El alcalde de Vigo, Abel Caballero, va a gastarse casi dos millones de euros para patrocinar el concierto que la banda norteamericana Guns N' Roses dará en el Estadio de Balaídos el próximo 12 de junio. La combinación de dinero público y conciertos de grandes estrellas lleva trazas de convertirse en una constante en la ciudad, donde Xunta de Galicia y Ayuntamiento compiten, chequera en mano, por programar a las principales estrellas del panorama festivalero mundial. Sirvan dos ejemplos: en septiembre la Xunta se gastó 2,5 millones para llevar a Muse a Vigo. Un mes antes, la administración gallega ya había abierto la caja para que C. Tangana se subiera al escenario en la misma ciudad. En aquel show se repartieron 500 pases VIP entre políticos del PP y famosos, entre ellos Alberto Núñez Feijóo o Juan Manuel Moreno Bonilla.

De fondo, está la pugna electoral por la mayor ciudad de Galicia, que Caballero gobierna desde hace 16 años, los últimos ocho con mayorías absolutas inapelables y donde los sucesivos candidatos de Feijóo han ido estrellándose elección tras elección. Solo en medio de esa batalla municipal se entiende que Muse y Guns N' Roses se hayan llevado casi cinco millones de euros de dinero público durante los últimos meses. La fórmula usada por ambas administraciones para atraer grandes eventos es un contrato de patrocinio, que tanto el Gobierno gallego como el Ayuntamiento justifican con el retorno económico que para sus territorios tendrá la llegada de una gran estrella del espectáculo.

En el caso de Guns N' Roses, que tocará el próximo 12 de junio, la promotora que se haga con la sustanciosa bolsa deberá poner en marcha un ambicioso plan de de inversión publicitaria en medios que ya ha sido esbozado por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Vigo y que prevé empezar a repartir el dinero, e iniciar la difusión de anuncios, a partir del 24 de mayo, en la última semana de campaña electoral. El plan, que pretende difundir la marca de la ciudad en torno al evento, prevé el reparto de cientos de miles de euros en radios, televisiones y periódicos pero también la instalación de vallas y carteles o el uso de redes sociales para difundir la llegada de los músicos de Hollywood a la primera ciudad de Galicia apenas la segunda semana de junio.

El procedimiento para patrocinar el evento ha sido activado por el Ayuntamiento vigués la pasada semana con la licitación abierta publicada en la Plataforma de Contratos del Sector Público. Sin embargo, hay cosas que no cuadran en su mecánica. No se dice desde alcaldía si el patrocinio por el que están dispuestos a desembolsar casi dos millones tiene a Guns N' Roses como destinatario, pese a que es la única gran banda internacional con fecha confirmada para el mes de junio en la ciudad. La ambigüedad tiene su explicación: cerrar la inversión para ese espectáculo en concreto sería similar a impulsar un contrato a dedo y, por el momento, el Ayuntamiento de Vigo quiere que la tramitación tenga apariencia de contrato abierto a cualquiera que quiera presentar una oferta.

Fuentes del consistorio aseguran además que, por el momento, la administración que preside Abel Caballero no tiene relación alguna con el concierto de Guns N' Roses. La afirmación no se ajusta a la realidad ya que el evento, cuyas entradas han sido vendidas en su práctica totalidad, se celebrará en el estadio municipal de Balaídos, de gestión municipal. elDiario.es ha preguntado a un portavoz del consistorio si hay algún tipo de contrato de alquiler o cesión de ese espacio. No ha habido respuesta.

El encabezamiento de la millonaria licitación alojada en la plataforma pública anuncia lo siguiente: “Patrocinio de un concierto internacional a celebrar en Balaídos entre el 5 y el 27 de junio. Importe: 1.891.946,12 euros”. El único requisito concreto sobre la banda por la que se pretende pagar esa suma es el siguiente: “Ser ganador de un Grammy o un World Music Award, contar con al menos cinco discos de estudio que superen los 60 millones de copias vendidas, haber realizado al menos cinco giras internacionales y tener un mínimo de 15 millones de seguidores en plataformas digitales”. Guns N' Roses encaja en ese traje.

Se da la circunstancia de que para el concierto de la banda estadounidense se han vendido la práctica totalidad de las entradas, con precios que van desde los 62,5 euros para un asiento en grada, hasta los 1.156 euros que cuesta el pase VIP más caro.

El ambicioso plan de medios que la administración de Caballero quiere impulsar como parte de su patrocinio al evento recibió el visto bueno de su la Junta de Gobierno Local en una reunión extraordinaria que se celebró el lunes 24 de abril. Una semana antes, la empresa de Comunicación EcoVigo hizo llegar al consistorio el borrador de un plan de comunicación, que ahora se someterá a licitación pública y figura ya en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Si existiera un vuelo directo desde las Rías Baixas hasta Bruselas, el penúltimo fin de semana de marzo, se hubiese llenado hasta los topes. ¿La razón? La expectación que causó el festival Emigrason. Una suerte de llamamiento musical a la diáspora gallega que consiguió congregar, en Bruselas, a casi 300 personas —casi todas de raíces gallegas— llegadas de un buen número de estados europeos como Alemania, Francia o Italia. También de Galicia, claro. Un nutrido grupo de gente joven que acudió a la propuesta de cinco amigos emigrados en la capital europea con una pulsión desbordante de matar saudades. Propusieron conciertos, cuentacuentos y una foliada para tratar de saciar lo que entendían como una demanda del éxodo gallego. El resultado fue inesperado hasta para ellos: consiguieron colgar el cartel de sold out apenas unas horas después de haber abierto la venta online. Se habían garantizado un éxito.

“La diáspora gallega existe y está culturalmente olvidada. Con esto que ha pasado aquí, lo hemos demostrado”, explica Karan Novo, una de las cabezas pensantes que está detrás de la primera edición del Emigrason. Junto a Cris Amosa, María Dios, Mateo González y Gara López han bregado con buena parte de las administraciones para conseguir el presupuesto que ha financiado el evento y, aunque parezca mentira, solo lo consiguieron en el Parlamento Europeo: “Nos hubiese encantado conseguir un patrocinio público o privado en Galicia, pero no ha sido posible”. Con todo y casi como un acto de solidaridad generacional, consiguieron llevar a la capital europea siete propuestas artísticas gallegas mayoritariamente emergentes. El cartel y el público hicieron simbiosis. Salvo un par de excepciones, era de millennials para millennials: las bandas Filloas, Berto, Fillas de Cassandra, The Rapants, Familia Caamagno; los grupos de música tradicional Alumea y Xirandola; y los cuentacuentos de música y magia de Benxa Otero y Celso Fernández.

La burbuja sociocultural que se creó durante el penúltimo fin de semana en la capital de Bélgica produjo imágenes inusuales. Para Berto, que además de rejuvenecer el pop gallego empezó su carrera musical durante la pandemia, este fue casi su primer concierto más allá de A Gudiña: “Además de la ilusión y de lo nutritivo que ha sido para nosotros, estoy alucinado porque parece que hay más diglosia en Galicia que en Bruselas”. Su relato parece una exageración, pero en él coinciden todos los participantes. Apenas tuvieron que usar el inglés o el francés en el viaje y se pudieron comunicar durante todo el viaje en la lengua propia de Galicia —hasta el hotel donde se hospedaron lo regenta una joven gallega—.

El Emigrason lo inauguró el viernes 24 de marzo el oboísta y mago Benxamín Otero junto al cuentacuentos Celso Fernández. Los acogió el Instituto Cervantes, que vio transformada su biblioteca con un espectáculo de oralidad y música llamado No tempo dun café. Una propuesta radicalmente diferente al resto del cartel en la que Celso contó historias recogidas en el rural gallego. “Pequeñas memorias importantes que cada quien trae consigo y que salen a la luz en el momento del café”, explican. Cuando Celso terminaba cada elocuente relato, Benxamín se ponía a viajar con su oboe y todavía le sobraba tiempo para hacer algún truco de magia con el que acabar de ganarse el público que se quedó maravillado.

Durante la noche de ese mismo viernes, los integrantes de la asociación de gallegos en Bruselas, Couto Mixto, no daban crédito de lo que habían conseguido apoyando a los cinco jóvenes organizadores: un concurrido pub de la ciudad con el aforo completo para ver una foliada con gaitas, tamboril, bombo, bailadores y hasta alguna botella de licor café. Comenzaron la fiesta la agrupación de música tradicional Xirandola, pero pronto se les unieron Alumea, un grupo análogo pero radicado en Bélgica. “La intención fue enseñar un poco de nuestra cultura tradicional en el barrio europeo y por eso hicimos que esta actuación fuese de libre acceso”, argumentan desde la organización.

Sin embargo, el plato fuerte del festival fue durante la tarde y la noche del sábado. Cinco bandas y las cinco usando su lengua natal en sus composiciones. Filloas, Berto, Fillas de Cassandra, The Rapants y Familia Caamagno: “Está claro que desde las instituciones gallegas no interesa que haya representación de bandas gallegas en el grueso de los festivales. Lo vemos con Emigrason, que no ha tenido ni la más mínima cobertura de los medios públicos de Galicia. Dice mucho de los medios en nuestro país, que están secuestrados”, denuncia Manuel Caamagno, cantante de la banda más veterana del cartel.

La primera edición de Emigrason fue posible, principalmente, gracias al trabajo desinteresado de cinco jóvenes gallegos emigrados que vieron sobrepasadas cualquiera de sus previsiones. Pero no solo eso. A falta de grandes patrocinadores gallegos público o privados, Emigrason consiguió la colaboración fundamental de dos europarlamentarios gallegos: Nicolás González, del PSdG y Ana Miranda, del BNG. “Esto se ha convertido en una demostración de que hay gallegos y gallegas en la diáspora que quieren formar parte de la vida cultural, social y política del país y que también son parte de Galiza”, sostiene Miranda. “Es evidente que la Xunta no está haciendo su trabajo a nivel cultural en Bélgica, Galicia no puede permitirse perder todo este talento que vive más allá de nuestras fronteras”, añade González. “No nos podemos olvidar de que las industrias culturales también son industria y hay que cuidarlas”, remata la eurodiputada gallega.

Perros hacinados en jaulas, un quirófano lleno de excrementos y orines y deficiencias en las instalaciones. Ese es el resumen de un vídeo al que ha tenido acceso elDiario.es y en el que se puede ver la situación en la que vivían cientos de perros en el Refugio de Animales Abandonados de Vigo, dependiente del Ayuntamiento. Las pruebas gráficas forman parte de un atestado de los servicios del Seprona de la Guardia Civil en una denuncia contra las personas responsables de la protectora municipal por los presuntos delitos de maltrato animal continuado, prevaricación administrativa y fraude a las administraciones públicas cuya causa acaba de ser sobreseída. A pesar del archivo, la jueza da por constatada “la sobresaturación o exceso de censo de animales en el refugio, la existencia de instalaciones deficitarias y unos escasos medios personales y materiales”.

Las imágenes son el testimonio de la situación en la que se encontraba el refugio hasta al menos finales de 2019, cuando fueron grabadas por varios testigos. La crudeza de los casi veinte vídeos que existen y una llamada anónima hizo levantar las alarmas del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil que se presentó a finales de 2021 en las instalaciones para inspeccionarlas. Dieron carta de veracidad a lo denunciado en su informe justo dos años después. Según ese atestado, las instalaciones de la protectora “no estaban autorizadas por la Conselleria competente”; el refugio “carecía de libros de entrada y registro debidamente sellados y diligenciados por la Conselleria”; y “los animales estaban hacinados, había roedores y la limpieza era deficiente”.

Los agentes de la Guardia Civil también comprobaron que “no tenían contrato relativo al destino de los cadáveres” de los animales, que “no tenían censo”, que había “deficiencias en los caniles” y que se limpiaban “con los animales dentro” y también que los comederos y bebederos eran “deficientes”. Además, en cuanto a la salubridad del espacio también señalaban que “no había sala de cuarentena” y que había “medicamentos caducados y residuos sanitarios mal gestionados”. A preguntas de esta redacción, el Ayuntamiento de Vigo ha remitido un “reportaje fotográfico del estado actual” del centro de recogida de animales abandonados de la ciudad. En él se pueden ver algunas de las mismas instalaciones que aparecen en el vídeo, pero algunas de ellas mucho más limpias o directamente sin animales.

El archivo de la causa

La clave para entender el sobreseimiento a finales de 2022 del proceso judicial se encuentra en la tipificación del delito de maltrato animal. Escribe la jueza: “No se entiende acreditado que como consecuencia directa de la actuación de los investigados, o de la inacción o carencia de cuidados de los mismos, hayan resultado muertos o gravemente lesionados ninguno de los animales acogidos en el refugio de animales abandonados que gestiona la Asociación Protectora de Animales”. Es el artículo 337 del Código Penal el que impera y que hasta la reciente aprobación de la Ley de Bienestar Animal solo castigaba en casos de este tipo prácticas que menoscabasen de forma grave la salud de los animales. Algo que el Ministerio Fiscal no ha podido probar ni siquiera indiciariamente.

A pesar de dar carpetazo a las denuncias de prevaricación, fraude y maltrato, para la jueza que firma el auto, “resulta evidente la realidad de las carencias en las instalaciones del refugio, condicionadas por la limitación de medios materiales y personales”, así como por el hecho de que la protectora gestiona un servicio público municipal que, como tal, está obligado a recoger cualquier animal abandonado o extraviado, con independencia del número de animales residentes ya en el refugio, o de la existencia o no de habitáculos adecuados para su custodia.

Los últimos datos hechos públicos sobre adopciones en el resto de protectoras de animales de Vigo y su área metropolitana se sitúan en torno a cuarenta al año. La cifra la publicó la asociación Libera! en el año 2017 destacando que, en los tres años anteriores, la tasa de adopción de la protectora viguesa nunca llegó a superar el 5%. Desde entonces no han vuelto a trascender las cifras, solo que el censo de la protectora se ha movido entre los 400 y los 600 animales. Ante esta situación, que los animalistas tildan de colapso, piden al Gobierno local que aplique políticas de protección animal como campañas de sensibilización para promover la adopción en la página web del Concello y en las redes sociales. De esta forma, señalan el índice de adopción podría aspirar a ser del 75% o del 80% como en Zaragoza y en Vitoria-Gasteiz, respectivamente.

“Siempre que voy pienso que, si hubiera una sala como esta en cada ciudad, habría un circuito más rico y potente. Todo sería más fácil. Capitol es mi favorita de todas las salas del país”. La frase es del músico madrileño Quique González, huésped habitual de la sala de conciertos gallega por antonomasia. Estos días, la Sala Capitol está de aniversario. Cumple veinte años en los que se ha convertido en lugar de peregrinación obligado para músicos y músicas de todo el Estado y mucho más allá de sus fronteras. En estas dos décadas de actividad ininterrumpida, las cifras hablan por sí solas: “Más de 2.000 eventos de toda índole y estilo que dejan a Capitol muy cerca de superar el millón de asistentes”, explican desde la organización.

Del panorama nacional, por allí han pasado Antonio Vega, Rosendo, Kiko Veneno, Los Planetas, Love of Lesbian, Nacho Vegas, Viva Suecia o Quique González. Aunque la lista sería interminable, en lo referente al ámbito internacional, las tablas de esta céntrica sala de Santiago de Compostela han sido pisadas por Manu Chao, John Cale, Marky Ramone, Interpol, Mark Lanegan, Steve Vai, Yo la tengo, José González, Sepultura, Jello Biafra, Mudhoney o Ronnie Spector.

Pero no todo han sido conciertos. Estar presentes en ciclos y festivales multidisciplinares de carácter internacional como el WOMEX, Xacobeo Importa, WOS, Via Stellae, Cineuropa, Curtucircuito o Conecta FICTION es la prueba de que este espacio tiene vocación de estar presente en los acontecimientos más importantes de la ciudad y servir como aglutinador alternativo a la red de contenedores culturales del entorno compostelano: “Ocupamos un lugar particular y complementario al resto de espacios debido a la versatilidad”, añade la organización. Su apuesta la llevó a ser la tercera sala en el ranking de la lista de la Mejores salas de España publicada por la revista Rolling Stone en el año 2011, solo por detrás de Razzmatazz y Sala Apolo, “un mérito conseguido desde la periferia española, por votación popular a través de varias redes sociales”.

La exdirectora de Radio 3 Lara López también ha hablado con esta redacción para felicitar a la Capitol este veinte cumpleaños: “La importancia de los lugares nos habla mucho más de nosotros mismos de lo que se puede decir sobre ellos y no hay tantos que podamos considerar icónicos. Las salas de conciertos, concebidas para que pasemos el tiempo, se convierten en espacios de los que hablaremos por haberlo ganado. Ver a nuestros grupos favoritos en directo, dar tu primer beso, quedar con amigos que hace años que no ves. Nos merecemos lugares para que llenemos el tiempo, y lo bailemos, lo escuchemos, en lo que celebremos y hagamos comunidad. Nos merecemos lugares los que la memoria no sea pasado, sino presente”. Sobre la importancia de la ubicación y los espacios también añade Quique González: “Hemos vivido un momento en el que las salas de las ciudades han empezado a ser trasladadas a los polígonos de las afueras. Como si alguien quisiera que no molestemos. Uno tiene la sensación de que ejerce este oficio de manera más digna cuando ve sitios como la Capitol. Recuerdo todos los conciertos que he dado allí”. 

“Es una de esas salas con solera como Eslava o Apolo. Es un antiguo cine muy bien reconvertido en sala de conciertos y que tiene una programación increíble”, destaca Carlangas, que tras la separación de Novedades Carminha, ha decidido juntarse con la banda viguesa Mundo Prestigio para dar salida a su música. “Yo me curtí allí y vi mis artistas de referencia. Hacer un lleno en la Capitol era un punto de inflexión en mi carrera. Lo sabía antes y lo supe después de lograrlo”, añade. Para Carlangas, como para cualquier músico compostelano, la sala “ofrece unas condiciones de primerísimo nivel”. Tanto para artistas como para espectadores: “Es cómoda y se escucha genial desde cualquier sitio”.

De cine emblemático a sala de referencia

Esta andadura comenzó en el año 1999 con la compra del inmueble en donde durante más de 50 años se había situado el mítico Cine Capitol de Santiago de Compostela, en pleno centro de la ciudad. Tras una década cerrado a cal y canto, Francisco Sanín se hizo con la propiedad con la intención de levantar en su lugar “un espacio multidisciplinar dedicado a la cultura de la música en directo”. Tras cuatro años de obras de reconstrucción del nuevo espacio, arrancó su nueva actividad en abril de 2003 con un concierto del grupo rumano Fanfare Ciocarlia.

“Fran siempre fue un apasionado de la música y quería que cualquier músico pudiese venir a Santiago. Así que nos hizo la propuesta y nos fuimos por las ciudades de España a ver salas de conciertos”, explica Manuel Carbajo, que junto a Celso Barrios, fueron los arquitectos artífices de la transformación. “Fran puso mucha insistencia en el sonido y nosotros tratamos de hacerlo manteniendo la esencia de un espacio emblemático como era el Cine Capitol. Allí vimos nuestras primeras películas y queríamos mantener la memoria de aquel espacio”, añade. Fue un proceso mucho más complejo de lo que parecía, recuerda. “Los promotores a veces piensan que conservar es no hacer mucho, pero para que parezca que no haces nada, hay que hacer muchas cosas por detrás para que no se noten”. En aquel momento, tres conocidos de su época de estudiantes, se juntaron para conseguir un emblema en las industrias culturales de Galicia: “Acabábamos de terminar la carrera y se convirtió en el proyecto de nuestras vidas”.

Aunque en las próximas semanas Galicia tendrá una nueva ley que regule el juego, las máquinas de apuestas y tragaperras de los bares seguirán casi como estaban. Desoyendo las reclamaciones de todas las asociaciones de ludópatas rehabilitados y de los dos partidos de la oposición en la Xunta, el Partido Popular se ha negado a poner coto al juego en la hostelería. Así lo ha podido comprobar elDiario.es en el último borrador de la ley que ya ha cerrado su fase de negociación y que se aprobará en el corto plazo. En este sentido, el PP se ha decantado por replicar el control actual sobre las máquinas expendedoras de tabaco y, de facto, la responsabilidad legal de que no jueguen menores o personas que se han prohibido a sí mismas recaerá sobre el propietario del negocio de hostelería.

“Nosotros hemos repetido una y otra vez que no tiene ningún sentido que se instalen máquinas de este tipo en bares, donde además el control es extremadamente complejo”, denuncia Juan Lamas, director técnico de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (Fejar). “Lo que han propuesto es un mecanismo similar al de las máquinas del tabaco y ya sabemos todos cómo funciona”, lamenta. Cuando fueron preguntadas al respecto por los tres grupos del Parlamento gallego (PP, BNG y PSdG), las asociaciones de exjugadores fueron tajantes al exigir un control individual para cada máquina a través de la lectura del DNI: “Es un mecanismo de control efectivo y que cuesta poco más de un euro. Le quita la responsabilidad al hostelero y es mucho más preciso”. El también director terapéutico de la Asociación Gallega de Jugadores Anónimos (Agaja) añade: “La mayoría absoluta del PP en la Xunta de Galicia le permite atender a sus propios intereses y no a los sociales”.

Precisamente, tratar de paliar el problema de salud pública que suponen las adicciones al juego era uno de los ejes que vertebraban las propuestas del BNG, el PSOE y las asociaciones de afectados. “Pero también eso ha quedado difuminado”, explica Julio Torrado, diputado del PSdG-PSOE en la negociación. “El Partido Popular se ha comprometido a crear el Observatorio do Xogo, pero lo que va en el texto de la ley son solo palabras”, añade. Tanto desde Fejar como desde la oposición solicitaron al PP que incluyese una tasa impositiva que se dedicase explícitamente a la rehabilitación de personas que han desarrollado conductas adictivas por culpa de los juegos de azar y también a su prevención. Lo han rechazado de forma frontal.

En la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados están descontentos con que en el último texto no se haya hecho ninguna mención al juego público: “Sabemos que Loterías y ONCE son competencia del Estado, pero la concesión en muchos espacios es absolutamente autonómica. ¿Cómo es posible que se pueda instalar un puesto de la ONCE en un hospital?”. Desde Fejar llevan años insistiendo en los peligros de modos de juego inmediatos y accesibles como los popularizados como “rascas” o de la buena fama de la que gozan las Loterías y Apuestas del Estado en la mayor parte de los espacios públicos. El Partido Popular ha preferido no responder a las preguntas de esta redacción y esperará a que su tramitación llegue a debate final en el pleno del parlamento.

La desprotección de los autoprohibidos

Una de las medidas que puede tomar una persona que reconoce su adicción al juego es la solicitud de incorporación al Registro de Interdicciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Una vez aprobada esta solicitud, son la propia Administración y las empresas las que impiden el acceso a las salas físicas o portales en internet donde se lleve a cabo el juego. “Por eso es tan importante el control en las máquinas de los bares. Una persona que ha desarrollado una patología por culpa del juego le pide ayuda a la Administración, pero obtiene como resultado esta desprotección. Esta propuesta del PP es muy ineficiente”, argumenta el diputado del PSdG-PSOE, Julio Torrado.

“La autoprohibición por sí sola no soluciona el problema de ludopatía, pero ayuda a las personas que ya están en tratamiento, para que, en el supuesto de una recaída, se les pueda disuadir, además de ayudar al paciente a crear más conciencia del problema que tiene”, añaden desde Fejar. Si una vez reconocido el problema de adicción al juego las personas no pueden confiar en la fuerza de voluntad, y ante la inexistencia de esta última, “se tienen que utilizar todas las estrategias que desde nuestro entorno faciliten la intención de no repetir la conducta de juego”.

¿Qué pasa con los casinos?

Además del control en los bares, otro de los puntos de la nueva ley que más controversia suscitan es la normativa sobre casinos. En la actualidad, en Galicia existen dos salas matrices (la ley estatal impide que haya más de una por provincia). Una en A Coruña, del Grupo Comar, y otra en A Toxa (O Grove, Pontevedra), de Luckia. Cada una de ellas tiene derecho una sala anexa. La de A Toxa, en Vigo, y la de A Coruña en verano abrirá en Santiago de Compostela. Tal y como ha sido redactado el texto y según confirman fuentes presentes en la negociación, “nada impediría que el casino de Vigo se convierta en sala matriz y A Toxa se quede como anexa”.

Si esa hipótesis se cumpliese, amparada en un vacío legal, nada impediría la transformación del casino vigués en una infraestructura tan grande como quisiesen sus propietarios. Ahora, al ser una sala secundaria, está limitado al 80% de la capacidad de su matriz en A Toxa. “Si eso cambiase y dado que el casino está ubicado en un centro comercial que no funciona como se esperaba, toda esa infraestructura [A Laxe] podría convertirse en un casino gigante”, argumentan las mismas fuentes. De hecho, el casino se encuentra entre el muelle de transatlánticos y la zona vieja de la ciudad. Es decir, está en la puerta de entrada de decenas de miles de turistas cada año.

En medio de un terremoto social por la muerte “en extrañas condiciones” de una docena de animales en el zoológico de Vigo, los responsables del recinto municipal han decidido eutanasiar a una pantera negra. El propio Ayuntamiento lo ha explicado en un comunicado a la última hora de la tarde de este viernes: “Su estado empeoró en esta última etapa dado que la anorexia que padecía le impedía tomar el tratamiento prescrito para aliviar los síntomas de la enfermedad. Las últimas analíticas que se le practicaron mostraban también signos de fallo renal que agravaron más su deterioro” . En consecuencia y siguiendo el criterio del veterinario del centro, decidieron practicarle la eutanasia. “La finalidad fue a preservar el bienestar del animal y evitarle un sufrimiento grave e irremediable”, sostienen desde el Gobierno local.

El animal se llamaba Kabul y era uno de los más longevos del zoológico vigués. Tanto en edad como en tiempo allí recluido. Llegó en mayo de 2006 procedente de un decomiso de especies amenazadas realizado en el sur de Andalucía. Tenía 21 años y, según explican desde el consistorio, padecía una enfermedad degenerativa que la iba imposibilitando cada vez más.

Sin embargo, una de las personas que ha trabajado más de cerca con estos animales explica a elDiario.es algunos matices: “La anorexia no llega porque sí y se podría haber evitado con un adecuado tratamiento y con la disposición de más recursos durante el pasado. Es consecuencia de la ansiedad y la depresión”. Aunque este tipo de panteras son solitarias en la naturaleza, precisan periódicamente contactos sociales con otros de su especie. Algo a lo que Kabul no tenía acceso: “Es cierto que el recinto donde se encuentra es extremadamente fiable para las personas, pero casi una tortura para un animal como este. Había que haber construido uno mucho más grande, pero desde arriba se decidió no hacerlo”.

La oposición y los grupos animalistas exigen responsabilidades

Todos los partidos políticos con representación en el Pleno local han pedido la comparecencia del alcalde de la ciudad, Abel Caballero, y la concelleira del ramo, Nuria Rodríguez, para acceder a una explicación de los acontecimientos. “Hemos solicitado todas las autopsias de los animales muertos en los últimos años, pero están poniendo escollos”, sostiene Rubén Pérez, portavoz de Marea de Vigo. “VigoZoo ha pasado ya de cárcel de animales a tanatorio. Y el Gobierno municipal de Caballero se niega a dar explicaciones y a entregar toda la documentación sobre lo brutal estela de muertes de animales”, añade Xabier P. Igrexas del Bloque Nacionalista Galego.

Además, el “sacrificio” ha llegado en un momento de tensión social insólito en Vigo en lo que tiene que ver con el zoológico de titularidad municipal. Las alarmas saltaron hace diez días tras las filtraciones a la prensa local por parte del personal del zoo y el respaldo de buena parte de la sociedad civil viguesa sobre un goteo de muertes en “extrañas condiciones” durante los últimos tres años. La última de ellas, la de un lémur que murió de frío al no poder soportar las temperaturas nocturnas del exterior o la muerte ahogado en su propio foso del último tigre siberiano del recinto. En ese contexto, los servicios de Patrimonio Natural de la Xunta de Galicia atribuyen a un posible “envenenamiento por rodenticidas” algunas de las muertes registradas en los últimos meses. Es decir, por una ingesta de matarratas. Todas estas situaciones anómalas han llevado a varios grupos animalistas a presentar una denuncia ante la Fiscalía y los servicios del Seprona de la Guardia Civil.

Los servicios de Patrimonio Natural de la Xunta de Galicia atribuyen a un posible “envenenamiento por rodenticidas” algunas de las muertes registradas en el zoo de Vigo en los últimos meses. Es decir, por una ingesta de matarratas. Intencionados o no, los técnicos de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda lo reflejaron en el informe de inspección anual del zoológico municipal durante el pasado año y así lo han confirmado tras las preguntas de esta redacción. Ante las sospechas sobre unas muertes inusuales en la población de ualabíes (un tipo de marsupial similar al canguro), la Xunta envió un requerimiento en el que avisa al Ayuntamiento de Vigo, responsable de la instalación, de que debe “investigar este tipo de episodios y adoptar las medidas necesarias” para proteger al resto de los animales. El cumplimiento de este requerimiento se comprobará en la inspección que se realizará este año y, en ese momento, Medio Ambiente tendrá la potestad de actuar y tomar las medidas coercitivas que considere.

Las alarmas saltaron el pasado fin de semana tras las filtraciones a la prensa local por parte del personal del zoológico y el respaldo de buena parte de la sociedad civil viguesa sobre un goteo de muertes en “extrañas condiciones” durante los últimos tres años. La última de ellas, la de un lémur que murió de frío al no poder soportar las temperaturas nocturnas del exterior del zoológico.

Pero la que ha levantado más polvareda es la de un tigre siberiano que se ahogó en el foso de su propio cubículo a los 14 años —en cautividad, pueden llegar hasta los 25—. Se pasó tres días sumergido hasta que encontraron el cadáver. Por eso, el partido animalista PACMA ha anunciado que denunciará ante la Fiscalía la muerte de estos y otros animales por las “extrañas condiciones” en las que sucedieron sus pérdidas.

No están solos. La Federación de Asociacións Veciñais de Vigo, el organismo que agrupa los intereses de todos los colectivos vecinales de la ciudad, también presentará una nueva denuncia ante el Seprona de la Guardia Civil para que inicie diligencias que ayuden a esclarecer los hechos.

“Causas naturales”, según el Ayuntamiento

Tras la presión mediática, el Gobierno de Abel Caballero se ha defendido en un comunicado de prensa diciendo que todas estas muertes se han producido por “causas naturales”, incluida la del tigre ahogado en un foso. Tampoco ha mencionado las sospechas de envenenamiento reflejadas en las autopsias de los ualabíes de Bennet ni el requerimiento de la Consellería de Medio Ambiente a este respecto. “El parque zoológico municipal cumple estrictamente la legislación vigente en materia de instalaciones y bienestar animal y está sujeto a las inspecciones anuales de la Xunta”, sostienen. Consideran “extremadamente grave” que la prensa se haya hecho eco de informaciones que, a su juicio, son “falsas y malintencionadas”.

Un lémur, dos tigres, un oryx cimatarra, seis ualabíes de Bennet, un muflón de Córcega y un águila calzada son el total de animales muertos sobre los que la sociedad civil viguesa pide una rendición de cuentas. De hecho, los tres partidos de la oposición (PP, Marea de Vigo y BNG) se han alineado con los grupos animalistas.

El Bloque Nacionalista Galego ha solicitado formalmente la convocatoria extraordinaria y urgente de la Comisión de Información Ambiental del Ayuntamiento de Vigo, para que en ella comparezca la concelleira delegada del área, Nuria Rodríguez, para dar explicaciones detalladas sobre “la situación de abandono” que atraviesan las instalaciones. De hecho, su portavoz, Xabier P. Igrexas, ya ha avisado que esta semana llevará el caso al Parlamento de Galicia y requerirá toda la documentación pública sobre el estado y las condiciones en las que está el zoológico.

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, María Pérez, ha sido una de las primeras personas en levantar la voz por algo que considera “de una gravedad extrema”. “No se puede tolerar que el Ayuntamiento permita que los animales sufran condiciones lamentables en un espacio que debería tener por bandera su bienestar en todos los aspectos posibles”. “No podemos entender que fallezcan en ese estado. La Federación exige la protección inmediata de los animales de VigoZoo y que se abra una investigación cuanto antes”, añade.

“Cierre permanente”

Las personas que conforman PACMA consideran que la única vía para esta situación es el “cierre permanente”. “El zoo de Vigo carga consigo un historial nada deseable de fallecimientos de animales entre cuyas causas se encuentran ahogamientos, golpes mortales, estrés e incluso desangramientos”, exponen. Aunque el procedimiento no es tan sencillo. Para consumar su cierre, los animales que puedan ser vendidos tendrían que ser subastados. Y los que no, ser recibidos por otros zoológicos o centros de recuperación. Un escenario que desde el propio VigoZoo ven “improbable”.

De todas formas, el aluvión de avisos por posibles irregularidades y “la opacidad de la dirección para esclarecer las circunstancias” son las causas que han llevado al partido animalista a poner los hechos directamente en conocimiento de la Fiscalía. Y han insistido para que tanto la Xunta de Galicia como el Gobierno local hagan públicos los informes anuales y las autopsias específicas de cada una de las muertes que están en tela de juicio.

Más de medio centenar de mediciones y todas ellas problemáticas. Los acuíferos gallegos están en jaque desde hace años por la acción de las ganadería intensiva y un nuevo informe de Greenpeace a nivel estatal lo ha vuelto a acreditar. Galicia lidera el deshonroso ranking del Estado español. Es la comunidad autónoma donde más mediciones han superado el límite legal de presencia de nitratos en aguas subterráneas. El 97,5% de las bolsas de agua analizadas con niveles por encima de los permitidos lo atestiguan. Parece que las advertencias de la Unión Europea han caído, por ahora, en saco roto. La situación de la contaminación del agua por nitratos es tan grave que la Comisión Europea decidió a finales de 2021 llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por incumplir la Directiva de Nitratos. El proceso sigue abierto y la situación poco o nada ha cambiado.

La Comisión Europea lo ha recalcado infinidad de veces: la ganadería es la principal responsable de la contaminación del agua por nitratos en la Unión Europea. Especialmente, la intensiva. Los datos que maneja la Comisión hablan por sí solos. El 81% de la aportación del nitrógeno agrícola a los sistemas acuáticos proviene de la ganadería. El Estado español es el país más fértil para la ganadería. Los modelos industriales y sus macrogranjas han crecido notablemente en las últimas dos décadas, así que no es de extrañar que sea la ganadería el sector que más contribuye a este problema.

Greenpeace ha hecho públicos los datos los datos de la Red Ciudadana de Medición de Nitratos a propósito de la celebración del Día del Agua. Durante todo el año 2022, se han registrado un total de 858 mediciones de nitratos en el agua por todo el territorio español y, a pesar de la llamada al orden de Europa, los datos son un poco peores que en el primer año de funcionamiento de la Red Ciudadana. El 37% de las mediciones totales indican contaminación del agua, es decir, superan el límite legal. Además, el 20% está en riesgo de superar esas fronteras. Y no solo son acuíferos, las mediciones incluyen también muestras de agua de grifo y superficial.

Con todo, cuando se ahonda en las mediciones en detalle es cuando se confirma el grave problema que padecen las aguas subterráneas, lo que Greenpeace llama “las reservas del futuro”, ya que el 58% de las mediciones indican contaminación por nitratos. Aunque el 27% de las mediciones en aguas superficiales y el 11% de las aguas de consumo tienen el mismo problema. Por autonomías y teniendo en cuenta aquellas con un número significativo de mediciones, a Galicia la siguen Aragón con el 72% de las mediciones superando el límite legal en aguas subterráneas y Castilla y León, con el 70%.

La contaminación del agua por nitratos es un problema ambiental de extremada gravedad que puede tener efectos negativos en la salud humana y en la calidad de los ecosistemas acuáticos. Los nitratos son compuestos químicos que se encuentran naturalmente en el suelo y en el agua, pero, en este caso, son producidos por actividades humanas como la agricultura intensiva, la ganadería y el uso excesivo de fertilizantes. Cuando los nitratos se acumulan en el agua, pueden provocar la proliferación de algas y plantas acuáticas, lo que reduce la cantidad de oxígeno disponible para los peces y otros organismos acuáticos. Esta falta de oxígeno puede llevar a la muerte masiva de la fauna acuática. Además, estos compuestos también pueden convertirse en nitritos en el cuerpo humano y puede convertirse en un problema de salud pública.

La contaminación del agua también puede afectar la calidad del agua potable. Si los niveles de nitratos son demasiado altos, puede ser necesario tratar el agua antes de que sea segura para beber. Este proceso es extremadamente costosa y conlleva un gran consumo de energía. En ese sentido, Greenpeace recuerda que para reducir este tipo de daño al medio ambiente, es importante adoptar prácticas agrícolas sostenibles, como la rotación de cultivos, la reducción del uso de fertilizantes y la gestión adecuada del estiércol, problema capital en las macrogranjas que no cuentan con base territorial. También es esencial asegurar que los sistemas sépticos y de tratamiento de aguas residuales estén funcionando correctamente para evitar la liberación de nitratos en el medio ambiente.

La labor indispensable de la red ciudadana

Este es el segundo año en el que se activa la Red Ciudadana de Medición de Nitratos y la plataforma ha conseguido movilizar a casi un centenar de personas que han colaborado de forma desinteresada. Esta Red está formada por unos 30 colectivos y personas individuales de todos los rincones de España que participan de forma voluntaria en esta iniciativa impulsada por Greenpeace. “Ante la elevada demanda de participación a título individual, en 2022 se ha puesto en marcha una nueva modalidad, la del 'medidor viajero', por la que las personas interesadas se organizan y van pasando un medidor de casa en casa”, explican desde la organización. Uno de los principales objetivos es vigilar el estado de las aguas y denunciar la contaminación por nitratos de este recurso, vital y cada vez más escaso y mal gestionado. Para ello, Greenpeace ha formado a las personas y ha cedido un dispositivo fácil de usar que mide la concentración de nitratos en el agua. “Es realmente emocionante ver el trabajo que año tras año hacen las personas y colectivos que forman la Red Ciudadana de Medición de Nitratos”, explica Luís Ferreirim, responsable de agricultura y ganadería de Greenpeace. “Pensábamos que el interés iba a decaer, pero el entusiasmo sigue y en 2023 la Red seguirá con sus labores de vigilancia y denuncia. Somos cada vez más las personas que queremos un agua limpia y que actuamos para salvar este vital recurso”, remata.

Un lémur, dos tigres, un oryx cimatarra, seis wallabies de Bennet, un muflón de Córcega y un águila calzada. Son la docena de animales que han muerto en los últimos tres años en el zoo municipal de Vigo y que han hecho saltar las alarmas entre los colectivos animalistas con presencia en la ciudad. De hecho, el partido animalista PACMA ha anunciado que denunciará ante la Fiscalía la muerte de estos ejemplares por las “extrañas condiciones” en las que acontecieron. No son los únicos. La Federación de Asociacións Veciñais de Vigo, el organismo que agrupa los intereses de todos los colectivos vecinales de la ciudad, también presentará una denuncia ante el Seprona de la Guardia Civil para que arranque una investigación que “esclarezca los hechos”.

El Ayuntamiento de Vigo ha emitido un comunicado en el que defiende su gestión y explica que las muertes que se han registrado en Vigozoo han sido documentadas en un informe “por un técnico responsable que certifica la causa de defunción” y que todas han sido “por causas naturales”. Incluida la muerte de uno de los tigres que se ahogó al caer en el foso de su celda. Desde el consistorio, que dirige Abel Caballero, sostienen que el zoo que gestionan “cumple estrictamente la legislación vigente en materia de instalaciones y bienestar animal” y que, en cualquier caso, está sujeto a las inspecciones periódicas del Servizo de Protección da Natureza da Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia.

La presidenta de la entidad vecinal y una de las primeras personas en dar la alerta, María Pérez, considera “gravísimo” que el Ayuntamiento “permita que los animales sufran condiciones lamentables en un espacio que debería tener por bandera su bienestar en todos los aspectos posibles”. “No podemos entender que fallezcan en ese estado. La Federación exige la protección inmediata de los animales de VigoZoo y que se abra una investigación cuanto antes”, apunta. En PACMA añaden: “Se trata de un recinto cuyo cierre parece ser la única solución. El zoo de Vigo carga consigo un historial nada deseable de fallecimientos de animales entre cuyas causas se encuentran ahogamientos, golpes mortales, estrés e incluso desangramientos”. El aluvión de avisos por posibles irregularidades y “la opacidad de la dirección para esclarecer las circunstancias” son las causas que han llevado al partido animalista a poner los hechos directamente en conocimiento de la Fiscalía.

Marea de Vigo registró el pasado sábado una solicitud de información sobre la muerte de animales en el zoo de la ciudad, entre las que, según asegura la formación, se encuentran defunciones “por frío y ahogamiento de un lémur y un tigre”, que achacan a una “gestión negligente” de recursos y organización. El portavoz de Marea, Rubén Pérez, denuncia que “el estado real” de los animales del zoológico vigués “ya no se puede esconder”. Sobre el fallecimiento, ahogado, de un tigre de once años en el estanque de la instalación que ocupa, Marea lo achaca a la falta de personal provocada por el “estado precario” que sufre VigoZoo.

Por su parte, el Bloque Nacionalista Galego ha solicitado formalmente la convocatoria extraordinaria y urgente de la Comisión de Información Ambiental del Ayuntamiento de Vigo, para que en ella comparezca la concelleira delegada del área, Nuria Rodríguez, para dar explicaciones detalladas sobre “la situación de abandono” que atraviesan las instalaciones. “El zoológico de Vigo debería ser una institución educativa y divulgativa, pero desde que Abel Caballero gobierna esta ciudad ha ido languideciendo. Ahora solo es un depósito de animales salvajes que acaban muriendo por el estado de las instalaciones”, añade el portavoz del PP de Vigo, Alfonso Marnotes.

El Gobierno gallego intentó sacar adelante un parque eólico marítimo experimental a diez kilómetros de la costa de A Coruña. Según ha podido comprobar elDiario.es, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) le denegó el permiso. El organismo promotor de esa andadura pretendía ser el Instituto Energético de Galicia (INEGA), dependiente de la Consellería de Economía, Industria e Innovación, y aspiraba a crear un polígono para el desarrollo de un proyecto de una zona experimental de energías renovables marinas. ¿El lugar elegido? Un espacio marítimo a diez mil metros frente a Punta Langosteira (A Coruña), epicentro de las actividades portuarias del norte de Galicia, pero un lugar de un valor ecosistémico incalculable. El Gobierno gallego pasó por alto que la parcela marítima que proyectaba en aguas gallegas se solapaba en su totalidad con una zona totalmente incompatible con el desarrollo eólico. El Miteco se lo recordó el 10 de octubre de 2022 cuando se lo denegó: se trata de uno de los corredores migratorios de aves marinas más importantes del planeta.

La importancia que tiene ese zona para la cría y, sobre todo, para la migración de las aves está sobradamente acreditada por la Sociedad Española de Ornitología, por la propia Consellería de Medio Ambiente y también por el Ministerio para la Transición Ecológica. Una idea incompatible de base con la legislación estatal. Se sitúa entre las actuales Zonas de Especial Protección para las Aves de Costa da Morte y de Ferrolterra-Valdoviño, es decir, la máxima protección a nivel internacional y avalada por los estados miembro de la Unión Europea por su singular relevancia para la conservación de la avifauna amenazada de extinción.

De hecho, el lugar donde la Xunta pretendía instalar los primeros aerogeneradores marinos es uno de los escasos lugares de la costa atlántica donde se registra el paso de la pardela balear (Puffinus mauretanicus), una especie muy amenazada (en peligro crítico de extinción) con una población en torno a las 3.000 parejas reproductoras. Por allí pasan en sus migraciones casi el 90% de la población global y, además, en los últimos años se han registrado concentraciones de muda y lugares de reunión de la especie en aguas interiores. Pero Punta Langosteira no solo es un lugar excepcional para la pardela balear.

Las aguas de este cabo coruñés constituyen la zona con mayor éxito reproductivo de entre todas las colonias estudiadas en Europa de cormorán moñudo (Phalacrocorax aristotelis) y resulta un escenario clave para la conectividad genética con una de sus subespecies. Se trata de una especie incluida como vulnerable en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Exceptuando el Parque Nacional das Illas Atlánticas y las Islas Baleares, no existe otro santuario como este en todo el continente. Sobra la bibliografía que constata que por las costas de Galicia viajan, como mínimo, casi dos millones de ejemplares de aves. Más de treinta especies que lo hacen en un porcentaje muy elevado de sus poblaciones globales, europeas o atlánticas, entre ellas, varias amenazadas a nivel global. Algunas, incluso, superan el 50% de su población viajando por el litoral gallego. Aves singulares como el alcatraz, varios tipos de págalos o especies de gaviotas vulnerables.

El intento que la Xunta quiso llevar a cabo

El Gobierno gallego ha venido insistiendo durante todo 2022 en que Galicia aboga por impulsar esta tecnología renovable, pero “siempre salvaguardando los intereses del sector marítimo-pesquero gallego y la preservación del ecosistema marino”. Así lo defendió el vicepresidente primero, Francisco Conde, en octubre tras una reunión con la Autoridade Portuaria da Coruña. Aseguró entonces que este proyecto iba a acercar “conocimiento tecnológico y en el ámbito de la biodiversidad” y que esto redundaría en un mayor y más eficiente aprovechamiento del potencial renovable y en la competitividad del propio sector en Galicia. Aquel proyecto, al que el Miteco le dio carpetazo, se trataba de una infraestructura singular de ensayos que, de acuerdo con las estimaciones de la Xunta, iba a estar formada por “dos o tres aerogeneradores” con una potencia de 30 MW. Su intención fue ubicarla a diez kilómetros mar adentro, algo que no afectó a su viabilidad. “El Gobierno se preocupa por que no haya afección a la biodiversidad, precisamente el proyecto que tenía la Xunta para esa plataforma experimental eólica es incompatible con la protección de medioambiente al tratarse de un área de interés para aves marinas, una zona roja de biodiversidad, y por eso no fue aprobado”, defendía este miércoles el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones.

Una semana de proclamas desde la Xunta

Tras hacerse públicos los nuevos Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) este martes, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se prodigó en defender que su Gobierno no iba a permitir “ningún parque eólico marino” que pusiese en riesgo los recursos pesqueros. Lamentó que el Gobierno central elaborase una ordenación del espacio marítimo sin contar con la opinión de Galicia y asedió durante dos días al Miteco porque, a su juicio, no les había permitido alzar su voz. Este jueves, el presidente gallego decidió rectificar su relato. Reconoció que desde la Xunta sí habían enviado aportaciones para la elaboración del plan para la eólica marina. El problema parecía estar, entonces, en que no hubo una respuesta específica a las alegaciones enviadas. Ahora, dicen estar revisando los documentos para comprobar si sus aportaciones se han tenido o no en cuenta efectivamente.

NOTA DE RECTIFICACIÓN: En una primera versión de este artículo, se afirmaba por error que la Xunta de Galicia había intentado en dos ocasiones proyectar un polígono eólico experimental en la costa de A Coruña. Un intento a mil metros de Punta Langosteira y un segundo intento a diez kilómetros. La única ubicación que pretendió desde el principio el Gobierno gallego fue a diez kilómetros. Algo que el Miteco le denegó alegando los peligros que supondría para la biodiversidad y que se explican a fondo en esta información.

Casi nadie se fija en ellos, pero su existencia es fundamental para la vida en la Tierra. Mariposas, libélulas, abejas, avispas, escarabajos, moscas y murciélagos realizan un trabajo esencial para la preservación de la diversidad biológica. Son polinizadores. Sin ellos, el polen del órgano reproductor masculino de las plantas con flor —aproximadamente el 90% de todas las especies vivas— no podría llegar hasta el femenino. No habría fecundación y tampoco se formarían ni semillas ni frutos. Casi cualquier vegetal o fruta expuesta en los tenderetes de un mercado necesita la labor previa de un polinizador para llegar hasta ahí. Pero la situación de estos animales no es nada halagüeña en el planeta. Los estudios más ambiciosos reportan “tasas dramáticas” de disminución de las poblaciones que pueden conducir a la extinción del 40% de las especies de insectos del mundo en las próximas décadas. A la vorágine de mudanzas ecosistémicas aceleradas a las que están sometidos se le ha sumado un nuevo condicionante: la influencia de los aerogeneradores. A las instituciones que conceden el visto bueno ambiental a los parques eólicos no parece preocuparles. La Xunta es la encargada de hacerlo en Galicia y no cuenta con medidas concretas para evaluar este impacto en las poblaciones de insectos.

En cambio, hay personas que llevan años en esa lucha por la divulgación. Una de ellas es Nicolás López Jiménez, doctor en biología, delegado de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) y autor principal del Libro Rojo de las Aves de España, el manual de referencia para la conservación de especies vulnerables en el Estado español: “Hablamos de un grupo de animales [murciélagos e insectos] muy críptico. Apenas hay estudios científicos en muchos casos. Especialmente, en lo que tiene que ver con sus áreas de distribución. Son necesarias investigaciones muy complejas y muy específicas que no se están llevando a cabo”. La demarcación del período de tiempo de estudio ya es “un error de base” para López Jiménez. En Galicia, la Xunta dio luz verde, en poco más de dos meses, a tantos proyectos de explotación eólica como en los seis años anteriores juntos. A ojos de ecologistas y sociedades científicas, esas prisas pueden pasar factura. “Estos animales están más presentes en verano que en invierno. Una mala medición de su actividad puede llevar a una distorsión evidente de los datos. Necesitamos rigor”, argumenta el biólogo.

El alto de la montaña: un punto de encuentro

El catedrático de Ecología y Biología Animal de la Universidade de Vigo Adolfo Cordero reconoce que los aerogeneradores tienen una “afección muy fuerte” en las poblaciones de aves y murciélagos y añade que la repercusión sobre los insectos “no es tanto por los impactos con las palas, sino por la modificación de sus hábitats”. “En este tipo de animales, importa preservar los lugares donde viven y no centrarse en cada individuo concreto”, reflexiona Cordero. El profesor de la UVigo recuerda que lo alto de las montañas no solo es el lugar donde más fuerte sopla el viento, sino que también es el punto de encuentro de millones de insectos.

A ese proceso se le llama hilltopping y es un comportamiento que se observa en varias especies de, sobre todo, mariposas, escarabajos y libélulas, durante la temporada de apareamiento. Consiste en que los machos procuran elevaciones en el paisaje, como la cima de una colina, para volar y esperar a que las hembras pasen por allí. “Suelen juntarse ahí y justo es donde colocamos los aerogeneradores”, explica el investigador. La clave, insiste, es “la preservación de los hábitats”. En Galicia hay al menos tres libélulas (Gomphus graslinii, Macromia splendens y Oxygastra curtisii) , dos mariposas (Zerynthia rumina y Aricia morronensis) y un escarabajo, la famosa vacaloura (Cerambyx cerdo), que están en situación vulnerable o en peligro de extinción, según el Catálogo galego de especies ameazadas. A pesar de todo, en las declaraciones de impacto ambiental de la Xunta para parques eólicos no existe ningún análisis concreto de sus potenciales afecciones a estas poblaciones.

En esos informes que ha emitido en los últimos meses el Gobierno gallego, la referencia a este tipo de animales es modesta o inexistente. “No se ha detectado presencia” o “presencia limitada” son las frases recurrentes. “Cabe preguntarse si la Xunta utiliza las técnicas y los profesionales adecuados para medir estas afecciones. ¿Tiene la consellería información suficiente sobre las poblaciones de murciélagos e insectos protegidos en su territorio?”, propone López Jiménez. El procedimiento que se sigue en los despachos de Medio Ambiente es contrastar el informe de parte que presenta cada empresa con los datos de la propia Administración. El problema es que esa información científica es todavía escasa. De hecho, preguntada por elDiario.es, la Xunta reconoce entre 8.500 y 10.000 especies de insectos presentes en Galicia, pero ninguna medida específica para protegerlas: “Sus características dificultan su conocimiento. No hay datos que indiquen que los aerogeneradores estén produciendo un impacto significativo”, explican por mail a esta redacción desde la Consellería de Medio Ambiente.

Las colisiones que sufren los murciélagos, protegidos por leyes estatales y autonómicas, son similares a las de los insectos: les producen barotraumas que los matan o, sencillamente, los desintegran. “No hablamos de un buitre, del que podemos encontrar el cadáver y analizar la causa de su fallecimiento. En este caso es muy complejo contrastar y medir todas estas muertes”, reflexiona el delegado de SEO/BirdLife. Los murciélagos son principalmente controladores biológicos de plagas por su depredación de insectos: “Sin ellos, el equilibrio de los ecosistemas se vería muy afectado”.

Desde un punto de vista ecosistémico, los insectos son la base de la alimentación de la mayoría de los vertebrados: aves insectívoras, murciélagos, reptiles, anfibios... “Una disminución generalizada de insectos tendría un efecto sobre otros niveles tróficos”, explica Cordero y apunta: “No debemos ponernos en visiones apocalípticas, pero sí conviene considerar que todos estos efectos potenciales existen”. “Obviamente, también afectaría al proceso de polinización de árboles y plantas que nos aportan muchas cosas a los humanos. Veremos la dimensión de esa afección”, remata el catedrático de Ecología y Biología Animal de la Universidade de Vigo.

Apicultura: incógnitas en España, problemas en América del Sur

Antes de los cultivos agrícolas y la propia sostenibilidad de los bosques autóctonos de robles y castaños, hay un colectivo profesional potencialmente afectado: los apicultores. En la Asociación Galega de Apicultura están a expensas de que la ciencia avance en este sentido. “Sabemos que hay afecciones obvias como la pérdida de hábitat específico como las turberas y los brezales”, explican desde el equipo directivo. A eso, ahondan, habría que sumarle “la creación de campos magnéticos de las líneas de alta tensión por las que se evacua la electricidad de los parques eólicos y a las que está contrastado que las abejas son especialmente sensibles”. Sobre la muerte por colisión de las abejas son más cautos a la hora de pronunciarse: “Creemos que todavía no hay información científica suficiente que lo confirme”. Por eso abogan por un “proceso de evaluación ambiental más garantista” y en el que no se aprueben nuevos parques “hasta que no se pueda comprobar esta afección que sí se ha demostrado en otros lugares”. Una de las cosas que sí se ha demostrado es que multitud de insectos vuelan por encima de los 4.000 metros y algunas especies de abejas, incluso por encima del Everest.

No obstante y aunque todavía no haya un gran corpus específico sobre la afección concreta a las abejas, sí que ya hay literatura científica que acredita la muerte de millones de insectos a causa de la colisión con las palas de los aerogeneradores. Uno de los más contrastados y citados es de la Society for Conservation Biology, donde se demuestra que una sola turbina puede llegar a matar 40 millones de insectos al año en Alemania, un país mucho menos cálido que el Estado español. Los propios investigadores señalan que “es probable que esta situación se agrave en regiones con mayor abundancia de invertebrados aéreos en comparación con Alemania”.

Con todo, el caso más sonado en todo el mundo ha sido el de los montes chilenos. Allí, los apicultores rurales vienen denunciando pérdidas de producción de entre el 50% y el 90% en sus apiarios por la construcción de parques eólicos, líneas de evacuación de electricidad y subestaciones de servicio. De hecho, en 2019, la puesta en marcha de los parques eólicos de San Gabriel y Tolpán Sur produjo un afección en la economía rural y una protesta civil de tal magnitud que llevó a Acciona a inyectar dinero a sus comunidades para dotarlas de más recursos. La propia multinacional ha reconocido públicamente los agravios al sector de la apicultura.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) llevará este martes al Consejo de Ministros el Plan de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), un documento clave que delimita las zonas del litoral de la Península susceptibles de ser explotadas para producir energía eólica marina y que supone, por primera vez, la construcción de límites en el mar, entendido hasta la fecha como un espacio abierto. El mapa al que el Gobierno pretende dar luz verde ha confrontado, durante los años que ha costado elaborarlo, a sector pesquero, empresas energéticas, sociedades científicas y organizaciones ecologistas. Los caladeros de pesca, los márgenes empresariales para la producción de energía, los intereses militares o la conservación de la diversidad biológica han sido los ejes de ese debate.

elDiario.es ha tenido acceso a la parte del documento que ordena los parques de viento que se instalarán sobre las aguas de uno de los enclaves más discutidos en todo el proceso: la demarcación marina noratlántica. Es decir, toda la superficie marítima que abarca desde la frontera de Galicia con Portugal en el río Miño hasta Euskadi. Al sur de esa zona, Portugal ya hace tiempo que ha iniciado un proceso similar y, según los expertos, más ambicioso que el que propone España en su primera fase.

En el primer borrador que hizo público Transición Ecológica, sobre las aguas de la zona noroeste había proyectados ochos espacios destinados a la explotación eólica en el agua. Según el documento que llegará este martes a los despachos de Moncloa y al que ha tenido acceso en exclusiva este diario, la decisión final del Ministerio será mantener los ocho espacios previstos desde el comienzo, pero con algunas modificaciones que reducen su espacio. Además de esta zona, el departamento de Ribera expondrá a sus compañeros de Gobierno sus planes para otras cuatro ubicaciones: Sudatlántica, Estrecho y Alborán, Levantino-Balear y Canaria.

Durante la elaboración del POEM, el ministerio de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, intentó buscar un proceso participativo en el cual se involucrase a todos los agentes interesados y usuarios del espacio marino. Pretendían así garantizar que las medidas de gestión y conservación fuesen lo más “efectivas y consensuadas posible”. Pero el camino para llegar hasta aquí ha sido convulso. Desde la primera proyección de los polígonos eólicos —así se les llama a estas parcelas marítimas— en el borrador del POEM, el sector pesquero del norte del Estado ha denunciado agravios para las capturas de sus flotas. De hecho, todas las cofradías de pescadores desde Galicia hasta Euskadi se han unido en una plataforma para crear un frente común con el que defender sus intereses. Una asociación transversal sin precedentes en la historia reciente que cuenta con el amparo de sociedades científicas y grupos ecologistas. Los pescadores luchan para proteger un sector que en algunas comarcas gallegas representa hasta el 30% del producto interior bruto y científicos y ecologistas reclaman la preservación de espacios fundamentales para la biodiversidad. Desde entonces, el Ministerio para la Transición Ecológica ha tratado de catalizar todas estas demandas en una única propuesta que, finalmente, no elimina ninguno de los ocho polígonos previstos en esta zona de especial sensibilidad, pero que reduce en superficie alguno de ellos.

Este martes, el Plan de Ordenación del Espacio Marítimo buscará el beneplácito del Consejo de Ministros abriendo la puerta al desarrollo de la energía eólica marina en España. El paso previo a definir el marco legal y los criterios de las subastas públicas que se lanzarán posteriormente. Desde el ministerio de Ribera han insistido en varias ocasiones que el lanzamiento de las subastas está previsto para el primer semestre de este año. A finales de 2021, el Gobierno aprobó la Hoja de Ruta de la Energía Eólica Marina y de otras Energías del Mar que prevé producir hasta 3 gigavatios (GW) en 2030. Casi la misma potencia que, en total, ya está instalada en los montes gallegos.

Estos planes de ordenación han seleccionado lugares en los que, a ojos de la Administración, se considera que la producción de electricidad no entra en conflicto con zonas protegidas y otros usos prioritarios como la pesca, el tráfico marítimo, la seguridad aeroespacial, el patrimonio cultural, la acuicultura, la extracción de áridos, la investigación o la defensa geoestratégica del Estado. El documento al que ha tenido acceso elDiario.es augura una segunda parte del conflicto entre los agentes interesados, los usuarios del espacio marino y Transición Ecológica. Principalmente, por los caladeros afectados del mar Cantábrico y el océano Atlántico y las zonas de uso prioritario para la conservación de la biodiversidad. Entre ellos, destaca el solapamiento del polígono NOR-8 con la zona protegida del cañón de Avilés, frente a la costa occidental de Asturias. Este último POEM reduce a más de la mitad su tamaño respecto a la primera propuesta, pero lo mantiene como viable en plena reserva. Estos cañones submarinos juegan un importante papel como sistemas de alta producción biológica. Actúan como mecanismos de transporte de sedimentos y materia orgánica desde la plataforma continental hasta las áreas profundas de la cuenca abisal del Golfo de Vizcaya. Es por eso que ha sido uno de los leitmotiv de las quejas de las organizaciones civiles asturianas que, de hecho, creían haber conseguido su eliminación.

Otro de los polígonos eólicos que ha reducido significativamente su tamaño es el NOR-1, situado a unos 22 kilómetros de la desembocadura del río Miño y el más cercano al Parque Nacional marítimo-terrestre das Illas Atlánticas. Esta lámina de agua fue ampliamente discutida por la Federación Galega de Confrarías por su afección a zonas de pesca con enmalle, arrastre y palangre al suroeste de las Illas Cíes. A la espera de conocer la superficie final, según los datos que ha podido comprobar esta redacción, la mayor parte de estas artes no se verían finalmente comprometidas y se reducirían a algo más de la mitad de los 593,69 km2 proyectados inicialmente.

El que menos parece haberse reducido es el NOR-2, ubicado al norte de la ciudad de Ferrol y cuya superficie inicial estaba estimada en 2361,89 km2. Según los datos del propio MITECO, esa zona es una de las que más viento registra de todo el Estado y, por lo tanto, uno de los puntos clave de migración para las aves europeas. Excepto el NOR-4, ubicado frente a Estaca de Bares (Mañón, A Coruña), el resto de polígonos han reducido también su tamaño. La nueva cartografía encaja, grosso modo, con los datos y mapas que maneja el MITECO para salvar el esfuerzo pesquero de las flotas de arrastre, cerco, enmalle y palangre, aunque han quedado fuera gran parte de la pesca artesanal.

Los pasos de los próximos meses

Después de la publicación de estos planes de ordenación, se adjudicará una concesión para utilizar esas superficies marítimas validadas por el MITECO, un derecho de conexión a la red y un régimen económico por un plazo de tiempo todavía indeterminado, pero, en principio, más extenso que el de las subastas en tierra. Esto se debe a que se trata de la primera convocatoria de este tipo y las empresas necesitarían incentivos para hacer esta tecnología viable. Una vez adjudicado el concurso, los ganadores deberán depositar unos avales, comprometerse a evacuar la energía en un plazo determinado y superar el trámite ambiental y las autorizaciones administrativas correspondientes. Será en ese momento cuando cualquier ciudadano o ciudadana pueda presentar sus alegaciones para tratar de enmendarlos.

El director general del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), Joan Groizard, ha repetido en varias ocasiones que los criterios de concesión en subasta no serán exclusivamente económicos y que se buscará una simbiosis entre entorno social y medioambiental. Algo que el sector pesquero y sociedades científicas como SEO Birdlife han puesto en duda.

La fachada noroeste de la Península cuenta con 2.560 kilómetros de litoral, donde trabajan por lo menos 4.584 barcos pesqueros. Además, es zona de paso clave para decenas de miles de aves migratorias. En el Ministerio para la Transición Ecológica defendieron la semana pasada que con la proyección de parques eólicos en el espacio marítimo “se garantiza la protección de los ecosistemas, hábitats y especies sensibles y vulnerables, incluidos los protegidos por normativa autonómica, nacional o supranacional”. Con todo, aguardarán hasta el martes para hacer valoraciones sobre el mapa que se presente públicamente tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros.

Habría que remontarse a la catástrofe del Prestige para encontrar una alianza como esta en la historia reciente. Y ni siquiera en aquel momento llegó tan lejos. La componen todas las federaciones de cofradías de pescadores que faenan en el mar Cantábrico. Desde la costa pontevedresa de las Rías Baixas hasta la frontera de Guipúzcoa con Iparralde. Son 2.560 kilómetros de litoral donde trabajan por lo menos 4.584 barcos pesqueros. Un ejército de marineros y marineras que se han puesto de acuerdo para enfrentar una amenaza común: nueve polígonos eólicos proyectados frente a las costas de Galicia. Alrededor de 285 aerogeneradores de más de 230 metros de alto. Algunos a doce kilómetros de la línea de costa. La iniciativa la está supervisando el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que será quien diga si las propuestas de explotación eólica de las empresas energéticas son medioambientalmente viables. De seguir adelante, estos serían los primeros aerogeneradores de la historia que podrían amerizar en aguas españolas. Una propuesta enmarcada en la hoja de ruta de la descarbonización, pero que ha hecho saltar las alarmas en todas las ciudades y villas pesqueras del mar del norte de la Península.

“La afección a los caladeros de pesca de todo el litoral puede ser fatal si no se escucha con la misma atención a los pescadores que a las empresas del oligopolio energético”, reclama Torcuato Teixeira, asesor jurídico de cabecera en la Federación Nacional de Cofradías de Pesca, el organismo civil que aúna y representa a todas las cofradías del Estado español. “Vemos un afán y casi una pulsión por llenar la costa gallega de polígonos industriales de eólicas marinas independientemente de la repercusión que pueda tener en el ecosistema y en los recursos pesqueros”, ahonda Teixeira. El sector de la pesca, explica, no se opone a la implantación de energías renovables, pero piden que “no se sacrifiquen” los más de 200 caladeros que suman Galicia y Asturias. No es un asunto menor. Según los últimos datos publicados por el Instituto Galego de Estatística, hay comarcas gallegas, como O Barbanza, donde el sector supone el 26% del PIB comarcal. En el municipio de Ribeira el producto interior bruto depende del mar en un 32,2%.

Sin embargo, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico defienden que con la proyección de parques eólicos en el espacio marítimo “se garantiza la protección de los ecosistemas, hábitats y especies sensibles y vulnerables, incluidos los protegidos por normativa autonómica, nacional o supranacional”. Desde el departamento de la ministra Teresa Ribera argumentan que para delimitar las zonas con alto potencial para el desarrollo de la eólica marina “se han tenido en cuenta variables como la no afección a la biodiversidad marina ni a otros usos de interés general”. Por tanto, añaden, “la proyección de este tipo de parques no compromete la producción de alimentos”. Pero en el sector pesquero parece haber una voz unánime que está en desacuerdo.

El pasado diciembre, el Gobierno formuló la declaración ambiental estratégica de los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM). El plan a través del cual se han seleccionado lugares en los que, a ojos del Ministerio, se considera que la producción de electricidad no interfiere con zonas protegidas y otros usos prioritarios como pesca, tráfico marítimo, seguridad aeroespacial o defensa. En aquel momento, tanto desde la Federación Nacional de Cofradías de Pesca como desde la Plataforma en Defensa da Pesca e dos Ecosistemas Mariños fueron duros con los procesos ministeriales. Pero todavía queda la evaluación individual de cada uno de los proyectos y una oportunidad para modificarlos. “Tras esa resolución comprobamos que la pesca sigue sin tener un reconocimiento como sector prioritario y de interés general”, lamenta Torcuato Teixeira. A juicio de los colectivos que representa, el Gobierno central “pretendía ordenar sin contar con datos de análisis del sector pesquero potencialmente afectado por el desarrollo de la eólica marina, ni con datos sobre la afectación de los ecosistemas marinos”. Y lo cierto es que fue solo tras las alegaciones del sector cuando se introdujeron en el plan rector. “Todavía no se han estudiado profundamente los impactos que estos polígonos pueden tener en los juveniles o en los procesos migratorios del bonito, la caballa y la sardina”, añade Teixeira.

Y es que la superficie que ocupan este tipo de proyectos es significativamente mayor que sus análogos en tierra firme. Entre los nueve proyectos en aguas gallegas, alguno de ellos ocupa una superficie de más de 170 kilómetros cuadrados. Es decir, una superficie similar a una veintena de campos de fútbol juntos. En ese sentido, la concentración de aerogeneradores también es mayor. En el proyecto de mayor envergadura registrado hasta el momento, el Nordés de BlueFloat Energy y Sener, se han proyectado 80 aerogeneradores a unos 30 kilómetros en línea recta desde la ciudad de Ferrol. Ese es el que está situado más lejos de la costa. Tras la puja por estos nueve parques están empresas como Iberdrola, Capital Energy, Ferrovial, Grupo Cobra, BlueFloat y Abei Energy. Seis corporaciones y ninguna con capital gallego.

El organismo que representa a pescadores y armadores de todo el noroeste peninsular presenta una dicotomía en sus reclamaciones: “El Ministerio debe elegir si va a ceder ante las presiones de empresas que solo quieren maximizar beneficios o si va a trabajar para preservar los valores de los ecosistemas marinos”. Las cofradías de pescadores dicen no estar dispuestas a ser “los paganinis de todo esto”. “Estamos juntos en la lucha contra el cambio climático, pero no estamos dispuestos a sacrificar a todo un sector sin alternativas en favor de una industria que, precisamente, no es ejemplo de respeto medioambiental”, remata Teixeira.

Fuentes conocedoras de los procesos de escucha entre sectores y Gobierno hablan de “dos almas” dentro de la cartera de Teresa Ribera que “entran en grandes contradicciones”. Una más centrada en la industria y la transición energética y otra más decantada por la protección de la pesca. De esos diálogos y negociaciones puede depender, en gran medida, el futuro inmediato del sector pesquero en el norte del Estado español y, principalmente, en Galicia.

La capital de Galicia y símbolo del cristianismo en Europa también quiere tener una gran superficie para juegos de azar. El lugar elegido es el bajo comercial del hotel Araguaney, en pleno centro de la zona nueva de la ciudad. En los años noventa, el local fue lugar de peregrinación para los jóvenes compostelanos. Allí donde se emplazaba una de las discotecas más famosas de la época ha puesto sus ojos el Grupo Comar, empresa propietaria del Casino Atlántico de A Coruña. Como adelantó esta semana El Correo Gallego y ha podido confirmar elDiario.es, las reformas ya tienen el visto bueno del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, pero todavía no se ha solicitado la licencia de actividad. En los despachos de la Vicepresidencia Segunda de la Xunta de Galicia ya tienen constancia de la presentación de la solicitud de autorización del nuevo casino que, de ser aceptado, estará necesariamente vinculado como sala anexa al de A Coruña. La Lei do Xogo de Galicia solo permite un gran casino por provincia y, como mucho, una sala satélite añadida.

La información trasciende en un momento decisivo para las salas de juego en territorio gallego. Los tres grupos políticos del Parlamento de Galicia se encuentran inmersos en una negociación para tratar de actualizar la normativa autonómica. Según confirman fuentes presentes en esa comisión, poner o no limitaciones a la proliferación de más casinos en las grandes ciudades es justo el punto de confrontación más claro entre Partido Popular, Bloque Nacionalista Galego y Partido Socialista. La oposición aboga por poner más cercos al juego mientras que el Gobierno gallego parece querer abrir más los cotos, según las mismas fuentes implicadas en la negociación. En ese sentido, la dependencia de las salas anexas al casino matriz y sus limitaciones horarias y de tamaño parece ser un escollo para el negocio del Grupo Comar y Luckia, la empresa que gestiona el Casino de A Toxa y su sala anexa en el Puerto de Vigo.

En cuanto la Xunta de Galicia dé el visto bueno al emplazamiento del nuevo casino y las obras se hayan concluido, el Grupo Comar deberá solicitar el permiso de apertura en la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior. Desde ahí, se comprobarán la tramitación de los expedientes y si la reforma acometida en el local es adecuada. Fuentes del sector explican que, salvo defectos formales, lo más probable es que el Gobierno de Alfonso Rueda emita el permiso de apertura. Y este, por último, tendrá que ser avalado por la corporación municipal expidiendo la licencia de actividad en la capital gallega. Con todo, la sala tendrá que regirse en todo momento como satélite del casino de A Coruña y esto implica algunas limitaciones comerciales. Podrá estar abierto solo cuando esté abierto su casino matriz; no podrá ser más grande que el 80% de la superficie del original; y tampoco podrá estar situado a menos de 150 metros de centros educativos. A priori, parece que si sigue estas indicaciones de la actual ley, el nuevo casino no incurrirá en ninguna incompatibilidad.

Fuentes conocedoras del proyecto explican a esta redacción que la idea de Grupo Comar es tener listos todos los trámites para abrir en temporada alta. Es decir, en los meses de verano y coincidiendo en el tiempo con la mayor afluencia turística en Santiago de Compostela. En esa época, la presión de visitantes en la ciudad es tal que puede llegar a duplicar su población.

El Ayuntamiento se opone a la instalación

El alcalde de la ciudad, Xosé Sánchez Bugallo, se ha mostrado públicamente en contra del nuevo casino: “Si dependiese de nosotros no sería favorable”. Sánchez Bugallo ha defendido que la licencia administrativa es competencia de la Xunta de Galicia y no del Ayuntamiento. Según explica, no le consta que nada de esto le fuese consultado al consistorio. Además, recalcó que la competencia municipal se limita a la licencia de obras y la de primera ocupación, ya que “probablemente la licencia de actividad este sustituida por una declaración responsable”.

Es un callejón sin salida. Literal y metafóricamente. Ocho edificios colocados en forma de U que juntos suman 42 viviendas. El barrio donde están ubicados es O Calvario, bastión de resistencia obrera durante el efímero golpe de Estado del 1936 en la ciudad de Vigo. De aquel tiempo, todavía quedan rastros. La precariedad es uno de ellos. Se trata de uno de los quince distritos del Estado español con menor renta neta media por hogar, según el Instituto Nacional de Estadística. Otro es este bloque de edificios vetustos situado en el medio del barrio y en el que ya solo viven seis familias. Todas cuentan con rentas antiguas y vitalicias. Eso es algo que, según explican a este diario, incomoda a la que es su casera desde 2012: la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida por Sareb. Desde entonces, han venido denunciando públicamente “acosos y presiones” por parte de su nueva arrendadora con el objetivo de que abandonen la vivienda y terminen el contrato de alquiler en contra de su voluntad. “Un mobbing inmobiliario de manual, vamos”, asegura el abogado de las familias, Fernando González.

Desde que la Sareb se hizo con los predios, justo en el momento en que la crisis financiera pegaba más fuerte, sus diferentes gestores de activos fueron llegando a acuerdos privados con el resto de inquilinos para que abandonasen sus casas. En aquel momento, les ofrecieron otras viviendas de, en teoría, características similares a las suyas. También alguna compensación económica. Casi todos los vecinos fueron aceptando el trato. Muchas de aquellas viviendas adolecían de daños estructurales que minaban la calidad de vida. Eso y la experiencia inmediatamente anterior de unos años noventa oscurecidos por la sombra de la heroína en un callejón como aquel, condicionaron la decisión de la mayoría. Pero seis familias se negaron a abandonar sus casas. Ahora, al asomarse a ver la calle Privada Moderna, a la que también le ha envejecido el nombre, solo ven puertas y ventanas tapiadas. Grietas, tejas rotas y un goteo constante de obreros que están demoliendo por dentro las viviendas en las que ya no vive nadie. Según el testimonio de las familias y su abogado, el resto de casas “las están dejando caer”. Una sentencia del Xulgado de lo Contencioso-Administrativo de Vigo les ha dado la razón.

En el 2017, tras la Inspección Técnica de Edificios que no superó, el Ayuntamiento de Vigo detectó “numerosas deficiencias en los elementos comunes, en el estado de las redes de servicios y en las cubiertas”. Habida cuenta de la falta de ejecución de las actuaciones de conservación necesarias para atajar aquellos desperfectos, el consistorio requirió a la propietaria para que llevase a cabo la ejecución de obras de conservación. Según esos informes, los técnicos municipales documentaron filtraciones, desperfectos en cubiertas y en la red de fontanería y saneamiento y daños severos en portales y escaleras. Ante eso, la Sareb se excusó diciendo que, para llevar a cabo esos trabajos, precisaba el desalojo de los inquilinos. Una afirmación que los expedientes del Ayuntamiento desmintieron ya que la corrección de la deficiencias puede ser efectuada con independencia de la existencia de inquilinos: “En realidad, ni siquiera constaba la ejecución de actuación alguna en las zonas no habitadas. Algunas de las actuaciones adquirieron el grado de urgentes, dado el peligro de desprendimientos, con el consiguiente riesgo para terceros”, describe la sentencia a la que ha tenido acceso esta redacción.

Dejar que pase el tiempo

A pesar de que el Ayuntamiento los instó en repetidas ocasiones a que acometiesen las reformas necesarias para evitar peligros, la Sareb se negó. Eso le valió multas trimestrales de entre mil y 10.000 euros desde entonces. Los vecinos y su representación legal consideran la imposición como “calderilla”, pero es la que estipula la ley. A juicio de los afectados, las intenciones de Sareb son claras: “Echarnos por las malas para crear aquí una nueva urbanización que les sea extremadamente rentable”. Para ello, la representación legal de los vecinos de la Privada Moderna explica que el banco malo sigue un hoja de ruta clara: “Ir estirando el tiempo sin acometer las reformas para que cada vez sea más complejo vivir allí, que puedan declararlo como ruina y expulsar a lo vecinos de sus hogares”, argumenta el letrado Fernando González. Sea o no ese su objetivo, las únicas acciones que ha tomado la Sareb van en esa línea. Trató en varias ocasiones de declarar como ruinas cada uno de los edificios y pidió paralizaciones cautelares de los expedientes que les obligaban a ejecutar las obras. “Aunque no lo consiguieron, allí nadie ha reparado nada. Cada vez que vienen obreros, lo dejan todo peor. Agrandan agujeros, dejan a vista partes de la estructura...”, explica uno de los vecinos más afectados. Según la Lei do Solo de Galicia, la declaración de ruina solo puede llegar bien porque la estructura del edificio ya no da para más, bien porque el valor económico de la reparación sea mayor que la mitad del coste de construir uno nuevo. “Sin duda están dilatando todo el tiempo para que ese momento llegue”, denuncia González.

La Privada Moderna ya había sido escenario de tramas de thriller, como en la aclamada novela Cabalos e lobos del periodista Fran P. Lorenzo, pero ninguna tan larga como esta. Seis familias humildes llevan más de un lustro bregando contra un organismo que, desde el año pasado, es mayoritariamente público. Y eso, además de que algunas de las viviendas estén en perfectas condiciones por dentro, creen que es lo más “sangrante”. “Un organismo que en su constitución tiene una labor social que cumplir, parece estar dejándola de lado para tratar de hacer un buen negocio. No hablamos de edificios sin más, ni números. Son los hogares de personas y deben ser tratados como tal”, reclama el abogado, que se muestra satisfecho por el fallo del tribunal, pero escéptico por saber cuándo se verán efectuadas las obras. Aunque la Sareb se ha defendido diciendo que ha hecho ofertas a los vecinos de viviendas con condiciones similares en otras zonas, estos lo niegan: “Para empezar, la renta vitalicia ya no existe jurídicamente. Y nunca nos han ofrecido pisos de más de noventa metros como los que tenemos al mismo precio”.

El salto a los medios

Cuando vieron que la presión de la Administración no conseguía nada, los vecinos decidieron acudir a los medios de comunicación a contar su historia. Los efectos fueron inmediatos. Tras la aparición en periódicos, radios y televisiones, la Valedora do Pobo de Galicia abrió una investigación de oficio para comprobar si la Sareb estaba vulnerando o no la ley al negarse a ejecutar las obras urgentes. No solo eso, el único diputado del Bloque Nacionalista Galego en Madrid, Néstor Rego, llevó al Congreso el caso. Y a las preguntas concretas sobre la situación, el Gobierno le respondió de manera genérica: “La Sareb está mejorando sus procedimientos internos en la gestión de las viviendas actualmente habitadas de su balance, con la finalidad de ofrecer a sus habitantes un alquiler social complementado con una estrategia de acompañamiento”.

La repercusión mediática también motivó que el Ayuntamiento de Vigo se erigiese como mediador entre la Sareb y las familias afectadas. Y aunque las familias agradecen el esfuerzo, especialmente a la Xerencia de Urbanismo, no parece haber surtido efecto todavía. Además, desde que a comienzos de 2022, Sareb eligiese a Blackstone e Hipoges para gestionar sus activos, la defensa de la familia denuncia que “ha sido como una vuelta a empezar” en las negociaciones. “Estamos llegando al límite, parece que nos toman por idiotas. En las últimas reuniones ni siquiera se habían estudiado el caso. Siguen la estrategia de que el tiempo pase”, lamenta González. De hecho, para tratar de paliar esa inacción, la sentencia del Contencioso-Administrativo y el propio abogado recuerdan al Gobierno de Abel Caballero que puede ser el propio Ayuntamiento quien ejecute las obras de manera subsidiaria para luego pasarle la factura a la Sareb. “Transcurrido el plazo otorgado al propietario sin que este haya procedido a dar cumplimiento a la orden de ejecución, el alcalde ha de proceder a la ejecución subsidiaria de las obras o a la ejecución forzosa”, reza el edicto.

Los concelleiros del Bloque y de Marea de Vigo han llevado en repetidas ocasiones al Pleno municipal el caso para tratar de acelerar unos trámites que consideran urgentes. “Estamos viendo a vecinas y vecinos absolutamente indefensos y abandonados por parte de las diferentes administraciones”, denuncia el concelleiro del BNG a la alcaldía de Vigo, Xabier P. Igrexas. “Tenemos en el centro de la ciudad 48 viviendas y pedimos que el Ayuntamiento medie para que puedan ser cedidas a estas familias”, añade Rubén Pérez, concelleiro de Marea de Vigo y responsable de política municipal en Izquierda Unida.

Cuando parecía que Ence ya había ganado la batalla judicial para mantener su fábrica papelera en la ría de Pontevedra, la Comisión Europea ha impuesto un giro de guión, cuyas consecuencias todavía son una incógnita. Hace apenas veinticuatro horas, se hizo público un procedimiento de infracción contra el Estado español por falta de transparencia en los procedimientos de adjudicación de concesiones en el dominio público marítimo terrestre del litoral. Bruselas cree que las prórrogas sin justificación son “contrarias” a las reglas de la Unión Europea. Además, la Comisión cita de forma explícita la Ley de Costas, que hace referencia a la legislación de protección y uso sostenible del litoral, una norma que modificó la Ley de Costas de 1988 y que sirvió a varias concesionarias españolas para solicitar una prórroga extraordinaria. Entre ellas, Ence. En aquel momento del año 2016 y con el Gobierno de Mariano Rajoy en funciones, la empresa papelera obtuvo una prórroga de 60 años, que le permitirá seguir produciendo pasta de papel en plena ría de Pontevedra hasta 2073. La Audiencia Nacional la anuló, pero el Tribunal Supremo volvió a darla por válida hace poco más de una semana en un fallo judicial del que solo se conoce lo básico a la espera de que se publique la sentencia íntegra y el voto particular anunciado por una de las magistradas de la sala que estudió el caso.

La Comisión Europea, que preside Ursula von der Leyen, explica en un comunicado que la posibilidad de prorrogar las concesiones existentes por un período de hasta 75 años sin justificación “es contraria a las normas de la Unión Europea”. Todo un golpe a la decisión que adoptó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2016 cuando se encontraba en funciones a la espera de una nueva cita electoral. “La Comisión ha decidido incoar un procedimiento de infracción contra España por no haber garantizado un procedimiento de selección transparente e imparcial para la adjudicación de concesiones relativas a las zonas costeras”, describe el texto difundido por el Ejecutivo europeo la noche de este miércoles.

Desde la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), interpretan que la Comisión Europea entiende que la nueva duración de esas concesiones podría vulnerar la Directiva de Servicios de la UE “por ser su duración excesiva y no estar garantizada la libre concurrencia”, así como que “la prórroga que prevé la ley de 2013 constituiría una renovación automática para su actual titular lo que le otorga una ventaja competitiva obvia contraria a la directiva”. Desde el MITECO aseguran estudiarán la sentencia del Tribunal Supremo y el expediente “para ver si se necesita introducir alguna modificación normativa”. “Pero es pronto para pronunciarse. No nos ha llegado la sentencia del Tribunal Supremo ni sus votos particulares, por lo que se desconoce su alcance exacto”, explican las mismas fuentes.

Según señala la Comisión, la Ley de Costas española prevé la posibilidad de adjudicar “sin llevar a cabo procedimientos de selección abiertos y transparentes” unas “concesiones” para construir locales permanentes como restaurantes, empresas papeleras o químicas en espacios de dominio público marítimo-terrestre fuera de los puertos. Este es el primer paso de un expediente sancionador y concede un plazo de dos meses al Miteco para poner solución a la situación. En el caso de que no haya acuerdo entre Bruselas y España, el procedimiento prevé aún una segunda fase que facilita unos meses más de espacio al diálogo para resolver las dudas. Si eso barco no llegara a buen puerto, el Ejecutivo comunitario tendría que decidir si eleva el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

“Esto hace que me reafirme en lo que he dicho hasta ahora. Esto es un ataque a la Ley de Costas, un fracaso del Estado de Derecho”, ha explicado el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. “Este requerimiento de la Comisión al Estado español viene a confirmar nuestro posicionamiento. Coincide plenamente con nuestra lucha para recuperar esos terrenos”, prosigue Lores. Al alcalde le parece interesante que “pueda ser la propia Comisión Europea quien eleve al TJUE el caso si sus requerimientos no son atendidos y no Greenpeace, la Asociación en Defensa da Ría o el Ayuntamiento de Pontevedra”.

Ence niega que pueda influir en la prórroga

La respuesta de Ence al procedimiento abierto por Europa no ha tardado en llegar. La empresa descarta en un comunicado que la decisión de la Comisión pueda afectar a la prórroga de la concesión de su fábrica de pasta de papel en la ría de Pontevedra. “La legalidad de esta prórroga ha sido avalada por el Tribunal Supremo, sin que se vea afectada por modificaciones legislativas que puedan tener lugar con posterioridad”, sostienen desde la compañía. “Incluso en un hipotético escenario futuro en el que, como consecuencia de este procedimiento, España tuviera que modificar finalmente su Ley de Costas, dicha modificación no tendría en ningún caso carácter retroactivo”, insisten desde el gabinete de comunicación de la pastera. El presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, también se ha pronunciado sobre el expediente de Bruselas pero confía en que no afecte a Ence: “Por lo que sabemos, se refiere a las prórrogas automáticas, no a las concedidas después de un examen”.

La defensa ecológica de la ría contra Ence

La fábrica pastera de Ence llegó a la marisma pontevedresa de Lourizán en 1959 con una autorización de la administración franquista a través del Instituto Nacional de Industria. La prórroga para seguir allí hasta 2073, seis décadas más, fue firmada por el ejecutivo de Mariano Rajoy en 2016 y llevado ante la Audiencia Nacional por Greenpeace y la Asociación en Defensa de la Ría. Cuestionaban que la fábrica pudiera estar directamente en la ría cuando la Ley de Costas especifica que un dominio público marítimo-terrestre como este solo puede ocuparse si esa fábrica papelera necesita, obligatoriamente, estar allí enclavada.

La Audiencia Nacional dio la razón a ambos recurrentes y anuló la prórroga autorizada por el Gobierno del Partido Popular en 2016, después de que la propia Abogacía del Estado reconociera que era necesario sacar la fábrica de allí porque su ubicación al pie de la ría no estaba justificada. Los jueces de lo contencioso-administrativo reconocieron que el agua dulce era necesaria para sacar adelante la actividad papelera de Ence, pero que lo correcto sería ubicar la fábrica en las “proximidades”, no en plena ría.

La empresa no se conformó con el fallo de la Audiencia y recurrió al Supremo en donde encontró el beneplácito de una sala en la que se encontraba el presidente del poder judicial, Carlos Lesmes. Esa sentencia del alto tribunal supuso un varapalo para las organizaciones ecologistas que ahora vuelven a vislumbrar opciones para que Europa ponga solución a lo que ellos consideran una aberración medioambiental.

A apenas unos minutos de terminar la gala de los Premios Goya 2023 y tras recibir el reconocimiento a la mejor dirección, Rodrigo Sorogoyen acabó su discurso con un alegato en defensa de los montes gallegos: “Energía eólica sí, pero no así”. No fue un eslogan generalista. Hablaba de un lugar concreto: los montes de Sabucedo. Es el pueblo pontevedrés de donde salieron bestas como la que aparece en la primera escena de su aclamada película. Allí, manadas de caballos salvajes viven sin amo ni dueño desde hace siglos. Alrededor de 10.000 ejemplares habitan así en toda Galicia y, aunque puedan parecer muchos, son la mitad que hace cincuenta años. Su modo de vida es una excepción en Europa, pero en este último medio siglo, la acción humana los ha ido cercando. Hace un mes y medio, la Xunta de Galicia dio luz verde a la construcción de dos parques eólicos en un área de influencia clave para las manadas de Sabucedo. Si la justicia no los paraliza, en poco más de dos años serán construidos once aerogeneradores de más de 150 metros de altura cada uno.

Sabucedo es escenario de la Rapa das bestas, una conocida fiesta popular donde los caballos salvajes son capturados y conducidos a un recinto cerrado para recortarles las crines y desparasitarlos, antes de liberarlos de nuevo en su entorno natural. Ese es el único contacto que, generación tras generación, mantienen los habitantes que conviven con ellos en esta parroquia de A Estrada. Por eso, las personas que forman el colectivo que los protege se han levantado en pie de guerra: “Se trata de una especie muy territorial que se convierte en un actor fundamental para la conservación de otras muchas especies que viven en la zona. Conserva los matorrales y los brezales húmedos y secos de la zona, hábitats protegidos por su altísima capacidad para captar CO2. Lo que pretenden hacer ahora es escandaloso”, explican a elDiario.es desde la Asociación Rapa das Bestas de Sabucedo. 

Desde el punto de vista cultural, la Rapa das Bestas es la manifestación más clara de la relación ancestral que mantienen caballos salvajes y personas en tierras gallegas. “Conviene añadir que en la zona hay numerosos yacimientos con petroglifos y mámoas [túmulos funerarios característicos del Neolítico​ en el noroeste de la península Íbérica], lo que hace intuir que puede haber muchísimos más vestigios aún por descubrir”, siguen desde la asociación. A juicio de los vecinos de Sabucedo, con estos proyectos se fragmentaría el territorio en el que viven los équidos. Principalmente, por la construcción de grandes calzadas que son necesarias para el acceso a transportes pesados con los equipos con los que se construyen estos parques eólicos. “Estos parques conllevan unas infraestructuras monstruosas con pistas, rotondas, desmontes del terreno que pasará de ser rústico a industrial bajo normas que se rigen por una lógica que no impulsará en modo alguno la conservación de la biodiversidad de la zona”, recalcan.

¿Cómo podría afectar a los animales?

El declive del caballo salvaje gallego ha sido estimado y documentado en una investigación reciente publicada en la prestigiosa revista científica Biodiversity and Conservation. Ahí, los investigadores de la Universidade da Coruña Laura Lagos y Jaime Fagúndez describen el papel destacado que tienen en la conservación de hábitats naturales, la reducción del riesgo de incendios forestales o sus interacciones tróficas. Además, recuerdan: “Su gestión representa un patrimonio cultural de Galicia y un nexo de unión entre las regiones de la Europa atlántica que aún conservan caballos en libertad con regímenes de gestión similares”. Los grandes herbívoros son reguladores clave de los hábitats abiertos en todo el mundo. “Los caballos que vagan libremente tienen un papel ecológico destacado en muchos paisajes atlánticos. La gestión tradicional de los ponis salvajes, que implica una mínima intervención humana, está en declive en Galicia. (...) Se esperan efectos indirectos de estos cambios en la condición ecológica de hábitats importantes para la conservación, como brezales y pantanos”, ahondan en su investigación.

Además del cambio en los modos de manejo, de la desaparición de sus hábitats y hasta de robos organizados para vender su carne en mercados al margen de la ley, ahora se ha sumado este nuevo peligro para su preservación: “Algunos de los aerogeneradores están proyectados en el medio de la ruta que seguimos para bajarlos del monte a la Rapa. Es una barbaridad”, denuncian desde Sabucedo. “El ruido que producen, que son más decibelios que los permitidos en las ciudades, desorientará a los caballos y puede producir alteraciones en la cadena trófica por su depredador, el lobo”, añaden.

Vecinos y ecologistas se preparan para la vía judicial

Las voces de alarma saltaron en Sabucedo tras el visto bueno ambiental que dio la Xunta a finales de diciembre de 2022 a dos parques eólicos. El Campo das Rosas, de Naturgy, y el Touriñán III-2, de Greenalia, en cuyo consejo de administración se sienta Beatriz Mato, exconselleira de Medio Ambiente durante la etapa de Alberto Núñez Feijóo como presidente gallego. En ese contexto, la consellería del ramo sacó adelante, en poco más de dos meses, tantos proyectos de explotación eólica como en los seis años anteriores juntos. A juicio de las organizaciones ecologistas, en estas declaraciones de impacto ambiental positivas se está “infravalorado el patrimonio natural”. “No cabe ninguna duda de que han actuado con prisas por la fecha límite que tenían. Vemos numerosos defectos en todas estas valoraciones. Son incluso contradictorias entre ellas. Existe una total falta de coherencia”, denuncia Belén Rodríguez, secretaria técnica de la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega).

Adega y otros colectivos de la sociedad civil ya han anunciado demandas contra la Xunta por todo tipo de irregularidades en la concesión masiva de licencias eólicas en los montes gallegos. Pero los recursos de todas estas asociaciones sin ánimo de lucro son limitados y deben escoger con cautela “las batallas que abren”. “No podemos entrar a litigar con todos, pero estamos revisando toda la documentación para ir contra los que tengan un impacto más significativo”, reflexiona Rodríguez. Por eso, señala: “Animamos a que la gente se siga movilizando porque es fundamental la presión social. Las manifestaciones que Sorogoyen hizo en los Goya son tremendamente importantes”.

En esa batalla judicial, que arrancará con toda probabilidad en tres meses cuando se emitan las licencias de construcción, la Asociación Rapa das Bestas de Sabucedo avisa de que agotará todas las vías posibles: “Nosotros vamos a poner todos los medios. Ahora toca divulgar esta situación y el siguiente paso será la vía judicial. Esperamos encontrar algo más de sensatez en la Justicia”. Uno de los grandes escollos para ellos es que el caballo salvaje no tiene ninguna protección específica en Galicia y es tratado como un animal doméstico más. Tampoco la manifestación sociocultural que es la Rapa das Bestas. De hecho, la propia Consellería de Medio Ambiente constata la presencia de estos caballos salvajes en uno de los informes ambientales, pero no propone ninguna acción concreta. Deja en manos de los promotores “la adopción de las medidas preventivas y correctoras oportunas al objeto de minimizar las posibles afecciones a las manadas de caballos salvajes a las que se hace referencia”.

A apenas un par de kilómetros río arriba desde la villa marinera de Viana do Castelo (Portugal), parece haber oculta una mina de tesoros arqueológicos. A lo largo de los últimos cuarenta años, pescadores y vecinos de la desembocadura del río Limia en el océano Atlántico han llegado a encontrar hasta seis embarcaciones de madera fabricadas con una única pieza. De un solo árbol. Y resulta que no solo es excepcional la destreza artesana de sus creadores. Lo más singular es que, según las dataciones hechas con carbono-14, algunas de estas piraguas tienen más de 2.000 años. Otras fueron usadas incluso hasta la Edad Media. No solo eso. Su extraordinario estado de conservación no tiene apenas precedentes en el sur de Europa. A través de las vetas de sus maderas, investigadores e investigadoras expertas en arqueología consiguen descifrar cada vez un poco más la cultura castrexa. Un pasado común que une la historia de Galicia y Portugal. La de todo el noroeste peninsular. Hace apenas dos semanas, del fondo del Limia ha resurgido una séptima canoa.

Todavía es pronto para ubicar en el tiempo el nuevo hallazgo. Pero sea cual sea el resultado de la prueba de radiocarbono, es evidente que este río que nace en un pequeño monte ourensano ha consolidado a su alrededor una tradición milenaria de construcción de monóxilos —barcos hechos con un solo tronco—. Así lo corrobora a elDiario.es el coordinador del Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática de Portugal (CNANS), José António Gonçalves: “Todas están talladas en un solo tronco de carballo. Si las comparamos, podemos ver cómo su morfología evoluciona en función de la época en la que fueron construidas”. Según las investigaciones que manejan en el CNANS, parece haber una tendencia a la reducción de tamaño y también al achatamiento de los fondos, pero todavía no saben si esto “se debe a la escasez de materia prima (árboles más grandes) o si es una opción técnica y/o la influencia de otras tradiciones de construcción naval importadas a la península Ibérica procedentes de otros lugares”.

Algunas de las embarcaciones presentan detalles peculiares que remiten datos sobre uso, reparación y también sobre una posible evolución técnica. La reparación del borde de la Lima 4 (datada entre los siglos IV/III a.C.) con técnicas de construcción naval mediterránea y una pequeña pieza de refuerzo estructural en el interior de la Lima 3 (siglo IX d.C) son ejemplos de ello. Sin embargo, independientemente de la antigüedad de cada una de ellas, puede parecer extraño que unos troncos de roble puedan seguir tan bien conservados. Pero tiene su explicación. Todas ellas fueron encapsuladas por los sedimentos del río bajo la columna de agua, es decir, en un ambiente anaerobio libre de xilófagos (insectos que se alimentan de madera).

“La madera es un material vivo, que se degrada con el paso del tiempo, y lo más habitual es que desparezca. Sólo en condiciones excepcionales se preserva”, sostiene María Martín Seijo, profesora en la Universidad de Cantabria y una de las personas que más ha abordado la cultura castrexa es sus líneas de investigación. Las excepciones son la carbonización en incendios, la mineralización al quedarse en contacto con metales y, como en este caso, el anegamiento. “Aunque la estructura química de la madera sufrió cambios a lo largo del tiempo, su aspecto (mientras no pierde el agua) es el original. Los contextos en los que se conserva madera anegada en el sur de Europa son totalmente excepcionales”, recalca Martín Seijo. “Existe un número relativamente extenso de piraguas en la zona norte de Europa, pero el conjunto del Limia es totalmente excepcional en el sur”, prosigue.

Conclusiones e incógnitas

Todavía quedan muchos datos por esclarecer. A saber, “las cuestiones inherentes a los detalles constructivos, las posibles influencias alogénicas y la variación morfológica en el tiempo”, como explica el coordinador del Centro Nacional de Arqueologia Náutica de Portugal. Otras cuestiones, como la aparente afinidad morfológica de la Lima 3 con el ejemplar ahora descubierto, “podrían derivar de un espacio náutico preciso, ya que ambos fueron hallados en Mazarefes, a diferencia del resto de época medieval”, que fueron hallados varios kilómetros aguas arriba, entre los orillas de Lanheses y Moreira de Geraz do Lima.

A juicio de la investigadora gallega, estas piraguas “dan una información crucial sobre la tecnología de la madera y la gestión del bosque, y también sobre la navegación fluvial hoy por hoy”. El exhaustivo estudio que se hizo desde lo CNAS, liderado por Francisco Alves, permitió documentar que la Limia 4, fue obtenida a partir de un tronco de roble, con numerosas ramas laterales, “por lo que este árbol crecía en una zona en la que existían claros que permitían este tipo de crecimiento”. Estas ramas laterales son un problema en el momento de elaborar este tipo de embarcaciones, explica, porque los nudos son zonas donde después la madera tiende a abrirse. “La conclusión que obtuvieron es que probablemente no existía una materia prima adecuada en el entorno y por eso seleccionaron este tronco a pesar de no ser lo más adecuado”, detalla la experta en cultura castrexa. Esta piroga —como las denominan en portugués— estuvo en uso uno cierto tiempo, de hecho incluso se identificaron reparaciones, y posteriormente fue abandonada.

El caso de la Limia 5 (siglo V-III a.C.) “es aún más interesante ya que el tronco se agrietó durante lo proceso de fabricación, y la embarcación fue abandonada sin llegar a ser utilizada en el propio lecho del río”, ahonda Martín Seijo. “Esto indicaría que el área en la que estas piraguas se hacían era el propio entorno de pasaje del río”, reflexiona y añade: “Sabemos que la navegación fluvial era muy importante durante la Edad del Hierro porque hay determinados tipos de cerámica similares siguiendo los trazados de determinados ríos, por ejemplo el Miño”.

Para José António Gonçalves todo indica que las embarcaciones serían utilizadas en el río en todas sus dimensiones: cruce a lo largo del cauce o simplemente localmente para la pesca y otras actividades inherentes a la explotación de los recursos naturales circundantes. “Aunque no es posible descartar el posible uso ritual en algunos casos, como en la situación de la Lima 5, que no parece tener signos de uso. Habría sido una inversión irrazonable en su momento, consumiendo tiempo y recursos para construir una canoa de esas dimensiones para ser abandonada después”, expone.

De la cultura castrexa a la Pax Romana

Conocer el contexto histórico de la fabricación de estas piraguas es fundamental para extraer conclusiones acertadas. Hablamos de sociedades emplazadas en castros, la forma de ocupación y construcciones características de la Edad del Cobre y la Edad del Hierro del noroeste de la península Ibérica. Un momento histórico en el que los asentamientos se construyeron con estructuras predominantemente circulares, rodeadas de murallas, implantadas, casi invariablemente, en lo alto de cerros que son defensas naturales que permitían el control táctico de los campos circundantes. “Las piraguas 4 y 5 de Limia corresponden exactamente a la fase final de este tipo de ocupación del territorio que precedió a la llegada de los romanos y la posterior romanización”, defiende el investigador del Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática de Portugal. Pero también hay que considerar que la tradición monoxílica del río Limia atraviesa toda la Pax Romana y perdura después de su término hasta un momento todavía indefinido.

A Mercedes Fernández le cambió la vida una carta. Tras más de una década viviendo de alquiler, esta vecina del municipio pontevedrés de Barro recibió una orden de desahucio. En diez años, no había faltado ni una vez sola vez al pago de su mensualidad. Debía de ser un error, pensó. Pero el correo venía certificado y llevaba en el remite al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Caldas de Reis: tenía que abandonar su casa. El motivo era, según la misiva, que su casero, el promotor que construyó el edificio donde vive, había sido embargado y sus bienes, subastados. También el piso donde vivía. Con ella dentro. La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida por Sareb, era la nueva propietaria y quería los inmuebles vacíos. Pero Mercedes no estaba sola en este revés. Otras nueve familias y una mujer que regenta una tienda en el bajo comercial de su edificio se encontraron en la misma situación. La misma carta en sus buzones con los mismos motivos. Era febrero de 2021 y, sin verlo venir, acababan de entrar en un laberinto judicial.

Al recibir la orden, las once familias afectadas hicieron lo mismo. Llamar a su casero, el promotor Eladio Riveiro, que, tras la construcción del predio, se había quedado con la mitad de los pisos para alquilarlos. “Me dijo que estuviera tranquila, que era una cosa suya. Que me daba un número de cuenta nuevo para pagar el siguiente mes y problema resuelto”, relata Mercedes. Pero ella no se conformó con aquella explicación “tan vaga” y pidió asesoramiento jurídico. A fin de cuentas, tenía que acudir al juzgado en unos días para que le detallasen las causas del desahucio. Lo mismo hizo Carla Carballo, dueña de la tienda agrícola que ocupa el bajo del edificio. “Al llegar a la vista en el juzgado, nos enteramos de que el embargo se había producido en 2019 y la posterior subasta en 2020. A nosotros nos avisan dos años después con una orden de desahucio”, explica Carballo en conversación con elDiario.es.

Uno de los dos abogados que asesoran a estas familias, Alipio Santiago, señala que el proceso estuvo “lleno de irregularidades”. La primera, el día de la primera vista en el juzgado: “Ellos acudieron con sus contratos de arrendamiento, facturas... Pero ni les dieron la posibilidad de tener abogado y procurador, ni tampoco les informaron de ese derecho”. En cambio, la Sareb, explican, contaba con representación legal: “Ellos, en cambio, a pelo”. Según los abogados de las familias, apoyándose en la Ley de Arrendamientos Urbanos, el procedimiento “tuvo errores manifiestos” desde el momento del embargo al promotor. En ningún momento se les notificó la existencia de la subasta de las viviendas donde residían. Eso les impidió hacer valer sus derechos de ocupación. Tampoco pudieron concurrir a la subasta ni ejercer su derecho de retracto, en base al cual los inquilinos podrían haberse subrogado en lugar del comprador del inmueble, de la Sareb. “No cumplieron con ninguno de estos procesos”, denuncia el letrado, Alipio Santiago.

La Sareb alegó que los contratos de arrendamiento no estaban inscritos en el Registro de la Propiedad y eso es cierto. Pero no los hace ilegales. “Eso no los devalúa. En las propias tasaciones de los inmuebles ya venía reflejado que algunos de ellos estaban habitados”, argumenta Santiago. No solo eso. La tienda agrícola que ocupa el bajo comercial y una clínica dental situada en el ático desde hace diez años son apreciables solo con acercarse al edificio. “Es muy extensible saber que allí había ocupantes”, recalca. Entre tanto, el conocido como 'banco malo' consiguió un negocio redondo. Según consta en los autos judiciales, adquirió las propiedades por la mitad del valor que les concedió el informe de tasación.

Los vecinos y vecinas afectadas por este proceso denuncian que llevan dos años tratando de tener contacto con la Sareb, pero nunca habían recibido una respuesta clara. Ni contestaban sus correos electrónicos, ni sus llamadas. “Hablábamos con máquinas y las pocas veces que conseguimos hablar con personas decían que ya nos avisarían”, sostiene otra de las afectadas. Pero eso cambió cuando decidieron comenzar a manifestarse públicamente y a acudir a los medios de comunicación para contar su historia. En apenas unos días, la Sareb e Hipogés, la empresa que gestiona este activo, enviaron representantes desde sus sedes de Madrid a hablar con los vecinos. Se reunieron en la sede del Ayuntamiento a comienzos de esta semana, pero el testimonio de los afectados enfría los efectos de la visita: “No hay ninguna propuesta formal sobre la mesa. Tenemos la sensación de que solo han venido para que nos calmemos”.

Por su parte, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria se ha negado a responder a las preguntas de esta redacción y simplemente ha remitido un escueto comunicado con la siguiente información: “Sareb se ha comprometido a ofrecer a todos los vecinos afectados la posibilidad de compra de la vivienda o local con carácter preferente. Asimismo, si se detectaran indicios de vulnerabilidad, Sareb aplicaría su protocolo que incluye la suscripción de un alquiler social y un contrato de acompañamiento destinado a facilitar la mejora de sus condiciones sociolaborales”. Para los vecinos, por ahora, “solo son palabras”.

“¿Quién me va a pagar a mí el dinero que me he gastado en abogados? ¿Cómo nos van a compensar todas las noches de insomnio?”, lamenta Mercedes Fernández, que es, además, la inquilina de mayor antigüedad. Lleva 12 años viviendo allí y hace tiempo que tiene estructurada su vida en torno a su hogar. Aunque con poca capacidad de ejecución, en este tiempo también han recabado el apoyo de todos los grupos políticos con representación en su Ayuntamiento: “Es evidente que ha sido un proceso trufado de irregularidades, quizás no provocadas y solo por desconocimiento. El promotor parece no haber actuado con claridad y que el proceso de subasta se haya producido con ellos dentro no nos parece normal”, lamenta Xosé Manuel Fernández Abraldes, alcalde de Barro. “Creo que una vez supieron que había personas dentro, deberían haber reflexionado y no esperar a la presión mediática para actuar”, remata.

El 'banco malo', que aglutinó los activos inmobiliarios fallidos de la banca española durante la crisis de 2008, sigue siendo una cuestión de debate político más de una década después de su creación. Por un lado, por el coste en deuda que ha supuesto. Y, por otro, por los diferentes planteamientos respecto a qué hacer con esta inmobiliaria, de la que el Estado ya tiene el control accionarial y que movimientos sociales y formaciones políticas de izquierda ven como potencial eje sobre el que se debería construir un parque de vivienda social asequible. Y hay ejemplos donde se están logrando esos procesos de transformación. El Ayuntamiento de Barcelona comunicó a finales de 2022 un acuerdo con la Sareb para que se regularizase la situación de cientos de familias que ocupan a día de hoy pisos de su propiedad en Barcelona.

La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) y Ecoloxistas en Acción han aumentado su ritmo de trabajo durante los últimos días. Sobre las mesas de sus despachos tienen 84 nuevos proyectos de parques eólicos trazados sobre los montes gallegos. La Xunta les ha dado el visto bueno a nivel medioambiental a 77 de ellos y lo ha hecho a una velocidad sin precedentes: en poco más de tres semanas dio luz verde a 26. Esa es una de las razones que consideran “sintomáticas de una mala praxis” y que les ha llevado a analizar, con más ahínco todavía, esta nueva hornada de proyectos de explotación de energía eólica. ¿Su objetivo? Recurrir todos aquellos parques que, a su juicio, hayan incurrido en irregularidades durante su tramitación.

Y es que si todos siguen adelante, repartirán más de medio millar de nuevos aerogeneradores por todo el territorio. Algunos de ellos en zonas con un valor ecológico singular como la Ribeira Sacra u Os Ancares. Si un juzgado no los paraliza, lo más probable es que la Xunta emita los permisos para su construcción: las declaraciones de impacto ambiental emitidas por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda son el principal escollo técnico que enfrentan las promotoras. Y ya lo han superado. “No queremos ir contra todos los parques. Eso sería impugnar por impugnar. Defendemos que haya energías renovables, pero su implantación tiene que estar sometida a una normativa que se encuadre en el respeto al medio ambiente”, sostiene Fernando de Abel, profesor de Derecho Administrativo en la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y vocal en Adega. “No pueden perjudicar la estabilidad socioeconómica de las zonas donde se implantan”, añade.

Patrimonio, biodiversidad y fragmentación artificial

La siguiente fecha clave llegará en nueve meses, cuando la Xunta emita las resoluciones administrativas que autorizarán la construcción de los parques eólicos. A partir de ese momento, será cuando Adega, Ecoloxistas y otras plataformas de afectados puedan presentar sus impugnaciones, sus demandas contra la Administración gallega, en los tribunales de lo contencioso administrativo. Para ello, los argumentos son variados y “en ningún caso se pueden generalizar para todos los proyectos”, como explica el profesor de la USC. Uno de ellos es la fragmentación artificial.

En este contexto, este término hace referencia a un tipo de fraude de ley que las promotoras del sector eólico podrían estar utilizando para sortear la lupa de los técnicos del Estado. Consiste en dividir formalmente un único gran parque en varios de menor capacidad y así conseguir que sea la Xunta quien los evalúe y no el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que es el organismo facultado para aprobar los parques que tienen una potencia superior a los 50MW. Algunas de las pistas para identificarlos son que los proyectos compartan líneas de alta tensión, caminos de acceso e incluso subestaciones de servicio.

Aunque la jurisprudencia al respecto en Galicia todavía es modesta, a comienzos de 2022, el Tribunal Supremo tildó de “artificial” la división de un único parque de Norvento en Mondoñedo en dos fases, y señaló a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural por estimar compatible la instalación eléctrica con un yacimiento arqueológico que entraba en conflicto con su plan de protección. Y ahí está otro de los argumentos que vertebrarán las impugnaciones: los atentados contra el patrimonio. En otros casos, explican, se pueden encontrar con que se hayan cometido ilegalidades en la tramitación administrativa de las autorizaciones. Por ejemplo, en el acortamiento de los plazos de exposición pública, vulnerando los derechos de la ciudadanía para alegar.

“Hay algunos casos en los que la impugnación sigue las vías de vulneraciones de la normativa ambiental”, explica Fernando de Abel. “Puede ocurrir que en los proyectos se vulnere la normativa sobre patrimonio o sobre el paisaje”, añade, como ha ocurrido recientemente en Coristanco (A Coruña). Ese es uno de los argumentos técnicos que más esgrimirá Ecoloxistas en Acción, las acciones lesivas contra el patrimonio natural: “Ahora mismo trabajamos con un campaña en defensa de los humedales y del bosque atlántico que tienen un gran valor ecosistémico en nuestro contexto y que entran en conflicto con más de uno de estos proyectos”, explica Rober Videla, en nombre de la organización. Al igual que acontece con Adega, los recursos de Ecoloxistas en Acción para poder estudiar todos los parques son finitos. Por eso, desde esta organización están tratando de coordinar a todas las plataformas de afectados de Galicia interesadas, para brindarles herramientas y documentación útil que les facilite los procesos administrativos y judiciales.

Las promotoras casi nunca pierden

A pesar de que la Justicia puede intervenir en la ejecución de estos proyectos, lo hace, a fin de cuentas, contra la Administración y no contra las empresas. Es decir, el pato lo paga el contribuyente. Durante el año pasado, el Tribunal Superiror de Xustiza de Galicia y el Tribunal Supremo anularon las autorizaciones de los parques eólicos de Corme (A Coruña) y de Mondoñedo (Lugo), respectivamente. “Lo peor de todo esto y es lo que le transmitiría a la gente es que en estos dos casos, esos dos parques siguen funcionando y enriqueciendo a las empresas titulares. Es verdaderamente escandaloso”, denuncia el profesor de Derecho Administrativo de la Universidade de Santiago. Es decir, las sentencias no se han aplicado.

¿Pero qué es lo que falla en el proceso? “Cuando se anula una licencia, quien solicitó esa autorización puede pedirle responsabilidades a la administración que se la concedió”, argumenta Fernando de Abel. “Imaginemos que ellos ejecutan la obra y posteriormente hay una sentencia que dice que todos sus aerogeneradores son ilegales. Si se ejecuta esa sentencia, la empresa le va a reclamar a la Xunta una indemnización por todos los gastos en los que ha incurrido”, añade.

Por eso, desde Adega consideran de gran importancia las paralizaciones cautelares que acaban de conseguir en los tres parques de Monte Toural, Campelo, y Bustelo, los tres de Greenalia. “Cuando recurrimos, pedimos expresamente al TSXG que adoptase una medida cautelar. Que suspendiese la eficacia de las autorizaciones”, ahonda de Abel. Por primera vez en este tipo de actuaciones, consiguieron que se suspendiera el proyecto antes de que comenzasen la obra. Es decir, con esta suspensión, hasta que haya una sentencia “no pueden hacer nada”. “Esto es importantísimo. Si no hay suspensión, aunque la autorización esté impugnada, las obras se hacen y el parque se pone a funcionar. Después puede llegar la sentencia pero los molinos siguen girando. Como siguen girando en Mondoñedo y Corme”, remata el profesor de Derecho de la USC y vocal de Adega, Fernando de Abel.

Greenalia y el Gobierno gallego

Fue precisamente una denuncia de Adega la que dio pie a la petición del BNG en el Parlamento de Galicia para constituir una comisión de investigación sobre “la opacidad en la gestión eólica” del Gobierno gallego. Según la organización ecologista, la Xunta eximió a Greenalia –la eléctrica en cuya cúpula está la exconselleira de Medio Ambiente Beatriz Mato– de pagar 11,7 millones de euros por no realizar los planes industriales comprometidos que iban aparejados al concurso eólico de 2010. Para el BNG, este caso, que Adega ha llevado a la Fiscalía, es “solo la punta del iceberg” de las compañías que no cumplieron con los mencionados proyectos y que, así, debían abonar una compensación económica a las arcas públicas.