En un país en el que los libros escritos por políticos inundan las librerías, el de Clémence Guetté, diputada de Francia Insumisa (LFI) y vicepresidenta de la Asamblea Nacional, se distingue por la originalidad de su temática. Guetté ha publicado recientemente Pour une politique de l’amitié, un libro con el que ha querido introducir en el debate político las relaciones de amistad y su papel como base para la estructuración de nuevas formas de solidaridad.

Guetté considera que los amigos no están suficientemente valorados desde el punto de vista jurídico, a pesar de la importancia que tienen en el tejido social y en la vida de muchas personas. Además del libro, el 15 de septiembre la diputada insumisa —una de las principales dirigentes del partido de Jean-Luc Mélenchon— presentó una proposición de ley que traduce en medidas concretas esas reivindicaciones, incluyendo la creación de permisos por enfermedad o fallecimiento de amigos.

Aunque es consciente de que, dada la actual configuración de la Asamblea, es poco probable que la proposición llegue a aprobarse, sus propuestas pueden introducir en Francia el debate sobre el lugar de la amistad en la vida pública y en la legislación. Además, muchas de esas propuestas también se han incorporado al programa de Jean-Luc Mélenchon para las presidenciales del próximo año.

La obra reivindica una dimensión ideológica —progresista— de la defensa de la amistad, ya que plantea una alternativa a la organización tradicional de parejas y familias. En un clima político de precampaña en el que la mayoría de los candidatos conservadores insisten en la importancia de la familia, ante el declive demográfico en el que ha entrado Francia, la autora reivindica en su libro el valor de la amistad “contra la extrema derecha y los reaccionarios de todo tipo, que convierten a la familia (francesa) en el alfa y el omega de todas sus propuestas”.

De hecho, las principales críticas que ha recibido Guetté han llegado de los sectores conservadores, que acusan a la autora de querer meter al Estado en la esfera privada. “Bienvenidos al mundo estalinista de LFI, donde el Estado se ocupará de vuestra familia, de vuestras amistades y os reeducará”, ironizó en X Bruno Retailleau, presidente del partido Los Republicanos y candidato de la derecha gaullista a las próximas presidenciales.

En realidad Guetté no propone privar a las familias de ningún derecho, sino ampliar los de los amigos a través de nuevas figuras legales. Ante la evolución de los modos de vida y de la movilidad geográfica (que en muchos casos aleja a las personas de sus núcleos familiares de origen), la diputada propone ampliar varios de los permisos hoy restringidos a la familia, para apoyar la red de solidaridad que proporcionan los amigos. E incluso una ‘unión civil de amigos’ —diferentes a las ya existentes en la legislación francesa, como el pacto civil de solidaridad— que permitiría acceder a ciertas situaciones fiscales restringidas hoy a las parejas.

Apoyo para familias monoparentales

Estas uniones conllevarían derechos, pero también obligaciones de solidaridad material, en caso de endeudamiento o de dificultades. También les concedería el derecho a heredar, igual que en una familia. En este sentido, las propuestas de Guetté se inscriben en la línea de Jean-Luc Mélenchon, que ya había avanzado en su última candidatura una propuesta de “filiación voluntaria”: un tipo de adopción social que otorgaría el derecho a heredar en línea directa a personas que no pertenecen a la familia ni son cónyuges.

Por otro lado, ampliar los derechos ofrecería a las familias monoparentales la posibilidad de contar con un amigo que, a través de un “bautismo civil”, contraiga derechos y obligaciones para ayudar en la crianza del niño (o que asumiese su tutela legal en caso de fallecimiento). Una evolución especialmente relevante dado que en Francia las madres solteras no tienen la posibilidad de acumular los periodos de permiso correspondientes al nacimiento y cuidado del bebé.

Hoy en día, la amistad ocupa un lugar cada vez más importante en la vida de muchas personas, sin embargo estos vínculos de solidaridad afectiva y material, alternativos a la pareja o la familia, no están reconocidos por la ley y los amigos y amigas son víctimas de numerosas desigualdades

Clémence Guetté — Diputada de Francia Insumisa

“También defiendo que el permiso de ‘paternidad’ pueda transferirse a un amigo o amiga, para que una madre soltera pueda recibir apoyo durante el posparto”, dice Guetté a elDiario.es. “En esa misma línea, quiero que se amplíen los días de permiso por enfermedad de un hijo, para que las madres solteras los puedan transferir a un amigo o amiga”.

Las nuevas formas de convivencia también deberían repercutir en cambios en las políticas de vivienda. Siguiendo el ejemplo de las residencias compartidas entre personas mayores, que han proliferado en los últimos años en varios países, Clémence Guetté quiere reservar una parte del parque de viviendas sociales para hogares diseñados de forma diferente, pensados para ser habitados por varias personas. “Considero muy importante el desarrollo de las comunidades de familias monoparentales y quiero facilitar estas nuevas formas de vivienda, actuando sobre todo a través del parque de viviendas sociales”, añade.

Nuevos debates

En el contexto actual, la amistad es además un valor que permite trazar nuevas formas de convivencia y acción, transversales entre el espacio público y la vida privada. La sororidad es uno de los ejemplos más relevantes. “Las fundadoras de las teorías feministas que han inspirado en gran medida mi trabajo fueron las primeras en demostrar que lo privado es político”, afirma Guetté. “Hoy en día, la amistad ocupa un lugar cada vez más importante en la vida de muchas personas, sin embargo, estos vínculos de solidaridad afectiva y material, alternativos a la pareja o la familia, no están reconocidos por la ley y los amigos y amigas son víctimas de numerosas desigualdades”.

El libro y la proposición de ley llegan en un momento en el que la amistad está atrayendo cada vez más atención en el mundo de la sociología, de la cultura y de las ciencias políticas, tras décadas de predominio de las parejas o del estudio de las relaciones románticas. Sin embargo, en Francia, las raíces de la presencia de la amistad en el debate público vienen de lejos: la palabra fraternidad forma parte del lema nacional desde 1848, completando un tríptico en el que acompaña a la libertad y a la igualdad.

Para muchos intelectuales, redefinir los modos de vida a través de la amistad equivale, por tanto, a seguir cuestionando las jerarquías sociales heredadas del pasado. Bajo este prisma, la organización de la vida cotidiana, moldeada por la estructura familiar, constituye históricamente un espacio de obediencia y uniformidad. El sociólogo Geoffroy de Lagasnerie, cuyos trabajos han nutrido algunas de las propuestas de Guetté, afirmaba recientemente en una entrevista en France Culture: “No es en absoluto una casualidad que la derecha y la extrema derecha quieran defender la familia, porque la familia es un lugar de incubación del conservadurismo”.

Proyecto político

Clémence Guetté asegura que existe un vínculo evidente entre la amistad, como proyecto político, y los postulados que defiende su formación: feminismo, internacionalismo, humanismo global y colectivismo ecológico. La autora también es copresidenta del Instituto La Boétie, el think tank que sirve a la vez como laboratorio de ideas y como centro para formar a los futuros miembros del partido insumiso. En este rol es, además, una de las principales arquitectas del programa.

El debate que pone sobre la mesa LFI forma parte de un corpus ideológico más amplio, que Jean-Luc Mélenchon y su formación han ido construyendo a lo largo de los años y de las diferentes candidaturas presidenciales. La agregación de propuestas en diferentes campos da como resultado un programa político completo, bajo el concepto de “la nueva Francia”, con el que el líder insumiso se refiere a la vez a los cambios sociales, económicos y culturales de la población francesa.

Varias realidades, distintas aunque relacionadas, han convivido a lo largo de este fin de semana en París y en varias de las principales ciudades de Francia. Manifestaciones pacíficas y disturbios se desarrollaron en las mismas calles, a veces a sólo unos metros, para dar forma a una de las jornadas de protestas más violentas de los últimos años, que recordó el estallido de violencia del 1 de diciembre de 2018, el llamado tercer acto del movimiento de los chalecos amarillos, durante el cual se dañó el Arco del Triunfo.

Este domingo, 24 horas después de las imágenes de violencia en varias ciudades de Francia, el presidente Emmanuel Macron se ha dirigido a los franceses en un mensaje en el que ha denunciado las acciones de “facciosos pertenecientes a grupúsculos de ultraizquierda, a los que se sumaron numerosos delincuentes”.

“Se han saqueado comercios y se han atacado edificios públicos, tiendas y ayuntamientos. Al ver las imágenes, todos nos hemos preguntado cómo pueden unos franceses hacerle esto a Francia [...] Nada lo justifica, nada lo explica, nada lo excusa”, ha proclamado en un mensaje en vídeo grabado desde el Elíseo y hecho público a las 20.00 horas.

El jefe de Estado francés, que el lunes partirá en visita oficial a varios países del golfo Pérsico no anunció medidas especiales, aunque evocó una mejor colaboración entre las prefecturas y los ayuntamientos “para proteger nuestras ciudades, nuestros edificios públicos y nuestros comercios”, que podrían llegar a la prohibición de “determinadas concentraciones” y la adopción de “todas las medidas necesarias”.

Macron también hizo un llamamiento a los partidos políticos y a las organizaciones profesionales y sindicales para que “condenen sin ambigüedades toda forma de violencia y hagan un llamamiento a la calma”, tras los destrozos ocurridos en la capital y varias ciudades.

Además, el presidente ha rechazado la dimisión del ministro del Interior, Laurent Nuñez, tras los disturbios y le ha pedido que despliegue cuanto antes nuevos métodos de intervención contra los grupos violentos, ha informado este lunes el Elíseo. La Presidencia francesa justifica la decisión por la necesidad de garantizar la continuidad del mando de las fuerzas de seguridad en el actual contexto de tensión. “Dada la necesidad de mantener el mando de las fuerzas del orden en el contexto actual, el presidente de la República rechazó” la renuncia de Nuñez, indica el Elíseo.

En una entrevista en France Inter, Nuñez explicó que había presentado su dimisión a Macron alegando que es “el responsable de todo lo que está ocurriendo”.

En París, en el barrio que rodea la Ópera Garnier, las primeras tensiones comenzaron a última hora de la mañana del sábado. Antes se habían producido los primeros cacheos y detenciones. La plaza de la Ópera era uno de los puntos de encuentro que circulaban por los grupos de mensajería de los manifestantes en los días previos. Por eso las fuerzas del orden impedían cualquier concentración en sus inmediaciones.

Todo el acceso al centro de la ciudad había quedado prohibido para las manifestaciones, a las que se obligó a modificar su recorrido. Desde dentro de los cafés y restaurantes de las calles cercanas, los clientes comenzaron a ver las carreras de grupos de jóvenes y persecuciones de la brigada motorizada BRAV-M. La policía quiso alejarles todo lo posible de los centros de poder (Asamblea, Elíseo, Matignon) que eran el objetivo declarado de una parte los manifestantes. Algo que se intentó en 2018, en varias de las manifestaciones de los chalecos amarillos.

También a última hora de la mañana, las manifestaciones oficiales comenzaban a agruparse en la plaza de la República. La policía dispersó a varios grupos con granadas lacrimógenas y varias cargas en los alrededores. Al mismo tiempo, grupos violentos produjeron los primeros destrozos en el mobiliario urbano e incendios en varios puntos de la plaza, que sería uno de los focos de la violencia en la capital a lo largo de toda la jornada.

Manifestaciones improvisadas

Pese a esos primeros enfrentamientos, las dos manifestaciones oficiales —numerosas y pacíficas— pudieron agruparse y partieron a primera hora de la tarde. Una en dirección a la plaza de Clichy en el norte, la otra hacia la plaza de la Nación en el este.

Pero no todos los manifestantes se unieron a esos cortejos. En ese momento en la ciudad se pusieron en marcha varias dinámicas: las calles cercanas a esa misma plaza de la República se llenaron de jóvenes que improvisaron sus propias manifestaciones, algunos simplemente deambulaban entre los diferentes puntos de manifestación, tanto los dos oficiales, como los improvisados.

Manifestarse fuera de los itinerarios aprobados se convirtió en una forma adicional de protesta. “Esto es lo que pasa cuando no se permite manifestar, cuando el gobierno no escucha y reprime”, explicaba un grupo de estudiantes de enfermería, que acudió a manifestarse en sus batas blancas.

Con multitud de pancartas, cánticos, disfraces y performances, la mayoría de los jóvenes habían salido a expresarse y a ser escuchados. Sus reivindicaciones eran múltiples: las condiciones materiales del sistema educativo estaban presentes en muchas de las pancartas, así como una inquietud general por su futuro, ante las crisis climáticas y económicas. También la respuesta policial a los bloqueos de institutos, considerada como represiva y desproporcionada.

Poco después de que comenzaran los cortejos oficiales, uno de los improvisados bajaba la calle des Archives en dirección al barrio del Marais, sin destino aparente. Un centenar de manifestantes coreaban: “la juventud manda a la mierda al Frente Nacional (La jeunesse emmerde le Front national)” y “todo el mundo detesta a la policía (tout le monde déteste la police)”.

En las mismas calles se veían también grupos de chicos, de entre quince y veinte años, sin pancartas, vestidos en su mayoría con chándal oscuro, con gafas de buceo o de construcción, algunos con cascos. Todos con el rostro totalmente cubierto, pese a que la prefectura de París (dependiente del ministerio del Interior) lo había prohibido.

Pequeños grupos similares aparecen en las imágenes que hoy dan la vuelta al mundo junto a otros que llevan chalecos amarillos, en los vídeos de los mayores enfrentamientos en París y el resto de ciudades.

En la calle de Bretagne, una de las cercanas a la plaza de la República, dos chicos vestidos de negro trataron de comenzar a erigir una barricada cerca de un cruce donde estaban agrupados los policías, apilando las bicicletas eléctricas de libre servicio. A sólo unos metros de allí, dos jóvenes habían puesto una mesa y sillas en medio de la carretera y jugaban al ajedrez.

La identidad y la afiliación política de los autores de las violencias ya es —y continuará siendo en las próximas semanas— objeto de especulaciones y acusaciones cruzadas. El Gobierno señala a “la ultraizquierda” y, a través de ella, al partido Francia Insumisa (LFI). Mientras el líder de este partido, Jean-Luc Mélenchon, que participó en una de las marchas pacíficas del sábado, respondió que es el Gobierno el culpable de haber “organizado el desorden”.

Mundos distintos

En todo caso, el sábado en las calles de París se dibujaron extrañas escenas de mundos distintos coexistiendo sin apenas interactuar. Los jóvenes manifestantes atravesaban el barrio del Marais que, por lo demás, ofrecía la misma estampa de cualquier sábado. Terrazas llenas, turistas y colas en las pastelerías. En la calle Des Archives esta tranquilidad fue perturbada brevemente cuando los transeúntes tuvieron que pegarse a los muros al ver aparecer un pequeño grupo de antidisturbios corriendo calle arriba.

A 50 metros de allí, delante del museo Picasso, una pareja de japoneses giraba sobre sí mismos, nariz pegada a la pantalla del móvil, tratando de orientarse para encontrar el punto de recogida de su Uber. Una pequeña marcha de una veintena de jóvenes pasó por delante, enarbolando sus pancartas y con Manu Chao sonando en la megafonía.

En la calle de Quatre Fils, otros dos turistas anglosajones pasaban con bolsas de ropa en dirección a la calle de Bretagne, buscando una cafetería, sin ver que al final de la calle se elevaba una espesa columna de humo, que marcaba la ubicación de enfrentamientos entre policía y manifestantes que en ese momento comenzaba en los alrededores del bulevar Sebastopol. Allí se produjeron durante la tarde algunos de los primeros pillajes de comercios.

Una violencia que contrastó con el aire festivo que la mayor parte de los jóvenes quisieron darle a la jornada, apoyados por charangas o música en altavoces. También contrastó con la tranquilidad en las que se desarrollaron las dos manifestaciones oficiales.

En el cercano bulevar Voltaire, que sí formaba parte del itinerario oficial, una chica enarbolaba una pancarta reclamando “medios de comunicación que estén a la altura, por favor”. Ya antes del sábado los jóvenes sentían que la cobertura mediática —y las cifras les daban la razón— estaba girando de manera desproporcionada en torno al vandalismo, en detrimento de sus reivindicaciones. Una tendencia que es probable que se amplifique después de los hechos del sábado.

A pocos metros de ahí una veintena de manifestantes en bicicleta se cruzaba con otra marcha improvisada de un centenar de personas. Era parte de la que debía llegar a la plaza de la Nación, pero decidieron desviarse por una de las calles laterales. Los manifestantes coreaban, entre otras cosas, “ACAB, ACAB [All cops are bastards]”.

Macron y el Gobierno

Además de la policía y el ministro de Educación, muchas de las pancartas apuntan a un responsable: Emmanuel Macron. “En nueve años, por el Ministerio de Educación han pasado ocho ministros, a Macron la educación es algo que le da igual”, se queja un adolescente, con una pancarta en la que reclama el fin de la Francia de Macron. “Y no sólo es la educación, es todo, por eso hemos salido a la calle, y por eso están en la calle los chalecos amarillos”.

A última hora del día en París el número y la dispersión de los manifestantes desbordó a la policía que se concentraba en mantener el control de las plazas. República, Vendôme, Madeleine, Bastilla... las imágenes de enfrentamientos se multiplicaron. En un momento dado, los manifestantes violentos llegaron a unos centenares de metros del Elíseo.

Sin policía, muchos de los comercios del centro y de los Campos Elíseos sufrieron el pillaje de grupos de jóvenes. El alcalde de París, Emmanuel Grégoire, habla de “calles enteras devastadas” y un balance de daños materiales que será “grave”.

El Gobierno ha cifrado el número de manifestantes en 550.000, con unas 2.000 personas detenidas y unos 600 policías y gendarmes heridos. Los organizadores elevan el número de participantes a 800.000. En Burdeos, la residencia de la prefecta del departamento (equivalente al delegado de Gobierno en España) fue saqueada y tuvo que intervenir una unidad de élite de la policía. En Lyon, donde no había ninguna manifestación declarada, grupos violentos incendiaron la oficina de turismo. En Limoges ardió el Ayuntamiento. El de Marsella fue saqueado.

Diferentes voces reprochan al Gobierno haber subestimado la amplitud de las protestas. El primer ministro, Sébastien Lecornu, compareció al final del sábado, en el centro operativo de la Prefectura de Policía de París, acompañado por el ministro del Interior, Laurent Nuñez. “Los centros de poder de París han sido el blanco de los ataques: el Elíseo, Matignon y la Asamblea Nacional, por lo tanto, está claro que se trata de una maniobra política”, declaró. “No nos dejaremos intimidar”, aseguró.

Las imágenes de Bally Bagayoko interponiéndose entre los manifestantes y las fuerzas del orden durante una protesta en París el 6 de octubre han dado la vuelta al mundo. El alcalde de Saint-Denis, miembro del partido Francia Insumisa (LFI), es uno de los políticos que más decididamente ha mostrado su apoyo a los jóvenes movilizados estas últimas semanas en Francia, una postura que le ha valido el agradecimiento de muchos jóvenes y las críticas de varios partidos políticos.

Desde los primeros días de una movilización que precisamente surgió en la banlieue parisina, Bagayoko acudió al instituto Paul-Éluard de su ciudad para apoyar las reivindicaciones. “Es el deber de un representante político estar presente aquí, […] como, por cierto, ya estuve en otras grandes movilizaciones en defensa del servicio público”, explicó entonces.

Desde hace semanas, los alumnos de secundaria de todo el país protestan sobre las deficiencias del sistema educativo: el estado de los edificios, de las aulas, las ausencias de profesores que no se sustituyen, los horarios poco adaptados a sus necesidades y la plataforma de selección para el acceso a la educación superior (Parcoursup), que ven como multiplicador de desigualdades.

A estas reivindicaciones iniciales se ha sumado la indignación por la respuesta policial, que ha dejado a varios adolescentes con heridas de gravedad (causadas, según los primeros indicios, por un lanzador de balas de defensa, la explosión de una granada aturdidora y un lanzagranadas de gas lacrimógeno).

Tras los incidentes violentos en las primeras manifestaciones, padres y profesores, así como algunos políticos locales y diputados, incluido Bagayoko, se sumaron y animaron a otros a hacer lo mismo para interponerse entre los jóvenes y los agentes, evitar situaciones de tensión y proteger a los adolescentes.

Desde entonces, el alcalde de Saint-Denis es recibido con ovaciones por los jóvenes (y ha sido felicitado también por la estrella de la NBA Victor Wembanyama) en las manifestaciones o en los bloqueos, aunque los estudiantes subrayan que su movimiento no tiene nada que ver con ningún partido. Y el propio Bagayoko ha dejado claro en varias ocasiones su voluntad de no desviar el debate “de las reivindicaciones de nuestra juventud”.

Una visión que no comparte el Gobierno francés, que denuncia una manipulación de los jóvenes por parte de LFI y de “la ultraizquierda”, a los que acusa de promover la violencia. El Ejecutivo ha hecho hincapié, desde un principio, en los actos violentos que se han producido al margen de ciertas movilizaciones, que el ministro del Interior ha calificado de “violencias urbanas”.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, denunció en la red social X una “escalada irresponsable” por parte de los miembros de LFI, al “pedir ampliar” el movimiento de bloqueo de los institutos. El líder de LFI, Jean-Luc Mélenchon, respondió acusando al Ejecutivo de haber “ordenado la represión” contra los estudiantes.

Bally Bagayoko también forma parte de los líderes señalados por las autoridades nacionales como “instigadores”. El prefecto de policía de París, Patrice Faure (dependiente del ministerio del Interior) ha presentado una denuncia contra él por “presuntos hechos de incitación a cometer un delito”. La presidenta de la región parisina, la conservadora Valerie Pécresse, declaró que “le enviará la factura de la puerta de entrada” del instituto Paul-Éluard, dañada por los manifestantes.

Para Bagayoko las fuerzas del orden “son las que han cometido actos de violencia”, según defendió hace unos días en el canal de noticias público Franceinfo. “Yo mismo he sido rociado con gas lacrimógeno”, señaló, haciendo un llamamiento a la calma y pidiendo a las autoridades nacionales que hagan lo mismo. “Calmar también significa (…) dar instrucciones precisas a la policía nacional”, añadió.

Objetivo de medios de extrema derecha

Pese a este mensaje de calma, las cadenas de noticias de derecha y extrema derecha emiten en bucle imágenes de las cargas, de actos de vandalismo contra establecimientos escolares y de violencia contra policías y funcionarios de la educación pública. Y no dudan en vincular al alcalde de Saint-Denis y otros miembros de LFI con los actos de violencia, aunque ocurran en ciudades en los que no están presentes.

Bagayoko se ha convertido en uno de los objetivos habituales de los ataques de estos medios desde su irrupción en la política nacional la pasada primavera. En las últimas municipales fue elegido con una contundente victoria en la primera vuelta y se convirtió en el primer alcalde de LFI en conquistar un ayuntamiento de más de 100.000 habitantes.

Su victoria fue recibida con una oleada de racismo, en particular en el principal canal de noticias conservador francés, CNEWS, propiedad del millonario Vincent Bolloré. Uno de los tertulianos de la cadena, Jean Doridot, creyó conveniente explicar a los espectadores que los homo sapiens son “mamíferos sociales”. “Pertenecemos a la familia de los grandes simios. Y, por lo tanto, en toda comunidad, en toda tribu —nuestros antepasados cazadores-recolectores vivían en tribus—, hay un líder cuya misión es imponer su autoridad”.

En la misma línea el filósofo Michel Onfray también decidió entrar en el ámbito de la antropología y las ciencias naturales para valorar la victoria de Bagayoko. Le atribuyó una actitud de “macho dominante” por haber pedido a sus ciudadanos “lealtad” para ejercer su nueva función. “Eso es algo muy tribal”, apuntó Onfray. “No estamos en una tribu primitiva, como las describe Darwin, en las que hay un macho dominante que decide ‘tú tendrás comida, tú no tendrás comida; yo me quedaré con las hembras, tú no tendrás hembras’”.

Las secuencias fueron denunciadas públicamente por los partidos políticos de izquierda y de centro. Francia Insumisa ha pedido la retirada de la licencia de emisión a CNews. El Gobierno además remitió el caso a la Fiscalía, que abrió dos investigaciones: una por “injurias públicas” de carácter racista y una segunda relativa al ciberacoso del que fue víctima Bagayoko en la red social X.

No hubo condena pública ni por parte de Los Republicanos ni por parte de la extrema derecha. CNews negó cualquier tinte racista en las intervenciones y trató de presentarse como víctima de intentos de censura. La polémica no impidió que el periodista Vincent Hervouet afirmara unas semanas después en el mismo canal que “Francia perdió Mali, pero nosotros tenemos a Bally Bagayoko, un alcalde maliense en Francia”.

Contra el racismo

Ante los ataques racistas de los que fue objeto desde su elección, Bagayoko mostró su voluntad de utilizar la atención y la indignación para hacer avanzar “la madre de todas las luchas: la lucha contra el racismo”. Apoyado por su partido y por una buena parte del mundo asociativo, reunió una gran manifestación contra el racismo en su ciudad a principios de abril.

Ya entonces quiso poner en el centro de la escena a “la juventud” local, al dar la palabra a estudiantes de secundaria y a jóvenes activistas. De hecho, desde su llegada a la alcaldía, Bagayoko repitió su voluntad de “abordar los problemas [sociales] desde el origen”, “acompañando a los jóvenes” y “luchando contra la exclusión escolar”, al tiempo que denunciaba la falta de la implicación de las autoridades regionales y nacionales, de las que dependen los presupuestos en la materia.

A pesar de la notoriedad de la que goza en Francia desde este año (y, en estas últimas semanas, a nivel internacional) Bagayoko no es un recién llegado a la política. Nacido en Levallois-Perret, en las afueras de París, en 1973, cuenta con un título de estudios superiores en Geopolítica obtenido en la Universidad París-VIII, ya llevaba años moviéndose en el ámbito asociativo cuando el alcalde comunista de Saint-Denis Patrick Braouezec (1991-2004) le propuso incorporarse al Ayuntamiento, donde ocupó el cargo de teniente de alcalde entre 2001 y 2020.

Durante ese periodo, en paralelo, obtuvo un puesto remunerado en la Administración Autónoma de Transportes Parisinos, una acumulación de cargos cuya legalidad han puesto en entredicho informaciones aparecidas en el diario Le Canard Enchâiné, que han dado pie a una investigación judicial.

Hace más o menos una década, sus relaciones con el PCF se deterioraron y Bagayoko comenzó a acercarse a LFI, que por entonces había iniciado un trabajo de implantación electoral en las banlieues, reclutando militantes antirracistas y dando un mayor protagonismo a la lucha contra la islamofobia, las denuncias de las violencias policiales y la falta de servicios públicos.

No obstante, Bagayoko no forma parte de la plana mayor del partido que rodea a Jean-Luc Mélenchon y reivindica una cierta independencia ante la dirección. Consciente de la importancia simbólica de una alcaldía como Saint-Denis, desde el ayuntamiento de este municipio espera hacer oír su voz en la campaña presidencial de 2027.

De todos los candidatos declarados para las próximas elecciones presidenciales francesas, Marine Tondelier fue sin duda una de las más activas durante el pasado verano. Presente en el gran mercadillo de Lille, en la feria agrícola de Châlons-en-Champagne o en el debate económico organizado por la principal organización patronal —compartiendo escenario con Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon o Édouard Philippe—, la líder ecologista ha encadenado a buen ritmo los desplazamientos y su presencia en los medios de comunicación.

“¿Acaso pensabais que me iba a perder la Fiesta de l’Huma? Incluso a solo unos pocos días de dar a luz, no iba a perderme ese paréntesis mágico de un fin de semana para los que somos de izquierdas y ecologistas”, anunciaba en un mensaje en la víspera de las jornadas que organiza el diario L'Humanité desde 1930, una de las grandes reuniones informales de la izquierda francesa, paso obligado para los representantes de los partidos progresistas.

Tondelier se ha convertido en pionera en conciliar una campaña presidencial y un embarazo y pretende ser también la primera en hacerlo con un recién nacido (dio a luz el pasado 18 de septiembre). En julio, en su séptimo mes de embarazo, la secretaria nacional de Los Ecologistas realizó un Tour de Francia en furgoneta eléctrica de 24 etapas.

La líder ecologista anunció a finales de marzo que estaba embarazada de su segundo hijo, un “bebé milagro”, dijo, que llega tras un aborto espontáneo y un recorrido infructuoso de reproducción asistida y fecundación in vitro. Un embarazo y una maternidad no planeados que no le impedirá continuar la campaña —“siempre que sea razonable”— y que le permiten poner en primera línea “temas relacionados con la salud de la mujer, la salud reproductiva, la lucha contra la infertilidad, el acceso a la reproducción asistida y al diagnóstico genético preimplantacional [técnica de laboratorio que se realiza durante un proceso de fecundación in vitro para analizar las células de los embriones antes de transferirlos al útero]”, al que acudió en Bélgica por estar prohibido en Francia.

La secretaria nacional de Los Ecologistas es consciente de que su voz tiene peso en el espacio público y pretende hacerla oír. Especialmente en un año electoral. Tondelier fue una de las artesanas del Nuevo Frente Popular, acuerdo entre las cuatro grandes formaciones progresistas francesas de cara a las elecciones legislativas de 2024 y ahora, para las presidenciales, sigue reclamando alianzas.

Primarias frustradas

La líder verde abogaba por la celebración de unas primarias de toda la izquierda (aunque sin Jean-Luc Mélenchon, que desde el principio ha rechazado cualquier proceso de este tipo). Pero, en julio, los militantes del Partido Socialista, consultados por la dirección, frustraron las esperanzas de los partidarios de la unión.

La militancia del PS prefirió un voto interno (que tendrá lugar en octubre) sólo abierto a miembros del partido y de formaciones asociadas, incluida Place Publique, el movimiento del eurodiputado Raphaël Glucksmann. Con el apoyo de buena parte del aparato socialista, Glucksmann es favorito para ganar. Su principal rival es el actual secretario general del PS, el diputado Olivier Faure, que sí era partidario de unas grandes primarias progresistas y que defiende futuros pactos con Francia Insumisa (LFI), especialmente de cara a las elecciones legislativas.

También compite la exministra y excandidata Ségolène Royal. Una ausencia notable es la de François Hollande, que se ha desvinculado del proceso y que intenta hacer prosperar una nueva candidatura presidencial, aunque sea fuera del partido socialista.

Por ahora, en las encuestas para las presidenciales, Glucksmann es el único candidato que emerge como posible rival de Mélenchon (aunque varios puntos por detrás) en la izquierda. Y en ese intento de plantar cara al líder de Francia Insumisa, el posible apoyo de Tondelier y Los Ecologistas supondría un espaldarazo importante.

Porque aunque Marine Tondelier sigue siendo aspirante a las presidenciales, también repite que, pase lo que pase, ella no será responsable de “hacer ganar al Frente Nacional [hoy Agrupación Nacional]”, indicando así una posible retirada y alianza con otro candidato progresista mejor situado en las encuestas. En el partido verde ya aparecen las primeras divisiones serias entre los que abogan por el apoyo a un candidato socialdemócrata o la unión con Jean-Luc Mélenchon.

Dos líneas irreconciliables

Algunos, como Yannick Jadot, senador y candidato ecologista a las presidenciales en 2022, ya se muestran en público junto a Glucksmann y abogan por una unión de socialistas y ecologistas detrás del eurodiputado. “Estoy convencido de que Raphaël Glucksmann es el candidato más adecuado para conciliar las necesidades de justicia social, el imperativo ecológico, la democracia y Europa, y de que puede ganar estas elecciones presidenciales”, afirmó hace unos días en la emisora France Inter. Un apoyo que ha llevado a Los Ecologistas a suspender de militancia a Jadot.

En el lado contrario, una corriente defendida por la diputada de París Sandrine Rousseau, que reclama un proceso de democracia interna que “conduzca a conversaciones y una alianza con Francia Insumisa”. Partidaria del ecofeminismo y reacia a la corriente moderada que encarna Glucksmann, Rousseau señala el avance en las encuestas de Mélenchon, que en 2022 se quedó a sólo 420.000 votos de acceder a la segunda vuelta.

También subraya el lugar prioritario de la ecología en el programa insumiso, con una proposición de reorganización territorial en 'ecorregiones' y la planificación ecológica como uno de los ejes de actuación.

De momento, Tondelier mantiene su voluntad de seguir en campaña y continúa reclamando una unión imposible, en vista de la fuerte rivalidad y las diferencias que existen entre socialistas e insumisos. A mediados de agosto dirigió una carta abierta a líderes de los distintos partidos de izquierda, proponiéndoles conversaciones bilaterales. “Los Ecologistas están dispuestos a trabajar, a debatir y a construir un proyecto común. ¿Lo estáis vosotros también?”, escribió.

“Un nuevo ciclo de reuniones, de palabrería, sin objeto, sin contenido, sin candidatura, sin programa”, respondió el coordinador de LFI Manuel Bompard. “Si los ecologistas y los comunistas quieren comprometerse a apoyar y participar en la campaña de Jean-Luc Mélenchon, son bienvenidos, la puerta está abierta, pero con claridad, cohesión y coherencia”.

Acuerdo para el Senado

Bompard no olvida que, en abril, Tondelier no respondió a su oferta de “una nueva alianza popular” en torno a Jean-Luc Mélenchon, con un acuerdo programático y sobre “las candidaturas a las elecciones al Senado y a las legislativas”. Recientemente, LFI también ha criticado con dureza los acuerdos entre el PS y Los Ecologistas para las elecciones parciales al Senado, que se celebraron el pasado domingo.

“Si la línea de la dirección es aliarse con el ala derecha del PS, que lo asuman”, denunció recientemente Sandrine Rousseau en una entrevista a Libération días después de la publicación de la carta de Marine Tondelier, con la que siempre ha sido muy crítica. “Debemos negociar con LFI porque tienen un proyecto político de ruptura con este sistema que nos pone en riesgo mortal”, advirtió Rousseau.

En este contexto, para resolver la difícil ecuación del partido verde, que en el último ciclo electoral no ha obtenido los resultados esperados, Tondelier se remite a la democracia interna. “Tengo una confianza infinita en este partido y estoy orgullosa de que sea el más democrático de Francia, donde decidimos todos juntos. Por eso la decisión será acertada, porque la habremos tomado juntos”, afirmaba hace unos días Tondelier. “Hoy no hay una mayoría para ir ni hacia un lado [LFI] ni hacia el otro [PS], así pues, nuestra labor consiste en trazar ese camino hacia la victoria, en decir, si vamos a formar parte de una aventura, ¿para qué servimos?, ¿con qué fin?, ¿con qué proyecto y hasta dónde queremos llegar?”.

El 21 de septiembre, mediante una votación en un consejo federal del partido —particularmente agitado, según los testimonios de los participantes— Los Ecologistas aprobaron la convocatoria de un referéndum interno, entre el 10 y 13 de diciembre. Esa será la fecha límite para decidir su estrategia de cara a las elecciones presidenciales de 2027: mantener hasta el final una candidatura propia o retirarse en favor de otro candidato.

Jordan Bardella no parecía especialmente contento el día de su trigésimo primer cumpleaños, a mediados de septiembre. En la localidad de Hénin-Beaumont, feudo electoral de la extrema derecha francesa, el joven presidente de Agrupación Nacional (RN) asistió en primera fila, con gesto serio y sin tomar la palabra, al primer gran mitin de Marine Le Pen en este curso político, que estará marcado por las elecciones presidenciales que tendrán lugar en Francia los próximos 18 de abril y 2 de mayo.

La decisión del pasado 7 de julio, cuando el Tribunal de Apelación redujo la inhabilitación a la que fue condenada Le Pen en el caso de malversación de fondos del Parlamento Europeo, abrió la puerta a una nueva candidatura de la líder de Agrupación Nacional y relegó a Bardella —que ya se preparaba para ser aspirante presidencial— a volver a su papel de delfín, a la sombra de la líder del partido.

Horas después de conocerse la modificación de las penas, Le Pen anunció su intención de relanzar su candidatura, aunque eso suponga acabar la campaña con un brazalete electrónico, en caso de que el tribunal de casación confirme la sentencia en los próximos meses. Entre tanto, los medios de comunicación franceses, si bien consideran improbable una ruptura entre ambos, se preguntan dónde encaja Bardella en la próxima campaña de Le Pen.

Y los primeros movimientos no han contribuido a despejar las dudas. Descartada la posibilidad de una candidatura propia, los guiños de Bardella en los últimos meses para llevar al partido hacia una política más liberal y más compatible con la derecha tradicional se han frenado en seco. El financiero François Durvye, que había ganado peso en el entorno de Bardella y de Le Pen como mediador ante los grandes empresarios, abandonó de manera repentina la campaña.

Durante un tiempo, Marine Le Pen afirmaba que Bardella sería “su primer ministro” en caso de llegar al poder, algo que no ha repetido en los últimos meses. Sobre la reforma de las pensiones, sobre los impuestos, sobre la prohibición del velo islámico o sobre la ayuda a Ucrania, las diferencias entre Bardella y los lugartenientes más fieles de Marine Le Pen son evidentes.

Y si el partido se felicita de las excelentes perspectivas que tiene en las encuestas de cara a la primera vuelta de las presidenciales, los desacuerdos con Bardella —que sigue gozando de gran popularidad, en particular entre el electorado joven— amenazan con crispar la campaña de Le Pen.

De entrada, el discurso del pasado día 13 en Hénin-Beaumont parece querer marcar una vuelta a algunos de los principios fundamentales de la línea populista de Le Pen. En particular, la llamada prioridad nacional, como respuesta a la mayor parte de los males del país, especialmente la crisis de vivienda.

Diferencias sobre la jubilación, el velo y Ucrania

Bardella, que tomó el relevo de Le Pen como presidente del partido ultra en 2022, ya se había desmarcado en los últimos meses de la línea oficial de la formación respecto a las pensiones y la política fiscal. Le Pen defiende la anulación progresiva de la reforma aprobada en 2023 y la vuelta a los 62 años; Bardella, por su parte, ha declarado que la idea de una edad legal no tiene sentido y es el único en el partido que defiende introducir la capitalización en el sistema.

“Es natural que cada uno tenga su propia personalidad; a veces tenemos sensibilidades, palabras o formulaciones que pueden diferir”, trató de relativizar hace unas semanas en declaraciones a la emisora BFM-TV. Pero en las últimas semanas otro episodio ha subrayado las divergencias entre ambos: una enésima polémica sobre la prohibición del velo islámico.

Según reveló el semanario L’Express, el eurodiputado y joven presidente de RN cree que la medida es un lastre electoral, que les aleja de los votantes moderados y que la prohibición es inaplicable. Y así lo declaró en varias reuniones de preparación del programa electoral (en público ha declarado que “ser la policía de la moda” no es el papel del Estado).

Le Pen, por su parte, afirma en público que el velo es un instrumento de “sumisión” de la mujer y, en privado, mantiene que abandonar otro de sus principios fundamentales sería políticamente costoso: en los últimos años, ya se han eliminado del programa la salida de la Unión Europea y del euro, el restablecimiento de la pena de muerte y la jubilación a los 60 años.

Según la prensa francesa, las reuniones preparatorias se zanjaron con una decisión salomónica: la prohibición del velo en los espacios públicos se mantiene en el programa, pero solo se propondrá en un referéndum —que muchos expertos consideran irrealizable en el actual marco constitucional— a mediados del mandato.

Un equilibrio que rompió el pasado 30 de agosto uno de los lugartenientes de Le Pen más fieles a la línea populista del partido, el diputado Jean-Philippe Tanguy: “Sancionaremos el uso del velo en solidaridad con todas las mujeres. Se les impondrá una multa, así de sencillo. Está decidido”, afirmó en una intervención en televisión.

El regreso de Marion Maréchal

Bardella y su entorno están viendo que, más allá de las pequeñas humillaciones políticas, se les va apartando del primer círculo de Marine Le Pen. Siguiendo la tradición histórica del partido fundado por Jean-Marie Le Pen, su hija ha reorganizado el estado mayor de la campaña para estar rodeada de familiares directos, en particular sus hermanas, las parejas de éstas y sus sobrinas.

El retorno a ese círculo de Marion Maréchal, cuatro años después de haber abandonado el partido familiar para aliarse de manera efímera con Éric Zemmour, habría molestado especialmente a Jordan Bardella. Según el periódico Libération, hace unas semanas Marine Le Pen le anunció su decisión de dar más visibilidad a Maréchal, comenzando por uno de los actos de inicio de curso político del partido. Visiblemente enfadado, el presidente de RN habría abandonado la sala advirtiendo “C’est elle ou moi [es ella o yo]”.

Otro de los pesos pesados del partido hostil a Bardella y que gana peso en la nueva configuración es el alcalde de Perpiñán, Louis Aliot (que fue pareja oficial de Marine Le Pen hasta 2019). Aliot ha sido el elegido para reafirmar otro elemento de la línea lepenista sobre el que en los últimos años había cierta ambigüedad, la hostilidad hacia el apoyo a Ucrania. “Varios países, entre ellos Francia, mantienen [sobre Rusia] una presión que nos está costando cara. Y ya no disponemos de los medios”, insistía hace unos días en BFM-TV, afirmando que si llegan al poder “le cortarán el grifo” a Ucrania.

A pesar de que los votos de Bardella y los otros eurodiputados del partido lepenista son generalmente favorables a los intereses de Rusia, en sus declaraciones, tanto Bardella como los diputados cercanos a él habían intentado distanciarse de la postura tradicional de apoyo a Putin.

En un primer momento, Bardella afirmó no estar al tanto de las declaraciones de Aliot. Posteriormente, en una rueda de prensa al lado de Nigel Farage, el presidente de RN trató de matizar las posturas y aseguró que Francia “seguirá respetando sus compromisos internacionales”, pero que está “arruinada” y no podrá financiar la guerra “indefinidamente”.

Fiasco en Inglaterra

Precisamente, el viaje de Bardella a Birmingham para reunirse con Nigel Farage marcó otro serio revés para su imagen. Ambos escenificaron la firma de un protocolo de acuerdo —pese a que ninguno de los dos ostenta ningún cargo gubernamental— que, en caso de victoria de ambos en las futuras elecciones nacionales de Francia y Reino Unido, debería redefinir la gestión de los migrantes que crucen el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones.

La imagen de Farage y Bardella, en el escenario, firmando un documento en formato XXL en francés e inglés fue reproducida en todos los medios de comunicación franceses. “El Reino Unido interceptará las embarcaciones que partan de las costas francesas y entren en aguas territoriales británicas y devolverá a Francia a las personas que se encuentren a bordo”, lee el líder de Reform UK antes de firmar, ante la ovación de la sala y la mirada fija de un Bardella cuyo gesto no deja claro si está entendiendo lo que acaba de oír.

Unos días después un equipo de la televisión pública francesa comparó los dos documentos, en francés e inglés: en la versión inglesa había una pequeña frase que no figuraba en la francesa y es “Francia aceptará habitualmente a estas personas”. Los medios franceses se interrogan sobre si Bardella fue engañado por Reform UK a través de la traducción.

La derecha francesa acusó al partido lepenista de renunciar a sus principios, acogiendo migrantes de otros países, mientras la izquierda criticaba la incompetencia y el hecho de pactar con el partido del Brexit. Algunos miembros de RN trataron de quitar hierro al episodio afirmando que era “simbólico” y no vinculante. Preguntada al respecto, Marine Le Pen optó por no defender a Bardella y guardó silencio. “Hablaré de ello cuando me decida a hacerlo, dentro de poco”.

El Consejo Constitucional francés ha anulado este viernes la prohibición del uso de las redes sociales a los menores de 15 años, al considerar que esta medida supone “una restricción desproporcionada” de su libertad de expresión. La prohibición figuraba en el artículo primero de la ley destinada a proteger a los menores de los riesgos en las redes sociales, aprobada en julio con el apoyo de los partidos franceses de centro, derecha y extrema derecha.

La autoridad constitucional se ha pronunciado en respuesta a un recurso interpuesto en el momento de su aprobación por diputados de Francia Insumisa, socialistas y ecologistas. En su dictamen, el Consejo reconoce “la exigencia de proteger el interés superior del menor”, pero señala que una prohibición tan amplia “podría aplicarse a servicios de comunicación en línea cuyos riesgos para la salud y la seguridad de los menores (…) no están demostrados”.

Aunque la ley preveía algunas excepciones, en particular para las enciclopedias en línea y los repertorios educativos o científicos, estas siguen siendo demasiado “limitadas”, a ojos del Consejo Constitucional. “Al no haber determinado las condiciones y los límites en los que deberá justificarse dicha excepción, el legislador no ha previsto las garantías legales necesarias para asegurar el cumplimiento de estos requisitos constitucionales”.

La prohibición de las redes sociales a los menores de 15 años responde a un compromiso del presidente Emmanuel Macron y es una de las escasas medidas de calado de su segundo mandato. Fue aprobada en la Asamblea Nacional el 21 de julio –con 279 votos a favor y 8 en contra– y el presidente había pedido al Ejecutivo que hiciera todo lo posible para su entrada en vigor en septiembre, al inicio del curso escolar.

Macron pide una nueva redacción

Tras el anuncio del Consejo Constitucional, el presidente francés asumió que no será posible cumplir su plazo y encargó al primer ministro, Sébastien Lecornu, “una [nueva] redacción jurídicamente sólida” del artículo censurado, “lo antes posible”.

El nuevo texto deberá “tener en cuenta la decisión del Consejo Constitucional, así como el marco europeo”, explicó el Elíseo en un comunicado este viernes, añadiendo que “la determinación” del jefe de Estado “sigue siendo total” para llevar a buen puerto esta reforma “de aquí a la primavera de 2027”.

El actual Gobierno había respaldado la ley —que nació de una proposición parlamentaria iniciada por una diputada macronista— y había afirmado su voluntad de querer proteger mejor a los más jóvenes de los efectos nocivos derivados del uso de las plataformas, una medida que habían reclamado numerosas asociaciones de defensa de la infancia y con un fuerte apoyo en las encuestas.

Según un estudio publicado en julio por el Arcom, el organismo regulador del sector audiovisual y digital francés, más de dos tercios de los menores de entre 10 y 14 años están también a favor de esta prohibición.

El texto de la ley había sido objeto de múltiples negociaciones entre la Asamblea y el Senado. La cámara alta había propuesto incluir una “lista negra” que estableciese claramente las redes sociales sujetas a la prohibición, con el fin de reducir su ámbito de aplicación. Sin embargo, la versión definitiva aprobada en julio en la Asamblea acabó descartando esta idea, ante el temor de que no se ajustase a la legislación europea.

Así, en su versión final establecía la exclusión de los más jóvenes de las principales redes sociales, pero también de su posible aplicación en funciones similares (canales para compartir, comentarios, chats…) en otros sitios web como YouTube, de las aplicaciones de mensajería (WhatsApp, Messenger…) y en determinados videojuegos en línea.

Verificación de la edad

En su resolución, el Consejo Constitucional también expresa su preocupación por las posibles consecuencias para la privacidad de la generalización de un sistema de verificación de la edad para todos los usuarios.

La ley establece que las plataformas implanten uno o varios mecanismos para ello en el momento del registro, sin detallar, sin embargo, su aplicación técnica. “Al no determinar las condiciones y los límites” de esta verificación de la edad, “el legislador no ha previsto las garantías legales” necesarias para el derecho a la intimidad, advierten los miembros del Consejo Constitucional.

“En nuestro recurso, denunciábamos una medida desproporcionada que no cumplía su objetivo. Los jueces nos han dado la razón. La obstinación presidencial ha sido mala consejera”, ha reaccionado el viernes el diputado socialista Arthur Delaporte, uno de los impulsores del recurso, en la red X. “Ahora, ante los peligros que plantean algunas redes sociales y su impacto en los jóvenes, lo que hace falta es actuar con rapidez a escala europea, basándonos en la regulación de las funcionalidades más nocivas”.

La Comisión Europea anunció en julio su intención de establecer un acceso “progresivo y gradual” de los menores a las redes sociales. Un comité de expertos ha recomendado prohibir el acceso a los menores de 13 años, si bien cada país podrá fijar su propia edad mínima.

El incendio que ha arrasado 42.000 hectáreas en el suroeste de Francia y que ha provocado la evacuación de 220.000 personas sigue activo este lunes, aunque se mantuvo “en general estable” a lo largo la noche del domingo, “sin cambios significativos que destacar” tras varios días de rápida progresión, según ha avanazado este lunes la delegación de Gobierno del departamento de Gironda.

Sin embargo, aunque en las últimas horas la situación parece encaminarse hacia una tregua temporal con menos focos activos, las autoridades francesas temen los efectos de una nueva ola de calor, prevista a en la región a partir del martes, con temperaturas máximas de hasta 40 °C y vientos algo menos fuertes pero más secos, según las previsiones. “[Será] una carrera contrarreloj antes de la subida de temperaturas prevista”, ha afirmado el portavoz de los bomberos franceses, Eric Brocardi, entrevistado el lunes por la mañana en la radio pública France Inter, en relación a las labores de extinción en los próximos días.

“Un fenómeno nunca antes observado en Francia”

Los expertos también señalan que la evolución de este incendio resulta particularmente difícil de prever, ya que ha generado un pirocumulonimbo –una nube creada como resultado de una potente fuente de calor– y está creando unas condiciones meteorológicas propias. “Es una situación totalmente inédita”, aseguró hace unos días el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez. “Nunca habíamos visto algo así, un incendio convectivo [capaz de generar su propio viento] de esta magnitud”.

“Hacia las 18:20 del viernes, el incendio se transformó en un pirocumulonimbo, un fenómeno nunca antes observado en Francia”, explicó Marc Vermeulen, el director del Servicio Departamental de Lucha contra Incendios y de Rescate de Gironda, en una rueda de prensa, en la que equiparó esta nube a una “tormenta de fuego”. Se trata de “incendios extremos, caracterizados por unas condiciones meteorológicas extremadamente favorables a la combustión y a la propagación”, precisó el servicio público Météo France en un comunicado el fin de semana. Estas condiciones meteorológicas implican una sequía grave, que convierte la vegetación en “una gran cantidad de combustible disponible” para que estos incendios “puedan alimentarse de energía suficiente”.

“[Son] incendios extremos, caracterizados por unas condiciones meteorológicas extremadamente favorables a la combustión y a la propagación

Météo France

De hecho, el incendio, que ha reducido a cenizas más de 240 viviendas y ha dejado 84 bomberos heridos, ya se perfila como uno de los más graves registrados en Francia desde la Segunda Guerra Mundial. A modo de comparación, el gran incendio que arrasó el bosque de las Landas en 1949, el más letal de la historia del país, calcinó unas 50.000 hectáreas.

El avance

El fuego se declaró el pasado miércoles en la localidad de Saumos, al oeste del departamento. Un incendio que “parece tener su origen” en unos trabajos de desbroce “que habían comenzado poco antes”, según informó este lunes Renaud Gaudeul, fiscal de Burdeos, ante los micrófonos de Franceinfo. El fiscal dijo que es necesario “analizar en qué condiciones se llevaron a cabo esos trabajos”, aunque según los primeros datos de la investigación, “los responsables no infringieron la normativa vigente en ese momento”, También precisó que la investigación se encuentra aún en sus primeras etapas.

Las llamas amenazaron en primer lugar la península de Cap-Ferret, en la costa atlántica, y después los alrededores de la turística bahía de Arcachon, antes de aproximarse el domingo a sólo unos 15 kilómetros de la zona metropolitana de Burdeos. En las últimas horas, el incendio se había desplazado hacia el sureste, en dirección a Marcheprime, una localidad situada en la línea ferroviaria entre Burdeos y Arcachon —que ha quedado cortada— cerca de la autopista A63, cerrada el domingo por la noche entre Burdeos y el País Vasco.

La portavoz del Gobierno francés, Maud Bregeon, aseguró el lunes por la mañana que “la evacuación de Burdeos no está prevista” en este punto. Bregeon también señaló que se estaba monitorizando con “gran atención” las distintas instalaciones industriales o de almacenamiento de sustancias peligrosas situadas en las zonas de Gironda cercanas al incendio activo.

Situación excepcional

A la violencia del fuego cercano a Burdeos se añaden “entre 30 y 40 incendios” activos en toda Francia. En lo que va de año, las llamas han “arrasado unas 115.000 hectáreas”, una cifra “absolutamente excepcional, mucho más de lo que se había registrado en el pasado”, según anunció el domingo el ministro del Interior en televisión.

Emmanuel Macron ha presidido este lunes un gabinete de crisis en el Ministerio del Interior, antes del Consejo de Ministros. Está previsto que se desplace a Gironda la tarde del lunes para reunirse con “las fuerzas movilizadas” y “los representantes locales”, según anunció el Elíseo.

La semana pasada, Francia había solicitado la activación del mecanismo de protección civil de la Unión Europea. “Pronto podremos contar con el refuerzo de dos Canadair croatas, dos Air Tractor portugueses y dos helicópteros pesados Black Hawk checos y eslovacos”, afirmó Macron hace unos días. Rumanía, Alemania, Suecia y Suiza también respondieron a la llamada, enviando al suroeste de Francia recursos aéreos y personal para combatir el incendio.

Además, el primer ministro Sébastien Lecornu anunció la movilización de 500 militares adicionales, ocho nuevas unidades de las fuerzas móviles de la policía y la gendarmería, además del envío de 1,5 millones de mascarillas FFP2. Aunque los otros fuegos activos en el país —en especial los del departamento mediterráneo del Var y en Córcega— también requieren importantes medios humanos y materiales. Y las previsiones para las próximas semanas son preocupantes, ya que la temporada de incendios “está lejos de haber terminado y se presenta aún muy complicada”, según reconoció Laurent Nuñez este lunes tras la reunión del Consejo de Ministros.

Macron y los sucesivos gobiernos que ha nombrado durante su mandato están recibiendo críticas por parte de los distintos partidos de la oposición, que le reprochan no haber destinado suficientes medios a la prevención y adaptación y no haber hecho suficiente por la protección del medio ambiente.

En este sentido Eric Brocardi, portavoz de los bomberos franceses, lanzó un llamamiento el lunes en relación a la falta de acción a lo largo del año, subrayando que el problema sólo se aborda en verano con los incendios en curso. “Nosotros lo que tememos es que, en septiembre, se avecine otro inicio de curso [político] y se olvide lo que ocurrió en julio. Entonces, la Federación Nacional de Bomberos de Francia estará allí para recordarlo”.

Evacuaciones

Por otro lado, las autoridades francesas confirmaron el lunes que no hay que lamentar víctimas entre la población. En cuanto a las evacuaciones, que afectan a 220.000 personas, informaron de que actualmente hay abiertos 12 puntos de acogida, repartidos en nueve municipios, en ciudades como Burdeos, Toulouse o Agen. Las prefecturas han declarado que las personas evacuadas no podrán regresar a sus hogares hasta que se haya controlado el incendio.

Además preocupa el grave deterioro de la calidad del aire como resultado de los incendios en las regiones de Occitania (cuya capital es Toulouse) y de Nueva Aquitania (cuya capital es Burdeos). Los observatorios regionales en la materia declararon el domingo la alerta roja en varios de los departamentos debido a que se superó el umbral de alerta por contaminación por partículas en suspensión (PM10).

Y el megaincendio de Gironda no parece que vaya a poder ser extinguido en los próximos días. De hecho, según ha advertido la Federación Nacional de Bomberos de Francia, el fuego en este departamento podría “durar varias semanas, o incluso meses”.

El Parlamento francés aprobó la semana pasada una ley destinada “a proteger a los menores de los riesgos a los que les expone el uso de las redes sociales”, que prohíbe su uso a los menores de 15 años, una de las prioridades de Emmanuel Macron para su segundo mandato. El presidente espera que la nueva legislación entre en vigor al comienzo del curso escolar en septiembre, lo que convertiría a Francia en el primer país de la Unión Europea en regular el acceso de los más jóvenes a este tipo de plataformas.

Con escaso margen de maniobra, por su impopularidad y a la pérdida de la mayoría parlamentaria en 2024, Macron se ha ido alejando en estos últimos años de la política interior para concentrarse en las cuestiones internacionales. La regulación del mundo digital es una de las pocas excepciones en las que el jefe de Estado francés ha querido seguir implicado, tanto en el debate público como en la tramitación legislativa.

Se trata del resultado de un largo proceso de toma de conciencia por parte del presidente más joven que ha tenido Francia bajo su actual régimen político. El jefe de Estado francés era un ardiente defensor del mundo digital y de las start-ups en el momento de su elección, en 2017. Aquella campaña —como la que se celebró ese mismo año en EEUU— ya se vio marcada por las Macron leaks, el pirateo de los correos electrónicos de su equipo y la oleada de desinformación que siguió a la fuga de datos.

Su primer mandato, de 2017 al 2022, se centró más en la regulación de los gigantes del big tech, que en la protección de los usuarios. Así, Francia instauró en julio de 2019 un impuesto sobre los servicios digitales, aprobó una ley para obligar a las plataformas a retirar los contenidos de odio y convirtió el control de las plataformas en una prioridad durante su presidencia del Consejo de la Unión Europea.

Pero la pandemia –con una explosión de desinformación y de teorías conspirativas– y los años posteriores marcaron un punto de inflexión y la necesidad de ir más lejos en la regulación. El presidente consultó con investigadores, intelectuales y especialistas de diversos campos que le alertaron también sobre el impacto negativo de los algoritmos y la adicción que provocan, sobre todo en el cerebro de los más jóvenes. Su esposa, Brigitte Macron, fue víctima de un bulo conspiracionista y de una campaña de ciberacoso en las redes sociales que se ha prolongado durante años.

Al mismo tiempo, las campañas de injerencia y desestabilización extranjeras, con peso importante de las redes, siguieron cobrando fuerza en Francia. El país lleva años adaptando su arsenal jurídico. El Gobierno ha presentado hace pocos días al Consejo de Ministros un proyecto de ley que prevé “un nuevo procedimiento de medidas cautelares que permita solicitar la retirada de información falsa en Internet que atente contra determinados intereses fundamentales de la Nación”.

“Nuestro problema con las redes sociales es que no hay un responsable editorial si se difunde información falsa. Si soy X o TikTok, no tienen ninguna responsabilidad”, explicaba hace unos meses Macron en una intervención pública, reconociendo que “él mismo ha sido víctima” de campañas en estas plataformas.

Disturbios de 2023

En junio de 2023, un suceso marca otro momento importante en el compromiso público del presidente francés contra las redes sociales. La muerte del joven Nahel Merzouk, abatido por un policía en Nanterre, a las afueras de París, durante un control de tráfico, provocó varios días de disturbios.

“Las plataformas y las redes sociales desempeñan un papel considerable en los movimientos de los últimos días”, afirmó entonces Macron tras una reunión de crisis en el Elíseo. “Hemos visto en varias de ellas, como Snapchat o TikTok, cómo se organizaban las concentraciones y también que hay una especie de mimetismo de la violencia. Lo cual, entre los más jóvenes, conduce a un cierto alejamiento de la realidad”.

Esos días los representantes de Meta, Snapchat, Twitter y TikTok en Francia fueron convocados por el Gobierno y se les pidió “comprometerse activamente a retirar de inmediato los mensajes que les señalen” y “responder con celeridad a las solicitudes de las autoridades administrativas y judiciales”.

Semanas después, se aprobó una primera proposición de ley destinada a “establecer una mayoría de edad digital y luchar contra el odio en Internet”. Sin embargo, la Comisión Europea consideró que el Gobierno francés estaba invadiendo competencias comunitarias y anuló la medida, como también ha pasado con otras leyes sobre el mundo digital, como su intento de regular la actividad de los influencers.

Comisiones

Pero el tema ya se había convertido en una prioridad para Macron, como también para líderes de otros países. A principios de 2024, el entonces primer ministro, Gabriel Attal, anunció la creación de una comisión de expertos sobre “el uso adecuado [de las pantallas] para nuestros hijos en el ámbito familiar”. Dirigida por la neuróloga y neurofisióloga Servane Mouton y el catedrático en psiquiatría Amine Benyamina, la comisión recomendó en sus conclusiones prohibir las pantallas a los menores de tres años y en los teléfonos móviles para los menores de 11. A partir de los 13, los expertos proponían smartphones sin acceso a las redes sociales, a partir de los 15 años, acceso únicamente a las redes “éticas”.

Tras recibir el informe de los expertos en el Elíseo, Macron anunció —por redes sociales— que daba “un mes al Gobierno para examinar estas recomendaciones y traducirlas en medidas concretas”. Pero la inesperada disolución de la Asamblea, decidida de forma sorpresiva tras las elecciones europeas, trastocó completamente la agenda del Elíseo.

La cuestión no se abandonó totalmente, pero necesitó un nuevo punto de partida. En este caso, una nueva comisión parlamentaria sobre los efectos psicológicos de TikTok en los jóvenes, muy mediatizada en Francia por las comparecencias de influencers y representantes de las grandes plataformas.

Tras seis meses de trabajo, sus ponentes presentaron un informe final muy crítico sobre el funcionamiento de TikTok y su impacto en la salud mental. Una de ellas, la diputada macronista Laure Miller, avanzó una nueva proposición de ley en la que retoma la prohibición de las redes sociales para los menores de 15 años, así como la de los móviles en los institutos.

“Tour de Francia sobre los peligros del mundo digital”

Al mismo tiempo, Macron se lanzó a una gira regional, que bautizó como “Tour de Francia sobre los peligros del mundo digital”, para divulgar sobre el tema. El Elíseo se apoyó en la prensa regional —“primer baluarte contra las fake news”— para organizar seis debates en distintas ciudades con los lectores de La Voix du Nord, Le Dauphiné libéré, Ouest-France, Sud Ouest, La Dépêche du Midi y La Montagne.

Entre los temas de discusión figuraban la desinformación, la prohibición de las pantallas para los más pequeños, la transparencia de los algoritmos, las teorías de la conspiración, la influencia en las elecciones y las injerencias extranjeras. Al “Far West” de los gigantes digitales, es necesario oponer la “regulación de las plataformas, la educación de los más jóvenes y la formación en el espíritu crítico de la ciudadanía”, explicó Macron a los lectores de La Voix du Nord en Arras. Con un nivel de popularidad en mínimos, el presidente encontró un tema de consenso entre los franceses.

El mandatario propuso también acabar con las cuentas falsas y el anonimato de los usuarios, “una lucha política que hay que librar junto con el Parlamento Europeo”. También “hacer todo lo posible para que se establezca un sello profesional” para las redes sociales y los sitios web de información con el objetivo de luchar contra la desinformación electoral, una propuesta que provocó un torrente de fake news en medios de la extrema derecha francesa.

Rivalidad con Attal

Pero, sobre todo, Emmanuel Macron reiteró su intención de fijar la “mayoría de edad digital” en los 15 años, afirmando que “existe un consenso científico al respecto”. Macron consultó también con otros líderes mundiales para promover una alianza sobre la cuestión y en su discurso de fin de año en 2025 reiteró su promesa de “proteger a nuestros niños y adolescentes de las redes sociales y las pantallas”.

En un primer momento, anunció un nuevo proyecto de ley, abriendo un nuevo capítulo en la rivalidad entre Macron (y su actual primer ministro), por un lado, y el líder de los diputados macronistas, Gabriel Attal, por otro. Finalmente, se llegó a un acuerdo para que el Gobierno se sumase a la iniciativa parlamentaria de Laure Miller, apoyada por Attal.

En una entrevista concedida al medio en línea Brut en enero, Macron agradeció a “Gabriel” y a los diputados de Renacimiento su trabajo y anunció que había ordenado al Gobierno que iniciara el procedimiento acelerado para que la proposición de ley pudiera entrar en vigor “al comienzo del próximo curso escolar”.

“Con un mensaje muy claro: el cerebro de nuestros niños y adolescentes no está en venta. Sus emociones no están en venta, ni deben ser manipuladas, ni por las plataformas estadounidenses, ni por los algoritmos chinos”, añadió.

Límites y críticas

Con una interpretación jurídica objeto de disputa entre la Asamblea Nacional y el Senado (los senadores querían una lista negra de las plataformas afectadas, algo que finalmente no se llevará a cabo), el texto tuvo que ser reescrito en comisión parlamentaria, tras un dictamen crítico del Consejo de Estado. Se descartaron ciertas medidas, como un “toque de queda digital” para los menores de entre 15 y 18 años.

Así, la propuesta fue definitivamente aprobada por los diputados franceses el pasado martes con 279 votos a favor y 81 en contra. Contó con el apoyo mayoritario del centro, la derecha y la extrema derecha. Francia Insumisa, que se opuso, denunció un “paternalismo digital” en la nueva ley y anunció que llevará el texto al Constitucional, que dispone de un mes para responder. Los ecologistas y los socialistas votaron divididos.

Por otro lado, algunos expertos plantean estos días dudas sobre los obstáculos en su aplicación, como por ejemplo la falta de una solución eficaz para la verificación de la edad o la posible calificación de red social para plataformas cuya actividad principal es la mensajería grupal o los chats de ciertos videojuegos. Otros critican que no se aborde la raíz del problema, el papel del modelo económico de las plataformas.

“Existe consenso científico a la hora de condenar la responsabilidad abrumadora del modelo económico de las grandes tecnológicas en el deterioro de nuestras democracias”, escriben los profesores universitarios Julien Falgas y Dominique Boullier en un artículo en The Conversation. “Ésa es la conclusión demoledora del IPCC [expertos de la ONU] sobre los ecosistemas de la información, tras analizar minuciosamente cerca de 1.700 publicaciones científicas”. Un aspecto reconocido públicamente por el propio Macron.

“Cada vez nos informamos más a través de redes sociales cuyo modelo económico no consiste en informarnos, sino en vender publicidad”, señaló hace unos meses durante su Tour de Francia. “Las redes sociales potencian las emociones negativas para generar emoción y, por lo tanto, adicción”. Un modelo que genera problemas de atención, de aprendizaje o incluso trastornos alimentarios entre los más jóvenes, según el presidente: “Una generación ha pagado el precio de todo esto”.

Se trata del tercer texto legislativo en materia de agricultura que tramita el Parlamento francés en menos de tres años. Después de una ley de orientación agrícola, en febrero de 2025, y de una controvertida “ley sobre los obstáculos a la profesión de agricultor” hace un año, este martes el Senado ha aprobado de manera definitiva un nuevo texto de “urgencia agrícola”. Una nueva pieza de legislación que ha detonado una tormenta política y cuya aprobación va a llevar, según anuncian varios medios franceses, a la ministra de Medio Ambiente, Monique Barbut —antigua directora de WWF en el país— a anunciar su dimisión este mismo miércoles.

Anunciado por el primer ministro, Sébastien Lecornu, el pasado invierno, en plena movilización de protestas de los agricultores, la intención del Ejecutivo francés era elaborar una ley reducida para responder a peticiones concretas de los sindicatos agrarios. Pero el texto se ha ido ampliando en su tramitación hasta acumular cerca de 70 artículos en su última versión, incluidas disposiciones controvertidas sobre la gestión y el almacenamiento del agua, los ataques de lobos, los ingresos de los agricultores o la simplificación de los trámites administrativos para ampliar las explotaciones ganaderas.

No obstante, una medida ha centrado la mayor parte de los debates: la reintroducción, con carácter excepcional y bajo ciertas condiciones, del acetamiprid y la flupiradifurona, dos pesticidas prohibidos en Francia desde 2018 debido a su persistencia en el medio ambiente y los riesgos para la salud. Ambos están autorizados en otros países de la Unión Europea, entre ellos España.

La reintroducción del acetamiprid, un neonicotinoide, había sumido al Parlamento en una polémica explosiva hace un año, cuando se incluyó en la proposición de ley impulsada por un senador conservador, Laurent Duplomb, que provocó una petición con más de dos millones de firmas en contra, así como denuncias de parte de la comunidad científica y de diversas asociaciones.

Aquel texto fue finalmente aprobado —con los votos de la derecha, la extrema derecha y de una parte de los partidarios de Macron—, pero el Consejo Constitucional anuló esa medida y bloqueó temporalmente el camino para la reintroducción de los pesticidas.

En realidad, en esta nueva ley tampoco debía figurar esa cuestión. Pero el Senado —dónde la derecha tiene mayoría— modificó el texto inicial para añadir la reintroducción excepcional de los dos pesticidas, en contra de la opinión del Gobierno, que no quería reavivar la polémica y que temía que la Asamblea Nacional bloqueara el texto.

Pero los senadores impusieron su redacción, con la posibilidad de reintroducir los pesticidas, así como medidas favorables a los agricultores en la gestión de los depósitos de agua; medidas calificadas de “cortoplacistas” y “simplistas” por cinco exministros de Agricultura de diferentes partidos en una tribuna publicada en Le Figaro hace unos días.

La noche del lunes, en una sesión tensa en la Asamblea, los votos de la derecha, la extrema derecha y de una gran parte de los macronistas, fueron suficientes para aprobar el texto, que el Senado confirmó este martes.

Sin embargo, la medida seguirá siendo objeto de debate. La ministra de Medio Ambiente, Monique Barbut, se había opuesto a la reintroducción del acetamiprid y diversos medios han ido deslizando su posible dimisión. Este martes estaba prevista una reunión de Babut con Sébastien Lecornu, según adelantó la Agencia France-Presse (AFP), confirmando una información publicada por Le Parisien.

De confirmarse su salida, no sería el primer titular de Medio Ambiente nombrado por Emmanuel Macron que abandona el Gobierno dando un portazo. En 2018, Nicolas Hulot comunicó en una entrevista en directo en la radio pública su decisión de dimitir por la continua presencia de lobistas del mundo de la caza en el Elíseo, a menudo recibidos por el presidente.

En cuanto Barbut, antigua directora de WWF en Francia, que lleva menos de un año en el cargo, aceptó ponerse al frente de un ministerio que había perdido gran parte de sus prerrogativas frente a otras carteras como agricultura o economía, reflejo de la pérdida de peso en las prioridades del Gobierno. “Acepté el cargo de ministra en un momento algo complicado”, reconocía Barbut hace unas semanas al diario Le Monde, en un artículo repasando sus múltiples problemas en el cargo.

Fractura entre los macronistas

Además, la tramitación de esta nueva ley ha puesto de manifiesto las divisiones entre el Ejecutivo y el partido macronista, que se supone que debe apoyarlo en la Asamblea. En particular entre el primer ministro, Sébastien Lecornu, y el actual líder de los diputados macronistas, Gabriel Attal, uno de sus predecesores en el cargo. Los diputados del partido presidencial habían pedido al Ejecutivo que retirara la reintroducción a través de una enmienda, a lo que el Gobierno se negó.

Bajo la presión de la derecha y de los sindicatos agrícolas, Lecornu evitó implicarse y remitió a los grupos parlamentarios la responsabilidad de “decidir o modificar” la proposición de ley, al tiempo que bloqueó las enmiendas contra los pesticidas. “No ha sido decisión del Gobierno reintroducir esta medida”, trató de subrayar el martes la portavoz del Ejecutivo, Maud Bregeon, en relación con los dos pesticidas.

Los representantes de los grupos de derecha y de extrema derecha votaron unánimemente a favor, además de algo más de la mitad de los diputados del bloque de centro. No obstante, 16 centristas se abstuvieron —entre ellos varias figuras destacadas, como la ex primera ministra Élisabeth Borne y la exministra de Medio Ambiente Agnès Pannier-Runacher—, y otros 15 votaron en contra.

La redacción definitiva del texto prevé que sea la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de la Alimentación, el Medio Ambiente y el Trabajo (ANSES), a instancias del Ministerio de Agricultura, la encargada de decidir sobre las excepciones a la prohibición del acetamiprid. Una excepción que solo afectaría a la filial de la producción de avellanas, por un período de hasta tres años.

En el caso de los cultivos a mayor escala de remolacha, manzanas y cerezas, la ley allana el camino para el uso, en las mismas condiciones, de la flupiradifurona, sustancia que no pertenece a la familia de los neonicotinoides, pero que comparte con ellos muchas de sus propiedades.

“Un giro decisivo”

La FNSEA, uno de los principales sindicatos franceses del campo, se felicitó el lunes por la noche, tras la votación, por “un giro decisivo” y expresó su reconocimiento a los diputados que “han escuchado la realidad del día a día de los agricultores”. Por su parte, la ministra de Agricultura, Annie Genevard, elogió a “los diputados que han optado por la responsabilidad” al votar a favor de este texto “elaborado junto a los agricultores” y que, según ella, permite “protegerlos mejor frente a la competencia desleal” de países que sí permiten usar estos pesticidas.

“Si hay una ministra que debe dimitir hoy, es ella”, respondió la secretaria nacional de Los Ecologistas Marine Tondelier. “Este texto supone retrocesos enormes en materia de pesticidas, ganadería intensiva y gestión del agua”. Los partidos de izquierda, que votaron unánimemente en contra, han denunciado una “ley veneno”, en palabras de la diputada insumisa Aurélie Trouvé, y “un día triste para la salud pública, la naturaleza y la agricultura”, según la ecologista Delphine Batho. Las fuerzas progresistas han anunciado que recurrirán al Consejo Constitucional una vez finalizada la votación.

Prohibidos desde 2018

Los efectos de los neonicotinoides, incluido el acetamiprid, han sido establecidos por múltiples estudios, que además señalan su permanencia en el organismo, en los suelos y en las aguas subterráneas. Y recientes investigaciones están alertando sobre posibles efectos nocivos en el desarrollo neuronal de los niños. De hecho, Francia ha reclamado en dos ocasiones a las autoridades europeas —en 2020 y 2022— nuevas evaluaciones al respecto.

En 2018, la Comisión Europea aprobó la prohibición de tres de las siete sustancias que componen esta familia de pesticidas —clotianidina, tiametoxam e imidacloprid—, señalada por científicos y apicultores como responsable de diezmar a las poblaciones de abejas desde los años 90. Y Francia legisló para prohibir otras, además de sustancias similares como la flupiradifurona.

En un informe publicado en mayo de 2024, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) reconocía “grandes incertidumbres en el abanico de pruebas sobre la toxicidad para el neurodesarrollo [toxicidad para la formación del cerebro] del acetamiprid”. La agencia europea reconoció que los actuales límites máximos de residuos en frutas y hortalizas representan un riesgo para los consumidores y recomendó que estos límites se dividieran por cinco, una recomendación que fue posteriormente aceptada por la Comisión.

Trenes anulados o averiados en plena vía, centrales nucleares paradas, trabajadores agotados por falta de sueño, hospitales saturados, viviendas inhabitables, incendios forestales, aulas con calor sofocante, museos cerrados… Las olas de calor se suceden en este inicio de verano en Francia, dejando al descubierto los retrasos acumulados y la falta de preparación para hacer frente a las temperaturas extremas que impulsa la crisis climática.

A finales de mayo, el país sufrió un primer episodio de calor intenso y excepcionalmente precoz; en junio una ola de calor de una intensidad inaudita que batió récords de temperatura en todo el territorio, y esta semana, el país sale de un tercer episodio de calor en este principio de verano. Pero aunque las temperaturas ofrezcan un respiro, los expertos temen que las repercusiones sanitarias y medioambientales del calor no hayan hecho más que empezar.

La presión sobre el sistema hospitalario suele prolongarse varios días después de cada ola de calor, ya que los efectos de las altas temperaturas se acumulan en el organismo. Entre el 22 y el 28 de junio la agencia Santé publique France calculó de manera provisional 2.025 fallecimientos adicionales. Una cifra que las autoridades reconocen como preliminar, los especialistas prevén que las estimaciones definitivas sean más elevadas, especialmente a medida que avance el verano.

El recuerdo de la ola de 2003, que causó un exceso de la mortalidad de 15.000 fallecimientos y que provocó cambios profundos en el sistema de alertas sobre los fenómenos de calor, está en la mente de todos. Y París, que ya fue la ciudad más afectada por la mortalidad en 2003, es objeto de una atención especial.

La capital sufre de lleno los picos de calor. Los esfuerzos del Ayuntamiento en los últimos años no han bastado para adaptar la ciudad, donde el suelo mineral y los edificios mal aislados se convierten en hornos que sofocan a sus habitantes. Además, el transporte público de la región parisina cuenta con poco aire acondicionado, especialmente en los autobuses.

En otras ciudades de Francia, la entrada gratuita ha convertido diferentes espacios culturales en refugios contra el calor, pero, en París, algunos de sus principales monumentos tienen que cerrar o adaptar horarios debido a las altas temperaturas. En varios periodos de alerta roja por calor, la Torre Eiffel y el Louvre han tenido que anticipar el cierre.

Eventos deportivos, fiestas, festivales y conciertos tuvieron que suspenderse en junio. Y, esta semana, la compañía nacional de teatro, la Comédie Française, que había buscado sedes alternativas para sus representaciones, tuvo que anular varios espectáculos. Al contrario, otros recintos, como la sede Richelieu de la Biblioteca Nacional de Francia (BNF), refrigerada por una red de frío que utiliza agua del Sena, registraron afluencias récord y tuvieron que habilitar nuevas salas para acoger visitantes.

El nuevo alcalde, Emmanuel Grégoire, ha intentado adaptarse, abriendo en mayo —antes de lo previsto— la temporada de baño en el canal de Saint-Martin o dejando abiertos los parques toda la noche para luchar contra el calor nocturno cuando las temperaturas mínimas son elevadas. Sin embargo, la falta de espacios con aire acondicionado en una gran ciudad se ha convertido en un problema grave. Varios ayuntamientos de distrito tuvieron que negociar con hoteles y establecimientos comerciales la apertura de salas con climatización para la población vulnerable.

Problemas en el sistema educativo

La gran ola de calor de finales de junio tuvo un gran impacto en el sistema educativo francés, convirtiéndose en símbolo de la falta de preparación ante el calentamiento global. Horarios modificados, centros cerrados, familias invitadas a no dejar a sus hijos en casa, exámenes aplazados y multiplicación de los gabinetes de crisis en ayuntamientos y las prefecturas. En las últimas semanas del curso, el calor excepcional de finales de junio provocó un enorme sentimiento de improvisación, sin ninguna medida decretada a nivel nacional.

En París, las ventanas de la mayoría de las escuelas (como las de muchos otros edificios) se taparon con papel de plata o mantas térmicas de supervivencia para bloquear el calor exterior. Ante la situación de emergencia, el Ayuntamiento de París anunció en junio que había encargado “unas 1.200 unidades de aire acondicionado”.

En Francia, con cada nueva ola de calor, aumenta la sensación de que el país no está preparado. Máxime cuando otros Estados de su entorno ya han abordado los efectos de los fenómenos climáticos extremos: Países Bajos por las inundaciones, y España y Grecia por las altas temperaturas.

Emmanuel Macron prometió situar la ecología en el centro de las prioridades de su segundo mandato. “La política que llevaré a cabo en los próximos cinco años será, por tanto, ecológica o no será”, dijo unos días antes de su duelo con Marine Le Pen en las presidenciales de 2022, al tiempo que multiplicaba las promesas ambiciosas en materia de vegetalización, renovación de establecimientos escolares o parques eólicos.

Pero la disolución de la Asamblea Nacional, sumada al aumento vertiginoso del déficit público y a las crisis de los agricultores han provocado una reacción en contra del clima, impulsada en gran medida por la derecha (durante mucho tiempo socios de Gobierno de los macronistas) y por la extrema derecha. El desarrollo de las energías renovables, la lucha contra los edificios con malas prestaciones energéticas o la creación de zonas de bajas emisiones han sido señaladas repetidamente —también por algunos diputados macronistas— como ejemplo de “ecología punitiva”.

En este contexto, la falta de inversiones, el bloqueo parlamentario y la sucesión de ministros de Medio Ambiente a un ritmo vertiginoso han hecho imposible la puesta en marcha de las políticas públicas a largo plazo que se habían prometido.

Edificios mal aislados

Las olas de calor subrayan sobre todo la falta de adaptación de gran parte del parque inmobiliario francés, construido en gran medida pensando en luchar contra el frío y no contra temperaturas caniculares. Y, sin embargo, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y las agencias francesas llevan tiempo alertando al respecto, afirmando que los períodos de 35 °C o más van a aumentar notablemente en los próximos años.

Temperaturas a las que, salvo algunos departamentos del sur, el país no está acostumbrado y que harán que edificios enteros dejen de ser habitables, que cierren las escuelas durante parte del curso y que, en ciertos periodos del año, ya no sea posible el trabajo en el exterior.

En 2023, el Gobierno anunció el 'Plan de Adaptación para una Francia con un aumento de +4 °C para 2100', que apuntaba a una revisión global para preparar el país a temperaturas elevadas. Pero este no ha venido acompañado con ninguna medida obligatoria ni ha contado con recursos financieros.

Ese mismo año se creó un Fondo Verde, destinado a apoyar a los agentes locales en los proyectos de transformación ecológica del territorio, pero su dotación no ha dejado de reducirse, pasando de 2.400 millones de euros en 2024 a 837 millones en 2026. De hecho, el Gobierno congeló cerca del 20% de los créditos concedidos para esta partida poco después de acabar la ola de calor de finales de mayo.

Gobierno bajo presión

Acusado por el resto de fuerzas políticas de falta de preparación, el Ejecutivo se encuentra además en una situación económica difícil, ya que su minoría parlamentaria complica la aprobación de los presupuestos en otoño. El jefe de Gobierno, Sébastien Lecornu, confirmó hace unas semanas que se duplicará la dotación destinada a la renovación energética de los hospitales entre 2026 y 2035, pasando de 300 millones a 600 millones de euros.

Pero en lo que respecta a la ecología, todo apunta a que los presupuestos de 2027 se centrarán en la búsqueda de ahorro, y que la derecha tradicional de Los Republicanos tratará de presionar para seguir recortando cualquier partida relacionada con el medio ambiente.

Los daños causados por el cambio climático costarán mucho más en el futuro que una inversión que se realice hoy para evitarlos

Fanny Henriet — Autora de '¿Puede la economía salvar el clima?'

Dentro del propio partido macronista, la ex primera ministra Elisabeth Borne (2022-2024) lamentó en una reciente entrevista la escasa implicación de sus tres sucesores: “Tras mi salida de Matignon, no estoy segura de que la planificación ecológica y energética se haya llevado a cabo con la misma energía”.

Los expertos señalan que las obras que hay que llevar a cabo son enormes —renovación de viviendas, centros sanitarios, residencias de ancianos y colegios— y que solo podrán lograrse con una inversión mantenida a lo largo de varios años. Según un informe de 2025 sobre esta cuestión elaborado por el Instituto Económico para el Clima (en inglés, Institute for Climate Economics o I4CE), las cantidades mínimas de inversión necesarias en distintos sectores en Francia son colosales: para renovar las viviendas, se necesitan entre 4.000 y 5.000 millones de euros adicionales al año; para el transporte, 3.000 millones de euros.

“Los daños causados por el cambio climático costarán mucho más en el futuro que una inversión que se realice hoy para evitarlos”, dice Fanny Henriet, directora de investigación del Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia (CRNS) en la Escuela de Economía de Aix-Marsella y autora de ¿Puede la economía salvar el clima?, en una reciente entrevista con el diario La Croix. Una realidad de la que ya son conscientes los actores económicos. “A medio plazo, los episodios de calor van a tener un efecto negativo sobre el crecimiento”, advirtió el gobernador del Banco de Francia, Emmanuel Moulin, hace unas semanas en los micrófonos de France Inter.

La decisión pilló a todo el mundo por sorpresa. La vista llevaba apenas 20 minutos en marcha en el histórico Palacio de Justicia de París cuando la presidenta del tribunal de apelación anunció las penas impuestas a Marine Le Pen. Condenada de nuevo por malversación de fondos públicos, la líder de la extrema derecha francesa se benefició de una mayor clemencia por parte de los jueces de segunda instancia, con una inhabilitación reducida al mínimo imprescindible —que ya ha cumplido— en nombre de “la libertad de candidaturas” de cara a las próximas citas electorales.

Habilitada para las elecciones presidenciales del año que viene pese a estar condenada, la triple candidata a la presidencia —finalista en 2017 y 2022— salió del tribunal sin hacer declaraciones, rumbo a las lujosas oficinas de la nueva sede del partido en el 16º distrito de la capital francesa.

Fue una tarde de reuniones con la plana mayor del partido, Agrupación Nacional, con su joven presidente, Jordan Bardella, y con sus asesores jurídicos y de comunicación para evaluar las opciones, el relato mediático y tomar una decisión sobre las próximas etapas.

Salvado el problema de la inhabilitación, Le Pen necesitaba decidir si recurría la sentencia y si seguía adelante con su candidatura, ya que también pesa sobre ella una pena de un año de prisión firme, que cumpliría bajo vigilancia electrónica. La líder de extrema derecha había afirmado que consideraba imposible hacer campaña en esas condiciones. “Cuando se es candidato a las presidenciales, hay que tener total libertad de movimiento”, declaró hace algunos meses.

Pero la noche del martes, en el informativo de mayor audiencia de la televisión francesa, anunció su voluntad de ser candidata a las elecciones presidenciales de 2027 —“pase lo que pase”— y su decisión de recurrir de nuevo la sentencia y agotar la vía judicial, acudiendo al tribunal de casación. “Ya no hay ningún escenario en el que no pueda presentarme como candidata en 2027”, afirmó en la entrevista.

Un día después, acompañada de Bardella, Le Pen realizaba su primer acto de precampaña visitando un mercado en La Flèche, feudo electoral de los lepenistas, entre aplausos de sus defensores y abucheos de unos 60 manifestantes que se desplazaron para protestar contra ella.

Campaña bajo tensión

Aunque Le Pen quiere pasar página, en realidad su horizonte judicial está lleno de incertidumbres. Pese a que se niega a aceptar la hipótesis de una condena definitiva, la posibilidad de que el tribunal confirme la sentencia y tenga que realizar una parte de la campaña con un brazalete electrónico es real, lo que la obligaría a retirarse a última hora o a contradecir sus propias declaraciones.

“Sí, existe el riesgo de terminar la campaña con una pulsera electrónica, pero el riesgo es inherente a la justicia”, confirmó el miércoles Rodolphe Bosselut, abogado de Marine Le Pen, invitado a los micrófonos de France Inter. En la misma entrevista, Bosselut esbozó la que puede ser la nueva línea de defensa: confiar en que el Tribunal de Casación no se pronuncie antes de las presidenciales de abril de 2027, alegando que levantada la inhabilitación, ya no existe una urgencia democrática.

En ese escenario, Le Pen podría beneficiarse de la inmunidad presidencial en caso de victoria. Pero, a día de hoy, no parece lo más probable. Dada la relevancia del caso y su posible impacto en las próximas elecciones, el tribunal de casación había anunciado su voluntad de ofrecer una decisión a principios del año que viene. Una voluntad reiterada esta semana con la precisión de los magistrados de que harán todo lo posible para que la decisión llegue “antes de abril de 2027”.

Presión mediática

En cualquier caso, la estrategia de Marine Le Pen pone bajo presión a la vez a la Justicia y a la campaña electoral para las presidenciales. Porque si el tribunal de casación desestimara el recurso solo unas semanas antes de los comicios, cabría esperar una ofensiva de ataques políticos y mediáticos como la que ya vivió el tribunal de primera instancia en marzo de 2025, que acabó con sus miembros bajo protección policial a causa de las amenazas recibidas.

Si el tribunal de casación desestimara el recurso sólo unas semanas antes de las presidenciales, cabría esperar una ofensiva de ataques políticos y mediáticos como la que ya vivió el tribunal de primera instancia

En ese escenario Le Pen volvería a adoptar el papel de víctima de un supuesto “sistema” que lleva toda su carrera atacando. Mientras, aprovecha la segunda oportunidad que le ha dado la justicia al reducir su inhabilitación y alimenta un nuevo relato de “renacimiento” y de candidata capaz de remontar todas las adversidades (en este caso, una doble condena por malversación de fondos destinados a los asistentes parlamentarios de los eurodiputados que acabaron financiando otras actividades del partido en Francia).

Esta respuesta apela a su base de electores, pero va en contra de la estrategia de normalización y profesionalización del partido lepenista. “La base electoral de Marine Le Pen y Jordan Bardella se va a sentir aliviada por recuperar a su candidata electoral”, señalaba hace unos días Brice Teinturier, director la empresa de sondeos de Ipsos BVA en Francia. “Pero para ganar la segunda vuelta de la elección hay que ir más allá de la base, y ahí la idea de una candidata condenada tiene un impacto. Es una especie de mancha, algo que puede influir y que sus rivales van a señalar”, vaticinó.

Bardella, relegado

La arriesgada apuesta de Le Pen, que se lo juega todo a una carta en el plano judicial y político, relega a Jordan Bardella —favorito en las encuestas de cara a las presidenciales, con mejores cifras que su mentora— a un papel secundario. Y muestra que, a ojos de Le Pen y su círculo, una candidata condenada por malversación de fondos públicos es preferible a ceder el testigo a su delfín, ya sea por desconfianza sobre su capacidad de llevar la campaña o bien por dudas sobre sus tendencias más liberales en lo económico.

No obstante, Le Pen es consciente de que necesita a Bardella como pieza para atraer a un electorado más joven y como posible vínculo de unión con otros partidos de la derecha, elemento importante de cara a las elecciones legislativas.

“Hay una complementariedad que funciona entre ellos, ya habían encontrado una buena fórmula: Marine Le Pen candidata a la presidencia y Jordan Bardella como su posible primer ministro, haciendo pequeñas aperturas liberales que en realidad no comprometen a nada si Le Pen no las aprueba. Es perfecto como sistema”, analizaba el politólogo Jerôme Jaffré en una intervención en la televisión pública.

En todo caso, el paso de Bardella a un segundo plano está haciendo que muchos en Francia recuerden una frase de Jean-Marie Le Pen tras la caída en desgracia de su número dos: “El destino de los delfines es acabar varados”.

Marine Le Pen, antaño defensora de las penas de inhabilitación de por vida para los cargos electos condenados por malversación de fondos públicos, será la primera candidata a las elecciones presidenciales condenada en dos ocasiones —a la espera del resultado de su recurso de casación—, una realidad que sus rivales no le van a dejar olvidar durante toda la campaña.

De momento, la sentencia y la anulación del plan Bardella, ha provocado diferentes reacciones en el resto de fuerzas políticas, que en muchos casos ya estaban centrando sus críticas en el joven presidente del partido lepenista, dando por hecho que el rival la próxima primavera sería él.

Uno de los más moderados en sus reacciones ha sido Édouard Philippe, favorito para liderar el bloque de centroderecha. “En una democracia no se elige al candidato con el que te enfrentas, lo haces contra quien presenta el partido político. En este caso concreto, ha sido la justicia la que ha decidido por ellos”, señaló el antiguo primer ministro de Emmanuel Macron. “Prefiero derrotar a la señora Le Pen en las urnas que verla desaparecer por una decisión judicial”.

Los socialistas y los ecologistas han sido los más vehementes en señalar las contradicciones entre el discurso populista contra la corrupción de los otros partidos que siempre ha mantenido Le Pen y la doble condena contra ella

Su principal rival en el centro, Gabriel Attal, fue mucho más crítico con la situación que crea la candidatura de Marine Le Pen. “Lo que vuelvo a constatar es que tenemos a una responsable política condenada en dos ocasiones por malversación de fondos públicos, que está llevando a cabo una especie de guerrilla judicial y jurídica para poder presentarse y que, además, está tomando como rehén toda la campaña presidencial”, afirmó el también ex primer ministro en France Inter. “De aquí al mes de marzo, todo puede cambiar aún en esta campaña presidencial”, advirtió.

Entre los partidos de izquierda, los socialistas y los ecologistas han sido los más vehementes en señalar las contradicciones entre el discurso populista contra la corrupción de los otros partidos que siempre ha mantenido Le Pen y la doble condena contra ella y contra la formación lepenista (condenada también como persona jurídica).

El secretario general de los socialistas, Olivier Faure denunció la “trumpización” del partido lepenista. La secretaria nacional de Los Ecologistas, Marine Tondelier, señaló que “en un mundo normal, en el que Agrupación Nacional tuviera la más mínima pizca de moralidad, Marine Le Pen renunciaría por iniciativa propia a presentarse como candidata”.

“[Bardella y Le Pen] están cortados por el mismo patrón. ¡Echémoslos a todos!”, se limitó a escribir en X Jean-Luc Mélenchon, al que el inesperado regreso de Marine Le Pen a la carrera por el Elíseo le brinda la oportunidad de reavivar un duelo que lleva augurando desde 2012.

Apenas unas horas después de que un tribunal de apelación redujese su pena de inhabilitación y abriese la puerta a una nueva candidatura a las presidenciales, la líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, ha despejado el suspense y ha anunciado su intención de presentarse a las elecciones de 2027.

“Quiero agotar todas las vías de recurso de las que dispongo para poder defender mi inocencia en este caso”, ha afirmado Le Pen en su primera entrevista en televisión tras conocer el fallo. Este mismo martes, el Tribunal de Apelación de París confirmó la sentencia contra ella por malversación de fondos públicos, pero rebajó la pena, despejando de esta forma en segunda instancia el camino de la ultraderechista para presentarse a las próximas elecciones presidenciales, cuya primera vuelta será en abril de 2027.

“Dado que tengo la posibilidad de presentar un recurso de casación —lo que no era necesariamente el caso en otras situaciones— y que la resolución del Tribunal de Casación suspende los efectos de la sentencia, podré hacer campaña sin pulsera electrónica”, ha dicho la líder de Agrupación Nacional.

La pena contra Le Pen fue rebajada de cuatro a tres años de prisión, dos de ellos en libertad condicional, y de cinco años de inhabilitación a 45 meses, 30 de ellos condicionales, lo que la reduce a 15 meses firmes –ya ha pasado 15 meses en situación de inelegibilidad desde que se dictó la sentencia en primera instancia—. Incluso con la rebaja de la pena, podría verse obligada a cumplir un año de prisión firme con un brazalete electrónico, si el tribunal de última instancia confirma la sentencia. Este tribunal ya ha anunciado su intención de dictar sentencia antes de las presidenciales, tal vez a principios de 2027.

Algunos especulan con la posibilidad de que la defensa de Le Pen trate de dilatar el proceso para que no haya un fallo antes de las elecciones. En ese caso, si es elegida, una posible condena “quedará suspendida por la inmunidad presidencial y, por lo tanto, solo podrá ejecutarse una vez que este haya finalizado”, ha explicado la fiscal general del tribunal de apelación de París, Marie-Suzanne Le Quéau, en una entrevista en TF1.

Triple candidata a las presidenciales, Le Pen había establecido después de su condena en primera instancia varias condiciones para decidir si se lanzaba o no a una cuarta candidatura: ser elegible en la fecha de la primera vuelta, el 18 de abril de 2027, y no tener que hacer campaña con un brazalete electrónico.

La primera condición parece cumplirse con la sentencia en apelación. La segunda condición era la de no recibir condena a un año de prisión efectiva, que puede sustituirse por el uso de una pulsera electrónica. Pese a la seguridad mostrada durante la entrevista de que no tendrá que hacer campaña bajo vigilancia electrónica, los juristas en Francia dudan de las previsiones que Le Pen ha expuesto sobre su propio futuro judicial.

De hecho, para complicar aún más el horizonte judicial de Le Pen, algunos especialistas citan varios precedentes en los que un recurso de casación, al suspender la resolución de apelación, podría incluso reactivar la ejecución provisional dictada en primera instancia, una posibilidad que Le Pen ha afirmado no contemplar.

Más sorprendente aún, la activación del recurso de casación pone en marcha un nuevo juicio, cuyo fallo podría llegar en plena campaña electoral. Y nada hace pensar que ese fallo anulará completamente la pena de prisión contra Le Pen. Pero ella considera que “ya no hay ningún escenario en el que no pueda presentarme como candidata en 2027”, negándose a aceptar la posibilidad de que el tribunal confirme su culpabilidad (algo que los expertos consideran probable). “Esperemos que el tribunal de casación no se equivoque”, ha deseado la líder ultra. “Los franceses tendrán libertad para elegir. Serán ellos quienes tengan la última palabra”.

“Jordan Bardella y yo vamos a poner en marcha muy pronto esta campaña presidencial”, ha adelantado la líder de Agrupación Nacional, quien ha considerado que el tándem que forma con el joven presidente del partido (que hubiera sido candidato en su lugar en caso de inhabilitación) ofrece a los franceses una alternativa “equilibrada, coherente y sólida”.

“Hago un llamamiento a los franceses para que se unan a la plataforma que hemos inaugurado esta noche, Marinelepen.com, para apoyar esta campaña y participar activamente en ella, que acaba de comenzar”, ha concluido.

El Tribunal de Apelación de París ha confirmado la sentencia dictada en primera instancia contra Marine Le Pen por malversación de fondos públicos, pero ha rebajado la pena a tres años de prisión, dos de ellos en libertad condicional, así como a una inhabilitación de 45 meses, 30 de ellos condicionales, lo que la reduce a 15 meses firmes. Por lo tanto, la Justicia ha despejado en segunda instancia el camino a la líder de la extrema derecha —que ya ha pasado 15 meses en situación de inelegibilidad— para presentarse a las próximas elecciones presidenciales, cuya primera vuelta se celebrará en abril de 2027.

Le Pen deberá ahora decidir si sigue adelante o no con su candidatura. Incluso con la rebaja de la pena, deberá cumplir un año de prisión firme con un brazalete electrónico. Más allá de la posible inhabilitación, la líder ultra también había asegurado previamente que esta condición imposibilitaría la campaña. “Cuando se es candidato a las presidenciales, hay que tener total libertad de movimiento”, afirmó recientemente. Invitada la noche del martes en el telediario nocturno de la cadena TF1, es previsible que la diputada anuncie entonces su decisión.

Una de las incógnitas es el plazo y la duración efectiva de la condena a llevar un brazalete electrónico. Si Marine Le Pen ofrece las garantías necesarias al juez de aplicación de penas, este podría acordar una reducción y podría tener que llevarlo solo durante seis meses en lugar de un año.

Por otro lado, la decisión del tribunal de apelación no despeja totalmente el horizonte judicial de Le Pen. Si la Fiscalía decide interponer un nuevo recurso en casación, existen dudas sobre el calendario de aplicación de las penas y sobre si la decisión final podría llegar antes de las presidenciales, o si lo haría en el último momento. Y esa es otra de las condiciones que Le Pen había puesto a su candidatura. “No puede uno lanzarse a una campaña presidencial en el último momento”, explicó en una entrevista concedida a la revista Causeur.

El caso

La líder ultraderechista, junto a varios antiguos eurodiputados del Frente Nacional (hoy rebautizado Agrupación Nacional), fueron condenados en primera instancia por un delito de malversación de fondos públicos. En concreto, los jueces establecieron que habían utilizado grandes sumas del dinero destinado a los asistentes parlamentarios de los eurodiputados para financiar otras actividades del partido en Francia.

La sentencia consideró probada “la existencia de un sistema organizado, centralizado y optimizado”, entre 2004 y 2016, con Marine Le Pen “en el centro” como última responsable del partido desde que tomó las riendas en 2011. El tribunal estimó que la formación lepenista malversó 2,9 millones de euros durante más de 11 años, a través del sistema de empleos ficticios que consistía en hacer que los asistentes parlamentarios de los eurodiputados trabajaran para el partido.

Le Pen fue condenada en marzo del año pasado a cuatro años de prisión, dos de ellos sin posibilidad de libertad condicional (que podría cumplir con brazalete electrónico), además de una multa de 100.000 euros y cinco años de inhabilitación para cargos públicos con ejecución inmediata. Si bien el tribunal de apelación ha confirmado las sentencias, ha reducido las penas de prisión e inhabilitación para la mayoría de los candidatos.

En un comunicado publicado tras la sentencia, el Tribunal de Apelación expuso los fundamentos de su decisión, tanto sobre la culpabilidad de los acusados, como sobre las penas impuestas. En cuanto a la rebaja de la inelegibilidad, el tribunal considera que “le corresponde evaluar la proporcionalidad de la sanción en relación con la vulneración del derecho de elegibilidad”, pero estima que a ello debe añadirse “la libertad de elección del elector, condición indispensable para el ejercicio del sufragio democrático”.

La inhabilitación de Le Pen desató un terremoto político en Francia porque la eliminaba de la carrera para las elecciones presidenciales del año que viene. En el juicio ante el Tribunal de Apelación de París, celebrado el pasado febrero, la Fiscalía solicitó que se confirmaran las penas requeridas en primera instancia, aunque redujo ligeramente la petición de cárcel a solo un año de prisión efectiva. Durante el proceso, Le Pen negó haber cometido delito alguno y defendió la legalidad de las contrataciones, aunque admitió posibles errores de gestión e insistió en que actuó de “buena fe”.

La triple candidata a las elecciones presidenciales (finalista en 2017 y 2022) anunció ya en febrero que la decisión del tribunal de apelación determinaría el futuro de su candidatura. Y, como ya hizo en el momento de la primera sentencia, había tratado de vincular la decisión de su proceso judicial con una supuesta limitación de la democracia. “Esta decisión puede obstaculizar el funcionamiento democrático de nuestro país. Puede decidir por vosotros”, afirmó Le Pen este fin de semana en el último gran mitin del partido antes de conocerse el resultado de la apelación.

Anticipando los ataques políticos derivados de su decisión (como los que acompañaron a la primera sentencia), a mediados de mayo, el tribunal nombró como portavoz a una magistrada, con el fin de “acompañar” la publicación de decisiones “en el debate público y mediático, con un enfoque pedagógico”.

Relevo

El último gran mitin de Agrupación Nacional, celebrado este fin de semana en Liévin, en el norte del país, estuvo en realidad más enfocado a preparar la transición de la candidatura de Le Pen a la de Jordan Bardella que a reivindicar a la líder histórica de la extrema derecha francesa. Pocos en el país confiaban en una rebaja de la pena y el estado mayor del partido había comenzado a preparar el terreno para una campaña con Bardella.

“[Jordan Bardella] Nunca ha traicionado mi confianza”, afirmó Le Pen. “Si la justicia me prohíbe presentarme a las presidenciales [de 2027], apoyaré a Jordan con energía, gran convicción y gran confianza”.

La decisión es aún más relevante teniendo en cuenta que la extrema derecha lepenista está en posición destacada en todos los sondeos de cara a la primera vuelta de las presidenciales del año que viene, tanto en la hipótesis de una candidatura de Marine Le Pen como en el caso de un relevo de Jordan Bardella. De hecho, los expertos en demoscopia apuntan que, a día de hoy, las encuestas son ligeramente más favorables para Bardella.

El futuro político de Marine Le Pen se decide esta semana. Un tribunal de París anunciará el martes la sentencia del juicio en apelación en el caso de los asistentes parlamentarios del Frente Nacional (hoy rebautizado Agrupación Nacional, RN) por el que Le Pen fue juzgada y condenada por primera vez en 2025. La todavía líder del partido ha anunciado que la decisión judicial condicionará su candidatura a las elecciones presidenciales de 2027.

Le Pen, junto a varios antiguos eurodiputados del partido, fueron condenados por haber establecido, entre 2004 y 2016, un “sistema” destinado a desviar fondos de la Unión Europea. En concreto, utilizando el dinero destinado a los asistentes parlamentarios de los eurodiputados para financiar otras actividades del partido en Francia.

El tribunal estimó que el Frente Nacional malversó 2,9 millones de euros durante más de 11 años, a través de un sistema de empleos ficticios que consistía en hacer que los asistentes parlamentarios de los eurodiputados trabajaran para el partido. La sentencia consideró probada además “la existencia de un sistema organizado, centralizado y optimizado”, con Marine Le Pen “en el centro” del mismo desde 2009, cuando “se integró con autoridad y determinación en el funcionamiento establecido por su padre, en el que ya participaba desde 2004”.

En primera instancia, Le Pen fue condenada en marzo del año pasado por un delito de malversación de fondos públicos a cuatro años de prisión, con dos de prisión firme (que probablemente podría cumplir con brazalete electrónico), además de una multa de 100.000 euros y cinco años de inhabilitación para cargos públicos con ejecución inmediata. Esta última pena, aún en vigor, le impide presentarse a futuras elecciones en Francia, incluidas las presidenciales de 2027. No obstante, Le Pen ha podido conservar su acta de diputada, ya que la jurisprudencia francesa permite a los parlamentarios mantener su escaño hasta el final de la legislatura.

En el juicio en apelación, celebrado el pasado febrero, la fiscalía solicitó que se confirmaran las penas requeridas en primera instancia, aunque redujo ligeramente la petición de cárcel a solo un año de prisión efectiva. En cualquier caso, la triple candidata a las elecciones presidenciales (finalista en 2017 y 2022) anunció ya en febrero que la decisión del tribunal de apelación determinará el futuro de su candidatura. “Si se aceptan las peticiones de la Fiscalía, se me impedirá presentarme a las elecciones”, advirtió entonces.

Más allá de la posible inhabilitación, Le Pen también considera que una condena de prisión imposibilitaría la campaña. “Si puedo ser candidata, lo seré, siempre y cuando pueda hacer campaña”, declaró la diputada hace unos días en una entrevista al canal LCI, añadiendo que “cuando se es candidato a las presidenciales, hay que tener total libertad de movimiento”. Por eso, Le Pen había advertido que, de una forma u otra, la sentencia del martes marca el momento decisivo respecto a la viabilidad de una nueva candidatura.

Posible resquicio

Pese a que el llamado caso de los asistentes parlamentarios del Frente Nacional lleva más de diez años abierto, la sentencia de marzo de 2025 pareció sorprender a Marine Le Pen, que durante todo el juicio negó cualquier acción delictiva y rechazó la autoridad del Parlamento Europeo para poner en cuestión la utilización de los fondos de los diputados. No obstante, en la apelación, los acusados han variado su defensa y han alegado diferencias de interpretación o desconocimiento de las normas comunitarias.

En cualquier caso, la mayoría de juristas considera como escenario más probable la confirmación de la sentencia y de las penas pronunciadas en primera instancia. Prácticamente nadie contempla ni la absolución total, ni la suspensión completa de la pena de inelegibilidad.

No obstante, el partido aún estima posible un pequeño resquicio que permitiría a Le Pen presentarse por cuarta vez a la jefatura del Estado: la reducción de la inhabilitación de cinco a dos años, con lo que finalizaría el 31 de marzo de 2027. La primera vuelta de las presidenciales se celebrará el domingo 18 de abril y, en Francia, los mismos expertos se interrogan estos días sobre si menos de un mes de margen es suficiente para realizar todos los trámites necesarios para inscribir la hipotética candidatura de Le Pen.

El veredicto en primera instancia fue acogido con una oleada de críticas con ecos trumpistas, invocando una persecución política por parte “del sistema”. El partido organizó un mitin de apoyo a la líder ultra, con participación de figuras de la ultraderecha europea, en el que Le Pen llegó a compararse con Martin Luther King.

Candidatura de Bardella

La extrema derecha lepenista está en posición destacada en todos los sondeos de cara a la primera vuelta de las presidenciales del año que viene, tanto si Marine Le Pen es candidata como si la inhabilitación obliga a su protegido, Jordan Bardella, a tomarle el relevo. De hecho, los expertos en demoscopia apuntan que las encuestas son ligeramente más favorables para Bardella.

Sin embargo, los posibles adversarios que se han manifestado al respecto, afirman que Bardella, por su juventud y falta de experiencia en una campaña presidencial, sería un candidato menos sólido. “[Marine Le Pen] es una mujer muy inteligente, no está ahí por casualidad. Y si se presenta por cuarta vez, no es una rival de la que uno se pueda burlar”, reconocía recientemente Jean-Luc Mélenchon en una entrevista a la emisora Radio Nova.

Más relevante aún, en caso de inhabilitación confirmada, queda por ver cómo los líderes de la extrema derecha francesa gestionan el reequilibrio de su nueva relación entre mentora y protegido. Bardella, que reconoce deber su carrera a Marine Le Pen, ha ido poco a poco cimentando una popularidad propia, a veces eclipsando a su mentora, y una línea política ligeramente divergente al populismo lepenista.

Dentro de RN algunos ven con desconfianza un posible giro liberal y en cierto modo favorable a la élite económica. Divergencias a las que no está acostumbrado un partido de tradición bonapartista, de clan y vertical, gestionado siempre por una misma familia, en el que por primera vez —y por causas externas— el poder de decisión lo tendría un candidato que no se apellida Le Pen.

El entonces presidente de la principal organización patronal francesa, Ernest-Antoine Seillière, salió en 2002 de la reserva a la que le obligaba su cargo e hizo un llamamiento público a votar contra Jean-Marie Le Pen, que había clasificado a la extrema derecha francesa para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Diez años más tarde, su sucesora, Laurence Parisot, primera mujer al frente del Movimiento de Empresas de Francia (Medef), publicó un libro en el que llamaba a los círculos económicos del país a desconfiar del proceso de normalización que Marine Le Pen, que había tomado el relevo de su padre como líder de la extrema derecha francesa, había iniciado.

La situación es muy diferente hoy, cuando los encuentros entre el partido lepenista y los grandes empresarios franceses han dejado de ser tabú. En abril, la dirección del Medef anunció con antelación una reunión en París con Jordan Bardella. El pasado verano, Bardella ya había sido invitado a las reuniones que cada año el Medef organiza con los representantes de los principales partidos políticos.

El actual presidente de la patronal francesa, Patrick Martin, considera que la evolución viene impuesta por la necesidad de “pragmatismo”, ya que los empresarios “deben prepararse para el futuro”. Respecto a las acciones de sus predecesores en el cargo, Martin justificaba recientemente a France Info que “Laurence Parisot se pronunció en una época en la que era menos arriesgado, porque la posibilidad de que Agrupación Nacional (RN) llegara al poder era mínima. Hoy en día el contexto es diferente”.

En realidad, los grandes empresarios franceses y sus representantes siguen considerando los programas electorales de RN como poco serios y la patronal francesa, que ha reclamado mejores vías de regularización para los migrantes en los sectores que necesitan más mano de obra, ve con inquietud la retórica antiinmigración del partido. Pero, a un año de la próxima elección presidencial, las encuestas de cara a la primera vuelta son muy favorables a la extrema derecha lepenista y, para la segunda, por primera vez, algunos sondeos dicen que Jordan Bardella podría ser capaz de derrotar a un candidato de centroderecha o a uno de izquierdas.

Los encuentros se normalizan

Así que los empresarios se preparan, escuchan y permiten al partido cofundado por Jean-Marie Le Pen presentar un nuevo éxito en su estrategia de normalización. Durante mucho tiempo las puertas de las grandes empresas francesas estuvieron cerradas al Frente Nacional (hoy Agrupación Nacional) y a la familia Le Pen.

Por un lado, las declaraciones racistas y antisemitas de Jean-Marie Le Pen le hacían indigno de frecuentar a la mayoría de los grandes nombres del capitalismo francés; por otro, sus propuestas económicas, consideradas irreales, y las posiciones políticas antiélites y soberanistas de su hija inquietaban en los círculos empresariales. Incluso a día de hoy, el partido sigue teniendo problemas para encontrar bancos franceses dispuestos a concederles un crédito para no verse relacionados con ellos.

Pero los tiempos están cambiando y hoy los grandes nombres del capitalismo francés aceptan dialogar de manera más o menos pública con la extrema derecha lepenista. Le Nouvel Obs informó hace unos meses de que Marine Le Pen había cenado en el célebre restaurante Drouant (en el que cada año se anuncian los grandes premios literarios) con una quincena de dirigentes de las principales empresas francesas (Accor, Engie o Renault, entre otros). Una velada en la que también estaba el patrón del conglomerado del lujo LVMH y hombre más rico de Francia, Benard Arnault.

El discurso estatista y antiélites se ha ido moderando hasta desaparecer en muchos aspectos. Hoy en RN ya nadie habla de la salida de Francia de la Unión Europea, ni de la vuelta al franco, medidas que inquietaban profundamente a los círculos empresariales

Unos meses antes, en octubre de 2025, Le Pen se había reunido con Patrick Pouyanné, el director general de TotalEnergies. Y lo que es más llamativo aún, La Tribune Dimanche reveló en la misma época que Le Pen había sido invitada a la mansión del multimillonario Vincent Bolloré en su exclusiva residencia en la Villa Montmorency.

A pesar de coincidir en algunos aspectos, como en la retórica contra la inmigración o los ataques constantes a la radiotelevisión pública, la prensa francesa siempre ha hablado de una mutua desconfianza entre el magnate francés y la diputada. De hecho, en 2022 Bolloré lanzó a través de sus medios de comunicación a su propio candidato, Éric Zemmour, y sus medios parecen mostrar hoy una mayor proximidad ideológica con el actual presidente de Los Republicanos, Bruno Retailleau.

Jordan Bardella y Vincent Bolloré

Pero si las reticencias de Bolloré y el resto del mundo empresarial francés respecto al partido lepenista han ido reduciéndose, es previsible que la proximidad aumente si el 7 de julio la Justicia confirma la inhabilitación de Marine Le Pen. En ese caso, Jordan Bardella será el candidato. El joven protegido de Marine Le Pen ya ha dado algunas indicaciones sobre el giro liberal y proempresarial que puede tomar su campaña presidencial.

Bardella publica sus libros en Fayard, editorial controlada por Bolloré, en la que también aparecen las obras de Éric Zemmour o las crónicas carcelarias de otro de sus modelos en política, Nicolas Sarkozy. “Es verdad que Bolloré y Marine Le Pen defienden líneas políticas diferentes; ella es más intervencionista y se reivindica como 'ni de derecha ni de izquierda', mientras que Bolloré es un liberal (en lo económico) claramente de derechas”, explica Jean-Yves Camus, politólogo francés especialista en la extrema derecha.

Director del Observatorio de Radicalismos Políticos de la Fundación Jean-Jaurès, Camus también apunta que la candidatura de Bardella aportaría una ventaja adicional al empresario. “Es más joven y con menos experiencia que Marine Le Pen, es más influenciable. Y no hay que olvidar que, como hombre influyente y empresario, Bolloré sin duda piensa que esto será favorable para sus negocios, ya que habrá contribuido a su victoria”. 

Simpatía creciente por la empresa

Marine Le Pen afirmaba en 2011: “Que las empresas del CAC 40 [el índice bursátil francés] estén en desacuerdo con mi proyecto es casi una garantía de que va por buen camino. Ellos son el 1% que se ha enriquecido durante años mientras el pueblo pagaba la factura. Es totalmente normal que estén en mi contra”. Pero el hecho es que ese discurso estatista y antiélites se ha ido moderando hasta desaparecer en muchos aspectos. Hoy en RN ya nadie habla de la salida de Francia de la Unión Europea, ni de la vuelta al franco, medidas que inquietaban profundamente a los círculos empresariales.

Bardella es más joven y con menos experiencia que Marine Le Pen, es más influenciable. Y no hay que olvidar que, como hombre influyente y empresario, Bolloré sin duda piensa que esto será favorable para sus negocios, ya que habrá contribuido a su victoria

Jean-Yves Camus — Director del Observatorio de Radicalismos Políticos de la Fundación Jean-Jaurès

La propia Le Pen se alarma ahora “del muro de la deuda” y “del desequilibrio de las finanzas públicas” que lastran la economía del país. Los diputados (RN es, de largo, el partido más representado en la Asamblea Nacional) han votado junto a la derecha tradicional en la mayoría de cuestiones fiscales y a menudo han rechazado los impuestos sobre las empresas y las grandes rentas, como la tasa propuesta por el economista Gabriel Zucman.

Y ciertas propuestas en las que Jordan Bardella comienza a distanciarse de su mentora van más allá: Bardella ha propuesto grandes “rebajas de impuestos” para las empresas y eliminar “los obstáculos normativos” que, a su juicio, frenan el desarrollo económico. Defiende un acercamiento con Alemania —habla de “convergencias ideológicas” con Friedrich Merz— y mira con envidia los puentes que Giorgia Meloni ha tendido con Berlín (Le Pen, por su parte, siempre ha preferido a Mateo Salvini y criticado la industria alemana).

Divergencias con la jubilación

El joven presidente del partido lepenista ha ido un paso más allá en las últimas semanas y, por primera vez, ha defendido una reforma de las pensiones totalmente diferente de la que propone su mentora. Una situación que, según la prensa francesa, genera tensiones internas en un partido acostumbrado a una única línea política.

Bardella sugiere eliminar toda referencia a una edad legal de jubilación e incorporar al sistema de reparto un componente de capitalización. En declaraciones recientes ha hecho suyos varios de los argumentos esgrimidos por el Gobierno macronista que impulsó la última reforma, que Marine Le Pen defiende suprimir.

“Jordan Bardella no se apellida Le Pen: eso es hoy una baza dentro del RN. En ese sentido, puede encarnar un momento de ruptura y renovación para el partido, que aspira a convertirse en una formación de derecha radical y no ya de extrema derecha, pero también en más liberal en el plano económico”, analizaba en enero el politólogo Luc Rouban, director emérito de investigación del CNRS en una entrevista en The Conversation. “Ese nuevo RN encajaría bastante bien con una cultura trumpista que se está abriendo camino en Francia. Permitiría, en particular, atraer a votantes de Los Republicanos y Reconquista [el partido de Zemmour]”.

Encontrar un equilibrio entre la conquista de nuevos votantes y la satisfacción de la base será, en cualquier caso, el desafío del candidato de la extrema derecha lepenista. Si el tribunal confirma la sentencia sobre Le Pen, y el joven presidente del partido se convierte en el candidato, las tensiones entre el populismo reivindicado de su mentora y el liberalismo Bardella serán una de las claves de la campaña.

La propia Le Pen parece ser consciente de esta dualidad y de la posible emancipación de Bardella, si la decisión judicial le es adversa. En mayo se lo explicaba así al diario Le Parisien: “Las decisiones [programáticas] no se tomarán antes del 7 de julio, ya que ninguno de los dos quiere verse atrapado en un proyecto que no es el suyo”.

En Francia a menudo se habla de “galaxia Bolloré” o de “imperio Bolloré”, como si solo el nombre de una empresa o un apellido no fueran suficientes para describir el alcance e influencia que ha conseguido. Una red de medios de comunicación, distribuidoras, productoras audiovisuales y editoriales que ocupa cada vez más espacio en el debate público y proporciona una enorme plataforma para promover las posiciones sociales y políticas de su dueño.

Heredero de un grupo empresarial con más de dos siglos de historia, la familia Bolloré había hecho fortuna en el papel (la B del papel de liar OCB). Vincent Bolloré se incorporó a la empresa familiar en un momento de crisis, a principios de los 80. No solo logró salvar el grupo, sino que, en cuanto fue posible, apostó por el crecimiento y la ampliación de las actividades: primero en el transporte y la logística, después en la publicidad y, por último, en los medios de comunicación.

A principios de la pasada década se hizo con el control de Vivendi (matriz de Canal+) como accionista mayoritario, momento que marca su irrupción en el panorama mediático francés. Desde entonces su poder no ha dejado de crecer: en la actualidad controla —o tiene participación— en más de cincuenta medios de comunicación, entre canales de televisión, emisoras de radio, revistas y webs de información y entretenimiento.

Un ecosistema creado gracias a la adquisición de empresas de renombre a menudo en dificultades económicas. Siempre con las mismas consecuencias, una mecánica que se repite con cada toma de control: reemplazo de directivos por personas marcadas ideológicamente y fieles a Bolloré, cambio de línea editorial y renovación de las redacciones a base de despidos y dimisiones.

Línea editorial unificada

Con una línea editorial unificada, cada medio del grupo actúa como caja de resonancia de los mismos mensajes: los temas preferidos (inseguridad, inmigración, ataques a la izquierda) circulan y se amplifican como parte de una agenda ideológica muy marcada. La de su dueño. “La evolución de su grupo mediático en los últimos diez años no deja lugar a dudas: su proyecto consiste en la conquista del poder, al menos en los planos ideológico, cultural y religioso”, explica Alexis Lévrier, profesor titular de la Universidad de Reims y especialista en historia de los medios de comunicación.

Sus actividades en el mundo de la prensa y la edición se deben a que está convencido de que para poder gobernar hay que derrocar la hegemonía cultural de la izquierda. La Nouvelle Droite [grupo de intelectuales de ultraderecha] ya intentó hacerlo antes, pero Bolloré dispone de medios prácticamente ilimitados

Jean-Yves Camus — politólogo

“Busca recuperar una identidad francesa centrada en raíces cristianas, deshaciéndose de culturas extranjeras y, en particular, señalando al islam como una religión inasimilable. Sin embargo, no busca tomar el poder él mismo: más bien se apoyará en responsables políticos afines a sus ideas, y que dependen de sus medios de comunicación, para conquistar el poder y luego mantenerse en él”, añade Lévrier.

Como se ha visto recientemente, la influencia de Vincent Bolloré va mucho más allá de los medios de comunicación. El método Bolloré también está presente en el ámbito cultural y la bollorisation que denuncian artistas e intelectuales pasa también por un combate cultural.

“Sus actividades en el mundo de la prensa y la edición se deben a que está convencido, al igual que gran parte de la derecha francesa más conservadora, de que para poder gobernar hay que derrocar la hegemonía cultural de la izquierda”, señala Jean-Yves Camus, politólogo y especialista en la extrema derecha francesa. “La Nouvelle Droite [grupo de intelectuales de ultraderecha] ya intentó hacerlo antes, aunque con escasos medios. Bolloré dispone de medios prácticamente ilimitados”.

En lo que respecta al mundo de la edición, los acontecimientos se han acelerado desde 2020, cuando Vivendi entró en el capital de Lagardère, otra de esas empresas que atravesaba una larga crisis. Aprovechando la caída del precio de las acciones provocada por la pandemia del covid-19, Vivendi compró las participaciones del fondo Amber Capital y logró suficientes acciones para lanzar una oferta pública de adquisición.

De este modo, tomó el control total de un grupo que cuenta, entre otros, con la principal editorial francesa (Hachette), la radio Europe 1 y Le Journal du dimanche (JDD). Las redacciones pasaron por la misma transformación brutal que había sufrido I-Télé en 2016, la cadena de noticias de Canal+ convertida hoy en Cnews, la cara más visible de la batalla ideológica del grupo.

Revuelta en el cine y la literatura

Así, el nombre Bolloré es hoy omnipresente en la vida pública francesa. Oficialmente retirado desde 2022, en realidad nadie duda de que el empresario sigue moviendo los hilos del grupo Vivendi a través de sus hijos y de sus colaboradores más fieles. Y la red empresarial que ha tejido es tal que en varios sectores controla a la vez la creación y la distribución.

Por ejemplo, además de periódicos y revistas, posee las tiendas y kioscos Relay, presentes en las estaciones de tren y los aeropuertos de toda Francia, lo que permite imponer aún más su presencia en la vida cotidiana de los franceses. De manera similar en octubre de 2025, el grupo Canal+, que ya controlaba la empresa de producción y distribución Studio Canal, adquirió el 34% del capital de UGC, la tercera red de cines más grande de Francia, con la intención de adquirir la totalidad en los próximos años.

Una nueva etapa en el control progresivo del cine francés que un colectivo de 600 profesionales del sector decidió denunciar hace unas semanas con una tribuna en Libération, coincidiendo con el inicio del festival de Cannes. “La batalla cultural de la que tanto se habla no se refiere a un simple enfrentamiento de ideas. Al dejar el cine francés en manos de un empresario de extrema derecha, no solo corremos el riesgo de que las películas se uniformicen, sino también de que se produzca un control fascista sobre el imaginario colectivo”, afirmaba el texto.

“Depredación”

Pero en la galaxia Bolloré las voces discordantes no son bien acogidas. Maxime Saada, actual presidente del consejo de administración de Canal+ y vicepresidente de Lagardère (uno de los fieles de Bolloré), anunció el día después de la publicación de la tribuna su intención de vetar a los firmantes de la carta en todas las producciones del grupo (el más importante del cine francés).

La batalla cultural también se libra en el mundo editorial. La destitución de Olivier Nora, director general de la editorial Grasset & Fasquelle, relevado por uno de los fieles de Bolloré, creó un seísmo en el sector. Nora es unánimemente respetado en el mundo de la edición y la toma de control brutal provocó una reacción sin precedentes: 250 autores de Grasset, incluyendo a Virginie Despentes, Bernard-Henri Lévy o Pascal Bruckner, decidieron abandonar la famosa casa.

“No es una guerra, es una forma de depredación. Si utilizamos la misma palabra que cuando se habla de depredación sexual, es porque se trata del mismo mecanismo: abusar del poder para despojar al otro de su humanidad”, afirmaba recientemente la autora de Vernon Subutex en una intervención en la televisión pública.

Esas recientes polémicas han supuesto una llamada de atención para el mundo de la cultura en Francia. En el mundo del cine se alzan las voces contra la “lista negra” y las represalias anunciadas contra los firmantes del artículo publicado en Libération (cuyo número ha subido de los 600 iniciales a 3.400).

El miércoles 13 de mayo se celebró en el Théâtre de la Concorde de París un evento llamado 'Estados generales de autoras y autores', convocado por un colectivo que reúne profesionales de la escritura con el fin de “imaginar soluciones” para preservar la independencia de los creadores.

La presidencial de 2027 en el horizonte

A pesar de la enorme concentración de poder de un solo hombre, el poder político en Francia no parece inclinado a actuar. Al menos no públicamente. Si la prensa francesa apunta que Emmanuel Macron (al que atribuye una relación particularmente mala con Bolloré) ha incitado en varias ocasiones a otros millonarios franceses a disputarle el control de los medios y la edición, en sus declaraciones públicas el presidente galo se ha limitado a desear “pluralismo” en la cultura y la prensa del país.

“Emmanuel Macron había prometido actuar y desgraciadamente no ha hecho nada”, lamenta Alexis Lévrier. “Se había anunciado una ley sobre el derecho de aprobación en los medios tras la compra del JDD y la huelga de 40 días de toda la redacción: eso habría permitido evitar que se nombrara a un director editorial en contra de la opinión de la redacción”.

Por otro lado, una gran ley sobre los medios de comunicación debía tramitarse después de una serie de grandes consultas (los trabajos de los Estados Generales de la Información) organizadas durante este segundo mandato por impulso del presidente. “Pero, sin duda, para no ofender a los principales magnates que controlan los medios de comunicación, esa ley nunca se debatió en la Asamblea Nacional”, señala el historiador. “Ahora ya es demasiado tarde para que actúe bajo la presidencia de Emmanuel Macron. Las próximas presidenciales serán una prueba de fuego para la democracia: si la extrema derecha no gana, será imprescindible actuar con rapidez para poder impedir que el proyecto de Vincent Bolloré se haga realidad”.

Las primeras señales aparecieron a mediados de febrero. A un mes de las elecciones municipales en Francia, un blog y varias publicaciones en Facebook y en X acusaban a Sébastien Delogu, candidato de Francia Insumisa (LFI) a la alcaldía de Marsella, de diferentes actos de violencia, de violación y de “deriva islamista”, entre otras cosas. Además, trataban ridiculizarlo con imágenes generadas por IA. En varios puntos de la ciudad aparecieron carteles con un código QR que redirigía al citado blog.

Le Monde fue el primero en hacerse eco de estos ataques a principios de marzo. Los autores de la campaña de desinformación habían contactado por correo electrónico a varios periodistas que cubrían las elecciones municipales, incluido el corresponsal de ese periódico, para tratar de lograr la difusión de las informaciones falsas en medios legítimos.

El diario francés pudo identificar entonces las cuentas de redes sociales que habían compartido la información como parte de una red de perfiles falsos, creados para atacar a Delogu, pero también a otros dos candidatos insumisos: François Piquemal, que fue derrotado por la derecha en la segunda vuelta en Toulouse y David Guiraud, elegido alcalde en Roubaix.

Delogu, por su parte, terminaría retirando su candidatura en la segunda vuelta en favor del socialista Benoît Payan, ante la posibilidad que la extrema derecha se hiciera con el Ayuntamiento marsellés. Como el resto de miembros de Francia Insumisa, los tres políticos habían hecho de la denuncia de las atrocidades en Gaza y Cisjordania un elemento importante en sus discursos.

Los métodos usados en las campañas de desinformación contra los candidatos LFI sugerían que detrás estaba una empresa especializada en operaciones de este tipo. Un extremo que fue confirmado en las semanas posteriores por Viginum, el servicio estatal francés encargado de luchar contra este tipo de injerencias, que afirmó haber encontrado “indicadores técnicos extranjeros”. A finales de marzo, Le Canard enchaîné amplió la información señalando por primera vez que los especialistas franceses sospechaban que la campaña había sido llevada a cabo por una empresa israelí.

Ya en el mes de mayo, citando “una fuente con conocimiento de la investigación”, la Agencia France Presse confirmó la procedencia israelí. Según esta información, los servicios de seguridad franceses remontaron la pista hasta una entidad denominada BlackCore, que en realidad sería “la puerta de entrada a una operación mucho más compleja”, según afirmó la misma fuente. No obstante, AFP quiso matizar que la investigación aún no ha determinado quién ordenó la campaña ni si el origen tiene carácter estatal o privado.

Ciberinteligencia

Varios medios de comunicación han profundizado en el caso. En una extensa investigación Libération analizó, junto con el diario israelí Haaretz, los dominios de Internet vinculados a la red BlackCore, así como servidores y el código utilizado en las webs de la red. La pista remonta a dos empresas con sede en Israel: Galacticos Ltd. y SNI Digital, y a un empresario llamado Doron Afik, que afirma ser especialista en el sector de la ciberseguridad.

Entre los responsables de estas empresas también se encontraría un antiguo miembro de una unidad del Ejército israelí especializada en ciberinteligencia. Según Libération, las webs de las empresas se promocionan como especialistas en “infiltración de grupos” en redes sociales, “manipulación de tendencias” y “manipulación de encuestas”.

En una investigación paralela, Reuters confirmó a través de Meta —la empresa propietaria de Facebook e Instagram— que la red de influencia responsable de la operación de desinformación electoral en Francia se había originado en Israel. También, que estaba ligada a una campaña de influencia similar “en favor de un gobierno africano”. Meta afirmó a Reuters haber eliminado los perfiles y páginas de su plataforma por infringir sus normas contra “comportamiento inauténtico coordinado”.

Informe censurado

Por otro lado, esta semana, nuevas revelaciones de Le Canard enchaîné han dado un giro político a la investigación. Según este periódico, el organismo que agrupa los actores que velan por la seguridad de las elecciones en Francia —la Red de Coordinación y Protección Electoral— celebró el 5 de mayo una reunión para aprobar su primer informe público dedicado a las operaciones de desestabilización extranjera observadas durante las elecciones municipales.

Gran parte de este documento debe abordar las maniobras dirigidas contra los tres cabezas de lista de Francia Insumisa en Marsella, Toulouse y Roubaix. Pero uno de los participantes en la reunión, Christian Charpy, presidente de la Comisión Nacional de Cuentas de Campaña y Financiación Política, “exigió que se censuraran pasajes” para que no “sirvieran de trampolín a LFI”, según Le Canard enchaîné. Una exigencia que dio por resultado el bloqueo del informe, un documento hoy “censurado y guardado en un cajón”, de acuerdo con el mismo medio.

El líder de LFI, Jean-Luc Mélenchon, reaccionó inmediatamente a la publicación. “Existe, pues, un informe que demuestra las injerencias electorales contra LFI por parte de una empresa israelí: BlackCore, una agencia cercana a Netanyahu”, denunció el martes en un mensaje en X. Mélenchon también criticó la voluntad “en las altas esferas del Estado” de “edulcorar la verdad”, un Gobierno, que “guarda silencio” y que así “se convierte en cómplice de actos contrarios a la democracia y al interés nacional”.

Investigación abierta

Si bien parte de los medios franceses considera que los contenidos contra los candidatos insumisos tuvieron escasa difusión y visibilidad, el partido cree que se ha minimizado la gravedad del caso y presentó una denuncia pasadas las elecciones. En Toulouse, François Piquemal solicitó la anulación del resultado alegando una supuesta injerencia extranjera.

“A día de hoy, los habitantes de Toulouse pueden preguntarse legítimamente si la extrema derecha israelí ha robado las elecciones. El hecho de que el Gobierno [francés], que siempre ha apoyado al señor Moudenc [candidato conservador que ganó la elección], retenga hoy información sobre el informe público (...), no hace más que dar crédito a esta tesis”, declaró el diputado LFI este miércoles en una rueda de prensa convocada por los tres candidatos insumisos implicados, tras las revelaciones de Le Canard Enchainé.

Esa misma tarde, Piquemal interrogó al Gobierno sobre esta cuestión en la Asamblea Nacional. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, afirmó que desde el Ejecutivo han sido totalmente “transparentes” sobre estos temas. “No escondemos nada, y el informe se publicará, evidentemente. Además, se ha iniciado una acción judicial. Se trata de injerencias digitales extranjeras, que son bastante graves”, subrayó el ministro.

A un año de la elección presidencial, a Kylian Mbappé le preocupa la posible ascensión al poder de la extrema derecha de Francia. “Es algo que me afecta, sé lo que significa y qué consecuencias puede tener para mi país que gente como ellos llegue al poder”, afirmó recientemente en una extensa entrevista a la edición estadounidense de Vanity Fair.

Anticipando las reticencias a que una figura del mundo del deporte use su visibilidad para opinar sobre la situación política, el jugador francés del Real Madrid reivindica su condición de “ciudadano” y rechaza la idea de que un futbolista deba “limitarse a jugar y a callarse”.

No es la primera vez que Mbappé se posiciona contra el partido de Marine Le Pen, pero lo cierto es que cada vez que el capitán de la selección francesa se pronuncia sobre la cuestión se crea una pequeña polémica al respecto. En 2024, en vísperas del partido de cuartos de final de la Eurocopa, Mbappé había calificado en una rueda de prensa de “catastróficos” los resultados de la primera vuelta de las elecciones legislativas, en las que Agrupación Nacional había sido la fuerza más votada.

“Nos impactó”, recuerda Mbappé en la misma entrevista. “Somos ciudadanos y no podíamos quedarnos ahí sin más, decirnos que todo iba a ir bien y salir a jugar”. Así que unos días antes de la segunda vuelta, el delantero hizo un llamamiento a votar en contra de la extrema derecha. “Esperamos que todo el mundo se movilice y vote por el lado correcto”, en contra de las “ideas que dividen”. Declaraciones que secundaron otros compañeros de la selección, como Ousmane Dembélé y Marcus Thuram.

Otras figuras del deporte francés se posicionaron entonces de manera similar, aunque evitando nombrar directamente al partido lepenista. Fue el caso del baloncestista de la NBA Victor Wembanyama, que llamó a los votantes a “alejarse de los extremos” y del capitán de la selección francesa de rugby, Antoine Dupont, quien animó a los franceses a votar recordando “los valores de la diversidad” del deporte.

Réplica discreta de Le Pen y Bardella

Si en 2024 los líderes del partido lepenista habían reaccionado calificando de “millonarios desconectados de la realidad” a los futbolistas, esta vez Marine Le Pen y Jordan Bardella han sido relativamente discretos en sus repuestas a las declaraciones de Mbappé, optando por subrayar los éxitos del PSG, su antiguo club, desde que el delantero dejó París por Madrid ha ganado una Liga de Campeones y en unos días aspira a repetir título.

“Cuando dice [a Vanity Fair] que no vamos a ganar las elecciones, eso me tranquiliza, porque se fue del PSG al Real Madrid diciendo que era para ganar la Liga de Campeones, y mientras tanto el PSG ha ganado la Liga de Campeones”, reaccionó Marine Le Pen en una entrevista en la radio RTL. “Que siga diciendo que no vamos a ganar las elecciones, por mí está bien”.

No obstante, su sobrina, la eurodiputada Marion Maréchal, sí que ha arremetido contra Mbappé desde otro ángulo, cuestionando su derecho a pronunciarse sobre la actualidad de su propio país. “Se trata sobre todo de una falta de legitimidad, de una opinión política procedente de alguien que no vive en Francia, que no paga sus impuestos en Francia y que forma parte de un sector de la población especialmente privilegiado”, afirmó en la cadena LCI.

En contra de 'les bleus'

Con escasos apoyos en el mundo de la cultura y el deporte, la brecha entre el antiguo Frente Nacional (rebautizado Agrupación Nacional en 2018) y la selección francesa de fútbol es particularmente profunda y viene de lejos. En 1996, durante la Eurocopa de Inglaterra, Jean-Marie Le Pen tildaba de “artificial traer a jugadores del extranjero y bautizarlos como selección francesa”, en alusión a jugadores cuyas familias eran originarias de otros países.

Dos años después, la victoria en el Mundial desató la euforia en Francia en torno al equipo black-blanc-beur [negro-blanco-magrebí], fórmula inspirada en el bleu-blanc-rouge [azul-blanco-rojo] de la bandera nacional, que hacía referencia a los diferentes orígenes étnicos y culturales de los jugadores. La expresión fue retomada por la prensa y los políticos, que se deshicieron en elogios para erigir a la selección de manera casi unánime en escaparate de valores de igualdad y diversidad.

Una de las pocas voces en la vida pública francesa en denostar el equipo liderado por Zinedine Zidane fue, de nuevo, el fundador del Frente Nacional. “Han puesto a un argelino para contentar a los árabes, a un kanako [Christian Karembeu, autóctono de Nueva Caledonia] que ni siquiera quiere cantar La Marsellesa y a negros para satisfacer a los antillanos. Pero eso no tiene nada que ver con una selección francesa”, afirmó entonces Jean-Marie Le Pen, que solía emplear la expresión “franceses solo en los papeles” para aquellos franceses cuyas familias venían de fuera de Europa.

Pasada la euforia de ese equipo (que cerró su ciclo en 2006), el debate sobre la selección multicultural empezó a tomar otro cariz más negativo a medida que avanzaba el nuevo siglo. Especialmente cuando el equipo dejó de ganar. Precisamente un documental estrenado hace solo unas semanas ha devuelto a la actualidad y a los debates en los programas deportivos franceses los incidentes alrededor de la huelga de jugadores durante el Mundial de Sudáfrica en 2010. También la recuperación política que lo acompañó, en particular por el Gobierno de Nicolas Sarkozy y también por la propia Marine Le Pen.

Una histórica portada de L'Equipe, con un presunto insulto pronunciado por Nicolas Anelka (que los jugadores siempre han negado), un cuerpo técnico superado por los acontecimientos y un vestuario dividido desembocaron en un psicodrama que alimentó la apertura de los telediarios franceses y, de ahí, saltó al debate político. Roselyne Bachelot, entonces ministra de Deportes, denunció en la Asamblea Nacional una “selección francesa en la que unos caïds daban órdenes a unos chavales asustados”.

La utilización de la palabra caïd, originaria del árabe y que se utiliza habitualmente en Francia como sinónimo de jefe de grupo criminal, no pasó desapercibida y pareció querer señalar solo a una parte de los jugadores. Marine Le Pen fue entonces más allá de la ministra y afirmó que era problema que algunos jugadores tenían “otra nacionalidad [que no era la francesa] en el corazón”.

Para la hija del fundador del Frente Nacional, el black-blanc-beur siempre fue “un mito grotesco” y “creado de la nada”. El documental recupera una de las declaraciones de Marine Le Pen sobre la huelga de la selección, que datan de 2010. “Es evidente que hay clanes étnicos y religiosos que están instaurando un apartheid dentro de este equipo”.

Desde principios de este mes de mayo todos los estudiantes universitarios en Francia pueden comer por un euro en los comedores gestionados por los Centros Regionales de Actividades Universitarias y Escolares (Crous), la red de establecimientos administrativos públicos de la educación superior francesa. La medida, que figuraba en los presupuestos del Estado para este 2026, también se aplicará a las cafeterías de Crous “tan pronto como sea posible”, según anunciaron las autoridades en un comunicado.

Las comidas a un euro fueron introducidas por primera vez en 2020, como tarifa reservada inicialmente a los estudiantes beneficiarios de una beca por motivos sociales. El acceso se amplió a todos los estudiantes durante unos meses en 2021, en el contexto de la crisis provocada por el coronavirus. Pero pasado ese periodo excepcional, solo podían acogerse a ella los becados y aquellos estudiantes que acreditasen una situación de especial precariedad (para los demás, el importe de la comida era de 3,30 euros).

Desde ahora podrán acogerse todos los titulares de un carné de estudiante universitario, los aprendices de un oficio, los doctorandos y también los jóvenes franceses que realicen el servicio cívico. El único requisito es tener una cuenta en la plataforma de pago del servicio de restauración de Crous.

París es muy cara y viajo a menudo en tren para ir a ver a mi familia, así que a los estudiantes siempre nos cuesta mucho llegar a fin de mes. Cada euro cuenta

Théo

El Partido Socialista había impulsado en los últimos años varios intentos para universalizar la medida y el año pasado consiguieron que se aprobase en la Asamblea Nacional, aunque el Senado bloqueó su proposición de ley durante más de un año. Los socialistas volvieron a poner sobre la mesa la cuestión a principios de este año, como parte del acuerdo negociado con el primer ministro, Sébastien Lecornu, para evitar una moción de censura y lograr desbloquear los presupuestos para este año.

En todo caso se trata de una medida que cuenta con un amplio respaldo por parte de los propios estudiantes: el 87% se muestra a favor de ella, según un barómetro de opinión encargado por la asociación estudiantil Cop1 al IFOP. “Es una diferencia enorme, de entre 30 y 50 euros al mes para nosotros”, explica Théo, estudiante de comunicación en el campus Nation de la Universidad Sorbonne Nouvelle, en el este parisino. “Dejé de tener beca el segundo año y desde entonces seguía yendo al comedor, pero algo menos, en detrimento de la diversidad de mis comidas. París es muy cara y viajo a menudo en tren para ir a ver a mi familia, así que a los estudiantes siempre nos cuesta mucho llegar a fin de mes y cada euro cuenta”.

Amélie, estudiante de máster en Filología en el mismo campus, el más reciente de la capital, aprueba la idea, aunque se inquieta por la capacidad del Crous para dar un servicio correcto a todos. “En algunos comedores las colas ya son bastante largas a ciertas horas. Estoy de acuerdo en el fondo, pero me preocupa que no se haga bien”.

Una inquietud que comparten los sindicatos, que recuerdan que el éxito del dispositivo implica también la puesta en marcha de recursos materiales y humanos adicionales. La Confederación Francesa Democrática del Trabajo, uno de los sindicatos mayoritarios en Francia, afirmaba en un comunicado reciente que “sin la creación de puestos de trabajo, el programa no se podrá mantener”. Las comidas para estudiantes a 1 euro “no deben convertirse en un factor de agotamiento profesional, un acelerador de la precariedad ni un riesgo para la calidad del servicio público”, advertían.

Oposición inicial del Gobierno

Para responder a esas inquietudes del personal y los estudiantes, el ministro de Educación Superior francés, Philippe Baptiste, anunció hace unas semanas 20 millones de euros adicionales para “apoyar” a los comedores universitarios, además de los 30 millones de euros asignados inicialmente en los presupuestos de 2026.

Inicialmente opuesto a la medida, el ministro ha terminado por cambiar el discurso y apoyar una iniciativa que el PS consiguió imponer al actual Ejecutivo. Baptiste consideraba el año pasado que la generalización de las comidas a un euro iba a implicar “el debilitamiento de los Crous” por la “pérdida considerable de ingresos”. No obstante, hoy reconoce que puede suponer un alivio a los estudiantes, a falta de una gran reforma del sistema de becas que, según declaró recientemente el ministro, podría costar entre 400 y 500 millones de euros, “algo que no nos podemos permitir en el contexto actual de las finanzas públicas”.

Si bien la medida ha sido recibida de manera positiva por el sector educativo, las asociaciones de estudiantes subrayan que se trata de una respuesta paliativa y no una solución a problemas estructurales, como son la precariedad de una parte de los estudiantes. Denuncian que el sistema de becas francés está obsoleto: las cuantías no cubren el coste real de la vida estudiantil, cada año crece el número de estudiantes y además los criterios de concesión se basan en los ingresos de los padres, desconectados de la situación real de muchos estudiantes.

Además de esa revisión del sistema de becas, otra de las medidas que más reclaman las asociaciones es la extensión del subsidio de solidaridad activa, principal ayuda en el sistema francés, para que sea efectiva a partir de los 18 años y no a los 25 años actuales.

Al mismo tiempo critican con dureza otras de las medidas incluidas este año por el Gobierno en los presupuestos, como la supresión de las ayudas a la vivienda para los estudiantes extracomunitarios, que además han visto cómo se han incrementado las tasas de matriculación.

“Estarán de acuerdo conmigo en que sería mejor aumentar las ayudas destinadas a las mujeres francesas, que solo tienen dos hijos, en lugar de animar a las mujeres extranjeras a tener, en nuestro territorio, tres, cuatro, cinco o seis hijos”, explicaba Jean-Marie Le Pen en octubre de 1985 en la emisión política francesa L'Heure de vérité. “Por eso, el Frente Nacional propone que los servicios sociales se separen entre franceses y extranjeros”. Eran los primeros días de uno de los pilares ideológicos y obsesión de la extrema derecha francesa, basada en la discriminación y en la nacionalidad en lugar de la ciudadanía, que hasta entonces había estado en el centro del Estado de bienestar.

En ese mismo 1985, la expresión “preferencia nacional” entró de lleno en el debate político francés. Era el título de un libro —con el subtítulo 'respuesta a la inmigración'— cuyo autor principal era Jean-Yves Le Gallou, político de un pequeño partido conservador, que poco después pasaría a las filas del Frente Nacional y que hoy forma parte del entorno de Éric Zemmour en la formación ultra Reconquista.

Más de diez años antes, el Frente Nacional había sido fundado por varios grupos de distintas tendencias de la extrema derecha francesa —entre los que se encontraban los neonazis de Ordre Nouveau—, con el objetivo de salir de la marginalidad política y electoral. Su primer ideólogo, François Duprat, aconsejó basar la retórica antiinmigración no en discursos de odio, sino en “argumentos de carácter racional, social y político”.

En esa misma línea, cuando a mediados de los años 80 apareció el concepto de preferencia nacional, la idea sedujo a Le Pen hasta tal punto que lo convirtió en estrategia electoral y en el cimiento ideológico del partido. “Yo quiero más a mis hijas que a mis sobrinas, y más a mis sobrinas que a mis primas, y más a mis primas que a mis vecinas”, ilustraba Le Pen en otra intervención televisiva. Cuatro décadas después, el Partido Popular ha comprado ese mismo marco a Vox, llevándolo incluso a acuerdos de investidura con intención de aplicarlos en Aragón y Extremadura.

También en 1985 Le Pen publica su propio libro titulado Los franceses primero (Les français d'abord), en el que retomaba por primera vez la misma expresión que, desde entonces, estaría presente en todas las campañas electorales de la formación. Cuando su hija tomó las riendas del partido, en 2011, inició un proceso de normalización con el que trató de eliminar los discursos racistas más flagrantes (para ello tuvo que expulsar a su padre) y convencer a los votantes que la formación podría ser un verdadero partido de gobierno y no sólo un vehículo de voto protesta.

No obstante, el concepto de preferencia nacional fue uno de los elementos que Marine Le Pen decidió conservar, con un ligero cambio: pasó a ser prioridad nacional. El concepto se convirtió así en el marcador de estabilidad ideológica del lepenismo, pese a los cambios impuestos por su nueva presidenta. “Mi filosofía es la siguiente: los extranjeros que quieran venir a nuestro territorio tendrán que valerse por sí mismos”, declaraba Le Pen en 2013.

“Patriotismo social”

Los expertos en demoscopia señalan que el rechazo a la inmigración es el principal factor que agrupa a los votantes del partido de extrema derecha francesa. Si en la población francesa un importante porcentaje considera que “hay demasiados inmigrantes en Francia” (en torno a un 60%), el dato es abrumador entre los votantes de RN, llegando al 94% en algunas encuestas. “Marine Le Pen ha demostrado su capacidad para adaptarse, pero, en el fondo, la línea política del Frente Nacional sigue siendo identitaria, nacionalista, soberanista y antisistema”, resumía el politólogo especialista en la derecha Jean-Yves Camus, en declaraciones al diario L’Humanité. “Porque esa es la razón de ser de este partido; si renuncia a eso, no es nada”.

En el programa de Marine Le Pen para las últimas elecciones presidenciales, la prioridad nacional tenía un lugar destacado. Le Pen considera que debe aplicarse para el acceso a la vivienda social o al empleo. Invocando un “patriotismo social”, las prestaciones deben ser asignadas en función de la nacionalidad del receptor: las prestaciones “de solidaridad” estarían condicionadas a 5 años de trabajo en Francia para los trabajadores de nacionalidad extranjera.

Cuando Jean-Yves Le Gallou creó el concepto de preferencia nacional hace 40 años, iba a contracorriente de la mayoría de los regímenes de protección social europeos que se habían construido en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Los llamados sistemas “universalistas” –que el sociólogo e historiador francés Pierre Rosanvallon considera que son “indisociables del fortalecimiento del vínculo cívico provocado por las dos grandes guerras del siglo”– se habían basado en la ciudadanía y la igualdad y no en la pertenencia a un grupo étnico determinado.

Una tendencia reforzada en las décadas posteriores por diferentes acuerdos internacionales y por distintas sentencias judiciales. En estos sistemas de redistribución, el criterio fundamental no es la nacionalidad del solicitante, sino sus necesidades. A diferencia de lo que había ocurrido antes de la guerra, el sistema del bienestar se amplió a los extranjeros, que de hecho estaban excluidos de todas las prestaciones a pesar de haber contribuido a muchas de ellas a través de los impuestos. Pero para el RN la filosofía universalista es “injusta”, en palabras de su actual presidente, Jordan Bardella. La lucha contra la inmigración constituye hoy una “gran urgencia” para Francia, que “debe dejar de ser una ventanilla social para la inmigración de todo el mundo”.

Corriente internacional

Si bien el concepto de prioridad nacional ha tenido un largo recorrido en Francia, discursos similares hostiles respecto a la inmigración han proliferado en muchos otros países y han acabado dando lugar a sistemas de preferencia nacional más o menos marcados.

Muchos sociólogos y politólogos relacionan la idea con la corriente del “nativismo”, un concepto anglosajón muy popular en una parte del movimiento MAGA de Estados Unidos, que alía el nacionalismo y la xenofobia; o con la idea de un “welfare chauvinism” [chovinismo del bienestar], que surge en los años 1980-1990 en los países escandinavos y que ha influido no sólo en la extrema derecha del norte de Europa, sino también en una parte de los socialdemócratas.

En Francia, la creciente obsesión política en torno a la inmigración ha provocado otro fenómeno: ante la imposibilidad legal de aplicar la prioridad nacional, contraria al derecho francés e internacional, la derecha y la extrema derecha han multiplicado las iniciativas para modificar la legislación que recoge los requisitos de duración de la estancia.

Así, poco a poco, nuevas barreras han ido limitando en Francia el acceso de los extranjeros a la protección social y, en ocasiones, a las condiciones de regularización. “La vieja promesa discriminatoria de la extrema derecha puede adoptar formas encubiertas, sobre todo a través de requisitos de antigüedad de residencia legal cada vez más desmesurados”, señalan los investigadores de la Universidad de Nanterre Lola Isidro y Antoine Math en una nota sobre la prioridad nacional. “Este tipo de exageración es claramente xenófoba, ya que el requisito de la antigüedad de la residencia legal, al igual que la nacionalidad, cumple una función de exclusión”.

La Justicia, en contra

Esta tendencia desembocó en enero de 2024 en la aprobación de una ley sobre inmigración particularmente represiva, escrita en gran medida por la derecha de Los Republicanos (cuyo presidente, Bruno Retailleau, ha adoptado los postulados de la extrema derecha) y aprobada con los votos de Agrupación Nacional. El texto exigía una ampliación a 5 años de residencia o una afiliación por actividad profesional de al menos 30 meses para poder acceder a ayudas familiares, escolares o vivienda.

Su aprobación —también con una parte de votos del partido del presidente Emmanuel Macron— provocó indignación en la izquierda, en las asociaciones ciudadanas y el mundo académico. El coordinador de Francia Insumisa, Manuel Bompard, denunció que se habían “traspasado líneas rojas fundamentales; las posiciones que la extrema derecha francesa lleva defendiendo desde hace 50 años son ahora las que defiende el Gobierno”. Marine Le Pen, por su parte, se felicitó por lo que consideraba una “victoria ideológica”.

El texto fue ampliamente censurado por el Consejo Constitucional debido a cuestiones de procedimiento. Pero, además, la institución señaló que supeditar el derecho a las prestaciones sociales a estancias tan prolongadas supone una “vulneración desproporcionada” de los requisitos constitucionales. En la misma línea, unos días después, el entonces presidente de la institución, Laurent Fabius, señalaba que “la prioridad nacional, aplicada de forma sistemática, es inconstitucional”.

Más tarde, el mismo Consejo Constitucional, consultado sobre una propuesta de referéndum de iniciativa compartida presentado también por Los Republicanos —que retomaba esa misma ley de inmigración para someterla a consulta— la declaró anticonstitucional (la inmigración no es uno de los temas fijados como posible sujeto de consulta).

Pero a pesar de las decisiones del Consejo Constitucional, del Consejo de Estado o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Marine Le Pen y Jordan Bardella continúan repitiendo su intención de instaurar un sistema de prioridad nacional si llegan al poder.  Y aseguran que, en caso de conflicto con el Consejo Constitucional, propondrán una revisión de la Constitución y un referéndum sobre la cuestión. Así, a un año de la próxima elección presidencial en Francia, el partido que lidera los sondeos (RN) plantea la posibilidad de un choque de legitimidades entre la Presidencia y las instituciones garantes de la legalidad.