El expresident de la Generalitat Jordi Pujol, de 95 años y con un estado de salud deteriorado, ha sido citado a declarar como acusado de forma presencial el próximo lunes en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid). Así lo ha dispuesto el tribunal que juzga el origen de la fortuna que la familia mantuvo oculta en Andorra durante décadas.

En una providencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el tribunal acuerda que el próximo lunes a las 10:00h. se inicien las declaraciones de los acusados con la del expresident, quien deberá comparecer “personalmente” ante el tribunal media hora antes para ser reconocido por un médico forense. Pujol podrá aportar los informes médicos que considere, agregan los magistrados.

El estado de salud del expresident sobrevuela el caso desde el inicio del juicio el pasado mes de noviembre. Entonces Pujol, todavía convaleciente de una neumonía que lo mantuvo ingresado en el hospital, compareció por videoconferencia desde casa la primera jornada de juicio, aunque no hay constancia de que se haya conectado el resto de sesiones.

Los magistrados, para sorpresa general, decidieron que Pujol siguiera como acusado pese al informe del forense de los juzgados de Barcelona que evaluó al expresident y determinó que padecía un un “deterioro cognitivo moderado irreversible” que le impedía someterse adecuadamente a un juicio. 

El trastorno neurocognitivo “mayor” que sufre el expresident, indicaron los forenses, es “irreversible, progresivo, evolutivo y sin tratamiento eficaz”. Aplicado al juicio, los médicos entendieron que Pujol “no está en condiciones físicas ni cognitivas” para comparecer en la vista oral “ni dispone de la capacidad procesal necesaria para poder defenderse de manera autosuficiente”.

El tribunal indicó que se volvería a evaluar su estado de salud, en especial “en el momento en que tuviera que tener participación activa” en la vista, eso es, su declaración como acusado. Y ese momento ha llegado: los jueces determinan que Pujol tenga que comparecer físicamente y no de forma telemática, y que antes de declarar sea visitado por un médico.

El expresident dijo en noviembre al tribunal que estaba a su disposición, aunque no se encontraba bien. “Haré lo que pueda”, agregó a preguntas de si podría seguir el juicio. Con su mantenimiento en la vista, el expresident sigue enfrentándose a los cargos de asociación ilícita y blanqueo de capitales por los que la Fiscalía le solicita nueve años de cárcel.

El tribunal también ha dispuesto que un médico forense permanezca en la sala “durante todo el tiempo que dure la declaración” de Pujol, así como que comparezca un intérprete de catalán en caso de que alguno de los acusados quiera ejercer su derecho a declarar en esta lengua.

El alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa (PSC), ha presentado este martes una nueva propuesta de ordenanza de civismo y convivencia que prevé prohibir el uso del velo integral en el espacio público y oficinas municipales, pese a que el Tribunal Supremo ya tumbó esta iniciativa, del mismo consistorio, en 2013.

Más de diez años después, la historia se repite, aunque Larrosa ha defendido que la nueva propuesta tiene otro “enfoque” respecto a la planteada por el exalcalde Àngel Ros, ya que no se plantea desde el punto de vista de la seguridad, sino como “un tema de derechos fundamentales y el derecho de las mujeres a poder decidir”, informa la Agència Catalana de Notícies (ACN).

Sin embargo, el marco jurídico en el que se mueve la ordenanza no ha variado desde la sentencia del Supremo sobre el primer intento fallido para prohibir el velo en el espacio público. Lleida, entonces gobernada por el también socialista Ros, fue pionera en una medida que, en los últimos meses, en España habían propuesto mayoritariamente consistorios gobernados por PP y Vox.

Esta legislatura el Congreso rechazó la proposición de Vox para prohibir el burka, si bien está en trámite otra del PP que plantea el veto a “cualquier tipo de vestimenta, prenda, accesorio u otros elementos que oculten total o parcialmente el rostro”, pero exceptúa “razones médicas”, “exigencias laborales o de protección individual”, “actividades culturales, festivas o tradicionales” o “condiciones meteorológicas adversas decretadas por las autoridades”.

En su sentencia sobre el caso del velo en Lleida, el Supremo concluyó que cualquier Ayuntamiento carecía de competencia para regular en una ordenanza municipal una limitación de un derecho fundamental a la libertad religiosa, para lo que era necesaria la existencia de una ley del Congreso que lo autorizara.

El Supremo también destacó que no estaban justificadas las afirmaciones de que el uso del velo integral perturbase la tranquilidad ciudadana, la seguridad y el orden público, y que la medida fuera necesaria para proteger la igualdad de la mujer.

En el nuevo intento para prohibir el velo, Lleida ha recogido actuaciones para evitar que las mujeres que lo visten sufran una “revictimización”. “Existe un plan específico para que nadie sea más víctima que nunca fruto de esta ordenanza”, ha explicado Larrosa.

El gobierno en minoría del PSC prevé llevar a aprobación la nueva propuesta de ordenanza en el pleno del mes de junio. El texto, que sustituirá al actual del 2007, contempla sanciones para el uso del velo integral con multas de entre 300 y 750 euros.

La prohibición del uso del velo integral en el espacio público no se aplicará “en los lugares de culto ni en los espacios donde sea habitual ir con el rostro cubierto en atención a las costumbres sociales aceptadas o cuando se haga en el ejercicio de un derecho fundamental”.

La teniente de alcaldía y concejala de Feminismo, Carme Valls, ha asegurado que la ordenanza no quiere “aislar” a las mujeres que llevan el velo integral “ni generar brecha social”. Por ello, el texto se acompaña de un plan de acciones socioeducativas “con el objetivo de que todas las mujeres puedan gozar de autonomía real, vínculos sociales y acceso pleno a los recursos”.

El actual jefe de gabinete del president Salvador Illa, Eduard Rivas, figura como investigado en una causa judicial por el presunto delito de malversación de dinero público alrededor de una fundación durante su etapa como alcalde de Esparraguera, en la provincia de Barcelona.

El juez de Martorell que instruye la causa, y que la ha declarado secreta, ordenó los arrestos de tres directivos de la entidad en cuestión para que declararan ante la polícia y también la incautación del teléfono móvil de Rivas, según ha desvelado El Periódico. 

La investigación apunta a presuntas irregularidades en la gestión económica de la Fundación para la Inclusión Laboral (FIL), orientada a la inserción en el ámbito del trabajo de las personas con discapacidad y problemas de exclusión social. Con sede en Esparraguera, su patronato está integrado por el alcalde de dicha localidad y de otras de la zona como Collbató, Abrera, Olesa o Sant Esteve Sesrovires. 

Rivas fue alcalde de Esparraguera entre 2015 y 2024, cuando dejó el cargo para sumarse al equipo de Salvador Illa en la presidencia de la Generalitat. Desde entonces es su jefe de gabinete. 

Tras conocerse la investigación, desde el Palau de la Generalitat han reafirmado su “plena confianza” en Rivas. Fuentes de Presidencia aseguran que “él es el primer interesado en que se aclare la investigación cuanto antes”. De hecho, el exedil se ha personado en la causa con su abogado defensor. 

La portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha insistido en el respaldo al alto cargo de Presidencia. “La actitud es de máxima colaboración” con el ámbito judicial, ha recalcado. Y ha añadido que espera que el resto de partidos con presencia en el Parlament respeten la presunción de inocencia. 

La investigación que afecta a Rivas, según detalla El Periódico, formaría parte de una pieza separada dentro del caso de presuntas irregularidades en la contratación de la fundación y que llevó a los Mossos d’Esquadra a personarse en el Ayuntamiento de Esparraguera el pasado enero en busca de documentación. Fue entonces cuando la policía incautó el teléfono de Rivas por orden judicial.

Entre la crítica y la presunción de inocencia

La oposición ha reaccionado a la investigación a Rivas con cierta cautela, aunque la mayoría de partidos han exigido a Illa que de más detalles sobre el caso de los que se han ofrecido hasta ahora. “Queremos pensar que ante unos hechos muy graves, saldrá a dar las explicaciones correspondientes”, se ha limitado a valorar el portavoz de Junts en el Parlament de Catalunya, Salvador Vergés. 

Tanto Comuns como ERC, socios de investidura de Illa, han optado por esperar a que se conozcan los motivos exactos de la investigación. Aun así, han pedido transparencia y, si se confirma que tuvo implicación directa en el desvío de fondos de FIL, “máxima contundencia y que caiga quien caiga”, ha expresado el diputado David Cid (Comuns). 

Por parte del PP, Juan Fernández ha calificado de “inaudita” la noticia. “Detrás de él siempre hay un hilo conductor que nos lleva a casos y situaciones muy turbias”, ha afirmado. De forma parecida, desde Vox han afirmado que “todo lo que se acerca a Illa y al PSC acaba con sospechas de corrupción”. 

La Fiscalía ha solicitado nueve años de prisión para el exjugador del RCD Espanyol Álvaro Aguado, al que acusa de agredir sexualmente a una trabajadora del club en el baño de una discoteca de Barcelona en junio de 2024. El Ministerio Pública reclama al futbolista una indemnización de 65.000 para la víctima por el daño moral causado y las secuelas psicológicas.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, adelantado por EFE y al que ha tenido acceso elDiario.es, Aguado, agredió a la empleada del club en el lavabo masculino de la discoteca Opium de Barcelona pese a que la denunciante se hallaba en “estado de shock” y mareada, le pidió que “parase” y que “no quería tener relaciones sexuales”.

Tras agredirla sexualmente, ahonda la fiscal, Aguado “cejó en su actitud, volvió a vestirse” y le dijo a la denunciante “tú no me conoces y yo a ti tampoco, ¿vale?”, tras lo que abandonaron el baño.

Los hechos se remontan al pasado 23 de junio de 2024, cuando un grupo de trabajadores del club organizó una fiesta privada para celebrar el ascenso del Espanyol en una discoteca de Barcelona. La trabajadora presentó la denuncia unos meses más tarde, lo que ha impedido recoger las grabaciones del local.

La discoteca Opium no activó los protocolos previstos ante posibles agresiones sexuales ocurridas en el establecimiento, dado que la denunciante no comunicó lo sucedido al personal del local esa misma noche. Cuando el caso se hizo público, el Espanyol tampoco activó ningún protocolo.

No obstante, la Fiscalía da credibilidad a la denuncia de la trabajadora del Espanyol y reclama nueve años de cárcel a Aguado, actualmente sin equipo, por un delito de agresión sexual, además de la prohibición de aproximación a 1.000 metros de la denunciante durante ocho años más a los que sea eventualmente condenado.

Según destacó la magistrada en su auto de procesamiento, la víctima “se ha mostrado sincera al relatar los hechos vividos”, pese a tener flashes de lo ocurrido durante la noche y admitir tener “recuerdos puntuales”, tal y como ocurre a veces con las denunciantes de delitos sexuales.

La declaración de la denunciante, agregó la magistrada, “ha sido corroborada parcialmente por testigos”, al menos en cuanto a los momentos posteriores y anteriores a lo ocurrido en el baño. Destaca la magistrada la existencia de whatsapps inmediatamente posteriores a los hechos que reflejan el “estado anímico” de la denunciante.

El informe forense, agregó la jueza, también constituye un “indicio suficiente” para procesar a Aguado por agresión sexual y “avala” la versión de la denunciante. Por su lado, Aguado, en su declaración judicial, admitió haber mantenido relaciones sexuales con la denunciante, si bien matizó que fueron consentidas. Según su versión, fue la empleada del club la que “se abalanzó” sobre él, y agregó que fueron al baño porque “no se encontraba bien”.

El Govern ha aprobado este martes las mejoras salariales de los docentes que pactó con CCOO y UGT después de la huelga de febrero en Catalunya. El Consell Executiu de la Generalitat ha sacado la subida del complemento salarial específico y también el pago de 50 euros por noche para aquellos maestros que lleven a sus alumnos de excursión o de viaje con pernoctación. Esta compensación económica se cobrará a partir del curso 2026-2027. 

El presupuesto que el Departamento de Educación dedicará a pagar el incremento del complemento salarial específico es de 134 millones de euros. Para los maestros de Primaria, serán 839 euros de incremento y para los de Secundaria, 858. El pacto con los sindicatos contempla seguir aumentándolo hasta los 3.000 euros al año en 2029. 

Por lo que respecta a la compensación por pernoctaciones, se invertirán entre seis y diez millones, en función de las noches y número de docentes participantes. Esta dotación responde a una protesta inédita hasta ahora en los claustros, y que afloró con las últimas movilizaciones: decenas de escuelas e institutos amenazaron con dejar de hacer excursiones de varios dís (las llamadas colonias) si no se atendían sus reivindicaciones. 

La portavoz del Govern, Silvia Paneque, ha reivindicado estas dos medidas, fruto del acuerdo con CCOO y UGT, que “dan salida” a las necesidades de los docentes. Ha subrayado que este incremento salarial hace que los profesores catalanes pasen de ser los terceros en la cola en la clasificación de docentes en el Estado a ser los terceros al frente.

Al preguntarle por las pernoctaciones, ha indicado que el Govern “no quiere forzar a nadie” a realizar estas salidas que incluyen pernoctación. “Lo que queremos es atender una demanda que es justa y dotarla económicamente. No queremos forzar, queremos andar para la mejora de las condiciones laborales y el propio sistema educativo”, ha insistido.

La portavoz ha recalcado que la decisión corresponde a los centros, y lo que puede hacer el Govern, ha continuado, es “atender a una reivindicación para que hubiera una compensación económica justa”. “Hagamos lo que creemos que debemos hacer para atender la desazón que hay. Con este acuerdo se atiende a la petición que había”, remachado.

Paneque ha dicho que confía en que el diálogo con el resto de sindicatos se reanude a través de la mesa sectorial. “Hemos tenido la mano tendida desde el primer momento y la seguimos teniendo”, ha asegurado. Con todo, los sindicatos que suman mayoría en el sector (USTEC, Professors de Secundària, CGT y Intersindical) siguen lejos de acercar posiciones con el Govern y valoran esta semana si mantener el pulso con nuevas huelgas.

Estos sindicatos han elaborado una encuesta al profesorado, cuyos resultados prevén difundir este martes, para saber cuáles son sus siguientes acciones.

Diversas entidades por el derecho a la vivienda se han concentrado este martes por la tarde en el solar de la calle Llull 355, en Barcelona, para protestar contra la “privatización de la vivienda protegida”. Este amplio espacio vacío acogerá próximamente una promoción que correrá a cargo de la constructora Corp, que será la misma que edificará otros dos edificios en el mismo barrio. Entre todas, sumarán más de 400 Viviendas de Protección Oficial (VPO), casi la mitad de las que actualmente el Ayuntamiento tiene adjudicadas o en proceso de adjudicación.

Corp, una constructora a la que la justicia ha anulado recientemente una promoción de pisos de lujo, salió vencedora de la licitación pocos meses antes de que el consistorio presentara otros dos concursos abiertos a operadores privados para construir 600 viviendas más. Todo ello, según las entidades concentradas, supone un “proceso privatizador en medio de una emergencia habitacional grave”. Consideran que el hecho de que las promociones se estén adjudicando a promotoras privadas “favorece los intereses de la patronal inmobiliaria, asegurándoles beneficios astronómicos”.

Este tipo de promociones dedicadas a vivienda protegida suponen la cesión del terreno y la finca gratis durante 30 años y cuentan con subvenciones y financiación públicas que cubren el 100% del coste de construcción, según estimaciones del propio Ayuntamiento. La administración también ha calculado que los beneficios que Corp puede sacar de un solar como el de Llull ronda el 11% anual. Con todo, las entidades convocantes -la XES, el Observatorio DESCA, la PAH, el Sindicat de Llogateres, la FAVB, Habicoop y organizaciones juveniles de UGT y CCOO- han calculado que los beneficios de estas constructoras pueden rondar los 600 millones.

“Son beneficios estables y crecientes, ya que los alquileres aumentarán de la mano del IPC, todo ello en base a fondos públicos”, apuntan desde la XES. Esta entidad se muestra de acuerdo en que la prioridad es construir vivienda pública y protegida, pero considera que es una “contradicción” que la misma se encargue a empresas privadas. “Si el Ayuntamiento no tiene capacidad para construir en suelo público, se debería encargar la gestión y la edificación a entidades sin ánimo de lucro”, apuntan desde la Federación de Cooperativas de Vivienda. “No tiene sentudi que estemos pensando en regular el uso social de la vivienda en suelo privado, pero se impulse la privatización en el suelo público”, remachan.

En esta línea, las entidades convocantes lamentan que las cooperativas de vivienda sólo han conseguido la adjudicación -todavía sin confirmar- de 200 VPO, lo que para los convocantes es un “agravio” y una “irresponsabilidad”, además de una vulneración del convenio ESAL, un pacto con el consistorio que establece que las cooperativas construirían y gestionarían 1.000 viviendas.

Que el peso de la balanza caiga del lado de las promotoras privadas, según alertan desde la PAH, “desplaza la función social de la vivienda”, lo cual es “especialmente grave” al tratarse de VPO, que están destinadas a “familias vulnerables sin más alternativa”. Lamentan que la administración esté cediendo el suelo público a empresas privadas que gestionarán estos pisos durante 99 años y recuerdan que cuando los operadores privados han sido las encargadas de VPO “los derechos de las inquilinas se han visto perjudicados”.

En esta línea, han recordado lo sucedido en hasta 34 promociones de vivienda protegida gestionadas por La Caixa, en las que los vecinos denunciaron falta de mantenimiento en los edificios, subidas de precio injustificadas, no renovación de contratos, expulsiones y cobro de cláusulas abusivas. Estos edificios fueron construidos por la Obra Social La Caixa entre 2002 y 2012 y por los que cobró más de 25 millones de euros en subvenciones.

Este caso dio paso a una campaña que vino a demostrar que el banco inició “prácticas especulativas feroces” en cuanto hubo recuperado la inversión inicial y los pisos pasaron a estar en una fase en la que la normativa le permitía vender o alquilar a precios “estipulados”, pero sin obligación alguna de tener las viviendas ocupadas.

“El resultado aumentó el patrimonio inmobiliario de La Caixa, que ha terminado desligándose de las consideraciones de accesibilidad y protección social con la que en su día se justificaron las ayudas con dinero público”, denunciaron en su momento desde el Sindicat de Llogateres, entidad que acompañó a las vecinas afectadas.

Es cierto que actualmente esta situación no se podría repetir ya que, desde 2019, todas las viviendas de promoción pública en Catalunya mantienen la protección de forma indefinida, pero las entidades convocantes alertan de que “los operadores privados todavía pueden encontrar maneras de maximizar beneficios”, y apuntan a posibles cláusulas abusivas o la desinversión en el mantenimiento.

En este sentido, ponen la vista en el Plan Estatal de Vivienda, que también se ha presentado este martes y que, entre otras cosas, pretende blindar la VPO para siempre. “El Gobierno dice que ni un euro de este plan va a ir a parar a la especulación, pero eso es mentira si se cede el suelo público a grandes corporaciones inmobiliarias que se dedican a las viviendas de lujo”, alertan desde el Sindicat de Llogateres.

Por ello, los organizadores de la concentración exigen al gobierno municipal que pare los concursos abiertos -a los cuales han anunciado que presentarán enmiendas- y que destine ese suelo a entidades sin ánimo de lucro en el marco del convenio ESAL. “Es un cambio de paradigma: hay que dejar de usar estos pisos como anzuelo para la iniciativa privada. La solución a la crisis pasa por desmercantilizar la vivienda”.

Valentín circula por la carretera de la Rabassada lentamente. Curva tras curva, a medida que los árboles van engullendo la carretera, este hombre de 59 años se va sumergiendo en su infancia. “Hay cosas que no he hablado con mi familia y ya no creo que vaya a hacerlo”, dice tras tomar un desvío. “No te puedes imaginar el miedo. Solo éramos niños, necesitábamos que nos protegieran”, añade.

Son las últimas palabras que pronuncia antes de aparcar el coche en medio de un camino por el que sabe que no pasará nadie. A un lado, el bosque. Al otro, una valla que impide el paso y la vista. Pero Valentín sabe lo que hay detrás. Se encarama al coche y señala hacia el dintel de una casa en ruinas. Allí se puede leer: “Ayuntamiento de Barcelona. Beneficencia Casa Puig. Ciudad de los Muchachos”.

Es el nombre del orfanato en el que pasó buena parte de su infancia, una institución franquista inaugurada en 1951 para huérfanos de la guerra y niños pobres. Fue el proyecto personal del teniente de alcaldía de la época, Alfredo Casanova. Se inspiró en la idea del padre Flanagan, un cura irlandés que ideó un modelo educativo que se caracterizaba por dotar a los internos de mucha autonomía.

El orfanato funcionaba, en efecto, como una ciudad, con alcaldes, jueces, fiscales y delegados de diversas áreas. También constructores o limpiadores. Enmarcado en corrientes pedagógicas modernas, el padre Flanagan llegó a replicar su idea en diversos países. En España hubo diversas Ciudades de los Muchachos, siendo la más famosa la de Ourense, que se convirtió en una escuela de circo.

La de Barcelona ha caído en el olvido, enterrada por el bosque de Collserola. Si bien al principio Casanova creó un colegio que consiguió llevar a la universidad a casi todos los chavales, pronto se convirtió en una “casa de los horrores” en la que las palizas, el maltrato psicológico, la hambruna, los castigos severos e, incluso, la sombra de las agresiones sexuales se convirtieron en el día a día de centenares de niños.

Uno de ellos fue Valentín, que llegó a la Ciudad en 1971, cuando ya no quedaba ni una sombra de lo que había sido aquella utopía pedagógica. Tenía 4 años cuando su madre le dejó en casa con sus tres hermanos; el mayor tenía 7 años, y los pequeños 2 años y 7 meses. Ella tenía que ir a comprar y no tenía con quién dejar a los críos; no era la primera vez que lo hacía y nunca había pasado nada, pero aquel día fue diferente.

Sin querer, Valentín provocó un incendio que se originó en la bombona que alimentaba la calefacción. Los mayores consiguieron sacar a los más pequeños y, aunque ninguno de ellos resultó herido de gravedad, los padres perdieron su custodia. Los de más edad fueron a parar a la Ciudad de los Muchachos y los menores fueron a la Casa del Port, para la etapa de preescolar.

“Allí empezó el infierno”, recuerda Valentín. Relata “palizas increíbles” de los adultos que tenían el encargo de educarles. “Crecí con miedo, sin entender por qué me pasaba todo aquello”, explica. A medida que sigue caminando por un sendero del bosque, recuerda las largas hileras de camas en la habitación que compartía con cerca de 150 niños. El hambre y una escolarización que brilló por su ausencia. El “adoctrinamiento” religioso y la disciplina.

Tras una cuesta, al fin la ve: la entrada a la Ciudad de los Muchachos, en esa plaza en la que jugaba de pequeño, con la capilla a un flanco y el edificio en el que dormían al otro. Son los dos únicos espacios de la escuela que se mantienen en pie, mientras que la casa en la que se hacían las clases está en ruinas, casi al borde del colapso y comida por la maleza. Hoy, la finca que albergaba las habitaciones es Can Puig, un centro de atención a las drogodependencias.

En la plaza espera Lale. Él también vivió en la escuela, pero 10 años antes que Valentín. Aunque no se conocen, comparten historias de sus infancias. Cotejan nombres, para saber si les pegaba el mismo cura o si el enfermero que les maltrataba las noches de fiebre era el mismo.

Aunque Valentín pudo gozar, gracias a las donaciones de la burguesía, de un cine y de una piscina —que, de hecho, construyeron los mismos niños— esas pequeñas mejoras no hicieron que su infancia fuera mucho mejor que la de Lale. “¿Lo que más recuerdo de este sitio? Las hostias. Y las chinches. Te levantabas rojo de las picadas de bicho”, rememora el más veterano.

Ambos cuentan condiciones “durísimas”: Iban vestidos todo el año con ropa de verano, que no podían cambiarse más que una vez por semana. La única manera de conseguir jabón, papel higiénico o bastoncillos era ganar puntos por buena conducta que canjeaban en un economato.

“A mí esos no me los daban nunca, era un pillo”, dice con una sonrisa socarrona Lale, quien presume de haber sido amigo del Vaquilla mientras sujeta una fotografía de ambos juntos y de haber sido una de las 45 personas que participaron de la gran fuga de La Modelo, en 1978. “La rebeldía me la enseñó La Ciudad. Entendí que, si no me defendía, no dejarían de pegarme ni de matarme de hambre”, insiste este hombre que está sordo de un oído debido a los golpes de uno de los curas, que siempre le atinaba sobre la oreja izquierda.

Entró en el orfanato con solo 5 años porque su madre no tenía recursos para hacerse cargo de él. “Nos decían que éramos pobres porque nuestros padres eran unos rojos de mierda y que, si nosotros no cambiábamos, acabaríamos igual. Y, cuando mencionabas a tu madre, te la dejaban de puta para arriba”, rememora.

Cuando la Iglesia abandonó a los niños

Lale era reticente a volver a La Ciudad de los Muchachos y a recordar su infancia. La etapa que le tocó vivir a él, la de 1961, fue de las más duras, justo cuando el Ayuntamiento dejó la gestión del orfanato en manos de los Hermanos de la Salle y los educadores pasaron a ser curas. La disciplina se endureció y el adoctrinamiento religioso se intensificó.

“Entonces se vino abajo el proyecto”, explica la escritora Teresa Roig, autora del libro La Ciudad de los Muchachos (Navona Editorial), una de las pocas obras que explica la historia de este orfanato. Aunque es de ficción, los hechos que relata beben de las experiencias confesadas por decenas de testimonios como los de Valentín y Lale. “A partir de la llegada de los Hermanos se empiezan a reportar casos de maltrato”, sigue.

Los religiosos estuvieron al frente de la institución hasta finales de los 70, en el periodo cuando tuvo más fama. El régimen sacaba pecho con esa escuela que se enorgullecía de “reconducir a niños descarriados”. Salía en la prensa y recibía a familias acomodadas de Barcelona que hacían donativos e iban a pasar la tarde con los pequeños, a quienes traían merienda y juguetes a cambio de que les hicieran alguna exhibición de gimnasia o recitaran algunos salmos.

“Pero nunca nos dejaban jugar con los regalos. Así como los traían, nos los quitaban y nunca supimos qué hacían con ellos”, cuenta Elías, otro de los antiguos alumnos de La Ciudad. Entró con 3 años y salió con 14, cuando clausuraron el centro. El final de ese orfanato llegó en 1977 y fue de sopetón. “Un buen día, los Hermanos de la Salle se fueron. Sin más”, relata este hombre que ahora tiene 62 años.

No dieron explicaciones, pero la teoría de quienes han estudiado la historia de la institución es que con el fin del franquismo, las donaciones se fueron acabando y, con ello, el negocio ya no era rentable para la congregación religiosa que mantenía a los niños. Así que se marcharon. Lo hicieron de un día para otro, sin avisar ni buscar relevo.

“Aquello se convirtió en una batalla campal”, relata Elías, que vivió aquellos primeros días de caos. Él pudo salir de La Ciudad poco después de que se fueran los Hermanos, pero sus antiguos compañeros le explicaron lo sucedido en el centro. “En esas semanas se hizo de todo. Se prendió fuego a la sala de actos, se recuperaron los juguetes con los que no habíamos podido jugar... Y, también tiraban piedras a quien se intentara acercar”, recuerda este hombre.

Él acabó en el orfanato porque, después de separarse, su madre no tenía más remedio que dejar a los niños con el abuelo para irse a trabajar, pero una de esas veces, el anciano enfermó y acabó en el hospital. Los pequeños pasaron días solos hasta que alguien “se chivó” y la madre perdió la custodia.

Los niños perdieron relación con ella porque, por trabajo, no podía ir a recogerles ni pasar las fiestas con ellos. Además, las cartas que le escribían desde el orfanato eran confiscadas por los curas. Así, ambas partes se sintieron olvidadas por la otra y acabaron perdiendo el contacto. Fueron los tíos de Elías quienes le sacaron de la Ciudad cuando se instaló el caos.

El resto de niños, los que no tenían la suerte de tener familia, fueron repartidos por otros centros. Los que tenían edad para estudiar un oficio, acabaron en pisos tutelados, unos ocho por casa, junto a educadores que se esforzaban —con más o menos éxito— en conseguir que esos adolescentes que, por fin, podían moverse a sus anchas, fueran a clase y se sacaran una FP.

“Nos pegaban lo normal”

Elías, que se intentó escapar, relata palizas y maltrato. Miedo por las noches. También asegura que hay cosas que ha vivido y que no explicará jamás porque no quiere hacer sufrir a los suyos. Pero, por otro lado, relativiza la violencia y asegura que “era lo normal para la época”. Ese, según Teresa Roig es un argumento que se repite entre las decenas de exalumnos a los que entrevistó.

Al menos, entre los que estudiaron allí a partir de la llegada de los Hermanos. Si se pregunta a quienes tuvieron la suerte de vivir las etapas anteriores, la historia cambia mucho. Así lo cuenta Pere, un hombre de 85 años que fue de los que inauguraron La Ciudad de los Muchachos. Entró al centro no porque fuera huérfano ni porque sus padres perdieran la custodia, sino porque los médicos le recomendaron alejarse del centro de aviación del Prat, donde su familia regentaba un bar y se detectaban muchos casos de tuberculosis.

Fue a parar al colegio de Collserola, que en sus inicios seguía los mismos preceptos naturalistas que L'escola del mar. “Gané un concurso literario, era el que más goles marcaba y hasta me hicieron delegado de cultura”, cuenta, visiblemente orgulloso de su infancia. “Fue fantástica”, remacha.

Asegura, además, que la formación era “excelente”. Tanto que, a los chavales que tenían potencial, el centro les llegaba a pagar estudios superiores, como fue su caso. “Muchos fuimos a la universidad. A los que no tenían posibles, hasta les pagaban pisos para quedarse”, relata Pere, que se hizo periodista y acabó dedicándose a la política. Cuenta, de hecho, que su vocación de servicio público nació en La Ciudad de los Muchachos.

“No nos librábamos de cantar el Cara al Sol por las mañanas ni de rezar por las tardes, pero eso era lo único que había del régimen en la escuela. Era insólito ese centro formado por demócratas en plena dictadura. No podía ser más que un defensor de la democracia habiendo estudiado allí”, cuenta.

Pere es consciente de que su relato difiere muchísimo del de niños que vinieron después y, aunque le duela reconocer que el colegio que le dio esa infancia tan feliz se corrompiera, no duda en denunciar los abusos que sufrieron quienes le sucedieron. “Los niños son las personas más vulnerables de la sociedad y, quien juegue con eso, no tiene perdón”, apunta Teresa Roig quien, después de publicar su libro se ha enfrascado en otra lucha: conseguir que el Ayuntamiento dignifique y rehabilite el espacio.

El impulsor de esta iniciativa es Joan Moya, vecino y activista de la zona que interpuso una queja ante el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán) para que el Ayuntamiento oyera sus peticiones. “Al fin y al cabo, el edificio es de titularidad municipal”, añade. Por ahora, el consistorio no tiene previsto “ninguna intervención” en el espacio, más allá de la idea de “algún formato o actividad” en el marco del 50 aniversario de la muerte de Franco, según han apuntado a preguntas de este medio.

Para Moya y para los exalumnos esto no es suficiente y reivindican un compromiso mayor con los niños maltratados. “Por mucho que lo quieran ocultar, pasó. Y fue muy grave” sostiene Moya. Algunos, como Valentín, ven este gesto como una “falta de respeto”. “Si no nos ayuda a resolver este olvido un gobierno socialista, ¿quién lo hará?”, se pregunta.

El presidente del consejo comarcal de La Cerdanya, Isidre Chia (Junts), se ha desvinculado este lunes ante la jueza de Puigcerdà del chalé ilegal con piscina construido sin permiso y en una finca inundable actualmente propiedad de su hermano.

Ante la jueza de Puigcerdà ha comparecido este lunes Chia como investigado, pues en el momento de iniciarse la construcción irregular el terreno pertenecía a una sociedad familiar. El dirigente, que ha respondido a las preguntas de la jueza y de su defensa, se ha desvinculado de las obras ilegales y ha remarcado que eran de su hermano, han informado fuentes jurídicas.

El caso del chalé ilegal de Fontanals ha llegado al juzgado después de una denuncia de la Fiscalía de Medio Ambietne de Girona, quien llevó a los tribunales a los dos hermanos Chía y respaldó la lucha que desde hace años mantiene la entidad ecologista SOS Pirineus contra el chalé de Chia y otras edificaciones en terrenos protegidos de personajes poderosos de la comarca.

El caso permanece en los juzgados en 2026 pese a que las obras ilegales empezaron en 2017 y que desde 2022 existe una orden municipal para derribar la construcción ilegal que sigue sin ejecutarse, según ha admitido el arquitecto municipal de Fontanals que ha comparecido este lunes como testigo, informan las mismas fuentes.

Según el fiscal y los ecologistas, Chia “transformó subrepticiamente” en 2017 una caseta tradicional agrícola en un chalé con piscina y jardín en un terreno inundable y protegido a nivel ecológico –cuyo resultado se puede constatar en el vídeo de archivo que acompaña a esta información– mediante una licencia urbanística que solo le permitía limpiar el terreno y arreglar desperfectos en la caseta.

Xavier Chia, que tiene una empresa de jardinería muy conocida en la comarca, no se quedó aquí, expone el fiscal. Cuando fue descubierta la primera construcción irregular, el hijo del entonces alcalde “intentó ocultar la ilegalidad y evitar sanciones” mediante solicitudes de varias obras menores y licencias ante el Ayuntamiento que comandaba su padre.

Por ejemplo, en 2019, cuando la construcción irregular ya era un clamor entre vecinos y ecologistas de la comarca, el Ayuntamiento concedió a Chia el permiso para construir una perrera para 40 canes al lado del chalé. Un año después, Chia, para intentar tapar la construcción ilegal de la piscina del chalé, solicitó al consistorio una licencia para convertir la piscina en depósito de agua para perros, agrega la denuncia.

Los informes de la Agencia Catalana del Agua (ACA) establecieron que la construcción de Chia no afectaba a acuíferos o a espacios protegidos, pero sí se pretendía edificar dentro de la zona inundable del río Segre, y por lo tanto hacía falta disponer de autorización previa.

Este lunes también ha comparecido un perito propuesto por la defensa de los Chia que, en línea con la tesis exculpatoria, ha admitido que, si bien las obras fueron ilegales, la normativa permitía su legalización. En suma, un intento de que la causa por delito urbanístico quede en nada.

El exministro Federico Trillo (PP) atribuyó este lunes los atentados terroristas del 11 de marzo de 2004 en Madrid a comandos “enviados por Marruecos” y “bajo control y coordinación de los servicios secretos franceses”.

Así lo apuntó en el acto de presentación de su libro 'Memorias de anteayer', en el Círculo Ecuestre de Barcelona, presentado por el exdiputado del PP Manuel Milián Mestre.

Trillo expuso una teoría sobre la autoría de los atentados del 11M que se contrapone a la que sostuvo el Gobierno de José María Aznar y que atribuía responsabilidades a ETA.

“Tengo la absoluta convicción de que fueron los comandos 'moritos', enviados por Marruecos, bajo control y coordinación de los servicios secretos franceses. Esa es mi conclusión. Siento ser tan claro”, afirmó.

Según Trillo, “tanto la CIA como el MI6 coinciden en que detrás de los moros había un servicio de inteligencia continental”.

Trillo destacó la “torpeza” con la que su Gobierno gestionó aquella crisis, una gestión que “fue no mala, lo siguiente”.

El Gobierno de Aznar, comentó, cometió el “error” de no reunir al gabinete de crisis, lo que en ese momento dejó fuera del núcleo que debía analizar las causas y consecuencias de los atentados a los vicepresidentes Rodrigo Rato y Javier Arenas y al ministro de Defensa, el propio Federico Trillo.

“José María se encerró el jueves y el viernes con el ministro portavoz, Eduardo Zaplana, y el ministro del Interior, Ángel Acebes, y no quiso de ninguna manera que estuviéramos Rodrigo Rato, el ministro de Defensa o el vicepresidente Javier Arenas”, señaló.

Fraga sugirió relevar a Rajoy como candidato

También explicó que el expresidente gallego Manuel Fraga Iribarne, meses después de la derrota del PP en las elecciones generales de 2004, sugirió reemplazar a Mariano Rajoy como candidato del PP a la Moncloa.

En julio de 2004, recordó, Rajoy le pidió que fuera a hablar con Fraga para intentar convencerlo de que renunciara a presentarse a la reelección como presidente de la Xunta de Galicia.

Trillo se reunió con Fraga, que no solo no transigió con la idea de ceder paso como candidato a la reelección, sino que le dijo a su interlocutor: “No tenemos candidato a la presidencia del Gobierno”.

“A mí me había mandado Rajoy, que acababa de perder las elecciones, pero eran sus primeras elecciones. No podía admitir semejante planteamiento”, razonó Trillo, que justificó la derrota electoral de marzo de 2004 por el impacto del 11M.

Según Trillo, en ese momento Fraga le sugirió dos nombres que a su juicio podrían relevar a Rajoy: “Tú o Alberto Ruiz Gallardón”.

Llama a “quitarnos de encima al tirano de Sánchez”

Refiriéndose a la política actual, se mostró muy crítico con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en su opinión no está a la altura del expresidente socialista Felipe González.

“Felipe nunca llegó al nivel de inmoralidad al que está llegando en este momento Sánchez”, afirmó Trillo, que hizo un llamamiento a “sacar del poder de España a esta mafia que está acabando con la idea de España misma”.

Y planteó: “Si fuimos capaces de quitarnos de encima aquellas corruptelas de González, a pesar de ser el mejor gobernante socialista que hemos tenido, deberíamos ser capaces de quitarnos a este tirano de encima”.

Sindicatos de inquilinos y de trabajadores han dado los primeros pasos este jueves en Catalunya hacia la convocatoria de una huelga general contra la crisis de la vivienda. Con la plataforma Vivir nos cuesta la vida, han anunciado una primera movilización el 1 de Mayo y se han comprometido a sumar apoyos en los próximos meses hasta organizar un paro laboral general de cara a 2027. 

“Una huelga general de este calado no se prepara ni se convoca de un día para otro”, ha reconocido Rubén Páez, portavoz de la plataforma. “Las huelgas hay que trabajarlas, se organizan desde cada lugar de trabajo, sindicato, barrio, casa, comité… La gente está harta de vivir cada vez peor”, ha añadido Isi Sáez, también portavoz de la iniciativa.

Detrás de esta iniciativa están los principales colectivos por el derecho a la vivienda y también los sindicatos alternativos de Catalunya. De parte de los primeros, la integran la Confederación Sindical de Vivienda de Catalunya (COSHAC), el Sindicato de Inquilinas de Catalunya, el Sindicato de Vivienda Socialista de Catalunya y la PAH. 

En cuanto a las organizadores de los trabajadores, están la de la Mesa Sindical de Catalunya. No incluye a CCOO y UGT y sí a CGT, CNT, IAC (que integra la USTEC, mayoritaria en la educación pública), Intersindcial, COS y CO.BAS. 

Las demandas con las que arranca esta alianza entre inquilinos y trabajadores contemplan reducir la jornada laboral a 35 horas, prohibir las horas extra “estructurales”, aumentar el SMI a 1.500 euros mensuales y vincular los salarios al IPC. En materia de vivienda, reclaman una bajada de precios del alquiler, “contratos indefinidos” de arrendamiento, legislar contra la especulaciçon y que se reconozcan los sindicatos de vivienda como “interlocutores legítimos”. 

“Serán al menos doce meses de trabajo para ir adhiriendo entidades y diversas instituciones y poder conseguir un horizonte de pararlo todo”, ha afirmado Sáez, de la Confederación Sindical de Vivienda.

Esta misma semana, han explicado, empezarán el proceso para que otras organizaciones de todo tipo –otros sindicatos, movimientos vecinales, entidades ecologistas, en defensa del territorio, organizaciones juveniles, colectivos feministas, asociaciones de familias– puedan sumarse a la iniciativa. “Ahora mismo somos los que somos, pero todo el mundo es bienvenido”, ha añadido Páez, que ha asegurado que ya hace mucho tiempo que “es evidente” que el principal problema de la clase trabajadora es el acceso a la vivienda y unos salarios que hacen que sea “imposible llegar a fin de mes”.

En este sentido, han argumentado que hace tiempo que tener trabajo no asegura “una vivienda digna” y que aunque mejora la productividad “la jornada se mantiene igual desde hace un siglo”. Asimismo, han recordado que los beneficios empresariales son “récords” pero los salarios están “como mínimo, estancados”. “Sube el PIB pero también la precariedad”, lamenta el manifiesto conjunto, que asegura que los trabajadores no están notando ni que la economía “vaya mejor que nunca” ni que ésta sea “la legislatura de la vivienda” tal y como se ha prometido.

Seguramente usted fue uno de los miles de lectores que hace unos años leyeron Permagel (o Permafrost en su traducción al castellano), el fenómeno literario internacional que convirtió a su autora, Eva Baltasar, en una de las escritoras más interesantes de las letras catalanas. 

La novela es el retrato psicológico de una mujer lesbiana, inteligente y extremadamente lúcida, que atraviesa una compleja etapa de su vida adulta bajo una constante pulsión suicida. El permagel o permafrost del título hace referencia a cómo se siente: aislada de los sentimientos y las expectativas sociales, como rodeada de una espesa capa de hielo que la separa del mundo exterior y que nunca se derrite.

El hecho de que Baltasar hubiera dedicado gran parte de su obra anterior a la poesía, contribuye a que la prosa de Permagel sea precisa y finísima a la hora de describir los estados emocionales que atraviesa la protagonista. La novela habla del deseo, del sexo, de la familia, de la maternidad, de la muerte con honestidad y esa fría ironía de los que están desesperados.

Del papel al escenario

Ahora, la novela acaba de dar el salto al teatro de la mano de una de las directoras más interesantes del momento, Victoria Szpunberg, y con María Rodríguez Soto dando vida a la protagonista de la historia. La obra, que se titula también Permagel, se estrenó el pasado día 8 de abril en el Espai Texas de Barcelona, y las entradas se han vendido a una velocidad tal que se ha prorrogado hasta el 28 de junio.

La traducción a la escena de Permagel no era una tarea sencilla, se trata de una novela que transcurre básicamente en la mente de la protagonista. Por eso mismo, convertir ese flujo de pensamiento en acción escénica comportaba el riesgo de perder su esencia. 

De hecho, Szpunberg ha confesado que aceptó el reto casi a regañadientes: “Anna Rosa Cisquella y Sem Pons [responsables de Dagoll Dagom y Barc, coproductores de la pieza] fueron quienes me llamaron y me propusieron llevar al teatro Permagel. Hasta entonces, yo no conocía la obra de Eva Baltasar y tampoco he adaptado muchas novelas al teatro”, reconoce.

Todo cambió tras leer el libro. “El libro de Eva destila oralidad y poesía, con una voz protagonista tan irreverente como sensible y unas imágenes que son realmente muy tentadoras para la escena”, explica la directora. “La adaptación que hemos hecho con Albert Pijuan, si bien respeta el texto original, aporta una nueva estructura que pensamos que se adecua mejor al hecho teatral”.

Que todo cambie para que todo siga igual

Partir de una obra tan conocida por el público complicaba todavía más el reto. La adaptación no ha buscado trasladar la novela de manera literal, sino que ha consistido más bien en remontar la historia desde la lógica del teatro. 

La estructura cambia, el tiempo gana linealidad, pero se respeta el texto de la novela y su carácter fragmentario. No renuncia a su densidad ni a su profundidad, ni es en absoluto una lectura dramatizada. De alguna forma encuentra un punto intermedio en el que la actuación de Maria Rodríguez Soto es clave.

Y es que es imposible hablar de esta adaptación de Permagel sin resaltar el trabajo de Maria Rodríguez Soto, que se presenta en completa soledad frente al público con una intensidad máxima desde el momento en el que pone el pie en escena. 

La actriz, que muchos recordarán por Casa en flames (2024) o Los días que vendrán (2019) en el cine o Els criminals (TNC, 2024) o Una gossa en un descampat (Sala Beckett, 2018) en el teatro, despliega una capacidad sobresaliente para atravesar estados emocionales muy distintos sin perder la continuidad, pasando de la ironía a la vulnerabilidad, o de la desesperación al enfado de una forma tan orgánica que nunca resulta forzado ni sobreactuado.

Dentro de estos cambios de registro, el humor ocupa un lugar central. La ironía atraviesa todo el texto y la interpretación la utiliza para modular la intensidad del monólogo. Gracias a ella, la obra avanza y la dureza del relato se hace visible pero sin resultar asfixiante. La risa puede aparecer incluso en momentos en los que la dureza de lo que se está contando no la justificaría, lo que también contribuye a construir el contradictorio andamiaje sentimental de la protagonista.

Esa combinación es la clave del trabajo de Rodríguez Soto. Su energía sostiene la función. Los matices que introduce evitan que el texto caiga en el exceso. Y su capacidad para encarnar distintos personajes, modular la voz y transformar su cuerpo, convierten el monólogo en una experiencia muy rica.

Un espacio en blanco

El espacio en el que la actriz desarrolla su trabajo es completamente blanco y está casi vacío. Representa tanto una fría habitación de hospital, como la mente de la protagonista; el hielo que recubre su corazón o la cima del edificio desde el que fantasea con suicidarse. 

Una escenografía, creada por Paula Gómez Infante, discreta pero que funciona. Los elementos son los imprescindibles. Se desplazan, se reorganizan, generan nuevas formas y acompañan el recorrido del personaje, en ocasiones, literalmente.

Un espejo helado

Permagel plantea una cuestión que sigue plenamente de actualidad ocho años después de su lanzamiento como novela: la dificultad para habitar el mundo, la sensación de no encajar y la presión insoportable de algunos roles sociales.

En ese sentido, la obra sigue funcionando como espejo para muchas personas que, como la protagonista, tratan de resquebrajar ese hielo eterno que las mantiene separadas de la vida “normal”.

La obra no proporciona una respuesta clara ni reconfortante, ni pretende curar ni cerrar heridas. Se limita a exponerlas, a ponerlas en común, a hacerlas visibles en un espacio compartido. Y ahí el espacio teatral quizá sí que tiene una ventaja sobre la novela, el hecho de vivirlo en comunidad hace que este efecto se multiplique.

Más de 10.000 peatones recorren sus 1,3 kilómetros a diario. Muchos solo levantan la mirada –y el móvil– frente a las obras de Gaudí, ya sea la Casa Milà o la Casa Batlló; otros, van de compras en tiendas que ocupan fincas modernistas que levantaron grandes fortunas barcelonesas. Roger Bastida (L’Hospitalet de Llobregat, 1990), historiador del arte, escritor y devoto de esta avenida, pasea entre todos ellos y concluye, optimista: “No creo que los barceloneses hayamos abandonado el Passeig de Gràcia”.

Bastida ha publicado Passeig de Gràcia. Història d’una familia (editorial Comanegra), con el que ha ganado el premio IV Santa Eulàlia de novela. En él, describe las peripecias de tres sagas familiares alrededor del auténtico protagonista del libro: el Passeig de Gràcia, la arteria comercial más lujosa de la ciudad, y la más cara de España, que hace 200 años era apenas un camino de carros que unía Barcelona con el pueblo de Gràcia, y que se erigió en la ubicación más codiciado de sus grandes fortunas.

El paseo con Bastida arranca en lo alto del Passeig de Gràcia. A un lado y otro de la Diagonal, dos ejemplos de lo que fue y lo que es hoy el paseo. El Palau Robert, vestigio del paseo de los palacetes (que serían derribados para levantar edificios), convive con el antiguo Deutsche Bank, símbolo del poder bancario afincado en la arteria durante el franquismo y de su transformación en el siglo XXI en meca del superlujo para capitales extranjeros. Su ático se vendió por 40 millones, el metro cuadrado más caro de toda España.

“El Passeig de Gràcia permite explicar la historia de la ciudad y del país. Comenzando por el comercio con América, la industria textil, la especulación inmobiliaria… y desembocando con el turismo”, señala Bastida. Además, reivindica, es de las pocas grandes avenidas europeas donde el dinero y el arte van tan de la mano. “Si vas por las calles más lujosas de Madrid o de Milán, no te encuentras un Gaudí o un Domènech i Muntaner, ni casas museo”, afirma.

Palacios levantados con dinero esclavista

Proyectado por Bernaldo de Quirós, marqués de Campo Sagrado, e inaugurado en 1827, su existencia es anterior al derrumbe de las murallas de la ciudad y la expansión del Eixample. “Plantaron árboles, pusieron bancos, fuentes, e inicialmente era un espacio de recreo, porque la ciudad se había quedado pequeña”, explica Bastida. Pero poco a poco, las grandes familias, ya fueran la aristocracia local o las fortunas originadas en Cuba y Puerto Rico, lo eligieron para levantar sus palacios. 

Es el caso de los marqueses de Castelljussà o de la familia Massana, que amasó su fortuna a base de trabajo esclavizado en Cuba. Ambos apellidos son fabulados para la novela Passeig de Gràcia, pero se basan en hechos reales. Uno de los palacios que aguantó más en pie, hasta 1947, fue la Casa Samà, de Salvador Samà, Marqués de Marianao. Su riqueza está vinculada al tráfico ilegal de esclavos. 

“El peso de las fortunas antillanas en la construcción del Passeig de Gràcia es importante, y esto incluye las familias que sabemos que traficaron con esclavos o las que tenían plantaciones y se beneficiaron de su mano de obra”, describe Bastida. Otra de las grandes herederas de esclavistas que desembarcó en esta avenida fue Manuela Xiqués, la Bisabuelita, que compró el solar donde hoy está el Hotel Majestic. 

De la primera fase del Passeig de Gràcia solo quedan dos palacios. El Palau Robert (aunque es posterior, puesto que el financiero gerundense Robert Robert i Surís mandó derribar unos chalés y construir a finales del XIX su palacio) y el Palau Marcet, del empresario Frederic Marcet, inmerso actualmente en un polémico proyecto de remodelación para albergar el Museo Thyssen.

Especulación y arquitectos estrella

Hacia finales del siglo XIX, el Eixample en construcción se convirtió en un lienzo en blanco para los grandes arquitectos del modernismo catalán. En el Passeig de Gràcia, se derruyeron palacetes para dar forma a la actual avenida de inmuebles de cuatro plantas. “Era la calle donde se pagaba el suelo más caro, estaba estudiadísimo cuánto costaba cada metro cuadrado”, explica Bastida. “Es entonces cuando se crea este modelo clásico de edificar una finca de cuatro plantas, con el Principal para el propietario y el resto, para otras familias adineradas”, resume. 

Las grandes familias se lanzaron a una feroz competición para conseguir los arquitectos más demandados de la nueva corriente modernista. Antoni Gaudí, Josep Puig i Cadafalch, Lluís Domènech i Montaner. “Enric Sagnier era entonces el más caro y es el que tiene más obra en la ciudad, aunque no es tan conocido”, precisa Bastida. 

El legado más evidente de esa competición es la llamada manzana de la discordia, que aúna la Casa Batlló, de Gaudí, la Casa Ametller, de Puig i Cadafalch, y la Casa Lleó Morera, de Domènech i Montaner. Su acera es de las más intransitables de la ciudad. Bastida se queda con la Lleó Morera, en la que trabajó de guía el poco tiempo que estuvo abierta al público. “Tiene el interior doméstico modernista más espectacular de Barcelona”, argumenta. Además, su fachada es la primera íntegramente de cristal.

Lejos de los turistas, un paseo con Bastida permite descubrir aún secretos del modernismo en plena capital catalana. Como los que esconde la tienda del Massimo Dutti del número 96. Es la Casa Ramon Casas, el pintor modernista catalán cuyo padre hizo dinero en Cuba (la finca de al lado, que alberga la joyería Rabat, es la que heredó su hermana). Aún conserva arquitectónicamente el patio de carruajes o el taller donde pintaba. También escaleras o una chimenea de hierro que simboliza un mono y frente a la que se fotografía el escritor.

De las tiendas de lujo a Carles Marx

Mientras fue todavía hogar de la alta burguesía, los comercios del Passeig de Gràcia reflejaron las necesidades y caprichos de sus residentes. Inicialmente, explica Bastida, abundaban los talleres mecánicos, tiendas de complementos para automóviles o gasolineras. “En aquella época, esto era sinónimo de lujo”, dice el escritor. Con la Primera Guerra Mundial, añade, se llenó de cafeterías, pastelerías, peluquerías y tiendas de moda. 

Uno de los comercios más emblemáticos, la joyería Masriera (hoy Bagués-Masriera) sigue en pie en la avenida, aunque en otro emplazamiento al histórico. Fueron los grandes joyeros del modernismo. 

Pero las modas cambian, recuerda el escritor, y llegó el día en que las grandes fortunas prefirieron instalarse en la zona alta de la ciudad, donde permanecen. Ese proceso fue parejo al desembarco en el Passeig de grandes bancos e instituciones, con sus oficinas que cerraban por la tarde y dejaban la calle vacía de actividad. El Banco Vitalicio, que se alza en el solar del antiguo palacio del esclavista Samà, hoy Edificio Generali, es el más llamativo, junto con el del Banco Hispanoamericano, actualmente sede del hotel de lujo Mandarin Oriental.

Resulta que justo donde está el hotel, y antes el banco, se erigió también el monumental edificio del elitista Círculo Ecuestre, con piscina interior y sala de esgrima. Lo inauguró en 1926 el rey Alfonso XIII. Durante la Guerra Civil, lo ocupó la UGT y lo convirtió en el Casal Carles Marx. Después Franco se lo entregó a la Falange Española. 

Tras la etapa de los grandes bancos y aseguradoras, la fase en la que entró el Passeig de Gràcia es la actual, la del turismo de masas. A esta no llega el libro de Bastida, porque considera que ya está a la vista de todo el mundo. A diferencia de la Rambla y de partes del barrio Gótico, que han expulsado a los barceloneses en favor de los visitantes, Bastida considera que el fenómeno que vive su avenida preferida es distinta. En primer lugar, porque el pueblo barcelonés nunca ha podido residir en ella, ni ahora ni antes.

“No compramos en el Passeig de Gràcia, ni viviendas ni en sus tiendas, porque no tenemos poder adquisitivo, pero es que mis bisabuelos hace cien años tampoco lo tenían”, expresa. “No es que hayan puesto joyerías de lujo para los guiris, aquí la especulación existe desde hace 150 años”, añade. 

Y sin embargo, matiza que ni él ni muchos barceloneses han renunciado a pasear por el Passeig de Gràcia. Para ver el encendido de las luces de navidad, para desplazarse por el Eixample, para cenar en algún restaurante o, quién sabe, para comprar un anillo de boda.

Mar Bermúdez (Barcelona, 1998) fue agredida sexualmente por su jefe durante la cena de Navidad de la empresa en 2022. Lo mismo le pasó a otra trabajadora. Ambas eran periodistas en el digital El Principal y estaban bajo las órdenes de Saül Gordillo, quien fue exdirector de Catalunya Ràdio y a quien la justicia condenó a un año de cárcel por la agresión a Bermúdez. Luego, él mismo aceptó un año y medio de pena tras reconocerse culpable también en el segundo caso.

Pasaron casi tres años entre los hechos y las condenas. Tres años en los que las víctimas se vieron en el ojo de un huracán mediático que las hizo diana de críticas, dudas y cuestionamientos. Tres años durante los que parte del periodismo catalán se posicionó del lado del agresor, que todavía sigue colaborando con un medio digital a pesar de las quejas de sus trabajadores.

Ahora, Bermúdez siente que ha puesto “el punto y final” a la historia. Y lo ha hecho con el libro Els pecats d’una feminista (Ara llibres, 2026), en el que resignifica los siete pecados capitales desde una lectura feminista, siempre partiendo de su caso y su experiencia personal. “No me sentía legitimada para hacer un ensayo ni tampoco para hacer algo superbiográfico. Es una mezcla de ambas cosas porque lo que quería era que, al acabar de leerlo, tuvieras ganas de salir a quemarlo todo”, asegura la periodista, en una entrevista con elDiario.es.

Este libro, dice, es una manera de “recuperar el relato” y de explicar la historia desde sus vivencias. Algo que ya empezó a hacer durante el proceso judicial. Aunque las dos denunciantes, al principio, decidieron mantenerse en el anonimato para protegerse, llegó un momento en el que Bermúdez apostó por dar la cara.

“La primera vez que me tocó ir a los juzgados, me sacaron por la puerta de atrás, para que nadie me viera. Todo muy peliculero. Y, de repente, llego a casa, pongo la tele y le veo a él. Y me entró mucha rabia. Era él el que se tenía que esconder, no yo”, explica. A los pocos días, aprovechando su declaración en el juicio, Bermúdez se plantó ante los medios y afirmó: “la vergüenza tiene que cambiar de bando”.

En ese momento, una de las víctimas de este caso tan mediático pasaba a tener rostro, nombre y apellidos. Y eso la exponía. “Pero me daba igual. Ya tenía poco que perder. Me habían hecho tanto daño y de forma tan injusta que pensé que, si seguían, tendrían que hacérmelo a la cara y yo podría, por fin, defenderme”, relata.

Rememorando aquellas jornadas le viene a los labios, una y otra vez, la ira. No el concepto, sino el pecado. De los siete que hay, dice, ese es su favorito. “Es algo que nos han quitado a las mujeres, para anularnos. Pero siento que la rabia es lo que nos activa”, explica. Aunque sea el que más le gusta, la ira no es el pecado con el que empieza su libro. “No podía ser otro que la lujuria”, expone.

Perder la culpa y recuperar el cuerpo

La noche de los hechos, Bermúdez tenía 23 años, 27 menos que su agresor. A ella la tocó, “sin su consentimiento”, en diversas ocasiones, y con una intención “sexual explícita”, según la sentencia. Pocas horas más tarde, Gordillo se ofreció a llevar a otra compañera a casa en su coche, donde le practicó sexo oral sin consentimiento, aprovechando que “no tenía capacidad de reacción ni movimiento” debido a la “ingesta de alcohol y benzodiacepinas”, tal como apunta el fallo del segundo caso.

Si bien de esta agresión no hubo testigos, Mar Bermúdez sí contó con la declaración favorable de sus compañeros, que estaban en la discoteca esa noche y a quienes acudió para explicarles lo sucedido. Y también había cámaras de seguridad. Los vídeos, que iban a ser usados como prueba en el juicio, salieron de los juzgados y llegaron a manos de muchos periodistas.

“Ninguno los publicó, pero muchos, muchísimos, hablaron de ellos. Los habían visto y emitían su juicio”, explica Bermúdez, que contó que, durante esos meses, se publicaron 50 artículos de opinión sobre su caso. 28 de ellos eran favorables a su agresor. “Me dio mucho miedo que las imágenes llegaran a todas las redacciones de Catalunya”, apunta la joven.

Algunos calificaron los vídeos de “excelentes” y los consideraron prueba de “la construcción de una difamación”. Otros especularon sobre “la intención de la muchacha” y escribieron que quería “destruir al periodista” después de un “flirteo” en el que ella “hacía y se dejaba hacer tocamientos”. Esos vídeos fueron los mismos que vieron los magistrados, quienes en la sentencia apuntaron que “en las imágenes de la grabación de la cámara de seguridad, se aprecia claramente cómo Gordillo realiza tocamientos que tienen una connotación sexual explícita”.

El miedo a que esas imágenes salieran a la luz se convirtió en una “paranoia” que la llevaba a desconfiar de la gente. “Era terrible ir por la calle, ver a alguien y saber que, aunque no le conociera, él podría haber visto las imágenes de mi trauma”, relata. “Todavía hoy me da asco saber hay gente que vio esos vídeos y que tiene todavía en sus archivos de Whatsapp imágenes de la agresión, que es lo peor que me ha pasado en la vida”.

Aunque los vídeos no se publicaran, la conversación que suscitaron alteraron mucho a la joven periodista, que por aquel entonces ya se consideraba feminista. Lo suficiente como para saber que las víctimas no tienen la culpa. “Pero todo cambió cuando me pasó a mí y la gente empezó a dudar de mi versión. No tenía sentido, pero sentía que había sido culpa mía”, dice Bermúdez. “Todo el mundo hablaba de esos vídeos. Muchos medios me juzgaron a mí y mi manera de hablar, de bailar y de moverme. Y claro, te cuestionas”, explica.

La culpa llegó tan lejos que la afectó incluso en sus clases de baile, una actividad que no se pierde “aunque se acabe el mundo”. “Como se había juzgado concretamente cómo bailaba, en clase empecé a preguntarme si me estaba sexualizando demasiado. Si estaba haciendo mal bailando así”, relata. Tan profundo fue el efecto, que Bermúdez tardó dos años en poder volver a pisar una discoteca.

El sexo también se volvió un territorio vetado. La joven dejó de confiar, de saberse relacionar con nadie y de soportar el contacto físico. “Pensé que ya estaba, que mi vida sexual se acababa ahí. Pero eso no fue verdad. Se sale de todo, de esto también”, asegura la periodista.

Después de mucha terapia --“y de que me repitieran 200 veces que no estaba loca”-- Bermúdez recuperó la calma y la seguridad. Eso la ha llevado a entender su sexualidad de manera diferente, a saber que lo que ella haga no la convierte en culpable porque “nadie, absolutamente nadie, agrede sin querer”, insiste.

Es desde ahí que ha resignificado el pecado de la lujuria, dejando atrás el mantra de que la víctima se lo estaba buscando. “Ya no es que nosotras seamos lujuriosas, sino que ellos son agresores. No nos perdone, señor, que seguiremos pecando”, apunta en el libro. A partir de esa premisa, Bermúdez repasa todos los pecados que se atribuyen a las malas mujeres y les da la vuelta para hacer de la soberbia, dignidad; pasar de la ira a la rabia; o convertir la envidia en solidaridad.

A través de ellos, la joven va tejiendo un viaje que va desde la noche de la agresión hasta su recuperación, pasando por la terapia, el acompañamiento de los suyos y las dudas del proceso judicial. A ello dedica buena parte del capítulo sobre la avaricia, en el que desgrana el paso a paso de una denuncia y el coste -emocional y económico- de denunciar. “Cuando tomé la decisión, era más ingenua que ahora. Era de las que repetía que había que denunciar siempre y, aunque no me arrepiento de haberlo hecho, ahora matizo esa afirmación”, cuenta.

Cuando se planteó denunciar, no se imaginaba lo que vendría. La angustia cada vez que su abogada le llamaba o la exposición pública. Ella tomó la decisión porque no quería echarse atrás y ver, al cabo de unos años, que salía otra víctima. “No quiero decir que la responsabilidad de que un agresor pare sea de su víctima, pero no me lo hubiera perdonado”, cuenta.

Ella se presenta como una privilegiada (“joven, blanca, de Barcelona, sin problemas económicos y con apoyo familiar y red de amistades”) que pudo denunciar. Y, aunque asegura que muchas no pueden, también apunta que el proceso judicial contra su jefe fue el “principio de algo”. Su caso, junto a las denuncias públicas de las cómicas Charlie Pee y Ana Polo contra quien fue su superior, el periodista de Catalunya Ràdio Quim Morales, pusieron las bases de un Metoo del periodismo catalán.

De momento, el de Gordillo es el único caso que ha llegado a los tribunales -sumándole el de Morales, quien ha llevado a Charlie Pee ante la justicia. Con todo, han sido pocas las mujeres que hicieron públicas sus experiencias usando nombres -ya fueran los suyos o los de sus agresores. “Es un sector pequeño y los agresores son secretos a voces. Todas conocemos quiénes son y también intuimos quiénes son sus víctimas. Por eso, es normal que no se denuncien”, sostiene.

Pero eso no quita que Bermúdez considere que ese Metoo que no llegó a despegar haya tenido su efecto. “Creo que muchas mujeres trabajan diferente porque tuvieron la oportunidad de hablar con sus compañeros. Y creo que los agresores igual se lo piensan dos veces porque ese miedo de ser el siguiente en ser denunciado se está instaurando”, reflexiona.

Ella dio la cara y dijo el nombre de su agresor en alto en su momento. Pero ahora, ese nombre no sale en el libro que acaba de publicar. “Es mi reparación y él aquí no saldrá. No es suyo, es algo que es solo mío y ahora, por fin, puedo decidir yo”, remacha.

El delito fiscal es el tipo penal de los ricos. Y no podía faltar en el juicio a los Pujol. La semana ha vivido un intenso duelo de peritos que ha provocado los mayores daños hasta ahora en las defensas. No porque la palabra y los cálculos de los funcionarios de la Agencia Tributaria supongan automáticamente una condena (el tribunal también ha escuchado argumentos de descargo de los expertos contratados por los abogados de los Pujol), sino porque se ha comprendido de qué se acusa a dos de los hijos del expresident. No es poca cosa.

La historia de los Pujol con Hacienda viene de lejos y durante décadas estuvo marcada por el ghosting. En su famosa carta de confesión, el expresident reconoció que su familia mantuvo oculta al fisco una fortuna familiar durante 30 años, incluidos los 23 de su mandato en la Generalitat. Según su versión, a la que solo sus acólitos dan credibilidad, era la herencia del abuelo Florenci.

Los hermanos regularizaron “deprisa y corriendo” los fondos en Andorra, tal y como declaró en el juicio el asesor fiscal de los Pujol, tras ver los saldos en la portada de El Mundo el 7 de julio de 2014 (brigada política del PP mediante). Oleguer, Pere, Marta y Mireia se pusieron, por fin, al día con Hacienda. Oriol ya había cedido el dinero años atrás a su hermano Jordi porque le incomodaba por su carrera política, según contó al juez instructor.

Habitualmente, los juicios por delitos fiscales terminan en conformidad, es decir, con un acuerdo entre la Fiscalía, Hacienda y las defensas. El poderoso acusado admite el fraude, evita así pasarse muchas horas en un sitio tan incómodo como un banquillo y se salva de la cárcel (un lugar donde abundan los pobres). A cambio, el Estado consigue un buen dinero gracias a las multas e indemnizaciones por los impuestos impagados.

La regularización de los fondos de parte de los hermanos Pujol, por la que pagaron sus correspondientes multas y recargos, implica que no estén acusados de delito fiscal. Tampoco el padre, pues su caso ha prescrito. ¿Por qué delitos se podía proceder contra ellos? Dos clásicos: asociación ilícita y blanqueo de capitales. Dos tipos penales con los que es más difícil llegar a un acuerdo que el fraude a Hacienda.

Aquí han empezado los problemas para la Fiscalía. El testigo clave de la acusación, el investigador jefe de la Policía encargado de sustentar la tesis acusatoria, no tuvo sus mejores días cuando le tocó declarar.

No todo hay que achacarlo a la torpeza policial: el silencio de clase empresarial ha permitido mantener el velo a muchas de las malas praxis del pujolismo. Y, aunque a veces se mezclen, una cosa es lo que se logra en un juicio y la otra el reproche ético al hombre que dio lecciones de moral desde el Palau de la Generalitat. El caso a los Pujol ha desnudado comportamientos familiares difícilmente compatibles, terminen siendo delito o no, con la rehabilitación política que pretende el expresident y que le brindan algunos de sus rivales.

El policía apenas mencionó al expresident y a los hermanos que no son Jordi Pujol Ferrusola, cuyos desmanes empresariales solo posibles por su apellido (cobró 14 millones de euros en ocho años, la mayoría procedentes de contratistas de la Generalitat) han monopolizado la vista.

El juicio a los Pujol es más bien el juicio a Jordi Júnior. Más allá del hecho conocido de tener un dinero oculto en Andorra, no se ha visto prueba (ni de cargo, ni de descargo) sobre el padre y la mayoría de hermanos.

En suma, más que solidificar los indicios del caso (como sí pueden hacer los policías en sus declaraciones), el investigador de los Pujol corroboró el carácter vaporoso de la acusación de asociación ilícita contra la familia.

Por el contrario, los peritos de la Agencia Tributaria que sustentan la acusación por delito fiscal contra Josep y Jordi sí aportaron una explicación clara sobre el fraude fiscal: ambos hermanos ocultaron parte de sus rentas al fisco y obtuvieron con ello ganancias no justificadas.

Los funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de Hacienda, en funciones de auxilio judicial, defendieron con argumentos y datos su tesis, aunque con algunos reproches innecesarios al abogado de los Pujol, Cristóbal Martell, a quien uno de los peritos afeó que le estaba sometiendo “a un examen”. El magistrado que preside el tribunal, José Ricardo de Prada, tuvo que volver a tirar de paciencia y talante y pedir tranquilidad a todo el mundo.

En el caso de Jordi, el engaño consistió, según los peritos, en que tributó a través de sus empresas y no por IRPF. Un clásico en las causas por delito fiscal. Más espectacular es el origen del fraude fiscal atribuido a Josep: mover 900.000 euros en metálico entre dos bancos andorranos, en una bolsa con 10.700 billetes de 50, 100, 200 y 500 euros que pesaba 10 kilos, y volver a ingresarlos en la cuenta inicial, para un préstamo que Hacienda cree simulado. Ocurrió todo el 9 de diciembre de 2009 en una plaza del principado.

Además de sus propios peritos, que negaron el fraude, las defensas presentaron al tribunal una batería de argumentos de descargo (la inspección de la Delegación de Hacienda en Catalunya favorable a sus tesis o la “expresa reserva” de las autoridades andorranas a que la información bancaria del país enviada a España se usara en investigaciones por este tipo penal). Sea cual sea la decisión del tribunal sobre el delito fiscal, al menos se entendió.

Cada semana, las librerías tienen material suficiente como para renovar sus mesas de novedades más de una vez debido a la velocidad a la que funciona la maquinaria de esta industria. En España existen dos grandes grupos que gestionan decenas de sellos. Uno es Penguin Random House, que es propietario de Alfaguara, Debate, Lumen, Reservoir Books o Aguilar. El otro es Planeta, que posee Espasa, Destino, Tusquets, Seix Barral, Península o Temas de hoy. Esta es solo una pequeña lista, porque ambos abarcan muchos más (unos 40 el primero y alrededor de 70 el segundo). Además, están las editoriales independientes, algunas de las cuales tienen ya varias décadas de recorrido, sumadas a las que se forman cada año, cuyo futuro está por ver.

Según el último informe de la Estadística de la Edición Española de Libros con ISBN, en 2025 se publicaron 91.200 libros: 64.600 en papel (el 70,8%) y 26.600 en otros soportes, fundamentalmente digital (29,2%). Un 97,1% fueron primeras ediciones. Con todo, fueron 3.134 editores con una producción media de 29 libros. Estos datos apuntan a un crecimiento del 2% respecto a 2024, y de un 4,6% respecto a 2023.

Ante este panorama, ¿Cómo consigue sobrevivir una editorial independiente en este sector? Luis Solano, fundador y responsable de Libros del Asteroide, responde a elDiario.es: “Si lo haces todo bien, poco a poco, y tienes un poco de suerte, de alguna manera el viento sopla siempre a tu favor”. El año pasado celebraron su vigésimo aniversario con un éxito arrollador y sorprendente: Comerás flores, la novela de la debutante Lucía Solla Sobral lleva más de 100.000 ejemplares despachados desde que se publicó, el pasado septiembre. Ha recibido los premios Cálamo y El Ojo Crítico y todavía no se apea de los primeros puestos de libros más vendidos.

Para Maribel Luque, directora literaria de la Agencia Carmen Balcells, “las editoriales independientes son imprescindibles” porque “han sabido detectar nichos de mercado y los están trabajando de manera excelente, consiguiendo algunas veces fenómenos de gran impacto tanto en venta como en prestigio en prensa”. Véase el de Solla o Seismil, de Laura C. Vela (Niños Gratis*). De hecho, las mejores condiciones para algunos de sus clientes están en esas casas: “No siempre el mejor editor es el más grande o el que paga más, el mejor editor es el mejor lector, el que se enamora del texto y sabe comunicarlo al mundo”.

Solano mantiene que la perseverancia es esencial para perdurar: “Una editorial no vende solo los libros que publica cada año, también el fondo”. Y en el suyo hay nombres como el de Nancy Mitford, Manuel Chaves Nogales, Rachel Cusk, Nora Ephron, Graham Greene o Maggie O'Farrell. Daniel Moreno, que montó Capitán Swing en 2008, le da la razón con su experiencia: “Creo que el título que más hemos vendido ha sido Chavs, de Owen Jones (2012), con más de 25.000 ejemplares. Y el que menos fue La Pícara Coraje, de Grimmelshausen (2010), que no llegó a los 500”.

Capitán Swing es otra de las veteranas del sector, aunque su apuesta empezó y sigue siendo un tanto peliaguda: su catálogo está centrado en el ensayo político, lo que recorta el número de lectores potenciales. “Ha sido un camino duro, plagado de retos y desafíos. Al principio, te marcas el objetivo de aguantar los famosos tres años, que es el tiempo en el que este tipo de proyectos suelen sucumbir”, explica. Ahora bien, asegura que aunque se supere ese periodo, “siempre se está en situación de incertidumbre”: “Te acabas acostumbrando a editar con el agua al cuello”.

Para él, las claves para que una editorial independiente tenga su lugar en la jungla del mercado pasan por tener una marca que proyecte una buena imagen, buenas estrategias de comunicación, crear una comunidad, no especular y, como señala Solano, construir un buen fondo. Eso, y tener algo de suerte. “Que algunas de las novedades vendan lo suficiente bien como para contrarrestar otras que no lo hacen tanto. Algo de esto no habremos hecho del todo mal y, por eso, seguimos adelante”.

Solo, quizá no; pero con aliados, sí

Otra de las claves de la supervivencia de estos sellos independientes son las alianzas que establecen. Buena cuenta de ello lo da el grupo Contexto. Si bien el término ‘grupo’ evoca a grandes corporaciones, más bien se trata de una asociación de cuatro editoriales que se juntaron en 2008 para darse apoyo en tareas difíciles de asumir por separado. Está integrada por Libros del Asteroide, Impedimenta, Nórdica y Periférica. Paca Flores, editora de esta última, explica que mantienen estructuras empresariales independientes. Lo que les une es “una entente cordial para tareas del día a día y comparten estrategias de cara a eventos como ferias del libro, o las exportaciones”.

Periférica celebra este abril su vigesimosexto aniversario y declara que el recorrido hasta aquí “ha sido tan difícil como apasionante”. “Nacimos en un contexto propicio para iniciativas de corte vocacional y de espíritu algo temerario”, asegura. Flores cuenta que en ese momento se normalizó la convivencia entre los grandes grupos editoriales, las medianas, las independientes y las pequeñas. En la suya, intentan mantener una cifra fija de 20 títulos anuales y resistir a la lógica del “turbomercado” para mantener sus estándares de calidad y cuidado.

“Una editorial como la nuestra es un pequeño ecosistema que, aparte de las propias, también se nutre de las ideas de sus traductores y autores, incluso de sus lectores. Somos más de buscar, investigar y encontrar que de esperar a que nos lleguen las cosas a través de intermediarios como los agentes literarios”, expone. Flores es la que toma la decisión final de qué se llevará a imprenta (como Solano y Moreno en sus respectivas casas) pero sus compañeras también leen, proponen y toman decisiones. Asimismo, cuentan con unos pocos lectores externos de confianza que las ayudan con títulos en idiomas que ellas no conocen, pero que les interesan.

Candaya es otra de las independientes que atraviesa ahora su veintena. Se creó en 2004, ha crecido y se mantiene “gracias a una férrea voluntad de hacer comunidad: con lectores, libreros, autores, críticos, periodistas, que se han sumado a esta tribu que resiste y se sostiene en una lucha constante”, responden. Cuando cumplieron dos décadas, lo celebraron con el lema: “Haciendo del margen un lugar”.

Su oferta es peculiar, porque gran parte de su catálogo se sustenta en los libros de escritores que ya han publicado con ellos. “Nos interesa ser una editorial de autores, seguirles la trayectoria”, exponen. Aun así, reciben más de cien manuscritos al mes. “Es imposible leerlos todos. Tratamos de que las decisiones sean en común acuerdo y muchas veces confiamos en las recomendaciones de amigos lectores, de nuestras autoras y autores”.

Un caso excepcional dentro de este universo es el de Galaxia Gutenberg, que recorrió el itinerario contrario al de la mayoría: primero fue propiedad de los dos grandes grupos (cada uno tenía el 50%) y después pasó a ser independiente. Fue gracias a la iniciativa de Joan Tarrida, que llevaba 18 años dirigiendo el sello y a quien en 2010 se le ocurrió que la mejor forma de continuarlo sería comprándolo. “No tengo nada en contra de los grandes grupos, simplemente quería hacerlo a mi manera”, apunta. Se lo explicó a ambas partes, lo entendieron y después de “arduas negociaciones”, lo pusieron en marcha.

Según su opinión, hay tres cosas esenciales para que una editorial independiente sobreviva: “El apoyo de los libreros, el de los autores y la complicidad de la prensa”. Evidentemente, una empresa de este tipo necesita buenos trabajadores, porque su estructura no tendrá muchos recursos, pero para Tarrida el trío mencionado es vital: “En Galaxia tenemos la suerte de contar con todos”, presume.

En primera línea

Las librerías son grandes focos de prescripción. Un buen librero o librera conoce bien los títulos que tiene en su local, cuáles podría conseguir si se lo piden y es capaz de hacer recomendaciones según las pinceladas que le dé un cliente potencial. Chema Aniés, de La Anónima (en Huesca), es uno de ellos. Lleva en el sector desde 1988 y sostiene que el mercado “siempre ha estado saturado, con un número de publicaciones inasumible”. Pero ante esa especie de tsunami de lanzamientos, las editoriales independientes suelen tener buenas estrategias de resistencia.

Para Aniés, estas suelen proteger y seleccionar mejor sus títulos, lo cual les otorga un lugar en la mesa de novedades o escaparate del local. “Los dos grandes grupos cada semana te pueden hacer llegar, entre los dos, 200 títulos. Es imposible hacerlos funcionar ni prestarles atención siquiera” arguye. Las independientes cuidan más su relación con los libreros, tanto cuando informan de sus novedades como con acciones especiales. “Por ejemplo, Libros del Asteroide cumplió el año pasado 20 años y envió un expositor donde cabían un montón de sus títulos. Y yo lo vi en todas las librerías”.

Óscar es otro de los veteranos del sector: trabaja desde 1996 y ahora está en la librería Finestres de Barcelona, una de las más reputadas de la ciudad, pero antes estuvo en Gigamesh (tanto en la librería como en la editorial), así que sabe qué se cuece en ambos escenarios. “Las editoriales independientes tienen que saber manejar el éxito para no irse al garete”. Considera que si una editorial así “pilla un pelotazo, tendrá que gestionar una cantidad de libros, de ventas y de dinero para la que igual no está preparada”.

En la conversación menciona al grupo Contexto como ejemplo de buen hacer y añade el ejemplo de la asociación de editoriales independientes Llegir en Català, que funciona según el mismo esquema. Coincide con Aniés en que las editoriales independientes conocen mucho mejor su catálogo. “La mayoría de comerciales de las grandes organizaciones venden esto como podrían hacerlo con zapatos o coches”. Gestionar toda “la cantidad de novedades desmesurada” de los grandes grupos le resulta “más antipático”. Y aclara: “Te hablo ahora de una librería grande, pero es igual porque somos esclavos de las novedades, por eso las pequeñas tienen que trabajar muy bien lo que sacan, vendértelo y crear afinidad”.

¿Se compra o no?

A mediados de abril se desató una polémica (o discusión, según se mire) dentro del sector cultural a raíz de unos datos presentados en el Congreso de Librerías organizado por Cegal (Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros) el pasado mes de febrero. Dicha información hacía referencia a la venta de libros en el país y algunos medios interpretaron que casi la mitad de los libros disponibles en las librerías no venden ni un solo ejemplar a lo largo del año. Es decir: ni un amigo, familiar, conocido o incluso enemigo acérrimo del autor compra su obra aunque sea para criticarla.

Aniés considera que ese es un “dato catastrófico”, pero no se deja vencer por el desánimo y se aferra al hecho de que puede que una librería no venda ni un sólo ejemplar de un título, pero la de tres calles más para allá puede ser que venda tres. Óscar, de la Finestres, también matiza esos datos recordando que dicha estadística sólo hace referencia a librerías independientes, lo que deja fuera a gigantes como la Casa del Libro, Fnac o el Corte Inglés. Con todo, él mismo reconoce que en su librería hay libros de los que se compran menos de 100 ejemplares en un año. Para la editorial independiente puede suponer un golpe duro, pero a un gran grupo “tanto le da. V a sacar 100 novedades y, si sólo vende una, las otras 99 se pagan”.