, donde se juzgó a los responsables de la dictadura?

Creo que sí. Hay muchas personas que tienen reservas respecto al Estado democrático por la experiencia que tuvieron con la Policía. Las historias negras que no se limpian dejan rastro en muchas personas que no van a confiar en las fuerzas de seguridad, lo que les dificultará convertirse en un cuerpo de proximidad y comunitario. Hay que atender a las víctimas y a sus familiares porque son espinas que están clavadas en las historias de vida de nuestros ciudadanos. Sacando esas espinas, conseguiremos recuperar el tejido social.

Después de una primera jornada oficial deslucida por la lluvia y polémica por las cancelaciones y la falta de información, el Primavera Sound volvió a brillar en todo su ecléctico esplendor el viernes. El macrofestival musical por antonomasia —con permiso del californiano Coachella— volvió a conectar las diferentes generaciones de la música moderna: de la oscura melancolía de The Cure al pop 'tiktokero' de Addison Rae, pasando por la irreverencia guitarrera de Water From Your Eyes, el shoegaze hipnótico de Slowdive, el pop bailable de Ralphie Choo, la intensidad emocional de Texas Is The Reason y la electrónica abrasiva de Skrillex.

Muchos nombres apetecibles repartidos por hasta 17 escenarios diseminados por el vasto Parc del Fòrum, pero pocos tan esperados como The Cure. Cuando las luces se apagaron en el escenario principal y apareció Robert Smith, una ovación recorrió el recinto y dio paso a la larga introducción de ‘Alone’, el tema encargado de abrir su último largo hasta la fecha, ‘Songs of a Lost World’, publicado en 2024.

Formados en 1978 en Crawley, The Cure han sobrevivido a modas y transformaciones culturales sin perder jamás su identidad. Smith, único miembro fundador que permanece en la banda, sigue siendo una figura irrepetible: cabello imposible, maquillaje corrido y una sensibilidad artística que convirtió al grupo en uno de los grandes referentes del rock gótico y la new wave. En el Fòrum ofrecieron un recital de dos horas —la banda ostenta el récord del concierto más largo en la historia del festival: tres horas en la edición de 2012— en el que no faltaron ya clásicos de su repertorio como ‘Pictures of You’, ‘Just Like Heaven’, ‘Play for Today’ y ‘Burn.

Asociado al existencialismo de autores como Camus y Sartre, Smith ha dedicado décadas a escribir sobre aislamiento, vacío, amor y espiritualidad. Y esas emociones siguen conectando con varias generaciones al mismo tiempo, como se demostró en una explanada a rebosar de gente frente al escenario Estrella Damm.

“Por desgracia no puedo hablar español”. Con estas palabras, ni una más, Smith encaró un bis repleto de éxitos como ‘Lullaby’, ‘Let’s Go To Bed’, ‘Friday I’m In Love’ y ‘Boys don’t Cry’, encargada de poner el broche a una actuación tan entretenida como majestuosa. Por cierto, en ese mismo escenario estuvieron tocando unas horas antes las irlandesas NewDad, alumnas aventajadas de Smith y compañía por su capacidad para crear canciones profundas con vocación atemporal. Tomen nota si no las conocen.

Skrillex: baile, humo y llamaradas

Mientras varios cientos de asistentes abandonaban lentamente la explanada de los escenarios gemelos Revolut y Estrella Damm, en la zona denominada antiguamente ‘Mordor’ por su ubicación, la mayoría se quedó por la zona con ganas de bailar al ritmo de Skrillex, otro de los grandes reclamos del viernes. Ganador de múltiples premios Grammy y fundador del sello OWSLA, Moore ha trabajado con artistas tan diversos como Justin Bieber, Beyoncé o Mariah Carey, convirtiéndose en uno de los productores más influyentes de su generación.

Este DJ y productor, nacido como Sonny Moore, puso el contrapunto perfecto a la noche con su mezcla explosiva de dubstep, hip hop, metal y cultura de club. Como curiosidad, las pantallas gigantes permanecieron apagadas durante la mayor parte de su actuación. La propuesta artística de Skrillex, que sí contaba con cañones de humo y llamaradas, convirtió ese extremo del Parc del Fòrum en una gigantesca pista de baile.

Slowdive: culto vigente

Antes, sobre las seis y media de la tarde, el ambiente era mucho más contemplativo con Slowdive. Pioneros del shoegaze y el dream pop, la banda liderada por Neil Halstead y Rachel Goswell atraviesa una segunda juventud desde su regreso en 2014, después de casi dos décadas de silencio. Lejos de vivir únicamente de la nostalgia, han conseguido ampliar su audiencia y consolidar una influencia que no ha dejado de crecer. Sonaron compactos y evocadores, con graves pesados, guitarras cristalinas, ‘loops’ hipnotizantes y voces celestiales.

Las canciones de ‘Souvlaki’, aquel clásico de 1993 enriquecido por la magia atmosférica de Brian Eno, convivieron con material más reciente. Temas como “Star Roving”, “Sugar for the Pill” o “Alison” fueron recibidos como auténticos himnos contemporáneos, mientras que las composiciones de ‘Everything Is Alive’, como ‘Shanty’ y ‘Kisses’, sirvieron para confirmar la vigencia de la banda.

Texas is the reason y Water From Your Eyes: legado y futuro

El bajista de Slowdive, por cierto, lucía una camiseta de Texas is the Reason, otra de las bandas imperdibles de la jornada del viernes. Y es que los neoyorquinos pasaron por Barcelona para celebrar el 30 aniversario de su primer y único largo, ‘Do You know Who You Are’. Porque su carrera musical apenas duró tres años, pero este trabajo lanzado en los noventa dejó una huella importante entre los seguidores del llamado emocore, la rama más emotiva e introspectiva del hardcore.

La leyenda cuenta que se separaron justo antes de firmar con una gran discográfica que llevaba tiempo cortejándolos para sacar una secuela. Sea como sea, Garrett Klahn, acompañado por Scott Winegard, Chris Daly y John Herguth —este último sustituyendo al cofundador Norman Brannon—, defendieron con una energía contagiosa un legado tan breve como influyente en una parte del recinto que ya había acogido a otros padrinos del emocore como Cap’n Jazz, American Football o Mineral en anteriores ediciones. Faltaban ellos.

No hubo demasiadas sorpresas en un repertorio inevitablemente limitado por su escasa discografía, reducida al citado álbum y un EP homónimo publicado un año antes. Interpretaron “Antique”, “Johnny on the Spot”, “The Magic Bullet Theory”, “A Jack with One Eye” y “Back and to the Left”, canciones que provocaron un gran pogo. Visiblemente emocionado y agradecido, Klahn preguntó al entregado público cuántos estaban “viéndoles en directo por primera vez” y la respuesta fue rotunda: la gran mayoría. Y es que, aunque resucitaron un par de veces, mucha gente llevaba muchos años esperando este reencuentro que dudo mucho, y ojalá me equivoque, tenga continuidad o se traduzca en un nuevo trabajo.

Con los últimos acordes de Texas is the Reason todavía resonando en el aire, salieron al escenario de enfrente otros vecinos de la Gran Manzana como Water From Your Eyes, un proyecto que desafía etiquetas, combina melodías pop, guitarras frenéticas y humor surrealista. Gran parte del repertorio de Water From Your Eyes giró alrededor de ‘It's a Beautiful Place’, su último trabajo para Matador, del que destacaron “Life Signs”, “Nights in Armor” y “Playing Classics”. La música del dúo formado por Nate Amos y Rachel Brown, que defendieron su directo con ayuda de otros dos músicos, remite tanto a Frank Zappa como a los Pixies más salvajes o a la hiperactividad cacharrera de 100 gecs. ¿Quién dijo que las guitarras habían pasado de moda?

El Primavera Sound afronta este sábado su última gran cita en el Parc del Fòrum con un póker de ases: My Bloody Valentine, The XX, Gorillaz y Kneecap.

Los docentes se han movilizado este viernes en Catalunya para pedir mayor ambición al acuerdo firmado por el Govern de Salvador Illa y los sindicatos mayoritarios. El contundente rechazo que expresaron este jueves a las mejoras laborales pactadas durante las últimas negociaciones se ha trasladado a las calles de Barcelona en la enésima huelga del sector este curso.

Los sindicatos han confirmado además que convocan una nueva huelga el 9 de junio, coincidiendo con la llegada del Papa León XIV a Barcelona pero también con el arranque de la Selectividad. Esto ha provocado que el algunas universidades hayan empezado a moverse para garantizar todos los docentes supervisores de los exámenes (muchos de ellos son profesores de Secundaria que estarán llamados al paro). 

En la manifestación en la capital catalana, un detalle evidenciaba el revés que se han llevado los sindicatos tras la consulta a la plantilla. Por primera vez, no eran ellos los que encabezaban la marcha, convocada en Arc de Triomf. La pancarta que se leía al frente de la multitud era Ha ganado la dignidad educativa.

A escasas dos semanas de que finalice el curso escolar más conflictivo en décadas, el profesorado calibraba este viernes si su capacidad de movilización es tan grande como el rechazo al preacuerdo del Departamento de Educación con USTEC, Professors de Secundària, CCOO y UGT. El seguimiento del paro, teniendo en cuenta que casi un tercio son servicios mínimos, ha sido del 27,93% (algo por debajo de las últimas huelgas). 

La manifestación también ha perdido fuelle este viernes respecto a la anterior que llegó con más docentes la zona de Arc de Triomf y el Parc de la Ciutadella. La Guardia Urbana de Barcelona ha cifrado los asistentes en 12.000 y los organizadores, en 90.000. 

La huelga de este viernes estaba convocada por el sindicato mayoritario de la pública USTEC, que defendió el preacuerdo y respalda el resultado de la consulta al profesorado, y CGT e Intersindical, que ya se desmarcaron en su día del pacto. Los tres sindicatos son los que han convocado la huelga del próximo día 9. 

“El colectivo ha dicho que el acuerdo no era suficiente y lo aceptamos”, ha declarado Iolanda Segura, del sindicato USTEC, el mayoritario en la pública. La dirigente sindical ha reconocido que ahora les toca “recoser confianzas” con la plantilla e ir “cento a centro” para conocer mejor las prioridades del profesorado. “La plantilla no puede sostener la situación en las aulas y el constante menosprecio”, ha resumido. 

El no de los docentes al preacuerdo ha escalado una vez más un conflicto que se remonta a inicios de 2026, y que ha contado ya con tres oleadas de huelgas y dos pactos sindicales tumbados en votaciones abiertas. El último, que pese a todo el Govern asegura que mantendrá y que no renegociará, garantiza un incremento salarial progresivo de hasta 600 euros al mes en 2029 y 6.400 nuevas dotaciones para la escuela inclusiva en ese período, además de otras medidas.

Cómo se canaliza ahora una hipotética negociación, y si se hace ahora o durante el mes de julio o en septiembre, son las grandes incóngnitas. USTEC ha advertido que ya no se sentará a la mesa sectorial, donde se trabajaron los últimos pactos, y que las conversaciones deberán ser en un comité de huelga (donde participa con los convocantes CGT e Intersindical). 

“No era por el salario”

La manifestación de este viernes evocó nuevamente la frustración acumulada del cuerpo docente. “Lo que se ha demostrado es que no nos importa tanto el sueldo como que necesitamos recursos humanos”, advertían Leo y Alba, maestras en la escuela L’Oreneta de Badia del Vallès (Barcelona). “Nos pasamos el día resolviendo conflictos y no tenemos tiempo de dar clase”, se lamentaban. 

Ambas señalaban, como tantos otros compañeros suyos, al modelo de inclusión escolar que ha sumado a las aulas ordinarias alumnos con discapacidades que requieren de un apoyo que no está garantizado. “He llegado a entrar en clases donde las tutoras estaban llorando porque no tienen la capacidad de atenderlos a todos”, lamentaba Leo, que ejerce como psicopedagoga en este centro público. 

“Independientemente de lo que saliera en la votación, había que seguir adelante porque faltan muchas cosas”, expresaba Oriol, profesor del instituto Rocagrossa de Lloret de Mar. Junto a sus compañeras Olga, Mariona y Rebeca, lamentaban que el acuerdo no incluya una rebaja destacable de las ratios (queda en 20 en Primaria, 25 en Secundaria y 30 en Bachillerato). Con 6.400 docentes para la escuela inclusiva en cuatro años, apuntaban, corresponde a 1,8 por centro, algo que ven “insuficiente”.

El conflicto educativo en Catalunya parecía encauzado el pasado viernes, cuando la mayoría sindical y el Govern llegaron a un acuerdo in extremis para poner fin a las huelgas. Pero la crisis está lejos de cerrarse y se ha agravado este jueves, con la contundente negativa de la plantilla a avalar el acuerdo y la voluntad de finalizar el curso con más paros. 

El resultado de la consulta, organizada por tres de los sindicatos que han convocado las últimas huelgas, deja por ahora más incógnitas que certezas. La conselleria que capitanea Esther Niubó ha querido dejar claro que mantendrá las mejoras laborales y de plantillas pactadas, pero nada hace prever que vaya a reabrir las negociaciones de nuevo, menos aún con unos sindicatos que salen de más divididos de este asalto. 

Tras el no de la plantilla, las huelgas se mantendrán y se alargarán la semana que viene –todo apunta a que coincidiendo con la visita del Papa–, pero a partir de ahí se abren los interrogantes. ¿Cuáles son las reivindicaciones docentes que desbordan el pacto? ¿Quién las canalizará ahora y dónde? ¿Habrá movilizaciones el curso que viene?

Y otra pregunta que precede a las demás y que las condiciona: ¿cómo es posible que el profesorado catalán, en concreto más de 32.000 docentes (el 65% de los votantes del censo), hayan rechazado un acuerdo que sellaron la gran mayoría de los sindicatos? USTEC, Professors de Secundària, CCOO y UGT suman en la mesa sectorial de Educación 13 de los 15 asientos, por solo dos de la CGT, que se desmarcó del pacto

Más allá de los salarios y el poder de las asambleas

Tras el acuerdo de marzo de CCOO y UGT con el Govern, los demás sindicatos mayoritarios recoblaron el pulso con más huelgas, conscientes de la creciente frustración del colectivo frente a aulas en las que cada vez es más complicado dar clase. Los sindicatos huelguistas, con USTEC a la cabeza, aseguraron siempre que no se trataba solo de mejorar los salarios, sino también de aliviar la carga docente, especialmente la que tiene que ver con el modelo de escuela inclusiva. 

Y esto es lo que los docentes echan en cara al acuerdo, que no va al fondo de las carencias del sistema. La mejora progresiva de la retribución de hasta 600 euros al mes en 2029, la contratación hasta entonces de 6.400 dotaciones para atender al alumnado con dificultades, el pago de los sexenios adeudados, o el compromiso de revisar los currículums no ha sido suficiente para unos claustros que esperaban más. 

Una de las claves del revés ha sido la organización en asamblea de numerosos claustros. Lo que ha servido de motor para unas movilizaciones históricas ha supuesto también un menor control de la protesta por parte de los representantes de los trabajadores, que además han acabado tomando la decisión en una semana en la que las temperaturas han superado los 35 ºC en algunas aulas. 

En debates y protestas los últimos días, los docentes coincidían en que el refuerzo de plantillas no servirá para apuntalar definitivamente la inclusión del alumnado con discapacidad, y alertaban que las ratios se mantienen (en 20 en Primaria, 25 en Secundaria y 30 en Bachillerato). Las expectativas, señalan algunos docentes, eran las de un salto de escala en cuanto a recursos para la tarea docente, algo ha chocado una y otra vez con la realidad de una negociación de carácter laboral y dentro del marco presupuestario de la Generalitat.

Dónde quedan los sindicatos y cómo acaba el curso

La lucha de los docentes este curso, con movilizaciones sin precedentes, se ha dejado también por el camino la unidad sindical con la que comenzó. En negociaciones con altibajos con el Govern desde hace meses, y con la perspectiva de unas eleccions sindicales en 2027, las distintas centrales de trabajadores han ido separando sus estrategias. 

Primero fueron CCOO y UGT, que sellaron en marzo un pacto que el Govern tuvo que reabrir ante la presión docente. Las últimas huelgas, nuevamente multitudinarias, tuvieron detrás a los dos mayoritarios, USTEC y Professors de Secundària, y también a CGT e Intersindical. Pero ahora este bloque se ha visto resquebrajado: Professors de Secundària ha optado por firmar el pacto tras verlo ratificado por sus afiliados. 

Los tres restantes han retomado las conversaciones para convocar las próximas movilizaciones. De cara a la semana que viene dan por sentado que habrá paros laborales más de una jornada. Todo apunta a que sería coincidiendo con la visita del Papa a Barcelona el 9 y el 10 de junio, aunque en realidad lo más decisivo de esas fechas es que se lleva a cabo la Selectividad (del 9 al 11). Una huelga alteraría el transcurso de las pruebas, señalan fuentes sindicales, puesto que el profesorado que las supervisa es de Secundaria. Esto también se está valorando. Lo que se descarta por ahora es un paro indefinido.

Pero más allá del corto plazo, el curso acaba el 19 de junio y los sindicatos dan por sentado que no podrán lograr nada hasta entonces. USTEC, el más señalado tras ver cómo la plantilla tumbaba el preacuerdo que ha liderado, ha reconocido que antes de retomar el pulso con la Administración necesita saber cuáles son las prioridades de los maestros, que están hoy menos claras que ayer. 

Un proceso consultivo y de participación de claustros parece incompatible con una apertura de conversaciones antes del verano. Pero este no es el único escollo. El otro es la voluntad de Educación. Conscientes de que los sindicatos mayoritarios no han logrado amarrar el sí de la plantilla, y con unas mejoras laborales pactadas que aseguran que van a mantener, no tienen intención de abrir por tercera vez un pacto. A no ser que el conflicto se desborde a la vuelta del verano y amargue el final de la legislatura al Govern de Illa.

El Grup La Pau, una cooperativa que ganó hace un año junto a otra empresa el mayor contrato público de ambulancias —valorado en 381 millones de euros— cuando ya tenía graves problemas de tesorería, ha entrado en concurso de acreedores. 

Según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es, la compañía solicitó el concurso el pasado 21 de mayo ante la incapacidad de hacer frente a sus deudas. El procedimiento concursal fue concedido el pasado lunes por un juzgado mercantil de Barcelona. 

El concurso, fase previa a la liquidación de la cooperativa, llega cuando solo falta un mes para que esta empresa iniciara su despliegue para prestar el servicio en la zona Barcelonès Nord tras ganar la mencionada licitación pública junto a otra compañía.

Será precisamente esta empresa con la que formó una Unión Temporal de Empresas (UTE) la que se encargará de prestar el servicio individualmente a partir del 24 de junio, cuando está previsto que empiecen gestionen las ambulancias en Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià del Besòs, tres ciudades de la provincia de Barcelona.

Desde el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) de la Generalitat explican a elDiario.es que, a pesar del concurso de acreedores, se garantizará “en todo momento” la “atención ciudadana” y la “continuidad asistencial”. Añaden que el SEM “monitoriza de manera permanente” la situación para que no haya problemas en el servicio.

Cuando la licitación estaba en marcha, esta redacción ya informó de los graves problemas de tesorería que tenía el grupo La Pau. La propia cooperativa había advertido en un documento interno, apenas seis meses antes de ganar el concurso en Catalunya, que estaba al borde de la “quiebra técnica” tras acumular más de nueve millones de pérdidas entre 2021 y 2024.

Buena parte de estas deudas provenían de una gestión errática durante los años en los que la cooperativa prestó el servicio de ambulancias en algunas provincias del País Vasco, en las que La Pau recibió durante esos años más de 55 actas de inspección laboral.

El Ejecutivo vasco acabó rescindiendo el contrato con la cooperativa por su “deficiente gestión” y embargó en noviembre de 2024 los 12 millones en avales que había depositado el grupo.

También la mesa de contratación de la Generalitat tuvo dudas sobre la solvencia de La Pau, hasta el punto de que todos los miembros solicitaron abundante documentación contable a la cooperativa y un plan de negocio para que acreditara que podría prestar debidamente el servicio. El SEM, sin embargo, concluyó que la cooperativa había acreditado su capacidad financiera y le otorgó la licitación.

“La adjudicación se hizo cumpliendo estrictamente la normativa de contratación pública”, insisten ahora desde el SEM. “La UTE acreditó la solvencia requerida y no existía ningún impedimento legal para no adjudicarle el contrato”.

Este periódico se ha puesto en contacto con la dirección del grupo La Pau, que no ha respondido a las diversas llamadas y mensajes para recabar su opinión. Desde el Comité de Empresa lamentan que la cooperativa no les trasladara que había solicitado el concurso de acreedores el pasado mayo.

Desde el pasado marzo, cuando la cooperativa entró en la fase de preconcurso de acreedores, los directivos del grupo La Pau han intentado sin éxito renegociar y reestructurar sus deudas para evitar el procedimiento concursal. 

Hace solo dos meses, el vicepresidente de la compañía aseguraba en conversación telefónica con este medio que la cooperativa tenía “viabilidad” y que “contemplaban” la “opción” de llegar a un acuerdo con sus acreedores que permitiera evitar el concurso público. 

La otra empresa de la UTE se ofrece a comprar los activos

Direxis, la empresa con la que se presentó al concurso para gestionar parte de las ambulancias de Catalunya, ha presentado una oferta formal para quedarse con los activos en poder del grupo La Pau y absorber los 484 empleados de la cooperativa necesarios para prestar el servicio. 

Según la oferta vinculante presentada ahora por Direxis, obtenida por esta redacción, la compañía le ha ofrecido apenas 140.000 euros a La Pau. A cambio, pretende quedarse todos sus activos intangibles —bases de datos, software, derechos de propiedad industrial e intelectual…— así como todos los bienes muebles: mobiliario, instalaciones, equipos sanitarios e informáticos, maquinaria…

Con esta oferta, el grupo Direxis también se ofrece a asumir los más de 5,5 millones de euros que el grupo La Pau le debe a la matriz de esta compañía así como el coste de la subrogación de los contratos laborales de los empleados de La Pau, valorados por Direxis en unos 9,6 millones de euros debido a la asunción de la antigüedad de los trabajadores.

La empresa considera que, sumando la deuda, los gastos de la subrogación del personal y la cantidad de dinero ofrecida, la oferta tiene un valor de 15,4 millones de euros. El grupo La Pau tiene hasta el 22 de junio para decidir si acepta las condiciones del trato.

La lluvia y el viento obligaron a suspender las actuaciones de algunos de los principales reclamos de la primera jornada del Primavera Sound Barcelona 2026. Los primeros en caer “por razones meteorológicas”, según rezaba el mensaje que la organización del festival proyectó en las pantallas de sus escenarios sobre las 20:45 horas, fueron Alex G y Mac Demarco.

El mal tiempo persistió y Massive Attack, uno de los platos fuertes de la noche, tampoco subieron al escenario a las 22:00 horas, como estaba previsto. A partir de ese momento, aglomeraciones —sobre todo en la zona de restauración, en el llamado ‘bosque de columnas’— y desconcierto entre el público ante la falta de información.

Alrededor de las 23:00, con el recinto ya desalojado por razones de seguridad, la organización comunicó que la formación de Bristol actuaría pasada la medianoche. Una parte importante del público volvió a entrar y llenó la explanada frente al escenario Estrella Damm, donde debían actuar los autores de ‘Mezzanine’, mientras una veintena de operarios se esforzaban para ponerlo todo a punto. Sin embargo, a la 1:00 de la madrugada, casi dos horas después, la organización anunció en redes sociales la cancelación del concierto de Massive Attack y también las actuaciones de Doja Cat y Bad Gyal.

Decenas de asistentes se presentaron en las casetas de información y pidieron las hojas de reclamación. “Evidentemente, la lluvia no es culpa del festival, pero nos han tenido varias horas sin saber nada de nada. El mensaje en la pantalla no dice nada de Massive Attack”, explicaba a elDiario.es una de las personas que ha rellenado el formulario para hacer constar su malestar con la gestión de esta crisis. “Hemos estado esperando en la puerta, bajo la lluvia y sin información”, añaden tres amigos de Madrid con el abono del festival.

El festival, en un comunicado emitido este viernes por la mañana, detalla que “la lluvia y fuertes racha de viento que llegaron hasta los ochenta kilómetros por hora” obligaron a detener algunas actuaciones, principalmente las previstas en los escenarios Revolut y Estrella Damm, “los más expuestos a la lluvia y al viento por su ubicación y su tamaño”. Los escenarios CUPRA, Schwarzkopf y Port, puntualiza la organización, siguieron con su programación prevista.

“Entendemos y compartimos la frustración y la tristeza del público ante esta situación, que no es la que deseábamos para la primera jornada del Primavera Sound Barcelona 2026. La organización del festival siguió en todo momento los protocolos de seguridad establecidos y priorizó ante todo la seguridad de público, artistas y trabajadores”, continúa el comunicado compartido en redes sociales por los organizadores, que ya avanzan que el lunes se detallará la operativa de devolución de entradas de día del jueves, cuyo importe se devolverá.

Geese y su rock líquido

La lluvia irrumpió tímidamente sobre las ocho y media de la tarde, durante el concierto de los neoyorquinos Geese, que salieron al escenario con ganas de dejar huella en la historia del rock. “Qué bonita lluvia, qué bonita”, dijo en un más que correcto castellano el líder de la banda, Cameron Winter, en un momento de su actuación. Poco podía imaginar que aquella lluvia acabaría provocando la suspensión de buena parte de los conciertos más esperados de la jornada. Sea como sea, la banda desplegó por segunda vez en nuestro país —la primera fue el miércoles, en la sala Paral·lel 62— su curiosa propuesta, algo así como una conversación entre Radiohead, Tom Waits, The Strokes y Arcade Fire, por extraño que parezca. Lo suyo es un art rock imprevisible, líquido y al mismo tiempo musculoso, a ratos elegante y aparentemente caótico.

Convertidos en uno de los fenómenos más comentados y analizados del último año por ‘Getting Killed’, de 2025, Geese demostraron sobre las tablas que todo el ‘hype’ que les rodea desde la publicación de su cuarto largo está justificado. Y es que Winter derrochó magnetismo y el resto de la banda estuvo a la altura en todo momento. Sacaron la artillería pesada de primeras, con ‘Husbands’ y ‘Getting Killed’, y no faltaron canciones tan celebradas como ‘Crusades’ y ‘I See Myself’.

Otra banda con espíritu aventurero y, en cierto modo, transgresora es Agriculture. Unas doscientas personas se plantaron en el escenario Port, situado junto a la placa fotovoltaica, para verles a pesar de las inclemencias del tiempo. Este curioso y comprometido cuarteto de Los Ángeles salió al escenario Port con una bandera palestina y otra del orgullo trans colgando de sus amplificadores con la intención de desmontarlo a guitarrazo limpio, pero se quedaron a medias. El sonido se fue cuando apenas llevaban veinte minutos tocando. En ese momento ya se había cancelado el concierto de Alex G y empezaba a correr el runrún de que el concierto de Massive Attack corría peligro.

Aiko el Grupo y Mourn: dos joyas estatales

A primera hora de la tarde, cuando nada hacía presagiar tantas cancelaciones, el público mayoritariamente extranjero del Primavera Sound pudo descubrir bandas estatales tan interesantes como Aiko el Grupo y Mourn. “Esperábamos 10 personitas, muchas gracias”, dijeron agradecidas las primeras ante un nutrido grupo de personas moviéndose al ritmo de su punk pop frenético y ultramelódico con títulos como ‘A la mierda’, ‘Soy una fracasada estúpida’, ‘Es la forma que tienes de ocultar algo que hay en tu mente’ y la más reciente ‘Modo Sigilo’.

Las catalanas Mourn volvían al Primavera Sound unos 10 años después de su primera vez en el festival, esta vez con su primer largo cantado en castellano, ‘Letra Ligada’, de 2025. Solo un centenar de personas pudo acceder al espacio en el que tocaban las de Cabrils, y unas cuantas decenas tuvieron que conformarse con escucharlas de lejos. “A los de la cola, ¡os queremos igual!”, les dijo con cariño la guitarrista, Carla Perez Vas. Sin duda, una banda con canciones como ‘Alegre y Jovial’, ’Burriac’ y ‘Barcelona City Tour’ merece un escenario mucho más grande.

Tanto los canadienses Men I Trust, con su suave indie pop, como el estadounidense Father John Misty consiguieron congregar a una numerosa audiencia alrededor del icónico escenario con forma de anfiteatro, un espacio con más de 12.000 metros cuadrados. Aunque ninguno partía con la condición de gran reclamo de la jornada, sus actuaciones fueron de las más celebradas de la noche y dejaron un buen sabor de boca entre los asistentes. En una edición castigada por la lluvia, los dos (y Geese, no olvidemos a Geese) demostraron que un festival es mucho más que los cabezas de cartel.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado el fin de las bicicletas compartidas en la ciudad. El llamado bicisharing, ha señalado, acumula demasiadas quejas y sanciones por parte del Ayuntamiento, y además lo utilizan mayoritariamente solo los turistas. Por estas razones, ha alegado, no se renovarán las licencias cuando termine su vigencia a finales de 2026. 

Collboni lo ha anunciado en una entrevista en Catalunya Ràdio. “Debemos proteger el espacio público y sobre todo la movilidad sostenible en bicicleta debe priorizar el residente”, ha expresado, y ha adelantado también que preparan para ello una ampliación del servicio municipal de Bicing. 

El bicisharing, las bicicletas que se cogen en la calle a través de apps de empresas privadas y se aparcan al final del trayecto, cuenta a día de hoy en Barcelona con 3.478 licencias que se reparten hasta siete empresas. El último concurso fue en 2024. Lo que no se eliminará sin embargo será el negocio de alquiler de bicicletas en establecimientos fijos.

Collboni ha señalado el uso turístico y las multas por mal uso como los dos principales motivos para retirarlas de la vía pública. Sobre esto último, ha advertido que desde enero de 2025 acumulan 5.400 sanciones, y la grúa municipal ha retirado 2.099 que estaban mal aparcadas, habitualmente sobre la acera.

“Las compañías han intentado poner orden, pero los resultados no han sido así. Ha habido un gran desbarajuste, y un mal uso”, ha insistido el alcalde.

Tras su caótica irrupción en Barcelona, como en tantas otras ciudades, cuando empezaron a proliferar estas bicis sin licencia alguna, el Ayuntamiento hizo un primer intento de regulación en 2020. De la mano de una concejal socialista, Rosa Alarcón, se dieron 3.000 licencias a diez empresas. 

El modelo se actualizó en 2024, pero ahora el consistorio constata su fracaso en cuanto a su contribución a la movilidad sostenible local. Collboni ha recordado igualmente que ya se impidió en su día la entrada de los patinetes de sharing en Barcelona. Por contra, el sector que sí se mantendrá es el de las motos de alquiler.

Ha sido tema de conversación de media España las últimas semanas. ¿Jonathan Andic es inocente o culpable de la muerte de su padre? Es posible que nueve de los ciudadanos de la provincia de Barcelona que hayan respondido a esta pregunta en una sobremesa tengan que hacerlo de nuevo en unos meses, pero esta vez como integrantes del jurado popular que (salvo que la defensa logre antes el archivo) resolverá el futuro del hijo del fundador de Mango.

El caso Andic es un ejemplo de manual de juicio paralelo. Este fenómeno se produce en muchas causas mediáticas y no se refiere a la información de tribunales en sí, sino a la pretensión y la carga valorativa (a favor o en contra del investigado) que se proyecta tras una fotografía, un vídeo o un titular. En suma, enfocar hacia un veredicto mucho antes de que se celebre el juicio. Así lo han hecho ya tanto los Mossos d'Esquadra como la defensa de Jonathan Andic.

“Es más fácil contaminar a un jurado que a un juez profesional”, valora la magistrada jubilada Montserrat Comas d'Argemir. “Los juristas estamos en contra de los juicios paralelos porque son muy delicados, el derecho a un tribunal imparcial y el derecho a un juicio con todas las garantías son fundamentales”, remarca.

Para el director de la cátedra de Cultura Jurídica de la Universitat de Girona (UdG), Jordi Ferrer Beltrán, en casos mediáticos como el de Andic el juicio paralelo es “casi inevitable”, lo que no quita la responsabilidad a jueces, policías y medios de comunicación. “Andic es el presunto inocente, no el presunto culpable. Cómo usamos las palabras importa”, advierte.

“Un juicio paralelo se impulsa cuando, en una resolución en un estado todavía inicial de la investigación, la jueza señala prácticamente la autoría del investigado o cuando la policía hace inferencias que van mucho más allá de las pruebas realmente existentes”, asevera Ferrer Beltrán.

El jurista remarca que ante un auto tan contundente, si el acusado no tuviera los medios económicos para defenderse de los que dispone Andic, en otra causa que no fuera mediática su abogado de oficio le recomendaría admitir los hechos y pactar una condena rebajada más que defender su inocencia en un juicio.

La fotografía esposado

Cuando el caso todavía estaba bajo secreto de sumario (lo que, en teoría, sirve para blindar una investigación de las filtraciones), la policía catalana empezó a tirar migas de pan. Las supuestas “contradicciones” que los Mossos atribuían a Jonathan Andic en las dos declaraciones que prestó como testigo se divulgaron en la prensa ya en 2025 y han terminado en el auto judicial con el resto de indicios en su contra del pasado mayo.

Pero si algo ha alarmado a muchos juristas es la fotografía de cinco agentes de los Mossos d'Esquadra escoltando a un Jonathan Andic esposado a su entrada en el juzgado. Para empezar, porque contraviene la directiva europea sobre presunción de inocencia, que obliga a las autoridades a “abstenerse de presentar a los sospechosos o acusados como culpables, ante los órganos jurisdiccionales o el público, mediante el uso de medios de coerción física como esposas”.

“La fotografía es una irregularidad por parte de los Mossos”, advierte Comas d'Argemir, que recuerda que la policía catalana dispone de una instrucción “muy acertada” para evitar este tipo de situaciones. “Hay mucha jurisprudencia que recuerda que hay que evitar una fotografía así, porque viola la presunción de inocencia no solo para un futuro juicio y su influencia en el jurado, sino también por el mal que provoca en la honorabilidad de la persona”, agrega Ferrer Beltrán.

Con años de experiencia presidiendo juicios (también con jurado), Comas d'Argemir recuerda que la norma general es que un acusado no debe entrar esposado en el juicio, aunque sea un preso preventivo. Solo en casos excepcionales, donde se constata un peligro (por ejemplo, con bandas violentas), se permite.

Comas d'Argemir incide en que en todos los juicios por jurado, el magistrado o magistrada que lo preside recuerda a los integrantes del tribunal que “lo importante es que partan de cero y se abstraigan de todo lo que saben del caso a través de los medios”. Hay mecanismos, explica, para que luego el juez profesional valide si la motivación del jurado “se ve que no está referida a lo que ha dicho un testigo o un perito en el juicio, sino a lo que recuerda haber visto en la televisión”.

La respuesta de la defensa

Una vez el caso ya no está bajo secreto, la defensa de Jonathan Andic ha empezado a replicar, no solo en el juzgado, el relato incriminatorio. Lo ha hecho a través de un vídeo de una caída del fundador de Mango en un entorno (la entrada de un edificio) y momento (10 meses antes de su muerte) que poco se parecen con el sendero de Montserrat donde sucedieron los hechos.

Con la potencia de las imágenes, la defensa intenta instalar, una vez la investigación se ha encaminado hacia el homicidio, la tesis de que Andic pudo caer de forma “fortuita”, con un tropiezo inicial y un resbalón en “tobogán” al vacío.

Así lo sostiene la prueba pericial de la defensa realizada por el detective Francisco Marco, que dirigió la polémica agencia Método 3; un doctor en Medicina Legal y una especialista en Medicina tras reconstruir en 3D y con maniquíes el “patrón” de la caída que sufrió Andic meses antes, al fallarle las rodillas por una artrosis.

El detective es colaborador de algunos grandes despachos. Pese a que al mismo tiempo firma uno de los informes clave del caso, Marco también ha entrado de lleno en la batalla mediática para defender a su cliente.

Marco ha asistido ya a dos programas líderes en su franja, El Món a RAC-1 y Col·lapse de TV3, en los que cargó sin contemplaciones contra el sargento de la investigación, al que acusó de “inventarse pruebas”. También menospreció a la jueza al mantener que tiene “poca experiencia” y que es sustituta (como se cubren varias plazas judiciales en Catalunya), pese a que la togada, jurista de dilatada experiencia, ha ocupado distintos juzgados en los últimos años.

Ferrer Beltrán enmarca las apariciones mediáticas “inhabituales” del perito de la defensa en “la perversión del sistema” que supone el juicio paralelo. “La defensa ahora también juega mediáticamente contra lo que antes el juzgado y los medios tendrían que haber evitado”, diagnostica.

Igual que Ferrer Beltrán, Comas d'Argemir no olvida que los medios juegan un papel: “Hay que exigir responsabilidad a los medios, como a todas las partes. De los casos judiciales se puede y debe informar, faltaría más, pero es muy perjudicial que las personas que tienen que testificar en una causa vayan desfilando antes por los platós, y los medios tendrían que pensárselo”. 

Mientras Marco se despachaba en televisión, de fondo se alternaban las imágenes de la otra caída de Isak Andic y de su hijo esposado. Dos imágenes que ilustran dos estrategias. Quedan meses —tal vez años— para que la Justicia determine si Andic fue culpable, pero el juicio paralelo está en plena ebullición.

Solo en abril de 2020, con once días de diferencia y en pleno confinamiento por el covid, tres personas fueron asesinadas en el Eixample de Barcelona. Tenían dos cosas en común: el hombre que los mató, Thiago Fernandes, y que dormían en la calle. La aporofobia –el rechazo hacia los más desfavorecidos, especialmente a los sintecho–, está en el origen de numerosos crímenes en la historia de España, también de la más reciente. 

Esta es una de las conclusiones que refleja el trabajo que realizan desde 2015 los periodistas Miquel Ramos y David Bou para documentar los crímenes de odio. Su investigación, plasmada en un mapa, ha identificado al menos 91 víctimas mortales desde 1990 en episodios marcados por el racismo, la homofobia, la transfobia, la aporofobia y otras formas de discriminación. 

Ambos reporteros han publicado este miércoles la última actualización del mapa, que incluye el período de 2020 a 2025. En este tiempo han registrado siete crímenes mortales más con signos de odio. Tres de ellos son los asesinatos aporofóbicos en serie de la capital catalana, que tuvieron como víctimas a Imad Allous, Juan Ramón Barberán Giner y Jean Pierre Herbillon. Su autor fue condenado recientemente a 63 años de cárcel. 

Pero sin duda el asesinato que más indignación ha suscitado recientemente ha sido el de Samuel Luiz. La paliza mortal que recibió este joven de 24 años en A Coruña en 2021, mientras recibía insultos de “maricón”, desató protestas sociales y el rechazo de dirigentes políticos e instituciones. La sentencia del Tribunal Supremo que confirmó las penas de cárcel ratificó en este caso también el agravante de discriminación por orientación sexual. 

“Hay una serie de casos que han tenido una repercusión social singular, casos muy reconocidos y que han causado conmoción, pero nuestro trabajo consiste sobre todo en poner sobre la mesa muchos otros desconocidos que evidencian que hay más asesinatos racistas y neonazis de los que conocemos”, señala el periodista Miquel Ramos. 

Además de Guillem Agulló, símbolo de la violencia neonazi en los 90 en la Comunitat Valenciana; o de Lucrecia Pérez, el primer asesinato racista de España, existe una larga lista de víctimas que no trascendieron en su día. O que si lo hicieron, pero fueron desvinculadas de motivos de odio que hoy se han podido acreditar.

Este fue, de hecho, el origen del proyecto de Ramos y Bou. “Vimos que había una serie de crímenes que no estaban reconocidos por su especificidad propia, que es la animadversión hacia determinados rasgos de la víctima”, afirma Ramos. 

El criterio de los autores del informe para incluir a las víctimas en su mapa no tiene solo en cuenta si la Justicia constató la agravante de discriminación. El motivo, explican, es que aunque aparezca en el Código Penal desde 1995, la práctica judicial ha tardado más años en reconocerlo. Ramos y Bou tienen también en cuenta los detalles publicados en prensa, los testimonios recabados por su cuenta, o la valoración de los colectivos afectados. 

Esto les ha llevado también a revisar casos de años anteriores. Por un lado, han eliminado del mapa 19 que procedían de un informe del Movimiento contra la Intolerancia que no estaban suficientemente documentados (de ahí que el recuento de 2020 fuera más abultado). Del otro, han añadido dos asesinatos de la década de los 90 que antes desconocían. 

Estos últimos son los de Silveiro Aragonés y Mariano Gómez Higuera. El primero era un sintecho de Madrid que fue pateado hasta la muerte por cuatro jóvenes en 1991. El segundo, de 30 años, fue apuñalado once veces por la espalda en 1993, en la Casa de Campo, a manos de dos menores de edad que iban a la caza de homosexuales. 

De los 91 casos acreditados en el proyecto Crímenes de Odio, la mitad, 46, sucedieron en la Comunidad de Madrid y Catalunya. Las motivaciones más habituales son el racismo, la xenofobia y la aporofobia, que afloran en el 42% de los asesinatos. Ambos están también entre los últimos ejemplos recogidos en la investigación: Younes Bilal, marroquí de 39 años que fue asesinado en Mazarrón en 2021 entre improperios contra los “moros”, y Miguel Ángel Calvo, de 51 años, que recibió una paliza mortal en 2023 simplemente porque dormía en la calle. 

A pesar de que en los últimos años parecen haberse reducido estos crímenes, Ramos advierte que los discursos de odio han irrumpido en la esfera pública como no lo habían hecho antes. “Detrás de los crímenes vemos siempre prejuicios, a veces campañas racistas muy evidentes y, ahora que estos discursos de odio se están normalizando, tenemos que alertar de cuáles pueden ser sus consecuencias”, advierte el periodista y autor del estudio. 

“Hay menos víctimas mortales ahora, pero el odio está ahí”, insiste Ramos. Por ello, añade, además del mapa han puesto en marcha otras iniciativas para divulgar la existencia de los crímenes. Por ejemplo, el documental La xarxa ultra, de Bou, o el podcast Crímenes de Odio, de Ramos en la Cadena SER. 

La última novedad de su investigación ha sido añadir un informe sobre los crímenes con discriminación en el Sur Global, a cargo de Nora Rodríguez. Financiado por el Instituto de las Desigualdades y la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, analiza la legislación y el trabajo de los colectivos locales para documentar homicidios y asesinatos racistas o LGTBIfóbicos en países como Colombia, Senegal, Brasil, Argentina, Marruecos o Ecuador. 

Al margen de la falta de información en algunos casos, recogen cifras alarmantes como las cerca de 300 muertes violentas de personas del colectivo LGTBI (más de la mitad, travestis). En Marruecos, las entidades sociales han recopilado 600 muertes por el mismo motivo desde 1993. 

El judo es conocido por ser un arte marcial en el que la técnica vale más que la fuerza. Sus llaves se basan en aprovechar la energía del rival para derribarlo: cuanto más ímpetu pone el adversario, más fácil resulta desequilibrarlo o bloquearlo. Y alguien en Junts parece haberse puesto el cinturón negro, porque la respuesta de Jordi Turull al apoyo a una moción de censura que les reclama Alberto Núñez Feijóo utiliza toda la contundencia de la propuesta del PP para dejarla en KO técnico.

En el escenario actual, todos los partidos intentan sobrellevar la presión como pueden. Para Junts, el equilibrio no es sencillo: dar por liquidado el Gobierno sin echarlo. La respuesta a Feijóo fue la acordada entre Carles Puigdemont, Jordi Turull y Míriam Nogueras. El lunes a última hora se celebró una ejecutiva en la que se informó a la dirección que la estrategia sería la que el martes verbalizó el secretario general en una entrevista en Catalunya Ràdio (el mismo día en que el líder popular visitaba Barcelona, una coincidencia más casual que causal). A modo de resumen, si el PP tiene algo que proponerles, que vaya a Waterloo y se lo pida a Puigdemont.

Es una salida hábil porque de esta manera, los independentistas tranquilizan a quienes creen que deberían forzar ya la caída de Sánchez y, al mismo tiempo, pueden sostener que no lo hacen por culpa del PP y su negativa a asumir determinadas condiciones.

En Junts insisten en que no tienen “ninguna urgencia electoral”. Su lectura es que los votantes no les respaldan para decidir quién ocupa la Moncloa, sino para defender los intereses de Catalunya. Tampoco consideran, a diferencia de ERC, que deban contribuir a consolidar un bloque de izquierdas en el Congreso. “Ante el dilema de susto o muerte, nosotros defenderemos siempre lo que sea bueno para Catalunya”, resumió Turull.

Pero una cosa es no querer estar atados a los socialistas y otra muy distinta participar en una operación que incluya a la extrema derecha de Santiago Abascal. “No abriremos la puerta a un Gobierno de PP y Vox”, resumen fuentes de la formación.

Los independentistas recuerdan que, tras las últimas elecciones generales, algunos dirigentes populares intentaron aproximarse de manera informal. “Bien que nos buscaba González Pons por los pasillos”, ironizan en Junts. Añaden que quien comprendió que cualquier negociación pasaba por sentarse con Puigdemont fue el PSOE, que sí se atrevió a enviar al ahora innombrable Santos Cerdán a Waterloo.

Junts, como el resto de partidos y evidentemente el PSOE, está también pendiente de ver cómo va la declaración judicial del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero -otro de sus interlocutores caído en desgracia- y las posibles novedades del sumario del caso Leire. Consideran que, por el momento, no se ha acreditado la existencia de financiación ilegal en el PSOE y que eso les facilita la posición que han adoptado frente a la propuesta del PP.

Tras normalizar sus relaciones con el PNV, ambas formaciones mantienen una cierta coordinación, aunque lejos de la sintonía que exhibieron en la moción de censura que desalojó al Gobierno de Mariano Rajoy. En Junts son conscientes de que los nacionalistas vascos actúan guiados, como siempre y ante todo, por sus propios intereses. Y que el calendario electoral que más les convenga a ellos no tiene por qué coincidir con el de los independentistas catalanes. 

El tono de Feijóo

La reacción de Feijóo al desafío planteado por Turull no sorprendió a nadie. Sí llamó más la atención el tono empleado, especialmente ese “vamos a hablar de cosas serias” que lanzó a los periodistas en los pasillos del Palau de Congressos, donde se celebran las jornadas del Cercle d’Economia. El líder popular, a diferencia de las quince ocasiones anteriores en las que había acudido a este foro, no viajó a Barcelona en busca del aplauso del empresariado catalán. Más allá de prometer, como acostumbra, menos impuestos, otra política de vivienda, y ahora una política migratoria más restrictiva, no ofreció mucho más.

La presidenta del Cercle, Teresa Garcia-Milà, insistió en que los dos grandes partidos deberían ser capaces de alcanzar acuerdos en cuestiones estratégicas, especialmente en el actual contexto internacional que, en sus palabras, exige visión a largo plazo y grandes consensos. “No se puede construir desde la confrontación permanente”, afirmó ante un Feijóo que, imperturbable, dejó claro que no piensa sentarse a negociar nada con el PSOE.

Garcia-Milà volvió además a plantear una reivindicación clásica en estas jornadas: la reforma del modelo de financiación. La pregunta era previsible y Feijóo, que sabía que esta siempre toca, no improvisó aunque sorprendió porque su mensaje no pudo ser más frío: defendió que lo que tiene que hacer la Generalitat es gastar menos y advirtió de que, si llega a la Moncloa, Catalunya tendrá que situarse en la misma fila que el resto de comunidades autónomas en el reparto de los recursos.

Los aplausos fueron los justos, los de cortesía. Y, después de su intervención, es de suponer que tampoco esperaba muchos más.

Por muy mal que le vayan las cosas en Madrid, Pedro Sánchez siempre encuentra en el Cercle d'Economia su particular refugio. El principal foro empresarial catalán fue clave para lubricar el primer Gobierno de coalición y fue el gran valedor de los indultos y la amnistía. Este miércoles, con el jefe del Ejecutivo asediado por las causas judiciales contra su partido y su entorno personal, y cuando la oposición ha subido el tono hasta calificar al Gobierno de “organización criminal”, el Cercle salió a echar un capote a Sánchez. El presidente, a diferencia de Alberto Núñez Feijóo, buscó su complicidad y la logró.

“Te agradecemos muchísimo el contenido de tu discurso y tu proximidad”, cerró las jornadas la presidenta del Cercle, Teresa Garcia-Milà, en un tono muy diferente a la frialdad con la que el auditorio había despedido al líder del PP. El socialista se había metido a buena parte de la audiencia en el bolsillo con un discurso optimista en lo económico, marcadamente europeísta y que remarcaba el papel del Gobierno a la hora de crear un “marco de estabilidad” para las empresas, lo que en Catalunya rápidamente se identifica con el fin del procés.

En compensación por lo bien que le tratan siempre en las jornadas empresariales que antes se celebraban en Sitges y ahora se han mudado a Barcelona, Sánchez suele reservar al Cercle un titular. El año pasado fue la consulta pública sobre la opa del BBVA al Sabadell. Este año ha anunciado que pondrá en marcha la próxima semana la tramitación de los Presupuestos de 2027. Una forma de subrayar que se ve con fuerza no solo para agotar la legislatura, que acaba en agosto de 2027, sino para hacerlo con nuevas cuentas.

¿Cómo conseguirá Sánchez los apoyos que hasta ahora le han faltado? Cumpliendo con los socios de la investidura. Según ha dicho, sigue tan comprometido como el primer día a cumplir la batería de pactos con ERC y, para sorpresa del auditorio, también los compromisos contenidos en el acuerdo que cerró con Junts, cosa que ya no espera ni el propio partido independentista.

Sánchez ha confiado además que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avalará la amnistía, por lo que en su opinión esta se “culminará”, con lo que ha sugerido el olvido penal de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

“Sánchez ha demostrado que tiene una hoja de ruta, un proyecto, mientras que Feijóo solo está pensando en que caiga el Gobierno para llegar él, sin nada más que proponer”, reflexionaba un ejecutivo retirado presente en las jornadas.

Uno de los efectos mágicos que han tenido estas jornadas económicas es que han disuelto la moción de censura que Feijóo blandió sobre Sánchez al inicio de la semana. El martes, para cuando el jefe de la oposición llegó a Barcelona, Junts ya había aplicado su llave judoka contra la idea y el PNV se había desmarcado, por lo que al líder popular no le quedó otro remedio que decir, como la zorra de la fábula, que las uvas estaban demasiado verdes.

Pero este miércoles Sánchez aún tuvo tiempo de rematarlo cuando aseguró que, de hecho, el debate sobre la moción de censura abierto por Feijóo daba la razón al Gobierno en la política seguida en Catalunya, en tanto que la normalización permite que las derechas española y catalana se lleguen a entender, ahora o en el futuro. “Eso es una cosa seria”, ironizó Sánchez remitiéndose a la respuesta que había dado Feijóo un día antes, lo que levantó risas cómplices del público, “porque supone un cambio y yo diría que para bien”.

El Cercle ha sido históricamente considerado como uno de los foros empresariales menos conservadores, lo cual no significa que coincida completamente con las posiciones del PSOE. Garcia-Milà se mostró crítica en asuntos como la inmigración, al considerar que la regularización especial es necesaria pero no puede ser considerada una solución definitiva, que a su juicio pasa por una política migratoria más alineada con las necesidades empresariales; o la vivienda, donde reclamó a Sánchez que escuche al sector privado y se olvide de la regulación de precios. También recordó que el modelo de financiación autonómica presentado por el Gobierno no es exactamente el que propone el Cercle, pese a lo que lo calificó de un “importante paso adelante”.

Reconstruir la historia de Interviú sin quedarse solo con lo bueno (que lo hubo) o limitarse a subrayar su machismo o su falta de ética en algunas investigaciones no era un ejercicio sencillo. El periodista Jerónimo Andreu lo ha conseguido en 'Los desnudos y los muertos' (Península).

Interviú no se explica sin la figura de su editor, Antonio Asensio, y una redacción que pasó de fiscalizar a la policía a ser la revista preferida en las comisarías. De haber sobrevivido al cierre, en 2018, ahora cumpliría 50 años.

¿Cómo explicaría qué era Interviú a alguien que se informa a base de tiktoks?

Fue un proyecto muy comercial, porque esto lo montaron con la intención de ganar dinero, un poco aprovechando las grandes vetas que se podían explotar dentro de la prensa, que eran el sexo, los escándalos, los sucesos, la sangre... No era una revista de ideas ni con una vocación ideológica.

Antonio Asensio, José Ilario y Jerónimo Terrés identificaron muy bien qué interesaba al lector español y construyeron un producto perfectamente adaptado a eso. Fueron muy inteligentes leyendo el momento social.

Además, durante unos años hizo aportaciones periodísticas importantes: denuncias sobre la extrema derecha, la guerra sucia, el búnker franquista o la memoria histórica. Tuvo una utilidad social real. El problema llegó cuando España cambió y la revista no supo adaptarse. Su propuesta quedó anticuada estética, ética y periodísticamente. Interviú tuvo un auge muy fuerte y después una decadencia larguísima.

¿Quién fue Antonio Asensio? ¿Era el retrato del lector medio de aquella España?

Completamente. El secreto del éxito de Interviú fue la armonía perfecta entre su editor y el producto que estaban haciendo.

Cuando empezó a implicarse directamente en la revista, el proyecto creció muchísimo porque tenía un gran instinto. Construía una revista basada en sus propios intereses y gustos. Incluso su familia participaba indirectamente: opinaban sobre portadas, fotografías o colaboradores. La gente también te cuenta cómo su mujer, Chantal, decía si una portada funcionaría o si no le gustaba. Era un producto muy conectado con una determinada clase social emergente de la época.

¿Qué queda de aquel periodismo de batalla, además del archivo?

Bueno, ese archivo es un misterio. 

¿Un misterio?

El archivo se lo quedó Prensa Ibérica, está guardado y no se puede acceder a él. Debe ser uno de los archivos más importantes de la prensa española porque tiene un valor histórico tremendo, pero no se puede consultar porque no está dentro de la línea de negocio... 

¿Ha intentado consultarlo para el libro y no ha podido? 

No, porque está en cajas.

Más allá de la hemeroteca, ¿queda algo de aquel tipo de periodismo? 

Todavía quedan algunos rescoldos. Muchos veteranos de Interviú dicen que hoy disfrutarían investigando casos actuales como el de Ábalos con la misma agresividad de entonces.

La diferencia es que ahora el periodismo vive debates éticos mucho más presentes. En Interviú había pocos frenos. Algunos reporteros consiguieron grandes exclusivas, pero también existían prácticas muy cuestionables para obtener información o tratar a las fuentes.

Hay que entender que España estaba construyendo entonces los límites de la política, el discurso público y el periodismo. Muchos periodistas venían del exilio o de ambientes militantes y entendían el periodismo como una herramienta política. Igual que te digo que para Asensio eso no era un proyecto ideológico, para ellos sí, ellos querían cambiar el país.

¿La ética periodística era secundaria?

En muchos casos sí. El objetivo principal era publicar información que tuviera impacto político y ampliara los márgenes de libertad.

Eso provocó errores graves. Uno de los ejemplos más conocidos fue el caso de Xavier Vinader, cuando publicó una acusación muy seria sobre grupos de extrema derecha, solo a partir de la información de un policía infiltrado, sin contrastarla suficientemente. Uno de los señalados mandó una carta negándolo y asegurando que la revista le ponía en peligro. Interviú no rectificó ni la publicó. ETA le mató a él y a otro de los mencionados.

En 'Interviú' había pocos frenos. Algunos reporteros consiguieron grandes exclusivas, pero también existían prácticas muy cuestionables para obtener información o tratar a las fuentes.

La redacción que describe parece bastante caótica.

Lo era. Existe mucha mitificación sobre las redacciones antiguas: alcohol, humo, noches eternas… Tiene cierta épica, pero probablemente poca gente querría trabajar hoy en un ambiente así.

Había muchísimo exceso, también mucho ego y competitividad. Se mitifican las redacciones antiguas porque hay mucha poesía, la gente bebiendo y todo eso. Pero luego te preguntas si a ti te gustaría trabajar en ese ambiente.

Aun así, de ese caos salieron investigaciones muy importantes.

¿Cuáles fueron las grandes aportaciones periodísticas de Interviú?

Toda la invención del género de la memoria histórica tiene mucho valor. Durante la Transición, la revista publicó investigaciones fundamentales sobre torturas, extrema derecha… Hicieron una labor de control del Estado, fueron los primeros que publicaron cosas sobre los GAL o el asesinato de Yolanda González. También fueron los primeros en publicar sobre la trama Gürtel, cinco años antes que El País y El Mundo.

Además, tenían algo poco habitual: cubrían historias de corrupción local en pueblos y ciudades pequeñas que no interesaban a los grandes periódicos.

En el libro explica cómo Interviú pasó de fiscalizar a la policía, por ejemplo explicando qué ocurría en el cuartel de Intxaurrondo, a convertirse casi en una revista policial.

Sí, y es uno de los procesos más interesantes. En sus inicios tenían contactos con grupos de extrema izquierda o ambientes antifranquistas. Con los años, esas fuentes perdieron importancia y la información policial se convirtió en el gran motor de muchas exclusivas.

Los reporteros cultivaron muchísimo las relaciones con policías y comisarías. Interviú acabó siendo muy valorada dentro de ciertos sectores policiales. La revista cumplía todos esos códigos que a los policías les encantaban.

Uno de los directores de Interviú fue Agustín Valladolid, que había sido el jefe de comunicación del Ministerio del Interior muchos años y hombre fuerte de Rafa Vera y Barrionuevo. Cuando él llega, rehace la plantilla, se deshace de todos los viejos y ficha gente dentro del concepto que tiene del periodismo.

En sus inicios, sus periodistas tenían contactos con grupos de extrema izquierda o ambientes antifranquistas. Con los años, esas fuentes perdieron importancia y la información policial se convirtió en el gran motor de muchas exclusivas.

¿Qué papel tuvo Villarejo en los últimos años de la revista?

Hay un momento en que la revista ha perdido muchas fuentes, para mucha gente está denostada y, de lo poco que tiene es José Manuel Villarejo. Fue una fuente muy importante, como lo fue para muchos medios. La diferencia es que otros periódicos tenían más contrapesos internos. 

Cuando metí con el libro una de las cosas que quería saber es si Villarejo había utilizado Interviú como una terminal mediática y él lo dominaba, porque hay gente que tenía esa impresión, incluso dentro de la revista o si no, si simplemente Villarejo había actuado en Interviú como en otros sitios y lo que pasa es que se había encontrado que era una gacela coja y que le compraba todas las mercancías escacharradas. Mi impresión es que pasó esto último.

No creo que Villarejo controlara la revista, pero sí encontró un medio muy vulnerable y dispuesto a publicar informaciones con pocos filtros.

De todos los personajes que tuvieron relación con el editor de Interviú, uno de los que aún sigue en activo es Miguel Ángel Rodríguez. Entonces amenazó a Asensio con quitarle su canal de televisión, Antena 3, y ahora a elDiario.es nos dijo que nos trituraría. El periodismo ha evolucionado, pero hay personajes que no lo han hecho.

El periodismo ha evolucionado, pero los mecanismos de poder siguen siendo muy parecidos. Miguel Ángel Rodríguez siempre quiso controlar totalmente los medios. Asensio, en cambio, tenía una posición más inestable: fundó su empresa con créditos y dependía constantemente de negociar con unos y otros. Eso le daba cierta independencia, aunque también lo obligaba a hacer favores y mantener equilibrios complicados.

Asensio refleja bien la evolución política y social de España: primero, en la etapa del PSOE hegemónico, todo giraba alrededor de los socialistas; después, cuando ese dominio se rompe, se acerca a la derecha. Pero en Catalunya también dependía de Pujol, que entonces mantenía buena relación con Moncloa, así que Asensio jugaba continuamente a marcar distancias y acercamientos según le convenía.

Esa ambigüedad no le gustaba a Miguel Ángel Rodríguez, que quería lealtad absoluta. Cuando Asensio estaba en Antena 3, Rodríguez pensó que controlaría los informativos, pero Asensio tenía demasiados intereses repartidos y trató de escapar de ese control. Entonces Rodríguez le advirtió que iba a “crujirle”. Finalmente, Asensio salió muy perjudicado de Antena 3: aparecieron denuncias anónimas en la Fiscalía y acabó vendiendo la cadena a Villalonga, dentro del proyecto del PP para crear un gran grupo mediático. Es decir, las amenazas no solo existieron, sino que terminaron materializándose.

¿Quién fue el mejor director de Interviú?

Diría que los tres primeros directores representan la etapa más brillante: Álvarez Solís, Darío Giménez y Álvarez Puga. Y luego Ignacio Fontes, que probablemente fue el director más representativo del mejor Interviú: un periodista muy querido dentro de la revista y con una visión periodística exigente, incluso trabajando en un medio sensacionalista.

Ahora no sé si le pongo en un compromiso: ¿Y el peor?

No es por el compromiso, es porque igual es cruel. No sé, ahí estuvo Cavero, que fue el que hizo el ERE. Él venía de la radio y le interesaba poco la prensa. Estuvo también Paco Mora, que tenía muchos contactos dentro de la Guardia Civil y el Ejército. A Asensio en ese momento le interesaba alguien así. Creo que a esos dos directores se les podría atribuir la decadencia. 

La revista nunca supo desprenderse de los desnudos.Tenían miedo de perder a sus lectores tradicionales y no sabían cómo reinventarse. Mientras la sociedad cambiaba, ellos seguían atrapados en el mismo modelo

¿El gran problema de Interviú fueron los desnudos?

Sí, la revista nunca supo desprenderse de ellos. Tenían miedo de perder a sus lectores tradicionales y no sabían cómo reinventarse. Mientras la sociedad cambiaba, ellos seguían atrapados en el mismo modelo.

La decadencia fue muy larga. Se pasaron casi dos décadas publicando desnudos de concursantes de Gran Hermano. La evolución de esas portadas explica perfectamente la evolución de la propia revista: de la provocación política y cultural inicial a un modelo completamente agotado.

¿Fue un milagro que sobreviviera 42 años? Nunca se adaptaron a la transición digital.

Sí. Nunca entendieron del todo internet ni los cambios tecnológicos, pero el gran problema fue editorial. La revista no supo reinventarse. Incluso muchos redactores reconocían que ya les daba vergüenza llevarla en público.

Interviú sobrevivió demasiado tiempo intentando mantener vivo un modelo que pertenecía a otra época.

El anuncio de que el papa León XIV usará el catalán en la misa de la Sagrada Família pero no en el acto de bendición de la Torre de Jesús ha causado la indignación tanto del Govern, como de diversos partidos, entidades por la lengua y grupos religiosos.

Los primeros en mostrar su indignación frente a la noticia fueron los miembros del grupo parlamentario de Junts, que enviaron una carta al president Salvador Illa quejándose de que el Santo Padre relegara el catalán “a una posición secundaria respecto al castellano”. Así, pedían que desde el Govern se hicieran “todas las gestiones necesarias” para garantizar una presencia adecuada de la lengua.

La decisión también despertó el recelo de los socios de Illa, ERC y Comuns, así como de Plataforma per la Llengua, que considera la ausencia del catalán “una burla y un insulto intolerable”.

Ante la polémica desatada, el primer órgano en mover ficha ha sido el Parlament de Catalunya, presidido por el juntaire Josep Rull, que se ha puesto en contacto con obispos y arzobispos de Catalunya para pedirles que intercedan e intenten convencer al Papa de que el catalán debe ser “predominante” en sus actos.

El primero de los representantes catalanes de la Conferencia Episcopal en alzar la voz sobre el asunto ha sido el obispo de Girona, Octavi Vilà, que ha dejado claro que su opinión es que la Torre de Jesús debe ser bendecida en catalán. El religioso ha confesado que desea que la importancia de esta lengua sea “más importante de lo que finalmente será”, y ha recordado que, hace dos años y medio, el papa Francisco ya bendijo a la Madre de Dios de Montserrat en catalán.

Por otro lado, el Govern también ha intercedido y se ha puesto en contacto con la Santa Sede para dejar constancia de “la importancia del catalán en Catalunya”. La portavoz del Ejecutivo, Sílvia Paneque, ha asegurado que ha visto “receptividad y sensibilidad” por parte de sus interlocutores. Paralelamente, Rull también ha dirigido una misiva al Vaticano explicando la “realidad nacional” de este idioma.

Ante este aluvión de peticiones, los responsables de la visita del Papa a España han asegurado que han “puesto claramente en valor la realidad social e idiomática catalana” ante el Pontífice, pero han querido recordar que a quien corresponde fijar la lengua que se usará es al Vaticano. “Hasta que no veamos lo que pasa, no podremos tener una opinión sobre este tema”, ha remachado Fernando Giménez Barriocanal, coordinador adjunto del viaje, en una rueda de prensa en Madrid.

Aun así, desde el Govern han querido restar importancia al asunto y han insistido en que la visita, en sí misma, ya es una muestra del “interés y el aprecio por el país” del Pontífice. Asimismo, Paneque ha recordado que a lo largo de los dos días que estará en Barcelona, el Papa hablará en “diversas lenguas” y ha resaltado positivamente que el catalán vaya a ser usado en la misa de la Sagrada Familia.

El Govern descarta recomendar teletrabajo

La portavoz Paneque también ha trasladado a la ciudadanía que descarta valorar la recomendación del Ministerio de teletrabajar durante la visita del Santo Padre a la capital catalana. Ha remarcado, por otro lado, que el Ejecutivo está centrado en “garantizar la movilidad” en la ciudad.

“No sé si sería un buen mensaje que, cuando hay visitas de jefes de Estado, el Govern no pueda asegurar la movilidad de los trabajadores”, ha insistido Paneque, que también es consellera de Territorio. Así, la apuesta del Govern será ampliar la frecuencia y la capacidad de trenes y autobuses esos días.

Las afectaciones que se esperan son diversas. Se han proyectado cortes de circulación en los entornos de la Catedral, la Parròquia de Sant Agustí, las inmediaciones de la Sagrada Família y del Estadi Olímpic. También se han anunciado modificaciones en diversas líneas de autobús y la clausura de las estaciones de metro de la parada Sagrada Família.

Un magistrado de Barcelona ha dictaminado que la pensión de incapacidad permanente de una trabajadora que sufrió un accidente laboral no puede verse recortada por el hecho de haber solicitado una jornada reducida para cuidar de su hijo menor. La sentencia establece que el cálculo debe realizarse como si hubiera mantenido la misma jornada que tenía previamente a la reducción, evitando así lo que considera una “discriminación indirecta” hacia las mujeres, que son quienes mayoritariamente asumen las tareas de cuidado.

Se trata de una sentencia pionera, conseguida a raíz de una demanda presentada por el Col·lectiu Ronda en representación de la trabajadora, que concluye que existe la obligación de incorporar la perspectiva de género en la interpretación de las normas para garantizar la igualdad efectiva. Además, en este caso, debe considerarse que el objetivo de la norma de proteger la conciliación debe prevalecer sobre el cálculo del salario reducido.

La plaza 3 de la sección social del Tribunal de Instancia de Barcelona ha dado la razón a esta cajera de supermercado, que sufrió un accidente laboral mientras se encontraba en reducción de jornada para cuidar a su hijo, un derecho recogido en el Estatuto de los Trabajadores.

La normativa española aplicada por el INSS establece que las pensiones por accidente de trabajo deben calcularse según el “salario real” que se percibe en el momento del accidente. Para evitar que las madres y padres salgan perjudicados, la ley prevé un mecanismo de corrección, una especie de “ficción” jurídica que hace que, durante los primeros años de reducción, la Seguridad Social compute las cotizaciones como si la persona estuviera trabajando al 100% de la jornada.

El conflicto aparece cuando, como en el caso de la trabajadora de Sabeco-Alcampo, el accidente se produce una vez pasado estos primeros años de protección especial. En esta situación, el INSS aplica de nuevo el criterio literal del sueldo reducido. Esto hizo que inicialmente se le concediera una pensión calculada sólo sobre su media jornada, fijándola en 8.341 euros anuales.

La sentencia corrige este criterio al considerar que limitar la protección a sólo unos pocos años es discriminatorio. El magistrado concluye que, si el derecho a cuidar a los hijos lo ejercen mayoritariamente las mujeres, no se las puede penalizar con una pensión más baja por haber alargado los cuidados más allá del período que marca la ley. Por ello, obliga a calcular la pensión en base al salario de jornada completa, elevando la base de cálculo hasta los 16.236 euros anuales, prácticamente el doble de lo que pretendía la administración.

El magistrado considera que no puede obviarse la contundencia de los datos estadísticos que desmontan la neutralidad de la norma. En concreto, el 90,15% de las personas que piden reducción de jornada por cuidado de hijos son mujeres y el 77,17% de las pensiones de incapacidad por accidente de trabajo en esta situación afectan a mujeres.

Ante esta evidencia, el juez concluye que la norma española, aunque parezca “neutra”, termina castigando casi exclusivamente al colectivo femenino. La sentencia destaca que los jueces tienen la obligación jurídica de interpretar las leyes con perspectiva de género para garantizar una igualdad real.

Con anterioridad a dictar esta sentencia, el propio magistrado planteó una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para evaluar si el cálculo basado en la reducción de jornada suponía una discriminación indirecta por sexo.

El tribunal consideró que la normativa española no era contraria a la directiva europea en términos de discriminación por reducción de jornada, aduciendo que los datos disponibles son demasiado genéricos para determinar con exactitud la proporción de trabajadores y trabajadoras perjudicadas, que existían precedentes que no consideraban discriminatorios los cálculos de la pensión en función del tiempo de trabajo y que una norma que del importe de la pensión es una medida neutra que no infringe directamente el principio de igualdad de trato.

Sin embargo, el TJUE dejó la puerta abierta, indicando que si el juez nacional disponía de datos que acreditaran un perjuicio especial para las trabajadoras, correspondería al mismo tribunal español valorar si la norma tal y como estaba planteada perseguía un objetivo legítimo y resultaba proporcionada o si, por el contrario, tenía un efecto discriminatorio sobre las trabajadoras.

La sentencia pone el foco en la obsolescencia de la norma que la administración utilizaba para justificar este recorte: un reglamento de accidentes que data del año 1956. El equipo jurídico del Col·lectiu Ronda que ha llevado el caso ha defendido con éxito que los valores de ese momento histórico, cuando el papel de la mujer en el mercado de trabajo era totalmente marginal, estructuran la práctica jurídica actual.

Destacan que esta decisión es vital porque corrige una brecha de género estructural. Según las letradas, “la sentencia impide que las mujeres que asumen las labores de cuidado sean doblemente penalizadas: primero, cobrando un sueldo más bajo mientras cuidan de sus hijos y, segundo, recibiendo una pensión mucho más pobre de por vida si sufren un accidente”.

Kalita Fernández no sabía si la noche de este lunes sería la última que pasaría en el piso de Badalona donde han nacido y crecido seis de sus siete hijos, menores de edad. Su desahucio estaba previsto para este martes, pero la comitiva judicial lo ha aplazado a última hora hasta el 25 de junio. “Si me echan, volveré a ocupar porque no tengo alternativa”, avanza esta mujer.

El de Kalita Fernández podría haber sido uno de los miles de desahucios invisibles. Unos pocos vecinos del colectivo Badalona Acull se han congregado en el piso para intentar frenarlo, pero finalmente no ha sido necesaria la protesta. La comitiva judicial ha concedido una suspensión por la situación médica de la hija menor de la mujer, de un año, que necesita estar conectada a una máquina por las noches por las apneas respiratorias que sufre.

Durante estas dos semanas, el abogado de oficio de Fernández, Antoni Mansilla, confía en poder recabar toda la documentación que le ha requerido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para estudiar si suspende su desahucio.

El caso de Kalita Fernández ilustra cómo la maquinaria judicial es, en ocasiones, impasible con los más débiles. La jueza de Badalona acordó su desahucio pese a contar con un informe de los servicios sociales que advierte del “grave perjuicio” para la familia que supondría quedarse en la calle, en especial por el bebé enfermo.

El inmueble pertenece al fondo de inversión Divarian, filial inmobiliaria del grupo Cerberus, que vendió parte de su cartera de viviendas a la Generalitat en 2025 para destinarlas a alquiler social. En Badalona se incorporaron 34 pisos a este programa, aunque el de Fernández no forma parte de ellos. La mujer asegura que ha intentado en múltiples ocasiones alcanzar un acuerdo de alquiler con la propiedad, sin éxito.

Fernández estuvo inscrita durante cinco años en la Mesa de Emergencia de Badalona, pero fue dada de baja tras su divorciarse de su marido hace un año. Desde entonces, explica que tuvo que reiniciar el procedimiento administrativo. “No se puede vivir así. Debería haber más pisos para casos así de graves”, denuncia la mujer.

Divarian no manifestó “interés alguno” en el inmueble entre 2014 y 2023, cuando denunció a Fernández por la ocupación, según sentenció la jueza que absolvió a la mujer en la causa penal abierta por la propiedad. Los técnicos sociales municipales reconocen el “arraigo” en el barrio de Fernández y sus hijos.

Fernández ocupó la vivienda, donde está empadronada, en 2014 ante la falta de alternativas. “Tuve que entrar a vivir aquí porque no tenía dónde ir”, explica. Durante los once años que ha permanecido en el inmueble, asegura haber realizado numerosas mejoras: instalación de ventanas, reparación de estancias y adecuación de la cocina en un piso que inicialmente no contaba con agua corriente, electricidad ni cerramientos.

A finales de 2024, durante el embarazo de la hija menor, el juzgado civil ordenó un primer desalojo de la familia. Según relata Fernández, en aquella ocasión sí que fueron desalojados y la policía bloqueó la puerta de la vivienda con una superficie de hierro. “Nos dejaron en la calle, sin alternativa, sin mesa de emergencia y sin ningún recurso. No tuvimos otra opción que volver a ocuparlo”, reconoce.

“Me gustaría poder negociar un alquiler con la propiedad porque mis hijos han nacido aquí”, afirma. Los servicios sociales municipales reconocen el arraigo de la familia en el barrio y el informe advierte de que “la pérdida de la vivienda actual comportaría una ruptura drástica de las redes de apoyo de la familia y agravaría todavía más su situación de vulnerabilidad”.

El informe de los servicios sociales al que ha hecho caso omiso la jueza no se anda con rodeos. Fernández y sus hijos “se encuentran en un estado de vulnerabilidad social y residencial graves”: no disponen de ingresos económicos ni de un techo alternativo y un desahucio “coloca a la familia en un contexto de emergencia habitacional, con especial afectación sobre los menores”.

“Ruptura drástica de las redes de apoyo de la familia”

Los servicios sociales de Badalona admiten que, pese a seguir de cerca el caso de esta familia desde hace años, en la saturada Mesa de Emergencia habitacional de la ciudad “no se ha podido identificar ninguna alternativa habitacional que garantice la cobertura de vivienda”.

“La pérdida de la vivienda actual comportaría una ruptura drástica de las redes de apoyo de la familia y agravaría todavía más su situación de vulnerabilidad”, alerta el informe municipal.

En una resolución del pasado 29 de mayo, la jueza Berta Fernández denegó la suspensión del desahucio. La togada admitió que contaba con un informe de servicios sociales que reconocía la “vulnerabilidad” de la madre y sus siete hijos, pero añadió que el dictamen no formulaba “propuesta de alternativa de vivienda digna en alquiler social” por parte del consistorio, un “requisito imprescindible”, a criterio de la magistrada, para poder acordar la paralización del lanzamiento.

Al margen del procedimiento civil, Fernández también tuvo que enfrentarse a una causa penal. El fondo buitre Divarian la denunció por usurpación de la vivienda y pretendía que pagara una multa de 600 euros. 

En primera instancia, la mujer resultó absuelta. La jueza la exoneró al aplicarle la eximente de “estado de necesidad” y reconocer su “situación de vulnerabilidad social grave”, algo muy poco frecuente en los tribunales, resaltan fuentes jurídicas.

“Mantenerse en el inmueble es la única alternativa que ha encontrado para salvaguardar la integridad física y psíquica propia y de sus siete hijos”, concluyó la magistrada que vio el caso primero.

Divarian recurrió y la Audiencia de Barcelona dio en parte la razón al fondo: si bien rechazó que Fernández pagara la multa pretendida por el denunciante, la instancia superior sí acordó la restitución del piso. En otras palabras, priorizó el derecho a la propiedad a la situación de vulnerabilidad social, pues el magistrado consideró que garantizar un techo a Fernández y su familia correspondía a la administración municipal. 

Un mismo caso, dos opiniones contrarias de los jueces. Resultado: desahucio suspendido, pero a la espera de otro lanzamiento en 23 días.

España asocia la figura del informador o el alertador a los grandes casos de corrupción. La mayoría de estas personas, sin embargo, se ha topado con irregularidades y presiones que no abren informativos, pero que les marcan de por vida. La actual normativa estatal, aprobada en 2023 tras años de retraso, traspuso una directiva europea de obligado cumplimiento, pero existe consenso entre distintos actores en que su aplicación es mejorable.

La Generalitat de Catalunya quiere presentar este 2026 la norma autonómica de protección de los alertadores, que después tendrá que empezar su recorrido parlamentario. Con ella se pretende mejorar la ley estatal, que se ha constatado como demasiado formalista y centrada más en los canales de denuncia que en la protección real del informante.

Así lo ha advertido ante el Parlament el director de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC), Josep Tomàs Salàs. Similar diagnóstico realiza el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidade da Coruña y exministro de Justicia, Francisco Caamaño, que ve “poca claridad” en algunos aspectos de la ley estatal.

Cada año la OAC reconoce a más personas como alertadoras (74 en 2025), y avisa a administraciones y entidades de que no pueden tomar represalias contra ellas. En la práctica, sin embargo, estas advertencias de Antifraude quedan condicionadas a la voluntad de la administración afectada.

“Cuando hay lealtad institucional, la situación puede reconducirse, pero cuando no existe, la persona alertadora queda expuesta a graves problemas sin que la ley actual proporcione instrumentos suficientes para evitarlos”, alertó el exmagistrado ante la Cámara.

Los casos que ha afrontado Antifraude lo corroboran: en algunos, los organismos afectados han cumplido y no han echado a los informantes, pero en otros se ha procedido al despido de los alertadores.

Además del sustento económico (hay un caso de un informador en riesgo de desahucio), la ansiedad y el miedo a las represalias son otro rasgo común en los alertadores. Antifraude ha tomado la iniciativa y, aunque no le obliga ninguna norma, suscribirá un convenio con el Colegio de Psicología de Catalunya (COPC) para destinar parte de su presupuesto a que se atienda psicológicamente a los informantes.

Caamaño ha elaborado un dictamen para la Generalitat en el que analiza la ley estatal y propone reformas para la futura norma catalana. La nueva ley, según la propuesta del exministro, debe precisar el ámbito material y personal para garantizar una protección integral, en especial en municipios de menos de 10.000 habitantes, donde los alertadores pueden estar más expuestos.

También ve necesario definir mejor los sistemas internos de información como herramientas de selección, garantizar la confidencialidad de los canales internos, regular la exención de responsabilidad del confidente y establecer un régimen sancionador específico.

Desde Antifraude se han identificado 34 carencias normativas de la ley estatal para mejorarlas con la ley autonómica. Una de las más destacadas es el hecho de que las resoluciones de la Oficina no tienen carácter ejecutivo y sin posibilidad de castigar con contundencia las infracciones. La normativa actual tampoco recoge medidas de apoyo económico ni indemnizaciones para los informadores.

Las lagunas de la norma, remarcó Salàs ante los diputados, han generado “situaciones especialmente graves” con personas alertadoras en riesgo a las que la Oficina “no ha podido dar respuesta efectiva”. Los factores que más limitan el trabajo del organismo son la ausencia de medidas cautelares eficaces, la exigencia de haber utilizado un canal de alerta concreto para acceder a la protección, la falta de preservación efectiva del anonimato, o los problemas derivados de la eventual judicialización de un caso.

Caamaño advierte de que, al margen de las reformas legales que se impulsen, es necesario un “cambio de mentalidad” tanto en las administraciones públicas como en las empresas privadas y eliminar la “connotación peyorativa” todavía existente en esta figura.

“Al alertador se le identifica todavía con un chivato, cuando en realidad tienen un compromiso social y público muy importante, porque advierten de que se pueden estar usando mal los recursos de todos”, argumenta Caamaño, que ha investigado sobre esta figura tanto históricamente como en la legislación actual.

Por su lado, algunos alertadores también han presentado su propia propuesta ante el Parlament. Uno de sus impulsores, Oriol Camacho, ha estudiado los modelos de distintos países europeos y prioriza cuatro medidas: segregar las funciones de agencia anticorrupción de la protección de alertadores (como ocurre en Francia); obligar al ente afectado a recibir autorización para cualquier aspecto laboral que quiera modificar del alertador; y mejorar la rendición de cuentas al informante y la coordinación con la Fiscalía y los juzgados. “Estamos lejos de ser como Dinamarca”, remacha.

Aunque reclame cambios, Camacho tiene claro que la OAC no es el enemigo: “No queremos cargarnos a Antifraude, solo queremos mejorarla”. “Sabemos muy bien que hay partidos que querrán usar las discrepancias como excusa para cerrar Antifraude, pero nosotros la defendemos”, apostilla el alertador, consciente de que los gobiernos autonómicos de PP y Vox de los últimos años han fulminado o dejado en la mínima expresión estos entes.