“Un hombre perdió mucho peso y tenía la tripa visiblemente hinchada, le recetaron Nolotil como si fuesen gases. Finalmente era metástasis”. Se trata de uno de los testimonios recogidos en el informe 'Análisis de la situación sanitaria de las cárceles de Aragón', elaborado por la campaña Salud y Libertad, que busca visibilizar y denunciar la situación de vulneración de derechos que sufren las personas presas en materia de atención médica. La presentación del informe se enmarca en una serie de actos y actividades que han culminado este domingo 19 de abril con la vigésimotercera edición de la Marcha contra la macrocárcel de Zuera, que este año centra su mensaje en la desatención sanitaria dentro de prisión. En el parking de la cárcel de Zuera se han celebrado distintas charlas, cuenta cuentos, comida popular, dos conciertos… Mientras, Radio Hawai emitía en directo para las personas que se encuentran al otro lado de los muros.

El informe pone la lupa en las cárceles de Aragón, con testimonios recogidos en las instalaciones de Zuera y de Daroca, pero contextualiza una problemática que arrastra el sistema penitenciario español. La falta de médicos se presenta como uno de los principales agravantes de la situación sanitaria en los centros penitenciarios. Este déficit, tal y como recoge el documento, hace que muchas de las consultas se realicen por videoconferencia, con las limitaciones que eso conlleva, o que el personal de enfermería se vea obligado a realizar tareas ajenas a su competencia. También supone que enfermedades infecciosas —con una incidencia más alta en prisión que en la población general— reciban una atención insuficiente, que se restrinja el acceso a determinados tratamientos o que se produzca un retraso o ausencia de diagnóstico.

Una serie de deficiencias que se ven reflejadas en los testimonios que aparecen en el informe: “Te duele algo o estás mal y te dan solo paracetamol e ibuprofeno sin ver lo que tienes o qué te duele”. “Me rompí la pierna y los médicos de aquí me decían que era un esguince, a la hora me sacan al hospital y tenía el peroné roto y como aquí no se me revisaba no tuve rehabilitación y ahora tengo el pie con dolores”. “A otra persona, ante la falta de movilidad, le diagnosticaron ciática y recetaron Nolotil, finalmente era esclerosis múltiple”. Otros testimonios recogen como en caso de urgencias son los propios presos quienes tienen que llevar al paciente en camilla al médico del centro.

Competencia sanitaria y falta de médicos

Aragón cuenta con tres centros penitenciarios en Zuera, Daroca y Teruel. Según el informe, en 2024 Zuera acogía a 1.310 personas y contaba con un médico —de una plantilla teórica de nueve plazas disponibles—. Ese mismo año, en Daroca había cinco vacantes de siete plazas médicas para una población de unas 330 personas y en Teruel había un solo médico (de dos plazas) para unas 200 personas. A nivel nacional, en diciembre de 2025, solo estaban cubiertas 152 plazas (30% del total) para una población reclusa de 47.000 personas (en las Comunidades Autónomas no transferidas).

Preguntados por esta información, según Instituciones Penitenciarias actualmente en Zuera hay tres médicos, tres enfermeros y cinco auxiliares de enfermería. En Daroca hay tres médicos, siete enfermeros y tres auxiliares. Mientras que en Teruel no hay médicos, sino un servicio de guardias telemáticas, tres enfermeros y tres auxiliares. “La institución penitenciaria no es ajena a lo que ocurre fuera, hay una falta de médicos de familia y nosotros no somos ajenos a esa realidad”, dicen desde Instituciones Penitenciarias, y recuerdan que la atención especializada, y en concreto psiquiatría, corresponde a las comunidades autónomas.

Una de las principales causas de esta situación es que la competencia sanitaria dentro de las prisiones recae sobre el Ministerio de Interior y no sobre los servicios autonómicos de salud, por lo que la atención primaria se lleva a cabo por parte de Instituciones Penitenciarias, mientras que la atención especializada sí que se presta a través del Sistema Nacional de Salud. La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003 instaba a las comunidades autónomas a transferir y a asumir las competencias sanitarias en prisión, lo que facilitaría la cobertura de las plazas médicas vacantes dentro de los centros penitenciarios. Sin embargo, más de 20 años después, esto solo sucede en Cataluña, el País Vasco y Navarra.

Esta falta de médicos en prisión también podría explicarse, en parte, debido a tres motivos: al salario inferior de los profesionales de prisión en comparación a la media del sector sanitario, a que los centros penitenciarios están alejados de las ciudades —lo que dificulta la conciliación— y al entorno de trabajo —que puede derivar en situaciones complejas—; tal y como explicaba el abogado penitenciario David Burgos durante una de las mesas redondas sobre salud y prisiones celebradas el pasado 11 de abril en el Centro Joaquín Roncal, enmarcada dentro de las actividades previas a la marcha.

“La cárcel enferma”

Desde la campaña 'Salud y Libertad' denuncian también la opacidad y falta de acceso para obtener información sobre la situación sanitaria en las cárceles, lo que dificulta la realización de un estudio preciso sobre esta realidad. Para realizar el informe, hicieron llegar por carta o por “boca a boca” cuestionarios a personas encarceladas en Zuera y Daroca. Del total de personas encuestadas, el 47,1% declara que su estado de salud era bueno antes de entrar a la cárcel, mientras que, en comparación, el 67,6% refiere que su estado de salud ha empeorado desde su entrada.

“La cárcel enferma”, es una de las principales conclusiones del 'Análisis de la situación sanitaria de las cárceles de Aragón', que también pone el foco en la salud mental de las personas presas. A la falta de médicos, se suman las quejas respecto a la calidad de la alimentación recibida, así como las condiciones de salubridad e higiene en celdas sin grifos, en las que aparecen cucarachas y ratas, con un sistema de ventanas que no permite la ventilación de las celdas (en el caso de Zuera) y que “ha llegado a suponer un aumento de síntomas ansiosos”.

El informe también recoge el testimonio de una enfermera que trabajó en la Consulta General del Ramón y Cajal, donde se realizaba la atención especializada de pacientes que llegaban de prisión. Relata un caso concreto de abandono que debería haber sido atendido de manera prioritaria: “Recuerdo un caso de un paciente que llegó con la cara totalmente deformada por la patología que le afectaba. No era algo que hubiera sucedido de un día para otro, sino que había sido un proceso largo en el que nadie había tomado medidas salvo cuando empezó a afectarle en su día a día. Esta situación se debería haber atendido de manera prioritaria pero el paciente nos dijo que llevaba años conviviendo con esto”. La enfermera relata como el “acompañamiento” continuo realizado por las autoridades complica la denuncia por parte de los pacientes de la inacción en su salud y como el hecho de estar esposados durante la consulta dificulta su exploración médica.

“En ningún momento me sentí cómoda en aquellas consultas y no por culpa de los presos sino por lo indigno que me parecía el trato que recibían constantemente y por saber que esas personas sufrían todas esas vulneraciones de sus derechos día tras día, poniendo en peligro su vida y su salud”, concluye.

La lluvia arreciaba en esta mañana fría y gris del domingo 12 abril. Con el paraguas en una mano y con un clavel en la otra, la gente se agrupaba en torno al Memorial por las víctimas del franquismo del Cementerio de Torrero. Por primera vez desde que se realiza el homenaje (2010), llovía en este día de recuerdo y memoria, lo que no ha impedido que se lleve a cabo. Tras unas breves palabras, la comitiva avanzaba a depositar las últimas flores en la tapia del cementerio donde se produjeron los fusilamientos. Allí leía unas palabras Pilar Coloma, graduada en Historia y doctoranda en la Universidad de Zaragoza, en memoria de las profesoras represaliadas en Aragón y, finalmente, el Coro Libertario de Torrero entonaba unas canciones, acompañado del coro francés La Rojinegra.

Se cerraba así un homenaje que ha salido adelante, un año más, gracias a la solidaridad ciudadana. “Seguiremos tirando de solidaridad, ya que no podemos tirar de ayuda oficial”, explica a este medio Enrique Gómez, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA), que convoca y organiza este acto. Por tercer año consecutivo, desde la llegada de Natalia Chueca (PP) al poder, el Ayuntamiento de Zaragoza no ha colaborado en el homenaje. Preguntados por la falta de apoyo institucional, desde el Consistorio se limitan a decir que no saben dónde está la noticia y que simplemente es el tercer año que no se financian las flores.

Desde 2010 y hasta el gobierno de su predecesor –Jorge Azcón (PP)–, el Ayuntamiento de Zaragoza había contribuido en la financiación de las flores, la contratación del equipo de sonido y la aportación de sillas para los asistentes. “Por lo que nosotros sabemos, las flores valían alrededor de unos 1.500 euros, los 3.700 claveles, más o menos”, dice Gómez, en base a la experiencia de los últimos dos años, sobre la ofrenda floral, que de nuevo ha sido financiada a través de donaciones. Una vez más, el grupo María Confussion –a pesar de que no ha podido cantar por las condiciones meteorológicas– ha aportado el equipo de sonido y tanto el Partido Comunista como Izquierda Unida iban a prestar las sillas para esta ocasión, que finalmente no se han podido utilizar por la lluvia. “Las sillas, eso sí que fue muy sangrante, porque hay mucha gente que es muy mayor. Están ahí al sol, una hora que puede llegar a durar el acto (…), ya era como un ataque directo a familiares de personas que están allí representadas”, comenta el presidente de ARMHA.

Pedagogía de la memoria

El Memorial del Cementerio de Torrero fue aprobado en 2009 por unanimidad de todos los partidos políticos que entonces formaban el Ayuntamiento de Zaragoza: PSOE, PP, CHA, PAR e IU. “No queríamos números, queríamos nombres”, recuerda Gómez sobre dicho momento en el que parecía que había cierto consenso democrático. El memorialista recalca la necesidad de este tipo de actos y de que esas 3.543 personas que fueron asesinadas no caigan en el olvido debido al momento de polarización en el que vivimos: “Lo verdaderamente grave es que haya grupos de WhatsApp que dicen que hay que fusilar a 26 millones de hijos de puta”, dice en relación a los mensajes salieron a la luz en 2020 de ex altos mandos del Ejército y a los que Vox se refirió como “su gente”.

Con esto en mente, ARMHA –que cumplió 20 años el pasado mes de marzo– trabaja para que la memoria histórica de Aragón no quede en el olvido. Su proyecto 'Con nombres y apellidos' ha superado los 50.000 registros. Una base de datos con 50.000 nombres, historias de vida, resistencia y memoria, accesible para familiares, investigadores y el público general. A través de la investigación histórica, distintos homenajes, exposiciones, actividades y rutas memorialistas, la asociación busca hacer pedagogía de la memoria para que esa parte de la historia de España, y de Aragón en concreto, no se vuelva a repetir.

“Siempre hemos dicho verdad, justicia y reparación, pero también hemos añadido garantías de no repetición. Las garantías de no repetición son obviamente un desiderátum, porque nunca se puede saber lo que puede pasar”, reflexiona Gómez. “Si haces verdaderas políticas de memoria, es más fácil que los chavales no puedan decir que con Franco se vivía mejor. Pero claro, si no tienen ni puñetera idea de cómo se vivía con Franco, porque no se lo ha explicado nadie, pues entonces difícilmente van a poder hacer ninguna comparación”.

Rap, psicología e intervención social, son los tres pilares de Rap Terapéutico, proyecto del zaragozano Rubén Lapesa, de 29 años. “Lo que pretende Rap Terapéutico es poder conectar con esos chicos que no son capaces de admitir que tienen que ir a terapia”, explica Lapesa, integrador social y psicólogo, que comenzó este proyecto hace menos de un año, con el que conjuga sus dos pasiones: rap y salud mental.

En redes sociales ha creado una pequeña comunidad y en sus vídeos, que acumulan miles de visualizaciones, analiza desde un punto de vista psicológico las letras de canciones de rap: “Ayuda a entender que el rap no es sólo una música agresiva o dramática, hay mucho trasfondo y quería darle visibilidad a esos artistas, que tienen mucho detrás”, dice el psicólogo. Sin embargo, más allá de las redes, con las que intenta llegar a más público, la base del proyecto gira en torno a los talleres de rap terapéutico que dirige, en los que se llevan a cabo distintas dinámicas de presentación, improvisación, análisis de canciones o escritura, generando un lugar en el que los participantes puedan expresarse con total libertad.

Como rapero, Lapesa empezó a escribir hace ya 10 años en las calles de Zaragoza bajo el nombre artístico de Big Propa. Como psicólogo, ahora se encuentra en Valencia terminando el máster general sanitario para poder ejercer la profesión y acaba de empezar en la ONG Psicólogas sin Fronteras, interviniendo en un barrio afectado por la DANA, haciendo terapia con población migrante y vulnerable. Admite que está siendo una experiencia de gran aprendizaje: “Es cierto que hay personas que les cuesta conectar con según qué dinámicas, pero todas terminan con la sensación de que el espacio ha sido agradable, han podido expresarse y liberar algo de su emocionalidad, que han podido rapear”. 

Entre medias, 10 años de música, estudios y una pequeña crisis existencial. Desde sus inicios en el mundo del rap estuvo en contacto con distintos profesionales como Francesc Tamarite conocido —como Fran Fuethefirst—, rapero, actor y psicólogo. Conforme avanzaba en su formación y trayectoria académica, Fuethefirst fue contando con él para participar en diversos trabajos con menores en riesgo de exclusión social o grupos de diversidad funcional, a través de talleres de rap y ritmo. También en diversos talleres en institutos de Zaragoza. Después se fue a Valencia a estudiar, rechazando su lado artístico, su identidad como rapero y creador, frustrado por no haber llegado a nada con la música. Paradójicamente, allí volvió a reconectar con la música y con el freestyle, aceptando que era una parte de su vida que podía integrar en su carrera profesional, la psicología. Y así nació su proyecto: Rap Terapéutico.

Juventud, salud mental y género 

Depresión, ansiedad y trastornos del comportamiento son algunas de las principales causas de enfermedad en la adolescencia. En todo el mundo, uno de cada siete jóvenes de entre 10 y 19 años padece un trastorno mental y el suicidio es la tercera causa de defunción en las personas de entre 15 y 29 años, según datos de la Organización Mundial de la Salud. “Hay un gran problema en la salud mental infanto-juvenil, está habiendo datos muy altos de suicidios e intentos de suicidios, pensamientos muy complejos y mucho malestar psíquico en edades muy tempranas”, explica Lapesa, y señala la necesidad de implementar intervenciones preventivas y terapéuticas dirigidas específicamente a esta población. 

Sin embargo, y aunque cada vez menos, al igual que durante muchos años el rap estuvo estigmatizado y relegado, también lo ha estado la importancia de la salud mental y el hecho de ir a terapia, especialmente en la población masculina. “Para entender el proyecto, el tema del género es importante. Creo que, así como las mujeres por la construcción de género y social sí que encuentran muchos espacios donde poder expresarse emocionalmente y están más dispuestas a ir más a terapia, los hombres no”, reflexiona el psicólogo. “Es uno de los problemas del patriarcado: la realidad emocional de los hombres tiene que esconderse y si se expresa que sea a través de la violencia, pero llorando no, mostrándote vulnerable no porque entonces te pisan”.

Teniendo esto en cuenta, Rap Terapéutico busca acercarse a esos jóvenes y conectar con ellos a través del rap, crear un espacio en el que jugar y divertirse, donde se sientan cómodos y puedan mostrarse vulnerables. “En esos momentos es cuando surge la expresión emocional espontánea y es ahí cuando se valida, se da lugar al penar y a poder decir: ‘oye esto que has comentado no ha debido ser fácil, si necesitas hablar de ello puedes contar conmigo’”, comenta Lapesa. 

Club de PsicoRappers

El proyecto busca desarrollar una metodología con base en la experiencia práctica y la investigación y el estudio, para llegar a más jóvenes y todo tipo de personas que puedan beneficiarse de estos talleres e intervenciones, generando una comunidad internacional. Lapesa admite que se trata de un plan un poco ambicioso: “La idea es unificar a muchos profesionales del sector, unificar una idea de intervención lo más adecuada posible para cada sector de la población y poder formar a profesionales de todo el mundo para que en su ciudad o en su pueblo hagan rap terapéutico”. Que la intervención se realice en la calle y no se quede solo en el despacho del psicólogo. 

“Estoy creando un club de PsicoRappers”, expone el psicólogo, que busca con ese objetivo en mente integrar a distintos profesionales de la salud mental, educación, campo de lo social, intervención de calle, baile, rap…; y reunirlos en sesiones quincenales en las que pensar el rap desde una mirada clínica y cultural.

Recientemente, Lapesa ha comenzado una colaboración en redes junto al Festival Rocanrola, el mayor festival de rap en español, y reflexiona sobre la necesidad de encontrar espacios saludables y terapéuticos en la vida y su día a día, más allá de la terapia: “Para mí Rocanrola puede ser uno de esos espacios, donde puedes conectar con iguales que también disfrutan tu pasión”.

Después de toda una vida haciendo música juntos, los raperos zaragozanos Sharif Fernández y Rapsusklei han lanzado su primer disco en común. 'La música de los días rotos' es casi un ejercicio de resistencia a la vida real, como se puede apreciar en el título de sus canciones, en la profundidad de sus letras y en la mayoría de los escenarios de sus videoclips: un edificio abandonado en el que los raperos aparecen reflexivos, conversando, leyendo, guanteando... Música que nace de los escombros para acompañar al oyente en esa realidad universal y cruda que llamamos vida.

“Empezamos a rapear hace muchos años sentados en los bordillos de las calles donde crecimos”, explican Sharif y Rapsusklei (Diego Gil). “Ha llovido mucho desde entonces, y aunque nunca hemos dejado de hacer música juntos, este disco ha sido el resultado de una voluntad antigua, como si por fin se cumpliese la promesa que nos hicimos de niños”. Una promesa que ha ido tomando forma progresivamente y de manera orgánica desde su juventud, ya desde sus inicios en Fuck Tha Posse, grupo local conformado a mediados de los 90 por ambos junto a Johann y Oscar a Secas. 

Niños que crecieron y forjaron carreras por separado, canción tras canción, disco tras disco, siempre con alguna colaboración entre medias en sus respectivos trabajos, hasta llegar a convertirse en referentes del rap en castellano. En 2014 lanzaron junto a Juaninacka el disco 'Curso Básico de Poesía', en el que se podían ver atisbos de esa promesa realizada, pero no sería hasta el pasado 13 de febrero cuando cumplirían con esa voluntad antigua. “Ahora sentíamos que por fin estábamos a la altura de ese sueño que tuvimos hace mucho”, dice Sharif.

Un trabajo que no habría sido posible sin la producción de los zaragozanos Gordo del Funk y Bombony Montana —quién además rapea en dos de los temas—, figuras indispensables que aportan creatividad y juventud al disco, adentrándose en ritmos innovadores más allá del boom bap característicos de este género urbano. Además, la obra gana en musicalidad con las voces de Kyra, Luis Cortes o Brock Chavez, entre otros artistas, que contrastan con las voces rasgadas de estos dos raperos.

'La música de los días rotos' está compuesto por diez canciones. La primera, 'Intro', no es más que una voz sobre una instrumental que lee un texto del poeta libanés Kahlil Gibran, que deja entrever que estas canciones son “hijas de la vida” y tanto Sharif como Rapsusklei son el arco con el que, como flecha viva, este disco es lanzado al mundo.

El breve huracán

Como no podía ser de otra manera, la gira del disco empezará en Zaragoza, una cita especial para ambos. “Pertenecer y representar a Zaragoza es una mezcla de orgullo y de miedo, de privilegio y de responsabilidad, porque esta es una tierra prolija en el cardo y en el milagro, en el arte y en la lucha, y hay que saber estar a su altura”, reflexiona Sharif. “Nosotros escribimos a lo que amamos, y en esta tierra no solo están nuestra familia y nuestros amigos, sino las calles donde crecimos y aprendimos del honor y del respeto”. 

El 17 de abril, la Sala Oasis acogerá el primer concierto de la gira de estos dos raperos, niños que crecieron en las calles de Zaragoza, que soñaron con sacar un disco juntos y, tras más de 30 años haciendo música, lo han conseguido, han cumplido su promesa. Un evento que demuestra que “hasta el tiempo es un tirano porque se escapa corriendo como el agua entre las manos” —verso perteneciente a su canción conjunta ‘Agua entre las manos’ de 2012—.

La gira, que lleva por nombre 'El breve huracán', continuará en Alicante (30 de abril), Barcelona (15 de mayo), Madrid (16 de mayo) y Gandía (8-11 de julio), con más fechas por confirmar. Quién sabe si después de recorrer las salas y festivales de toda España, estos dos raperos zaragozanos crucen el Atlántico y se lancen a hacer una gira por Latinoamérica, tierra en la que cuentan con un público devoto y fiel a sus letras.

La literatura y el arte como vía de escape, de resistencia, como forma de generar debate y de cuestionar lo establecido. Repensar los modelos. Hay un poco de utopía detrás de la editorial Transmuros, perteneciente al colectivo con el mismo nombre, que busca defender los derechos de las personas encarceladas en Aragón, pero cabe preguntarse qué lucha por los derechos civiles y políticos no ha sido utópica a lo largo de la historia.

Nadie habla, o muy pocos lo hacen, de los derechos de los presos en nuestro país. “Las personas que están dentro de prisión tienen unos derechos y hay muchos de esos derechos que no se están cumpliendo. Es importante que los muros de la prisión no nos oculten lo que está ocurriendo dentro”, dice Alejandro Rubio, uno de los miembros fundadores de Transmuros, colectivo heterogéneo al que pertenecen, entre otros, estudiantes, profesores de universidad, personas que han estado encarceladas o familiares de presos.

El director de la organización, Francisco Javier Aijón Vázquez, conoce bien esta problemática: “A la semana de entrar me dijeron una frase muy dura: ‘Tienes que tener en cuenta que cuando entras los derechos se te quedan en la puerta’. Hasta ese punto tienen interiorizado que no son ciudadanos a nivel del resto de los españoles”. Más conocido como Javitxu y uno de los 6 de Zaragoza, pasó 491 días en la cárcel.

Transmuros nació en 2025 casi como un ejercicio de memoria histórica con la presentación de un pódcast, realizado en colaboración con la antigua ASAPA (Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos/as en Aragón), sobre las instituciones de encierro y los movimientos de resistencia a las mismas desde la transición a la actualidad. El primer episodio, publicado en dos partes, trata sobre el Patronato de Protección a la mujer durante la Transición y sobre la lucha de las mujeres en la antigua Cárcel de Torrero en los años 80. 

Literatura carcelaria

De esa colaboración surgió la idea de la editorial y otras vías de trabajo con el objetivo de crear espacios de diálogo sobre el sistema de justicia penal y sus consecuencias. Desde un principio pensaron elaborar fanzines en tres líneas diferentes: reedición de fanzines carcelarios antiguos, edición de fanzines actuales y elaboración de fanzines informativos sobre el sistema penal (para personas que no han tenido contacto con el sistema penal puedan conocer sus derechos ante cualquier incidente).

Con esto en mente, Rubio recordó que, para la elaboración del pódcast, buscando en los archivos de AFAPE (Asociación de Familiares y Amigos de Presos/as y Expresos/as) —asociación precedente a ASAPA—, encontró dos fanzines realizados por familiares de presos y expresos en el año 83 —titulados 'Libertad 0' y 'Libertad 1'— y otro realizado por presos de la Cárcel de Torrero en el 86 —titulado 'Esto no es Hawai'—. “Fue autogestionado, autoeditado dentro de la clandestinidad, y su objetivo era doble, la comunicación intramuros, pero también la comunicación extramuros, el contar sus historias”, explica Rubio. También recordó que un compañero de Transmuros le había hablado de 'El Butron', otro fanzine inédito hecho por un preso que murió en el año 89 sin llegar a publicarlo, por lo que decidieron reeditarlo mediante un proceso manual y artesanal. 

De esta forma, el pasado mes de enero, el colectivo organizó un evento en el que presentaron la editorial y esos cuatro fanzines. El acto, y la idea de la editorial, llegó a oídos de Daniel Pont, el que fuera cofundador de la COPEL (Coordinadora de Presos en Lucha), con quien han empezado a colaborar para localizar distintos fanzines carcelarios realizados en los años 80, 90 y 2000 en toda España. La idea, de cara al futuro, es reeditarlos y hacer una exposición itinerante por todo el país.

Desde Transmuros son conscientes de que el arte ayuda a esas personas privadas de libertad, que muchas veces no cuentan con apoyo familiar por su situación personal o porque se trata de personas migrantes. “Cosas como la literatura, la poesía, el poder dibujar… y que ese arte lo vean otras personas; es una motivación extra para aguantar una situación tan dura como es la prisión”, reflexiona Javitxu. Por ello, están trabajando para promover un concurso intramuros en tres disciplinas: poesía, relatos e ilustración. “Es una de las cosas que tenemos en mente para que la población reclusa pueda hacer otra cosa que estar en el patio mirando, viéndolas venir”, dice el joven, y explica que dependen, en parte, de la administración de la propia cárcel para poder llevar a cabo esta iniciativa.

Unas palabras que recuerdan a este poema de Marcos Ana, preso político español que fue detenido en 1939 y pasó 23 años ininterrumpidos en la cárcel, donde escribió poemas que traspasaron los muros y llevaron su nombre al mundo:

“Mi vida,

os la puedo contar en dos palabras:

Un patio

y un trocito de cielo

por donde a veces pasan

una nube perdida

y algún pájaro huyendo de sus alas“.

Apoyo directo

La editorial no es el fin último de Transmuros —de hecho, es posterior a su creación—, sino que es una más de las vías de trabajo que llevan a cabo. El colectivo busca reducir la exclusión de las personas presas. Para ello, han realizado distintas acciones de apoyo directo, como una campaña de recogida de calcetines, “lo primero que suelen pedir las personas presas cuando llega el invierno son calcetines”, explica Rubio; y de libros, “de los últimos cinco años, es lo que se nos ha pedido”. También están creando una plataforma junto a distintos colectivos de la ciudad de Zaragoza para tratar la situación sanitaria dentro de las prisiones.

Otra de las patas de la organización, son los acompañamientos a las personas que han salido de la cárcel para ayudarlos con trámites burocráticos, entre otros, pero sobre todo para que puedan volver a sentirse personas: “Consiste en tener una relación humana con alguien y echarle una mano en lo que puedas (…). Yo, al menos, a la persona que estoy haciendo acompañamiento la considero mi amigo”, dice Rubio. 

Transmuros busca crecer y llegar a la sociedad civil. Para ello, prepara nuevos actos y eventos, como la presentación del segundo episodio del pódcast el próximo 28 de febrero que lleva por nombre: “Presos en la transición: una historia de represión, resistencia y lucha”; o un evento sobre personas trans y prisión para antes de verano. También están trabajando en dos libros sobre experiencias vitales de personas encarceladas.

La tentación de decir que el nuevo libro de Sharif Fernández es un canto a la belleza de lo cotidiano es grande, pero sería mentira porque no es música, no es otra de sus canciones o discos que le han llevado a llenar salas en España o Latinoamérica, sino que es literatura de lo cotidiano, es prosa de alto calado. No es la primera vez que el rapero zaragozano da ese salto a la literatura, pues ha escrito ya dos libros de poesía. Sin embargo, durante la presentación en Zaragoza de 'El triunfo mate (Biografía de los días anónimos)' [editorial: ARSCESIS], su última obra, Sharif confesaba el “vértigo” que le ha acompañado en este nuevo proceso creativo: “Es lo más cerca que he estado de la verdadera literatura”.

“Para mi gusto es el mejor de sus tres libros, el más auténtico, el más propio y radiográfico”, anunciaba el también rapero zaragozano Rafael Lechowski, que presentaba el libro “en calidad de amigo y editor” el pasado 11 de septiembre en el bar El Lago Ness. “Es un privilegio estar en Zaragoza, jugamos en casa”, decía el protagonista del evento, al que acudieron sus seguidores, atentos y expectantes, como feligreses en una mañana de domingo.

La portada del libro es ya toda una declaración de intenciones, la plaza de la casa donde vive su madre en el Picarral, donde acude todos los días para comer con ella. Un retrato de la belleza de lo cotidiano: “Mi verdad son las pequeñas cosas”, explicaba el autor, que aprendió de Paco Umbral que todos tenemos una verdad sobre la que escribir. Así pues, Sharif se acerca a la prosa en una especie de autobiografía a través de esas pequeñas cosas que conforman su vida: el boxeo, la amistad, la libertad de no tener que madrugar, su madre, una visita al museo, su pareja, un amanecer en Ciudad de México… Y es que, como dice: “Uno escribe a lo que ama y uno no ama tantas cosas”.

Pequeños textos, fragmentos de vida -incluso-, en los que se aprecian años de escritura, resquicios de la cuidada lírica que caracteriza la letra de sus canciones. “El triunfo Mate” es la evolución natural en el trabajo de Sharif Fernández después de más de 25 años de trayectoria sobre los escenarios y sus dos poemarios 'Lo vivido vívido' y 'Canciones de amor y de amor': “He conseguido ampliar el jardín de mi escritura”, reflexionaba el artista zaragozano.

“Leer. Leer mucho. O leer poco y bien, pero leer”, empieza uno de los fragmentos del libro. Y el propio Sharif habla durante la presentación de algunas de las lecturas que más le han marcado y, tras una breve reflexión sobre la literatura, lee cuatro de esos textos de su última obra. Como quien recita un poema, pero con una cadencia distinta, la de la prosa, y con esa voz rasgada que le caracteriza, se encuentra a gusto en unas palabras en las que se reconoce. Seguiría leyendo, admite, pero no quiere desgranar todo el libro y, bromea, quiere que los presentes compren su obra.  

Y hace bien, porque uno a uno esos pequeños relatos, en su sencillez y cotidianidad, con un lenguaje que hace bello lo crudo, te atrapan y sin que te hayas dado cuenta te sorprendes a ti mismo dando la vuelta a la última página del libro, con ganas de más. Quizás en un futuro sus seguidores puedan leer más de él. Resalta el compromiso que requiere la escritura y dice que está escribiendo más que nunca. Su fantasía es escribir “una buena novela, una novela de ladrones, en la que el héroe sea un ladrón”. Mientras tanto, rapero primero que nada, Sharif está trabajando en un nuevo disco de la mano de Rapsusklei, consagrado artista de la ciudad y del panorama de habla hispana.

El viernes 19 de septiembre continúa con la presentación de su libro en el Snatch Boxing Club de Madrid.

Dicen que lo bueno se hace esperar y no podía ser de otra forma en una ciudad como Bogotá, donde un “ahorita” puede significar cinco minutos, media hora o una medida indeterminada de tiempo. O más de tres horas de concierto de estos exponentes del rap zaragozano. Así estuvo esperando el público bogotano, que se mantuvo fiel apurando sus polas -cervezas- en fila hasta la apertura de puertas. Hora y media más tarde de lo previsto empezó el show. Sin duda, mereció la pena la espera.

Sharif Fernández, rapero zaragozano, y Rafael Lechowski, rapero zaragozano de ascendencia polaca, llegaban a la capital colombiana continuando con su gira “Un instante eterno tour”, tras visitar Guatemala y Costa Rica. Estos referentes de la escena del rap en castellano van llenando salas en los países que pisan al otro lado del Atlántico, algo que no pueden decir muchos artistas de este género urbano, e hicieron lo propio en el club Ace of Spades de Bogotá, colgando el cartel de “sold out”.

Primero fue Lechowski, acompañado de una banda conformada por un teclado, saxo, contrabajo y batería, todos artistas colombianos. En un baño de musicalidad, durante hora y media hicieron vibrar a la sala con algunos de sus temas más emblemáticos como ‘Donde duele inspira’, 'Loco por tí', 'De paso por lo eterno' o 'Por amor al odio', entre muchas otros. El público gritaba “Rafa, Rafa” y entre pieza y pieza el artista se deleitaba con reflexiones sobre la vida y el mundo, llegando en un momento a leer un fragmento de su libro “El artesano de la calle Oviedo”. Tan cómodo se encontraba, que el rapero se atrevió incluso a hacer un freestyle para acabar su sesión, improvisando la letra de una canción bajo el ritmo de 'Bésame mucho'. 

Después vino Sharif, acompañado de su inseparable Gordo del Funk (Dj y productor) y su violinista Pablo, que lo mismo cogía la guitarra como le hacía los coros, según el momento y la necesidad. Acostumbrado a colaboraciones de alto calibre, no necesitó otra voz más allá que la del público bogotano para cantar las partes correspondientes a otros artistas como Natos, Maka, el mexicano Charles Ans o el colombiano Nanpa Básico. Sí que salió al escenario el artista colombiano Santu a cantar su canción conjunta “De ella no soy”. El zaragozano hizo un recorrido por gran parte de su repertorio, rapeando temas de algunos de sus antiguos discos “Sobre los márgenes” o “Curso básico de poesía”, en un acierto tiro a la nostalgia, y acompasados con otros más nuevos como “De inmensidades” o su último trabajo “Capricornio”, que vio la luz a finales de noviembre del 2024. 

Dos conciertos por separado, de casi una hora y media cada uno, que se unieron en un momento, en “un instante eterno” casi al final del show, en que Lechowski y Sharif compartieron escenarios para cantar Rubaiyat, su último trabajo conjunto conformado por dos canciones –‘Rubaiyat’ y ‘La flor y la vid’- que son un canto a la vida y al momento presente. Así, cantando y con las manos en el aire, celebró la ciudad de Bogotá la llegada del rap zaragozano, que arrastra un público de muy distintas generaciones y que refleja la fidelidad hacia un género que cuida sus letras con la delicadeza de un artesano. 

Una escuela, la de Zaragoza, que parece sentirse como en casa al otro lado del charco. Antes de empezar el evento apareció en la pantalla del escenario un vídeo del rapero Rapsusklei -que ya estuvo en agosto de 2024 en el festival de Hip Hop al Parque de Bogotá- anunciando un nuevo concierto en la misma ciudad para el 12 de julio de este mismo año.

Mientras tanto, Sharif y Lechowski continúan su gira por Latinoamérica. Sus siguientes paradas son: Medellín (Colombia 10 de mayo), Quito (Ecuador 14 de mayo), Lima (Perú 16 de mayo), Santiago de Chile (Chile 17 de mayo), Montevideo (Uruguay 23 de mayo) y Buenos Aires (Argentina 25 de mayo). 

“Esto se volvió un caos, acaban de matar a una amiga en La Gabarra. Gracias a Dios ya el ejército se pudo mover y tiene en protección al esposo y a la familia, pero esto está horrible”, dice Carmen García, defensora de derechos humanos y presidenta de Madres del Catatumbo por la Paz, el pasado 19 de febrero, apenas tres horas después de mantener una entrevista con elDiario.es. Un mes más tarde del día en el que se desencadenó una de las crisis humanitarias más graves en la historia reciente de Colombia, la violencia sigue presente en la vida de esta región del noreste del país, cerca de la frontera con Venezuela. 

Los enfrentamientos entre las guerrillas Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) comenzaron el pasado 16 de enero, después de que el día anterior fuera asesinada una familia -propietaria de una funeraria- en Tibú. “Ese día el Catatumbo amaneció con asesinatos de civiles, enfrentamientos entre los grupos al margen de la ley y amenazas. Fue terrible, personas saliendo de sus casas o escondidos”, recuerda la líder de la asociación.

Desde entonces, más de 52.000 personas se han visto desplazadas de sus hogares. Lo sucedido en el Catatumbo puede “ser el desplazamiento masivo forzado más grande provocado por un solo acontecimiento desde que se tienen registros en el país (1997)”, tal y como informó la Defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín. La cifra, que alcanzó en la primera semana las 40.000 personas, supera y duplica ahora el número de desplazamientos de todo el año anterior, cuando hubo 25.611 personas desplazadas debido a 105 “eventos” de violencia. 

Sin embargo, el número de afectados es mucho mayor. Ante los nuevos sucesos que se han dado en el Catatumbo, las cifras cambian día a día y es difícil dar un dato actualizado. “La emergencia sigue viva y latente”, cuenta a este medio Diego García, coordinador interagencial de ACNUR en Cúcuta. Según la organización, al menos 80.000 personas se habrían visto afectadas por las consecuencias de la escalada de la violencia entre los distintos grupos armados. Además de los desplazamientos, más de 8.600 personas permanecen confinadas en los territorios y 19.000 tienen restricciones de movilidad, indican sus cálculos. Entre los afectados, también hay más de 4.600 migrantes y refugiados venezolanos, más de 2.800 personas indígenas de la comunidad Barí que permanecen confinados. Más de 46.000 niños que han visto interrumpida su educación.

Esta semana, el Gobierno de Colombia ha presentado una nueva propuesta para hacer frente a los cultivos de coca. El presidente, Gustavo Petro, ha anunciado una recompensa de 3.000 millones de pesos colombianos (unos 675.000 euros) por información que facilite la captura de guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional y de las disidencias de las FARC relacionados con la violencia desatada en el Catatumbo.

Lucha por el territorio

Los desplazamientos forzados son una consecuencia de los enfrentamientos, pero también una estrategia utilizada por parte de los grupos guerrilleros, que impiden el retorno de las personas con el objetivo de ejercer un control sobre quién se queda o vuelve a entrar en la zona. “Este territorio del Catatumbo es clave porque tiene unas 44.000 hectáreas de cultivo de coca, de los cuales la mayor parte están concentrados en Tibú, un municipio bastante extenso fronterizo con Venezuela”, explica a eldiario.es Lara Loaiza, investigadora y analista de InSight Crime en Colombia. 

La producción de hoja de coca y clorhidrato de cocaína supone una de las principales fuentes de financiación de sus actividades, junto con la minería ilegal y la extorsión. Además, por su situación geográfica, se trata de una ruta de tráfico de esta sustancia a Venezuela, país donde según investigaciones de InSight Crime el ELN tendría presencia en al menos 8 de sus 24 estados. 

“Es un escenario de guerra continua”, expone el coordinador de ACNUR. “Tú abres los periódicos locales y todos los días es: ‘Mataron tres soldados, mataron dos líderes, una escuela quedó en medio del fuego cruzado, los campesinos perdieron sus tierras porque se las despojaron, atacan a las ambulancias, infracciones a la misión médica, los docentes se declaran en asamblea (paro de actividad) permanente, las comunidades indígenas están confinadas…’”.

La escalada de violencia en el Catatumbo responde en gran parte a una lucha por el control de esta zona y de la frontera con Venezuela. “Estos grupos (ELN y Frente 33) llevaban en una coexistencia tensa desde hace varios años y había varias alertas desde las comunidades que viven en la zona de que podría estallar un conflicto, como en efecto ocurrió”, dice la analista. Un conflicto que se ha saldado ya con al menos 70 fallecidos, según cifras de la Gobernación del Norte de Santander. Entre ellos cinco firmantes de paz, tres líderes sociales y cuatro menores de edad.

Sin acceso a ayuda humanitaria

Para ejercer ese control sobre el territorio los grupos armados se valen de distintas prácticas. Las causas por las que miles de personas llevan confinadas más de un mes, sin poder acceder a servicios básicos de salud, educación y alimentación, pasan por las minas antipersona, fuegos cruzados, asesinatos selectivos o despojo de tierras.

“Se nos ha negado el acceso humanitario a las personas confinadas y con restricciones de movilidad. El equipo local de coordinación ha podido dar respuesta en Ocaña, Tibú o Cúcuta, pero a las zonas rurales no hemos podido acceder”, denuncia Diego García. “Pedimos que se habiliten corredores humanitarios, porque la ayuda es nula en esos territorios”.

La emergencia ha desbordado las capacidades de la mayoría de las alcaldías municipales de la zona, que ya han consumido su presupuesto de todo el año para atender a víctimas del conflicto colombiano. “La preocupación para nosotras como madres y como defensoras de derechos humanos es que la gente se está acostando con una sola comida y que está durmiendo todavía en el suelo porque no les han entregado las ayudas”, señalan desde la asociación de Madres del Catatumbo por la Paz, que trabaja acompañando a las personas afectadas por el conflicto. Los sucesos continuos de violencia hacen que cada vez haya más personas afectadas, lo que dificulta una respuesta adecuada a las necesidades de la región. 

Más allá de ayudas como ropa o alimentos para cubrir necesidades básicas, las consecuencias de la violencia en la región hacen mella en la salud mental de las víctimas. “Encontramos casos como el de un papá que tenía en sus piernas a su hija, estaban jugando. Llegaron y lo mataron delante de su hija. Querían hablar con alguien”, dice Cristian Cabrera, director ejecutivo de Red de Paz, organización que acompaña a los líderes sociales en el Catatumbo desplazados en los albergues. Según Cabrera, una de las peticiones más fuertes por parte de la comunidad es el acompañamiento psicosocial, para que las personas desplazadas puedan mirar cómo reconstruir su proyecto de vida, mirar hacia el futuro.

A la magnitud de la tragedia se suma la congelación de gran parte de la ayuda económica en Colombia recibida por Estados Unidos, que está afectando directamente a la capacidad de acción de muchas organizaciones que prestan ayuda humanitaria en la zona. “Tenemos organizaciones que de un día a otro cerraron sus operaciones. Si teníamos 50 organizaciones dando respuesta hoy tenemos 25”, comenta el coordinador de ACNUR. 

En juego la Paz Total

Mientras no haya unas condiciones mínimas de seguridad, los desplazados no pueden volver a su hogar. Muchas de las víctimas del conflicto se han visto desplazadas y amenazadas entre acusaciones de pertenecer o colaborar con un grupo guerrillero u otro. Las pocas personas que han intentado volver han visto sus casas expropiadas, siendo desplazadas por segunda vez en menos de un mes. “No se vislumbra un retorno en el día de mañana, desintegraron el tejido social”, explica Diego García. 

“Nos sentimos olvidados por el Estado, hemos estado olvidados por muchos años”, dice Carmen García. “Esos hombres que están allí armados no han tenido una oportunidad de salir adelante, de que el Estado esté presente no solo con la fuerza pública, sino con todas las instituciones y una economía para el territorio que no sea la coca”. Un abandono que viene a explicar el arraigo de estos grupos guerrilleros en el territorio desde hace más de 50 años. “El Catatumbo es un territorio donde las FARC, frente a la ausencia del Estado, construyó vías (carreteras), escuelas y algunos procesos comunitarios, al igual que el ELN”, señala Cabrera. 

Las organizaciones sociales piden diálogo para poner fin a una crisis humanitaria que ha puesto en juego la Paz Total, la estrategia de negociación del presidente Gustavo Petro con los distintos grupos armados ilegales para buscar la paz en Colombia. “Se habían hecho algunos avances para revivir esas negociaciones, pero la escalada de violencia en este momento en varias zonas del país, especialmente en el Catatumbo, es un clavo en el ataúd para la Paz Total”.

Si Sahat Zia Hero sube a lo alto de una de las colinas del campo de refugiados de Kutupalong, en la localidad de Cox´s Bazar en Bangladesh, puede ver el pueblo en el que vivió y creció en Myanmar, muy cerca de la frontera entre ambos países. Reconoce los árboles, los edificios y una torre telefónica cercana a su casa. “Incluso puedo sentir que percibo los sonidos y olores de mi pueblo”, dice Zia, refugiado rohingya, a elDiario.es.

Cuando ve a los niños jugando al fútbol en el campo de refugiados, recuerda su infancia y se imagina a él mismo –“era buen jugador”– con sus amigos y compañeros en Myanmar, en ese mismo pueblo que puede ver desde la cima de la colina, del que le separa un río, la frontera entre ambos países y toda una historia de violencia contra la comunidad rohingya, que le hizo huir de Myanmar en 2017 y que le hace imposible volver.

Zia, de 29 años, es uno de los cuatro ganadores regionales para Asia y el Pacífico del Premio Nansen para los Refugiados de ACNUR 2023. Junto a Mohammed Salim Khan (31), Shahida Win (27) y Abdullah Habib (29), todos fotógrafos y refugiados rohingyas, ha recibido el premio por su labor documentando la vida de su comunidad en Kutupalong. Según ACNUR, “si los 33 campamentos que forman Kutupalong y otros dos asentamientos de Cox's Bazar fueran una ciudad, sería la quinta más poblada de Bangladesh, con alrededor de 930.000 personas refugiadas repartidas en 24 kilómetros cuadrados”. Los cuatro premiados hablan con elDiario.es desde una de las oficinas de ACNUR en el campo.

Shahida, Abdullah y Zia huyeron de su país tras el estallido de violencia contra la comunidad rohingya en agosto de 2018, cuando la ONU identificó elementos de genocidio contra la población rohingya. Según Amnistía Internacional, las Fuerzas Armadas de Myanmar llevaron a cabo crímenes de lesa humanidad contra esta comunidad, entre los que se encuentran: asesinato, deportación y desplazamiento forzado, tortura, violación y otro tipo de violencia sexual, persecución y otros actos inhumanos como negar el alimento y otros suministros necesarios para la vida.

Desde el estallido, llegaban una media de 8.000 personas cada día al país vecino y se calcula que más de 700.000 rohingyas huyeron del estado de Rakhine (Myanmar) buscando protección en Bangladesh. La mayoría llegó en los tres primeros meses de la crisis.

Su propia voz

“Nací y crecí en el campo de refugiados y, desde mi experiencia, puedo decir que la vida de un refugiado es difícil y dolorosa”, dice Khan. En 1992, según ACNUR, cerca de 14.000 rohingyas llegaron a los campos de refugiados de Cox´s Bazar huyendo de Myanmar. Muchos se quedaron y allí nacieron segundas y terceras generaciones, mientras que otros permanecieron en su país natal, en el estado de Rakhine, viviendo en condición de apátridas.

La violencia, las inundaciones, la falta de acceso a la educación o la actual crisis alimentaria –a principios de este año, el Programa Mundial de Alimentos recortó las raciones de comida para los refugiados rohingyas por la falta de financiación– que se vive en Kutupalong son algunas de las dificultades a las que se enfrenta la comunidad rohingya.

Los cuatro fotógrafos documentan la vida en el campo de refugiados para mostrar al mundo las condiciones en las que viven. Coinciden en la necesidad de contar su historia. “La situación del campo de refugiados se está volviendo más difícil. Y esa es la razón por la que empezamos a tomar fotos y contar historias de las dificultades con las que viven los refugiados, de su vida diaria y de su sufrimiento. Para que el mundo pueda escuchar la historia de los rohingyas a través de sus propias voces, de sus lentes, y puedan sentir nuestra vida, la manera en que estamos sobreviviendo en el campo”, cuenta Abdullah.

Para contar la vida en el campo de refugiados, Zia fundó la revista colectiva Rohingyaphotographer, publicada por fotógrafos refugiados rohingyas. Ya han publicado el primer y segundo número –centrados en la identidad de la comunidad y su relación con la naturaleza en el campo respectivamente–, con el apoyo del diseñador y artista visual español David Palazón, y están trabajando en el tercero –centrado en la crisis alimentaria–. “Mantenemos nuestro trabajo para empoderar a nuestra comunidad y conseguir cambios, marcando la diferencia juntos, para que la gente del resto del mundo pueda saber de nuestra experiencia y que nunca seamos olvidados”, dice sobre la revista su fundador, que también imparte clases y talleres de fotografía en el campo.

La vida en Kutupalong es aún más complicada para las mujeres rohingyas. La falta de espacios privados es uno de los grandes problemas. Antes tenían sus casas, ahora tienen que salir al exterior para utilizar las letrinas u otras instalaciones y recorrer largas distancias para ello. “Como mujer no te puedes mover libremente, tienes un tiempo límite, porque por la noche es peligroso caminar. Hay instalaciones a las que no pueden ir”, explica Sahida, quien además de tomar fotografías escribe poemas sobre la vida en el campo.

La falta de oportunidades y de educación hace que muchos jóvenes abandonen el campo de refugiados y se lancen al mar en busca de una vida mejor. “Están arriesgando su vida”, dice Zia. Ante la falta de una educación formal, la mayoría de los chicos en edad escolar está fuera del colegio buscando trabajo para ayudar a su familia.

Dolor y olvido

En el campo de refugiados de Kutupalong el sol sale por la frontera con Myanmar, al este de Bangladesh. “Cada vez que vemos el amanecer recordamos nuestro hogar”, dice Abdullah. “Es muy doloroso para todos nosotros”.

Sahida, que nació en otra parte del país pero creció en el estado de Rakhine, expresa el sentir general de los refugiados rohingyas tras seis años en el campo: “Tengo muchos recuerdos de allí y cada vez que me siento sola o estoy en el campo y me vienen a la mente esos recuerdos. Me siento muy triste. Quiero volver a mi país lo más pronto posible y vivir esos momentos de nuevo allí. Pero la situación no es buena y no es posible volver”.

Todos quieren volver a Myanmar y seguir documentando la vida de su comunidad. Su hogar está cruzando un río y la frontera entre ambos países para algunos incluso es visible desde el campo, pero la distancia real que los separa es mucho mayor. “Es el país donde hemos nacido y donde pertenecemos, pero no es fácil porque el conflicto todavía está activo. Es una situación crítica para los rohingyas y no es un buen momento para volver”, explica Abdullah. Insisten en que no pueden volver hasta que no haya una garantía de derechos, justicia hacia su comunidad y que sean reconocidos como ciudadanos de Myanmar. “Nacimos en Myanmar y pertenecemos allí. No somos apátridas”, dice Zia.

Los ganadores se sienten agradecidos por el premio y lo ven como una posibilidad de visibilizar las duras condiciones en las que viven en el campo de refugiados y de recordar al mundo la situación en la que se encuentra la comunidad rohingya. “Sentimos que el mundo nos está olvidando entre las numerosas crisis globales. Después de seis años en el campo de refugiados, la comunidad internacional ha fallado en proporcionar una solución sostenible”, expone Zia.

“Están yendo casa por casa. Se está llevando a todos”, fueron las palabras de Ahmed Tobasi, director artístico de The Freedom Theatre, antes de que lo detuvieran. La compañía de teatro palestina ha denunciado que el ejército israelí ha llevado a cabo una nueva incursión en la ciudad de Yenín, Cisjordania, y ha detenido a más de 100 palestinos en las últimas 24 horas. Entre ellos se encuentra el propio Tobasi, su hermano Mohammed y Mustafa Sheta, director ejecutivo de The Freedom Theatre.

“Llamé a su familia y estaban llorando. Dijeron que se habían llevado a Mustafa”, ha dicho Ranin Odeh, coordinadora infantil y juvenil de la compañía. Según su testimonio, el ejército israelí entró esta mañana en la casa de Mustafa Sheta, metió a su familia en una habitación, ató al director ejecutivo y se lo llevó detenido en un jeep.

Según Adnan Torokman, técnico jefe del grupo, el ejército israelí atacó las oficinas de The Freedom Theatre abriendo fuego desde el interior y destruyendo las oficinas. “Se podían escuchar los martillos derribando la pared”, ha dicho Torokman. El técnico fue liberado de prisión el pasado mes de julio, tras ser arrestado y detenido durante cuatro días después de otra redada en el campo de refugiados de Yenín, en la que detuvieron al menos a otras 100 personas, según la compañía. Dos semanas antes las fuerzas israelíes mataron a su sobrina de 14 años.

El Freedom Theatre es un teatro comunitario ubicado en el campo de refugiados de Yenín, con décadas de historia y reconocido internacionalmente. La compañía apuesta por la cultura como forma de resistencia a la ocupación y en 2022 estuvieron en Cataluña de visita y estrenaron la obra 'Jenin feat Raval' en el teatro Tantarantana de Barcelona, conjuntamente con la compañía 'La Material Teatre', dirigida por Xantal Gabarró y con apoyo de entidades como Suds y SCI Catalunya y financiación de la 'Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.

“Es un proyecto cultural referente a nivel internacional que lucha contra la ocupación israelí y por la libertad del pueblo palestino a través del teatro y de las artes”, explica Xantel Gabarró a elDiario.es. “Ofrece herramientas para afrontar la ocupación criminal israelí a los jóvenes y al resto de población de la ciudad, del campo de refugiados de Yenín y de otros lugares de Cisjordania, a través de workshops teatrales, una escuela de formación profesional teatral, formación en fotografía, vídeo y mucho más”. La compañía ha llevado sus producciones por todo el mundo con el fin de internacionalizar y visibilizar la situación del pueblo palestino.

La redada comenzó el martes 12 de diciembre y ha continuado este miércoles por segundo día consecutivo. Según el Ministerio de Sanidad Palestino, siete palestinos murieron, cuatro de ellos por el ataque directo de un dron en el barrio de Sibat y los otros tres, incluido un menor, por balas israelíes en enfrentamientos en otros puntos de la ciudad.

El propio Tobasi grabó el martes desde su casa las operaciones de los soldados israelíes dentro del campo de refugiados. El Ejército israelí ha confirmado en un comunicado que han registrado 400 edificios en Yenín.

“Fuad Imad Abahra, de 36 años, murió después de que la ocupación impidiera a la ambulancia transportarlo al hospital durante media hora tras resultar herido en el muslo, mientras que el niño Ahmed Samar, de 13 años, falleció porque la ocupación impidió su llegada al hospital”, informó un portavoz del Ministerio, que horas después anunció la muerte también de Rashad Turkman, de 18 años.

Los miembros de la compañía venían denunciando las incursiones y operaciones israelíes en Yenín y en el campo de refugiados de la misma ciudad. Ahmed Tobasi denunciaba recientemente la tortura psicológica que supone para la población vivir bajo el constante sonido de drones, además de los bombardeos y disparos: “A veces son semanas, días, horas..., pero este sonido está en tu cabeza. Estás sentado y el sonido te perfora. Es una tortura real, nos están torturando psicológicamente”.

Mustafa Sheta explicaba que la gente está asustada por las incursiones al campo de refugiados: “Están destruyendo el concepto de 'día normal' por sus ataques e invasiones”.

Desde la compañía exigen la liberación de sus miembros y del resto de palestinos detenidos. El Centro Delàs de Estudios por la Paz también ha denunciado los hechos y pide su liberación.

“Los agentes culturales a nivel catalán, español y europeo tenemos que exigir la liberación de los miembros de The Freedom Theatre y de todas las personas detenidas en Cisjordania y que el Estado de Israel deje de masacrar y llevar adelante su genocidio en Gaza”, dice Xantal Gabarró, directora de la compañía 'La Material Teatre', con la que trabajó The Freedom Theatre en Barcelona.

“Aunque el Teatro de la Libertad se centra en el teatro y las artes visuales, no adoptamos una postura neutral ante la cuestión del apartheid, la colonización y la ocupación militar israelíes. Tampoco hacemos la vista gorda ante las violaciones internas de los derechos humanos, en particular de los derechos de las mujeres y los niños”, señala la compañía en su página web.

“Para los oprimidos, las artes siempre han sido una poderosa herramienta de liberación. Para nosotros, los palestinos, la expresión artística forma parte integrante de nuestra búsqueda de justicia, igualdad y libertad”.

“¿Cómo se puede llegar a sospechar que, por ejemplo, no ver el sol o no sentir la brisa sobre la piel o entre los cabellos, o la imposibilidad de oír un sonido o de romper el silencio pueden afectar tanto a la voluntad de luchar y continuar viviendo?”, se pregunta la activista iraní Narges Mohammadi desde la cárcel donde lleva encerrada desde noviembre de 2021. Sus palabras resumen la experiencia de la propia autora y de tantas otras mujeres iraníes en las prisiones de su país, plasmadas en su libro 'Tortura Blanca', cuyo título hace referencia a la práctica carcelaria llevada a cabo en Irán, que consiste en la privación de todo estímulo sensorial durante largos periodos de tiempo y se aplica, junto con el aislamiento y los interrogatorios, a presos políticos y de conciencia.

Narges Mohammadi, que ha hecho campaña por los derechos de las mujeres y la abolición de la pena de muerte, recibió este octubre de 2023 el Premio Nobel de la Paz por su “valiente lucha por los derechos humanos, la libertad y la democracia en Irán”, según el Comité Noruego. En estos momentos se encuentra en la cárcel y es su marido, Taghi Ramani, quien acude a la rueda de prensa organizada por Reporteros Sin Fronteras para presentar este libro, que llegará a las librerías españolas el 7 de diciembre, y quien recogerá el galardón por ella en Oslo el 10 de diciembre.

La activista ha sido detenida hasta en 13 ocasiones por las autoridades iraníes y en total ha sido condenada a más de 30 años de prisión y 154 latigazos. La última detención se produjo el noviembre de 2021, precisamente, por escribir el libro que ahora su marido presenta mientras ella sigue en prisión. “Narges está cumpliendo una condena de 10 años, pero por sus posturas recientes en contra del régimen, que cada vez son más activas, tiene cinco expedientes nuevos. Hace unos días que el contacto telefónico con ella ha sido prohibido, pero sabemos que tiene buen espíritu y goza de fortaleza mental”, cuenta Ramani, que lleva 22 meses sin hablar con su mujer, al igual que sus hijos, de la que tiene noticias por “vías indirectas”.

Aislamiento

La obra recoge 14 entrevistas realizadas en prisión por Mohammadi a mujeres encarceladas, cuyos testimonios muestran la crudeza de la “tortura blanca”, una práctica generalizada por el régimen islámico.

Tanto ella como otras de sus compañeras, cuenta, han estado encerradas en celdas de dos por tres metros en las que no hay nada, sólo una bombilla que no se apaga nunca, durmiendo sobre una manta en el suelo y con otra como almohada, obligadas a cubrirse los ojos cada vez que abandonan la celda para ir al baño o a un interrogatorio, sin la posibilidad de tratamiento médico o de hacer llamadas con sus hijos y familia…

Al encarcelamiento sin juicio previo y a la insalubridad del encierro, se suma el aislamiento total. “El tiempo no transcurre en la celda”, dice en su entrevista Nigara Afsharzade, ciudadana de Turkmenistán que llegó a pasar el primer año y medio de su condena en celdas de aislamiento. Cuenta que estaba sola y que no se oía ningún sonido: “Rebuscaba en toda la celda por si encontraba algo, como por ejemplo una hormiga; y cuando encontraba una tenía cuidado de no perderla. Hablaba con la hormiga durante horas, lloraba y sollozaba”. Afsharzade explica cómo cuando le traían comida, la desmenuzaba y esparcía por el suelo con la esperanza de encontrar algún insecto para poder entretenerse y hablar con él: “Deseaba tener algo vivo en mi celda”.

La soledad está presente en todos los testimonios. Meses e incluso años en los que las presas sólo pueden hablar con sus carceleros o interrogadores, escuchando acusaciones sobre supuestos delitos de los que muchas no saben nada. También detallan humillaciones. La propia Mohammadi cuenta en el libro cómo en mitad de los interrogatorios los carceleros le preguntaban por sus hijos. “La única persona a la que ves es tu verdugo y te mantienen meses y meses en esa situación, hasta que tú llegas a unas condiciones [físicas y mentales] en las que quieres hablar con tu verdugo y quieres decirles lo que ellos quieran. Estás dispuesto a firmar la sentencia de tu propia muerte o de tus compañeros”, asegura Ramani.

Derechos humanos y represión en Irán

“Los habitantes de Oriente Medio, sobre todo quienes vivimos en Irán y Afganistán, no aprendemos la importancia de la libertad, la democracia y los derechos humanos en los libros de texto, sino mediante nuestra experiencia personal de opresión y discriminación”, dice Narges Mohammadi en su carta de agradecimiento al Comité Noruego del Nobel, escrita desde la presión de Evin (Teherán) en octubre de 2023.

En el libro la activista explica la situación dentro las cárceles del país, pero también es un reflejo de la realidad fuera de esas paredes, de la situación de la situación de las mujeres y de los derechos humanos en Irán y de la represión del régimen.  Sobre eso, Ramani recuerda el movimiento “Mujer, Vida y Libertad”, que lideró las protestas por los derechos en Irán tras la muerte de joven kurda Masha Amini en 2022: “Mientras pasaban las protestas en las calles el régimen detuvo a unas 20.000 personas, ha habido entre 400 y 500 personas que perdieron su visión o un ojo, entre 400 y 500 personas que perdieron su vida, y muchos que siguen estando todavía en la cárcel”.

Desde la prisión, Mohammadi da voz al dolor y hace un retrato de la injusticia en Irán. No lo hace desde el pesimismo, sino la resistencia. “Durante mis tres etapas de detención en celdas de aislamiento conocí a grandes hombres y mujeres, que a pesar de soportar presiones demoledoras, se mantenían en pie con firmeza y fe sólidas; aun perdiendo su salud física y mental, y sufriendo maltratos, ellos y ellas mantuvieron imperturbables sus convicciones”, escribe la activista. 

Una embarcación pide auxilio en el área de responsabilidad de Malta. En ella viajan 14 personas sirias y de Sudán del Sur, entre las que se encuentran dos mujeres y tres menores de edad. Las autoridades maltesas ignoran las llamadas y nueve horas después una de las personas cae por la borda y desaparece. Más de 38 horas después de la primera llamada de socorro, el barco Geo Barents de Médicos Sin Fronteras rescata a los 13 supervivientes y los traslada a la ciudad italiana de La Spezia. “Nadie vino a rescatarnos”, dice una de las personas rescatadas de la embarcación.

Se trata del testimonio de un joven de 17 años rescatado durante el mes de junio. Es también el título del nuevo informe de MSF, con el que la organización denuncia las prácticas fronterizas violentas y la “inacción deliberada” de los Estados europeos, que han hecho de este año el más mortífero para la ruta del Mediterráneo central desde 2017. Casi 2.200 personas han muerto o desaparecido en este trayecto en lo que va de 2023.

“Nadie vino a rescatarnos”, dice el joven, y recuerda como un buque mercante se acercó a ellos y les dieron agua y comida, pero permanecieron en el mar durante horas. Según fuentes recogidas por MSF, junto con la información reunida por Alarm Phone y el avión de la organización Sea Watch –además de los propios testimonios de las personas rescatadas–, Malta no sólo ignoró las llamadas de auxilio, si no que enviaron a un buque mercante para que les ayudara, sin sacar a nadie de la embarcación.

Según los supervivientes, las autoridades maltesas también enviaron hasta en dos ocasiones una patrulla de las fuerzas armadas que les proporcionó combustible para que prosiguieran su viaje hacia Italia y se alejaran de las costas de su país. “Ellos [el barco maltés] nos dieron agua, comida y tres galones de combustible. Nos dijeron: 'Estáis a 50 km de Italia. No hace falta que os ayudemos. Seguid por vuestra cuenta'”, dice otro de los rescatados, de 27 años.

160 días sin rescates

MSF denuncia que Malta se ha “desentendido sistemáticamente” y que de los 33 rescates que realizó entre enero y septiembre de 2023 en el territorio maltés, ninguno fue coordinado por las autoridades del país. También han documentado casos en que han ignorado llamadas de auxilio en su área de responsabilidad, a pesar de tener conocimiento de ello.

Por su parte, el Gobierno italiano ha adoptado una serie de normas que obstruyen las actividades de salvamento de las ONG en el mar. Durante los nueve primeros meses del año, las autoridades italianas detuvieron seis buques de rescate, entre ellos el Geo Barents. En total, los buques estuvieron paralizados 160 días en los que las ONG no pudieron realizar rescates ni evitar pérdidas humanas.

A esto hay que añadir la práctica habitual de asignar puertos lejanos a los buques de rescate, que obligó en una ocasión a la embarcación de MSF a recorrer 28.000 kilómetros más (unos 70 días de navegación). Medidas que no hacen más que retrasar la asistencia de las personas migrantes.

“Además de retrasar el acceso de los supervivientes a una asistencia médica adecuada, protección y servicios de acogida en tierra, fueron días en los que se nos mantuvo deliberadamente alejados de la asistencia a personas en peligro en el mar. Aunque las nuevas normas italianas van dirigidas a las ONG, el verdadero precio lo pagan quienes huyen a través del Mediterráneo central, que se quedan sin asistencia”, dice en el comunicado Juan Matías Gil, coordinador de las operaciones de búsqueda y rescate de MSF.

“Al menos llévense a las mujeres”

La mayoría de las personas que llegaron a Italia en 2023 embarcaron en Túnez, superando a Libia. Dos países con los que la UE mantiene acuerdos millonarios para frenar la inmigración y donde las personas migrantes que quieren llegar a Europa se ven muchas veces atrapadas a la espera de una embarcación. Una espera e incertidumbre que esconde en la mayoría de los casos episodios de violencia.

En Túnez, las personas migrantes son sometidas a abusos, detenciones arbitrarias y expulsiones al desierto por parte de las autoridades, además de ser perseguidos por la propia población local debido a los discursos incendiarios de su presidente. “Me desahuciaron. Todos los propietarios desahuciaban a inquilinos africanos. Lo perdí todo. Vivía en Túnez. Una mañana me levanté y vino el dueño de la casa. (...) Me dijo: 'El Presidente ha dicho que los africanos tenéis que iros a casa. Ya no podemos acoger africanos’”, dice una mujer camerunesa de 32 años, rescatada por MSF en julio de 2023.

Las marcas de la violencia llegan hasta Europa en los cuerpos y en las mentes de las personas migrantes. Según MSF, desde 2017 más de 120.000 personas han sido interceptadas en el mar por los guardacostas y devueltas a Libia. La organización explica como muchos supervivientes sufren problemas médicos relacionados con las condiciones inhumanas en las que son encerrados mientras esperan en Libia, como infecciones cutáneas y heridas no tratadas. En concreto, habla de 273 pacientes que presentaban graves traumas relacionados con la violencia: cicatrices de herida de bala, palizas, embarazos no deseados causados por la violencia sexual, ansiedad, pesadillas...

“Una vez más, se prioriza la disuasión y la contención por encima de los derechos y la vida de las personas”, lamenta Gil. La violencia como forma de disuasión y contención. Pero cuando no es suficiente, cuando las personas migrantes sobreviven a esta, se encuentran con el mar, otra barrera. Y cuando sobreviven a esta se encuentran con la inacción, que se traduce en más muertes, en más desapariciones.

“Las mujeres pedían ayuda a gritos. Les pedimos ayuda [al barco maltés] muchas veces, pero se negaron a todas nuestras peticiones. ‘No necesitamos combustible, por favor, ayúdennos, llévennos con ustedes, por favor, no nos dejen en medio del mar’, suplicamos. ‘Por favor, al menos llévense a las mujeres’, insistimos. Pero rechazaron todas nuestras peticiones”, dice un hombre de 44 años, que fue rescatado por MSF en la embarcación ignorada por Malta, en junio de 2023.

Una mujer estadounidense ausculta a niños desnutridos en Jinja (Uganda) coloca vías intravenosas, da medicación, pone máscaras de oxígeno, hace diagnósticos sobre su salud y, mientras, la mujer publica constantemente fotos en las que posa sonriente con los pequeños. Pero la mujer no tiene formación médica. Y algunos de los menores fallecen después de pasar por el centro.

Se trata Renee Bach, una estadounidense que, tras trabajar como voluntaria en Uganda, con 19 años decidió regresar y fundar su propia organización benéfica: Serving His Children (SHC). Al principio comenzó a repartir comidas gratuitas pero, tras recibir una llamada de un hospital infantil que solicitaba ayuda, convirtió la casa en un centro donde niños desnutridos y sus madres podían vivir mientras se recuperaban. Con el paso del tiempo, Bach contrató enfermeras ugandesas y llenó una habitación con equipamiento médico, llegando a atender hasta 12 niños a la vez.

Muchos de los menores no sólo estaban desnutridos, sino que tenían neumonía, infecciones, parásitos intestinales, tuberculosis o VIH. Casi todas las semanas moría un niño. Durante el periodo en que estuvo en funcionamiento, al menos 105 menores fallecieron tras haber pasado por el centro, que no estaba registrado como una ONG médica, ni contaba con permisos para realizar esta labor.

El caso ha sido recogido en el reciente documental de HBO 'Salvadora Blanca', que reconstruye la historia de la aparente negligencia cometida por esta cooperante, un ejemplo extremo del denominado “complejo de salvador blanco”, la creencia paternalista y racista, heredada de la época colonial, de que la población negra no puede ayudarse a sí misma. Sobre este pensamiento, miles de jóvenes se lanzan a hacer voluntariados en distintas partes del mundo, especialmente en países de África, sin ningún tipo de preparación.

En 2020 cuatro familias ugandesas, cuyos niños habían pasado por el centro de la cooperante estadounidense, llevaron el caso a los tribunales. Acusaban a Bach de dar tratamiento médico sin estar cualificada. Los documentos de la demanda, respaldados por el Tribunal Superior de Jinja –como recoge el periódico The Guardian–, dicen que las familias llevaron a sus hijos al centro, donde tres de ellos murieron tras recibir tratamiento y el cuarto, que fue operado allí, tiene una extremidad dañada y problemas de salud. La demanda, que sigue su curso en los juzgados, busca una compensación, una sanción penal y una disculpa pública por parte de la estadounidense.

Pero las familias están teniendo dificultades a la hora de reclamar justicia, ya que Bach consiguió escapar de Uganda hace alrededor de tres años. “Sus abogados también han evitado deliberadamente notificar las citaciones judiciales. Por eso hemos explorado otras formas alternativas para garantizar que Renee Bach conozca oficialmente los casos que se han presentado contra ella”, dice desde Uganda a elDiario.es Robert Okot, uno de los abogados representantes de las cuatro familias.

En 2020, tal y como recoge el documental, otras dos madres ugandesas cuyos hijos murieron tras pasar por el centro denunciaron el caso a los tribunales, pero se llegó a un acuerdo extrajudicial por valor de unos 8.000 euros y sin que la estadounidense admitiera ninguna responsabilidad.

Nuevo colonialismo

El de Renee Bach es sólo uno de los múltiples casos de “salvadores blancos” que el continente recibe, cuenta el abogado. El documental explica la narrativa que se ha creado a través de fotos, libros y películas sobre misioneros que buscan cumplir la voluntad de Dios. “La mayoría vienen a Uganda en misiones evangélicas y misiones de otras iglesias”, apunta Okot. Precisamente, Bach trabajó durante nueve meses en 2007 en un orfanato dirigido por misioneros.

En una entrevista de radio de 2009, recogida en el documental, Bach dice: “Con el riesgo de que suene a cliché, una de mis cosas favoritas es mirar a la cara de alguien que no tienen nada según los estándares mundiales, pero les miras a los ojos y están llenos de alegría y de Jesús”. Las referencias religiosas son constantes. Una de las voluntarias, enfermera, que trabajó en SHC, cuenta que, tras observar una mala práctica por parte de Bach, intentó hablar con ella y esta le dijo: “Sé que puede sonar raro, pero a veces siento que Dios me dice lo que tengo que hacer”.

Según Okot, el complejo del salvador blanco es “una extensión del colonialismo”: “El colonialismo era explotación y control. Simplemente ha evolucionado, de los Estados coloniales a organizaciones internacionales y ONG. Mucha gente se está aprovechando de la ayuda internacional”. Por su parte, Jackie Jesko, directora del documental, dice en una entrevista con el New York Times: “Renee y yo crecimos en la misma generación. Todos estuvimos expuestos a esto, especialmente en las películas. Es algo omnipresente en la cultura estadounidense que debe ser cuestionado”.

La organización de Bach, añade el abogado, recibía grandes cantidades de dinero de a través de donaciones (en 2014 recaudó algo más de 700.000 euros). “Anteriormente, también hemos tenido casos de gente que pretendía estar salvando a un grupo de niñas en Uganda, pero en realidad les estaba agrediendo sexualmente”, explica.

Más allá de la foto

Renee Bach aparece en varios momentos del documental posando en fotografías con niños que han pasado por el centro a lo largo de los años. “Hay gente que ve el voluntariado como una fuente de prestigio social cuando vuelven a sus comunidades. Es un gran logro para ellos, pero se olvidan de que están dañando a la gente que pretendían salvar”, reflexiona Okot. “Simplemente están explotando las comunidades que pretenden salvar. Las dañan y ahí afuera hay gente tratando de glorificar a un héroe. Lo hemos visto con gente que trata de defenderla [a Renee]”, apunta.

El documental recupera muchas de las publicaciones en el blog de SHC y numerosas fotografías de Renee realizando prácticas médicas, que reciben respuestas en muestras de apoyo de la gente y de sus donantes. La exposición de Bach es constante y, por momentos, parece que, para ella, la única prueba de que alguien está ayudando es mostrarlo a través de una publicación. La serie muestra cómo Bach se ve obligada a abandonar Uganda, después de que la organización No White Saviors (NWS) hiciera públicos su labor y las muertes de los menores, y de que la financiación a SHC se redujera como consecuencia. En una zona llena de ONG, la estadounidense se pregunta: “¿Quién está ayudando a estos niños ahora? ¿Kelsey (una de las fundadoras de NWS)? No ha publicado nada online, así que estoy muy segura de que no está pasando”.

Muchos voluntarios que van a países africanos no tienen preparación y no deberían realizar actividades para las que no han recibido formación, como es el caso de Renee Bach, subraya Okot: “Si vas a Uganda, tienes que preguntarte qué tipo de trabajo vas a hacer y si hay ugandeses cualificados para ello. Si los hay, no deberían involucrarse, y si lo hacen debería ser en un rol de apoyo, pero no haciendo algo para lo que no están preparados”.

“Los niños que pasaron por SHC necesitaban de una atención médica experta, no alguien que sólo esté jugando”, apunta el abogado. Al menos 105 niños murieron tras pasar por el centro de Renee Bach. Cuatro de las familias afectadas siguen esperando justicia, mientras Bach cuenta su historia en este documental desde la tranquilidad de su rancho en EEUU: “Al menos, cuando SHC estaba todavía funcionando, incluso en los días más duros cuando sientes que todo el mundo piensa que eres una persona terrible, era capaz de mirar atrás y pensar: ‘Ahora mismo hay niños recibiendo servicios que no tendrían de ninguna otra manera si no fuera por SHC’. No puedo hacerlo ahora, porque también soy la razón de que esos servicios no se estén dando”.

“¿Piensa que Renee es una asesina?”, preguntan en el documental a la enfermera que trabajó como voluntaria en SHC. “Yo no… Es una buena pregunta”, responde pensativa la sanitaria.

Sofía Elface Fumo tenía 11 años cuando salió a recoger leña junto con su hermana pequeña cerca de su casa en Massaca, Mozambique, y pisó una mina antipersona en noviembre de 1993. Lo siguiente que recuerda es estar en una cama del hospital. “Quería levantarme y no lo conseguía. Mi mamá me colocaba para dormir, pero yo quería levantarme. Mi mamá me colocó de nuevo para dormir y me dijo: ‘Sofía, no tienes piernas, ya no tienes piernas’”, dice a elDiario.es. Aquel día, Sofía perdió las dos piernas y su hermana María, de ocho años, murió un mes después en el hospital.

Las fotografías de Sofía Elface Fumo junto a sus hijos ocupan la portada de Vidas Minadas. 25 años, del periodista Gervasio Sánchez. En el libro –publicado por la editorial Blume en colaboración con DKV seguros, Iberia y Euskal Fondoa–, el fotógrafo hace un seguimiento a lo largo de los años de la vida de distintas personas víctimas de este tipo de armas. El trabajo llega también en forma de exposición a La Lonja de Zaragoza, donde puede visitarse hasta el 7 de enero de 2024. Después llegará al Círculo de Bellas Artes de Madrid.

“Llevaba 12 años trabajando en zonas de guerra. Estaba harto. Harto de contar los muertos por miles, en ejércitos de ceros, sin nombres y apellidos. Yo buscaba una historia para particularizar el dolor ajeno y poner nombres y apellidos a la violencia. Y al final se convirtió un poco en un anclaje para seguir creyendo en este oficio”, dice Sánchez a elDiario.es sobre este proyecto, que ha tomado forma en cuatro libros bajo el mismo título (Vidas Minadas) y distintas edades (Cinco años después, Diez años y 25 años).

Sus páginas recogen historias como las de Sofía Elface Fumo (Mozambique), Manuel Orellana (El Salvador), Medy Ewaz Ali (Afganistán), Adis Smajic (Bosnia-Herzegovina), Sokheurm Man (Camboya) o Mónica Paola Ardila (Colombia). Historias, con nombres y apellidos, marcadas por una mina.

Este tipo de armamento está prohibido por la Convención de 1997 sobre la prohibición de las minas antipersona y sobre su destrucción. Sin embargo, más de dos décadas después de su adopción, cerca de 60 millones de personas en más de 70 países siguen viviendo bajo la amenaza de estos artefactos, según la ONU.

Un legado aterrador

“Incluso después de que paren los combates, los conflictos suelen dejar tras de sí un legado aterrador: minas y artefactos explosivos que ensucian las comunidades”, dijo el secretario general de la ONU, António Guterres, con motivo del Día Internacional de información sobre el peligro de las minas, el 4 de abril. “La paz no aporta ninguna garantía de seguridad cuando las carreteras y los campos están minados, cuando las municiones sin explotar amenazan el regreso de las poblaciones desplazadas y cuando los niños encuentran y juegan con objetos brillantes que explotan”.

Manuel Orellana tenía nueve años cuando empezó la guerra en El Salvador, en 1980. “Siento que toda la vida he vivido en guerra”, explica a elDiario.es. Vivía en Arcatao, de donde huyó junto con sus padres a Honduras en 1983, para regresar tres años más tarde a su país. El 12 de diciembre de 1991, apenas un mes antes de la firma del acuerdo de paz de El Salvador, salió a recoger café en el volcán de San Salvador y pisó una mina. Perdió las dos piernas.

“Fueron 12 años de guerra, se sabía que todo el territorio salvadoreño estaba minado por todos los lados”, dice Orellana. “Trabajábamos en la agricultura con mis padres, pero en noviembre, diciembre y enero son los cortes de café en El Salvador. Teníamos que ir trabajar, a ganarnos algunos dineros para poder hacer, como se dice, la compra de Navidad. Andaba con mi cuñado y fue así que tuve la mala suerte de pisar la mina”.

Cuando el conflicto acabó, la violencia en El Salvador siguió. “Tengo dos hijos que han estado a punto de morir por las pandillas. El primero venía de la universidad, se suben las maras o las pandillas a un bus pidiéndoles dinero a todos. Vino mi hijo, les dio unas monedas y se las tiraron a la cara cuando vieron que era muy poco dinero. Le sacaron una pistola, se la pusieron en la cabeza y le dispararon. Y gracias a Dios, el arma no disparó”, dice el salvadoreño. Cuenta que, a otro de sus hijos, Manuelito, el menor de los cuatro, le pidieron el móvil cuando volvía de estudiar y tuvo que dárselo cuando le amenazaron con tirarlo del autobús. Su hija, añade, también ha tenido problemas con las pandillas.

Para toda la vida

Sánchez recuerda que España es una de las principales potencias del mundo en exportación de armamento –en concreto, la octava, según el último informe del Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)–. “Estamos en la Champions League en venta de armas”, dice el autor de Vidas Minadas.

Las consecuencias de las armas, para quien las sufre, son duraderas, remarca el periodista. “Una mina es para toda la vida. Lo que le ha pasado a Sofía, con 11 años, y las 10 veces que ha cambiado de prótesis, o Manuel, que lleva más de una docena cambiando de prótesis desde que tenía 20 años”.

Sin sus piernas, Sofía ya no podía ayudar a su madre, traer leña a casa, cargar cosas pesadas y cuidar de sus hermanos. Manuel no podía trabajar en la agricultura.

El salvadoreño aprendió a coser. “Con eso hemos sobrevivido. Hemos aprendido a hacer camisetas y uniformes deportivos, y gracias a eso hemos logrado salir adelante y sacar a mis hijos adelante. Tengo tres hijos que han ido a la universidad y uno que está trabajando. Gracias al esfuerzo que hemos hecho mi esposa y yo”, dice.

Sofía consiguió acabar la educación secundaria en una escuela a casi diez kilómetros de su casa, a la que acudía en silla de ruedas. Sin embargo, no pudo estudiar en la universidad porque en 1999 nació su primer hijo. “Tengo cinco hijos. Tengo que criar, tengo que trabajar, tengo que dar y tengo que enseñar. Entonces, tengo que afrontar la vida, con dificultades, pero de frente”, dice la mozambiqueña.

Vidas minadas

Manuel jugando con un globo junto a su hija Tania. Sofía hablando por teléfono en la cama junto con su hijo Gervasio. Muchas de las fotografías que aparecen en Vidas Minadas. 25 años están protagonizadas por víctimas de minas antipersona junto a sus hijos. Sofía y Manuel coinciden en que los suyos han sido su gran impulso. “Son auténticos héroes que se enfrentan a la violencia con gran dignidad”, dice Sánchez sobre los protagonistas de su proyecto.

“Para mí, ha sido muy bonito porque siento que el proyecto puede ayudar muchísimo. A nosotros, porque dan a conocer nuestros problemas y también para hacer que todos los países que están fabricando minas ya no lo sigan haciendo”, explica Orellana.

Sofía habla de la importancia de dar a conocer lo que les sucedió y hace referencia a la actual guerra de Ucrania, en la que se está utilizando este tipo de armamento. Admite que le afecta que se siga usando allí. “Creo que hay algunas zonas que pueden estar minadas, puede haber amputados, y la vida va a ser difícil”, dice.

La mujer mozambiqueña explica divertida que, al principio, cuando conoció a Gervasio Sánchez y este le empezó a hacer preguntas, pensaba que era algo temporal, pero no fue así. “Nos convertimos en una familia grande: [compartimos] mis alegrías y las de él también; mis tristezas y las de él”.

Gervasio abandona el tono crítico y sonríe cuando recuerda que Sofía le puso su nombre a su quinto hijo. “Por un lado, me emocioné muchísimo. Por otro lado, dije: 'Vaya putada que le estás haciendo al crío', porque yo lo pasé muy mal cuando era pequeño”. Mientras habla de todo lo que ha supuesto para él el proyecto, “Gervasito”, el hijo de Sofía, juega en la sala contigua.

“Todos vinimos a Túnez pensando que podríamos tener algo mejor para nuestra familia. Sin embargo, aquí no podemos. Ni trabajar ni respirar. Aquí no somos bien recibidos. Ni siquiera lo ocultan”, dice Fátima*, migrante subsahariana de 32 años, rescatada por Médicos Sin Fronteras (MSF) en aguas del Mediterráneo por el barco de esta ONG.

Sus palabras reflejan la realidad vivida por miles de personas en Túnez, adonde llegan huyendo de la pobreza, los conflictos o la persecución en países del África subsahariana. Pero Túnez también se ha convertido en un territorio hostil para los migrantes, que buscan una vida mejor allí o esperan cruzar el Mediterráneo para alcanzar las costas europeas.

El país norteafricano se ha convertido en el principal punto de partida de los que intentan llegar a Europa a través de la ruta del Mediterráneo central, superando a Libia. En los primeros seis meses de 2023, el 53% de las personas que llegaron a Italia vía mar embarcaron en Túnez, el doble que en el mismo periodo del año anterior. MSF ha recogido los testimonios de esos migrantes que sufrieron torturas, abusos, detenciones arbitrarias, expulsiones al desierto y ataques racistas en el país árabe, donde desde febrero las autoridades han fomentado un discurso de odio contra los negros.

Acuerdo de Túnez con la UE

Fátima fue una de las 421 personas rescatadas en el Mediterráneo central por el barco de MSF, Geo Barents, entre el 15 y 16 de julio de 2023. Dos días en los que los equipos de la ONG realizaron once operaciones consecutivas de rescate, debido a la gran cantidad de embarcaciones que partían desde Sfax (Túnez). Esos mismos días, la UE y el país norteafricano firmaban un acuerdo millonario para frenar la inmigración.

“Dicho acuerdo amparará con impunidad y sistematizará la violencia contra los migrantes en Túnez, y convierte a la UE en cómplice de sus muertes y abusos. Estas políticas migratorias irresponsables ponen en último lugar el bienestar y los derechos de las personas en movimiento y las atrapan en ciclos de violencia, abuso y desesperación”, denuncia en un comunicado Juan Matías Gil, coordinador general de Operaciones en el Mediterráneo de MSF.

El acuerdo ha sido cuestionado por la Defensora del Pueblo de la UE debido a la falta de garantías sobre los derechos humanos y también por varios estados miembros y los grupos políticos de la izquierda. Sin embargo, Bruselas desbloqueó el viernes 127 millones de euros “en apoyo de la aplicación del Memorándum de Entendimiento (ME) sobre una asociación estratégica y global entre la UE y Túnez”. De ese monto, 60 millones corresponden a programas que ya estaban en marcha mientras que el resto irán destinados al control migratorio: 24,7 millones ya aparecían en programas de 2022 y 42 millones forman parte de un paquete de 105 millones incluido en el memorando.

“Este nuevo paquete proporcionará el reequipamiento de buques de búsqueda y rescate, vehículos y otros equipos para la guardia costera y la marina tunecinas, la protección de los migrantes en Túnez en cooperación con el CDHNU y el retorno y la reintegración desde Túnez a los países de origen, en cooperación con la OIM. También está previsto el suministro de nuevas embarcaciones, cámaras térmicas y otras ayudas operativas, junto con la formación necesaria”, según un comunicado de la Comisión Europea.

La asociación de la UE con Túnez ha seguido adelante a pesar de las violaciones de los derechos humanos e, incluso, de las expulsiones de cientos de migrantes y su abandono en el desierto en las fronteras con Argelia o Libia, donde muchos de ellos fallecieron por deshidratación en verano. La foto de Matyla Dosso y su hija de seis años muertas sobre la arena del Sáhara dio la vuelta al mundo y puso cara a las consecuencias de las políticas racistas del presidente tunecino, Kais Said.

“Vinieron con machetes”

“Antes de que hablara el presidente, Túnez ya estaba mal. Cuando habló diciendo que los negros tenían que volver [a su país], todo empeoró”, explica Fátima, refiriéndose a las palabras pronunciadas por Said el 21 de febrero. En un discurso incendiario y racista, el mandatario afirmó que la migración irregular procedente del África subsahariana tenía como objetivo cambiar la identidad de Túnez, lo cual provocó una ola de ataques por parte de los propios ciudadanos y también campañas de arrestos de las fuerzas de seguridad.

Achille, rescatado en julio por MSF, recuerda la sensación de que algo iba mal, a la mañana siguiente de que Said pronunciara su discurso. Cuando cogió el autobús para ir a trabajar, no vio a otros africanos negros. “En un momento dado, alguien del autobús golpea mi teléfono contra el suelo y empieza a pegarme mientras la policía, que estaba cerca, no hacía nada. Me sacaron a rastras del autobús y siguieron golpeándome por la calle y algunos me apuñalaron con un destornillador”, cuenta a la ONG.

“Fue la población la que nos desalojó de nuestra casa en Sfax. Vinieron con machetes; empezaron a romper las puertas, a golpear, a asaltar las casas. Para ver si había dinero. Empezaron a tirar nuestros colchones para ver si teníamos dinero escondido. Lo dejamos todo”, recuerda una mujer de 34 años rescatada por el Geo Barents en julio.

Entre el desierto y el mar                      

Entre el desierto del Sáhara y el mar Mediterráneo, sólo queda la violencia para los migrantes subsaharianos y la deshumanización en Túnez. “Túnez es otro mundo. Cuando caminas, la gente te escupe. Se tapan la nariz como si olieras mal. El negro allí no tiene ningún valor. Los animales son más respetados”, dice una mujer de 32 años a MSF.

Expulsados al desierto y perseguidos dentro del país, muchas personas sólo tienen la opción de cruzar el Mediterráneo. Pero ni en el mar consiguen escapar de la violencia. “En abril fue mi tercer intento. Estábamos sólo a seis kilómetros de la orilla […] y había pescadores. Vinieron y nos detuvieron por la fuerza. Intentaron quitarnos el motor. Permanecimos cuatro días en el agua. Íbamos a la deriva. El agua nos arrastraba. Los pescadores se llevaron el motor para venderlo”, recuerda un joven de 16 años rescatado por la ONG.

En los primeros meses de 2023, los hospitales, tanatorios y cementerios de Túnez no daban abasto debido al gran número de migrantes que naufragaron al intentaban cruzar el Mediterráneo. A principios de mayo, más de 300 cadáveres llegaron a las costas tunecinas, sólo en la región de Sfax. Sin embargo, el peligro que acecha en el mar parece ser la única vía de escape de la violencia en tierra de Túnez.

Achille lo tiene claro: “Túnez no es un lugar seguro para las personas negras”. “A todos mis hermanos negros les desaconsejo encarecidamente que vayan a Túnez. No es un lugar seguro. Hay un racismo extremo. Nunca fue mi intención cruzar el mar. Jamás. Para mí cruzar el mar era un riesgo enorme”.

Otro migrante afirma a MSF que prefiere arriesgarse a perecer en el Mediterráneo: “Prefiero morir en el mar que volver a Túnez. Todo es difícil allí. La policía no nos deja [en paz], los tunecinos no nos dejan [en paz]”.

*Nombre ficticio para proteger la identidad de la persona.

La activista Arina Popova fue arrestada por protestar con un cartel que decía “No a la Guerra” en el centro de la ciudad rusa de Vorónezh el 6 de marzo de 2022. Popova fue una de las primeras personas acusadas bajo la infracción administrativa de “acciones públicas destinadas a desacreditar a las Fuerzas Armadas rusas u organismos estatales”, introducida por las autoridades rusas el 4 de marzo de 2022, unos días después del inicio de la invasión de Ucrania. La activista fue condenada a pagar 30.000 rublos (unos 292 euros), cantidad que posteriormente fue reducida a la mitad.

En concreto, el artículo que recoge esa falta (20.3.3 del Código de Infracciones Administrativas –“acciones públicas destinadas a desacreditar a las Fuerzas Armadas rusas o cuerpos estatales”–) hace que el mero hecho de referirse al conflicto como “guerra” –en vez de su nombre oficial ruso: “operación especial militar”– haya sido calificado frecuentemente como una “desacreditación de las Fuerzas Armadas”, tal como recoge un informe reciente de Amnistía Internacional sobre las prácticas represivas de las autoridades rusas para sofocar el movimiento en contra de la guerra.

Según cifras oficiales, Rusia multó en 2022 a 4.439 personas por violar este artículo. Sin embargo, las autoridades han utilizado también otros artículos del Código de Infracciones Administrativas para perseguir a los manifestantes. En 2022, por ejemplo, más de 16.000 personas fueron sancionadas por la norma sobre reuniones públicas, muchas de ellas por protestar contra la guerra.

Este tipo de procedimientos administrativos son una de las tácticas más utilizadas por Rusia para reprimir a los activistas en contra de la invasión de Ucrania, afirma a elDiario.es Carlos de las Heras, responsable de Amnistía Internacional sobre Rusia. Junto a estas acciones, destacan los procesamientos penales, el acoso y la intimidación.

La cláusula más utilizada para los cargos penales contra los manifestantes es el Artículo 207.3 (“diseminar información falsa a sabiendas sobre el uso de las Fuerzas Armadas Rusas”). Al igual que en el caso anterior, este párrafo también se introdujo poco después de la invasión. De acuerdo con esta ley, se han abierto cargos contra 150 personas. También se han utilizado otros artículos como vandalismo, justificación del terrorismo, etc. Según la ONG de derechos humanos OVD-Info, al menos 576 personas se enfrentan a cargos por sus actividades contra la guerra.

“Desde Amnistía Internacional pedimos que se eliminen las leyes administrativas y penales rusas que van en contra del derecho internacional humanitario y que se liberen a las personas detenidas”, sostiene de las Heras.

El 10 de mayo de 2023, Anatoly Berezikov, un activista en contra de la guerra que publicaba folletos llamando a los soldados rusos a abandonar las armas, fue puesto bajo “arresto administrativo” por “desobediencia de ordenes policiales”. El llamado arresto administrativo, que en realidad supone pasar tiempo en prisión, puede llegar hasta 30 días y se utiliza como una forma de mantener a los acusados detenidos mientras se preparan cargos criminales contra ellos.

Berezikov, cuyo arresto se extendió arbitrariamente y de forma repetida, le dijo a su abogado que mientras se encontraba detenido le sacaron de la ciudad y le aplicaron descargas eléctricas, mientras que la ONG rusa Deparmet One denunció que el activista ruso había sido golpeado y amenazado con ser procesado por “alta traición”.

Un día antes de que fuera a ser liberado, el 14 de junio, el activista murió en el centro de detención en el que se encontraba. Las autoridades a su cargo afirmaron que se trataba de un suicidio, pero las circunstancias de su muerte se desconocen hasta el momento.

Sin juicio justo

Entre las personas acusadas penalmente se encuentra Vladimir Rumyantsev, un locutor de radio aficionado de la ciudad de Vologda que trató de informar a su audiencia de las matanzas de Bucha e Irpin o el bombardeo del teatro de Mariúpul, entre otros crímenes. El 19 de abril de 2022 la policía detectó el origen de la señal de radio, entró en su apartamento y le confiscó el equipo. Rumyantsev fue arrestado y puesto en prisión preventiva y el 22 de diciembre fue declarado culpable y condenado a tres años de prisión.

Pese a presentar pruebas a su favor, el tribunal que llevaba su caso las desestimó y solo señaló que sus publicaciones fueron “refutadas por la información del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa”. Amnistía Internacional considera a Rumyantsev un preso de conciencia al ser declarado culpable por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

En 2022, apenas el 0,4% de los acusados en los tribunales fue absuelto o se le retiraron los cargos, una cifra que no ha aumentado en las últimas dos décadas, señala la ONG. En este sentido, solo el 0,2 de los recursos judiciales en Rusia acaba en absolución. Sin embargo, el 45% de las absoluciones recurridas por la Fiscalía son revocadas.

“Agentes extranjeros”

Además de las sanciones administrativas y criminales, los activistas se enfrentan a situaciones de acoso e intimidación, que van desde despidos en el trabajo hasta la cancelación de eventos, explica de las Heras.

Marina Dubrova, profesora de inglés, fue despedida de su colegio por “comportamiento inmoral” tras hablar sobre el conflicto con sus alumnos y que uno de ellos grabara la conversación. Sin embargo, la mayoría de estos casos no son denunciados porque las víctimas tienen miedo de que se haga público.

Además, muchos músicos que han hablado en contra de la guerra han visto sus conciertos cancelados y algunos se han visto obligados a irse del país por miedo a represalias. OVD-info, una ONG rusa de defensa de los derechos humanos, ha documentado 423 casos de presión indebida por expresar opiniones en contra de la guerra, que incluyen 142 despidos por motivaciones políticas y 60 cancelaciones de eventos.

Otro de los métodos utilizados por las autoridades rusas para perseguir a los activistas es el de designarlos como “agentes extranjeros”, introducido a nivel legal en 2012, que sirve para estigmatizarlos y que hace que la mayoría de las personas consideradas como tales pierdan su trabajo y, en consecuencia, sus ingresos.

En algunas ocasiones, el acoso y la intimidación han acabado en agresiones físicas. Es el caso de la periodista de investigación Elena Milashina, que decidió abandonar Rusia en febrero de 2022 después de recibir amenazas del líder checheno Ramzán Kadírov. Tras viajar a Chechenia para acudir a la sentencia de una activista en julio de 2023, fue atacada de madrugada, lo que le dejó con varios dedos rotos y una herida en la cabeza.

La creciente ola de represión ha hecho que muchos activistas tengan que elegir entre el silencio o el exilio. 

Los resultados de las elecciones generales del 23 de julio no dan mayoría parlamentaria a ningún partido político. Ninguno de los dos bloques tiene ahora asegurada una mayoría para investir a un presidente y formar un Gobierno. Sin embargo, los 350 escaños del Congreso de los Diputados no están repartidos de forma definitiva. Aún quedan por contar las papeletas de los ciudadanos que viven fuera de España y han ejercido su derecho de voto: su participación podría alterar el último escaño de hasta nueve provincias donde hay puestos disputados.

Se trata del voto CERA, es decir, de los españoles registrados en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) en el extranjero.

¿Cuántos votantes residen en el extranjero?

En el momento de las elecciones generales del 23 de julio, había 2.328.261 españoles residentes en el extranjero inscritos en este censo. Las comunidades con más electores CERA son Galicia (472.140 personas), Madrid (376.495), Catalunya (281.551) y Andalucía (269.380).

Los países con mayor concentración de españoles residentes en el extranjero y registrados en este censo son Argentina (434.604), Francia (237.984), Estados Unidos (158.162), Cuba (152.796), Alemania (142.945), México (135.803) y Reino Unido (134.201).

¿Cuál es la participación?

Habitualmente mucho más baja que dentro de España. En los últimos años, las complicaciones burocráticas del llamado voto rogado vigente entre 2011 y 2022 hicieron que la participación fuera especialmente baja. No sólo había que hacer un papeleo extra, sino que no se garantizaba que el voto llegara a tiempo.

En el caso de las elecciones generales celebradas en 2011, 2015, 2016 y 2019, menos del 10% de los electores solicitaron el voto como consecuencia de la complejidad del procedimiento, según reconocía el Ministerio de Exteriores al anunciar el cambio de la ley en 2022. La participación real de los que completaban el procedimiento era todavía más baja, entre el 4,7 y 6,8%. La participación de los residentes en el extranjero en las elecciones de 2008, antes de la reforma, superó el 30%.

¿En qué ha cambiado el voto exterior?

Las elecciones autonómicas del 28 de mayo han sido las primeras en las que los ciudadanos en el exterior han podido votar sin tener que rogar su voto desde que se impusiera por ley en 2011. Esto ha facilitado la participación exterior, duplicando el número de votantes en las autonómicas en comparación con las anteriores elecciones en las mismas comunidades y alcanzando cifras similares a años anteriores a la ley.

Por ello, y teniendo en cuenta que las elecciones generales tienen más poder de convocatoria, cabe esperar que la participación exterior aumente también en estas elecciones generales del 23 de julio.

¿Cuándo se hace el recuento?

El recuento de los votos de los españoles residentes en el extranjero se hace durante el escrutinio general que se celebra cinco días después de las elecciones, según la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

En este caso, el recuento del voto exterior, de carácter único y público, empezará el viernes 28 de julio a las ocho de la mañana, según dice a elDiario.es la Junta Electoral.

A las 10 de la mañana se espera que empiece el escrutinio general con los resultados del CERA y del voto el 23 de julio (presidencial y por correo) para oficializar los resultados completos. Todo el proceso terminará, como tarde, el lunes, y el martes 1 de agosto estarán publicados los resultados definitivos de las elecciones generales. El dato de participación se actualizará teniendo en cuenta también el censo exterior (lo que habitualmente baja el porcentaje).

¿Puede alterar el reparto de escaños?

El voto CERA podría alterar el reparto de un último escaño en las provincias donde los resultados han sido muy ajustados y aún se considera que puede haber escaños en disputa. Esto afecta hasta a nueve provincias.

La batalla por el último escaño: quiénes están a punto de perder y ganar un escaño

Se muestran los escaños en disputa con el escrutinio actual. Destacadas en gris, las provincias donde están más cerca de arrebatar el escaño

Tiene el últ. escaño

Se lo puede arrebatar

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Mirando la cercanía entre partidos en el resultado del escrutinio el domingo, el Partido Popular podría ganar hasta tres escaños y perder otros dos. En Cantabria, que cuenta con 41.229 electores residentes en el extranjero, está a 428 votos de arrebatarle un escaño a Vox. En Girona, con 24.016 votantes CERA, disputa por 363 votos un escaño a Junts y en Madrid (que tiene 376.495 electores censados fuera de España) necesitaría 1.749 votos para quitarle un puesto al PSOE.

El PSOE podría ganar tres escaños y perder otros tres. En Tarragona, con 21.576 votantes que podrían haber votado desde el extranjero, necesita 1.298 votos para alcanzar a Junts y en Salamanca (31.638 electores) está a 1.896 votos de arrebatarle un escaño al PP. Sin embargo, en Santa Cruz de Tenerife, con 107.213 votantes en el extranjero, Sumar disputa por 1.515 votos el último escaño al PSOE.

Aunque parece improbable por el número de potenciales electores en el extranjero, en Teruel (5.103 personas) el PP podría perder un escaño si Teruel Existe consiguiera 1.956 votos, en Albacete (8.064 personas) el PSOE podría perder un escaño ante Vox si consiguiera 1.287 votos y en Ceuta (2.975 personas) el PSOE podría arrebatar un escaño al PP si consiguiera 1.587 votos.

A cuántos votos está cada partido de ganar o perder un escaño

Número de votos que necesita un partido para robar un escaño a la última candidatura que lon consiguió

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No se trata sólo de cubrir la diferencia de votos, ya que también se debe considerar cómo afectan los votos del exterior al porcentaje de los partidos en total para el reparto de escaños. Aquí lo calcula El Confidencial.según el número posible de votos a cada partido.

Considerando el número de electores por provincia y el número de votos necesarios para que un partido arrebate a otro ese último escaño más disputado, los cambios más probables serían en Cantabria y Girona.

¿A quién suele favorecer?

Según los datos disponibles de otras elecciones, el voto CERA suele beneficiar a las formaciones de izquierda. En las últimas elecciones generales al Congreso de los Diputados de 2019, tanto las de abril como las de noviembre, en la mayoría de comunidades y provincias españolas los residentes en el extranjero votaron como primera fuerza al PSOE (26,9% en abril y 27,5% en noviembre). En el caso de abril, la segunda fuerza más votada fue Ciudadanos y en noviembre fue el PP, a excepción de Catalunya y Galicia.

En las elecciones de 2016, Podemos y sus confluencias obtuvieron un 30% del voto exterior, seguido por el PP con un 19%.

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Cómo frenar las mentiras

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“Voté sin ningún problema, me llegó todo con tiempo y mucha antelación y envié mi voto por correo”, afirma a elDiario.es María Almena, toledana que lleva viviendo en Francia 10 años. Almena explica que ha votado otros años en muchas elecciones con bastantes más dificultades en comparación con las elecciones autonómicas del 28M.

Las elecciones autonómicas del pasado mayo fueron las primeras en las que los españoles residentes en el extranjero votaron tras la derogación del voto rogado el año pasado, que venía lastrando el voto exterior desde que el PP y el PSOE implantaron la norma en 2011.

Almena recuerda especialmente los comicios generales de 2019, cuando votó en persona en el consulado español y luego viajó a España y pudo asistir en persona al recuento de la Junta Electoral Provincial: “Me di cuenta de que mi voto no llegó, no aparecí en la lista de electores. Era un voto perdido por una valija diplomática que no llegó a tiempo por los plazos tan estrictos y poco flexibles que había”. 

Desde el colectivo Marea Granate, red transnacional de migrantes españoles, Berta Burguete explica a elDiario.es que el voto rogado generaba un “cuello de botella” que retrasaba mucho el proceso hasta que llegaban las papeletas, “muchas veces tarde o después de las elecciones”, como en el caso de Almena.

“Las personas que vivimos en el exterior teníamos que rogar el derecho fundamental al voto. En los últimos tiempos había una plataforma telemática para rogar el voto, pero antes teníamos que hacerlo por fax, que era complicado de encontrar, o por carta ordinaria. Esta solicitud iba al INE, que autorizaba o no el voto y, cuando las papeletas estaban disponibles, se enviaban a las personas autorizadas a votar”, detalla.

La primera vez sin rogar el voto

En las elecciones del 28M, “algunas voces dijeron que no había servido de nada (eliminar el voto rogado) porque la participación había sido muy baja. Lo que ocurre es que las elecciones autonómicas no tienen el mismo poder de convocatoria que las generales”, dice la portavoz de Marea Granate. Un informe realizado por la organización muestra que la participación alcanzó niveles superiores a los comicios de 2019 y “muy parecidos” a los niveles anteriores a la reforma de 2011, cuando se introdujo el voto rogado.

El número de españoles residentes en el extranjero que votaron en las elecciones autonómicas se duplicó en comparación con los anteriores comicios en las mismas comunidades. El pasado 28 de mayo, más de 71.609 papeletas llegaban desde el extranjero, correspondientes a un 6,7% de los 1.055.653 electores registrados en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) en las comunidades donde se celebraron los comicios y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Esa cifra dobló la registrada en las anteriores elecciones autonómicas (en 2019, aunque en Madrid se celebraron en 2021), en las que votaron en el extranjero 35.843 personas de un total de 951.558 (el 3,7% de los electores). La mayoría de los territorios ha visto duplicado el número de votantes en el exterior, pero en las que más aumentó la participación son Asturias (de 2.623 a 7.329), Madrid (de 20.103 a 28.833), la Comunidad Valenciana (de 2.370 a 10.87) y Canarias (de 1.665 a 6.658), según los datos de la Junta Electoral Central.

Anteriormente, “nos llegaba una gran cantidad de consultas sobre cómo realizar el procedimiento”, afirma la portavoz de Marea Granate. “Esto se ha terminado porque es el Estado el que te escribe primero y te cuenta lo que tienes que hacer”.

Con la eliminación del ruego se tarda menos en recibir el primer envío con los sobres de votación, según el colectivo. Una vez están las listas resueltas, se envían las papeletas, que también se pueden descargar por si no llegan o llegan tarde (una de las novedades introducida por la reforma). Además, en caso de que llegue el primer envío, existe la posibilidad de acudir al consulado para descargar los certificados y recoger las papeletas.

“Hay una mejora y una voluntad”

La experiencia de Almena indica que, en los consulados de España, “hay una mejora y una voluntad de ayudar a los electores, de proporcionar la documentación”. “En las anteriores elecciones (del 28M) fue la primera vez que no tuve la sensación de estar persiguiendo al cartero, de estar pendiente de las papeletas, del seguimiento de los envíos en el INE...”.

Aun así, la mujer echa en falta un ejercicio de transparencia, que los electores puedan hacer un seguimiento de su voto y saber si ha llegado y ha sido incluido en el escrutinio. En definitiva, estar seguros de que su voto cuenta. “Hay muchas más facilidades ahora, aunque sigue habiendo limitaciones y gente que se queda sin votar”, lamenta Almena.

Guillermo Díaz no ha querido votar en las dos citas de este año: “No he votado por decisión propia, pero las papeletas me llegaron al límite de tiempo”, dice este cántabro residente en Reino Unido. Asegura a elDiario.es que no ha notado “ninguna diferencia” con las elecciones generales y autonómicas de 2019 y que este año sabía que el consulado ofrecía la posibilidad de imprimir las papeletas, por el “boca a boca” y no porque esa información se publicitara.

Por su parte, Ana Zieleman, que lleva viviendo toda la vida en Holanda junto a su familia, afirma e este periódico haber podido votar en esta ocasión con normalidad, al igual que en las anteriores elecciones generales, cuando aún estaba en vigor el voto rogado: “Siempre nos han llegado los sobres a casa y ahí pone las instrucciones de cómo votar”.

Depender del servicio postal

El proceso ha mejorado con la derogación del voto rogado, pero los españoles residentes fuera siguen enfrentándose a dificultades a la hora de ejercer su derecho. La dependencia del servicio postal, en países donde es más deficiente, hace que las papeletas lleguen tarde o no lleguen.

Silvia Aijón, que actualmente está haciendo un voluntariado de la Unión Europea en Rumanía, cuenta que no se informó bien y expiró el plazo para votar en las elecciones de mayo. De cara a las generales de este domingo, llamó a la Embajada de España en Bucarest y “todo fue más sencillo”. Tras casi cuatro semanas de espera, las papeletas llegaron el jueves 13 de julio y este lunes, 17 de julio, las mandó por correo desde una oficina postal en Sighișoara.

Sin embargo, en la oficina postal le dijeron que no le podían asegurar que llegue a tiempo: “Aun siendo certificado y prioritario, nadie nos asegura que vayan a llegar”.

Entre los principales problemas citados por los electores, aparecen las distancias hasta el consulado o el proceso para los residentes temporales. También la barrera de la inscripción consular, el primer paso para poder votar en el exterior, que requiere presentarse de manera física en el consulado de España.

Desde Marea Granate denuncian que no se ha modificado el decreto que regula el procedimiento de las personas que están de manera temporal en el extranjero: “Es algo urgente que hay que resolver”. Asimismo, hay personas que llevan un tiempo en el extranjero y no saben que deben registrarse en el consulado, y “se quedan en un limbo ya que no pueden votar ni como residentes temporales ni como permanentes”, según Burguete.

Distancias y costes adicionales

El caso de Antonio Guillén es singular, porque le fue denegado el voto el 28M. “Solicité a tiempo el voto, con un mes y medio de antelación, y me llegó una carta después de un mes, a falta de un par de semanas de las elecciones, diciéndome que no podía votar”, explica el español que se encontraba en Londres realizando una estancia del doctorado. En la carta no le indicaban qué procedimiento debía seguir, simplemente le informaban de que el voto le había sido denegado.

“No he votado, no porque yo no quisiera”, lamenta, aunque admite que si hubiera ido a la Embajada española en Londres, podría haber solucionado el problema y haber votado, pero no lo hizo por falta de tiempo y por lo lejos que se encuentra la legación diplomática en la capital de Reino Unido.

Inés Jiménez, que estudió en Ámsterdam y ahora trabaja en esa ciudad holandesa, dice a elDiario.es que la Embajada española está en La Haya, mientras que en Ámsterdam sólo hay un consulado “muy pequeño que abre de 09.00 a 14.00” hora local. “Coincide con mi jornada laboral, pero tengo el privilegio de tener flexibilidad horaria”, agrega. Explica que se ha habilitado una cabina para solicitar el voto para las elecciones generales, pero en las autonómicas, no.

Una vez que se registró en el Consulado, cuando le llegaron las papeletas, Jiménez tuvo que enviarlas por correo certificado: “Es cierto que hay un recibo de reembolso, pero cuando fui a solicitar el voto para el 23J pregunté a los funcionarios cómo se pedía el reembolso. Uno de ellos me dijo que llevaba votando varias veces desde el extranjero y nunca había recibido el dinero”.

“El coste son nueve euros, pero aunque fueran dos euros. El hecho de que tengas que pagar por votar...”, lamenta. A los gastos de envío se suma el transporte para aquellas personas que no vivan en Ámsterdam ni en La Haya y que asegura que es “muy alto”. “Por ejemplo, de Ámsterdam a La Haya pueden ser 16 euros ida y vuelta en tren”, lo cual puede desalentar a más de un elector.

El Mundial de Fútbol de Qatar puso en el foco los derechos laborales en los países del Golfo Pérsico, donde la mayoría de los trabajadores son migrantes y están expuestos a explotación y abusos. Tal y como reveló una investigación del diario The Guardian en 2021, al menos 6.500 trabajadores murieron en los trabajos de construcción y preparativos del torneo entre 2010 y 2020.

Las condiciones laborales no mejoraron durante la pandemia, ni a un año de su inauguración, ni cuando rodaba el balón por el verde, según las denuncias de distintas organizaciones.

Ahora, seis meses después del campeonato etiquetado como “mundial de la vergüenza”, las autoridades qataríes y la FIFA se niegan a contribuir a un fondo para compensar a los trabajadores por los daños que sufrieron y a las familias por la muerte de muchos de ellos.

“Ya han pasado seis meses desde que concluyó el torneo, pero ni la FIFA ni Qatar han ofrecido aún un programa efectivo y accesible para permitir que los trabajadores que sufren abusos reciban la justicia y la compensación que se les debe”, afirma Steve Cockburn, director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional (AI).

La ONG recoge en una nueva investigación la situación de los trabajadores de la empresa de seguridad privada qatarí Teyseer Security Services, durante el Mundial y el periodo previo. Estos trabajadores tuvieron que pagar tarifas de contratación y otros costes, así como hacer declaraciones falsas sobre sus condiciones de empleo.

Según han dicho los trabajadores a AI, una vez acabados sus contratos temporales no tuvieron otra opción que marcharse de Qatar, lo cual les priva de cualquier derecho a recibir una reparación o indemnización.

Pagar para trabajar

La organización habló con 22 hombres de Nepal, Kenia y Ghana, que estaban entre las miles de personas contratadas por Teyseer Security Services, que ejercieron de responsables o guardias de seguridad en el Estadio Internacional Jalifa, los recintos de la FIFA para los aficionados, el paseo marítimo de Doha y la estación de metro Souq Waqif.

Los trabajadores llegaron a Qatar a mediados de octubre de 2022 y fueron contratados por un periodo de tres meses. Se quejan de que ellos mismos tuvieron que cubrir parte de sus gastos por estar allí en contra de lo prometido. De los 22 entrevistados, 16 dijeron que habían pagado más de 200 dólares (unos 183 euros) y los otros cuatro, más de 600 dólares (unos 550 euros), esto es, más de un tercio de sus ganancias previstas. Entre los gastos que cubrieron los trabajadores estaban las tasas de las agencias de contratación, exámenes médicos, pruebas de la COVID-19 y comprobaciones de antecedentes penales. Algunos tuvieron incluso que costearse programas de formación en sus respectivos países.

“Tuve que pedir un préstamo para pagar los gastos de viaje para trabajar en Qatar durante la Copa del Mundo. Aún lo estoy pagando, y lo que gané no basta”, dice Marcus, ghanés de 33 años, quien pagó casi 400 dólares de costes de contratación.

Otro ciudadano de Ghana, Richard, de 24 años, lamenta que ha salido perdiendo: “Pagué casi 700 dólares antes de ir allí. No recibí más que unos 1.500, así que mis ganancias fueron sólo de 780. Habría ganado más que eso si me hubiera quedado en Ghana. Por marcharme perdí el trabajo, así que volví con poco dinero y sin trabajo”.

En las cartas de empleo a las que ha tenido acceso Amnistía Internacional, la empresa se comprometía a pagar los gastos relacionados con la contratación, pero la gran mayoría no han sido reembolsados. Además, los trabajadores denuncian que los representantes de Teyseer y los agentes de contratación les hicieron falsas promesas, como sugerirles que podían ocupar puestos de más categoría y ganar 275 dólares adicionales al mes, bonificaciones o la posibilidad de quedarse en Qatar una vez acabado el Mundial.

Abusos y amenazas

“Era un trabajo difícil porque había una [estación de] metro en la zona y demasiada gente. Tenía que estar de pie entre 10 y 12 horas al día [...] apoyando solo la espalda en las barricadas. A veces teníamos miedo, porque había muchísima gente y la multitud empujaba”, relata Kiran, nepalí de 26 años, que trabajó en la estación de metro Souq Waqif como responsable de seguridad.

Más de un tercio de los entrevistados afirman que su jornada era de 12 horas al día y que trabajaron hasta 38 días seguidos, sin descansos ni remuneración extra, incumpliendo así la legislación qatarí. Debían estar de pie muchas horas sin sentarse y tratar con grandes multitudes después de los partidos, sin formación ni apoyo adecuados, según el informe de Amnistía.

Por ello, numerosos trabajadores de Teyseer protestaron mientras estaban en Qatar y se quejaron a través de la línea telefónica establecida con ese fin durante la Copa del Mundo, pero no obtuvieron respuesta. Asimismo, uno de los entrevistados dijo a la ONG que un directivo amenazó con despedirlos a él y a otros como represalia por quejarse.

Días antes de que vencieran sus contratos en enero, cientos de responsables de seguridad organizaron una protesta pidiendo lo que se les debía, las horas extras no pagadas y las bonificaciones prometidas. Después de la protesta, tanto Teyseer como el Gobierno de Doha prometieron compensarles pero aún no han recibido ningún tipo de pago.

Los entrevistados afirman que los representantes de la empresa amenazaron con emprender “acciones” contra ellos si no abandonaban Qatar en vuelos organizados por la empresa o les dijeron que tendrían que pagar un nuevo billete de avión, por lo que se vieron obligados a marcharse y se quedaron sin ningún tipo de compensación.

Amnistía destaca que “los abusos soportados por los guardias de seguridad forman parte de un patrón de daños sufridos por los trabajadores migrantes en Qatar desde que la FIFA eligió el país como anfitrión de la Copa Mundial en 2010”.

“Cientos de miles de trabajadores migrantes pagaron tasas ilegales de contratación o sufrieron retenciones de sus salarios, sin haber recibido ninguna reparación” por ello. Además, “muchos trabajadores que ayudaron a construir estadios e infraestructura o trabajaron para ayudar a la celebración del torneo murieron, y sus familias aún no han recibido una indemnización adecuada, e incluso ninguna indemnización”, denuncia la ONG.

Aunque Qatar haya introducido mecanismos de denuncia, los trabajadores deben estar en ese país para acceder a los tribunales y a cualquier tipo de compensación. Los que fueron obligados a salir de Qatar no tienen la posibilidad de presentar quejas a distancia desde sus países, ni los familiares de las víctimas tampoco.

“El mecanismo de reparación existente en Qatar no es adecuado para su objetivo, y ha privado a miles de trabajadores de la compensación por los abusos que han sufrido”, señala Cockburn. “Aunque han transcurrido seis meses desde la Copa Mundial, la FIFA aún no ha investigado de forma efectiva la cuestión, ni ha proporcionado remedio. Los trabajadores llevan demasiado tiempo esperando justicia”, concluye.

La FIFA ha reconocido en una respuesta a Amnistía Internacional que había “diferentes percepciones y opiniones” sobre la experiencia de los trabajadores en Teyseer y ha prometido que buscará una aclaración completa, pero no se ha comprometido a intervenir para proporcionar reparación.

Guerras, violencia, persecuciones, violaciones de derechos humanos… Tras más de una década de crecimiento ininterrumpido, el número de personas obligadas a abandonar su hogar por seguridad ha superado los 100 millones. A finales de 2022, la cifra de desplazados forzosos en el mundo alcanzó la inaudita cifra de 108,4 millones de personas, 19.1 millones más que el año anterior (89,3 millones), según los últimos datos publicados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). Se trata de una subida sin precedentes —21%—, en una tendencia que parece seguir en la misma dirección, pues la cifra en mayo de 2023 llegó a los 110 millones de personas desplazadas tras la erupción del conflicto en Sudán.

“Estas cifras nos muestran que algunas personas son muy rápidas para adentrarse en conflictos y demasiado lentas para encontrar soluciones. La consecuencia es la devastación, el desplazamiento y la angustia por cada uno de los millones de personas desarraigadas y forzadas a abandonar sus hogares”, ha dicho el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi. Y es que ese aumento se debe sobre todo a la proliferación de conflictos como el de Ucrania y, más recientemente, Sudán. El número de migrantes obligados a abandonar sus casas en 2022 cuadriplica la registrada en 2011 (26,8 millones), año en el que ACNUR comenzó a informar sobre el aumento de los desplazamientos forzosos en el mundo.

De los 108,4 millones de personas desplazadas a finales de 2022, el 58% (62,3 millones) son desplazados en sus propios países de origen a causa de conflictos o violencia, mientras que 34,6 millones de personas son refugiados, 5,4 millones solicitantes de asilo y 5,2 millones son personas en necesidad de protección internacional.

Aumento de los refugiados y guerra de Ucrania

La cifra de refugiados ha aumentado de forma drástica, en un 35%, pasando de 25,7 millones de personas en 2021 a 34,6 millones a finales de 2022, entre los que se encuentran 29,4 millones de refugiados bajo la protección de ACNUR y 5,9 millones de palestinos refugiados.

La guerra de Ucrania se ha convertido en la mayor causa de desplazamientos forzados en 2022. El número de refugiados provenientes de este país pasó de 27.300 personas en 2021 a 5,7 millones de personas a finales de 2022 —16% del total—. Se trata de la mayor salida de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial.

Se ha producido también un aumento de los refugiados afganos según las revisiones de población en Irán, por lo que se estima que había 5,7 millones de afganos que abandonaron su hogar a finales del pasado año, 2,9 millones más que en 2021. El informe también refleja un aumento del número de venezolanos “en necesidad de protección internacional” en países como Perú o Colombia, cifra que alcanza los 5,4 millones de desplazados.

Más del 87% del total de refugiados o de personas con necesidad de protección internacional a finales de 2022 provenían de 10 países: Siria, Ucrania, Afganistán, Venezuela, Sudán del Sur, Myanmar, República Democrática del Congo, Sudán, Somalia y República Centroafricana. Se estima que casi uno de cada cinco refugiados en 2022 eran sirios, con 6,5 millones de desplazados forzosos.

Los países con menos ingresos, los que más acogen

El 70% de los refugiados son acogidos por países vecinos de donde se producen los conflictos o crisis humanitarias. Un porcentaje menor en comparación a otros años y que se debe sobre todo a que muchos ucranianos han sido acogidos en distintos países europeos no directamente próximos al país en cuestión.

Países vecinos que suelen ser generalmente de bajos o medios recursos, en términos de población y recursos. Según ACNUR, los estados no ricos son los que acogen el mayor número de desplazados. Los países de bajos ingresos, que suponen un 9% de la población mundial y que representan sólo el 0,5% del Producto Interior Bruto mundial, albergaron al 16% de los refugiados. Mientras que el 26% fueron acogidos por países de ingresos medio-bajos, el 33% por países de ingresos medio-altos y el 24% por países de ingresos altos.

Los 46 países menos desarrollados, que representan menos del 1,3% del PIB mundial, acogieron a más del 20% de los refugiados en 2022.

“La gente de todo el mundo continúa mostrando una extraordinaria solidaridad con los refugiados a medida que ofrecen protección y ayudan a los que lo necesitan”, ha añadido Grandi, “pero hace falta mucho más apoyo internacional y una distribución más equitativa de la responsabilidad, especialmente con aquellos países que albergan a la mayoría de los desplazados”.

Menos retorno voluntario y más reasentamientos

En 2022, 339.300 refugiados volvieron voluntariamente a sus 38 países de origen, la mayoría lo hicieron en Sudán del Sur, Siria, Camerún y Costa de Marfil.  Un descenso de 90.000 personas con respecto al año anterior (21%). Por su parte, 5,7 millones de desplazados internos regresaron a su hogar —8% más que en 2021—, mayoritariamente en Etiopía, Myanmar, Siria, Mozambique y República Democrática del Congo.

La política de reasentamiento (traslado de refugiados de un país, generalmente con menos recursos, a otro con más capacidad de acogida) ha recuperado sus niveles pre pandemia, produciéndose 114.300 reasentamientos, el doble de los 57.500 del año anterior. Sin embargo, desde ACNUR advierten que, pese al aumento, esta cifra está muy lejos de los 1,5 millones de personas que se estima en necesidad de reasentamiento.

También se ha producido un aumento del 2% de las personas que se encuentran sin estado. En 2022 unos 4,4 millones de personas se encontraban en situación de nacionalidad indeterminada.

“Sobre todo, se debe hacer mucho más para poner fin a los conflictos y eliminar los obstáculos para que los refugiados tengan la opción de regresar a su hogar de forma voluntaria, segura y digna”, ha advertido el Alto Comisionado para los Refugiados.