¿Ha mejorado la situación de los trabajadores inmigrantes del Mundial de Qatar?

Cuando la candidatura de Qatar ganó en 2010 la carrera para convertirse en sede del Mundial de fútbol, el triunfante Estado del Golfo reveló sus planes para albergar el más espectacular de todos los torneos de la Copa del Mundo y puso en marcha un ambicioso plan para construir estadios de última generación, hoteles de lujo y un nuevo metro.

Sin embargo, a lo largo de la década siguiente han salido a la luz las brutales condiciones a las que se enfrentaban cientos de miles de trabajadores inmigrantes, los cuales desempeñaron sus tareas bajo un calor abrasador con el objetivo de forjar la visión que Qatar tenía para su Mundial de fútbol. Las investigaciones sobre el trabajo forzado, la servidumbre por deudas y las muertes de trabajadores han causado indignación a nivel internacional. 

En un intento de acallar las críticas, Qatar anunció en 2019 reformas laborales de gran calado. Entre ellas, el fin de la kafala, un sistema que prohibía a los trabajadores inmigrantes cambiar de trabajo o salir del país sin un permiso de su empleador, lo que dejaba sin escapatoria a los trabajadores, que eran explotados y maltratados. Otras de las reformas anunciadas fueron el establecimiento del primer salario mínimo en la región para trabajadores inmigrantes y sanciones más duras para las empresas que no cumplieran con la nueva legislación.

Las reformas contaron con una gran acogida cuando entraron en vigor en septiembre de 2020. FIFA se refirió a ellas como pioneras. La ONU dijo que marcaban el inicio de una nueva era. Un sindicato internacional las calificó de revolucionarias. Incluso los grupos de derechos humanos, que llevan tiempo criticando el historial de Qatar en materia de derechos laborales, les dieron una cautelosa bienvenida.

Sin embargo, más de 40 trabajadores inmigrantes que han hablado con The Guardian entre septiembre y octubre de este año dicen que para ellos la situación no ha cambiado mucho.

“Seguimos bajo su control”

Aunque la Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirma que más de 200.000 trabajadores han cambiado de empleador desde la puesta en marcha de la nueva legislación, The Guardian solo ha conocido a un trabajador –un joven proveniente de Kenia– que había conseguido dejar su empleo.

Su experiencia es una prueba contundente del empoderamiento potencial que las nuevas leyes podrían otorgar a la vida de los trabajadores. En su primer empleo tras llegar a Qatar, ganaba 625 riales (151 euros) al mes como trabajador de la construcción. Ahora trabaja en una empresa de logística con un salario casi tres veces superior. “Puedo enviar mucho más dinero a casa. Ahora no puedo quejarme”, dice.

Pero el resto de personas que han hablado con The Guardian y quieren cambiar de trabajo dicen que es algo difícil o imposible de conseguir. Afirman que las empresas para las que trabajan ignoran las nuevas leyes. Algunos dicen que sus jefes les amenazan con imponerles multas o retenerles el sueldo si intentan cambiar de trabajo. Viven tan cerca de la pobreza que esto podría ser catastrófico para ellos, lamentan.

Otros trabajadores afirman que sus jefes se niegan a firmar las cartas de dimisión o a expedir “certificados de no objeción”, aparentemente sin saber que ninguno de los dos es obligatorio bajo el código laboral reformado.

“Nos amenazan diciendo que nos descontarán del salario el coste de la habitación y la ropa de cama y que se negarán a pagarnos las prestaciones por fin de servicio si intentamos irnos”, dice un guardia de seguridad indio. “Seguimos bajo su control”.

Otro guardia de seguridad keniata explica: “Encontré otro empleo, pero cuando fui a la empresa en la que trabajo, se negaron a dejarme ir. Esperé tres meses y se volvieron a negar”. Cuenta que podría acudir a un tribunal laboral para pelear por su caso, pero que tendría que pagar el transporte, un gasto que no se puede permitir, y ausentarse del trabajo un tiempo, lo que la empresa no permitirá.

Migrant-rights.org, un grupo de defensa de los trabajadores inmigrantes en el Golfo, describe el fin de la kafala como un “espejismo” y dice que los empleadores pueden impedir fácilmente que los trabajadores descontentos se marchen. Cuando se le pregunta si las reformas han supuesto una diferencia, otro trabajador nepalí da un veredicto sencillo: “La kafala sigue viva”.

El nuevo salario mínimo de 1.000 riales al mes, junto a la comida y el alojamiento, parece implementarse con más rigor. La mayoría de los trabajadores entrevistados que cobran salarios bajos dicen recibir el mínimo legal, un aumento significativo respecto a sus salarios anteriores, a excepción de algunos guardias de seguridad que por lo habitual trabajan en turnos de 12 horas, pero no reciben los pagos obligatorios por las horas extras.

Sin embargo, el nuevo salario mínimo fijado por el gobierno Qatarí, uno de los países más ricos del mundo, sigue siendo equivalente a solo 1,19 euros la hora. Estos salarios hacen que los trabajadores permanezcan en Qatar durante años sin poder permitirse volver a casa y ver a sus familias. Un trabajador nepalí cuenta que hace cinco años que no ve a su esposa ni a su hijo. “Cuando llamo a mi hijo, no viene hacia mí”, dice. “Ni siquiera me habla por teléfono”.

Diez años tarde

Las autoridades Qataríes y la OIT reconocen que las reformas siguen en desarrollo. “El Gobierno Qatarí se enfrenta a desafíos en su implementación y a cierto nivel de resistencia, lo cual no es sorprendente dada su magnitud”, dice Max Tuñón, jefe del proyecto de la OIT en Qatar.

Un portavoz del Gobierno dice que, con las nuevas leyes ya en vigor, el énfasis se ha trasladado a la implementación y el cumplimiento: “Lograr un cambio sistémico es un proceso a largo plazo y costará modificar el funcionamiento de cada empresa”. Añaden que se han impuesto sanciones estrictas a las empresas que intentan eludir la ley.

El Comité Supremo de Qatar, organismo encargado de la organización del Mundial de Fútbol, dice que el torneo es un poderoso catalizador para dejar un legado humano y social sostenible antes, durante y después de la Copa del Mundo de 2022.

El organismo ha lanzado un comunicado que dice lo siguiente: “Nuestro compromiso con el bienestar de los trabajadores se ha traducido en mejoras significativas en las normas para la vivienda, las regulaciones de salud y seguridad, los mecanismos de reclamación, la prestación de cuidados sanitarios y el reembolso de las tasas ilegales de contratación”.

Las organizaciones de defensa de los derechos humanos advierten que a Qatar se le está acabando el tiempo para garantizar que las nuevas reformas mejoren de forma efectiva la vida de los trabajadores inmigrantes antes del comienzo del Mundial en noviembre del año que viene.

“La reforma importante del sistema kafala en Qatar no se produjo hasta finales de 2020, 10 años después de que el país se pusiera en el punto de mira mundial”, dice James Lynch, director del grupo de derechos humanos FairSquare.

“Las reformas se han visto obstaculizadas por las dificultades iniciales y el rechazo del sector empresarial, por lo que existe la duda sobre si va a lograr cumplir con su potencial transformador en el período previo y posterior al Mundial de Fútbol”.

La mayoría de los ocho estadios de la Copa del Mundo y de las infraestructuras conexas ya estaban terminados para finales de 2020, antes de que las reformas entraran completamente en vigor.

“Urge voluntad política que garantice que esta y otras reformas tengan un impacto significativo para los trabajadores e implemente estos cambios a largo plazo”, dice Lynch.

Mejoras anecdóticas

Qatar, la FIFA y la OIT han dicho en repetidas ocasiones que el Mundial dejará un legado duradero de mejora de los derechos de los trabajadores en Qatar y en toda la región. Hasta ahora, la evidencia anecdótica sugiere que ese legado está lejos de ser una realidad.

El mes pasado, en las obras de construcción de carreteras cerca del centro de Doha, The Guardian conoció a cuatro trabajadores recién llegados de India empleados por AlJaber Engineering. AlJaber, una de las principales empresas constructoras de Qatar, construyó el estadio Al Thumama. Al igual que los demás contratistas de la Copa del Mundo, AlJaber debe cumplir con las estrictas normas de bienestar de los trabajadores que, entre otras cosas, no permiten que estos paguen tasas de contratación.

Sin embargo, los cuatro trabajadores dicen que cada uno de ellos pagó casi 1.191 euros en concepto de tasa de contratación para asegurarse sus puestos de trabajo. Sus afirmaciones sugieren que AlJaber podría no estar aplicando las normas de bienestar laboral en sus nuevas contrataciones. AlJaber Engineering no ha respondido a las múltiples solicitudes de comentarios.

Los defensores de los derechos humanos se preguntan qué presión habrá sobre el Gobierno Qatarí para que se apliquen las nuevas leyes de forma efectiva y concreta una vez finalizado el torneo.

En una entrevista reciente, Malcolm Bidali, bloguero keniata y trabajador migrante que fue detenido, recluido en régimen de aislamiento y después acusado de difundir “noticias falsas” por escribir sobre la difícil situación de los trabajadores migrantes en Internet, se hace la misma pregunta. “Si fui detenido y multado injustamente –mientras todos los ojos están puestos en Qatar–, ¿qué pasará cuando nadie mire?”, se pregunta.

Traducción de Julián Cnochaert.