En Francia a menudo se habla de “galaxia Bolloré” o de “imperio Bolloré”, como si solo el nombre de una empresa o un apellido no fueran suficientes para describir el alcance e influencia que ha conseguido. Una red de medios de comunicación, distribuidoras, productoras audiovisuales y editoriales que ocupa cada vez más espacio en el debate público y proporciona una enorme plataforma para promover las posiciones sociales y políticas de su dueño.

Heredero de un grupo empresarial con más de dos siglos de historia, la familia Bolloré había hecho fortuna en el papel (la B del papel de liar OCB). Vincent Bolloré se incorporó a la empresa familiar en un momento de crisis, a principios de los 80. No solo logró salvar el grupo, sino que, en cuanto fue posible, apostó por el crecimiento y la ampliación de las actividades: primero en el transporte y la logística, después en la publicidad y, por último, en los medios de comunicación.

A principios de la pasada década se hizo con el control de Vivendi (matriz de Canal+) como accionista mayoritario, momento que marca su irrupción en el panorama mediático francés. Desde entonces su poder no ha dejado de crecer: en la actualidad controla —o tiene participación— en más de cincuenta medios de comunicación, entre canales de televisión, emisoras de radio, revistas y webs de información y entretenimiento.

Un ecosistema creado gracias a la adquisición de empresas de renombre a menudo en dificultades económicas. Siempre con las mismas consecuencias, una mecánica que se repite con cada toma de control: reemplazo de directivos por personas marcadas ideológicamente y fieles a Bolloré, cambio de línea editorial y renovación de las redacciones a base de despidos y dimisiones.

Línea editorial unificada

Con una línea editorial unificada, cada medio del grupo actúa como caja de resonancia de los mismos mensajes: los temas preferidos (inseguridad, inmigración, ataques a la izquierda) circulan y se amplifican como parte de una agenda ideológica muy marcada. La de su dueño. “La evolución de su grupo mediático en los últimos diez años no deja lugar a dudas: su proyecto consiste en la conquista del poder, al menos en los planos ideológico, cultural y religioso”, explica Alexis Lévrier, profesor titular de la Universidad de Reims y especialista en historia de los medios de comunicación.

Sus actividades en el mundo de la prensa y la edición se deben a que está convencido de que para poder gobernar hay que derrocar la hegemonía cultural de la izquierda. La Nouvelle Droite [grupo de intelectuales de ultraderecha] ya intentó hacerlo antes, pero Bolloré dispone de medios prácticamente ilimitados

Jean-Yves Camus — politólogo

“Busca recuperar una identidad francesa centrada en raíces cristianas, deshaciéndose de culturas extranjeras y, en particular, señalando al islam como una religión inasimilable. Sin embargo, no busca tomar el poder él mismo: más bien se apoyará en responsables políticos afines a sus ideas, y que dependen de sus medios de comunicación, para conquistar el poder y luego mantenerse en él”, añade Lévrier.

Como se ha visto recientemente, la influencia de Vincent Bolloré va mucho más allá de los medios de comunicación. El método Bolloré también está presente en el ámbito cultural y la bollorisation que denuncian artistas e intelectuales pasa también por un combate cultural.

“Sus actividades en el mundo de la prensa y la edición se deben a que está convencido, al igual que gran parte de la derecha francesa más conservadora, de que para poder gobernar hay que derrocar la hegemonía cultural de la izquierda”, señala Jean-Yves Camus, politólogo y especialista en la extrema derecha francesa. “La Nouvelle Droite [grupo de intelectuales de ultraderecha] ya intentó hacerlo antes, aunque con escasos medios. Bolloré dispone de medios prácticamente ilimitados”.

En lo que respecta al mundo de la edición, los acontecimientos se han acelerado desde 2020, cuando Vivendi entró en el capital de Lagardère, otra de esas empresas que atravesaba una larga crisis. Aprovechando la caída del precio de las acciones provocada por la pandemia del covid-19, Vivendi compró las participaciones del fondo Amber Capital y logró suficientes acciones para lanzar una oferta pública de adquisición.

De este modo, tomó el control total de un grupo que cuenta, entre otros, con la principal editorial francesa (Hachette), la radio Europe 1 y Le Journal du dimanche (JDD). Las redacciones pasaron por la misma transformación brutal que había sufrido I-Télé en 2016, la cadena de noticias de Canal+ convertida hoy en Cnews, la cara más visible de la batalla ideológica del grupo.

Revuelta en el cine y la literatura

Así, el nombre Bolloré es hoy omnipresente en la vida pública francesa. Oficialmente retirado desde 2022, en realidad nadie duda de que el empresario sigue moviendo los hilos del grupo Vivendi a través de sus hijos y de sus colaboradores más fieles. Y la red empresarial que ha tejido es tal que en varios sectores controla a la vez la creación y la distribución.

Por ejemplo, además de periódicos y revistas, posee las tiendas y kioscos Relay, presentes en las estaciones de tren y los aeropuertos de toda Francia, lo que permite imponer aún más su presencia en la vida cotidiana de los franceses. De manera similar en octubre de 2025, el grupo Canal+, que ya controlaba la empresa de producción y distribución Studio Canal, adquirió el 34% del capital de UGC, la tercera red de cines más grande de Francia, con la intención de adquirir la totalidad en los próximos años.

Una nueva etapa en el control progresivo del cine francés que un colectivo de 600 profesionales del sector decidió denunciar hace unas semanas con una tribuna en Libération, coincidiendo con el inicio del festival de Cannes. “La batalla cultural de la que tanto se habla no se refiere a un simple enfrentamiento de ideas. Al dejar el cine francés en manos de un empresario de extrema derecha, no solo corremos el riesgo de que las películas se uniformicen, sino también de que se produzca un control fascista sobre el imaginario colectivo”, afirmaba el texto.

“Depredación”

Pero en la galaxia Bolloré las voces discordantes no son bien acogidas. Maxime Saada, actual presidente del consejo de administración de Canal+ y vicepresidente de Lagardère (uno de los fieles de Bolloré), anunció el día después de la publicación de la tribuna su intención de vetar a los firmantes de la carta en todas las producciones del grupo (el más importante del cine francés).

La batalla cultural también se libra en el mundo editorial. La destitución de Olivier Nora, director general de la editorial Grasset & Fasquelle, relevado por uno de los fieles de Bolloré, creó un seísmo en el sector. Nora es unánimemente respetado en el mundo de la edición y la toma de control brutal provocó una reacción sin precedentes: 250 autores de Grasset, incluyendo a Virginie Despentes, Bernard-Henri Lévy o Pascal Bruckner, decidieron abandonar la famosa casa.

“No es una guerra, es una forma de depredación. Si utilizamos la misma palabra que cuando se habla de depredación sexual, es porque se trata del mismo mecanismo: abusar del poder para despojar al otro de su humanidad”, afirmaba recientemente la autora de Vernon Subutex en una intervención en la televisión pública.

Esas recientes polémicas han supuesto una llamada de atención para el mundo de la cultura en Francia. En el mundo del cine se alzan las voces contra la “lista negra” y las represalias anunciadas contra los firmantes del artículo publicado en Libération (cuyo número ha subido de los 600 iniciales a 3.400).

El miércoles 13 de mayo se celebró en el Théâtre de la Concorde de París un evento llamado 'Estados generales de autoras y autores', convocado por un colectivo que reúne profesionales de la escritura con el fin de “imaginar soluciones” para preservar la independencia de los creadores.

La presidencial de 2027 en el horizonte

A pesar de la enorme concentración de poder de un solo hombre, el poder político en Francia no parece inclinado a actuar. Al menos no públicamente. Si la prensa francesa apunta que Emmanuel Macron (al que atribuye una relación particularmente mala con Bolloré) ha incitado en varias ocasiones a otros millonarios franceses a disputarle el control de los medios y la edición, en sus declaraciones públicas el presidente galo se ha limitado a desear “pluralismo” en la cultura y la prensa del país.

“Emmanuel Macron había prometido actuar y desgraciadamente no ha hecho nada”, lamenta Alexis Lévrier. “Se había anunciado una ley sobre el derecho de aprobación en los medios tras la compra del JDD y la huelga de 40 días de toda la redacción: eso habría permitido evitar que se nombrara a un director editorial en contra de la opinión de la redacción”.

Por otro lado, una gran ley sobre los medios de comunicación debía tramitarse después de una serie de grandes consultas (los trabajos de los Estados Generales de la Información) organizadas durante este segundo mandato por impulso del presidente. “Pero, sin duda, para no ofender a los principales magnates que controlan los medios de comunicación, esa ley nunca se debatió en la Asamblea Nacional”, señala el historiador. “Ahora ya es demasiado tarde para que actúe bajo la presidencia de Emmanuel Macron. Las próximas presidenciales serán una prueba de fuego para la democracia: si la extrema derecha no gana, será imprescindible actuar con rapidez para poder impedir que el proyecto de Vincent Bolloré se haga realidad”.

Las primeras señales aparecieron a mediados de febrero. A un mes de las elecciones municipales en Francia, un blog y varias publicaciones en Facebook y en X acusaban a Sébastien Delogu, candidato de Francia Insumisa (LFI) a la alcaldía de Marsella, de diferentes actos de violencia, de violación y de “deriva islamista”, entre otras cosas. Además, trataban ridiculizarlo con imágenes generadas por IA. En varios puntos de la ciudad aparecieron carteles con un código QR que redirigía al citado blog.

Le Monde fue el primero en hacerse eco de estos ataques a principios de marzo. Los autores de la campaña de desinformación habían contactado por correo electrónico a varios periodistas que cubrían las elecciones municipales, incluido el corresponsal de ese periódico, para tratar de lograr la difusión de las informaciones falsas en medios legítimos.

El diario francés pudo identificar entonces las cuentas de redes sociales que habían compartido la información como parte de una red de perfiles falsos, creados para atacar a Delogu, pero también a otros dos candidatos insumisos: François Piquemal, que fue derrotado por la derecha en la segunda vuelta en Toulouse y David Guiraud, elegido alcalde en Roubaix.

Delogu, por su parte, terminaría retirando su candidatura en la segunda vuelta en favor del socialista Benoît Payan, ante la posibilidad que la extrema derecha se hiciera con el Ayuntamiento marsellés. Como el resto de miembros de Francia Insumisa, los tres políticos habían hecho de la denuncia de las atrocidades en Gaza y Cisjordania un elemento importante en sus discursos.

Los métodos usados en las campañas de desinformación contra los candidatos LFI sugerían que detrás estaba una empresa especializada en operaciones de este tipo. Un extremo que fue confirmado en las semanas posteriores por Viginum, el servicio estatal francés encargado de luchar contra este tipo de injerencias, que afirmó haber encontrado “indicadores técnicos extranjeros”. A finales de marzo, Le Canard enchaîné amplió la información señalando por primera vez que los especialistas franceses sospechaban que la campaña había sido llevada a cabo por una empresa israelí.

Ya en el mes de mayo, citando “una fuente con conocimiento de la investigación”, la Agencia France Presse confirmó la procedencia israelí. Según esta información, los servicios de seguridad franceses remontaron la pista hasta una entidad denominada BlackCore, que en realidad sería “la puerta de entrada a una operación mucho más compleja”, según afirmó la misma fuente. No obstante, AFP quiso matizar que la investigación aún no ha determinado quién ordenó la campaña ni si el origen tiene carácter estatal o privado.

Ciberinteligencia

Varios medios de comunicación han profundizado en el caso. En una extensa investigación Libération analizó, junto con el diario israelí Haaretz, los dominios de Internet vinculados a la red BlackCore, así como servidores y el código utilizado en las webs de la red. La pista remonta a dos empresas con sede en Israel: Galacticos Ltd. y SNI Digital, y a un empresario llamado Doron Afik, que afirma ser especialista en el sector de la ciberseguridad.

Entre los responsables de estas empresas también se encontraría un antiguo miembro de una unidad del Ejército israelí especializada en ciberinteligencia. Según Libération, las webs de las empresas se promocionan como especialistas en “infiltración de grupos” en redes sociales, “manipulación de tendencias” y “manipulación de encuestas”.

En una investigación paralela, Reuters confirmó a través de Meta —la empresa propietaria de Facebook e Instagram— que la red de influencia responsable de la operación de desinformación electoral en Francia se había originado en Israel. También, que estaba ligada a una campaña de influencia similar “en favor de un gobierno africano”. Meta afirmó a Reuters haber eliminado los perfiles y páginas de su plataforma por infringir sus normas contra “comportamiento inauténtico coordinado”.

Informe censurado

Por otro lado, esta semana, nuevas revelaciones de Le Canard enchaîné han dado un giro político a la investigación. Según este periódico, el organismo que agrupa los actores que velan por la seguridad de las elecciones en Francia —la Red de Coordinación y Protección Electoral— celebró el 5 de mayo una reunión para aprobar su primer informe público dedicado a las operaciones de desestabilización extranjera observadas durante las elecciones municipales.

Gran parte de este documento debe abordar las maniobras dirigidas contra los tres cabezas de lista de Francia Insumisa en Marsella, Toulouse y Roubaix. Pero uno de los participantes en la reunión, Christian Charpy, presidente de la Comisión Nacional de Cuentas de Campaña y Financiación Política, “exigió que se censuraran pasajes” para que no “sirvieran de trampolín a LFI”, según Le Canard enchaîné. Una exigencia que dio por resultado el bloqueo del informe, un documento hoy “censurado y guardado en un cajón”, de acuerdo con el mismo medio.

El líder de LFI, Jean-Luc Mélenchon, reaccionó inmediatamente a la publicación. “Existe, pues, un informe que demuestra las injerencias electorales contra LFI por parte de una empresa israelí: BlackCore, una agencia cercana a Netanyahu”, denunció el martes en un mensaje en X. Mélenchon también criticó la voluntad “en las altas esferas del Estado” de “edulcorar la verdad”, un Gobierno, que “guarda silencio” y que así “se convierte en cómplice de actos contrarios a la democracia y al interés nacional”.

Investigación abierta

Si bien parte de los medios franceses considera que los contenidos contra los candidatos insumisos tuvieron escasa difusión y visibilidad, el partido cree que se ha minimizado la gravedad del caso y presentó una denuncia pasadas las elecciones. En Toulouse, François Piquemal solicitó la anulación del resultado alegando una supuesta injerencia extranjera.

“A día de hoy, los habitantes de Toulouse pueden preguntarse legítimamente si la extrema derecha israelí ha robado las elecciones. El hecho de que el Gobierno [francés], que siempre ha apoyado al señor Moudenc [candidato conservador que ganó la elección], retenga hoy información sobre el informe público (...), no hace más que dar crédito a esta tesis”, declaró el diputado LFI este miércoles en una rueda de prensa convocada por los tres candidatos insumisos implicados, tras las revelaciones de Le Canard Enchainé.

Esa misma tarde, Piquemal interrogó al Gobierno sobre esta cuestión en la Asamblea Nacional. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, afirmó que desde el Ejecutivo han sido totalmente “transparentes” sobre estos temas. “No escondemos nada, y el informe se publicará, evidentemente. Además, se ha iniciado una acción judicial. Se trata de injerencias digitales extranjeras, que son bastante graves”, subrayó el ministro.

A un año de la elección presidencial, a Kylian Mbappé le preocupa la posible ascensión al poder de la extrema derecha de Francia. “Es algo que me afecta, sé lo que significa y qué consecuencias puede tener para mi país que gente como ellos llegue al poder”, afirmó recientemente en una extensa entrevista a la edición estadounidense de Vanity Fair.

Anticipando las reticencias a que una figura del mundo del deporte use su visibilidad para opinar sobre la situación política, el jugador francés del Real Madrid reivindica su condición de “ciudadano” y rechaza la idea de que un futbolista deba “limitarse a jugar y a callarse”.

No es la primera vez que Mbappé se posiciona contra el partido de Marine Le Pen, pero lo cierto es que cada vez que el capitán de la selección francesa se pronuncia sobre la cuestión se crea una pequeña polémica al respecto. En 2024, en vísperas del partido de cuartos de final de la Eurocopa, Mbappé había calificado en una rueda de prensa de “catastróficos” los resultados de la primera vuelta de las elecciones legislativas, en las que Agrupación Nacional había sido la fuerza más votada.

“Nos impactó”, recuerda Mbappé en la misma entrevista. “Somos ciudadanos y no podíamos quedarnos ahí sin más, decirnos que todo iba a ir bien y salir a jugar”. Así que unos días antes de la segunda vuelta, el delantero hizo un llamamiento a votar en contra de la extrema derecha. “Esperamos que todo el mundo se movilice y vote por el lado correcto”, en contra de las “ideas que dividen”. Declaraciones que secundaron otros compañeros de la selección, como Ousmane Dembélé y Marcus Thuram.

Otras figuras del deporte francés se posicionaron entonces de manera similar, aunque evitando nombrar directamente al partido lepenista. Fue el caso del baloncestista de la NBA Victor Wembanyama, que llamó a los votantes a “alejarse de los extremos” y del capitán de la selección francesa de rugby, Antoine Dupont, quien animó a los franceses a votar recordando “los valores de la diversidad” del deporte.

Réplica discreta de Le Pen y Bardella

Si en 2024 los líderes del partido lepenista habían reaccionado calificando de “millonarios desconectados de la realidad” a los futbolistas, esta vez Marine Le Pen y Jordan Bardella han sido relativamente discretos en sus repuestas a las declaraciones de Mbappé, optando por subrayar los éxitos del PSG, su antiguo club, desde que el delantero dejó París por Madrid ha ganado una Liga de Campeones y en unos días aspira a repetir título.

“Cuando dice [a Vanity Fair] que no vamos a ganar las elecciones, eso me tranquiliza, porque se fue del PSG al Real Madrid diciendo que era para ganar la Liga de Campeones, y mientras tanto el PSG ha ganado la Liga de Campeones”, reaccionó Marine Le Pen en una entrevista en la radio RTL. “Que siga diciendo que no vamos a ganar las elecciones, por mí está bien”.

No obstante, su sobrina, la eurodiputada Marion Maréchal, sí que ha arremetido contra Mbappé desde otro ángulo, cuestionando su derecho a pronunciarse sobre la actualidad de su propio país. “Se trata sobre todo de una falta de legitimidad, de una opinión política procedente de alguien que no vive en Francia, que no paga sus impuestos en Francia y que forma parte de un sector de la población especialmente privilegiado”, afirmó en la cadena LCI.

En contra de 'les bleus'

Con escasos apoyos en el mundo de la cultura y el deporte, la brecha entre el antiguo Frente Nacional (rebautizado Agrupación Nacional en 2018) y la selección francesa de fútbol es particularmente profunda y viene de lejos. En 1996, durante la Eurocopa de Inglaterra, Jean-Marie Le Pen tildaba de “artificial traer a jugadores del extranjero y bautizarlos como selección francesa”, en alusión a jugadores cuyas familias eran originarias de otros países.

Dos años después, la victoria en el Mundial desató la euforia en Francia en torno al equipo black-blanc-beur [negro-blanco-magrebí], fórmula inspirada en el bleu-blanc-rouge [azul-blanco-rojo] de la bandera nacional, que hacía referencia a los diferentes orígenes étnicos y culturales de los jugadores. La expresión fue retomada por la prensa y los políticos, que se deshicieron en elogios para erigir a la selección de manera casi unánime en escaparate de valores de igualdad y diversidad.

Una de las pocas voces en la vida pública francesa en denostar el equipo liderado por Zinedine Zidane fue, de nuevo, el fundador del Frente Nacional. “Han puesto a un argelino para contentar a los árabes, a un kanako [Christian Karembeu, autóctono de Nueva Caledonia] que ni siquiera quiere cantar La Marsellesa y a negros para satisfacer a los antillanos. Pero eso no tiene nada que ver con una selección francesa”, afirmó entonces Jean-Marie Le Pen, que solía emplear la expresión “franceses solo en los papeles” para aquellos franceses cuyas familias venían de fuera de Europa.

Pasada la euforia de ese equipo (que cerró su ciclo en 2006), el debate sobre la selección multicultural empezó a tomar otro cariz más negativo a medida que avanzaba el nuevo siglo. Especialmente cuando el equipo dejó de ganar. Precisamente un documental estrenado hace solo unas semanas ha devuelto a la actualidad y a los debates en los programas deportivos franceses los incidentes alrededor de la huelga de jugadores durante el Mundial de Sudáfrica en 2010. También la recuperación política que lo acompañó, en particular por el Gobierno de Nicolas Sarkozy y también por la propia Marine Le Pen.

Una histórica portada de L'Equipe, con un presunto insulto pronunciado por Nicolas Anelka (que los jugadores siempre han negado), un cuerpo técnico superado por los acontecimientos y un vestuario dividido desembocaron en un psicodrama que alimentó la apertura de los telediarios franceses y, de ahí, saltó al debate político. Roselyne Bachelot, entonces ministra de Deportes, denunció en la Asamblea Nacional una “selección francesa en la que unos caïds daban órdenes a unos chavales asustados”.

La utilización de la palabra caïd, originaria del árabe y que se utiliza habitualmente en Francia como sinónimo de jefe de grupo criminal, no pasó desapercibida y pareció querer señalar solo a una parte de los jugadores. Marine Le Pen fue entonces más allá de la ministra y afirmó que era problema que algunos jugadores tenían “otra nacionalidad [que no era la francesa] en el corazón”.

Para la hija del fundador del Frente Nacional, el black-blanc-beur siempre fue “un mito grotesco” y “creado de la nada”. El documental recupera una de las declaraciones de Marine Le Pen sobre la huelga de la selección, que datan de 2010. “Es evidente que hay clanes étnicos y religiosos que están instaurando un apartheid dentro de este equipo”.

Desde principios de este mes de mayo todos los estudiantes universitarios en Francia pueden comer por un euro en los comedores gestionados por los Centros Regionales de Actividades Universitarias y Escolares (Crous), la red de establecimientos administrativos públicos de la educación superior francesa. La medida, que figuraba en los presupuestos del Estado para este 2026, también se aplicará a las cafeterías de Crous “tan pronto como sea posible”, según anunciaron las autoridades en un comunicado.

Las comidas a un euro fueron introducidas por primera vez en 2020, como tarifa reservada inicialmente a los estudiantes beneficiarios de una beca por motivos sociales. El acceso se amplió a todos los estudiantes durante unos meses en 2021, en el contexto de la crisis provocada por el coronavirus. Pero pasado ese periodo excepcional, solo podían acogerse a ella los becados y aquellos estudiantes que acreditasen una situación de especial precariedad (para los demás, el importe de la comida era de 3,30 euros).

Desde ahora podrán acogerse todos los titulares de un carné de estudiante universitario, los aprendices de un oficio, los doctorandos y también los jóvenes franceses que realicen el servicio cívico. El único requisito es tener una cuenta en la plataforma de pago del servicio de restauración de Crous.

París es muy cara y viajo a menudo en tren para ir a ver a mi familia, así que a los estudiantes siempre nos cuesta mucho llegar a fin de mes. Cada euro cuenta

Théo

El Partido Socialista había impulsado en los últimos años varios intentos para universalizar la medida y el año pasado consiguieron que se aprobase en la Asamblea Nacional, aunque el Senado bloqueó su proposición de ley durante más de un año. Los socialistas volvieron a poner sobre la mesa la cuestión a principios de este año, como parte del acuerdo negociado con el primer ministro, Sébastien Lecornu, para evitar una moción de censura y lograr desbloquear los presupuestos para este año.

En todo caso se trata de una medida que cuenta con un amplio respaldo por parte de los propios estudiantes: el 87% se muestra a favor de ella, según un barómetro de opinión encargado por la asociación estudiantil Cop1 al IFOP. “Es una diferencia enorme, de entre 30 y 50 euros al mes para nosotros”, explica Théo, estudiante de comunicación en el campus Nation de la Universidad Sorbonne Nouvelle, en el este parisino. “Dejé de tener beca el segundo año y desde entonces seguía yendo al comedor, pero algo menos, en detrimento de la diversidad de mis comidas. París es muy cara y viajo a menudo en tren para ir a ver a mi familia, así que a los estudiantes siempre nos cuesta mucho llegar a fin de mes y cada euro cuenta”.

Amélie, estudiante de máster en Filología en el mismo campus, el más reciente de la capital, aprueba la idea, aunque se inquieta por la capacidad del Crous para dar un servicio correcto a todos. “En algunos comedores las colas ya son bastante largas a ciertas horas. Estoy de acuerdo en el fondo, pero me preocupa que no se haga bien”.

Una inquietud que comparten los sindicatos, que recuerdan que el éxito del dispositivo implica también la puesta en marcha de recursos materiales y humanos adicionales. La Confederación Francesa Democrática del Trabajo, uno de los sindicatos mayoritarios en Francia, afirmaba en un comunicado reciente que “sin la creación de puestos de trabajo, el programa no se podrá mantener”. Las comidas para estudiantes a 1 euro “no deben convertirse en un factor de agotamiento profesional, un acelerador de la precariedad ni un riesgo para la calidad del servicio público”, advertían.

Oposición inicial del Gobierno

Para responder a esas inquietudes del personal y los estudiantes, el ministro de Educación Superior francés, Philippe Baptiste, anunció hace unas semanas 20 millones de euros adicionales para “apoyar” a los comedores universitarios, además de los 30 millones de euros asignados inicialmente en los presupuestos de 2026.

Inicialmente opuesto a la medida, el ministro ha terminado por cambiar el discurso y apoyar una iniciativa que el PS consiguió imponer al actual Ejecutivo. Baptiste consideraba el año pasado que la generalización de las comidas a un euro iba a implicar “el debilitamiento de los Crous” por la “pérdida considerable de ingresos”. No obstante, hoy reconoce que puede suponer un alivio a los estudiantes, a falta de una gran reforma del sistema de becas que, según declaró recientemente el ministro, podría costar entre 400 y 500 millones de euros, “algo que no nos podemos permitir en el contexto actual de las finanzas públicas”.

Si bien la medida ha sido recibida de manera positiva por el sector educativo, las asociaciones de estudiantes subrayan que se trata de una respuesta paliativa y no una solución a problemas estructurales, como son la precariedad de una parte de los estudiantes. Denuncian que el sistema de becas francés está obsoleto: las cuantías no cubren el coste real de la vida estudiantil, cada año crece el número de estudiantes y además los criterios de concesión se basan en los ingresos de los padres, desconectados de la situación real de muchos estudiantes.

Además de esa revisión del sistema de becas, otra de las medidas que más reclaman las asociaciones es la extensión del subsidio de solidaridad activa, principal ayuda en el sistema francés, para que sea efectiva a partir de los 18 años y no a los 25 años actuales.

Al mismo tiempo critican con dureza otras de las medidas incluidas este año por el Gobierno en los presupuestos, como la supresión de las ayudas a la vivienda para los estudiantes extracomunitarios, que además han visto cómo se han incrementado las tasas de matriculación.

“Estarán de acuerdo conmigo en que sería mejor aumentar las ayudas destinadas a las mujeres francesas, que solo tienen dos hijos, en lugar de animar a las mujeres extranjeras a tener, en nuestro territorio, tres, cuatro, cinco o seis hijos”, explicaba Jean-Marie Le Pen en octubre de 1985 en la emisión política francesa L'Heure de vérité. “Por eso, el Frente Nacional propone que los servicios sociales se separen entre franceses y extranjeros”. Eran los primeros días de uno de los pilares ideológicos y obsesión de la extrema derecha francesa, basada en la discriminación y en la nacionalidad en lugar de la ciudadanía, que hasta entonces había estado en el centro del Estado de bienestar.

En ese mismo 1985, la expresión “preferencia nacional” entró de lleno en el debate político francés. Era el título de un libro —con el subtítulo 'respuesta a la inmigración'— cuyo autor principal era Jean-Yves Le Gallou, político de un pequeño partido conservador, que poco después pasaría a las filas del Frente Nacional y que hoy forma parte del entorno de Éric Zemmour en la formación ultra Reconquista.

Más de diez años antes, el Frente Nacional había sido fundado por varios grupos de distintas tendencias de la extrema derecha francesa —entre los que se encontraban los neonazis de Ordre Nouveau—, con el objetivo de salir de la marginalidad política y electoral. Su primer ideólogo, François Duprat, aconsejó basar la retórica antiinmigración no en discursos de odio, sino en “argumentos de carácter racional, social y político”.

En esa misma línea, cuando a mediados de los años 80 apareció el concepto de preferencia nacional, la idea sedujo a Le Pen hasta tal punto que lo convirtió en estrategia electoral y en el cimiento ideológico del partido. “Yo quiero más a mis hijas que a mis sobrinas, y más a mis sobrinas que a mis primas, y más a mis primas que a mis vecinas”, ilustraba Le Pen en otra intervención televisiva. Cuatro décadas después, el Partido Popular ha comprado ese mismo marco a Vox, llevándolo incluso a acuerdos de investidura con intención de aplicarlos en Aragón y Extremadura.

También en 1985 Le Pen publica su propio libro titulado Los franceses primero (Les français d'abord), en el que retomaba por primera vez la misma expresión que, desde entonces, estaría presente en todas las campañas electorales de la formación. Cuando su hija tomó las riendas del partido, en 2011, inició un proceso de normalización con el que trató de eliminar los discursos racistas más flagrantes (para ello tuvo que expulsar a su padre) y convencer a los votantes que la formación podría ser un verdadero partido de gobierno y no sólo un vehículo de voto protesta.

No obstante, el concepto de preferencia nacional fue uno de los elementos que Marine Le Pen decidió conservar, con un ligero cambio: pasó a ser prioridad nacional. El concepto se convirtió así en el marcador de estabilidad ideológica del lepenismo, pese a los cambios impuestos por su nueva presidenta. “Mi filosofía es la siguiente: los extranjeros que quieran venir a nuestro territorio tendrán que valerse por sí mismos”, declaraba Le Pen en 2013.

“Patriotismo social”

Los expertos en demoscopia señalan que el rechazo a la inmigración es el principal factor que agrupa a los votantes del partido de extrema derecha francesa. Si en la población francesa un importante porcentaje considera que “hay demasiados inmigrantes en Francia” (en torno a un 60%), el dato es abrumador entre los votantes de RN, llegando al 94% en algunas encuestas. “Marine Le Pen ha demostrado su capacidad para adaptarse, pero, en el fondo, la línea política del Frente Nacional sigue siendo identitaria, nacionalista, soberanista y antisistema”, resumía el politólogo especialista en la derecha Jean-Yves Camus, en declaraciones al diario L’Humanité. “Porque esa es la razón de ser de este partido; si renuncia a eso, no es nada”.

En el programa de Marine Le Pen para las últimas elecciones presidenciales, la prioridad nacional tenía un lugar destacado. Le Pen considera que debe aplicarse para el acceso a la vivienda social o al empleo. Invocando un “patriotismo social”, las prestaciones deben ser asignadas en función de la nacionalidad del receptor: las prestaciones “de solidaridad” estarían condicionadas a 5 años de trabajo en Francia para los trabajadores de nacionalidad extranjera.

Cuando Jean-Yves Le Gallou creó el concepto de preferencia nacional hace 40 años, iba a contracorriente de la mayoría de los regímenes de protección social europeos que se habían construido en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Los llamados sistemas “universalistas” –que el sociólogo e historiador francés Pierre Rosanvallon considera que son “indisociables del fortalecimiento del vínculo cívico provocado por las dos grandes guerras del siglo”– se habían basado en la ciudadanía y la igualdad y no en la pertenencia a un grupo étnico determinado.

Una tendencia reforzada en las décadas posteriores por diferentes acuerdos internacionales y por distintas sentencias judiciales. En estos sistemas de redistribución, el criterio fundamental no es la nacionalidad del solicitante, sino sus necesidades. A diferencia de lo que había ocurrido antes de la guerra, el sistema del bienestar se amplió a los extranjeros, que de hecho estaban excluidos de todas las prestaciones a pesar de haber contribuido a muchas de ellas a través de los impuestos. Pero para el RN la filosofía universalista es “injusta”, en palabras de su actual presidente, Jordan Bardella. La lucha contra la inmigración constituye hoy una “gran urgencia” para Francia, que “debe dejar de ser una ventanilla social para la inmigración de todo el mundo”.

Corriente internacional

Si bien el concepto de prioridad nacional ha tenido un largo recorrido en Francia, discursos similares hostiles respecto a la inmigración han proliferado en muchos otros países y han acabado dando lugar a sistemas de preferencia nacional más o menos marcados.

Muchos sociólogos y politólogos relacionan la idea con la corriente del “nativismo”, un concepto anglosajón muy popular en una parte del movimiento MAGA de Estados Unidos, que alía el nacionalismo y la xenofobia; o con la idea de un “welfare chauvinism” [chovinismo del bienestar], que surge en los años 1980-1990 en los países escandinavos y que ha influido no sólo en la extrema derecha del norte de Europa, sino también en una parte de los socialdemócratas.

En Francia, la creciente obsesión política en torno a la inmigración ha provocado otro fenómeno: ante la imposibilidad legal de aplicar la prioridad nacional, contraria al derecho francés e internacional, la derecha y la extrema derecha han multiplicado las iniciativas para modificar la legislación que recoge los requisitos de duración de la estancia.

Así, poco a poco, nuevas barreras han ido limitando en Francia el acceso de los extranjeros a la protección social y, en ocasiones, a las condiciones de regularización. “La vieja promesa discriminatoria de la extrema derecha puede adoptar formas encubiertas, sobre todo a través de requisitos de antigüedad de residencia legal cada vez más desmesurados”, señalan los investigadores de la Universidad de Nanterre Lola Isidro y Antoine Math en una nota sobre la prioridad nacional. “Este tipo de exageración es claramente xenófoba, ya que el requisito de la antigüedad de la residencia legal, al igual que la nacionalidad, cumple una función de exclusión”.

La Justicia, en contra

Esta tendencia desembocó en enero de 2024 en la aprobación de una ley sobre inmigración particularmente represiva, escrita en gran medida por la derecha de Los Republicanos (cuyo presidente, Bruno Retailleau, ha adoptado los postulados de la extrema derecha) y aprobada con los votos de Agrupación Nacional. El texto exigía una ampliación a 5 años de residencia o una afiliación por actividad profesional de al menos 30 meses para poder acceder a ayudas familiares, escolares o vivienda.

Su aprobación —también con una parte de votos del partido del presidente Emmanuel Macron— provocó indignación en la izquierda, en las asociaciones ciudadanas y el mundo académico. El coordinador de Francia Insumisa, Manuel Bompard, denunció que se habían “traspasado líneas rojas fundamentales; las posiciones que la extrema derecha francesa lleva defendiendo desde hace 50 años son ahora las que defiende el Gobierno”. Marine Le Pen, por su parte, se felicitó por lo que consideraba una “victoria ideológica”.

El texto fue ampliamente censurado por el Consejo Constitucional debido a cuestiones de procedimiento. Pero, además, la institución señaló que supeditar el derecho a las prestaciones sociales a estancias tan prolongadas supone una “vulneración desproporcionada” de los requisitos constitucionales. En la misma línea, unos días después, el entonces presidente de la institución, Laurent Fabius, señalaba que “la prioridad nacional, aplicada de forma sistemática, es inconstitucional”.

Más tarde, el mismo Consejo Constitucional, consultado sobre una propuesta de referéndum de iniciativa compartida presentado también por Los Republicanos —que retomaba esa misma ley de inmigración para someterla a consulta— la declaró anticonstitucional (la inmigración no es uno de los temas fijados como posible sujeto de consulta).

Pero a pesar de las decisiones del Consejo Constitucional, del Consejo de Estado o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Marine Le Pen y Jordan Bardella continúan repitiendo su intención de instaurar un sistema de prioridad nacional si llegan al poder.  Y aseguran que, en caso de conflicto con el Consejo Constitucional, propondrán una revisión de la Constitución y un referéndum sobre la cuestión. Así, a un año de la próxima elección presidencial en Francia, el partido que lidera los sondeos (RN) plantea la posibilidad de un choque de legitimidades entre la Presidencia y las instituciones garantes de la legalidad. 

En el último momento, los diputados macronistas que habían impulsado una polémica proposición de ley “destinada a luchar contra las nuevas formas de antisemitismo” han anunciado la retirada del texto, que debía ser debatido en la Asamblea Nacional desde este jueves y había sido criticado por amenazar la libertad de expresión, en particular cualquier crítica a Israel–.

Estaba previsto que el texto fuese examinado en sesión plenaria durante dos días, como antesala de una votación programada el próximo 5 de mayo. Presentado por la diputada centrista Caroline Yadan (elegida en una de las circunscripciones en las que votan franceses residentes en países extranjeros) y respaldada por miembros del Gobierno, el texto de la proposición prevé endurecer las sanciones por los delitos de incitación y apología del terrorismo.

“Desde principios de semana, Francia Insumisa se dedica a un juego de obstruccionismo manifiesto con el objetivo de impedir el examen”, denunció el grupo macronista en un comunicado este jueves, en referencia al partido de izquierdas. “Parece claro que este texto no tendrá tiempo de ser examinado esta semana”.

En el mismo comunicado los diputados que impulsaron la proposición se felicitan de haber conseguido que el Gobierno se haya “comprometido a presentar un proyecto de ley que recoja la totalidad” de su propuesta. Y afirman que dicho texto será “presentado la semana del 22 de junio de 2026” con un examen que comenzaría en el Senado.

Sin embargo, fuentes cercanas al Ejecutivo citadas por varios medios franceses ponen en duda que el futuro proyecto de ley retome la totalidad del texto. En la plataforma X, Caroline Yadan optó por celebrar la retirada como una “victoria” y afirmó: “LFI lo ha perdido todo: al intentar obstaculizar el examen de mi proposición de ley, lo único que han conseguido es reforzar nuestra determinación y el alcance de este texto”.

Ralentizar el proceso

Desde la mañana del jueves, los diputados de los partidos de izquierda habían concretado sus amenazas de ralentizar todo lo posible el examen del proyecto de ley sobre la ampliación de la detención administrativa de determinados extranjeros sujetos a órdenes de expulsión. Se trata del texto que la Asamblea examinaba antes de pasar a la ley Yadan, y que los diputados progresistas utilizaron —más allá de su oposición real a este texto— para retrasar el examen de la proposición de ley.

Así, multiplicaron las invocaciones al reglamento, las solicitudes de suspensión de sesión y alargaron las intervenciones. La presidenta del grupo LFI, Mathilde Panot, lo había anunciado los días previos, señalando que harían “todo lo que estuviese en sus manos” para impedir que la proposición de ley Yadan fuese aprobada.

Jean-Luc Mélenchon ha aplaudido, en un mensaje publicado en X, “la resistencia parlamentaria” que ha hecho posible la retirada. “Los apologistas del genocidio han fracasado”, escribió. Por su parte, el Partido Socialista ha hecho un llamamiento a una reforma total del texto, pidiendo “un trabajo transpartidista [para frenar] el auge del antisemitismo, con el fin de combatir a los enemigos de la República sin renunciar a los principios en los que se fundamenta”.

Críticas

La proposición de ley aspiraba, entre otras cosas, a añadir a la legislación francesa el delito de “instar públicamente a la destrucción de un Estado reconocido por la República Francesa, en desconocimiento del derecho de los pueblos a la libre determinación y de los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”. También, a ampliar los delitos de apología y de incitación al terrorismo, al establecer que pueden cometerse “incluso de forma implícita” y también al considerar como actos de terrorismo “delitos y faltas de colaboración con el enemigo, incluso si éstas no han dado lugar a la condena de sus autores”.

La proposición fue presentada con el apoyo y la firma de más de 100 diputados, fundamentalmente del bloque macronista y de la derecha de Los Republicanos, y se preveía que contase con el voto favorable de la extrema derecha.

Sin embargo, en los últimos meses, diferentes protestas y tribunas en prensa han reaccionado al anuncio de la proposición de ley denunciando la voluntad de vincular directamente antisionismo y antisemitismo. También de criminalizar cualquier crítica a Israel y de limitar la libertad de expresión bajo la amenaza de sanciones económicas o penales (la provocación a cometer crímenes y delitos podría suponer penas de hasta cinco años de prisión y 45.000 euros de multa).

La proposición había creado malestar incluso en el bloque de centro, que ya venía dividido de los últimos votos en la Asamblea. El grupo MoDem, uno de los partidos que apoya al Gobierno, había sugerido una retirada temporal de la proposición de ley, al considerar que la coyuntura internacional no era adecuada para mantener “debates serenos”. Finalmente, el partido anunció que no votaría a favor de tramitarse inmediatamente, lo que dejaba dudas sobre su posible aprobación en la Asamblea.

El miércoles por la noche, el Sindicato de la Magistratura francés publicó un comunicado en el que denunciaba un texto “inadecuado para el trabajo de los jueces y, además, peligroso para las libertades públicas”. Una petición en línea en la que se instaba a los diputados a votar en contra del texto superó esta semana las 700.000 firmas. El mismo jueves se habían convocado varias manifestaciones y el mundo universitario había multiplicado las tribunas en contra en los últimos meses.

La Asamblea Nacional francesa comienza este jueves dos jornadas de debates alrededor de una controvertida proposición de ley destinada a “luchar contra las nuevas formas de antisemitismo”. Presentada por la diputada centrista Caroline Yadan (Renacimiento) y respaldada por el Gobierno, el texto prevé endurecer las sanciones por los delitos de incitación y apología del terrorismo.

De aprobarse bajo su redacción actual, añadiría a la legislación francesa el delito de “instar públicamente a la destrucción de un Estado reconocido por la República Francesa, en desconocimiento del derecho de los pueblos a la libre determinación y de los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas”.

La proposición fue presentada con el apoyo y la firma de más de 100 diputados, fundamentalmente del bloque macronista y de la derecha de Los Republicanos, y se prevé que cuente con el voto favorable de la extrema derecha.

También contó con la firma de dos diputados socialistas, incluido el expresidente François Hollande, pese a que el secretario general de su partido, Olivier Faure, ha anunciado esta semana que su grupo votará en contra.

La proposición de ley amplía, además, los citados delitos de apología y de incitación al terrorismo, al establecer que pueden cometerse “incluso de forma implícita” y también al considerar actos de terrorismo “delitos y faltas de colaboración con el enemigo, incluso si estas no han dado lugar a la condena de sus autores”.

Yadan es diputada elegida en una de las circunscripciones en las que votan franceses residentes en países extranjeros (su circunscripción incluye, entre otros, a Israel). Abandonó el grupo parlamentario de diputados macronistas el año pasado, como protesta por el reconocimiento del Estado Palestino por parte de Emmanuel Macron, aunque continúa sentándose en el mismo banco con estatus de diputada asociada.

Ha afirmado que su proposición servirá, entre otras cosas, para impedir que se presente “impunemente” a Hamás como “un movimiento de resistencia”, una expresión que la diputada insumisa Danièle Obono utilizó en una entrevista en 2023 (otros miembros de Francia Insumisa evitaron utilizar esos mismos términos).

¿Prohibido decir 'desde el río hasta el mar'?

El texto aspira asimismo a sancionar a quienes, “independientemente de cómo se formule”, procedan a “negar, minimizar o banalizar de forma exagerada la existencia de crímenes contra la humanidad, genocidios, etc.”. Según su impulsora, esto puede traducirse en la prohibición de publicar “en las redes sociales una bandera nazi acompañada de una estrella de David”, algo que considera una “banalización excesiva” del Holocausto.

La formulación de muchos de los enunciados de la ley plantea múltiples dudas sobre qué declaraciones u opiniones pueden constituir un delito. Desde 2023, los tribunales franceses tramitan múltiples causas alrededor de posibles comentarios sobre el conflicto palestino-israelí, tratando de juzgar si son susceptibles de ser considerados discurso de odio, y una nueva ley podría añadir un gran número de nuevos casos.

De hecho, uno de los principales puntos de debate reposa sobre la imposibilidad de predecir cómo la nueva ley puede impactar en las sentencias o cómo los jueces deberán analizar múltiples interpretaciones posibles de una misma afirmación. Una incertidumbre que no ha impedido a otro diputado macronista, Sylvain Maillard, asegurar que, si se aprueba el nuevo texto “estará prohibido decir ‘desde el río hasta el mar”, un lema frecuente empleado por activistas propalestinos y los propios palestinos.

Desde 2023 la legislación en vigor en Francia contra el antisemitismo ya ha sido utilizada por las autoridades como justificación para prohibir ciertas protestas y conferencias en torno a la causa palestina. Entre ellas, varias acciones de apoyo a Gaza en universidades y varios actos de la eurodiputada de Francia Insumisa Rima Hassan, contra la que la fiscalía ha iniciado varias investigaciones por sus declaraciones y su actividad en redes sociales.

Vínculo entre antisionismo y el antisemitismo

Por otro lado, la proposición de ley, en su exposición de motivos, establece un vínculo directo entre el antisionismo y el antisemitismo. “El odio hacia el Estado de Israel es consustancial al odio hacia los judíos”, afirma. “El llamamiento a la destrucción de este Estado, por constituir una comunidad de ciudadanos judíos, es una forma encubierta de atacar a la comunidad judía en su conjunto”.

En los últimos meses, diferentes protestas y tribunas en prensa han reaccionado al anuncio de la proposición de ley denunciando la voluntad de criminalizar cualquier crítica a Israel y de limitar la libertad de expresión bajo la amenaza de sanciones económicas o penales (la provocación a cometer crímenes y delitos puede suponer penas de hasta cinco años de prisión y 45.000 euros de multa).

En enero, un colectivo de más de un centenar de personalidades del mundo universitario publicó un texto en el diario Le Monde criticando, entre otros elementos, esa equivalencia entre antisemitismo y antisionismo. “No se trata de una confusión fortuita, sino de una amalgama deliberada destinada a censurar los discursos críticos contra el Estado de Israel y su política”.

Desde un punto de vista jurídico consideran la proposición de ley inadaptada a la realidad del antisemitismo en Francia. “Al tratar el antisemitismo como una categoría aparte, separada de los principios generales de la legislación contra la discriminación, el legislador corre el riesgo de fomentar una jerarquización de las discriminaciones y una competencia memorial que sean perjudiciales para la universalidad de la lucha contra el racismo”.

En esa misma línea la Comisión Nacional Consultiva de Derechos Humanos (CNCDH) francesa ha alertado sobre los riesgos que este texto puede suponer tanto para la libertad académica como para la libertad de expresión.

Repunte de actos antisemitas desde 2023

La CNCDH considera que la ley no aporta herramientas jurídicas que mejoren las actuales. De hecho, interrogada en enero ante la comisión de leyes de la Asamblea en este punto, la propia Caroline Yadan no pudo ofrecer ningún ejemplo concreto de una declaración que actualmente no esté sancionada por la ley y que su texto permitiría tipificar como delito.

No obstante, la CNCDH sí se mostró favorable a la movilización del Estado para luchar contra el antisemitismo, ante el “innegable” aumento de los actos antisemitas en Francia desde el 7 de octubre de 2023 (los datos del Ministerio del Interior francés reflejan un importante repunte en 2023 y 2024, seguidos de un descenso en 2025).

De la misma forma, los especialistas universitarios de la citada tribuna publicada en Le Monde señalaban en el texto que esa lucha “constituye un imperativo democrático” fundamental y que los debates alrededor del antisemitismo forman parte de la historia nacional francesa, marcada por acontecimientos como el caso Dreyfus o la participación del régimen de Vichy en la deportación de judíos.

“Esta singularidad histórica exige una vigilancia constante y una mayor responsabilidad por parte de los poderes públicos; sin embargo, no puede justificar la adopción de medidas jurídicas que pongan en peligro nuestras libertades”.

Una tramitación que se anuncia compleja

El impacto de los atentados del 7 de octubre y de los bombardeos en Gaza en la opinión pública francesa y en el debate político nacional son una cuestión particularmente sensible en Francia, que cuenta con las comunidades judía y árabe más importantes de Europa. De hecho, ha sido el elemento elegido por varias de las campañas de desestabilización extranjera registradas en territorio francés en los últimos años.

En este contexto, además del estado de crispación en los debates en la Asamblea Nacional en los últimos años, las discusiones parlamentarias sobre esta cuestión se prevén agitadas y el resultado de la tramitación del texto, incierto.

Francia Insumisa, directamente señalada por los autores de la ley, ha pedido su retirada y si se mantiene votará en contra. También lo harán la mayoría de los diputados socialistas (Hollande afirmó que votará a favor “si el texto se enmienda”).

Por otro lado, la proposición ha creado malestar en el bloque de centro, que ya viene dividido de los últimos votos en la Asamblea. El grupo MoDem, uno de los partidos que apoya al Gobierno, había sugerido una retirada temporal de la proposición de ley, al considerar que la coyuntura internacional no era adecuada para mantener “debates serenos”. Finalmente, el partido anunció que no votará a favor, lo que deja dudas sobre su posible aprobación en la Asamblea.

Una petición en línea en la que se instaba a los diputados a votar en contra rozaba el martes las 700.000 firmas. Y esta semana varios cientos de estudiantes se movilizaron y ocuparon varias facultades de París para exigir “la retirada del proyecto de ley Yadan y el fin de la represión del movimiento estudiantil pro-Palestina”.

La extrema derecha francesa de Agrupación Nacional no ha logrado el espaldarazo que esperaba en las elecciones municipales que se han celebrado este domingo en toda Francia. Ni en Marsella ni en Nimes ni en Toulon, las tres grandes ciudades que aspiraba a gobernar, ha logrado hacerse con la alcaldía. Mientras tanto, el Partido Socialista conserva las dos grandes ciudades del país, Marsella y París. En la capital, el socialista Emmanuel Grégoire derrotó con claridad a la conservadora exministra de Cultura Rachida Dati.

Francia ha celebrado este domingo la segunda vuelta de las elecciones con gran parte de la atención centrada en las principales ciudades, laboratorios políticos donde los partidos ponen a prueba estrategias electorales de cara a un 2027 que se perfila como un año electoral decisivo.

Después de los resultados históricos en las últimas legislativas y europeas de 2024, el partido de Marine Le Pen, Agrupación Nacional (RN), llegaba a estas municipales con el objetivo de avanzar en su proceso de implantación local y de seguir desgastando el cordón sanitario que les aísla del resto de formaciones políticas.

La victoria en una nueva gran ciudad —desde 2020 gobiernan en Perpiñán— hubiera respaldado la estrategia de normalización de la formación de extrema derecha y confirmado sus posibilidades de cara a 2027 (históricamente obtiene peores resultados en el electorado urbano). 

Una de las lecciones de estas municipales es que el partido de Jordan Bardella y Marine Le Pen no ha conseguido, de momento, escapar de ese cordón sanitario. Bardella había tendido la mano a “las derechas sinceras” de cara al voto de este domingo. Pero lo cierto es que, de momento, la derecha gaullista y el centroderecha se niegan a pactar con RN.

Y los partidos de izquierda se siguen movilizando allí donde tienen opciones de impedir la victoria de la extrema derecha lepenista (en Marsella el candidato insumiso se retiró en favor del socialista).

Como consecuencia, el partido de Le Pen ha fracasado en su intento de hacerse con las alcaldías de Nimes y Toulon, pese a que estas ciudades se hallan en territorios en los que RN consigue algunos de sus mejores resultados en todas las elecciones a nivel nacional y a que sus candidatos llegaron en cabeza en la primera vuelta.

El único consuelo de la noche para la extrema derecha francesa fue la victoria de Éric Ciotti en Niza. Tránsfuga del partido gaullista Los Republicanos, Ciotti se alió con Le Pen en 2024 y creó un partido propio (Unión de derechas por la República) que se presentó a las municipales como satélite de Le Pen. Tras una campaña particularmente bronca contra el alcalde de centroderecha Christian Estrosi, Ciotti se benefició de la no retirada de la candidata ecologista, que puso al mismo nivel a sus dos rivales.

A pesar de que la extrema derecha lepenista no cumplió sus objetivos, el presidente del partido, Jordan Bardella, quiso lanzar un mensaje de optimismo. “Esta noche es una noche de victoria y esperanza, RN ha logrado el mayor avance de toda su historia”, afirmó, para subrayar la victoria en ciudades medianas y la de sus aliados en Niza. “Al término de la segunda vuelta, podemos contar decenas de nuevas victorias, en Carcasona, Liévin, Tarascon, La Flèche, La Seyne-sur-Mer, Niza y Saint-Avold. En Marsella, como en todas partes, RN se impone como la principal fuerza de la oposición, el único baluarte contra la extrema izquierda”.

En estos comicios, que se celebran cada seis años, cualquier candidato que sume más de un 10% de los votos se clasifica para la segunda vuelta, haciendo posibles múltiples duelos triangulares, cuadrangulares o incluso entre más candidatos. Un contexto en el que las fusiones de listas para agrupar electorados o las candidaturas que renuncian a presentarse desempeñan un papel crucial en la elección de los alcaldes, especialmente en las grandes ciudades.

Listas de unidad de la izquierda

Antes de la primera vuelta, el Partido Socialista (PS) aspiraba a imponerse como primera formación progresista y también a demostrar que puede ganar cerrando alianzas con Ecologistas y Comunistas, pero sin Francia Insumisa (LFI). El PS quería avanzar hacia la formación de una gran coalición progresista sin el partido de Jean-Luc Mélenchon.

Pero los buenos resultados de LFI obligaron a muchos candidatos socialistas a cambiar el discurso y a buscar el apoyo de los insumisos para ganar.

El coordinador de LFI, Manuel Bompard, reivindicó el domingo las victorias del partido en ciudades como Roubaix. “El avance de las listas de LFI, ya observado en la primera vuelta, se confirma, se amplía y se refuerza”, aseguró. “Esta noche hemos demostrado que nada puede resistir a la movilización popular”, añadió, en referencia a la presidencial de 2027. “El año que viene, la nueva Francia puede barrer a la macronía y sus políticas de desgracia”.

No obstante, el balance de la izquierda no fue completamente positivo. En dos ciudades importantes, Toulouse y Limoges, los candidatos de LFI habían llegado por delante de los socialistas y se habían presentado como cabezas de listas unitarias de la izquierda, aspirando a convertir estas dos capitales en las primeras en tener un alcalde insumiso. En ambas ciudades ganó la derecha moderada, como también lo hizo en Brest y Besançon.

“Seguimos siendo, ahora más que nunca, la principal fuerza política local en Francia”, afirmó el presidente del partido Los Republicanos, Bruno Retailleau, que reivindica el mayor número de alcaldías (aunque la mayor parte de las ciudades más pobladas tienen alcaldes progresistas). “Francia no está condenada a un falso dilema entre los ideólogos de LFI y los demagogos de Agrupación Nacional”.

Más allá del control de los ayuntamientos, con las elecciones municipales los partidos tenían otro objetivo importante: las elecciones al Senado del próximo septiembre que, como cada tres años, renovarán una parte de sus escaños. En Francia esta elección se realiza por sufragio indirecto a través de un colegio de grandes electores, formado mayoritariamente por los representantes locales (alcaldes, concejales, diputados regionales), lo que vincula directamente las dos votaciones.

Francia Insumisa no cuenta hoy con ningún senador y Agrupación Nacional solo con tres, pero su trabajo de implantación en estas elecciones locales debería ayudarles a crecer el próximo otoño.

Macron, acusado de influir en París

Por otro lado, si hace seis años la prensa francesa hablaba de una “ola verde” por los excelentes resultados de Europa Ecología-Los Verdes en todo el país, en estas elecciones los ecologistas son, junto a los macronistas, las dos fuerzas políticas con una dinámica más negativa (aunque los verdes dieron la sorpresa y pudieron conservar la alcaldía de Lyon). En particular, el partido que fundó Emmanuel Macron, Renacimiento, que en previsión había optado por una estrategia minimalista.

Sin embargo, la discreción del partido presidencial y del Gobierno en la campaña contrastan con la irrupción —involuntaria— de Emmanuel Macron en la carrera por la alcaldía de París. El candidato socialista, Emmanuel Grégoire, acusó a Macron de haber intervenido personalmente “a través de intermediarios” para facilitar la retirada de Sarah Knafo, candidata ultraderechista, clasificada para la segunda vuelta de las elecciones en la capital.

El equipo de Grégoire acusa al presidente de haber transmitido un mensaje al empresario conservador Vincent Bolloré, cercano a Sarah Knafo a la que los medios de Bolloré invitan frecuentemente. Macron también habría participado en las presiones al candidato centrista para que fusionase su lista con la de la conservadora Rachida Dati. Todo ello con intención de favorecer la victoria de esta candidata, que hasta hace poco era ministra de Cultura, y que según los medios franceses cuenta con el favor del presidente y de su esposa. 

En todo caso, en París la estrategia de unidad de la derecha de Dati no ha funcionado y la candidata apenas ha mejorado el resultado que consiguió en la primera vuelta. En su discurso tras la victoria, Grégoire clamó: “Los parisinos han enviado un mensaje a Jordan Bardella, Marine Le Pen y Sarah Knafo. París no es ni será jamás una ciudad de extrema derecha”.

Francia celebra este domingo la segunda vuelta de las elecciones municipales que decidirán las alcaldías de la mayoría de ciudades de todo el país. Unos comicios que se celebran cada seis años y que en este 2026, a un año de la elección presidencial, son escrutados con particular interés en busca de señales de cómo evoluciona el equilibrio de fuerzas de cara a la futura campaña para la jefatura del Estado del año que viene.

El poder municipal es uno de los últimos bastiones de las dos formaciones que durante más de 50 años dominaron la vida política francesa, el Partido Socialista (PS) y la derecha gaullista que hoy representan Los Republicanos (LR). LR sigue siendo el partido con mayor número de alcaldes, seguido por los socialistas, que aspiran a retener las dos primeras ciudades del país, París y Marsella. Las dos formaciones esperan que esa implantación local les sirva de impulso para recuperar todo el terreno que han perdido desde la llegada al poder de Emmanuel Macron en 2017.

Pero si socialistas y gaullistas volverán a ser las formaciones a la cabeza de un mayor número de ayuntamientos, en estas elecciones Francia Insumisa y la extrema derecha lepenista empiezan a traducir a escala local los buenos resultados que vienen consiguiendo en las últimas citas electorales nacionales (legislativas y presidenciales).

Después de un primer éxito en Perpiñán en 2020, la extrema derecha de Agrupación Nacional (RN) se había marcado como objetivo conquistar más ciudades y ha centrado sus esperanzas en la región mediterránea (Toulon, Nimes y Marsella). El partido de Le Pen tradicionalmente obtiene sus peores resultados entre el electorado urbano, así que conquistar la alcaldía de otra de las ciudades más pobladas del país sería un avance inédito y un espaldarazo de cara a la presidencial del año que viene.

El candidato socialista, favorito en Marsella

A pesar del triunfalismo mostrado por Jordan Bardella la noche de la primera vuelta —y de la reelección de Louis Aliot como alcalde de Perpiñán— lo cierto es que, de cara al domingo, el resto de candidatos de RN no tiene asegurada la victoria en ninguna de las ciudades a las que aspiran.

El sistema francés de elección a doble vuelta implica que los resultados dependen en gran medida de las alianzas con otros candidatos. Y la semana transcurrida desde la primera vuelta confirma el aislamiento del partido a la hora de negociar con el resto de formaciones.

Ese aislamiento es especialmente visible en Marsella, donde al mantenerse la candidata LR y retirarse el candidato de LFI, la victoria a la que aspiraba el lepenista Franck Allisio se antoja muy complicada (el alcalde socialista Benoît Payan es favorito para ser reelegido).  

En cada cita electoral el front républicain —como se suele denominar al cordón sanitario contra la extrema derecha— se ha venido debilitando, pero aún no ha desaparecido, especialmente gracias a los partidos progresistas. Y si la derecha no suele formar parte del pacto, en general sigue negándose a pactar con el partido de Le Pen. Para salir de esa situación, Jordan Bardella había tendido la mano a “las derechas sinceras” para lograr acuerdos, rompiendo con el discurso tradicional de Marine Le Pen, que solía afirmar que RN no es “ni derecha ni izquierda”.

Pero los llamamientos de Bardella para la retirada de la conservadora Martine Vassal (LR) en Marsella no han surtido efecto. Toulon y Nimes, donde los lepenistas compiten con candidatos conservadores y el resultado es incierto, parecen las mejores opciones para RN de conquistar una nueva ciudad importante este domingo.

LR ignora el llamamiento de Bardella

La noche de la primera vuelta, el presidente de la formación gaullista Bruno Retailleau —que ha llevado al partido a posiciones cercanas a la de la extrema derecha en inmigración— pidió a sus votantes que se movilizasen “para derrotar a la izquierda o a RN allí donde sea posible”.  No obstante, a continuación Retailleau volvió a dejar claro que él considera a Francia Insumisa como, “el principal peligro para el país”. “Vergüenza para quienes hacen frente común con ellos”, añadió en referencia al Partido Socialista.

En este contexto nacional de aislamiento a la extrema derecha, Niza supone un caso particular. El diputado Éric Ciotti —expresidente y tránsfuga del partido Los Republicanos, hoy a la cabeza de una formación de extrema derecha aliada a Marine Le Pen en la Asamblea Nacional— es claro favorito para arrebatarle la alcaldía al candidato de centroderecha Christian Estrosi (también tránsfuga de LR, que se pasó al macronismo en 2021).

La candidata ecologista, tercera en la primera vuelta, se ha negado a retirarse en favor de Estrosi. Y pese a que la ejecutiva de LR respalda la candidatura del centrista, Retailleau ha creado malestar en su propio partido al negarse a apoyar en público a ninguno de los candidatos. La campaña en Niza ha sido particularmente bronca entre Estrosi y Ciotti, dos hombres que en el pasado fueron colaboradores y amigos.

Cooperación en buena parte de la izquierda

En la izquierda, el Partido Socialista llegaba a las municipales con la aspiración de retener muchas de las grandes ciudades francesas (París, Marsella, Nantes y Montpellier) y conquistar Toulouse y Estrasburgo. Y, sobre todo, de reivindicar a través del poder municipal una posición de fuerza entre las formaciones progresistas, especialmente en unas elecciones tradicionalmente desfavorables a Francia Insumisa.

Sin embargo, el partido de Jean-Luc Mélenchon ha superado las expectativas, pese a una campaña difícil con una importante presión y una lluvia de críticas por parte de otros partidos y de los medios de comunicación. No gobernará muchos ayuntamientos, pero, al clasificarse para la segunda vuelta u obtener buenos resultados en ciudades de todo el país, su apoyo será decisivo para la victoria de socialistas o ecologistas (que tratan de conservar Burdeos y Lyon).

LFI confirma también sus buenos resultados en las legislativas en barrios populares de los territorios urbanos. Una realidad que ha hecho que incluso alcaldes socialistas particularmente reacios a cualquier negociación con los insumisos, como la alcaldesa de Nantes o su homólogo de Brest (que en 2022 fue pillado arrancando carteles electorales de LFI) hayan decidido fusionar sus listas.

El partido de Jean-Luc Mélenchon ha superado las expectativas, pese a una campaña difícil con una importante presión y una lluvia de críticas por parte de otros partidos y de los medios de comunicación

En Toulouse y Limoges fueron las listas LFI las que llegaron por delante y, por tanto, las dos ciudades podrían tener alcaldes de este partido, apoyados por el PS. Las dos ciudades podrían así ser las primeras en sumarse a Saint-Denis (150.000) habitantes, donde Bally Bagayoko ganó el pasado domingo sin necesidad de segunda vuelta al conseguir más del 50% de los votos.

Las alianzas en la izquierda son variables según las ciudades (en algunas LFI y PS competirán entre sí en la segunda vuelta) pero han sido lo suficientemente numerosas entre socialistas e insumisos para crear una fractura en el interior del PS. El sector más hostil a Mélenchon (encabezado por el expresidente François Hollande y el eurodiputado Raphaël Glucksmann) ha criticado el acercamiento.

Y temen que la situación refuerce el estatus de Mélenchon como única opción viable para la izquierda en la próxima presidencial. Además, pone en una postura difícil al secretario general de los socialistas, Olivier Faure, que se ha negado a cualquier acuerdo nacional (después de meses de críticas a Mélenchon) con LFI, pero que ha dado luz verde a la multitud de pactos locales.

Incertidumbre en París

No es el caso de París, donde el socialista Emmanuel Gregoire y la candidata LFI Sophia Chikirou no han llegado a ningún acuerdo. Entre acusaciones cruzadas y pese a que Chikirou no tiene opciones reales de ganar (11,72% en la primera vuelta), ambos competirán con la conservadora Rachida Dati.

Dati perdió mucho terreno en la primera vuelta respecto a Gregoire (25,46% y 37,98%, respectivamente), pero para esta segunda ha fusionado su lista con la del centrista Pierre-Yves Bournazel. Y puede beneficiarse también de la retirada de la candidata de ultraderecha (partido Reconquista) Sarah Knafo. Con una sola candidata de la derecha y el voto de la izquierda dividido entre LFI y PS, Dati (que fue ministra de Justicia con Sarkozy y de Cultura con Macron) puede soñar con arrebatar a la izquierda la capital, que lleva en manos de los socialistas desde 2001.

No obstante, para lograrlo está obligada a movilizar, al mismo tiempo, a la gran mayoría de los votantes del centro y la ultraderecha en la primera vuelta y que la lista de Sophia Chikirou se mantenga en las cifras del pasado domingo.

Desde que Emmanuel Macron llegase al poder en 2017, favorecido por el colapso a nivel nacional de los dos grandes partidos, la política francesa está inmersa en un proceso de constante reconfiguración. Casi una década después, el bloque de centro —gran ganador de aquellas elecciones— no deja de perder terreno, la extrema derecha crece con cada escrutinio y las rivalidades emergen tanto en la derecha como en la izquierda.

Si bien los politólogos insisten en que las municipales no son un indicador exacto del contexto nacional, los medios franceses escrutan el resultado de estas elecciones buscando señales de cómo el equilibrio de fuerzas actual anticipa el inicio de la campaña para la elección presidencial de 2027.

La extrema derecha mantiene sus aspiraciones, pero la victoria no está asegurada

Pese a su discurso triunfalista en la noche del domingo, en realidad el partido de Marine Le Pen se había marcado objetivos relativamente modestos para estas elecciones municipales. Para no perder la dinámica creada por los buenos resultados de las legislativas y europeas de 2024, el actual presidente de Agrupación Nacional (RN), Jordan Bardella, había anunciado que el partido aspira a hacerse con la alcaldía en “decenas de ciudades” y lograr entrar en el mayor número posible de consejos municipales.

RN quiere avanzar así en la implantación territorial en unas elecciones que tradicionalmente no le son favorables (y las municipales 2020 fueron particularmente negativas). Para lograrlo, además de consolidar las alcaldías ya en su poder, como han hecho en Perpiñán, la formación lepenista busca una victoria simbólica en otra gran ciudad, como Marsella, Nimes o Toulon, que puedan convertir en escaparate político de cara a la campaña presidencial de 2027. Y sus aliados de la Unión de las Derechas por la República aspiran a gobernar en Niza.

La derecha está muy debilitada, RN le está quitando votos y la tendencia apunta hacia la unión de las fuerzas de derecha. Pero una fusión supondría el fin de Los Republicanos

Brice Teinturier — Director de Ipsos

Si bien los resultados de la primera vuelta les sitúan en cabeza (Toulon, Niza, Nimes) o segundos a escasa distancia del primero (Marsella), en las cuatro ciudades las elecciones están totalmente abiertas y la extrema derecha podría irse de vacío en todas ellas. El resultado dependerá en gran medida de las retiradas de candidaturas y de las consignas de voto por parte de los candidatos clasificados para la segunda vuelta del próximo domingo que no tienen opciones reales de victoria.

Es el caso de Marsella, por ejemplo. El candidato de RN terminó la primera vuelta prácticamente al mismo nivel que el actual alcalde, el socialista BenoÎt Payan (que encabeza una lista con otros partidos de izquierda, sin Francia Insumisa). Ahora todo el mundo espera la decisión de la candidata de la derecha tradicional y la del candidato insumiso Sebastien Delogu. Este había pedido a Payan un pacto para fusionar las dos listas, pero el socialista ha cerrado la puerta a cualquier acuerdo con LFI.

Bardella tiende la mano a la “derecha sincera”

Con un llamamiento a la unión de las derechas para bloquear la victoria de las listas de izquierda, Bardella rompe con la postura histórica de Marine Le Pen, que siempre se había cuidado de no posicionarse en el espectro político. Sin convencer a nadie, Le Pen siempre ha rechazado todas las etiquetas, definiéndose como “ni de derecha ni de izquierda”, sino “patriota y soberanista”

Bardella, por su parte, sí asume un posicionamiento ideológico de derecha (aunque rechaza también la etiqueta “extrema derecha”) y está reclamando pactos con otros partidos conservadores, aunque sea a nivel local. “Allí donde el contexto local lo permita, RN tiende la mano a las listas de la derecha sincera, a las listas independientes y a todos aquellos que rechazan tanto el desorden de la extrema izquierda como la disolución en el macronismo”, declaró Bardella. “El cambio no esperará hasta 2027, sino que comenzará el próximo domingo”, vaticinó.

Para convencer a los líderes de la derecha tradicional, Bardella evoca una supuesta amenaza de la extrema izquierda en aquellas ciudades donde Francia Insumisa negocia con las otras formaciones progresistas. No obstante, los líderes de Los Republicanos se niegan por el momento a cualquier acuerdo, conscientes de la actual posición de fuerza de la extrema derecha en Francia. “La derecha está muy debilitada, RN le está quitando votos y la tendencia apunta hacia la unión de las fuerzas de derecha”, reconocía el director de Ipsos Brice Teinturier hace unos días en France Inter. “Pero una fusión supondría el fin de LR”

Duelo en la izquierda con la presidencial en el horizonte

El Partido Socialista lucha por conservar varias de las grandes ciudades del país —París, Lille, Marsella, Montpellier o Nantes— y añadir otras como Estrasburgo y Toulouse. En muchas de ellas, los candidatos socialistas encabezan listas de unidad de toda la izquierda salvo Francia Insumisa, que decidió acudir en solitario en todas las grandes ciudades. Una situación que la dirección socialista esperaba utilizar para reivindicar el liderazgo de la izquierda.

El partido de Jean-Luc Mélenchon ha vivido una campaña particularmente difícil, envueltos en la polémica por la relación del partido con la Jeune Garde, un grupo antifascista al que la policía señala como responsable de la muerte de un activista de ultraderecha en Lyon. También por unas declaraciones de Jean-Luc Mélenchon que le han valido nuevas acusaciones de antisemitismo, que él ha negado categóricamente (en un mitin Mélenchon bromeó con la pronunciación que la prensa francesa hace del apellido Epstein, dando a entender que lo pronuncian mal para ocultar su religión).

Pero LFI ha superado las expectativas y en varias grandes ciudades, en especial París y Marsella, los candidatos insumisos serán decisivos para que la izquierda gane. Y en Toulouse, el diputado LFI François Piquemal dio la sorpresa llegando por delante de su rival progresista y aspira a la alcaldía en la segunda vuelta en una lista unificada (el lunes se ha anunciado el acuerdo).

“Una estrategia y un proyecto han permitido a Francia Insumisa lograr un magnífico avance en las elecciones municipales”, celebró Jean-Luc Mélenchon en un mensaje en X. Mélenchon está defendiendo en los mítines su idea de “la nueva Francia”, base de su futuro programa para las próximas elecciones presidenciales.

La batalla por París

En París, la segunda vuelta se anuncia particularmente reñida. El socialista Emmanuel Gregoire, que encabeza una lista de unidad de la izquierda sin Francia Insumisa, compite con la conservadora Rachida Dati (Los Republicanos). Gregoire fue teniente de alcalde de Anne Hidalgo, con la que la relación acabó deteriorándose, hasta el punto de que Hidalgo apoyó a otro candidato en las primarias socialistas.

La capital será una de las ciudades donde las fusiones de listas y las alianzas anunciadas en los próximos días tengan una mayor importancia. Si bien Emmanuel Gregoire cerró la primera vuelta claramente en cabeza, las consignas del centrista Pierre-Yves Bournazel, de la ultraderechista Sarah Knafo (partido Reconquista) y de la candidata insumisa Sophia Chikirou, que también se han clasificado para la segunda vuelta, serán decisivas de cara al domingo.

El lunes Bournazel y Dati comenzaron negociaciones para fusionar las listas. El candidato centrista puso como condición que Dati, que hasta hace unas semanas ocupaba el cargo de ministra de Cultura, renuncie a cualquier acercamiento con la extrema derecha. En contraste, los dos candidatos progresistas no parecen en camino de lograr un acuerdo.

El macronismo, en horas bajas

En plena etapa de reconfiguración, sin implantación local y con el lastre de la impopularidad de Emmanuel Macron, la coalición presidencial llegaba a las municipales con ambiciones reducidas, tras una campaña minimalista.

Renacimiento, el partido que fundó Macron —y del que hoy parece alejado—ha presentado lista en solitario en menos de una docena de municipios. En la mayoría de ciudades simplemente han optado por apoyar a candidatos de otros partidos de centroderecha, como es el caso de París o Niza, donde sostenía a los candidatos de Horizontes, joven partido fundado por el ex primer ministro Édouard Philippe.

El propio Philippe aspira a ser reelegido alcalde de Le Havre (en Normandía) como primer paso para iniciar su campaña a la presidencial de 2027, en la que, por el momento, parte como favorito entre los candidatos de centroderecha. Antiguo miembro del partido Los Republicanos, en ciudades como París, Horizontes unificará sus listas con los candidatos de la derecha gaullista.

Este domingo todos los residentes en Francia estaban llamados a las urnas para decidir la composición de los 34.875 ayuntamientos de todo el país, desde los municipios más pequeños hasta las grandes ciudades como París, Lyon y Marsella. Una gran cita —900.000 candidatos presentes en 50.000 listas— que se celebra cada seis años en una elección a doble vuelta (la segunda tendrá lugar el próximo domingo 22).

Las cifras de las diferentes encuestas apuntan un fuerte avance de Agrupación Nacional (RN) en la opinión pública —especialmente en las zonas rurales— respecto a 2020, lo que confirma la rápida progresión electoral registrada por el partido de Marine Le Pen en las últimas legislativas y europeas de 2024.

“Los franceses han estado a la altura de sus responsabilidades”, se felicitó Jordan Bardella, actual presidente del partido lepenista, en una alocución desde Beaucaire (15.600 habitantes), donde el alcalde de extrema derecha ha sido reelegido desde la primera vuelta. “En los municipios en los que gobernamos, hemos demostrado que una política de sentido común y de orden, tanto en las calles como en las cuentas, puede mejorar de forma concreta la vida cotidiana de los franceses”, declaró Bardella, quien animó a los votantes a elegir “alcaldes profundamente patriotas” “que serán la voz del cambio y la recuperación dentro de una semana, en la segunda vuelta”.

Antes del cierre de los colegios electorales Bardella había tendido la mano a “las derechas sinceras” para pactar contra “la extrema izquierda” de cara al voto del próximo domingo.

En la ciudad de Toulon, considerada clave, la extrema derecha llega claramente en cabeza con alrededor del 40% de los votos, según los sondeos. Primer gran ayuntamiento en tener un alcalde lepenista, en 1995, el mandato del frentista Jean-Marie Le Chevallier resultó tal catástrofe de gestión, finanzas y escándalos, que al partido le costó más de dos décadas conseguir una victoria en otra gran ciudad.

En Perpiñán, la ciudad más grande controlada por Agrupación Nacional, el alcalde Louis Aliot ha sido reelegido en la primera vuelta, según los primeros sondeos. Aliot recibiría un 51,4% de los votos. Aunque no eran numerosos —poco más de una docena—, los alcaldes RN de municipios pequeños y medianos han sido reelegidos o se encuentran en buena posición para serlo el domingo 22 de marzo en la segunda vuelta.

Muchos de los temas centrales son los mismos de 2020, entre ellos el poder adquisitivo, el sistema sanitario y los servicios de proximidad. Sin embargo, si hace seis años en tercer lugar venían las preocupaciones medioambientales, esta cuestión ha quedado hoy relegada al octavo puesto, según una reciente encuesta de Ipsos BVA para el diario Le Monde, el Cevipof y la Fundación Jean-Jaurès.

En contraste, las preocupaciones en materia de seguridad han ido en aumento, incluso a nivel local, y ahora constituyen un factor decisivo a la hora de decidir el voto. En este contexto, si los ecologistas consiguieron excelentes resultados en 2020, estos temas son especialmente favorables para la derecha y la extrema derecha.

A pesar de los dicursos triunfalistas de los líderes ultras, los resultados de las elecciones municipales son muy difíciles de predecir, incluso pasada la primera vuelta. Además de la importancia de las cuestiones locales, cualquier candidato que sume más de un 10% de los votos se clasifica para la segunda, haciendo posibles múltiples duelos triangulares o cuadrangulares. En este contexto las negociaciones a lo largo de la semana entre los dos votos, los abandonos y las fusiones de listas desempeñan un papel crucial en la elección de los alcaldes en las grandes ciudadades.

Figura política preferida de los franceses, el alcalde ocupa un lugar importante en un sistema tan centralizado, al ser el interlocutor privilegiado entre el Estado y los ciudadanos. Pese a su relevancia, este año la campaña ha quedado en parte eclipsada por las crisis internacionales y la inestabilidad política nacional.

Debilitamiento del frente republicano

Sin embargo, el sistema francés de elección a doble vuelta implica que los resultados dependen en gran medida de las alianzas con otros candidatos. En cada cita electoral el front républicain, el cordón sanitario contra la extrema derecha, se ha venido debilitando, pero aún no ha desaparecido, especialmente gracias a los partidos progresistas. 

Manuel Bompard, coordinador nacional de La Francia Insumisa, también ha presumido de la “progresión” obtenida en estos comicios respecto a 2020. “Apelamos al pueblo a movilizarse esta semana contra la derecha y la extrema derecha”, ha dicho Bompard, que ha alertado de los peligros del partido de Marine Le Pen. “Tendemos la mano a las otras listas que se enfrenten a la extrema derecha”, ha añadido.

Por ese sistema electoral, las ambiciones de Marine Le Pen y Jordan Bardella no pasan por hacerse con un gran número de ayuntamientos, sino que centran sus esfuerzos en lograr algunas grandes ciudades que puedan usar de escaparate en la campaña de 2027.

El electorado urbano tradicionalmente ha sido uno de los más hostiles a Marine Le Pen. La victoria en una o varias de las grandes ciudades en las que llegan con opciones, como Marsella o Niza, sería un símbolo del avance inédito de la extrema derecha en el país y un espaldarazo de cara a la presidencial del año que viene.

En Marsella, el candidato RN, Franck Allisio, está al mismo nivel que el alcalde saliente, el socialista Benoît Payan, ambos con un 35,4% según la primera estimación de Ipsos-BVA. En Niza, el diputado Eric Ciotti —tránsfuga de la derecha tradicional y actual aliado a Marine Le Pen con una nueva formación de extrema derecha— se sitúa claramente en cabeza en la primera vuelta (42%) por delante del alcalde de centroderecha, Christian Estrosi (31%).

La sombra de la “unión de las derechas”

En el resto del país aspiran a entrar en tantos ayuntamientos como puedan aunque sea en la oposición (los consejeros municipales son los que votan en las elecciones al Senado) y también a conseguir suficientes votos en la primera vuelta para obligar a candidatos de la derecha tradicional a buscar alianzas de cara a la segunda. Para ello se esfuerzan en presentar a los partidos de izquierda como una amenaza.

“No descarto que se debata la posibilidad de presentar listas de unión o de coalición en la segunda vuelta, si existe el riesgo de que la extrema izquierda se haga con el control de varios municipios”, declaraba Jordan Bardella hace unas semanas. Bardella parece querer preparar el terreno para una posible “unión de las derechas” evocada en múltiples ocasiones por la prensa francesa en los últimos meses y que debilitaría aún más el cordón sanitario.

Por el momento los líderes de la derecha tradicional rechazan cualquier pacto a nivel nacional, aunque reconocen que se dirigen al mismo electorado. El presidente de Los Republicanos, Bruno Retailleau, afirmó abogar por una “unión en las urnas” y no entre las direcciones de los partidos. “Asumo plenamente que nos dirijamos a los votantes del RN para que la unión de la derecha se haga precisamente sobre el terreno”.

Esperanzas de la izquierda en grandes ciudades

En cuanto a los partidos de izquierda, pese al contexto aparentemente desfavorable, socialistas y ecologistas aspiran a retener la mayor parte de las grandes ciudades del país y añadir alguna otra como Toulouse. No obstante, el resultado de la elección en las tres más pobladas (París, Lyon y Marsella) es particularmente incierto. Las dos primeras podrían caer en manos de la derecha y, la tercera, de la extrema derecha.

Es el caso de París, la segunda vuelta se anuncia particularmente reñida entre el socialista Emmanuel Gregoire (que encabeza una lista de unidad de la izquierda sin Francia Insumisa) y la conservadora Rachida Dati (Los Republicanos), que hasta hace unas semanas ocupaba el Ministerio de Cultura. Gregoire fue teniente de alcalde de Anne Hidalgo (con la que la relación acabó deteriorándose, hasta el punto de que Hidalgo apoyó a otro candidato en las primarias socialistas).

París será una de las ciudades donde las fusiones de listas y las alianzas anunciadas en la semana entre las dos votaciones tendrán una mayor importancia. Si bien Emmanuel Gregoire cierra la primera vuelta claramente en cabeza, las decisiones y las consignas en los próximos días del centrista Pierre-Yves Bournazel, la ultraderechista Sarah Knafo (que no pertenece al partido de Le Pen) y de la candidata insumisa Sophia Chikirou, que también se han clasificado para la segunda vuelta, serán decisivas de cara al domingo. 

Perfil bajo de los centristas

En cuanto al bloque central en el que se apoya Emmanuel Macron desde su llegada al poder en 2017, llega a las elecciones con unos pronósticos poco esperanzadores. Renacimiento, el partido que fundó Macron —y del que hoy parece alejado—presenta lista en solitario en menos de una docena de municipios.

En la mayoría de grandes ciudades simplemente ha optado por apoyar a candidatos de otros partidos de centroderecha, como es el caso en París o Niza, donde apoya a los candidatos de Horizontes, partido del ex primer ministro Édouard Philippe. También Lyon, donde el centro y la derecha se han aliado para sostener al expresidente del Olympique Jean-Michel Aulas.

Precisamente una de las elecciones que se van a seguir con más atención será la de la ciudad normanda de Le Havre, donde Philippe se presenta a la reelección. Antiguo jefe de Gobierno nombrado por Emmanuel Macron (2017-2020), es uno de los favoritos a liderar el bloque de centroderecha en la próxima elección presidencial y ha ganado las elecciones en primera vuelta con un 43,7% de los votos, seguido del 33,2% de la candidatura socialista.

Ha convertido su reelección en condición sine qua non para continuar su campaña a la jefatura del Estado. Una derrota en su propia ciudad eliminaría de la carrera hacia el Elíseo al candidato que los sondeos sitúan hoy como el mejor situado para batir a Marine Le Pen o Jordan Bardella.

La extrema derecha francesa aspira a continuar con su proceso de implantación por todo el país como parte de su objetivo declarado de “conquista del poder”. El actual presidente de RN, Jordan Bardella, ha afirmado que aspiran a hacerse con la alcaldía en “decenas de ciudades”, entre ellas Marsella o Toulon. Y sus aliados de la Unión de las Derechas por la República aspiran a gobernar en Niza.

Las cosas han cambiado considerablemente desde que Marine Le Pen —hoy pendiente de que la justicia confirme o anule en julio la inhabilitación que le impide concurrir a las elecciones presidenciales— sucedió a su padre a la cabeza del entonces llamado Frente Nacional, en 2014. La nueva líder decidió hacer de la implantación local una etapa clave de su estrategia de normalización, transformar la imagen del partido para que no fuera percibido como una opción política extrema y marginal y salir así del aislamiento que le imponían las otras formaciones. Contar con un número importante de alcaldes y diputados era una condición indispensable.

Sin embargo, para Jean-Marie Le Pen la elección presidencial era la única cita importante, la gran elección que le permitía recibir atención nacional y agitar la vida política del país. La construcción de un partido, la conquista de escaños, de ciudades o regiones, no estaban entre sus prioridades. “Él pensaba que la victoria solo se consigue ganando la elección suprema, es decir, la presidencial. Yo tengo una visión radicalmente diferente: es la implantación local la que determina la victoria nacional”, explicaba Marine Le Pen en 2018, poco antes de cambiar el nombre de la formación a Agrupación Nacional (RN).

Durante un tiempo, los esfuerzos de Le Pen se encontraron con varios obstáculos, entre ellos el sistema de elección francés a doble vuelta, que favorecía la activación de un cordón sanitario hostil a los candidatos de extrema derecha. Además, en cada gran cita, el partido tiene serias dificultades para encontrar un número suficiente de candidatos compatibles con la estrategia de normalización; esto es, sin un historial de comentarios racistas, machistas o antisemitas en redes.

Pero en los últimos cinco años, el constante crecimiento electoral de RN (33,2% de los votos en las últimas legislativas, 31,37% en las europeas) le ha permitido romper ese techo de cristal. De nueve diputados en 2017 han pasado a 123 en la actualidad, que hacen de él el partido francés con más escaños en la Asamblea Nacional.

El trauma de Toulon

Entre los objetivos para las municipales, RN se ha fijado recuperar Toulon. Una posible victoria en esta ciudad a orillas del mediterráneo con más de 179.000 habitantes sería particularmente simbólica. Primer gran ayuntamiento en tener un alcalde lepenista, en 1995, el mandato del frentista Jean-Marie Le Chevallier resultó tal catástrofe de gestión, finanzas y escándalos, que al partido le costó más de dos décadas conseguir una victoria en otra gran ciudad.

Tuvieron que esperar a las municipales de 2020, cuando Louis Alliot —vicepresidente del partido y expareja de Marine Le Pen— se convirtió en alcalde de Perpignan. Desde entonces su mandato se ha centrado en evitar los escándalos. Hasta el punto de que una de las principales críticas de la oposición es el inmovilismo.

Las encuestas sitúan a Alliot como favorito para repetir victoria, aunque es previsible que en junio tenga que ceder las riendas del Ayuntamiento a su suplente, si se confirma la condena por malversación en el caso por el que fue condenado en primera instancia junto a Marine Le Pen.

Ciudades ‘escaparate’

En el resto del país, el balance de la docena de ayuntamientos gobernados por la extrema derecha tampoco es muy positivo; varios consistorios han sido objeto de informes desfavorables de las cámaras regionales de cuentas y, en el caso de Fréjus (también en el sur), David Rachline fue obligado a dimitir de la vicepresidencia del partido (aunque no de la alcaldía) al verse inmerso en acusaciones de corrupción, que desembocarán en un juicio este año.

No obstante, la ausencia de escándalos en Perpignan es suficiente para que los candidatos en Toulon, Nimes o Marsella afirmen que el partido está preparado para gobernar ciudades importantes. Y presentan la ciudad como un escaparate que avala su capacidad de gestión, al que esperan sumar otras ciudades importantes.

Con este argumento, en Toulon, la diputada Laure Lavalette se esfuerza en hacer olvidar la experiencia de Le Chevallier. Portavoz del partido y rostro habitual de las tertulias en los programas de televisión, Lavalette encarna plenamente la estrategia de normalización —en su versión más sonriente— con intervenciones lejos de la provocación y con sus contenidos en redes sociales.

En esta campaña, en la que los temas locales eclipsan a los nacionales, el partido lepenista habla menos de inmigración, al menos de manera directa. Poder adquisitivo, servicios y seguridad dominan los discursos. En Marsella, el candidato lepenista Franck Allisio cuenta con absorber los votos de la candidata de la derecha tradicional (la ciudad fue durante muchos años el feudo de los gaullistas) y arrebatar la alcaldía al socialista Benoît Payan, que encabeza una lista de unión de izquierdas (sin Francia Insumisa, que presenta su propio candidato).

Pese a esa falta de unión de la izquierda en la primera vuelta, tanto Payan como el candidato insumiso, Sébastien Delogu, han asegurado que en la segunda vuelta apoyarán al progresista mejor situado para batir a la extrema derecha. “Si Marsella cae en manos del RN, será un terremoto para el país”, advertía al actual alcalde hace unos días en una entrevista en Libération.

En esta campaña, en la que los temas locales eclipsan a los nacionales, el partido lepenista habla menos de inmigración, al menos de manera directa. Poder adquisitivo, servicios y seguridad dominan los discursos

Entre las medidas que propone Allisio está un “pase familia-niños-mayores” para playas y parques, una propuesta que tiene por objeto crear zonas reservadas a determinados sectores de la población, en aras de “la seguridad”. “Algunos lo han llamado 'pase antiracailles' y no me molesta”, afirmaba recientemente Allisio. Racaille es un término que se puede traducir como quinqui, aunque tiene una fuerte connotación racial peyorativa, ya que se aplica fundamentalmente a jóvenes de ascendencia africana procedentes de los guetos de extrarradio.

Mención aparte merece el caso de Niza, donde el aliado de RN Éric Ciotti libra un duelo digno de una serie de intriga política con su antiguo mentor y ex amigo Christian Estrosi. Ciotti fue expulsado del partido gaullista Los Republicanos —del que era presidente— en 2024, tras anunciar de manera unilateral una alianza con Le Pen y Bardella.

Hoy diputado a la cabeza de una formación satélite de la extrema derecha lepenista, las encuestas le sitúan en cabeza en la primera vuelta y con posibilidades en la segunda frente a Estrosi, que se presenta por una formación de centro. La campaña en la ciudad de la Costa Azul, entre bulos, acusaciones de infiltración y ataques personales, está siendo una de las más broncas de las actuales municipales.

Trampolín para el Senado

Más allá de los ayuntamientos que quiere convertir en escaparates de sus políticas, hay otro objetivo importante: las elecciones al Senado del próximo septiembre que, como cada tres años, renovarán una parte de sus escaños.

En Francia esta elección se realiza por sufragio indirecto a través de un colegio de grandes electores, formado mayoritariamente por los representantes locales (alcaldes, concejales, diputados regionales), lo que vincula directamente las dos votaciones.

La estrategia de RN pasa por apoyar a candidatos o listas conservadores no afiliados a ningún partido o bien que se presentan por micropartidos aliados

RN se hizo en las elecciones municipales de 2014 con un puñado de localidades pequeñas situadas en las dos zonas más afines a las ideas lepenistas, en el noreste del país —víctima de la desindustrialización—, y en el sudeste, donde la extrema derecha estaba implantada desde los años 80. Ahora cuenta con aumentar la presencia en esos mismos territorios para consolidarse de cara a la presidencial y a las legislativas de 2027.

La formación de extrema derecha también está apostando, en este sentido, por una estrategia que pasa por apoyar a candidatos o listas conservadores no afiliados a ningún partido o bien que se presentan por micropartidos aliados a RN. Una forma de conseguir el apoyo de grandes electores de cara a las elecciones al Senado y de robar votos a electores de la derecha tradicional, reacios a votar por las siglas del partido de los Le Pen.

Las municipales serán una prueba importante del éxito de esta operación, a menos de un año de la elección presidencial, para poner a prueba la posibilidad de lograr “una unión de las derechas”, que supondría un escalón fundamental para librarse de cualquier cordón sanitario.

En esta etapa decisiva del proceso de normalización cuentan con dos elementos a su favor: el primero es la estrategia de la derecha tradicional liderada por Bruno Retailleau que, aunque sigue descartando pactos nacionales con RN, en realidad se ha alineado con la extrema derecha en gran número de posiciones políticas. El segundo, la campaña de demonización de Francia Insumisa, a la que el partido lepenista quiere convertir en víctima de un cordón sanitario alternativo.

La muerte de Quentin Deranque, un militante de extrema derecha en Lyon, aislado y golpeado en el suelo por varios individuos tras una pelea entre grupos de extrema derecha e izquierda el jueves 12 de febrero, ha provocado una semana de acusaciones y críticas, con el partido de izquierdas Francia Insumisa (LFI) en el centro de los debates.

Los hechos ocurrieron al margen de una conferencia de la eurodiputada de LFI Rima Hassan en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Lyon. Activistas de Némésis (un colectivo identitario que también proclama su “defensa de las mujeres occidentales”) acudieron para protestar contra el acto. Aseguran que el joven fallecido formaba parte de su servicio de seguridad —algo que la familia de la víctima niega— y que, junto a otros jóvenes que acompañaban la protesta, se vio envuelto en un altercado con un grupo de militantes antifascistas.

En los días posteriores, 11 sospechosos fueron detenidos, entre ellos un asistente parlamentario del diputado de LFI Raphaël Arnault. De los 11 arrestados, siete han sido procesados este jueves y el fiscal de Lyon, Thierry Dran, ha adelantado que los acusará de homicidio voluntario, con base en los elementos recabados por los investigadores, sobre todo “del gran número de golpes en la cara y el cráneo de Quentin Deranque”. El fiscal no ha identificado a los procesados, pero ha revelado que tienen entre 20 y 26 años, la mayoría son estudiantes, uno está en paro y otro trabaja como asistente parlamentario, lo cual indicaría que entre ellos está el ayudante de Arnault.

El diputado es fundador del grupo antifascista La Jeune Garde, cuyos miembros han sido señalados por las autoridades como presuntos responsables de la muerte de Quentin Deranque. “La investigación permitirá confirmar o no si se trataba de militantes de La Jeune Garde. Pero los testimonios apuntan claramente en esa dirección”, declaró el domingo el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, en la televisión pública. Entre los detenidos también se encuentra un antiguo becario del mismo diputado.

El martes, Arnault afirmó haber iniciado el procedimiento para “rescindir” el contrato del asistente, que ya había “cesado todas sus actividades parlamentarias”. “Ahora la investigación deberá determinar las responsabilidades”, añadió el diputado, que condenó la violencia afirmando sentir “horror y repugnancia” al haber conocido el fallecimiento del joven y también afirmó su deseo de que el drama “se esclarezca por completo”.

“Instrumentalización”

Pese a que el partido de Jean-Luc Mélenchon ha condenado a través de varios de sus miembros la violencia y que niega cualquier relación con lo ocurrido, la mayoría de fuerzas políticas en Francia ha reaccionado criticando con dureza a los insumisos y pidiendo que rompan vínculos con La Jeune Garde y que aparten a Raphaël Arnault de las actividades parlamentarias. Una exigencia que algunos políticos ya habían formulado cuando Arnault fue condenado definitivamente en diciembre de 2025 por “violencia voluntaria en reunión”.

LFI, por su parte, denuncia una “instrumentalización” política de la muerte de Quentin Deranque, aunque asume los vínculos con el grupo antifascista. “Nos hemos relacionado y nos hemos acercado deliberadamente a La Jeune Garde”, reafirmó el martes por la noche Jean-Luc Mélenchon.

“Aprobamos su resistencia, aprobamos su organización, aunque nos separen algunas divergencias”, afirmó el líder de LFI, citando diferencias con relación a la violencia. También ha seguido mostrando un apoyo total a Arnault, al que calificó de “buen diputado” y “trabajador” que hace “honor” al movimiento.

La Jeune Garde fue disuelta por decreto gubernamental el 12 de junio de 2025. La decisión ha sido impugnada ante la Justicia francesa y fue criticada en su momento por LFI. El Gobierno francés reprocha a la organización “un activismo violento para promover su ideología” que incluye, según el Ministerio del Interior, 11 agresiones, además de “entrenamientos para la violencia” y “una comunicación violenta en las redes sociales”.

Mélenchon señaló la “responsabilidad de las autoridades públicas”, que habrían incumplido su deber de mantener el orden el jueves en Lyon. Y declaró que La Francia Insumisa “no acepta lecciones” del primer ministro macronista, Sébastien Lecornu, quien reclamó el martes a la formación progresista que “hiciera limpieza en sus filas”. Un llamamiento que ha repetido este jueves desde India el presidente Emmanuel Macron.

La extrema derecha, la más vehemente

Pero las críticas más vehementes contra LFI han venido de la extrema derecha lepenista. “La extrema izquierda ha matado […] y Jean-Luc Mélenchon tiene que rendir cuentas”, afirmó el líder ultraderechista Jordan Bardella en una entrevista en la radio Europe 1. El presidente de Agrupación Nacional llegó a reclamar la creación de “un cordón sanitario” de todos los partidos contra LFI, alegando que es, en sus palabras, “un movimiento político que hoy en día se ha salido totalmente de la República”. Bardella trata de apropiarse así de términos que, históricamente en la política francesa, se habían sido empleados contra su propio partido y que ahora utiliza para demonizar a LFI.

Pero las críticas contra LFI no solo han venido de los partidos de centro, de la derecha y de la extrema derecha. También desde las filas de los socialistas. El expresidente galo François Hollande declaró el miércoles que la formación de Mélenchon debería haber “roto por completo” los vínculos con La Jeune Garde, “cuyo objetivo y método es la lucha física”. Hollande argumenta que esto prueba que LFI es efectivamente un movimiento “de extrema izquierda”, tal y como lo ha clasificado el Ministerio del Interior en las listas electorales para las próximas municipales (etiqueta que no ha gustado al partido de Mélenchon).

Ataques a sedes de LFI

En cualquier caso, mientras la presión aumenta contra la formación insumisa, varias oficinas del partido han sido atacadas y vandalizadas. El miércoles, la sede de LFI en París fue evacuada brevemente tras una amenaza de bomba. Manuel Bompard, coordinador del partido, hizo un llamamiento a las “autoridades públicas” para que “garanticen un debate democrático digno y saludable”.

Por otro lado, una semana después de la tragedia, Lyon, una ciudad donde son frecuentes los enfrentamientos entre colectivos fascistas y antifascistas, se prepara para un nuevo fin de semana de tensión. Varias organizaciones y grupos de extrema derecha de la ciudad han convocado una manifestación el sábado en homenaje al joven fallecido. La familia Quentin Deranque ha pedido “calma y moderación” y ha condenado “cualquier forma de violencia política”.

En los últimos años, Lyon había vivido varios episodios de violencia política que, como señalaba esta semana el historiador Nicolas Lebourg al periódico Libération, habían sido en su mayoría instigados por los grupos neofascistas. “Si hacemos un balance de los fallecimientos causados por radicales desde 1986, vemos que la izquierda ha matado en Francia a seis personas y la derecha a 59. El último fallecimiento imputado a la ultraizquierda se remontaba a 2010”.

La posibilidad de prohibir el velo integral dormitaba en España desde que el Tribunal Supremo determinó en 2013 que para imponerla hacía falta una ley, pues afecta al derecho a la libertad religiosa. La escasa presencia del burka o el niqab en las calles —no constan cifras oficiales y las menciones que ocasionalmente han saltado a la prensa oscilan entre apenas una docena y 500, sin precisar fuentes–. El anuncio de Junts de que no avalará la propuesta de Vox a la que se ha sumado el PP enterrará previsiblemente la cuestión hasta el final de la legislatura. Pero la cuestión ha tenido mayor recorrido en los países europeos. A continuación, un repaso a la situación en la UE.

Francia: el argumento de la laicidad

Las cuestiones relacionadas con el velo y, de manera general, con cualquier prenda asociada al islam, forman parte del debate público en el país galo desde hace más de 30 años. En octubre de 1989, la expulsión de tres alumnas de secundaria en la localidad de Creil por negarse a quitarse el velo en clase suscitó la primera gran secuencia de debates intelectuales, mediáticos y políticos.

Pero la cuestión alcanzó una dimensión diferente a partir de 2002, año en el que la extrema derecha de Jean-Marie Le Pen alcanzó por primera vez la segunda vuelta de las elecciones. En 2004 se aprobó una primera ley que prohibió en los colegios “el uso de símbolos o prendas con los que los alumnos manifiesten ostensiblemente su pertenencia religiosa”.

En 2010, ya con Nicolas Sarkozy en el poder, la Asamblea Nacional aprobó otra ley –la primera en Europa– que proscribió el velo integral, avalada después por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aun reconociendo que podía tener efectos negativos para algunas mujeres.

Aunque Francia es el país europeo que más ha legislado sobre la cuestión, los políticos no dejan de encontrar formas de reintroducir el debate sobre la necesidad de nuevas normas. Casi siempre justificadas por sus impulsores en la defensa de la laicidad y de los derechos de las mujeres. Así, solo en los últimos años, ha habido propuestas para prohibir el velo entre las deportistas en los Juegos Olímpicos, los bañadores llamados burkini en las playas y piscinas o para impedir que el personal de acompañamiento escolar pueda llevar velo en horas de trabajo.

Hace un año, el ex primer ministro Gabriel Attal propuso la prohibición del velo en el espacio público para todas las chicas menores de 15 años. “Cuando yo propuse la prohibición del velo, Gabriel Attal se ensañó conmigo a base de insultos. Hoy, retoma mi propuesta”, criticó entonces Marine Le Pen, quien aboga por la prohibición general del velo para todas las edades.

Durante su etapa como ministro de Educación, Attal —que aspira a suceder a Emmanuel Macron como candidato a la presidencia de centroderecha— ya había prohibido, por vía reglamentaria, la abaya (una prenda tradicional en países de Oriente Medio que cubre todo el cuerpo) en las escuelas francesas.

Hace solo unos meses, los líderes del partido conservador Los Republicanos, que en la última década no ha dejado de perder terreno frente a la extrema derecha lepenista, impulsaron en el Parlamento varias medidas para prohibir el velo y el ayuno del mes sagrado musulmán de Ramadán entre los menores de edad. Medidas que, según reconocieron sus propios impulsores, serían probablemente inviables “en el estado actual del derecho” en Francia.

En todo caso, esta ofensiva parlamentaria dirigida específicamente a la comunidad musulmana fue denunciada por responsables religiosos y diferentes asociaciones ciudadanas que expresaron en una carta abierta al presidente del Senado su “hartazgo” ante la “estigmatización” de los franceses de confesión musulmana. “Una secuencia que se ha vuelto tristemente familiar para ellos: la de una instrumentalización política sistemática de su práctica religiosa”, denunciaron.

La obsesión de una parte de la clase política francesa también ha sido denunciada en múltiples ocasiones por Amnistía Internacional, que considera que “tanto la obligación como la prohibición de llevar símbolos religiosos o culturales violan los derechos de libertad de expresión, de pensamiento, de religión y de conciencia de las mujeres”.

En una nota publicada en 2024, cuando la entonces ministra de Deportes prohibió el velo entre las deportistas francesas, Amnistía Internacional denunciaba la “proliferación de leyes y medidas destinadas a prohibir a las mujeres determinadas prendas consideradas religiosas”; medidas que se inscriben “en un contexto de aumento del discurso de odio, que estigmatiza a las personas musulmanas y, en particular, a las mujeres y niñas que llevan velo”.

La organización señala además una de las consecuencias de estas medidas: “Desde hace varios años, las autoridades francesas no han dejado de multiplicar las leyes y normativas incriminatorias relativas a la vestimenta de las niñas y mujeres musulmanas. Estas medidas, alimentadas por estereotipos, refuerzan y exacerban la discriminación por motivos de género hacia las niñas y mujeres musulmanas”, que se ven expuestas a una triple forma de discriminación por razón de sexo, por su origen étnico y su religión.

Bélgica siguió el ejemplo francés en lo que respecta al uso del velo integral y así, en nombre de la “convivencia” y la seguridad pública, la ley belga prohíbe desde 2011 “el uso de prendas que impidan la identificación de una persona en el espacio público”, como el burka o el niqab. Y en el caso de la región flamenca, también está prohibido el uso de signos religiosos ostentosos en los centros escolares desde 2009, aunque las normas no son tan estrictas en la Bélgica francófona, donde cada centro puede decidir su propio reglamento.

En Países Bajos no hay a quien multar

Está prohibido llevar burka o niqab en escuelas, trasporte público, hospitales y edificios de la Administración neerlandesa. La ley veta las prendas que cubren el rostro y no permiten la identificación de la persona, por lo que se puede aplicar asimismo a pasamontañas o cascos de moto. El ultraderechista Geert Wilders impulsó la norma, que fue apadrinada por la coalición de socialdemócratas y liberales-conservadores liderada por Mark Rutte, actual secretario general de la OTAN. Una amplísima mayoría parlamentaria (132 votos a favor y 18 en contra) apoyó la ley en 2018.

Desde su entrada en vigor, sin embargo, no hay constancia de que ninguna mujer con velo integral haya recibido una multa, pues esta prenda es muy minoritaria. En un país con más de un millón de personas que dicen profesar el islam, se estima que tan solo entre 100 y 400 mujeres llevan niqab o burka.

En un estudio de 2024 encargado por el Ministerio del Interior sobre el impacto de la ley, los autores advierten que la escasez de infracciones dificulta evaluar la aplicación de la norma. En el informe, sin embargo, abundan los testimonios de mujeres que aseguran sufrir discriminación y agresiones verbales y físicas desde su aprobación.

La queja más repetida es que la ley y el debate que la precedió han dado legitimación para confrontarlas, también en espacios donde la prohibición no se aplica, como en la calle o los comercios. Una mujer de 32 años que lleva niqab dice: “Mucha gente no sabe cómo funciona la ley, así que te abordan sin más, también en el supermercado. Temo el momento que alguien me tire al suelo y haga un arresto ciudadano”. Las mujeres afirman haber sido rechazadas en centros de salud y transporte público.

Como consecuencia de la prohibición y el aumento de la hostilidad, el informe apunta también a una mayor adaptación: algunas mujeres dicen haber cambiado su atuendo en algunos espacios o, incluso, haber renunciado al velo integral. El año pasado, el Parlamento holandés aprobó una proposición para ampliar la prohibición a todo el espacio público, algo que el nuevo Gobierno deberá tomar en consideración.

En palabras de Dilan Yeşilgöz, líder de los conservadores-liberales de VVD: “No es propio de nuestro país que las mujeres se tengan que esconder detrás de un burka. Cada mujer debe ser libre para sentir el sol sobre su piel”.

Dinamarca y el “control social”

El país nórdico prohibió por ley el uso del burka y el niqab en los espacios públicos en el 2018 y, desde entonces, el tema había quedado apartado del debate político hasta finales del año pasado, cuando el Gobierno de coalición entre socialdemócratas, liberales y moderados anunció su intención de extender la prohibición a los centros educativos, como escuelas o universidades.

La propuesta se presentará en el Parlamento durante el mes de febrero, pero como ya pasó en el año 2018, ha levantado las críticas de los partidos del bloque de izquierdas, mientras que las organizaciones de la sociedad civil como Amnistía Internacional en Dinamarca han afirmado que “la medida vulnera el derecho de las mujeres a vestirse como quieran y a llevar ropa que exprese su identidad y sus creencias”.

La primera ministra, Mette Frederiksen, también anunció que el Ejecutivo tiene la intención de eliminar las salas de oración de los centros educativos como universidades, ya que considera que ambas cosas “son herramientas de control social y de opresión que deberían quedar alejadas de los estudiantes”.

El texto actualmente en vigor no prohíbe específicamente cubrirse el rostro por razones religiosas o culturales, puesto que también se menciona la prohibición de taparse la cara con cascos de moto, barbas postizas, máscaras y otras formas de ocultar el rostro, pero, en la práctica, la medida impide el uso de estas prendas islámicas.

Su uso puede ser penalizado con multas de entre 134 euros y 1.343 euros, en casos de reincidencia, y la policía puede obligar a las personas que vistan las prendas a abandonar el espacio público. Los partidos políticos que apoyaron la medida han defendido que la ley ayudaría a garantizar una mejor integración de las personas solicitantes de asilo y de las mujeres migrantes en la sociedad danesa.

Por el contrario, los detractores de la medida denuncian que es desproporcionada respecto al número de mujeres que llevan esta prenda en el país e induce a una mayor marginación de esas mujeres. Según un estudio de la Universidad de Copenhague, en Dinamarca hay entre 150 y 200 mujeres musulmanas que utilizan diariamente prendas que cubren su cara por completo, mientras que el total de la población musulmana representa un 5% de los 5,9 millones de habitantes.

“Las mujeres musulmanas son una minoría dentro de la población y luego está una minoría de mujeres que utilizan la prenda; hablamos de una ley que va dirigida a una minoría dentro de una minoría”, razona la socióloga Margit Warburg para elDiario.es. La investigadora señala que en el año 2025 la policía investigó a 20 mujeres que llevaban burka o niqab y multó a 10 de ellas. Con estas cifras tan bajas, Warburg afirma que es difícil medir la efectividad de la prohibición, ya que “no está claro si las mujeres han dejado de usar el velo o, simplemente, dejaron de salir tanto en público”.

Exotismo portugués y miedo al “separatismo islámico” en Italia

Una norma similar a la planteada por Vox está ahora pendiente de tramitación parlamentaria en la Asamblea portuguesa a instancias de los ultras de Chega. Con un 0,5% de musulmanes entre la población, su efectividad está por ver. El imán de la Mezquita Central de Lisboa, David Munir, declaró a la Agencia EFE en octubre que “exagerando mucho” habrá en torno a 100 mujeres que lleven velo integral.

En un reportaje sobre los recelos de la población musulmana respecto a la norma, una mujer de origen mozambiqueño señalaba que el velo es tan poco habitual que a ella, que sí lo lleva, la toman por turista “muchas veces”.

A diferencia de otros países, Italia no se escuda en cuestiones de seguridad, laicidad o garantía de la neutralidad administrativa. Los ultras de Hermanos de Italia, el partido de la primera ministra Giorgia Meloni, han llevado al Parlamento una batería de medidas contra el “fundamentalismo y el separatismo islámico” que, además de la prohibición del velo integral en espacios públicos, busca controlar las fuentes de financiación de las mezquitas o castigar más duramente los matrimonios forzados.

Austria y los trucos para sortear el veto

Una coalición de socialdemócratas y conservadores prohibió el velo integral en el espacio público en 2017, una medida que se interpretó como una respuesta al auge creciente de la extrema derecha. La norma –que vetó las prendas que cubriesen toda la cabeza, sin referirse expresamente a su carácter religioso– dio pie a situaciones absurdas, como la multa que recibió un hombre anuncio disfrazado de tiburón.

La efectividad de la ley también quedaba en cuestión al año de aprobarse. Un reportaje de la emisora alemana Deutsche Welle señalaba entonces que la prohibición era fácil de sortear valiéndose, por ejemplo, de “una mascarilla sanitaria y un justificante médico”. Mientras tanto cundía la sensación, entre algunas musulmanas, de que llevar cualquier velo se había “vuelto más difícil”.

El veto de 2017 no puso fin al debate. Está previsto que el próximo curso escolar entre en vigor la prohibición de que las menores de 14 años lo lleven en los colegios, tras aprobarlo a finales de año la Cámara Baja parlamentaria por amplia mayoría.

Los otros dos países de la UE que restringen el velo integral son Alemania y Bulgaria. El país teutón no prohíbe absolutamente el velo integral, pero si lo restringe para los miembros de la judicatura, funcionarios y militares. Algunos de sus estados también lo vetan en los colegios.

En Bulgaria está prohibido desde 2016.

Steve Bannon cree que hay tres elementos que conseguirán destruir la Unión Europea. “El primero es el Brexit, en el que me impliqué al lado de Nigel Farage; el segundo, la elección de Donald Trump y sus políticas nacionalistas-populistas; y, por último, el tercer elemento será la elección de Marine Le Pen y el partido Agrupación Nacional en Francia”.

El antiguo asesor de Donald Trump durante su primer mandato (2017-2021) expuso esta visión en una reciente entrevista concedida al programa de la televisión pública francesa Complément d’enquête, en la que también aprovechó para ajustar cuentas con Jordan Bardella. “Yo le llamo el niño. Es un peso pluma. Es incapaz de sacar a Francia de la crisis. Por eso digo que es un chiquillo”.

El origen del desprecio de Bannon por Bardella se remonta a febrero de 2025, semanas después del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El joven presidente de Agrupación Nacional (antiguo Frente Nacional) acudió a la reunión del CPAC en Washington, cumbre conservadora que ese año celebraba el regreso al poder de Trump, en el que Bardella debía pronunciar un discurso. Sin embargo, este decidió cancelar su participación minutos después de que Bannon hiciera un saludo nazi en el mismo escenario.

Desde entonces, el joven presidente del partido lepenista parece haber asumido una cierta distancia con la actual Administración estadounidense y con la galaxia MAGA (Make America Great Again) en la que se apoya. Aunque no siempre fue así. En el mismo viaje a EEUU de 2025, Bardella consideró en una entrevista con la cadena de televisión Newsmax que la reelección de Donald Trump era “un mensaje extremadamente positivo para todo el mundo occidental” y afirmó estar de acuerdo con el polémico discurso contra Europa pronunciado por el vicepresidente JD Vance en Múnich el año pasado.

Sin embargo, escaldado por el incidente de CPAC, Bardella parece haber abandonado la idea de un acercamiento directo y ha adoptado una postura más similar a la de su mentora, Marine Le Pen. Así, en el Parlamento Europeo, Bardella pronunció recientemente un discurso de “firmeza frente al chantaje de Donald Trump”, en relación a sus amenazas sobre Groenlandia.

La línea histórica del partido, especialmente desde que Marine Le Pen asumiera el control en 2014, está centrada en una visión soberanista basada en la acción a nivel nacional, tanto frente a las organizaciones supranacionales (OTAN, ONU, UE) como a injerencias extranjeras (con la notable excepción de la anexión rusa de Crimea). Criticada durante mucho tiempo por sus vínculos con Vladímir Putin —que hoy niega—, la actividad internacional de Marine Le Pen se limita desde hace años a los encuentros con otros grupos de extrema derecha europea.

Distancia prudencial

En relación con Donald Trump, Le Pen siempre ha mantenido una línea de prudencia, consciente de que los excesos y la imprevisibilidad del presidente estadounidense pueden comprometer la estrategia de normalización de su partido. Especialmente, a poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2027 en las que la formación ultra aspira a llegar al Elíseo, ya sea con Bardella o —si la Justicia francesa lo permite— con Le Pen.

Así, Marine Le Pen fue una de las primeras en Francia en condenar la captura de Nicolás Maduro por parte del Ejército estadounidense. “Existe una razón fundamental para oponerse al cambio de régimen que Estados Unidos acaba de provocar en Venezuela. La soberanía de los Estados nunca es negociable, independientemente de su tamaño, su poder o el continente al que pertenezcan. Es inviolable y sagrada”, afirmó en X la diputada francesa.

Las encuestas ilustran el dilema de los líderes de la extrema derecha francesa ante Trump. Según el barómetro anual de la consultora Verian, publicado por Le Monde, el presidente estadounidense es muy impopular entre una mayoría de los franceses (74%). Sin embargo, un 40% de los simpatizantes de RN tienen una buena opinión de él. 

En ese contexto, los líderes del partido lepenista tratan de asociarse a elementos clave del discurso MAGA, pero sin que eso los conecte directamente con Trump. “Siempre hemos dicho que queremos ser una voz independiente, que no estamos afiliados ni a unos ni a otros”, aseguró el vicepresidente de RN, Louis Aliot, a la agencia de noticias AFP. Aliot, que también es alcalde de Perpignan, asistió en representación del partido tanto a la investidura de Donald Trump como al homenaje a Charlie Kirk en Colorado, tras su asesinato en septiembre.

Algunas de las convergencias ideológicas son obvias: a ambos lados del Atlántico, la inmigración procedente de otros continentes se describe como una amenaza a la supuesta identidad occidental; asimismo, se denuncian supuestos ataques a la libertad de expresión por un sistema “globalista y woke”; se rechaza el papel regulador del Estado (y más aún de la UE) y se opone la voluntad popular con el funcionamiento del Estado de derecho.

“Podemos encontrar puntos en común en temas como la lucha contra la inmigración y la protección de las fronteras o la denuncia del wokismo”, confirmó Aliot, quien no obstante quiso señalar diferencias. “Ellos tienen una dinámica que mezcla el patriotismo y, en cierto modo, la religión, algo que nos es totalmente ajeno”.

Posibles injerencias

Más allá de esas convergencias ideológicas, una información aparecida hace unas semanas en el diario alemán Der Spiegel volvió a relacionar a Marine Le Pen con el actual Gobierno de EEUU. Unos días antes de la apertura del juicio en apelación (cuya sentencia se conocerá el 7 de julio), Der Spiegel afirmaba que la Administración Trump consideró imponer sanciones a los jueces que condenaron a Le Pen en primera instancia en marzo del año pasado.

Aunque la información fue desmentida en los días posteriores por el Departamento de Estado de EEUU, el reciente testimonio de la secretaria general de la Comisión Nacional francesa Consultiva de Derechos Humanos, Magali Lafourcade, acredita la tesis de un interés particular de Washington por el juicio de Marine Le Pen.

Lafourcade explicó haber aceptado una reunión con “dos emisarios de la Administración Trump, a petición de la Embajada estadounidense en París”, en principio, para hablar sobre derechos humanos. “Muy pronto la conversación pasó a girar en torno a la situación judicial de la señora Le Pen, con la idea de buscar elementos que pudieran acreditar la idea de que se trataba de un proceso puramente político para impedirle ser candidata”. Un movimiento que, a ojos de Lafourcade, tenía como claro objetivo “recabar elementos con fines de injerencia”.

Mientras, el resto de la extrema derecha francesa ha abrazado sin demasiados complejos el trumpismo y la ideología MAGA. En particular el partido Reconquête!, cuyo candidato, Éric Zemmour obtuvo el 7% de los votos en las elecciones presidenciales de 2022.

De cara a 2027, la prensa francesa especula con la posibilidad de que Zemmour pase el testigo a la eurodiputada Sarah Knafo, una de las representantes de una nueva generación en la extrema derecha francesa, que últimamente cuenta con los favores de los medios de comunicación de Vincent Bolloré. Knafo asume que el universo MAGA “es un laboratorio de lo que funciona y lo que no funciona”, según ha declarado. De momento intentará aplicar esa fórmula en la campaña para la alcaldía de París, a la que se presenta el próximo mes de marzo.

Otras voces que esperan tener peso en las próximas citas electorales francesas, como Louis Sarkozy o Marion Maréchal, también muestran su fascinación por Trump.

La nieta de Jean-Marie Le Pen, que ha presentado un libro en los principales medios franceses, no duda en enumerar “luchas comunes” que le unen al presidente estadounidense. “La lucha contra la inmigración, la inseguridad, la lucha contra el narcotráfico, el wokismo, entre otras cosas”, explicó a la radio pública France Inter. “Hoy, Donald Trump está haciendo algo muy interesante desde el punto de vista político, está explicando que la voluntad política puede volver a imponerse sobre la tecnoburocracia, sobre el gobierno de los jueces que nos incapacita”.

El lanzamiento de una nueva oferta de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses (SNCF) ha servido de detonante para una polémica en torno al lugar que ocupan los niños en el espacio público. El origen de la controversia se encuentra en las condiciones de venta de una nueva categoría destinada a viajeros premium que la empresa ofrece desde principios de año.

El podcast dedicado a la infancia Les Adultes de demain (Los adultos del mañana) fue el primero en denunciar la exclusión de los menores de esa nueva clase de viajeros. “Para garantizar el máximo confort a bordo de este espacio, no se admiten niños”, describe de forma explícita la SNCF en un comunicado. “Se ha cruzado una línea roja y nadie habla de ello”, se indignaron los creadores del podcast. “La primera empresa pública de transporte francesa cede a la tendencia no kids. En lugar de crear vagones para niños, el Grupo SNCF los excluye”.

El mensaje de que no se admiten niños correspondía a la primera versión de la presentación comercial de la nueva clase Optimum Plus, concebida para viajeros profesionales del tren de alta velocidad París-Lyon, el eje más transitado. El texto fue modificado una primera vez para ofrecer una nueva formulación menos explícita: “Este espacio tranquilo es accesible a partir de los 12 años. Los más pequeños son, por supuesto, bienvenidos en el resto del tren”.

Poco después, la SNCF finalmente retiró de su sitio web toda referencia a las condiciones de acceso de los menores a este espacio. Aunque las normas de venta siguen siendo las mismas, el billete Optimum Plus, necesario para acceder a esta clase, no se ofrece a menores de 12 años, según confirmó el servicio SNCF Voyageurs al diario Le Parisien.

Para entonces, la compañía ya había recibido una oleada de críticas a la compañía, hasta tal punto que se vio obligada a reaccionar. Gaëlle Babault, directora de la oferta TGV-Inoui de SNCF Voyageurs, intentó matizar la polémica en un vídeo publicado en las redes. “Los niños no están excluidos de nuestros trenes de alta velocidad. Hace unas semanas lanzamos una nueva clase Optimum, dirigida a profesionales y a aquellos que buscan el máximo confort”, explicó. “Esta clase está abierta a todos a partir de los 12 años, algo que ya sucedía con nuestra anterior oferta Business première”.

La portavoz de la empresa justificó que esa clase Optimum “solo representa el 8%” de los trenes que circulan de lunes a viernes. “El 92% de las demás plazas están disponibles para todos y el 100% los fines de semana”.

“Los niños son viajeros a los que hay que acoger”

La polémica ha provocado la reacción de muchas personalidades públicas, tanto sobre las implicaciones que tiene la estigmatización de los niños en los espacios públicos como sobre el lugar que se les concede en los transportes. “Es realmente chocante que se transmita la sensación de que la comodidad de los adultos pasa por la ausencia de niños”, afirmó la Alta Comisionada para la Infancia, Sarah El Haïry, en una entrevista en el canal de noticias BFM-TV.

Parte importante del debate generado está ligado a la falta de equipamientos destinados a las familias en los trenes. “Los niños son viajeros a los que hay que acoger. Si se ofrece una oferta Optimum, ¿dónde está la oferta kids-friendly? ¿Dónde están los vagones con pasillos más amplios? ¿Los espacios lúdicos pensados para los niños? ¿Dónde están los espacios de almacenamiento realmente adaptados para los coches de bebé o para el equipaje familiar?”, se interrogó El Haïry.

El adjunto de la Defensora del Pueblo, Éric Delemar, reaccionó también en una entrevista concedida a la AFP el viernes, alertando sobre el coste “humano, psicológico y económico” de la falta de consideración hacia una juventud “cada vez más estigmatizada”. El debate llega, además, en un contexto de descenso demográfico en Francia donde, por primera vez, a lo largo del pasado año los fallecimientos superaron a los nacimientos.

Asimismo, políticos de todos los partidos criticaron también la propuesta de la SNCF. “Es un gran paso atrás para la igualdad”, denunció la diputada de Francia Insumisa Sarah Legrain. “Espacio sin niños en los trenes de la SNCF: todo en lo que Francia no debe convertirse. Excluir a los niños es excluir el futuro.”, denunció el presidente de Los Republicanos, Bruno Retailleau.

En todo caso, el debate ha alcanzado también la Asamblea Nacional. Esta semana se ha presentado una proposición de ley para prohibir la exclusión de los niños en los lugares y servicios abiertos al público. Está impulsada por la diputada del grupo mixto Constance de Pélichy, que también es presidenta dela misión de información sobre la disminución de la natalidad en el Parlamento. Su propuesta legislativa pretende establecer que la edad no puede, por sí misma, justificar una prohibición de acceso.

Estrategia de precios

La polémica también ha servido para poner el foco en el precio de los billetes, que muchos señalan como una barrera añadida para que muchas familias viajen en tren. En marzo del pasado año, la asociación Familles rurales había escrito al entonces primer ministro, François Bayrou, para criticar las tarifas aplicadas por la SNCF.

“El avión, cuando se viaja solo, o el coche, cuando se viaja con más de dos personas, constituyen con demasiada frecuencia una alternativa más asequible desde el punto de vista económico para nuestros conciudadanos, y eso a pesar de que la conciencia ecológica está cada vez más marcada”, denunciaba la asociación.

Otros señalan la deriva de la empresa estatal para obtener el máximo rendimiento económico a través de una nueva estrategia tarifaria de fragmentación de la oferta. Se distinguen cada vez más gamas de servicios, una forma de hacer pagar a los viajeros precios más altos por un trayecto en el mismo tren. Para ello, se buscan formas de diferenciar las ofertas premium ofreciendo ventajas y restringiendo servicios.

A los viajeros de las tarifas altas se les reserva la posibilidad de cambiar sus billetes sin gastos de última hora, algo que antes estaba abierto a todo el mundo, o se les ofrece servicios a bordo en la versión Optimum, además de esa “comodidad exclusiva” de no tener que compartir el viaje con niños.

Una “trayectoria bussines” denunciada en el último año por los sindicatos ferroviarios, incluida la rama ferroviaria de la Conferencia General del Trabajo. “Los resultados financieros [de la SNCF] se deben principalmente a un aumento significativo del precio de los billetes para los usuarios, algo que, en ocasiones, hace que este medio de transporte sea inaccesible para millones de personas”.

El Gobierno francés ha dado un paso decisivo hacia la adopción definitiva de los presupuestos del Estado para 2026. Como ya ocurrió con sus predecesores, el primer ministro macronista, Sébastien Lecornu, ha recurrido al artículo 49.3 de la Constitución, que permite aprobar leyes bajo responsabilidad del Ejecutivo, sin votación en la Asamblea Nacional.

El artículo 49.3 sólo puede ser frenado mediante la adopción de una moción de censura por una mayoría de la Asamblea que obligue al Gobierno a dimitir. El martes los diputados del partido de izquierdas Francia Insumisa (LFI) y de la extrema derecha de Marine Le pen presentaron cada uno una moción en este sentido, que han sido votadas y rechazadas este viernes (la de LFI fue la más votada con 269 apoyos de 288 necesarios).

En octubre, para salvar la primera de las mociones de censura contra él, Lecornu se había comprometido a no utilizar esta herramienta constitucional destinada a impedir que los bloqueos parlamentarios afecten la acción del Ejecutivo, en particular en materia presupuestaria. La renuncia de Lecornu estaba destinada a convencer a la oposición —en particular al Partido Socialista (PS)— de su voluntad de diálogo.

Sin embargo, pese a tres meses (y más de 350 horas) de debates parlamentarios, el Gobierno ha constatado la imposibilidad de conseguir un proyecto de ley susceptible de lograr suficientes votos en la fragmentada Asamblea Nacional. “Dado que el Parlamento no ha podido asumir su responsabilidad de dotar de un presupuesto a la nación, debido a las acciones de diferentes grupos políticos que deberán rendir cuentas ante los franceses”, afirmó el martes Lecornu en la tribuna de la cámara, señalando a los diputados de Francia Insumisa y de Agrupación Nacional. “El Gobierno ha decidido asumir su responsabilidad”.

En los días previos, los líderes del Partido Socialista habían anunciado que no se sumarían a la moción de censura de LFI, la que más opciones tenía de prosperar (los partidos progresistas nunca votan a favor de las mociones de la extrema derecha, por lo que su adopción es siempre imposible).

Si bien Lecornu no había conseguido los apoyos suficientes para un voto favorable, sus negociaciones de los últimos meses con el PS han servido para convencer a los diputados de esta formación de que no censuren al Gobierno. Los socialistas consideran que sus reivindicaciones han sido satisfechas por el Ejecutivo: prima de actividad para los trabajadores con menos ingresos, comidas a un euro para los universitarios, el aumento del impuesto sobre los beneficios de las grandes empresas y algunas medidas sobre la vivienda.

La izquierda dividida

No obstante, esta decisión complica las relaciones de los socialistas con los ecologistas y los comunistas, que sí han votado la censura. Y las críticas más duras vienen de los miembros de LFI, que van a utilizar la decisión de los socialistas de no derribar el Gobierno como argumento de campaña de cara a las próximas elecciones municipales de marzo, donde aspiran a arrebatarles varias de sus alcaldías.

“Al traicionar sus compromisos y no votar la moción de censura, el PS valida este presupuesto criminal”, denunció la presidenta del grupo parlamentario LFI, Mathilde Panot esta semana en declaraciones a Franceinfo. Panot subrayó, por ejemplo, la negativa del Ejecutivo a incluir medidas que aumenten la fiscalidad de los más ricos. “¿Cuántas de las grandes propuestas que había hecho el Partido Socialista se han incluido en este presupuesto? Ninguna”.

Una vez rechazadas las mociones, la primera parte del proyecto de ley de finanzas, relativa a los ingresos, se considera como aprobada por la cámara baja. En los próximos días, el Gobierno deberá aprobar con el mismo procedimiento la segunda parte, relativa a los gastos. Y —tras una nueva moción de censura— el texto se enviará al Senado y luego volverá a la Asamblea Nacional para su validación definitiva, que requerirá un nuevo 49.3, al que seguirá una nueva censura. Si se cumple el calendario, el texto podría promulgarse a mediados de febrero, con un mes y medio de retraso con respecto a los plazos ordinarios.

El líder de los socialistas, Olivier Faure, ha defendido que, en el actual contexto de ausencia de mayoría parlamentaria, su obligación era “buscar el compromiso, que inevitablemente será insuficiente para aquellos que limitan la función política al comentario. Solo se critica a quienes actúan”. Asimismo, Faure denunció la falta de implicación de los otros partidos, tanto en los debates parlamentarios como en las negociaciones directas con el Gobierno. “¿Qué hacen aquellos que se limitan a criticar? ¿Dónde estaban cuando había que influir en el debate?”, denunció.

Presión de Macron

Sébastien Lecornu no ha conseguido repetir el acuerdo de mínimos que permitió la aprobación de la ley presupuestaria sobre la seguridad social en diciembre. Ese texto pudo salir adelante con el apoyo de la mayoría del bloque central, de la derecha y del Partido Socialista, además de la abstención de Los Ecologistas.

En aquella ocasión, la suspensión de la polémica reforma de las pensiones (congelada hasta 2027) fue considerada por los partidos de izquierda como una victoria de suficiente entidad como para permitir que el proyecto de ley saliera adelante. Pero, esta vez, Lecornu no disponía de ninguna carta similar que le permitiera convencer a la oposición.

Los medios franceses subrayan estos días la presión ejercida por Emmanuel Macron sobre su primer ministro para que cerrase un acuerdo de no censura lo antes posible y permitiese la entrada en vigor de los presupuestos, que incluyen un importante aumento de los créditos para la Defensa. Y eso que dicho pacto ha supuesto importantes renuncias a la versión inicial del texto.

Al no haber llegado a un acuerdo sobre este presupuesto inicial, ni haber aumentado los impuestos a las grandes fortunas y haber revisado a la baja el recorte del gasto, Sébastien Lecornu acepta ahora que el objetivo del déficit para 2026 será del 5% (frente al 5,4% previsto para 2025). Una reducción sensiblemente menor a la prevista inicialmente. Como consecuencia, Francia tendrá que endeudarse más de lo previsto; en lugar de aumentar hasta el 117,9% del PIB, la deuda debe alcanzar el 118,2% a finales de 2026, según las previsiones del ministerio de Economía francés.

Estas concesiones han hecho que el primer ministro reciba también duras críticas entre sus propios aliados centristas y de derecha. “El presupuesto del Gobierno recoge todos los ingredientes socialistas que han llevado al declive de Francia: más gasto y más impuestos que pesan y desaniman a quienes producen”, denunció el líder de la derecha, Bruno Retailleau. No obstante, los diputados de centro-derecha, inquietos ante la perspectiva de unas elecciones anticipadas, en ningún momento se plantearon censurar al primer ministro.

El presupuesto también ha recibido críticas de la patronal, que rechaza los impuestos que gravan a las grandes empresas, que en la copia final son más elevados que en las primeras versiones del proyecto de ley. Una decisión que vuelve a romper con la política de oferta favorable a las empresas, principal eje de los dos mandatos de Macron. La medida ya figuraba en el presupuesto del año anterior —debe aportar 8.000 millones a las arcas del Estado este año— y el Ejecutivo se ha visto obligado a prolongarla de manera casi idéntica, pese a que había asegurado que sólo se aplicaría en 2025 “de manera excepcional”.

En cierto sentido, Francia ha vuelto a los tiempos de Balzac y La comedia humana. El elevado nivel de desigualdad patrimon­ial y el peso de la riqueza heredada recuerda al de la Francia del siglo XIX. Las mayores fortunas del país están en gran medida reservadas a las personas procedentes de familias ricas; la ascensión social para alcanzar las posiciones patrimoniales más altas a través del mérito se ha convertido en casi imposible.

El 10% de los franceses más ricos posee hoy más de la mitad (54%) de la riqueza del país, según datos del Banco de Francia. El 50% más pobre, menos del 5%. Y la brecha entre las diferentes capas de la sociedad es cada vez más profunda: entre 1998 y 2021 el patrimonio medio del 10% de los franceses más pobres se redujo en un 54%, mientras que el del 10% más rico aumentó un 94%. “Nuestra sociedad contemporánea se parece más a la sociedad del siglo XIX que a la de los años 1950-1970, en el sentido de que cada vez es más difícil acumular un patrimonio solo con los ingresos del trabajo”, señala a elDiario.es Mélanie Plouviez, filósofa y profesora titular en la Universidad Côte d'Azur.

Plouviez también es autora de L'injustice en héritage. Repenser la transmission du patrimoine (La injusticia como herencia. Reconsiderar la transmisión del patrimonio), un libro en el que analiza este aumento exponencial de las desigualdades patrimoniales en Francia. Y en el que señala una de sus principales consecuencias, la creciente proporción de la fortuna heredada.

“La concentración está reforzada por la transmisión: la fortuna heredada representa hoy el 60% del patrimonio nacional, cuando a principios de la década de 1970 esta proporción era solo del 35%”, explica Plouviez, especialista en filosofía social y política del siglo XIX.

Nuestra sociedad contemporánea se parece más a la sociedad del siglo XIX que a la de los años 1950-1970, en el sentido de que cada vez es más difícil acumular un patrimonio solo con los ingresos del trabajo

Mélanie Plouviez — filósofa y profesora titular en la Universidad Côte d'Azur

Si bien el contexto social no es el mismo que hace dos siglos —entonces no existía el Estado del bienestar que garantiza una protección para los más vulnerables— la concentración patrimonial es comparable a la de la Francia que Balzac describió en Papá Goriot: la de las grandes familias de la aristocracia y la alta burguesía y su vida en los hôtels particuliers de París.

En esa novela, el criminal Vautrin, que aparece en varias obras de La comedia humana, asegura al joven ambicioso Eugène de Rastignac que sus estudios de Derecho no le llevarán a donde quiere llegar: la ascensión social pasa por casarse con una heredera, como Victorine Taillefer. “Vos no chapotearéis mucho tiempo en estos pantanos, donde viven los sapos que nos rodean aquí. Vos os casaréis con una heredera”.

Evolución de las desigualdades

Mélanie Plouviez hace referencia en su libro a la evolución de las desigualdades documentada por Thomas Piketty en El capital en el siglo XXI. En 1914 las desigualdades alcanzan su punto álgido, pero las dos guerras mundiales cambiaron totalmente el paisaje económico y social. Las cartas se redistribuyen. En el periodo que sigue al fin de la Segunda Guerra Mundial la inflación merma las fortunas, mientras que los treinta años posteriores —conocidos en Francia como les trente glorieuses— están marcados por el ascenso de una clase trabajadora, numerosa y bien remunerada, gracias a un crecimiento económico sostenido.

En esas condiciones, el trabajo y el ahorro permiten acumular un capital importante. Y el ascenso, a través de la actividad profesional o la educación, es posible. Además, la construcción del Estado del bienestar y la implantación de un sistema de impuestos redistributivo limitan el peso de las transmisiones en la riqueza.

Punto de inflexión

“La crisis del petróleo en los 70 y las sucesivas recesiones marcan un punto de inflexión”, explica Plouviez. “La tendencia hacia la igualdad de rentas se erosiona y se invierte, en una curva en U”. El crecimiento se ralentiza, frenando los ingresos laborales. A la inversa, los grandes patrimonios se benefician del fuerte aumento del sector inmobiliario y de la bolsa.

Porque otra gran diferencia con los tiempos de Balzac es que el patrimonio en el siglo XIX estaba esencialmente ligado a la propiedad de tierras. Hoy es global y en gran medida financiero. Precisamente es en los activos financieros donde encontramos las mayores desigualdades hoy: en 2010, el 10% más rico poseía entre el 70% y el 80% las acciones, los bonos, los seguros de vida, etc.

La concentración está reforzada por la transmisión: la fortuna heredada representa hoy el 60% del patrimonio nacional, cuando a principios de la década de 1970 esta proporción era sólo del 35%

Mélanie Plouviez, filósofa y profesora titular en la Universidad Côte d'Azur — filósofa y profesora titular en la Universidad Côte d'Azur

Desde la década de los 80, las sucesivas reformas han ido degradando la progresividad del sistema fiscal, esenciales para corregir la situación de desigualdad y de acumulación patrimonial. “Antes de impuestos y redistribución, Francia es uno de los países más desiguales entre todos los países ricos, justo después de Estados Unidos y Reino Unido”, afirma a elDiario.es Louis Maurin, director del Observatorio de las desigualdades en Francia. “Solo gracias a potentes mecanismos de solidaridad tras la redistribución, Francia termina justo en la mitad de la tabla”.

Pero a lo largo de los años, las exenciones y las reformas fiscales han ido limitando la capacidad redistributiva. Un Informe del Consejo de Impuestos Obligatorios (CPO), organismo oficial independiente, señalaba recientemente que la actual fiscalidad francesa no solo no corrige las desigualdades, sino que las agrava. El impuesto sobre el patrimonio es regresivo: cuánto más se tiene menos se paga.

Tendencia global

Una realidad común a muchos países occidentales, aunque a la vista de las estadísticas es especialmente patente en Francia. Si la palabra égalité forma parte de la divisa nacional, el mito de la igualdad de oportunidades cada vez se ajusta menos a la realidad. Hoy una persona situada en la parte inferior de la distribución de ingresos necesita más de seis generaciones para alcanzar la media de ingresos, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Eso sitúa a Francia por encima de la media de la zona euro (cuatro y media) o que en España (cuatro) o incluso más que en Estados Unidos (cinco generaciones). “No dejamos de defender la igualdad, pero para los demás; la discrepancia entre los repetidos discursos de los poderes públicos sobre el tema y la realidad cotidiana de la población alimenta las tensiones, más aún que el nivel de desigualdad”, advierte Louis Maurin. “Alimenta un profundo rechazo, no hacia la política, sino hacia las políticas vigentes y favorece el avance de Agrupación Nacional”.

Aun así el problema no es exclusivamente francés. En febrero la revista británica The Economist dedicó una de sus portadas a la aparición de una heredocracia. Mismo diagnóstico para el Consejo de Análisis Económico (CAE), organismo oficial vinculado al primer ministro francés, que afirmaba en un informe que “la herencia vuelve a ser un factor determinante en la constitución del patrimonio de los países industrializados”.

La denuncia de The Economist, diario de corte liberal, se hace eco de las posibles consecuencias del aumento de la acumulación patrimonial. Una parte importante de la riqueza, que economistas y poderes públicos quieren movilizar para que se destine a inversión, se inmoviliza y queda al margen de la actividad económica. Por otro lado, la movilidad social se hace más difícil, acentuando las divisiones sociales y también erosionando la aceptación de los impuestos entre la población, que los percibe como injustos. 

Las mociones de censura se han convertido en un hecho frecuente en la vida política francesa. En los dos últimos años, los cinco primeros ministros que se han sucedido en el cargo se han enfrentado a un buen número de ellas (casi 50), aunque sólo un Gobierno —el de Michel Barnier— ha sido derribado por un voto mayoritario en la Asamblea Nacional.

En general, estas mociones se han convertido en un ejercicio simbólico, una tribuna para que las oposiciones critiquen la acción de Emmanuel Macron (aunque este mecanismo parlamentario no afecta directamente al jefe de Estado) y para presionar a los sucesivos jefes de Gobiernos en minoría que ha nombrado.

Es el caso de las dos mociones que han sido examinadas este miércoles por la Asamblea Nacional contra el primer ministro Sébastien Lecornu. Presentadas por la formación de izquierdas Francia Insumisa (LFI) y por la ultraderechista Agrupación Nacional (RN), el partido de Marine Le Pen, el objetivo principal no era tanto lograr la caída del Ejecutivo —sin el apoyo de los socialistas a la moción no era posible lograr la mayoría necesaria— sino denunciar la aprobación del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur.

Y, sobre todo, hacer un gesto político contra el presidente, que es el que debía decidir la postura de Francia en la reciente votación en el Consejo que dio luz verde al texto. Aunque Macron finalmente votó en contra del tratado, los diputados de LFI reprochan al jefe de Estado francés haber “abierto la puerta a una capitulación de Francia ante la Comisión Europea”. El viernes, la presidenta del grupo LFI en la Asamblea, Mathilde Panot, había denunciado además en una entrevista “un gobierno minoritario que es ilegítimo y continúa con una política que ya nadie quiere en el país”.

La extrema derecha, por su parte, considera que la aprobación del acuerdo con Mercosur es “un fracaso estrepitoso” y reprocha al Ejecutivo no haber logrado bloquearlo, “al no utilizar todos los medios de negociación a su alcance”. “No es normal que a Francia, segundo contribuyente neto al presupuesto de la UE, se le imponga un acuerdo tan desfavorable”, afirman los diputados de extrema derecha en el texto de su moción.

Pero, pese a que ecologistas y comunistas han apoyado la moción de LFI (los partidos de izquierda no votan las mociones presentadas por la extrema derecha), los socialistas no han apoyado ninguna de las dos mociones. Finalmente, la presentada por el grupo insumiso ha logrado 256 votos a favor (288 eran necesarios para que la censura prosperase) mientras que la presentada por Marine Le Pen sólo ha conseguido 142 apoyos.

“Se le puede reprochar a Emmanuel Macron haber cambiado mucho de opinión sobre el tema pero, al final, dijo que no”, justificó el secretario general de los socialistas, Olivier Faure, esta semana en una entrevista en BFMTV. “En el momento en el que [Macron] dice no y sabiendo que se va a celebrar una votación en el Parlamento Europeo dentro de unos días, sería absurdo decir que censuramos al Gobierno [por este tema]”.

La oposición al Mercosur es uno de los pocos temas de consenso entre los partidos políticos franceses. Unánimemente criticado por la competencia desleal que puede suponer para los agricultores y ganaderos del país, la Asamblea Nacional ya había aprobado una propuesta de resolución en enero de 2025 en la que se invitaba a rechazar la ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.

Desde su llegada al poder Macron se había opuesto al tratado, con algunos matices. En los últimos meses había reivindicado haber conseguido la inscripción de salvaguardas y cláusulas espejo. No obstante, tras algunos días de indecisión previos al Consejo Europeo, Emmanuel Macron anunció que Francia votaría en contra. Los avances logrados, afirmó, “no justifican poner en peligro sectores agrícolas sensibles y esenciales para nuestra soberanía alimentaria”.

Movilizaciones

La aprobación del acuerdo con Mercosur llegó además en un momento de fuertes movilizaciones por parte de los agricultores franceses, como ya ocurrió los dos últimos inviernos, en los que Gabriel Attal y François Bayrou tuvieron que hacer frente a las protestas del mundo agrícola. En esta ocasión el detonante fueron las medidas adoptadas por el Gobierno durante una reciente epidemia de dermatosis nodular contagiosa entre el ganado vacuno.

Una enfermedad que las autoridades decidieron atajar con sacrificios de los rebaños de las explotaciones en las que hubiera reses afectadas. Una parte de los sindicatos agrícolas se oponía, privilegiando la vacunación a gran escala y un mayor número de tests.

En este contexto la aprobación de Mercosur, pese al voto contrario de Francia, hizo que las movilizaciones se multiplicaran, llegando a las puertas del Palacio Borbón, sede de la Asamblea Nacional. Impulsadas por el sindicato Coordination rurale, un centenar de tractores se dirigió hacia París e invadió las calles de la capital a primera hora de la mañana del jueves, desafiando las prohibiciones de las autoridades.

Así, más de 600 manifestantes se repartieron frente a la Asamblea Nacional y en la plaza de l'Étoile, alrededor del Arco del Triunfo, además de en otros puntos del país. La presidenta de la Asamblea, Yaël Braun-Pivet, tomó la iniciativa de acercarse a dialogar con los agricultores, que se habían congregado frente a las puertas del hemiciclo. Fue abucheada y finalmente tuvo que ser sacada por sus escoltas de entre la multitud entre gritos de “dimisión”.

Presupuestos bloqueados

Para salir de la crisis, el primer ministro Lecornu ha anunciado este miércoles una ley de emergencia agrícola. “Este texto se incluirá en el orden del día del Consejo de Ministros del mes de marzo y posteriormente será examinado por el Parlamento antes del verano”, ha afirmado. Aunque la financiación de cualquier medida depende de la aprobación de los presupuestos del Estado, que siguen en el aire.

Porque estas dos mociones de censura seguramente no serán las últimas que tendrá que superar Lecornu. Los diputados de LFI ya han anunciado que presentarán una en caso de que se aplique el artículo 49. 3, de la Constitución (que permite aprobar un texto sin votación) durante los debates presupuestarios. En efecto, la opción más viable parece una aprobación sin voto pactada con los socialistas, como ocurrió hace un año cuando François Bayrou era primer ministro.

Para ello los socialistas reclaman un esfuerzo para financiar la transición ecológica, además de medidas de protección de los servicios públicos y una contribución sobre los beneficios de las empresas. “No quiero censura, y mucho menos la disolución. Mi combate es por la estabilidad y por rechazar el desorden”, afirmó Lecornu en una entrevista en Le Parisien hace unos días. 

El futuro político de Marine Le Pen se decide a partir de esta semana en los tribunales. Este martes se ha abierto el juicio en apelación en el caso de los asistentes parlamentarios europeos del Frente Nacional, por el que la líder de la extrema derecha francesa fue condenada en marzo en primera instancia por malversación de fondos públicos.

Los jueces consideraron entonces acreditada “la existencia de un sistema establecido y perfeccionado para aliviar los gastos de personal del partido”. El Frente Nacional (rebautizado en 2018 como Agrupación Nacional) contrató asistentes parlamentarios cuyo salario pagaba el Parlamento europeo y que “bajo la apariencia de contratos ficticios, trabajaban en realidad para el partido”.

El sistema fue creado por Jean-Marie Le Pen y desarrollado por su hija cuando esta tomó las riendas de la formación, en 2011. En total, los investigadores de la fiscalía cifraron los fondos desviados en más de 4,4 millones de euros entre 2004 y 2016.

El tribunal impuso entonces una pena de cuatro años de prisión para Le Pen, dos de ellos de prisión firme (con posibilidad de cumplir la pena con brazalete electrónico), además de 100.000 euros de multa y cinco años de inhabilitación para cargos públicos con ejecución inmediata.

La sentencia supuso un terremoto político ya que, salvo cambio en la situación judicial, impide presentarse a cargos públicos a la doble finalista de la elección presidencial. Le Pen ha podido continuar con su actual mandato de diputada, pero no podrá ser reelegida en caso de legislativas anticipadas, ni tampoco presentarse a la presidencial de 2027.

“Hubo un tiempo en el que [un político] podía recibir una bala. Hoy se recibe una bala judicial. Algo que, en realidad, significa tu muerte [política]”, afirmaba recientemente Le Pen en una entrevista en La Tribune Dimanche.

Le Pen apeló inmediatamente la sentencia, como también hicieron otra decena de condenados en el mismo caso. Otros decidieron no recurrir, entre ellos la propia hermana de Marine Le Pen, Yann, condenada a un año de prisión condicional.

Cambio de estrategia

La dirigente ultra ha acudido este martes a la apertura del juicio acompañada de los dos abogados que la representarán en este proceso y ha entrado en la sala de audiencias sin hacer declaraciones a la enorme cantidad de medios que se habían dado cita en las puertas del mismo.

Se espera que Marine Le Pen varíe su estrategia de defensa respecto al juicio en primera instancia. Durante los más de 10 años que duró el proceso judicial su respuesta se había limitado a cuestionar la legitimidad de los policías y magistrados y a negar que los hechos acreditados constituyan un delito.

Fue una defensa adaptada a su discurso político, pero que en sede judicial solo sirvió para agravar la sentencia. El tribunal consideró necesaria la ejecución provisional para prevenir la reincidencia, dada la “impunidad reivindicada” por los acusados, que “no demostraron ningún tipo de conciencia de haber infringido la ley”. También por haber construido su defensa “en el desprecio de la manifestación de la verdad”.

En esta ocasión Marine Le Pen ha elegido, además de a su defensor en el primer juicio, a una nueva abogada con el fin de “separar” sus funciones como cargo público y líder del partido, que le valieron una doble condena: en su calidad de presidenta de RN (a partir de enero de 2011) como organizadora, y también como eurodiputada, por haber contratado como asistentes a su guardaespaldas, a la secretaria y al director de gabinete de su padre, por un total de 474.000 euros.

A medida que se aproximaba la apertura de su juicio en apelación, Le Pen ha cambiado de tono y ha modulado los violentos ataques contra los jueces que siguieron a su condena. Sin llegar a declararse culpable, esta vez la defensa podría argumentar desconocimiento o diferencias de interpretación en el reglamento del Parlamento europeo.

Si bien la absolución parece muy improbable, dada la fuerza de las pruebas, la líder ultra ha indicado que conservaba “una pequeña esperanza” de una revisión de sentencia. Personas de su entorno evocan la posibilidad de una revisión de la condena, que reduzca a dos años la inhabilitación —que contaría desde el 31 de marzo de 2025— y que, en teoría, le permitiría presentarse a la presidencial en la primavera de 2027.

El juicio que comienza hoy debe finalizar el 12 de febrero y la decisión final se conocerá a finales de la primavera. De confirmarse la inhabilitación, Le Pen ha indicado que su candidatura quedaría totalmente descartada, sin esperar la decisión del Tribunal de Casación, última instancia judicial en Francia. El partido respaldaría entonces a su protegido Jordan Bardella como candidato.

Opción Jordan Bardella

Cuando se conoció la sentencia en primera instancia, en marzo, los argumentos jurídicos explicados en detalle por los magistrados pesaron poco en los debates políticos y mediáticos que siguieron. Desde RN, con el apoyo de los medios de comunicación conservadores de Vincent Bolloré, se intentó acusar a los jueces de negar la soberanía popular al eliminar a una candidata potencial a la elección presidencial.

Una campaña contra el poder judicial a la que contribuyeron figuras políticas francesas —de distintos partidos— que ven con recelo el daño que una condena o la apertura de un proceso puede causar a sus ambiciones políticas. No obstante, en su sentencia los magistrados habían señalado que habían juzgado “en nombre de todos los ciudadanos franceses y no de una parte de los electores”.

En todo caso, la condena no impide presentarse a otro miembro del partido. Y en todas las encuestas Bardella supera a su mentora en intención de voto. De hecho, en un sondeo realizado por el instituto de sondeos Verian para Le Monde, publicado el domingo, Bardella amplía la distancia con su mentora y se impone, en la mente de los encuestados, como el próximo candidato del RN, partido que aparece muy destacado en cabeza de las intenciones de voto de cara a la primera vuelta de la cita electoral. “Jordan puede ganar en mi lugar”, reconocía la misma Le Pen hace unos días.