<![CDATA[elDiario.es - Carmen Martínez]]> 10 <![CDATA[De los padres a los amigos, de la pareja a la soledad: ¿con quién compartimos la vida a lo largo de los años?]]> De los padres a los amigos, de la pareja a la soledad: ¿con quién compartimos la vida a lo largo de los años?

Analizamos el tiempo que pasamos con diferentes personas del entorno cotidiano para ver cómo cambia nuestra compañía en cada etapa de la vida y según nuestra situación personal

↓ Desliza hacia abajo para leer el contenido
Pasamos más tiempo con los padres en la niñez, con los amigos durante la adolescencia y solos a partir de los 75 años. Nuestro entorno más cercano cambia en cada etapa de la vida 👇
Los datos de la Encuesta de Empleo del Tiempo⏳ del Instituto Nacional de Estadística (INE) analizados por elDiario.es reflejan el porcentaje⬆️ del tiempo que pasamos con cada grupo según nuestra edad➡️.
Los progenitores👪 son las figuras fundamentales durante la infancia: hasta los 12 años estamos más de una cuarta parte del tiempo con nuestros padres y madres.
Con la llegada de la adolescencia, dedicamos muchas horas al día a otros conocidos, como amigos o compañeros de clase. Más adelante en esta categoría entran también los colegas del trabajo.
Las amistades pasan a un segundo plano a partir de la treintena. La vida en pareja👩🏼‍🤝‍👩🏽 ocupa más del 20% de nuestro día a día. En adelante, será la persona con la que compartamos la mayor parte del tiempo.
Ligado a la pareja vienen los hijos🤰🏾. La línea que representa a los menores de diez años con quienes convivimos crece en esta misma fase: en torno a los treinta, pasamos el 20% del tiempo con ellos.
Esta línea representa a otros miembros del hogar, como los hijos de más de diez años. Su compañía cae a partir de los 50 años, cuando alcanzan la mayoría de edad y abandonan el núcleo familiar🏠.

También se muestran aquí los hermanos, los padres y otras personas con quién compartimos el hogar y que no entran en ninguna de las otras categorías.
El tiempo en solitario aumenta progresivamente desde que cumplimos 40, pero se acentúa tres décadas después. A partir de los 80 años👴, cuando desaparece la vida en pareja, el tiempo solos es el mayoritario en nuestro día a día.
En cada etapa y momento de la vida configuramos nuestro entorno según nuestro estilo de vida y necesidades. ¿Puede esta realidad cambiar según el sexo de la persona encuestada, el tipo de hogar en el que reside o su nivel de ingresos?

Los resultados individuales de la Encuesta de Empleo de Tiempo del Instituto Nacional de Estadística (INE) analizados por elDiario.es permiten dibujar el porcentaje del tiempo compartido con los allegados en cada etapa de la vida, desde los 10 hasta los 90 años. Estos datos contienen información de los acompañantes en diferentes franjas del día pero no detallan con quién estamos en los momentos en que se está durmiendo, por lo que no se incluye la compañía de esas horas en los porcentajes mencionados en este artículo. Puedes consultar la metodología aquí.

Durante la infancia pasamos gran parte de nuestro tiempo con los padres. Los amigos y compañeros les relevan durante la adolescencia y los primeros años de la juventud, una etapa en la cual también empezamos a pasar más tiempo solos. A partir de los 30 años, la pareja y los hijos son los acompañantes principales de la mayoría de la sociedad, que reduce el tiempo dedicado a las personas de fuera del hogar. Pero la prole abandona el nido y en la madurez con quien pasamos más tiempo vuelve a ser la pareja. Cuando llegamos a las edades más avanzadas, la mayor parte del tiempo lo pasamos solos. 

No obstante, si tenemos en cuenta variables coyunturales como el género, la estructura familiar o el nivel de ingresos, se aprecian diferencias considerables. Una de las más significativas es la brecha entre hombres y mujeres que se observa en el tiempo que pasamos con los distintos grupos en varias etapas de la vida.


Así comparten su tiempo mujeres y hombres

Evolución por edad del porcentaje del tiempo que pasan hombres y mujeres acompañados por miembros de cada grupo

Fuente: INE


Una brecha que se muestra principalmente en los cuidados. Mientras que las mujeres pasan más tiempo con los hijos cuando son pequeños, los hombres dedican más parte de su día a estar con amigos y compañeros de trabajo. Especialmente entre los 20 y los 40 años, tal y como se observa en el gráfico anterior.

La diferencia se hace más grande si solo cogemos a las personas que viven en hogares con niños y adolescentes. En estas familias, las mujeres pasan casi un tercio del día con los menores de hasta diez años hasta cumplir los 40. Los hombres, en cambio, les dedican menos de una cuarta parte de su tiempo. Cuando los hijos entran en la adolescencia y los progenitores ya tienen entre 41 y 55 años, ambos sexos reducen el tiempo que comparten con ellos, pero siguen siendo las mujeres las que les ven más: un 18% de su tiempo, frente al 13% de ellos.

También pasan más tiempo con sus hijos las personas que se dedican a las tareas del hogar, frente a los desempleados o los ocupados. El tiempo compartido en familia también cambia según si eres rico o pobre: cuanto más aumenta la renta familiar, más disminuye el tiempo que los padres pasan con sus hijos. Todas estas brechas se muestran en el siguiente gráfico.



¿Hay tiempo para los amigos?

Cuando entramos en la edad adulta se acentúan las diferencias en el tiempo fuera del entorno familiar según los perfiles de cada persona. Entre los 30 y los 60 años no existe una brecha de género en el tiempo que pasamos sin compañía - tanto hombres como mujeres estamos solos un 20% del día -, pero sí la hay si nos fijamos en el tiempo dedicado a otros conocidos. Los hombres, mientras que dedican menos horas a sus hijos, pasan más tiempo con personas de fuera del núcleo familiar, como amigos y compañeros del trabajo.

Los desempleados y las personas que realizan tareas del hogar pasan un porcentaje mucho menor de su tiempo con gente de fuera del núcleo familiar en comparación con los que tienen un empleo. En cambio, los dos primeros grupos están una mayor parte del día solos, a diferencia de los que tienen un trabajo remunerado.

Por nivel de ingresos, a más renta aumenta el tiempo compartido con personas de fuera del hogar a la vez que disminuyen las horas en soledad. Por encima de todos estos grupos, las personas que viven solas son las que pasan más tiempo sin compañía (un 35% del día) como con amigos y conocidos (otro 29%).



La vejez, una etapa de soledad

A partir de la edad de jubilación aumenta el tiempo sin compañía. Las personas de más de 65 años pasan al menos una cuarta parte del día solos. Sin embargo, este porcentaje también varía según las características de cada persona y de su entorno.

Las mujeres mayores pasan más tiempo solas que los hombres de la misma edad. Esto sucede principalmente porque ellas tienen una esperanza de vida más elevada que ellos. El tiempo sin compañía de las parejas, con o sin hijos en el hogar, es la mitad que el de las personas que viven solas. También se observa que las personas con menos ingresos son las que pasan más tiempo solas, igual que aquellos que viven en municipios más pequeños. Todos los detalles se pueden ver en el gráfico que se muestra a continuación.



¿Crees que este trabajo merece tu apoyo? Hazte socio, hazte socia de elDiario.es para que podamos seguir publicando informaciones como esta.

]]> <![CDATA[La mitad de los trabajadores de la sanidad pública en España son interinos]]> La mitad de los trabajadores de la sanidad pública en España son interinos

El Gobierno central ha impulsado una ley que ha obligado a las comunidades a iniciar procesos extraordinarios para reducir la temporalidad al 8% para 2024, pero los últimos datos indican que solo el 47,2% de los sanitarios son funcionarios de carrera

La sanidad pública, al borde de la huelga en ocho comunidades

En casa de cualquier profesional sanitario que haya iniciado su actividad en los últimos 20 años, es probable que haya una carpeta guardada en el cajón de las cosas importantes. En la de Consuelo, que lleva ejerciendo la medicina en Madrid desde 2002, hay 14 contratos con el Servicio Madrileño de Salud. Gema, que es enfermera en Asturias, cuenta 78. En España, más de la mitad de los trabajadores de la sanidad pública no tienen un contrato fijo. Los microdatos de los más de dos millones de personas al servicio de las administraciones públicas analizados por elDiario.es demuestran que casi uno de cada dos sanitarios son interinos.

Las cifras provienen del Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas a enero de 2022 y muestran que solo el 47,2% son funcionarios de carrera; el 43,7% son interinos; el 6% se engloba en el apartado de “otro personal”, donde se incluyen a los trabajadores en formación; y el 3,2% es personal laboral, donde un tercio son temporales.



El 30 de diciembre de 2021 entró en vigor la ley para reducir la interinidad en el sector público. El objetivo, que viene marcado por Bruselas y a cuyo cumplimiento están condicionados los fondos de recuperación, es limitar la temporalidad al 8%, casi 40 puntos menos que ahora en el caso de la sanidad. Las comunidades autónomas, desde que en 2002 se hizo efectivo el traspaso de competencias, han realizado procesos de oposiciones contados, de modo que ahora deben llevar a cabo un nuevo concurso extraordinario para fijar plazas que lleven años ocupadas por temporales o interinos.

“La estabilización derivada de la ley está en marcha, pero por el momento mantenemos la misma temporalidad que hasta ahora”, explica el presidente del sector hospitalario público del sindicato Amyts, Javier Ortega. El pasado 31 de diciembre vencía el plazo para que las comunidades autónomas convocasen esas oposiciones y, aunque todas han cumplido, el proceso se alargará hasta 2024.

La norma busca estabilizar las plazas, no a los profesionales, pero permite que aquellos puestos ocupados de forma ininterrumpida desde antes del 1 de enero de 2016 puedan ser convocados por las administraciones por el sistema de concurso, esto es, sin examen y valorando solo los méritos de los candidatos, lo que en la práctica facilita el acceso a aquellos con años de experiencia. Para los puestos ocupados entre 2016 y finales de 2020, deberán someterse a un concurso-oposición con un examen no eliminatorio.

Del 64% en Catalunya al 19% en Aragón

En Madrid, que como puede verse en el siguiente gráfico es una de las comunidades más afectadas por la interinidad, el proceso será diferente. “Una de las ventajas es que los especialistas ya no van a tener un examen, sino concurso, lo que va a agilizar mucho más los procesos”, explica Ortega. El mérito es de la huelga indefinida que estos profesionales llevaron a cabo en mayo, tras el intento de la presidenta Isabel Díaz Ayuso de saltarse la ley estatal con una convocatoria in extremis unos días antes de la entrada en vigor de la norma y cuando ya se conocía su contenido, que beneficiaba a los profesionales en activo.



Consuelo Barrasa terminó su especialidad de médico internista en 2002. “Me ha pillado la peor época”, lamenta. “Cuando terminé, solo había contratos de urgencias, con turnos de 24 o 72 horas”, explica en conversación con elDiario.es. En aquella época acababa de tener su primer hijo y después de un año haciendo guardias y un contrato de invierno, decidió probar suerte en el centro de salud mental de Ciempozuelos, concertado y religioso, pero con una estabilidad que le permitió aumentar la familia.

En 2005, Consuelo volvió a reengancharse a la pública y en 2008 pasó de un contrato de guardias a uno de planta. “Por supuesto, eventual”, matiza. En 2015 consiguió una interinidad que, aunque más estable, es otra forma de inestabilidad. Por el camino hubo dos oposiciones, con plazas “irrisorias” para el personal que estaba trabajando de facto en puestos fijos y para los que no se tuvo en cuenta su época en la privada. En 2020, “ante las condiciones en las que te hacen trabajar y lo que te obligan a asumir en cuanto al riesgo de los pacientes” en el hospital donde se encontraba, renunció a esa interinidad y pasó a Atención Primaria, también sin un contrato fijo.

Somos tantos que no sabemos si va a haber plaza para todos. Lo que han hecho con esta generación no tiene remedio. Lo que hemos pasado, lo hemos pasado, pero espero que a las siguientes no les hagan esto

“Llegué como un recién licenciado, porque en la bolsa de empleo solo te cuenta la experiencia en Primaria. Llevo 26 años en el Sermas y no soy nadie”, dice. Consuelo concurrirá al nuevo proceso, aunque tiene dudas: “Somos tantos que no sabemos si va a haber plaza para todos. Lo que han hecho con esta generación no tiene remedio. Lo que hemos pasado, lo hemos pasado, pero espero que a las siguientes no les hagan esto”.

Gema Murias terminó sus estudios de enfermería en 2005. Desde entonces, trabaja en el servicio de salud del Principado de Asturias (Sespa). Allí las compañeras tratan de establecer listas para calcular quién conseguirá una plaza fija para 2024. “Debo tener unos 12 años y medio trabajados y estaré al final de la cola”, indica esta enfermera del área pediátrica del Hospital Universitario Central (HUCA).

Tras el proceso de estabilización, estos profesionales pueden ver que el puesto de trabajo en el que llevan años trabajando cambia, porque se estabilizan las plazas y no a los trabajadores. “Imagínate que soy de las últimas y cuando me toque elegir solo queda en Cangas, que es el destino más lejano. Tengo una niña de 10 años y tendría que desmantelar toda la rutina diaria de casa. No sé cómo lo haría”, advierte en un momento en el que no sobra personal en la sanidad pública.

Como se aprecia en la siguiente tabla, con datos de enero de 2022, Asturias es de las comunidades con mayor porcentaje de interinos, según los datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública. Junto a Catalunya (64%), Canarias (59%), Comunitat Valenciana (55%) y Madrid y Murcia (52%), es de las que se encuentra por encima del 50%, lo que viene a mostrar que este mal afecta a sistemas de todo signo político.



“Los servicios de salud acumulan tasas de interinos grandísimas porque no han estabilizado plazas durante muchos años”, explica el portavoz del sindicato de enfermería Satse, Marino Barona. El proceso extraordinario puede ser “un parche”, pero tiene “que seguir adelante”. La idea es que, tras 2024, las comunidades autónomas realicen procesos ordinarios para evitar volver a una situación como la actual y mantener esa interinidad en el 8%. No obstante, este enfermero de Castilla-La Mancha advierte: “Habrá políticos que utilicen este proceso de estabilización para decir que han aumentado su plantilla, pero no es cierto. Están dándole una cierta estabilidad laboral a personas que ya están trabajando”.

Habrá políticos que utilicen este proceso de estabilización para decir que han aumentado su plantilla, pero no es cierto. Están dándole una cierta estabilidad laboral a personas que ya están trabajando

Pero, ¿qué ventajas tiene un funcionario de carrera frente a un interino? “Laboralmente, supone que hay ciertas condiciones, tanto retributivas como laborales a las que el personal interino no puede acceder”, explica Barona, que lleva en esta situación desde 2008. En algunos casos no se reconoce antigüedad, la carrera profesional, como en Castilla-La Mancha, donde los profesionales sanitarios protagonizaron paros y protestas en diciembre, o posibilidad de cambiar de puesto. Unas diferencias que los trabajadores solventan a su favor en los tribunales. “Pero tienes que llevarlo a juicio, con lo lenta que es nuestra Justicia”, aclara el portavoz de Satse.

Consuelo ha ganado ya tres demandas al Sermas, pero en algunos casos ha tenido consecuencias. “En la primera el director médico me dijo que o retiraba la denuncia o me iba. Ganamos, pero me tuve que ir del hospital donde me había formado”, explica.

Catalunya, con un sector hospitalario eminentemente concertado, es la comunidad autónoma donde más interinos trabajan en el sistema sanitario. “No lo vivimos como algo negativo, al contrario. Te garantiza una estabilidad hasta que sale la plaza y, a nivel de medicina, no tenemos contratos eventuales, salvo para compañeros extracomunitarios, que a partir de ahora pasaran a ser de tres años”, explica la vicesecretaria del Col·legi de Metges de Bracelona, Sònia Miravet. Ella admite, no obstante, que “lo que interesa es evolucionar a contratos laborales indefinidos para tener una estabilidad y garantizar la continuidad asistencial”.

En las últimas oposiciones, el Institut Català de la Salut (ICS) sí tuvo en cuenta la fidelización al puesto donde estaban los profesionales. “Si había aprobado la oposición con los puntos suficientes, podía quedarse en el puesto”, indica Miravet.

Las oposiciones han sido una suerte de rara avis en muchas comunidades. Cada administración las ha convocado a su gusto desde 2002 pero, a la vista de las cifras de interinidad, en todas ellas han sido escasas. En la Comunitat Valenciana, por ejemplo, las enfermeras se han examinado en 2022 en un proceso abierto en 2019. El Colegio de Enfermería de Valencia y varias organizaciones sindicales denunciaron que en el examen, al que se sometieron casi 25.000 aspirantes para 3.817 plazas, se exigían conocimientos de otras disciplinas y no se centraba en la práctica de esta profesión.

Paula Guerrero, que es enfermera en el hospital de la Ribera, en Alzira, se presentó a esa prueba. “Nunca he visto un examen así. Creo que no quieren baremos porque si pasas la fase de oposición tienes que presentar mucha documentación para el concurso y no tienen tiempo”, considera. Ella lleva desde 2008 en el mismo puesto de trabajo, “empalmando contratos hasta 2018”. Aquel año, la Generalitat revirtió el servicio, que hasta entonces había sido de gestión indirecta y se convirtió en interina.

Ese cambio, que en la práctica no supuso un cambio de puesto, ni de pacientes, ni de 'jefe' (sigue trabajando para Consellería), sí perjudicará a Guerrero de cara a la estabilización extraordinaria. “El tiempo que hemos trabajado en concesiones no se nos cuenta para los méritos”, lamenta. Ella también es de las que ha recurrido a los tribunales. “Me han reconocido la carrera profesional y ahora he ido a por los trienios”, explica.

También al personal no sanitario

La interinidad afecta también al personal no sanitario de la sanidad pública. De hecho, se encuentran en esta situación el 46% de los trabajadores y trabajadoras, frente al 43% del grupo de medicina y enfermería, como se aprecia en el siguiente gráfico.



Por comunidades autónomas, la relación entre la tasa de interinos sanitarios y no sanitarias suele asemejarse, salvo algunas excepciones. En Catalunya, Canarias, Comunitat Valenciana y Murcia es donde el porcentaje de trabajadores que no son sanitarios es mayor. En este grupo se incluyen los puestos directivos, técnicos en áreas de administración o administrativos, entre otros.



La de Pilar es la primera cara que ven los pacientes que entran por la puerta de urgencias del hospital Materno Infantil de Gran Canaria. “Llevo de administrativa desde 2002, con promoción interna”, explica. Ella observa ahora el proceso de estabilización con cierta tranquilidad. En octubre de este año cumple 64 años y para 2024, cuando se fijen las plazas previstas, piensa jubilarse. “Me tengo que presentar, otra cosa es que estudie o no”, reconoce. Es la administrativa con más antigüedad en su servicio, así que “sería la última a la que quitarían”.

Como muestran los testimonios de este reportaje, la sanidad pública es un sector muy feminizado. Más del 75% son mujeres, con brechas especialmente marcadas en La Rioja y Aragón y, levemente más tenues en Canarias y Andalucía, como muestran los microdatos del Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas que ha analizado elDiario.es y puede verse en este gráfico.



Esta disparidad entre ellos y ellas que recoge el Ministerio de Hacienda arroja otros datos: por ejemplo, que entre hombres y mujeres también hay diferencias en cuanto a la interinidad. Porque el 45% de las profesionales son interinas, frente al 39% de los profesionales.

“Alguien dijo una vez que el problema de la medicina es que nos habíamos metido las mujeres”, denuncia Consuelo, que afirma haber “hecho guardias con sacaleches”. Se refiere a un estudio del Consejo de Colegios de Médicos de Castilla y León, que vinculaba la feminización de la profesión con “una grave problemática”. Esta doctora hace su propio análisis: “Si hubiéramos tenido más hombres, no lo hubieran aguantado, pero nosotras hemos tirado carros y carretas”.

––––––––––––––––––

Antes de que dejes de leer...

elDiario.es se financia con las cuotas de 60.000 socios y socias que nos apoyan. Gracias a ellos, podemos escribir artículos como éste y que todos los lectores –también quienes no pueden pagar– accedan a nuestra información. Pero te pedimos que pienses por un momento en nuestra situación. A diferencia de otros medios, nosotros no cerramos nuestro periodismo. Y eso hace que nos cueste mucho más que a otros medios convencer a los lectores de la necesidad de pagar.

Si te informas por elDiario.es y crees que nuestro periodismo es importante, y que merece la pena que exista y llegue al mayor número posible de personas, apóyanos. Porque nuestro trabajo es necesario, y porque elDiario.es lo necesita. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.

]]> <![CDATA[Cómo tu ocupación influye en dónde vives: el mapa de los empleados, pensionistas y estudiantes, calle a calle]]> Cómo tu ocupación influye en dónde vives: el mapa de los empleados, pensionistas y estudiantes, calle a calle

Analizamos la distribución de los vecindarios con más trabajadores, pensionistas, rentistas o parados, que dibuja las brechas de actividad entre campo y ciudad, centro y periferia o zonas pobres y ricas

Si 100 personas representaran a todos los mayores de quince años que viven en España, aproximadamente 46 estarían trabajando y dados de alta en la Seguridad Social, 9 estarían apuntados al paro, 19 estarían cobrando una pensión de jubilación o invalidez permanente, 7 estarían estudiando en la universidad, el bachillerato o cursos de formación profesional y los 18 restantes estarían sin estudiar ni trabajar, viviendo de las rentas o como empleados en la economía sumergida.

Esta proporción cambia completamente en cada provincia, ciudad y barrio, según el análisis de los datos preliminares del censo de 2021 realizado por elDiario.es. Los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) descifran, por primera vez, a qué se dedican los residentes de cada sección censal, la unidad geográfica más pequeña disponible en España. Es decir, una especie de EPA en cada vecindario o calle. Las cifras, trasladadas a un mapa, dibujan miles de brechas territoriales que señalan cómo la ocupación de cada persona influye en el lugar donde vive. 

¿Hay en tu barrio más empleados o más pensionistas? ¿Es una zona universitaria o hay más gente inactiva? Descubre en el siguiente mapa cómo se distribuyen los empleados, pensionistas, parados y estudiantes en tu ciudad.



Fuente: INE, Agencia Tributaria


Los datos del Censo de Población y Viviendas de 2021 difundidos por el INE están basados exclusivamente en registros administrativos. Es decir, han ido identificando la ocupación de las personas en función de si estaban dados de alta en la Seguridad Social (empleados), si estaban inscritos como demandantes de empleo en el SEPE (parados), si estaban matriculados en enseñanzas educativas oficiales (estudiantes) o si cobraban una pensión de jubilación o invalidez permanente en España (pensionistas).

El proyecto censal ha identificado como inactivos a todas aquellas personas de las que no se pudieron encontrar registros públicos. En este grupo estarían incluidos los rentistas, personas que viven de ingresos financieros o inmuebles; NiNis, que ni estudian ni trabajan; los que viven de la economía sumergida, como algunas empleadas de hogar; o jubilados que residen en España pero reciben una pensión de un país extranjero.

Pero, ¿a qué se dedican la mayoría de los españoles? En el 97% de las secciones censales, los trabajadores dados de alta en la Seguridad Social son el grupo mayoritario. Sin embargo, hay vecindarios en los que los pensionistas, parados u otros inactivos son el grupo más numeroso. 

Hemos visitado cuatro calles de toda España para intentar explicar las brechas de actividad en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla. ¿Cómo es vivir en un barrio donde la mayoría de los residentes son pensionistas? ¿O una isla de parados? ¿Y en una zona universitaria?

Madrid

La urbanización de pensionistas

Cómo se ve la calle
Pensionistas 10% SSSS 40%
Cómo se ve en el mapa

Foto: Carmen Martínez. Fuente: INE

Francisco pasea por la avenida principal del Sector III, en Getafe. Le acompaña su cuñado, su hijo empuja la silla de ruedas. Lleva cuarenta años viviendo en este barrio: “desde que lo inauguraron en los ochenta”, cuenta. Como él, centenares de personas encontraron su hogar hace varias décadas en esta zona residencial.

Este barrio está repleto de colegios: en la avenida principal hay varios centros, academias de idiomas y un conservatorio profesional de música. “Cuando se construyó el barrio se necesitaban muchas escuelas, porque las familias que residían aquí tenían varios hijos”, explica Ana Torres, directora del Centro Cívico Sector III.

En torno al 40% de las personas mayores de quince años que viven en estos adosados son pensionistas. Vecinos cuyo “chalet” se construyó entre 1979 y 1988, formaron su familia y se asentaron en este barrio a quince kilómetros al sur de Madrid. Como Francisco, los primeros residentes se mudaron a los nuevos adosados de Getafe con menos de treinta años. Cuatro décadas después, son estos mismos vecinos (ya jubilados) los que conviven en el barrio. 

“Al principio, este barrio periférico tenía mucha vida, pero la gente ha ido envejeciendo. Ahora son fundamentalmente pensionistas”, explica Ana Torres. La media de edad del Sector III ha aumentado considerablemente, teniendo en cuenta que los más jóvenes se han trasladado al barrio colindante. La edad es clave: a partir de los 65 años, entre el 60 y el 70% de la población cobra una pensión. El porcentaje, sin embargo, disminuye con los más jóvenes, como se ve en el gráfico.



En el barrio colindante hay unas seis mil viviendas con apenas diez años de antigüedad llenas de familias jóvenes (en su mayoría, hijos de los vecinos del Sector III) y con una tasa de ocupación por encima del 80%. “Han construido un barrio nuevo aquí al lado que nos está dando la vida, antes no había gente joven”, comenta Mari Carmen, vecina de Sector III desde hace más de treinta años. 

Unos luchan por rejuvenecer las aulas de los colegios, las mesas de los bares y las calles del barrio. Otros buscan la comodidad de la ciudad y la cercanía al núcleo escolar. En las zonas cercanas a las grandes universidades se han levantado ciudades para estudiantes, en su mayoría menores de 25 años. La diferencia de edad se refleja en el estilo de vida, pero también en las fachadas, los negocios y las calles.

Barcelona

Una burbuja para estudiantes en la periferia

Cómo se ve la calle
Estudiantes 3% SSSS 15%
Cómo se ve en el mapa

Foto: Victòria Oliveres. Fuente: INE

Mientras espera a que termine el programa de lavado de su ropa, Iker consulta las redes sociales frente a la lavandería de la Vila Universitària, el barrio con más estudiantes de España. Este conjunto de bloques de edificios es un complejo residencial para estudiantes situado a tan solo unos metros de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), en la periferia de la capital catalana.

“El año pasado vivía en Cerdanyola del Vallès”, la localidad más cercana a esta universidad, “pero este año conseguí plaza en la Vila y me gusta más”, explica este universitario de Pamplona. Con un 25% de estudiantes entre la población de más de 15 años, es la sección censal con el porcentaje más elevado de España. Constan 384 registrados en el último censo de población difundido por el INE, aunque la realidad es que muchos no están contabilizados al seguir empadronados en casa de sus padres.

También viven allí Enrique y Andrea, que se juntan para desayunar en la terraza del bar. “Me gusta la vida aquí porque tienes a los amigos muy cerca, cosa que no pasaría si viviéramos en una ciudad”, cuenta Andrea, que se mudó el curso pasado desde Almería para estudiar Medicina. “Además, puedes traer a amigos a tu piso, no hay restricciones como en una residencia”, añade Enrique, madrileño que ha empezado este año la misma carrera.

Aunque en la Vila Universitària se ven tanto chicos como chicas, las mujeres son mayoría entre los estudiantes empadronados en este vecindario (63% de los alumnos censados). Una tendencia que se repite en el resto del país. El porcentaje de mujeres entre 16 y 24 años de esta franja de edad que están estudiando supera por casi cinco puntos a los hombres. En cambio, el porcentaje de hombres menores de 25 años que tienen un empleo es mayor que el de mujeres, como se observa en el siguiente gráfico. 



El complejo de pisos compartidos y estudios cuenta con dos bares, un supermercado, una lavandería, una copistería y hasta una autoescuela, además de una zona deportiva con piscina. La Vila Universitària se inauguró hace tres décadas, tras acoger una parte del personal de los Juegos Olímpicos de Barcelona'92. Desde entonces el complejo ha cambiado tanto como la sociedad. Lo sabe bien Ángel, que lleva 13 años trabajando en Pupurri, la copistería y tienda “de todo un poco” de la Vila. Explica que antes en ese local también había un ciber y un locutorio, pero lo cerraron “porque los estudiantes ya no lo necesitan”.

También conoce bien el lugar Miquel, camarero del Frankfurt de la Vila desde hace dos décadas. “Antes los jóvenes venían al bar y se conocían, ahora se conocen por internet y después vienen al bar”, cuenta Miquel. En este bar se organiza cada jueves un karaoke para los estudiantes que residen allí, pero también para otros jóvenes de la zona. “Este lugar es un polo de atracción para otra gente que sabe que aquí va a encontrar un ambiente joven”, añade Miquel. 

Cuando terminan los estudios universitarios, la mayoría de estos jóvenes no se quedan viviendo en estas zonas. Un nuevo tipo de barrio ha surgido en España para aglutinar a estos profesionales cualificados que quieren tener hijos y casas más amplias que en el centro: los PAU.

Sevilla

PAUs: familias jóvenes y muchos trabajadores

Cómo se ve la calle
Ocupados 30% SSSS 60%
Cómo se ve en el mapa

Foto: Ana Ordaz. Fuente: INE

Las características son inconfundibles: en el extrarradio de la ciudad, grandes bloques de pisos de nueva construcción delimitadas por avenidas de dos y tres carriles en cada sentido, fachadas impecables, amplias calles peatonales en la mayoría de ocasiones sin apenas comercio de proximidad ni servicios, muchos coches, islas de zonas verdes, familias jóvenes con niños pequeños por doquier y un nivel de renta acomodado. Está usted en un PAU.

Los PAU (Programa de Actuación Urbanística) fueron un modelo que tuvo su auge a partir de los años 2000 en España. En la parte nueva del barrio de Sevilla Este, edificada a partir de 2010, padres y madres en la treintena salen a pasear con sus carritos y pequeños. ¿A qué se dedican estas familias? Una pareja, farmacéutica y fisioterapeuta; otra, con tres hijos, ambos profesores. En esta zona, la tasa de ocupación es extremadamente alta: hasta el 81% de la población está empleada. 

Una de las explicaciones a este fenómeno se encuentra a escasos kilómetros de estas urbanizaciones: el aeropuerto de Sevilla y las bases de Airbus, la fábrica de aviones civiles y militares. Un padre joven cuenta: “Casi todos los que vivimos por aquí [las edificaciones más nuevas y próximas al aeropuerto] nos dedicamos a la aeronáutica”.

Una breve encuesta a pie de calle por el vecindario revela cómo la gran mayoría de la población cuenta con estudios superiores y está ocupada en empleos cualificados, mientras que los desempleados y pensionistas son minoritarios. Una tendencia que se repite en los PAU de todas las ciudades y que tiene directa relación con el nivel de estudios. 

El perfil de quienes se mudan a estos nuevos barrios es población de entre 25 y 39 años con estudios superiores, un perfil que en el conjunto del país alcanza el 76% de ocupación. La relación es clara: a mayor nivel de estudios, más empleabilidad, más pensiones, menos paro y menos inactivos.



Una situación que contrasta con la de los barrios más pobres del país, donde predomina el desempleo y la economía sumergida. A nivel general, la tasa de ocupación de la población de esa misma franja de edad que no se sacó el graduado escolar o inferior se reduce hasta el 36%, el paro aumenta del 9% al 13% y la población inactiva se dispara del 12% al 48%.

Valencia

Isla de paro en barrios sin recursos

Cómo se ve la calle
Parados 3% SSSS 20%
Cómo se ve en el mapa

Foto: Carmen Martínez. Fuente: INE

María y Rosa (nombres ficticios), de unos sesenta años de edad, llevan más de tres décadas viviendo en La Coma (Paterna). Prefieren no desvelar su verdadera identidad cuando cuentan los problemas de convivencia del barrio. “Ahora está tranquilo porque están todos durmiendo”, explica Rosa. Son las once de la mañana de un viernes y apenas hay vida en la calle: un grupo de jóvenes sentados en un banco y unos pocos trabajadores municipales limpiando las calles, llenas de chatarra y montones de basura de la noche anterior.

En 1988, La Coma y otras ocho zonas de la comunidad fueron declaradas Barrios de Acción Preferente (BAP). Esta iniciativa de la Generalitat Valenciana busca superar situaciones de pobreza persistente y desequilibrios sociales con actuaciones como apoyo a domicilio, integración social o ayuda económica. Actualmente, este distrito valenciano registra un porcentaje de adultos en paro por encima del 30%.

En esta misma zona, el 60% de la población mayor de quince años apenas tiene estudios: solo el graduado escolar o menos. Julia (nombre ficticio) lleva más de veinte años viviendo en La Coma y ha desempeñado diferentes cargos en los centros educativos y fundaciones de la zona. Bajo este pseudónimo cuenta que los jóvenes no quieren estudiar. “Viven en un gueto y no aspiran a nada más. Solo conocen esa vida”, explica. 

Además, el porcentaje de personas inactivas supera el 20%, considerablemente por encima de los barrios colindantes. “La delincuencia de este barrio lo pone todo mucho más difícil. No tienen trabajo porque se dedican a actividades ilegales como la droga o la chatarra”, añade María. Las tres vecinas confirman que la economía informal y los subsidios están presentes en el barrio valenciano desde que tienen memoria.

El fenómeno se repite en todo el país. Los barrios más pobres se llenan de parados registrados en el SEPE y personas de las que no se encontró información sobre su ocupación en los registros públicos: gente que vive de la economía sumergida y personas que ni trabajan ni estudian, principalmente.

Estos cuatro barrios señalan cómo tu ocupación influye en dónde vives. Y al revés, como donde vives (o naces) condiciona lo que haces. En el siguiente gráfico puedes ver cuáles son las comunidades con mayor número de secciones censales con altas proporciones de ocupados, pensionistas, parados, estudiantes e inactivos.


¿Dónde están los barrios y pueblos con más personas de cada grupo?

Porcentaje de las secciones censales en cada comunidad autónoma según el porcentaje de ocupados, pensionistas, parados, estudiantes e inactivos entre su población de más de 15 años

¿Crees que este trabajo merece tu apoyo? Hazte socio, hazte socia de elDiario.es para que podamos seguir publicando informaciones como esta.

]]> <![CDATA[Un sistema educativo en el que uno de cada tres profesores es temporal: "Es como cambiar de empresa cada año"]]> Un sistema educativo en el que uno de cada tres profesores es temporal: "Es como cambiar de empresa cada año"

España se ha comprometido a rebajar su interinidad en la Educación al 8%, pero hay comunidades que rozan el 50%. Docentes cuentan el "infierno" y la "incertidumbre" que supone trabajar permanentemente como sustituto sin poder hacer planes de futuro

Las oposiciones a profesorado favorecerán a los interinos con experiencia para acceder a las plazas

“Es como cambiar de empresa todos los años. Aunque el pagador es el mismo, los compañeros son nuevos, el jefe también, el personal de limpieza es nuevo, los conserjes nuevos, aulas distintas, maquinaria distinta, diferentes herramientas... Y te tienes que adaptar de un día para otro. Te dejan los peores horarios, los peores grupos. Durante el primer trimestre eres un extraño, vas como pollo sin cabeza, sin conocer el funcionamiento del centro, pidiendo favores. Luego, según van pasando los meses, te vas haciendo y para el segundo o tercer trimestre ya te has asentado. Pero cuando mejor estás, se acaba el curso, recoges tus cosas y te vas”.

Como Pablo Padilla, profesor de Formación Profesional, el 32% de los docentes en España son interinos y comparten más o menos la experiencia vital que este cordobés resume en 105 palabras. Dicho de otra manera, quizá más gráfica: uno de cada tres profesores no universitarios de la escuela pública tiene un trabajo temporal (en la Universidad no existen los docentes interinos). Esta cifra supone que la Educación tiene el doble de temporalidad que el mercado laboral general, que se ha desplomado al 15% gracias al impacto de la reforma laboral.



Y el escenario que relata Padilla es el mejor posible para un interino. El que disfrutan los que están arriba del todo de las listas y les tocan las plazas que duran todo el curso. Otra posibilidad, muy real para tantos, es la que vive Esther Becerra: en un puesto no tan favorable en la bolsa, este curso ni siquiera la han llamado por el momento. Su realidad habitual son las sustituciones breves y entre medias, la nada. Ahora mismo, esta maestra está agotando el poco paro que ha conseguido juntar en años anteriores y buscando empleo fuera del sector, según cuenta.

La interinidad, dicen los profesores que la sufren, es incertidumbre. Es no saber cuándo te van a llamar, dónde vas a tener que ir al día siguiente, cuánto tiempo estarás. Es precariedad.

La interinidad, cuentan, es una escuela de peor calidad. Es no poder realizar proyectos estables en el tiempo, de un curso para otro, es no conocer a tus estudiantes y sus peculiaridades. Es perjudicar al alumnado.



“A menudo te llaman [para darte un destino] en septiembre, con el curso ya empezado”, explica Padilla, que lleva 31 años como profesor interino técnico de la familia profesional eléctrica de la Formación Profesional. “Llegas a un centro con las clases comenzadas y ya te están esperando los alumnos”.

Y eso si te llaman, apostilla Becerra, maestra de Primaria con 14 años de interinidad a sus espaldas. Porque ser interino es no saber, es cada año una cosa distinta. “Hay años que trabajas dos meses, otros tres, otros haces el curso entero, como en la pandemia, y otros recortan tanto que nada, como este. Ahora estoy cobrando el paro y se me gasta en enero. Estoy buscando trabajo en una fábrica o algo similar”, cuenta. Ser interino también es no ser profesor, plantearte dejarlo.

“No puedes hacer proyectos ni planes de futuro, no puedes pedir una hipoteca. Te quedas paralizada”, explica la maestra, que se ha planteado todo tipo de salidas. “Hasta irme al extranjero, porque esta situación es insostenible”.

Pablo Padilla lleva 31 años de profesor interino de FP.
Pablo Padilla lleva 31 años de profesor interino de FP.

Padilla, mejor colocado en la lista, calcula que habrá tenido 20 o 25 cursos de cubrir una baja durante todo un año, el escenario ideal, pero también “cursos con cinco o seis destinos”. Y la administración convoca de uno día para otro. Te puede tocar en cualquier sitio y cualquier plaza que tu especialidad te permita impartir, lo que impide centrarse en algunas materias concretas. “Yo he dado de todo”, desgrana Padilla. “He dado FP de grado medio, de grado superior y FP básica. Haces lo que te toca”. Y en la FP eso significa módulos que no tienen nada que ver entre sí porque son terminales, no tienen continuidad entre sí.

Y renunciar a la plaza (si, por ejemplo, te toca un destino a tres horas de casa durante una semana) no es una opción. “Te expulsan sin paro ni prestación por desempleo, es como irte de una empresa voluntariamente. Cualquier cosa es mejor que renunciar”, señala Padilla.

En estos casos también entra mucho en juego la comunidad en la que uno viva: en las pequeñas como Madrid o La Rioja, por ejemplo, el destino más lejano a lo mejor está a una hora de casa. En otras más grandes a un sustituto le puede tocar un centro a dos o tres horas de su hogar, y en esos casos hay que plantearse soluciones habitacionales si uno no quiere echar el día en la carretera.

Una situación enquistada

La alta temporalidad en el sector no es nueva, pero sí ha ido a peor en la última década tras la gestión de la crisis de 2008, cuando se prohibió convocar oposiciones y sustituir las jubilaciones. Pero como el alumnado no desaparece por mucho que uno decida no incorporar funcionarios al cuerpo docente y hay que dar las clases igual, los huecos se llenaron con interinos.

En 2006 la temporalidad del sector ya preocupaba y por presión europea se intentó rebajar el número de interinos al 8% en los centros públicos. Entonces, recuerdan los líderes sindicales, se hizo el esfuerzo y casi se llega. Con una contabilidad menos precisa que la actual, España se quedó “alrededor del 10%” de empleo temporal, según calculó entonces el sindicato STEs-i.

Pero llegó la crisis, y los recortes del PP, que estableció una tasa de reposición del 0%, se dejaron de convocar oposiciones y la curva volvió a subir. En 2014 estaba en un 16,2%; hoy es del 32% (un 26% si es mira más allá de la docencia no universitaria y se extiende la estadística a todo el sector). En unos pocos años se ha duplicado la temporalidad.

Década y media después de aquello, la UE ha pasado de recomendar a obligar y España vuelve a verse inmersa en un proceso de estabilización laboral en la Educación. El compromiso del Gobierno está ahí, firmado con sindicatos, aunque ni las cuentas ni el método elegido acaban de cuadrar del todo según a quién se pregunte.

Dudas con el sistema y con la oferta

El Ministerio de Educación ha dividido las plazas a estabilizar en dos grupos. Las que llevan más de cinco años ocupadas de manera interina se repartirán por concurso de méritos (para profesores ya interinos, los aspirantes presentan sus currículos y según un baremo prefijado se asignan las plazas). En total, en tres años deben convocarse unos 125.000 puestos por este método. Por otra parte, las plazas que lleven entre tres y cinco cursos con un interino saldrán por el tradicional concurso oposición (primero un examen con varias partes, luego una segunda fase de evaluación de méritos).

El problema que los sindicatos docentes ven con el concurso de méritos que tiene que estabilizar el sistema es que este método estabiliza las plazas, pero no (necesariamente) a las personas que las pueden haber estado ocupando de forma interina estos últimos años. El concurso es de libre concurrencia y cualquier interino (un profesor que se ha presentado a una oposición) puede optar a un puesto. Un agravio para los interinos más veteranos que llevan años –o décadas– sirviendo a la administración y ahora no se ven recompensados, lamentan las organizaciones de docentes.

Para darles una cierta ventaja, Educación ha primado la experiencia sobre la formación a la hora de otorgar las plazas. Sobre el máximo de 15 puntos posibles, la experiencia pesa casi la mitad. El resto de puntos caen por formación y otros méritos, más fáciles de alcanzar y que habitualmente los tienen todos los opositores. Los puntos máximos por cursos se pueden conseguir con un par de cientos de euros en una sola tarde.

Esta decisión del Ministerio se extendió también al concurso oposición y el enfado saltó entonces al grupo de docentes con poca o ninguna experiencia, que se ven sin opciones de conseguir una plaza por ninguno de los dos sistemas de acceso.

Faltan plazas

Tampoco acaban de cuadrar las cuentas que han echado las comunidades autónomas para realizar sus convocatorias de plazas funcionariales. Un estudio de CCOO calcula que para bajar a ese 8% prometido haría falta sacar 125.113 plazas en tres años entre los concursos oposiciones habituales y el concurso de méritos extraordinario.

Esta cifra ya es 8.955 plazas más alta que el total las convocadas para ese periodo, pero si además se le añade el filtro de que temporalidad baje al 8% en cada comunidad autónoma y no de media de todo el país, CCOO sostiene que habría que sacar 18.360 puestos extras, porque no todas las autonomías tienen el mismo porcentaje de interinos.



Como se observa en el gráfico, Euskadi, Navarra, La Rioja, Canarias y Aragón se sitúan por encima de un 40% de interinidad; solo Galicia –la mejor en este aspecto desde hace años y con mucha diferencia respecto a la segunda–, Andalucía, Extremadura y Madrid están por debajo del 30%.

Trabajar en una comunidad u otra también marca el tratamiento que se recibe. La crisis de 2008 se llevó por delante algunos derechos que tenían los interinos. Se generalizó, por ejemplo, despedir a estos profesores temporales al final de curso y no pagarles el verano, aunque no todas las comunidades lo abordaron igual. Muchos interinos lo tuvieron que pelear en los tribunales, recuerda hoy Padilla. Lo mismo que sucedió con los trienios (un complemento económico que se gana por antigüedad cada tres años ejercidos) o los sexenios (otro extra, en este caso acreditando x horas de formación cada seis años): se consideraron durante un tiempo derecho exclusivo de los funcionarios de carrera.

–––––––––––––––––––––

Antes de que dejes de leer...

elDiario.es se financia con las cuotas de 60.000 socios y socias que nos apoyan. Gracias a ellos, podemos escribir artículos como éste y que todos los lectores –también quienes no pueden pagar– accedan a nuestra información. Pero te pedimos que pienses por un momento en nuestra situación. A diferencia de otros medios, nosotros no cerramos nuestro periodismo. Y eso hace que nos cueste mucho más que a otros medios convencer a los lectores de la necesidad de pagar.

Si te informas por elDiario.es y crees que nuestro periodismo es importante, y que merece la pena que exista y llegue al mayor número posible de personas, apóyanos. Porque nuestro trabajo es necesario, y porque elDiario.es lo necesita. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.

]]> <![CDATA[Balears, el paraíso 'sin control' de las inmobiliarias: en solo una década han aumentado un 95,4%]]> Balears, el paraíso 'sin control' de las inmobiliarias: en solo una década han aumentado un 95,4%

El sector aguarda su regulación con un decreto que podría debatirse en el Parlament antes del final de legislatura. En la actualidad existen 1.495 empresas dedicadas a la venta y alquiler de inmuebles

Los franceses se lanzan a comprar casas en Menorca mientras crece la presión por ponerles límites: “La isla está de moda”

En los poco más de 250 metros que separan el final de la calle Alcúdia y el de la Via Pollentia en Pollença (Mallorca) se suceden hasta trece empresas dedicadas al alquiler o venta de inmuebles. No es una excepción. En los últimos años el sector inmobiliario ha crecido en Balears hasta tal punto que la aparición de nuevas agencias ha llegado a producirse “a diario”. Las estadísticas oficiales contabilizaban un total de 1.495 compañías el pasado mes de septiembre, un 95,42% más que hace diez años. 

Su crecimiento no ha sido casual: en las últimas décadas la vivienda se ha convertido cada vez más en un bien de mercado, en un negocio. “Ser propietario de una casa ya no tiene importancia por la casa en sí, sino por las rentas inmobiliarias que puede generar en un futuro”, explica la geógrafa Sònia Vives–Miró. Un planteamiento cuyo origen sitúa entre los años 70 y 80, coincidiendo con el auge del neoliberalismo y la influencia del mayor acceso a créditos.

Para Hans Lenz, presidente de la Asociación Balear Inmobiliaria Nacional e Internacional (ABINI), una de las de mayor representatividad en el sector, en las Islas este proceso también tiene un componente “cultural”: “El isleño cuando ha tenido dinero ha comprado tierras, pisos o un parking porque sabe que subirá de precio. No ha decidido invertir en Bolsa”. 



Lo cierto es que este comercio –que supone un 20% del PIB balear– se ha ido profesionalizando a lo largo de los últimos años. Lo que antes era una actividad mayormente ejercida entre particulares ha hecho florecer toda una industria a su alrededor. “Hemos comprobado que para hacer negocio con la vivienda ya no hace falta ser propietario, sino que basta ser un intermediario, ya sea como inmobiliaria o como comercializadora, como ocurre en el caso de los airbnbs”, sostiene Vives–Miró. 

“Durante algún tiempo muchos han creído que ser agente inmobiliario era una forma de ganar mucho dinero trabajando muy poco. Y hemos llegado a un punto en que aparecen inmobiliarias nuevas a diario”, reconoce Lenz. El pasado mes de septiembre –último periodo del que ofrece datos el Instituto Balear de Estadística–, se contabilizaban en Balears 1.495 empresas en el sector inmobiliario: la mayoría de ellas situadas en Mallorca (72,3%), seguida de Eivissa (19,4%), Menorca (7,2%) y Formentera (1%). La cifra suponía un aumento del 95,42% sólo en la última década y del 117% si extendemos el análisis hasta 2009.



Lenz asegura que el crecimiento ha sido fruto de una “evolución natural” de la actividad y que en el sector conviven “pequeñas empresas y firmas internacionales”. De hecho, en ese pequeño tramo callejero de Pollença, pocas agencias hablan de viviendas o se bautizan como inmobiliaria: la mayoría habla de “properties” y de “real state”. Es la muestra de una clara especialización en la industria, que no sólo se define por las características de los inmuebles –de lujo, rural, etc.–, sino por el tipo de inversor al que se dirigen, y cada vez más tiene origen extranjero. En 2018, por ejemplo, abrió sus puertas en Palma Huading: la primera asesoría inmobiliaria china de Balears.  

“Venimos de dos años de mucha expansión por el aumento de demanda que se generó por la pandemia de la COVID-19”, afirma el presidente de ABINI. Un periodo de algo más de dos años en el que las inmobiliarias han crecido un 10,6%, pero que Lenz considera que ha “acabado”. “Entraremos en una nueva fase, la demanda internacional no es infinita ni puede existir a cualquier precio. Y ojalá la situación dé un respiro a las dificultades en el acceso a la vivienda”, señala.

El camino hacia la regulación

Para algunos, la sensación es la de un descontrol casi absoluto en un sector que mueve cifras astronómicas: en 2021 se realizaron en Balears operaciones de compraventa de viviendas por valor de 6.600 millones de euros. No sólo representaba prácticamente el doble del año anterior, sino “la cifra más alta de la historia”, subraya Lenz. A día de hoy se desconoce cuántas de esas transacciones se gestionaron a través de una agencia. De los alquileres ni siquiera existen datos porque no hay obligación de su registro, si bien es obligatorio el depósito de la fianza y su incumplimiento supone una sanción económica de entre una y dos veces la cuantía de la fianza.

“Quizá hemos llegado a un punto de saturación en el sector que no beneficia ni a las empresas ni a los consumidores”, plantea el presidente de ABINI. En su opinión, otra de las consecuencias de la proliferación de inmobiliarias ha sido el intrusismo, el ejercicio por parte de personas “sin principios éticos” y el descubrimiento de presuntas estafas como la de Lujo Casa. Por todo ello hace un tiempo que el sector y el Govern balear comenzaron la tramitación de un decreto que permitirá regular esta industria y que se prevé que pueda ser aprobado antes del final de legislatura.

Quizá hemos llegado a un punto de saturación en el sector que no beneficia ni a las empresas ni a los consumidores

Hans Lenz — Presidente de la Asociación Balear Inmobiliaria Nacional e Internacional

La nueva norma pretende establecer los requisitos que tendrán que cumplir los agentes inmobiliarios para poder ejercer. Entre ellos, se incluyen la contratación de un seguro de responsabilidad civil y de caución, la obligación de presentar una declaración responsable de inicio de actividad y la de subscribir una “nota de encargo” con los clientes en la que les autoricen a dar publicidad a su inmueble y a hacer las gestiones para formalizar los posibles contratos.

Otro de los puntos de mayor interés para el sector es que el decreto contempla la creación del Registro de Agentes Inmobiliarios de Balears. Para poder inscribirse se exigirá que los interesados tengan una titulación universitaria –en ciencias sociales y jurídicas, ingeniería o arquitectura–, una formación no universitaria de al menos 200 horas relacionadas con la mediación, el asesoramiento y la gestión o una experiencia demostrable de un mínimo de cuatro años “en la prestación de servicios inmobiliarios”. 

“En este momento ni siquiera sabemos cuántas personas se dedican a esta actividad en las Islas, y así podremos conocer el dato además de proteger al consumidor”, explica Lenz. De hecho, a finales de 2021 figuraban 4.777 autónomos que también trabajaban en el sector. Sin embargo, el último borrador hecho público por el Govern señala que se tratará de un registro voluntario ya que, según una sentencia del Tribunal Constitucional, no podría ser obligatorio “puesto que la protección de los consumidores no puede justificar en caso alguno la exigencia de inscripción en registros con carácter habilitante”.

La 'caza' de particulares

El nuevo decreto busca poner coto también a algunas de las malas prácticas de la industria inmobiliaria. “Eso del agente que abre la puerta del inmueble y luego no se hace responsable se acabará”, sentencia Lenz. Otro de los malos hábitos detectados por este diario es el de las empresas y agentes que no sólo utilizan los portales inmobiliarios para publicitar su cartera de viviendas sino para cazar clientes entre los propietarios particulares.

“La mayor parte de los que me llaman son de inmobiliarias pidiéndome poner la casa en sus webs y ya cansa”, asegura Lola, quien decidió vender una vivienda en la exclusiva zona del Port d’Andratx sin recurrir a ninguna agencia. “Principalmente porque tengo tiempo y para ahorrarme la comisión”, reconoce. Una prima que suele oscilar en torno al 5% del importe final más IVA. 

Una situación similar es la que vive la propietaria de un piso en el barrio palmesano de Camp Redó que prefiere permanecer en el anonimato. Su anuncio dice claramente “abstenerse inmobiliarias”, pero nada más responder al teléfono pregunta: “¿Eres un particular o de una inmobiliaria?”. “No tienen consideración por tus preferencias, me paso el día bloqueando números continuamente”, confiesa. “Aunque la captación de clientes sea algo lícito, no todo vale y este tipo de situaciones son lamentables”, asegura Lenz. 

No tienen consideración por tus preferencias, me paso el día bloqueando números continuamente de inmobiliarias

Propietaria de un piso en Palma

En los últimos tiempos muchos propietarios optan por ofertar sus viviendas tanto directamente como a través de inmobiliarias, no sólo para aumentar las posibilidades de éxito sino también, aseguran, para poder acceder al mercado extranjero. “Si recurres a inmobiliarias muchas veces es por eso. Los extranjeros buscan seguridad y van directamente a agencias porque tienen miedo de posibles timos”, añade Lola. “La mayoría de alemanes son muy cómodos y van directamente a empresas”, coincide el propietario de un chalet en alquiler en Esporles.

]]> <![CDATA[España, cuarto país de la UE donde más se trabaja en fin de semana]]> España, cuarto país de la UE donde más se trabaja en fin de semana

Casi el 30% de los trabajadores españoles ejercen su puesto en fines de semana de manera habitual, una cifra solo por detrás de Grecia, Italia y Francia y lejos de la media de la Unión Europea (22%)

El domingo ya no es un día de descanso para uno de cada cinco trabajadores

El fin de semana ya no es garantía de descanso para muchos trabajadores. Especialmente, en el sur de Europa. España es el cuarto Estado de la Unión Europea donde más se trabaja de manera habitual en sábados y/o domingos, según los datos de Eurostat que recopila un reciente informe Funcas. En total, el 28,9% de los trabajadores en nuestro país tienen estos horarios que abarcan los fines de semana, solo por detrás de Grecia (40%), Italia (34,5%) y Francia (29%), y a mucha distancia de la media de la UE, del 22%.

Los datos corresponden a 2021, los últimos publicados por Eurostat. El año pasado, España escaló puestos entre los países europeos, pasando del sexto al cuarto Estado de la UE con más trabajadores con ocupación en fin de semana de manera habitual.



“Trabajar los fines de semana es mucho más frecuente en el sur de Europa”, destacan en Funcas, que subraya no obstante que Portugal se desvía “de la pauta regional y registra un porcentaje (20,7%) inferior a la media de la UE (22,1%)”.  

Los últimos datos indican que el trabajo en fin de semana remontó el año pasado respecto al gran descenso de 2020, aunque en 2021 (aún marcado por la COVID) se mantuvo algo inferior a los registros del periodo prepandemia.



La Encuesta de Población Activa (EPA), que ofrece una mirada atrás más larga, desde 2006, muestra cómo el aumento del trabajo en fin de semana en España se centra sobre todo en el incremento del trabajo en domingo.



Hostelería, comercio y otras ocupaciones

Más allá de las guardias y las urgencias que no pueden desatenderse en fin de semana, por ejemplo si pensamos en la atención sanitaria, las trabajadoras de residencias de ancianos o el personal de policías y bomberos, entre otras ocupaciones, hay otras muchas personas que también trabajan durante este periodo de tradicional descanso, por ejemplo en la hostelería y, sobre todo desde hace unos años, el comercio.

Por ocupaciones, España supera los niveles promedios de la UE en casi todos los sectores analizados, especialmente en los servicios y ventas.



En el caso de España, José Varela (UGT) destaca que los datos se enmarcan en un país con una “herencia histórica” de un mercado laboral “con tendencia a las prolongaciones de jornada y donde la mitad de horas extra no se compensan”, recuerda. A este escenario desde hace años se sumó “el contexto presente de amplísima liberación de horarios comerciales”, que lideró la Comunidad de Madrid pero que “se ha ido extendiendo a otras comunidades autónomas”.

Por último, de manera más reciente, también se añade “la cuestión tecnológica”, considera el responsable de digitalización de UGT, que explica que la tecnología “difumina las fronteras” entre el trabajo y el tiempo de descanso, con problemas para la desconexión digital de muchos trabajadores.

“A la gente le llegan los correos del trabajo a sus teléfonos, que ahora se los llevan consigo a sus casas y al final acaban mirando cosas”, destaca. Las altas cargas de trabajo provocan también en muchas ocasiones que se alarguen las jornadas al fin de semana para poder sacar adelante las tareas, añade Varela.

Desde UGT destacan la necesidad del descanso de los trabajadores, clave para la salud. “Lo decimos habitualmente con las cargas elevadas de trabajo y la falta de desconexión, riesgos psicosociales que provocan bajas laborales mucho más largas y las empresas no toman nota”, explica José Varela. En cualquier caso, cuando el trabajo en fin de semana es inevitable, los sindicatos exigen que sea remunerado y compensado de manera excepcional ya que no se trata de días cualquiera, sino que generan más dificultades para la conciliación personal.

]]> <![CDATA[España prefiere la costa: así ha cambiado la población de cada provincia desde 1900]]> De Madrid a Teruel y Las Palmas: cómo han cambiado las provincias preferidas para vivir desde 1900

Analizamos la evolución del ranking de provincias más pobladas de cada década entre 1900 y 2021 que señala cómo han cambiado los lugares preferidos para vivir de los españoles

Mapa - La España sin niños: solo uno de cada diez municipios vio más nacimientos que funerales en 2021

↓ Desliza hacia abajo para leer el contenido
Entre 1900 y 2021, la población en España se ha duplicado al pasar de 19 a 47 millones de habitantes. Sin embargo, su distribución por todo el territorio ha cambiado mucho más 👇
Este es el ranking🥇 de provincias ordenadas según el número de habitantes registrados en el censo de 1900.

En el primer puesto, Barcelona era la provincia más poblada con poco más de un millón de residentes.
Madrid🌆, aunque empezó en el tercer puesto de territorios más poblados en el siglo XX, ha ido escalando por encima de Valencia y Barcelona; y es la provincia más poblada desde los años 80.
La evolución del ranking de provincias más pobladas desde 1900, con datos de los últimos 13 censos recopilados por elDiario.es, señalan cómo han cambiado los lugares favoritos para vivir de los españoles.

El color muestra (entre 1900 y 2021) las que caen 4+ puestos, caen 1-3 p., suben 1-3 p. y suben 4+ p.
Aunque la población española se ha duplicado en el último siglo, una decena de provincias tienen hoy menos residentes que en 1900.

Zonas interiores de la España vaciada donde ahora vive menos gente que antes de la Primera Guerra Mundial.
Con el éxodo rural de los años 50, muchas provincias del interior comenzaron a perder población a favor de desplazamientos a las urbes.

El caso de Castilla y León muestra esta migración. La única provincia que ha subido puestos en el ranking de más pobladas es la central: Valladolid.
La población rural se concentró en el sector servicios de las grandes ciudades. Un fenómeno que ha ido en aumento a lo largo de las décadas.

En 1900, la población de las tres principales provincias apenas superaba el 14% sobre el total nacional; hoy ya superan el 32%.
1900
14%
1960
22%
2021
32%
Otras grandes capitales como Zaragoza también absorbieron la población del resto de provincias. Mientras que la capital aragonesa ha duplicado la población desde 1900, Huesca y Teruel tienen menos residentes que hace más de un siglo.
Galicia es otro ejemplo de cómo se formó la España Vaciada. Sus dos provincias costeras (Pontevedra y A Coruña) se han mantenido en la primera mitad del ranking desde 1900, mientras que Lugo y Ourense han tenido un declive constante desde los años 50.
La evolución contrasta con la cordillera industrial del norte. Entre los años 50 y 80, Euskadi, La Rioja, Cantabria, Asturias y Navarra escalaron en el ranking de provincias favoritas para vivir de los españoles.

En estas zonas el éxodo estaba atraído por la industria donde el empleo en el sector secundario estaba varios puntos por encima de la media nacional.
La diferencia con las megaurbes es que estas zonas industriales han frenado su crecimiento desde entonces. De 1981 a 2021, Gipuzkoa ha crecido solo un 4%, Bizkaia ha perdido un 3% de su población y Asturias hasta un 10%.
El desarrollo económico que se inició en los 60 con la apertura de la dictadura trajo el turismo. Con él, sol y playa🏖️.

Los archipiélagos fueron los grandes beneficiados de crecimiento gracias también a las mejoras de conectividad y avances en el transporte.
Baleres, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas están entre las seis provincias que más multiplicaron su población en el último siglo.

De hecho, en 1900, Las Palmas era la tercera provincia con menos población de toda España. En los años 70, escaló hasta la mitad de la tabla; y, actualmente, es la undécima región con más población de todo el país.
También las zonas costeras se vieron favorecidas frente al interior de la Península. Una concentración que se intensificó al calor de la burbuja inmobilaria y el boom migratorio.
Esta tendencia se ve bien en el sur. En Andalucía, el crecimiento de población varía entre las provincias de costa y de interior.

Mientras que Cádiz, Málaga o Huelva han subido en el ranking provincial, Córdoba y Jaén han caído entre los lugares preferidos para vivir, especialmente desde los años 50.
La región vecina, Extremadura, totalmente interior, ha experimentado desde los años 50 un declive poblacional. Cáceres tiene en la actualidad casi un 30% menos de población que entonces.
Esta diferencia entre el interior y la costa se ha dado de una forma similar en el Levante. Por ejemplo, en Catalunya durante primera mitad de siglo todas las provincias exceptuando Barcelona perdieron posiciones entre las más pobladas.

A partir del desarrollo costero y turístico, Girona y Tarragona escalaron en el ránking hasta estar entre las 20 más pobladas del país.
En Lleida, en cambio, sin el impulso del turismo, el crecimiento fue mucho menor. Su población ha aumentado solo un 35% en los últimos setenta años.
El crecimiento costero también favoreció el crecimiento del resto de la zona mediterránea. Especialmente en Alicante y Murcia, donde la burbuja inmobiliaria intensificó la densidad de población.

Aunque están en posición similar que a inicios del siglo XX, entre los años 50 y la actualidad la población de Murcia o Valencia se ha duplicado.
En las últimas décadas, uno de los nuevos fenómenos que han surgido es la expansión de las áreas metropolitanas a otras provincias.

Son los casos de las dos provincias de Toledo y Guadalajara, en Castilla-La Mancha, que han subido de puesto entre las preferidas para vivir desde 1990 al entrar dentro del área de influencia de Madrid.
En 120 años, la distribución de la población española se ha transformado completamente: más costera, más concentrada, más urbana.

Las proyecciones para los próximos 50 años del Instituto Nacional de Estadística (INE) estiman un mayor trasvase de las provincias interiores a Madrid, Barcelona y los grandes núcleos turísticos. ¿Dónde vivirán los españoles del futuro?

El INE ha publicado los resultados preliminares del Censo de Población y Viviendas de 2021. Por primera vez, el censo está basado exclusivamente en registros administrativos. Es decir, ha sido una operación estadística invisible en el que la población no ha cumplimentado ningún cuestionario censal.

La comparación de los datos de este último censo con los 12 anteriores, recopilados a partir de los documentos históricos por elDiario.es, permiten trazar un primer boceto de cómo ha cambiado la distribución de la población española por el territorio en el último siglo.

Aunque la clasificación de provincias por número de residentes permite conocer qué lugares han subido y bajado en la clasificación de “favoritas para vivir”, los números brutos también señalan cuándo ganaron y perdieron población. En el siguiente gráfico puedes consultar cuántos habitantes tenía cada provincia en cada década y cómo varió la población respecto al censo anterior.


En qué década ganaron o perdieron población las provincias españolas desde 1900

Evolución de número de habitantes registrados en cada provincia según los censos publicados en cada década

Cae la población 5% o más desde anterior censo
Cae 0-5%
Sube 0-10%
Sube 10%+
Selecciona una prov.

Fuente: INE


Madrid, Las Palmas, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife y Alicante son las cinco provincias en las que más ha crecido la población en el último siglo. En todas el número de residentes se multiplicó por cuatro desde 1900 y señalan las claves del cambio en la distribución de la población por el territorio. Más concentrados en mega urbes urbanas –Madrid y Barcelona– que amplían sus áreas de influencia incluso a las provincias limítrofes y en zonas costeras urbanizadas como Canarias y la costa del Mediterráneo.

Explora en el siguiente gráfico el ranking de provincias más pobladas en cada década desde 1900 hasta 2021. Haz click encima y destaca tu provincia.


Así han ido cambiando las provincias preferidas para vivir en España

Evolución del ranking de provincias más pobladas de España en cada censo desde 1900 hasta la actualidad

Caen 4+ puestos desde 1900
Caen 1-3 p.
Suben 1-3 p.
Suben 4+ p.

]]> <![CDATA[Los beneficios de colegios e institutos privados se sostienen con el incremento de las subvenciones públicas]]>

Las comunidades autónomas aumentaron un 20% las transferencias a los centros concertados hasta sumar 7.100 millones de euros; el sector privado no universitario en su conjunto ganó 408 millones de euros el curso 2020-21

Las familias invierten más cada año en Educación y el gasto privado ya supone uno de cada cinco euros del total

Cada vez más dinero en la educación privada. El sector educativo particular registró el pasado curso 2020-2021 en conjunto, desde Infantil hasta la Universidad, unos resultados de explotación (beneficios antes de impuestos) de 756 millones de euros. Esta cifra supone una mejora del 27% desde el curso 2014-15, según la encuesta de financiación y gasto de la enseñanza privada del Instituto Nacional de Estadística (INE). Este aumento en las ganancias del sector sucede mientras en ciertas etapas –en la Universidad no sucede– el Estado incrementa con fuerza las subvenciones públicas al negocio privado.



Como se observa en el gráfico, las etapas no universitarias –incluyendo todas las obligatorias– aportan más de la mitad de los beneficios obtenidos por las empresas privadas: un 54,2% y 408 millones de euros del dinero que ganaron las empresas educativas en el curso 2020-21 van a parar a colegios e institutos frente al 46,2% y 348 millones que se embolsan las universidades. El balance se está equilibrando en los últimos años en favor de estas últimas: hace seis años los campus privados eran responsables de un 27% de las ganancias del sector, hoy rozan la mitad.



La enseñanza privada concertada –subvencionada por el Estado– acoge en España al 25% del alumnado. Pese a que este número se ha mantenido invariable en los últimos diez años, la financiación que recibe ha aumentado un 22% en la última década, pasando de suponer el 10,1% del gasto educativo total al 12,8% por el estancamiento de la financiación pública, que acaba de recuperar diez años después el nivel de inversión de 2010.

Pese a que estos centros están integrados en el sistema público por recibir financiación de la administración, diferentes investigaciones señalan que los sistemas en los que convive la escuela pública con la concertada, como el español, “tienden a aumentar la segregación escolar y las desigualdades educativas”, según concluye la Fundación Bofill en un informe presentado esta misma semana.

El estudio sostiene que la escuela privada subvencionada no acoge la proporción de estudiantes humildes ni extranjeros –que son los que presentan con carácter general más dificultades de aprendizaje– que les corresponderían: “Los centros públicos españoles escolarizan un porcentaje de alumnado de bajo nivel socioeconómico 2,2 veces superior a los centros concertados y 1,6 veces más alumnado de origen inmigrante”, reza el informe. El problema que detecta la Fundación es normativo: “La regulación actual en España convierte los conciertos en una subvención sin definir claramente sus deberes”.

El sistema de cuotas mensuales que pagan las familias para colaborar con la financiación de los centros –porque el módulo que paga el Estado es insuficiente, según los titulares de colegios e institutos: 25% de alumnado, 13% de fondos– es en parte responsable de esta segregación. Cuando se convierten en obligatorias (algo que sucede en un 90% de los casos, según un informe de centros privados y asociaciones de familias) por un lado son ilegales, porque al ser educación financiada por el estado debería ser gratuita, y por otro expulsan de facto a aquellas familias que no se las pueden pagar, como ya han concluido otros estudios.

La Lomloe o ley Celaá ha intentado poner coto a esta situación con medidas como la supresión de la “demanda social” –un término que introdujo el PP en su Lomce– y priorizando la escuela pública sobre la privada concertada en la provisión de plazas escolares y obligando –intentando al menos– a los centros a admitir alumnado más diverso. Está por ver si funciona, aunque la Fundación Bofill advierte en su informe de que “es necesario que estos cambios tengan una traducción en la regulación autonómica del sector concertado y que se enmarquen en una clara apuesta por una mayor corresponsabilización del sector concertado en la escolarización del alumnado más desfavorecido desde el punto de vista social y educativo”.

Un 6,5% mejor

En conjunto, las etapas no universitarias –obligatorias mayoritariamente, aunque no todas– vieron cómo su beneficio mejoraba un 6,5% respecto al curso 2014-15. Lo hacen impulsadas sobre todo por la subida de las subvenciones públicas a colegios e institutos privados.

Las comunidades autónomas transfirieron a los centros privados con concierto un 20% más de fondos el curso 2020-2021, mil millones de euros extra para superar en total los 7.100 millones de euros de transferencias a la escuela privada con concierto y que estas presenten 24 millones de euros más de beneficios que hace seis años.

Esa cifra, 7.100 millones de euros, es el 12,8% de los 55.184 millones que se invirtieron en todo el sector educativo en 2020. Las familias, la otra gran pata en la financiación de los centros privados, también elevaron su aportación, en este caso un 8%.



Traducido al reparto de ingresos de los centros privados con concierto, más de la mitad de los fondos que facturan (57%) provienen del Estado, las familias aportan el 40,4% y las donaciones de instituciones diversas el restante 2,6%. En datos absolutos, esto supone que los centros privados facturaron un total de 12.533 millones de euros el curso de referencia incluyendo todas las etapas.



Desglosadas las fuentes de ingresos, se observan diferencias entre las etapas educativas. Mientras la Primaria y la Secundaria –la parte obligatoria– reciben el grueso de los fondos públicos y obtienen el mayor beneficio absoluto, es en la FP donde se gana más dinero de manera relativa. Los grados superiores dejan una rentabilidad de 434 euros por alumno y año y los medios 271 euros. En Primaria y la ESO no llegan a 200.

La Universidad tira del carro

La Universidad privada cada vez tiene más presencia y alumnado y reporta más beneficio: en el curso objeto de estudio los resultados de explotación mejoraron un 21% por cada alumno (742 euros ganados por estudiante), mientras los no universitarios lo hicieron un 4,6% (hasta llegar a los 151 euros/año de beneficio por alumno).

Desglosado al detalle por etapas, solo la Infantil de primer ciclo –de 0 a 3 años– fue deficitaria el curso 2020-2021, con pérdidas acumuladas de 37,7 millones de euros. El INE destaca en la nota de prensa que acompaña los datos de la encuesta que ese curso fue el de la pandemia (específicamente, el primero tras el confinamiento) y que esa circunstancia puede alterar algunos resultados. La Educación Infantil fue la que más sufrió las restricciones, con cierres prolongados y miles de escuelas echando la persiana definitivamente.

Por el contrario, como se observa en el gráfico, Primaria y Secundaria ofrecieron beneficios brutos por encima de los cien millones de euros ese curso.

Si se atiende al dato por alumno, la Formación Profesional privada es la más rentable de todas las etapas: la superior deja hasta 434 euros por cada alumno y año.

La encuesta del INE también desagrega los datos por comunidades autónomas. Por comunidades autónomas, la subvención media por alumno alcanzó sus mayores cotas en el País Vasco (4.174 euros) y la Comunidad Foral de Navarra (3.607), mientras los niveles más bajos se registraron en la Comunidad de Madrid (2.138 euros) y Canarias (1.687).

Se da la circunstancia de que Madrid es la segunda autonomía que menos dinero público aporta por alumno, pero sin embargo es en la que más beneficios obtuvieron los colegios privados por cada estudiante, según se puede observar en el gráfico.



La diferencia entre un indicador (una menor financiación pública) y el otro (el mayor beneficio) la solventan las familias: las madrileñas pagaron el curso 2020-21 un total de 2.720 euros por cada hijo que estudiara en un centro privado. Le supera Catalunya, sin embargo, con 2.832 euros al año por estudiante. Las cuotas más bajas en educación no universitaria se abonaron en Extremadura (481 euros) y en las ciudades autónomas de Melilla (288) y Ceuta (66).

En conjunto, las familias de la educación privada no universitaria pagaron de media en cuotas 1.421 euros por alumno en el curso 2020-21, mientras el coste medio de la enseñanza privada universitaria fue de 5.604 euros anuales.

]]> <![CDATA[La FP privada se multiplica por diez en Madrid mientras miles de alumnos se quedan sin plaza pública]]> La FP privada se multiplica por diez en Madrid mientras miles de alumnos se quedan sin plaza pública

El alumnado de ciclos formativos en centros privados se dispara un 1.523% en los grados medios y un 844% en los superiores en la Comunidad, que en los últimos años también ha elevado la cuantía de las "becas" exclusivas para la red particular

El negocio de la educación privada se multiplica en Bachillerato, FP e Infantil

La Formación Profesional privada se dispara en Madrid. El alumnado matriculado en centros particulares ha subido en la última década un 1.523% en los grados medios (lo que supone mutiplicarse por 16) y un 844% en los superiores (nueve veces más para esta etapa alternativa a la universidad), según se observa en el siguiente gráfico. De media, la FP privada postobligatoria ha subido un 949% (diez veces y media más).



La subida se ha dado mientras el sector público es incapaz de absorber la alta demanda de esta formación y deja a decenas de miles de estudiantes sin plaza, según un estudio que realizó CCOO este verano. También el pasado, de hecho; la situación se ha repetido regularmente en los últimos años. En la última década y mientras lo privado puro se expandía como una mancha de aceite, lo público ha subido, pero mucho más despacio: un 28% en el grado medio, un 61% en el superior.



La Comunidad de Madrid ha redoblado su apuesta por el sector privado en estas rutas formativas con la ampliación de los recursos que dedica a lo que llaman becas (aunque realmente las becas tienen otra función) exclusivamente dedicadas a los centros privados. Este curso se abrió la convocatoria a familias con ingresos de hasta 107.000 euros anuales si tienen un hijo (y 35.000 euros más por cada hijo extra) y se amplió la partida para “becas”: solo este año estas ayudas han subido un 383% para Bachillerato (se multiplica por casi cuatro), un 65% para la FP de Grado Superior y se han creado nuevas ayudas (no existían) para la FP media por valor de 2,5 millones de euros. El montante destinado a estas “becas” que solo se pueden utilizar para estudiar en centros particulares asciende este curso a 75 millones de euros en total.

El mismo fenómeno de aumento de la red privada no concertada se está dando también en el Bachillerato: lo privado absorbe toda la subida, mientras lo público lleva diez años sin variar y los centros con conciertos se amplian ligeramente, como se puede observar en el siguiente gráfico.



]]> <![CDATA[De las hipotecas abusivas al aumento del precio del alquiler: así han cambiado los desahucios en una década]]> De las hipotecas abusivas al aumento del precio del alquiler: así han cambiado los desahucios en una década

Desde 2013 se han ejecutado más de medio millón de desahucios en toda España, pero con cambios de tendencia: los lanzamientos a inquilinos pasan de suponer poco más de la mitad al 70% en nueve años

La película de Juan Diego Botto sobre desahucios que nació gracias a un deseo de Penélope Cruz

Mari Carmen Arnedo compró su casa joven, a los 20 años. La perdió a los 69, como avalista, por culpa de las cláusulas abusivas en la hipoteca de su hijo: los dos pisos se subastaron y el banco les reclamaba los 110.000 euros del préstamo. “Me dijeron que no debería haber avalado a mi hijo, pero volvería a hacerlo”, reconoce.

Rafael Gómez rehipotecó su casa en 2008 para poder hacer frente a los 400.000 euros que el banco le reclamaba. Le engañaron para ser el administrador de una empresa endeudada. Un año después no pudo hacer frente a los pagos y perdió su vivienda. “Afortunadamente conseguí un alquiler social y, con la dación en pago, una deuda cero”, se consuela.

Historias similares a la de Rafael y Mari Carmen se repiten diariamente en nuestro país, pero las circunstancias han cambiado en la última década. Según los datos analizados por elDiario.es de las cifras de desahucios del CGPJ, se ejecutan menos desahucios cada año y las plataformas confirman que el perfil de los afectados ha cambiado: son fundamentalmente inquilinos, sin casas en propiedad.



Desde 2013 se han ejecutado un total de 532.760 desahucios con lanzamiento (152 de media diaria). Aunque con el paso de los años se han ido reduciendo, en la primera mitad de 2022 se han registrado hasta 21.888: una media de 122 lanzamientos diarios. Esto supone un 42% menos que hace nueve años. Estos datos se corresponden con los lanzamientos registrados en los tribunales de primera instancia de aquellas localidades con servicios comunes de notificaciones y embargos.

Como muestra el gráfico, los desahucios a consecuencia de ejecuciones hipotecarias experimentan un declive continuo desde 2015. La pérdida de ingresos junto con otros factores como el récord del paro y las cláusulas abusivas provocaron que un gran grupo de propietarios no pudieran seguir pagando las cuotas durante los primeros años de la crisis. Es el caso de Sonia Galindo: en 2011, se redujeron los ingresos en su unidad familiar “por cuestiones de trabajo” y no pudieron hacer frente a una hipoteca que no dejaba de aumentar. “Pagábamos 600-700 euros mensuales y, con la subida del Euríbor, pasamos a pagar una cuota de 1.000. Una diferencia de 200 o 300 euros es mucho dinero”, explica.

En 2013, más del 38% de los lanzamientos registrados por el CGPJ eran ejecuciones hipotecarias. “Los propietarios estaban perdiendo su vivienda, eran desahucios vinculados a las primeras propiedades”, explica el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Barcelona, Santi Mas de Xaxàs. En 2021, apenas superan el 24%.

En comparación con las ejecuciones hipotecarias, el porcentaje de lanzamientos derivados de procedimientos de la Ley de Arrendamientos Urbanos no deja de aumentar. En los seis primeros meses de 2022 se han ejecutado 15.496 desahucios a inquilinos (frente a 5.132 de propietarios). Aunque en términos absolutos son cifras inferiores a las de la crisis inmobiliaria, el porcentaje sobre el total se ha incrementado por la paralización de las ejecuciones hipotecarias: en 2021, los procedimientos a personas alquiladas acapararon el 70% de los desahucios sobre el total nacional; mientras que en 2013 no alcanzaba el 57%.



“Tras la explosión de la burbuja hipotecaria, el mercado del alquiler se había empezado a convertir en el mayor nicho de especulación inmobiliaria”, comenta Carlos Castillo, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid. El precio de los alquileres no deja de aumentar. Según los datos de la plataforma de compra y alquiler de viviendas Idealista, en septiembre de 2015, el precio medio del metro cuadrado de alquiler era de 7,5 euros. En 2022, supera los 11. Un incremento de más del 49% en los últimos años.

Esta subida afecta a todas las comunidades, que han encarecido sus precios al menos un 30%. En zonas turísticas como Canarias y Baleares, el metro cuadrado se ha disparado un 66% y un 57%, respectivamente. Lo mismo sucede en regiones con grandes ciudades, donde los precios son más altos que la media: Catalunya ha pasado de no superar los 10 euros por metro cuadrado en 2015 a los 15 euros en siete años.

Además, plataformas de alquiler vacacional como Airbnb han precipitado este despunte de los precios. “Extrajeron de forma masiva vivienda del mercado de alquiler para rentabilizarla en procesos de turistificación, expulsando a vecinos históricos de sus barrios para sustituirlos por turistas”, explica Carlos Castillo. Esto mismo sucedió con los vecinos de la calle Olmo y de la calle Argumosa, ambas en el céntrico barrio madrileño de Lavapiés.



Esto agrava todavía más la situación de las familias, a la que se suma la dificultad de negociar con grandes propietarios o fondos de inversión sin sede en España. Nilda Risueño compró una casa en 2007, pero con la crisis su pareja se quedó sin trabajo y tuvo que irse de España pocos años después. Ella sola no pudo hacer frente al pago de las cuotas y, en 2017, firmó una dación en pago con la entidad bancaria y un realojo con alquiler social. “En 2019, el Banco Sabadell vendió la casa a un fondo buitre conmigo dentro. No quisieron renovarme el contrato y me interpusieron una demanda”, cuenta Nilda. Finalmente, el juez le dio la razón y tuvieron que paralizar ese segundo desahucio.

Pero no todos los casos son así. Patricia Blázquez Ramos lleva diez años luchando por su vivienda. En 2011, perdieron su trabajo por la crisis: ingresos a cero y una hipoteca que dobló su precio inicial. Consiguieron quedarse en su casa pagando un alquiler, pero seis años después el nuevo propietario (un fondo de inversión) quiere echarles. “Han comprado los paquetes de vivienda a precio irrisorio y quieren echarnos para venderlas a precio de mercado, pero deberían tenernos a nosotros en cuenta. Llevo 17 años viviendo en esta casa”, se lamenta Patricia. Le acaban de notificar que tendrá que dejar su casa antes de finales de enero al no personarse en un juicio del que no tenía conocimiento.

Los desahucios de alquiler se ejecutan con más rapidez que las ejecuciones hipotecarias, que pueden tardar varios años. “Los procesos de ejecuciones hipotecarias son mucho más largos que los lanzamientos por impago de la renta por la propia configuración de la ley de enjuiciamiento civil”, aclara Natalia Palomar García, responsable del área jurídica de Provivienda. El desahucio hipotecario cuenta con notificaciones, fases procesales intermedias y subastas que alargan el proceso, explica la abogada. El de alquiler, en cambio, es un “híbrido entre juicio monitorio y verbal”. En ambos casos influye la saturación de los juzgados.

Más casos en zonas turísticas y grandes ciudades

Las zonas turísticas y los niveles bajos de renta señalan a las comunidades con un número más elevado de desahucios. En 2021, Madrid, Baleares, Castilla y León y Catalunya fueron las que más desahucios ejecutaron en comparación con el número de habitantes. Murcia y Navarra, por el otro lado, las que menos registraron el año pasado.



El siguiente mapa muestra cómo la mayor parte de los desahucios se concentran en los juzgados ubicados en las grandes ciudades. El primer botón muestra los datos de 2013: más lanzamientos y más ejecuciones hipotecarias. El buen clima y la llegada masiva de turistas cada verano convirtió la costa Mediterránea en el lugar idóneo para la construcción de nuevos edificios y el posterior encarecimiento de los precios.  

En cambio, en el segundo botón se refleja la realidad de 2021: un descenso considerable de los lanzamientos practicados en toda España (las burbujas son más pequeñas) y aumenta el porcentaje de los procedimientos a desahucios a inquilinos.


Así han cambiado los desahucios en España

Desahucios por partida judicial en 2013 y 2021. El color de las burbujas corresponde a la tipología del porcentaje mayoritario: ejecuciones hipotecarias o desahucios a inquilinos. Haz clic en los botones para ver el detalle


Viajemos hasta Gandía, un municipio costero de la provincia de Valencia. En 2013 se ejecutaron más de 300 desahucios con lanzamiento: el 64% eran ejecuciones hipotecarias y el 34%, lanzamientos a inquilinos. Ocho años más tarde, en 2021, se registraron 166 (30% a propietarios y 63% a inquilinos). La mitad de desahucios mientras se ha duplicado el porcentaje de inquilinos afectados. Lo mismo sucede en otras partes de España, como las islas Canarias. Si nos fijamos en el partido judicial de Puerto del Rosario, que corresponde a la isla de Fuerteventura, los desahucios a personas en régimen de alquiler pasan del 19% al 84% en ocho años.

Desahucios silenciosos

Este mapa podría estar incompleto. Los servicios comunes de notificaciones y embargos reciben de los juzgados el encargo de practicar los lanzamientos, pero “al no existir este tipo de servicios en todos los partidos judiciales, el dato que se obtiene de los mismos tiene interés para seguir la evolución histórica pero no para conocer el volumen total de lanzamientos”, se especifica en la metodología de los datos. Además, las cifras del CGPJ parten del primer trimestre de 2013; por lo que no se tiene un registro de los primeros años de la crisis.

Las asociaciones consultadas advierten de los “desahucios silenciosos”. Una proporción de lanzamientos que no se reflejan en las estadísticas oficiales. Según Laura Barrio portavoz de la Coordinadora de la Vivienda de Madrid, “son casos de coacción por parte de los propietarios o casos del ‘mercado negro’ de los alquileres”. Y, aunque no lleguen a vías judiciales, deben considerarse desahucios, recuerda la responsable del área jurídica de Provivienda Natalia Palomar.

¿Qué otra opción queda?

Las diferentes plataformas consultadas coinciden: hoy en día, muchas de las personas que acuden a las asambleas en busca de ayuda están ocupando una vivienda. “Son familias vulnerables o jóvenes que, con la precariedad laboral que hay, no tienen otra opción”, asegura Ángeles Díaz, portavoz de la Plataforma de Afectadas por la Vivienda Pública y Social (PAVPS).



España tiene uno de los parques públicos de vivienda social más pequeños de Europa. Según datos del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, en 2020 apenas alcanzaba el 2,5%; frente a países como Holanda (30%), Austria (24%) o Dinamarca (20,9%). La media europea supera el 9%. “La Administración no me ofreció ninguna alternativa. Me decían que no me podían ayudar de ninguna manera, que me fuera a casa de algún familiar”, confiesa Rafael Gómez.

Algo similar cuenta Patricia Blázquez, que cuando fue a pedir ayuda a las instituciones le “cerraron la puerta”. “En Parla, y en muchos otros municipios, no hay viviendas; pero tampoco te ofrecen ayuda. Yo fui a preguntar dónde podía recoger comida y me dijeron que yo era española, que debería pedir ayuda a mis familiares”, cuenta.

Mari Carmen Arnedo, afectada por las cláusulas abusivas y activista en la PAH desde hace 11 años, confiesa que la respuesta que recibió Rafael es frecuente, pero no todos corren la misma suerte. “Muchas personas de origen español tienen familia o alguien que les ayude, pero las personas migrantes que no tienen esa suerte: no tienen familias arraigadas”, comenta.



Ante la escasez de vivienda social en España y la falta de ayuda institucional, “la única opción para la gente que no tiene alternativa habitacional es ocupar una vivienda vacía en manos de los bancos o los fondos buitres”, comenta el portavoz de PAH Barcelona, Santi Mas de Xaxàs. Sin embargo, la perspectiva social ante estas situaciones ha empeorado durante los últimos años. “Ha habido muy mala prensa con el tema de la ocupación durante el confinamiento y la pandemia. No es lo mismo que allanamiento: si te vas a por el pan y entran en tu casa es un allanamiento o usurpación de la morada y eso es delito”, explica Ángeles Díaz de la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS).

“En los últimos años hemos visto cómo toda esa población excluida del mercado inmobiliario por no poder acceder a una hipoteca o a un alquiler, población que se ha visto obligada a ocupar una vivienda (en la inmensa mayoría de bancos, fondos o entidades públicas), no ha dejado de ser criminalizada, estigmatizada e incluso deshumanizada en prime time en televisión”, denuncia Castillo, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid.

El discurso negativo en torno a las personas en esta situación ha provocado que grupos de vecinos traten de expulsarlos de los edificios. “No tiene nada que ver tu régimen de tenencia de la vivienda con tu nivel de convivencia, pero utilizan términos como okupa con connotaciones conflictivas y problemáticas. Ahora es un insulto”, explica Laura Barrio.

Balones de oxígeno

“No hay ninguna norma en nuestro ordenamiento que diga que las administraciones públicas, de forma obligatoria, tienen que adoptar medidas dirigidas a resolver la situación habitacional de personas en situación de vulnerabilidad. Los mecanismos que se utilizan son de mera suspensión del procedimiento: son balones de oxígeno”, explica la abogada de Provivienda Natalia Palomar.

Desde las plataformas advierten que estos recursos de suspensión temporal pueden provocar una avalancha de desahucios. Especialmente en la moratoria para ejecuciones hipotecarias. “Es posible que un propietario que tenga suspendido el lanzamiento de su vivienda desde 2012 o 2013 continúe en esa vivienda. Es una situación que lleva prorrogándose 11 años, pero en algún momento parará y vendrá el efecto rebote”, explica Palomar.

Estas prórrogas se contemplan en el Artículo 441.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en el Real Decreto 11/2020 aprobado durante la pandemia. En ambos casos, debe darse una situación de vulnerabilidad económica y/o social. En este supuesto, la Administración paraliza temporalmente el procedimiento de desahucio durante un periodo marcado en la ley.



Según los datos del CGPJ analizados por este medio, cada año, en torno al 40% de los desahucios no llegan a completarse. Durante los dos primeros trimestres de 2022, en la mitad de los casos el Servicio Común de Notificación y Embargo (unidad local de la oficina judicial encargada de ejecutar estos procedimientos) ha logrado practicar el lanzamiento acordado por el juzgado.

Las presiones por parte de plataformas y activistas también pueden paralizar estos procesos, aunque por menos tiempo. “Mi desahucio fue masivo: acudieron 450 personas”, recuerda Mari Carmen Arnedo. Siguió en su casa, pero recibió una segunda notificación: en 15 días se ejecutaría un segundo intento de lanzamiento. “La chica del juzgado me advirtió que la próxima vez no me saldría bien. Comprendí que vendría toda la policía necesaria para echarme”, explica. Dos días antes de la fecha anunciada entregó las llaves.

]]> <![CDATA[2021 fue el año con menos nacimientos de la historia en España]]> 2021 fue el año con menos nacimientos de la historia en España

El año pasado se registraron 337.380 nacimientos, un 1,15% menos que el año anterior, y 450.744 defunciones, un 8,71% menos

El mapa de las cesáreas en España: los hospitales que abusan de los partos quirúrgicos

La tendencia a la baja continúa. El año 2021 fue en el que menos nacimientos se registraron en España desde que existen registros. El segundo año de la pandemia nacieron en este país 337.380 bebés, un 1,15% menos que en 2020. En la última década, la natalidad ha caído en cerca de un 28%, mientras la población envejece. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, publicados este miércoles, el saldo de defunciones y nacimientos fue negativo. Concretamente, en 113.364 personas.



Según señala el propio INE, se observa una bajada de nacimientos más pronunciada en los primeros meses de 2021. Los efectos de la pandemia de Covid-19 que arrasó el mundo se dejan notar también en este apartado. De hecho, este organismo constata una “disminución de embarazos producidos durante el confinamiento”, que comenzó en marzo de 2020, justo nueve meses antes del nuevo año.

Bajan los nacimientos, pero lo hacen en mayor porcentaje las defunciones. En 2021 murieron 450.744 personas, un 8,71% menos que en el ejercicio anterior. De nuevo con la crisis sanitaria de fondo, en 2020 se había registrado un exceso de mortalidad sin precedentes y había sido el año con más muertes desde que hay registros.  

En cuanto a la edad de las madres, el 69% de las mujeres que tuvieron un bebé en 2021 tenían más de 30 años. Fueron, en total, 327.877. Por encima, estaban las 32.832 madres de entre 40 y 44 años; las 3.094 que vieron un hijo o una hija entre los 45 y los 49; y las 222 niños nacidos de madres de más de 50 años. Por debajo, 80.697 mujeres tuvieron un bebé en la veintena; hubo 5.470 nacimientos de madres entre 15 y 19 años; y 62 por debajo de los 15.



Como puede apreciarse en el siguiente gráfico, hasta 1991, menos del 40% de las madres tenían más de 30 años. En 2021 ya son más del 74%. Una cifra que constata que las mujeres tardan más en tener hijos. De hecho, ese umbral del 70% se superó hace una década. Además, la franja de edad de 25 a 29 años ha pasado de ser la que registraba mayores datos de natalidad en 1975, a la tercera en 2021 y la de 20 a 24 años, de la segunda a la cuarta.



En el año 2008, se alcanzaron cifras de natalidad que no se veían desde hacía más de un cuarto de siglo. Desde ese momento, el número de nacimientos ha ido descendiendo progresivamente y en 2021 se registraron ya un 35% menos que en aquel pico histórico en este milenio.

El número de hijos por mujer se sitúa en torno al 1,2%, un valor similar al registrado en 2020. Además, según los datos del INE, aumentan respecto a ese año los nacimientos de madre española en un 0,36% y disminuyen los de madre extranjera en un 6,34%. Son 265.084 y 72.296 nacimientos respectivamente.



Otra tendencia que se consolida es la del estado civil de las madres. Aún hay más casadas (50,8%) que solteras (49,2), pero el histórico apunta a un vuelco inminente. Hace cuarenta años, en 1981, la diferencia era de más de 95 puntos. Aunque el aumento ha sido constante desde 1975, el número de nacimientos de madres no casadas se disparó a partir de 1995 y aunque se mantiene más o menos estable, con una curva levemente bombeada desde 2008, los bebés de mujeres casadas han disminuido notablemente desde ese año.

]]> <![CDATA[La desigualdad territorial de los servicios sociales: 40 casos por trabajador en Galicia y 300 en Cantabria]]> La desigualdad territorial de los servicios sociales: 40 casos por trabajador en Galicia y 300 en Cantabria

La OCDE advierte de la disparidad de servicios que hay en España dependiendo de la región de residencia e indica que las ratios de las normas autonómicas “varían de 1.500 a 4.000 habitantes por profesional”

Solo cinco comunidades mejoraron sus servicios sociales a pesar de la inyección de fondos en la pandemia

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) alerta sobre la desigualdad territorial en el acceso a servicios sociales en España. En su último informe advierte de la disparidad de prestaciones que se encuentran los usuarios dependiendo del código postal en el que residan. Con un sistema muy heterogéneo, que conlleva una inversión del 1,5% del PIB nacional, la organización internacional destaca en la radiografía que ha realizado que en los últimos años el sistema ha contado tanto con diferencias en el número de trabajadores como en los servicios que se ofrecen y también en los criterios que se determinan para acceder a ellos.

“En muchos casos, la elevada demanda de servicios sociales suele ser atendida con recursos humanos inadecuados en cuanto a ratios de personal y tipo de profesionales”, concluye el informe que esta organización ha hecho público esta semana con el título Modernización de los servicios sociales en España.  La responsable de la investigación, Ana Llena-Nozal, explica a elDiario.es que la situación detectada “parece determinar que no se puede atender igual a los habitantes según estén en una comunidad o en otra”.

Mayores ratios en Extremadura, Andalucía y Madrid

En el documento, compuesto de más de 100 páginas, los investigadores concluyen que las ratios de la atención primaria que se prestaba en 2018 en ese sector son muy dispares dependiendo de la comunidad autónoma en la que resida el usuario. Extremadura, Andalucía y la Comunidad de Madrid registraron los parámetros más elevados, con una ratio de un profesional cada 3.764, 3.294 y 3.338 habitantes, respectivamente; en el otro extremo se sitúa –siempre según el análisis realizado por la OCDE– Navarra (413), Cantabria (446) y Baleares (714). 



En relación a este asunto, los investigadores alertan de que ocho comunidades “no establecen mínimos de dotación de personal” en las leyes autonómicas que rigen los servicios sociales. Por su parte, entre aquellas que sí han dejado constancia de este dato en la normativa, la cifra “varía de 1.500 habitantes a 4.000 habitantes por profesional”. 

En el análisis realizado también advierten del caso de Extremadura, la comunidad autónoma con la ratio más elevada, siempre según los cálculos del estudio, que “tenía una ratio global de un trabajador de atención primaria cada 3.764 habitantes”, una cantidad que “es inferior a la ratio mínima establecida en su normativa [3.000]”.

A pesar de esta conclusión, la OCDE señala que “en la mayoría de las regiones con datos disponibles, el gasto dedicado a los servicios sociales de atención primaria por habitante ha aumentado entre 2012 y 2018”. “El incremento ha sido más importante entre 2015 y 2018 que anteriormente, reflejo de la recuperación económica y de un interés de las comunidades autónomas por invertir en los servicios sociales”, subrayan.

Más tiempo de administración y menos de intervención

Los investigadores también detallan qué respuesta se han encontrado por parte de los trabajadores de este sector. “En las encuestas, los profesionales mencionan la necesidad de más personal administrativo y más trabajadores sociales. Estas carencias de personal obligan a los profesionales a dedicar mucho tiempo a las tareas administrativas y les dificulta la intervención y el apoyo social”, apunta el informe.

Se recogen varias reivindicaciones que han realizado los entrevistados: mejorar la formación, apostar por la progresión profesional, sobrecarga de trabajo, precariedad de los profesionales que no son funcionarios y burnout (estar quemado). “De hecho, en España, los trabajadores en los servicios sociales y sanitarios cuentan con las tasas más altas de absentismo relacionadas con las bajas y enfermedades laborales”, recuerdan los investigadores. 

Esta investigación se ha estado cocinando durante dos años, tal y como apunta Ana Llena-Nozal, responsable del informe y economista senior de la OCDE. Para obtener una información verosímil, los datos que se han utilizado proceden de 2018 y 2019, años previos a la pandemia. De esta forma, intentan no “sesgar” las conclusiones con el impacto que tuvo la emergencia sanitaria en los servicios sociales. Entre las hipótesis finales del estudio, Llena-Nozal apunta que en nuestro país “no hay un acuerdo de mínimos ni una definición de lo que debería englobar los servicios sociales”.

La disparidad de funcionamientos autonómicos provoca que los usuarios no sean los únicos afectados por esta situación. El informe también pone el foco en las consecuencias que tiene para los trabajadores. Por ejemplo, de acuerdo a la información recabada por la OCDE, en algunas autonomías –como Asturias, Baleares y Murcia– un trabajador maneja de media 60 expedientes al año; en Galicia ronda los 40; mientras en otras regiones ese número es mucho más elevado. En Aragón la media es de 250 por trabajador y en Cantabria supera los 300. 

“También existe una gran variabilidad dentro de las comunidades autónomas: los trabajadores pueden atender el doble o el cuádruple de casos que un compañero de la misma región. En Aragón, por ejemplo, el número mínimo de casos es de 77 y el máximo de 373. En Extremadura, las cifras se pueden multiplicar por 10, con casos que oscilan entre 25 y 250”, apunta el informe.


¿Cómo está la regulación actual en cada comunidad autónoma?

El mapa muestra si las diferentes regiones tenían o no tenían un mapa de servicios sociales, una cartera o catálogo de servicios y un plan estratégico en vigor durante 2020. Haz clic en los botones para cambiar de elemento


Ahondando aún más en la desigualdad del sistema, los investigadores avisan de los diferentes servicios que promueven las autonomías y los criterios dispares para acceder a ellos. Únicamente siete comunidades –Castilla y León, Catalunya, Navarra, Euskadi, La Rioja, Aragón y Baleares– contaban en 2020 con un catálogo o una cartera de prestaciones aprobada por el Gobierno autonómico. En el resto, este reglamento no había sido ratificado, apuntan desde la OCDE.

Esta situación, el hecho de que no se aprueben las normas que determinan el catálogo de servicios, repercute en la atención. Llena-Nozal explica que si no están aprobados, y no se reconocen como “derechos subjetivos de los ciudadanos”, “no se pueden ejercitar correctamente”. “Mientras estos derechos no están definidos, el ciudadano no los puede reclamar”, señala.

La organización internacional destaca que esta actuación provoca que no se articulen “verdaderas políticas públicas que den solución a las necesidades sociales que impulsaron el desarrollo y aprobación de la ley y se queda todo en un texto con una serie de principios generales y definiciones que tienen escaso reflejo práctico en la vida de la ciudadanía”.

Aún así, Llena-Nozal explica que hay varias comunidades que están trabajando en ello y algunas cuentan ya con borradores. Entre ellas, cita los casos de Valencia y Canarias que han aprobado en los últimos años una ley de servicios sociales. Por lo tanto, constatan que existe “una voluntad de las comunidades autónomas” en “mejorar” tras una pandemia que ha mermado a este sector. 

Disparidad en los servicios que oferta cada comunidad

Analizando las carteras ya aprobadas y los borradores, la OCDE constata “grandes diferencias en la cantidad de servicios y prestaciones ofrecidas entre las comunidades que están establecidas en los catálogos autonómicos”. El número de prestaciones que se ofertan oscilan entre las 136 propuestas por Catalunya y las 30 de Murcia. 

Los investigadores no han encontrado información en las consejerías de asuntos sociales de Canarias, Cantabria y la Comunidad de Madrid. Por este motivo el análisis realizado sobre las prestaciones garantizadas abarca 14 comunidades autónomas. La relevancia de que el acceso a estos servicios quede recogido como un derecho en alguna norma o reglamento garantiza que “se pueda ampliar la partida presupuestaria en caso de más demanda”, recuerdan desde la OCDE.



El servicio de información es el que está presente en más carteras; se menciona en los catorce catálogos analizados, aunque está garantizado en 10. En otros casos, como las ayudas para las víctimas de violencia de género, la desigualdad es más evidente. Solo seis regiones garantizan en sus reglamentos autonómicos la atención psicosocial a las afectadas, aunque en cuatro más también existe este servicio. Por su parte, siempre según la información recabada por la organización internacional, en once comunidades se contempla la atención residencial para estas víctimas; no obstante, solo en siete de ellas esta asistencia está garantizada bajo condiciones. 

Sin embargo, la OCDE no solo pone el foco en los servicios que se ofertan, también en los criterios de elegibilidad, donde una vez más encuentran desigualdades dependiendo de las comunidades autónomas. Por ejemplo, los investigadores del informe destacan que para acceder a la renta mínima de inserción se establece como requisito “residencia legal en algún municipio de la Comunidad, como ocurre en Castilla y León o en Extremadura, mientras que en otras, a este requisito se añade el de ‘residencia efectiva’ e ‘ininterrumpida’ en cualquier municipio de la Comunidad, en concreto, en La Rioja, en Cantabria, en Asturias; o el de ‘residencia efectiva’ y 'continuada' en la región, tal y como sucede en Murcia, Cataluña, Galicia y la Comunidad de Madrid”. 

Copago en atención residencial y domiciliaria

Asimismo, el copago es un factor presente en la asistencia social. La cantidad que tienen que pagar los usuarios para recibir una prestación varía dependiendo de su código postal. “Únicamente Castilla-La-Mancha, La Rioja y la Comunidad Valenciana garantizan el servicio de mediación familiar de forma gratuita para toda la ciudadanía”, apuntan desde la OCDE. Y añaden: “[En] las otras comunidades, el servicio es gratuito únicamente para familias que cumplan los requisitos de atención jurídica gratuita, cuando la mediación es iniciada por una autoridad judicial”.

Para obtener una plaza en una residencia también hay que hacer frente a un copago. La evaluación de la organización internacional ha revelado que “en algunas comunidades el patrimonio del solicitante o la totalidad de las rentas percibidas” no se han tenido “en consideración a efectos del cálculo” de la cantidad que tienen que abonar los usuarios. De media los beneficiarios de estas plazas pagan el 40% del coste de la atención residencial, aunque los porcentaje autonómicos oscilan entre el 17,6% de Canarias, 17,3% de Extremadura y el 20,9% de Madrid; frente al 49,7% de Castilla y León, 49,8% de Euskadi y 55,8% de La Rioja.

En la ayuda domiciliaria la brecha es mucho mayor. Los usuarios en Murcia tienen que afrontar de media el 44%, frente al 2% que se contempla Andalucía, según los cálculos realizado por la OCDE con datos de 2019. En la misma línea se sitúa la tarifa horaria que se paga por usuario. En un extremo se encuentran los 9,04 euros de Extremadura y los 9,42 euros de Galicia, y en otro los 16,5 de Baleares y los 17,4 de Aragón.



España se encuentra por debajo de la media en gasto de servicios sociales de los países de la OCDE. “Para reducir la desigualdad tendría que buscarse una manera de encontrar unos mínimos en el país para que los ciudadanos tengan derecho a los mismos servicios y para que se pueda pedir una transferencia de estas prestaciones de una autonomía a otra”, indica Llena-Nozal.

El Ministerio de Derechos Sociales está trabajando en un proyecto de ley de servicios sociales con el que garantizar una protección mínima en el conjunto del territorio español y combatir las desigualdades territoriales. Al frente del texto está el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, quien aseguró esta semana que confía en remitir en las próximas semanas el texto al Consejo de Ministros.

]]> <![CDATA[Cada vez más mujeres y trabajadores se ven obligados a vivir en la calle]]> Cada vez más mujeres y trabajadores se ven obligados a vivir en la calle

En los últimos diez años ha aumentado el número de personas con trabajo y de mujeres que acuden a los albergues para 'sin techo'

El Gobierno estudia un nuevo modelo para otorgar una vivienda de manera directa a las personas sin hogar

En España, la cantidad de personas sin hogar se ha incrementado un 25% en diez años. Pero, además, cada vez más mujeres y más personas con trabajo se ven obligados a vivir en la calle, según la encuesta a las personas sin hogar del INE.

En 2022, al menos 28.500 ciudadanos carecen de hogar. “Y son solo los que acuden a centros”, recuerda la Fundación Hogar Sí, que calcula que esa cifra podría crecer “un 30% si recogiera a todos lo que viven de manera estable en la calle”.

Pero el perfil del sinhogarismo que dibuja el trabajo del INE revela nuevas realidades: no para de crecer el volumen de mujeres que se ven en esta situación. Los hombres, históricamente, son muy mayoritarios. Sin embargo, el porcentaje de féminas no hace más que subir. Pasó del 17% en 2005 al 19% en 2012 y un 23% este año.



Al ser el volumen de los sin hogar más grande de encuesta en encuesta, no solo aumenta la proporción sino que escala el número total de mujeres en estas circunstancias: más de 6.500.

Por otro lado, la encuesta dice que el 5,4% de estas personas tiene trabajo. Hace una década, ese grupo estaba en el 3% tras reducirse esa tasa durante la década anterior. Personas empleadas que deben vivir sin casa. Hace solo unos meses, la Organización Mundial del Trabajo (OIT) avisaba de que se habían “perdido cinco años de avances hacia la erradicación de la pobreza laboral” por culpa de la pandemia de COVID-19. Ese retroceso coincide con el hecho de que se había reducido la proporción de gente sin hogar entre 2005 y 2012 y ahora se revierte esa tendencia.

Este es el extremo de la cadena de los trabajadores pobres: personas que sí tienen ingresos laborales, pero no pueden llegar a fin de mes. En este caso, no les alcanza para proporcionarse un hogar.



Un anterior trabajo del INE ya reflejaba cómo había crecido la cantidad de personas a las que les cuesta estirar el sueldo hasta la siguiente nómina en España (del 8 al 10%). Ahora, certifica la subida de esta faceta aún más precaria.

La mayoría de los encuestados con los que ha trabajado el INE afirma que tener una prestación económica es uno de los principales factores para salir de esa situación. La realidad parece que va en sentido contrario, ya que son muchas más las personas del sinhogarismo que afirman no tener ingreso alguno. Hace diez años era el 19% y actualmente, el 30%. Eso significa que más de 8.500 de estas personas afrontan cada día sin ingresos.

En este sentido, solo uno de cada cinco ciudadanos que viven en la calle tiene el ingreso mínimo vital como fuente económica principal.



Más de tres años sin refugio propio

“Los datos nos dicen que el sinhogarismo es un problema estructural”, analiza Hogar Sí. Desde luego, muchos –un 40%– de los que se ven obligados a acudir a centros en estos momentos llevan más de tres años sin casa. Más de mil noches, una detrás de la otra, sin un techo.

La mayoría se ve en este problema, según revela el INE, después de no poder afrontar los pagos de una casa o por haber sido desahuciados –“aún hay cien desahucios al día”, recordaba hace poco el cineasta Juan Diego Botto en una entrevista con elDiario.es–. Las causas principales son perder el empleo (y con él, el dinero) y tener que empezar de cero.



El director general de la fundación Hogar Sí, José Manuel Caballo, considera que “es posible erradicar el sinhogarismo, pero hacen falta políticas transformadoras que pongan la vivienda en el centro y estén acompañadas de un presupuesto adecuado”. Porque la vivienda, es decir, un hogar, no deja de ser “el lugar donde sentirse seguro y protegido”, recuerda. Y carecer de ese refugio facilita convertirse en víctima “de la violencia y la discriminación”.

Hogar Sí calcula que con unos 120 millones de euros al año, podrían crearse 8.000 plazas para aquellos que no acceden a los albergues. Porque, a pesar de haberse incrementado en un 51% el número de centros de atención a personas sin hogar desde 2010 a 2020 (de 675 a 1.019), la demanda ha vuelto a saturar los recursos: la ocupación es casi la misma, 0,71% menos que hace diez años.



La encuesta demuestra que más del 50% han sido víctimas de algún delito o agresión. Insultos, palizas, o robos de sus pertenencias o su documentación.

Añadido al peligro de pasar horas y horas en la calle, estas personas ven su salud deteriorada. Más de un tercio padece alguna enfermedad crónica o grave. En 2012 era el 30%. Muchos admiten que soportan trastornos de salud mental. De hecho, casi el 60% de las personas con las que habló el INE presenta algún síntoma de depresión. 

]]> <![CDATA[El número de personas sin hogar en España sube un 25% en diez años]]> El número de personas sin hogar en España sube un 25% en diez años

Desde 2012, este grupo ha aumentado en más de 5.600 personas al pasar de unas 22.900 a más de 28.500 en 2022, según los últimos datos del INE

El código postal es más importante que el código genético: los devastadores efectos para la salud de no tener un hogar

Las personas sin hogar en España han crecido casi un 25% en los últimos diez años. Un incremento de más de 5.600 personas que han debido buscar refugio en centros asistenciales. Este colectivo ha pasado de 22.900 personas en 2012 a más de 28.500 en 2022, según los últimos datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística.

La encuesta del INE, que se ha actualizado después de una década, indica que más de la mitad de todas estas personas “presenta algún síntoma depresivo” y que casi un tercio se quedó sin hogar por “la necesidad de empezar de cero” tras llegar desde otro país. Al mismo tiempo, un cuarto de esas 28.000 personas se encontraron en esta situación porque había perdido su empleo, indica el Instituto.



A la hora de abordar esta situación, a pesar de que los recursos para acoger a personas sin hogar han crecido durante diez años, el nivel de ocupación –rayano con la saturación– de los centros donde pernoctan y son atendidos es prácticamente el mismo. La situación es la siguiente: aumenta un 50,96% el número de centros de atención a personas sin hogar en una década al pasar de 675 en 2010 a 1.019 en 2020. Sin embargo, apenas se refleja un descenso en la ocupación ya que, a nivel nacional, los centros únicamente están un 0,71% menos saturados que hace diez años.

Aunque tres cuartas partes del colectivo son hombres, la encuesta destaca el aumento de población femenina sin hogar. Si en 2012 la proporción de mujeres era del 19%, en 2022 ese porcentaje se ha colocado en el 23%. de 4.100 a más de 6.500 mujeres que viven en la calle.



Además, el sinhogarismo se da a partes iguales entre españoles y extranjeros. La edad media de estas personas, según el INE, está en los 42,9 años. Los más mayores, aquellos que superan los 64 años y están sin hogar, suponen el 5,5% de este grupo.

Con estos datos, la proporción de personas sin hogar por cada 100.000 habitantes en España se coloca en 86,6, aunque con grandes diferencias territoriales. Así, en Euskadi son más de 315 por cada 100.000 personas y en Navarra 214. Por encima de la media nacional se sitúan Cantabria, Castilla y León, Asturias, Galicia, Aragón , La Rioja, Andalucía y las ciudades autónomas Ceuta y Melilla.



Por debajo, cierra la lista la Comunitat Valenciana con solo 14,8 personas por cada 100.000 habitantes. También por debajo de la media se colocan Extremadura, Madrid, Baleares, Canarias, la Región de Murcia, Castilla-La Mancha y Catalunya.

]]> <![CDATA[El CIS eleva a cuatro puntos la ventaja del PSOE sobre el PP y recoge otra caída de Vox]]> El CIS eleva a cuatro puntos la ventaja del PSOE sobre el PP y recoge otra caída de Vox

El barómetro de octubre señala que el PSOE ganaría las elecciones con el 32,7% de los votos, cuatro puntos más que el PP y que su propio resultado en las elecciones generales de 2019



CIS octubre 2022

Estimación de voto CIS (en % sobre el total del voto válido)


El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) estima que si ahora se celebrasen elecciones generales, el PSOE ganaría con el 32,7% de los votos, cuatro puntos más que el PP y que su propio resultado en las elecciones generales de 2019. Así lo refleja el barómetro publicado este lunes, que recoge una nueva caída de Vox.

Si el mes pasado el barómetro devolvía a los socialistas a la primera plaza que habían perdido en los últimos meses, por el conocido como efecto Feijóo, ahora el CIS señala que el PSOE ensancha esa ventaja que hace un mes era de menos de un punto, pero que ahora se sitúa en los cuatro exactos. Es el resultado de la gran subida de los socialistas que señala el barómetro y de que el PP apenas logra sumar dos décimas más en un mes.

En ese tiempo, el PSOE ha pasado de obtener un 29,2% de los votos al 32,7% de este mes, un ascenso de tres puntos y medio en la que es una de las mayores subidas registradas en los últimos meses por el CIS. Ni el PP tras la elecciones de Alberto Núñez Feijóo logró ese ascenso de un mes a otro.

Esos datos colocan a los socialistas con un amplio colchón sobre el PP del que no disfrutaban desde hace meses. Además, con esos datos están también más de cuatro puntos por encima de sus resultados en 2019, cuando obtuvieron un 28% de los votos.



El CIS de octubre de 2022 en comparación con el 10N

Estimación de voto CIS (en % sobre el total del voto válido)


El partido de Núñez Feijóo, por su parte, solo logra sumar dos décimas desde el último barómetro. Si ahora se adelantaran las elecciones generales el PP obtendría el 28,7% de los votos, que aunque está por debajo de las estimaciones de los últimos meses, sigue siendo uno de sus mejores resultados. Está, además, muy por encima de los resultados que cosechó Pablo Casado en 2019, cuando dejó al PP en un 20,8% de los votos.

Unidas Podemos se afianza en la tercera posición, que durante meses se ha disputado con Vox, pero en la que ahora se consolida con un 12,7% de los votos, solo una décima menos que hace un mes. Aunque no está en sus mejores datos de la serie del CIS, el partido logra mantenerse lejos del suelo que tocó en mayo (9,6%).



Esos datos permiten a Unidas Podemos gozar de una ventaja de 2,5% respecto a Vox, que hace solo unos meses se situaba en la tercera posición con un colchón de casi siete puntos.

El descenso paulatino pero imparable de la extrema derecha se confirma en el barómetro de octubre. La formación de Santiago Abascal tocó techo en mayo con un 16,6%, pero desde entonces –con el fracaso en Andalucía y la crisis con Macarena Olona– el partido ha ido cayendo en estimación de voto hasta situarse ahora, y por primera vez, por debajo de la barrera del 10%.

Si ahora se celebrasen elecciones generales, Vox obtendría el 8,8% de los votos, lejos del 15,1% con el que se alzaron en los comicios de noviembre de 2019.

Por último, Ciudadanos sigue sin recuperarse. El partido que dirige Inés Arrimadas no logra superar la barrera del 3% y de hecho pierde una décima respecto a hace un mes, para quedarse con el 2,7% de los votos. Por debajo se sitúan ERC (2,1), PNV (1,2) y Más País (1,1).



Feijóo cae al tercer puesto en valoración

El líder del PP ya dejó de ser el más valorado en el barómetro de septiembre y ahora pierde también el segundo puesto. Feijóo es el tercer político mejor valorado con una nota de 4,42, pero le superan Pedro Sánchez (4,47) y Yolanda Díaz (4,71), que se mantiene como la mejor valorada.

Tras ellos, y ya por debajo del 4, están Íñigo Errejón (3,89), Inés Arrimadas (3,26) y Santiago Abascal (2,65).



]]> <![CDATA[La especulación de los fondos de pensiones europeos con las materias primas ceba la inflación]]> La especulación de los fondos de pensiones europeos con las materias primas ceba la inflación

Suman más de 37.600 millones en inversiones en productos básicos, que acrecientan la volatilidad de alimentos básicos como el maíz o el trigo, según una investigación internacional coordinada por Lighthouse Report en la que ha participado elDiario.es

Los grandes fondos cambian el ladrillo por el campo y se lanzan a comprar fincas rústicas como producto de inversión

El año 2022 está marcado por la guerra en Ucrania y sus efectos geopolíticos y económicos, como la inflación y las tensiones energéticas. Un conflicto que, además, llega después de dos años de pandemia global. En este contexto, algunos de los grandes fondos de pensiones europeos están invirtiendo miles de millones de euros en materias primas básicas, incluidos alimentos esenciales. Una inversión que provoca volatilidad y, al mismo tiempo, pone en riesgo los ahorros para la jubilación de millones de personas y aboca a otros tantos a la pobreza. Así se concluye de una investigación coordinada por la organización sin ánimo de lucro Lighthouse Report, en la que ha participado elDiario.es junto a otros medios europeos.

Solo grandes fondos de pensiones europeos han invertido en los últimos meses más de 37.600 millones de euros en derivados de materias primas. 

Esta conclusión resulta del análisis de 75 fondos de pensiones europeos, de Italia, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Reino Unido, Finlandia y España. La mayor parte de estos fondos indican que su política de inversión, expresamente, prohíbe la especulación con materias primas, incluidos alimentos. Sin embargo, 15 firmas reconocen invertir actualmente en este tipo de productos.

Un efecto arrastre que acrecienta la inflación de productos básicos donde España ha tenido un papel significativamente menor al de otros países europeos, porque el sistema público de pensiones esquiva esta apuesta por la inversión en los mercados y no liga las pensiones a la evolución de productos cotizados. Además, la exposición de los fondos de pensiones españoles privados a las materias primas –y más a los alimentos– es reducida, según indican las fuentes consultadas. 



Sin embargo, la fotografía global es muy diferente. Si se analiza lo ocurrido en las divisiones enfocadas en materias primas de los 12 mayores bancos de inversión, estas han sumado ingresos por valor de 10.900 millones de dólares (casi 11.200 millones de euros al cambio actual) durante los seis primeros meses de 2022, según los datos recopilados por Coalition Greenwich, que monitoriza el sector de la banca de inversión. Antes de la pandemia, en el conjunto de 2019, ese volumen de ingresos se quedó en 6.500 millones de dólares. De esta forma, estas divisiones especializadas en materias primas estaban al cierre del semestre en sus mayores niveles de ingresos de la última década.

Hay que tener en cuenta que esas inversiones incluyen cualquier tipo de materia prima, desde oro a productos energéticos y, también, a la alimentación. Una cesta que, según los expertos consultados, no conlleva compartimentos estancos, sino que hay influencia entre unas y otras. Por ejemplo, indican que invertir en futuros o derivados de alimentos como el maíz o trigo influye en la tendencia inflacionista global. También, que hacerlo en petróleo o en gas tiene un efecto similar por la dependencia que existe en la agricultura con los carburantes y con los fertilizantes, cuyos costes se han disparado. 

“No se ha prestado suficiente atención a los especuladores”

La influencia de los grandes inversores y de la especulación con los precios de las materias primas la ha apuntado, por ejemplo, la Conferencia de Naciones Unidas de Comercio y Desarrollo (UNCTAD, en sus siglas en inglés). “No se ha prestado suficiente atención al papel de los especuladores y al frenesí de las apuestas en contratos a futuros, los swaps de materias primas y los fondos cotizados en bolsa”, indica este organismo de la ONU.



“Los precios de las materias primas –sobre todo, alimentación y energía– se han mantenido alcistas durante gran parte de los dos últimos años, lo que ha supuesto un desafío para los hogares de todo el mundo. La presión al alza en el precio de los fertilizantes significa que el daño puede ser duradero ya que constituye el principal coste que tienen que afrontar los pequeños agricultores”, indica UNCTAD. “Aunque la guerra de Ucrania ha contribuido a esta situación, los mercados de materias primas llevan una década viviendo turbulencias”, añade.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) ahonda en los efectos de esta situación. Asegura que el efecto dominó provocado por la Guerra en Ucrania ha golpeado la actividad comercial ligada a la energía y a los alimentos, ha elevado los precios y ha roto las cadenas de suministro. Una situación que afecta más a los hogares en situación de pobreza o en riesgo de caer en ella. “Los resultados sugieren que el aumento vertiginoso de los precios de los alimentos y la energía podría llevar a la pobreza a 71 millones de personas, con claros puntos críticos en la cuenca del Caspio, los Balcanes y el África subsahariana (particularmente en el Sahel)”, indica en un reciente análisis sobre la crisis por el coste de la vida en países en desarrollo. 

La apuesta de los fondos de pensiones por las materias primas

La mayoría de fondos de pensiones europeos contactados en esta investigación periodística asegura que no invierte en materias primas y asume su preocupación por el efecto que pueden tener estas inversiones en la seguridad alimentaria global. Pero no todas las firmas dejan fuera de sus carteras las materias primas ligadas a la alimentación.

Eso ocurre con el gigante holandés ABP. Se trata del mayor fondo de pensiones de ese país, que gestiona una de cada seis jubilaciones, de trabajadores gubernamentales y del sector de la educación. Esta firma gestionó cerca de 34.000 millones de euros en el año 2021 y asume que el 30% de su cartera estaba centrada en materias primas alimentarias. Sin embargo, esta compañía no percibe que su apuesta haya tenido un efecto sobre la inflación global. “Apostar por futuros de materias primas no tiene un efecto alcista sobre los precios, ni siquiera en el mercado de materias primas agrícolas. Este punto de vista está respaldado por investigaciones académicas”, asegura ABP.

No opina lo mismo el economista holandés y profesor de la Universidad de Delft, Servaas Storm. “Esta argumentación no tiene sentido, ya que ABP, con estas inversiones, contribuye a una mayor inflación, a través de precios más altos de alimentos y materias primas”, asegura. Además, este efecto inflacionista también tiene consecuencias directas para los partícipes de estos fondos. “Esa mayor inflación, en particular de los alimentos, reduce el poder adquisitivo de los constituyentes de ABP: empleados y jubilados. En lugar de exacerbar el problema, ABP debería abogar por la regulación de los mercados de futuros de productos básicos, eliminando los efectos de los especuladores sobre los precios”, insta Storm.

“Los precios más altos de las materias primas, incluidos los alimentos, afectan más a los más pobres. Por lo tanto, la especulación tiene un coste social muy alto: las ganancias para los inversores, incluidos los fondos de pensiones, conducen a una mayor pobreza, mayor deuda, mayor desnutrición y mayor mortalidad [infantil] para el 20% o 30% más pobre de la población mundial. Esto refleja un fracaso dramático de la economía global y de la economía estándar que continúa justificando las ganancias de inversión especulativas basadas en la fe en la eficiencia de los mercados financieros”, explica el profesor de la universidad holandesa.

ABP no es el único fondo que desglosa sus posiciones en materias primas alimentarias. El británico National Employment and Savings Trust (NEST) ha más que duplicado sus inversiones en materias primas desde 2019. A finales de ese año, sumaba 275 millones de libras en este tipo de productos que, al concluir 2021, habían crecido hasta los 657 millones. La cuarta parte de estas inversiones están vinculadas a alimentos.

Andoni García, de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) explica que, tras la invasión de Ucrania por Rusia y el inicio de la guerra, el sector primario percibe un aumento de las operaciones especulativas. “Los mercados de futuros no tienen nada que ver con el mercado real. Hemos estado siguiendo los datos de la FAO [la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura] y no se puede decir que no haya un problema de falta de cereales”, apunta. Al mismo tiempo, indica que los precios para los productores se han multiplicado cerca de un 40%, lo que no sólo tiene consecuencias para los agricultores, también para los ganaderos. 

El funcionamiento de esta espiral inflacionista lo explica Ann Pettifor, economista británica y directora del Policy Research in Macroeconomics (PRIME). “Si tomas un activo que es finito, ya sea grano o energía: cuando una montaña de dinero apunta a ese activo finito, la montaña de dinero infla el precio”, argumenta. “Debido a la capacidad de movimiento de los capitales, a la globalización, a la financiación; hay demasiado dinero persiguiendo muy pocos bienes y se inflan los precios. Es el viejo monetarismo”, resume. 

Una situación que deriva en posibles problemas. “Hay una variedad de riesgos”, indica Pettifor. “Está el riesgo de la volatilidad del precio, en cuanto al valor del fondo de pensiones en sí y de sus activos; pero también hay riesgos en lo que le está haciendo a los mercados mundiales de alimentos. Y eso es peligroso, porque cuando subes los precios de los alimentos y hay gente que se muere de hambre, puede haber disturbios sociales”, alerta.

Reducida exposición de los fondos de pensiones españoles

España no es un gran motor de esta espiral inflacionista. La estructura, el modelo de gestión de la Seguridad Social evita esta apuesta por los mercados, las materias primas y la especulación que sí es práctica en otros mercados europeos. Por otro lado, los fondos de pensiones privados tienen una exposición “residual” a las materias primas, según desglosan las diferentes fuentes consultadas. La exposición puede ser residual, pero existe.

Inverco, la Asociación de instituciones de inversión colectiva y fondos de pensión, indica que en España hay registrados unos 1.400 fondos de pensiones, que canalizan el ahorro de casi 9,5 millones de españoles con un volumen total de patrimonio de en torno a 117.000 millones de euros. Esta asociación asegura que no hay información disponible sobre inversiones concretas en materias primas “y mucho menos de forma específica en alimentación”. Sin embargo, matizan que “la inversión directa de los fondos de pensiones españoles a este tipo de inversión es nula, y únicamente podría ser posible de forma indirecta a través de fondos de inversión que a su vez inviertan en commodities”. “En cualquier caso, a pesar de carecer de información, previsiblemente la exposición de los fondos de pensiones españoles a materias primas es muy baja y prácticamente residual”, recalcan.

En cuanto a firmas en sí, Santander Asset Management indica que la entidad “no ha tenido exposición a materias primas en 2021 y 2022”. Y BBVA, que su “inversión en materias primas es bastante residual”.

Caixabank, que comercializa los tres mayores fondos de pensiones españoles con un patrimonio de cerca de 14.000 millones de euros, explica con más detalle su exposición a las materias primas que, de nuevo, califica como “residual”. En este caso, sí cita un fondo: CaixaBank Destino 2026, cuyo patrimonio supera los 857 millones de euros y tiene más de 31.400 partícipes. “Invierte en materias primas mediante un fondo de gestión pasiva indexado al índice Bloomberg Commodity Index”, indican desde la entidad. “Con esta inversión se adquiere exposición a cada uno de los principales sectores de materias primas que están en este índice (energía, metales y productos agrícolas). La inversión se sitúa en el 2,7% del patrimonio total del fondo”, resumen. 

De ese porcentaje, “en torno a un 35% corresponde a materias primas agrícolas. Por lo tanto, menos del 1% del total de patrimonio de este fondo estaría invirtiendo en materias primas agrícolas de forma directa”, concluye Caixabank.

Mientras, Mapfre afirma que no invierte “directamente en materias primas”. “Nuestros folletos no lo permiten”, indican desde la aseguradora. “Si se abrieran, podrían tener un máximo del 5%”. Y Telefónica, que gestiona planes de pensiones y fondos de inversión a través de su participada Fonditel, explica que, por un lado, “en los fondos de pensiones tenemos una pequeña exposición a materias primas (commodities) inferior al 1%. Es una posición en oro”, aclara. Por otro, que Fonditel no tiene inversión en materias primas alimentarias y que no ha habido cambios en el último año. 

Otros fondos europeos son más claros al explicar las motivaciones de sus inversiones. Por ejemplo, la división belga de ING, que realiza contratos de derivados financieros por valor de 3.800 millones de euros. Esta entidad explica que su comité de inversión, “comprueba sistemáticamente que las orientaciones elegidas se inscriben en el marco de inversiones razonables. Es decir, que queden ”al margen de consideraciones puramente especulativas y evitando fondos con un apalancamiento significativo o basados ​​en inversiones en materias primas y/o agricultura“. 

El también belga Pension Fund Metal argumenta que “invertir en materias primas alimentarias no nos parece una categoría de inversión potencialmente atractiva. Si lo hacen los fondos de pensiones de los países anglosajones o de los Países Bajos, creo que es porque están hablando de volúmenes muy diferentes. Cuanto más amplia sea la cartera, más amplia puede ser la estrategia de inversión”, argumenta.

Se necesita más regulación

Esa complejidad y el tamaño de las carteras influye. “El sistema se ha vuelto más complejo y también se ha vuelto menos regulado y, como resultado, los fondos de pensiones están poniendo en riesgo el trabajo duro y los ahorros de millones de personas”, explica Ann Pettifor. “El riesgo es la volatilidad de esos mercados. El riesgo de devaluar los activos que tiene el fondo de pensiones. No quiero que mi fondo de pensiones se acerque a algo tan volátil como un mercado de materias primas, especialmente los de energía y alimentos”. “Se necesitan reinstalar controles al flujo de capitales, pero eso requiere una coordinación local”, concluye la economista.

Sin embargo, la UE parece decidida a avanzar hacia una mayor desregulación de los mercados financieros, según explica Sirpa Pietikäinen, europarlamentaria finlandesa, que forma parte del Comité de Asuntos Económicos y Monetarios. La directiva financiera Mifid se estableció a raíz de la crisis financiera de 2007-2008, para frenar la especulación excesiva con materias primas pero, con el paso de los años, la presión por parte de las instituciones financieras la han suavizado. El año pasado, las enmiendas al marco actualizado, MiFID II, la han debilitaron aún más. Un marco que actualmente está en proceso de revisión. “Ahora estamos en una economía de guerra y las empresas no pueden con toda la carga administrativa, por ello necesitan una mayor desregulación”, asegura Pietikäinen. Ella en cambio se muestra a favor de la regulación. “Si no hay reglas siempre prima la ley del más fuerte y yo eso no lo quiero”. 

La eurodiputada finlandesa también explica que el Parlamento Europeo está tratando de eliminar las restricciones ambientales sobre el uso de fertilizantes y pesticidas ante los problemas de producción de alimentos. “No va a haber escasez. La cuestión es el precio”, recalca y, para prevenir la especulación, insta, sería conveniente una mayor regulación.

Esta investigación ha sido coordinada por Lighthouse Reports. En ella, además del elDiario.es han colaborado Follow the Money (Holanda), Apache (Bélgica), OpenDemocracy (Reino Unido), EU Observer, Il Bo Live (Italia), LongPlay (Finlandia).

]]> <![CDATA[La subida de las pensiones resucita el debate sobre su viabilidad con un “falso conflicto" entre jóvenes y mayores]]> La subida de las pensiones resucita el debate sobre su viabilidad con un “falso conflicto" entre jóvenes y mayores

Se contrapone la precariedad de la juventud al aumento de las pensiones, un supuesto enfrentamiento entre generaciones que parece abocar a tener que elegir entre la protección de uno u otro

Los Presupuestos, partida por partida: así se gastará nuestro dinero en 2023

El debate público ha coronado a dos grandes protagonistas de las cuentas públicas de 2023. Los pensionistas y los jóvenes, que muchos discursos enfrentan como dos actores opuestos en clave de “conflicto intergeneracional”: el Estado protege a los primeros e “hipoteca” o condena a los segundos. La confrontación es recurrente y, aunque se basa en algunas cuestiones ciertas como la precariedad de los jóvenes y el reto demográfico de las pensiones por el retiro de los baby boomers, se utilizan para enfrentar a ambos colectivos. De fondo, se pone en cuestión la viabilidad del sistema público de pensiones. 

“Lo primero que haría es no hablar de conflicto”, recomienda Marga León, profesora de Ciencia Política de la UAB. “Parece que el problema de los jóvenes se solucionaría al reducir la pensión a los jubilados, y eso no es así. Hay que recordar además que una parte muy importante de las pensiones saca a la población de avanzada edad de la pobreza, que sin ellas no podrían vivir”, recuerda la docente universitaria, que sí considera que hay un debate intergeneracional relevante sobre el Estado del Bienestar en una sociedad más envejecida en el medio plazo, pero no desde el enfoque del enfrentamiento.

En esta ocasión, estos discursos han vuelto a la palestra por la subida de las pensiones según la inflación en los Presupuestos de 2023. Se trata de la revalorización anual pactada por la inmensa mayoría de los grupos políticos en la reforma de pensiones, para que los jubilados no pierdan poder adquisitivo. Sin embargo, los precios disparados a niveles récord desde hace 40 años han elevado mucho el alza en este año excepcional, con una estimación de aumento del 8,5%. 



El importante aumento ha generado dudas en diversos ámbitos, sobre todo en relación a las pensiones más altas, que algunas voces consideran que deberían incrementarse algo menos. Además, ha reavivado las voces críticas que consideran que el sistema de pensiones es insostenible, más presentes en la derecha y en ámbitos económicos liberales, que son los que más abanderan el relato de “conflicto” entre mayores y jóvenes.

Una muestra resonaba en el Congreso esta semana, a través de la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que acusaba al Gobierno de agrandar una “brecha” entre generacionales e “hipotecar” el futuro de los jóvenes por el alza de las pensiones.

Solo se cuestionan las pensiones

“Es llamativo cómo se singulariza siempre a los pensionistas”, advierte Miren Etxezarreta, catedrática emérita de Economía Aplicada de la UAB (Universidad Autónoma de Barcelona). La especialista llama la atención sobre que no se escuchen peticiones para no elevar los salarios a los funcionarios con mayores remuneraciones o a los propios diputados, el salario en el Gobierno o a los altos cargos público con sueldos elevados dada la excepcionalidad del momento. Pero, de manera muy extendida, se cuestiona que se revaloricen las pensiones y en especial las más altas, subraya.

Etxezarreta recuerda que los pensionistas que cobran la pensión más alta, de unos 2.800 euros brutos al mes, son una minoría y “no somos unos privilegiados, hemos cotizado durante toda su vida por cantidades muy por encima en algunos casos”. En cualquier caso, más de la mitad de las pensiones se encuentran por debajo de los mil euros, subraya.



“No es un conflicto, es una realidad”, defiende por su parte José Ignacio Conde-Ruiz, economista de Fedea. La población “no se puede seguir jubilando como en los 90, cuando la esperanza de vida era mucho más baja, había más de tres trabajadores por jubilado y el sistema de pensiones tenía importantes superávits. Eso ya no existe, ese mundo no existe”, reitera el que también fuera miembro del comité asesor de la reforma de pensiones de 2013 de Mariano Rajoy y que hoy forma parte del foro de expertos del Instituto Santalucía.

En los próximos años el sistema se enfrenta el reto de la jubilación de la numerosa generación del baby boom, que fue sucedida por otras muy inferiores. El resultado: la tasa de dependencia de mayores –población con más de 66 años sobre la total en edad de trabajar– se duplicará, pasando del 26% actual al 53% en 2050, el año de mayor tensión, según estima la Autoridad Fiscal (AIReF).

Con este marco, la mayoría de los discursos sobre el conflicto intergeneracional concluyen la insostenibilidad del sistema de pensiones y la solución que se antoja casi como inevitable es reducir el gasto. Es decir, la disminución de las pensiones.

Hay más soluciones que el recorte

Otra visión se centra en la actuación sobre los ingresos del sistema y no solo en la limitación del gasto. “Hay que reflexionar también respecto a que los salarios más altos deban cotizar más del máximo actual”, destaca Olga Cantó, catedrática de Economía de la Universidad de Alcalá de Henares, ya que en España los sueldos más elevados cotizan menos (están “más topados”) que en otros países europeos.

“Además lo importante es el poder adquisitivo y los pensionistas más ricos, que tienen renta y riqueza, y una opción es revisar la desgravación del 60% para alquilar sus propiedades, por ejemplo”“, añade Cantó, una de las expertas que ha formado parte del comité asesor para la reforma fiscal que formó el Ejecutivo de coalición.

En este Libro Blanco, se advierte de la desigualdad de riqueza entre la población más joven y la de mayor edad, una cuestión que la catedrática considera de gran relevancia para los próximos años y que podría abordarse a través de una reforma del sistema fiscal, por el que las personas con más riqueza acumulada aporten más a las arcas públicas. “Se habla de quienes reciben la pensión máxima, pero no todos los pensionistas son iguales. No es lo mismo recibir solo una pensión que hacerlo tener tres pisos alquilados, por ejemplo”, sostiene la economista, investigadora sobre temas de pobreza y desigualdad.

“Algunos de los que se refieren a pensionistas y funcionarios como unos privilegiados son los mismos que bloquean la negociación colectiva en los sectores privados o defienden la desaparición de los impuestos de patrimonio, sucesiones o donaciones”, destaca también el sindicalista Joan Coscubiela en este artículo.

¿Se defiende de verdad a los jóvenes?

Jennie Bristow, doctora en Sociología, desmonta en su libro ‘Stop Mugging Grandma' ('Deja de atracar a la abuela') los discursos de guerra intergeneracional, centrados en este caso en el Reino Unido. “Quitar dinero de las pensiones no significa necesariamente que esos recursos se vayan a redistribuir. En realidad, son políticas de reducción del gasto público. Y esto también perjudica a la gente joven, porque se rebajan las expectativas de los que accederán a las pensiones en un futuro”, explicaba Bristow en una entrevista en El Confidencial.

La socióloga señala además al emisor de estas quejas y relatos, que no suelen ser los jóvenes. En España, tampoco. El Consejo de la Juventud de España (CJE), la mayor entidad de organizaciones juveniles del país, se desmarca de estos discursos. “Lo vemos totalmente diferente: una cosa no quita la otra, que se mejore la vida de la gente más mayor a través de las pensiones no es excluyente ni incompatible con las políticas enfocadas a la juventud”, reivindica Andrea Henry, actual presidenta del CJE.

“La verdad es que nos molesta esta situación, porque se habla por nosotras sin saber nuestra realidad ni lo que pensamos. No vemos ningún conflicto”, indica Andrea Henry, que reivindica medidas de gran incidencia para los jóvenes como la subida del salario mínimo, ampliar el ingreso mínimo vital a los menores de 23 años y políticas públicas que faciliten el acceso a la vivienda.

Rechazando el marco del enfrentamiento, especialistas en el Estado del Bienestar como Marga León y Olga Cantó sí ponen el acento en la necesidad de poner números sobre la mesa y analizar cómo sufragar las políticas públicas que queremos para los próximos años con una población más envejecida y menos trabajadores. ¿Es posible mantener el actual sistema de pensiones? “Claro que es posible, con voluntad política. Es posible lo que se desea hacer”, sostiene Olga Cantó, pero se han de poner medidas, considera.

Atender al aumento del gasto en pensiones, que en relación al PIB se situará al nivel de otros países europeos, requerirá de más ingresos procedentes de impuestos y aquí sí, las especialistas exigen un debate riguroso. “En España tenemos menos presión fiscal que muchos países europeos. Creemos que se pueden hacer muchas más cosas si aumentamos la recaudación”, considera también la presidenta del Consejo de la Juventud. La catedrática Miren Etxezarreta coincide en que se podrían garantizar los fondos necesarios mediante una “reforma fiscal” ambiciosa, “para que el sistema de impuestos sea más redistributivo, eficiente y justo”. 

Hay otras dos variables que merecen una apuesta decidida, destaca Ángel Talavera, economista jefe para Europa de Oxford Economics: el aumento de la natalidad y de la inmigración. “Si no somos capaces de revertir la situación (de intenso envejecimiento), en una décadas España tendrá una pirámide poblacional cada vez más parecida a la de un hogar de jubilados”, advierte.

]]> <![CDATA[La Fiesta del Cine da aire a las salas pero se queda lejos de los datos previos a la pandemia]]> La Fiesta del Cine da aire a las salas pero se queda lejos de los datos previos a la pandemia

Durante estos días han acudido un total de 1.291.799 espectadores, un 82,2% más que la última edición, pero una cifra lejana a las obtenidas en 2019

Cultura contratará 600 funcionarios para “los presupuestos más ambiciosos de la historia”

Las salas de cine se enfrentaban a su Fiesta más importante. El último trimestre es clave para ellas, con los grandes estrenos buscando hueco y el buen tiempo diciendo adiós. 2022 ha demostrado que la recuperación está siendo más complicada de lo que parecía. La gente no ha vuelto a las salas tan rápido como se pensaba, o directamente no ha vuelto. Las formas de consumo han cambiado y el nuevo modelo es volátil. Los propios responsables reconocían en su presentación que confiaban en que los datos de esta edición fueran mejores que los de mayo, y que en este momento la recaudación anual se encontraba un 40% por debajo de los datos de 2019, antes de la pandemia.

Los datos provisionales ofrecidos por la consultora Comscore de esta XIX edición de la Fiesta del Cine -durante la cual se ha podido ir al cine a 3,5 euros- hacen que, de momento, los exhibidores y distribuidores respiren tranquilos. Durante estos días han acudido un total de 1.291.799 espectadores, un 82.2% más que la última edición celebrada en mayo cuando se vendieron 704.927 entradas. Eso sí, con un día más. La fiesta del cine de este octubre se celebró de lunes a jueves, mientras que las anteriores fueron tres días. Esto se hizo para hacer coincidir el evento con la celebración del Día del Cine Español y además estrenar ese día Los renglones torcidos de dios, que adelantó una jornada su llegada y triunfó en su primer asalto a las salas. Se palia también así el efecto del fútbol, uno de los mayores enemigos de la salas. Los partidos de martes y miércoles siempre afectan, y con ese día extra se compensó una posible pérdida de espectadores potenciales. 



La Fiesta del Cine arrancó el lunes 3 de octubre con una asistencia de 201.013 espectadores. El martes, segundo día de la campaña, la asistencia a cines registró un total de 282.864 espectadores. El miércoles la asistencia siguió incrementándose hasta los 408.776 espectadores para finalizar el último día de la campaña, el jueves 6 de octubre, día del cine español, con un total de 399.146 espectadores. Smile ha sido la película más vista de esta edición, seguida del reestreno de Avatar y Modelo 77. Cuatro películas españolas se sitúan en el top 10 de esta nueva edición: Modelo 77, Tadeo Jones 3: La tabla esmeralda, La vida padre y Los renglones torcidos de Dios -solo con un día en las salas-. 

Lejos de la normalidad

Esos 1.291.799 espectadores son una buena cifra comparada con mayo, pero están lejos de los datos de 2019. En aquel curso pre pandemia -y muy bueno para el cine- se registraron 1.825.800 espectadores en la edición de mayo y 2.291.606 en la de octubre, la segunda cifra más alta de la historia de la Fiesta del Cine. Los datos de esta ocasión se parecen más a los de octubre de 2018, una de las ediciones otoñales más bajas cuando se vendieron 1.339.946 entradas. Hay que ir hasta el año 2012, cuando todavía se celebraba una edición, para ver una cifra tan baja, en aquel momento fueron 763.156 espectadores.



Por tanto, estos datos muestran que la Fiesta del Cine ha dado aire y resucitado un poco a las salas, pero que el interés por ellas está lejos del suscitado en otras ocasiones. Un asunto que preocupa en el Ministerio de Cultura. Iceta lo ha dejado claro en la rueda de prensa de los presupuestos generales para 2023 en los que hay una partida de 14,5 millones de euros para ayudar a las salas, una cantidad mayor que la del curso anterior. Además, otra partida esta destinada para que las Comunidades Autónomas lo destinen a la recuperación de públicos. 

La fiesta del cine ha devuelto a los espectadores de forma momentánea a las salas de cine, pero ahora queda por comprobar si ese efecto se traslada al resto de días, ya que el motivo fundamental de su celebración es devolver la afición de ir a las salas de cine en un momento donde esa actividad ha dejado de ser tan habitual. Este fin de semana será el primer examen, con la llegada de En los márgenes y Los renglones torcidos de dios como grandes buques de nuestro cine.



]]> <![CDATA[El 90% de los colegios concertados cobra cuotas a las familias pese a que lo prohíbe la ley]]> El 90% de los colegios concertados cobra cuotas a las familias pese a que lo prohíbe la ley

Catalunya, Madrid y Euskadi son las comunidades donde más caros son estos pagos, que en tres de cada cuatro casos no son voluntarios, según denuncian los colegios privados y las Ampas de la escuela pública

La financiación de la educación concertada subió un 25% en diez años mientras se estancó la de la pública

Buscador - Consulta las cuotas que cobran centros concertados de Madrid, Catalunya, Andalucía, Euskadi, Galicia, Comunitat Valenciana o Aragón

Nueve de cada diez colegios privados concertados –teóricamente gratuitos por estar sostenidos con fondos públicos– cobran cuotas a las familias. En tres de cada cuatro de estos centros estas aportaciones son obligatorias, pese a que la ley las prohíbe explícitamente, según el VII estudio de cuotas y precios de colegios concertados, elaborado por la Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae) y la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Ceapa). En uno de cada dos colegios la cuota es superior a los 100 euros mensuales.

Catalunya se mantiene un año más como la comunidad donde más se paga por acudir a un centro privado pagado con fondos públicos. Son 191 euros mensuales de media, algo menos de los 200 detectados el año pasado. Euskadi, con una subida del 60% respecto a 2020 para llegar hasta los 160 euros por familia y mes, y Madrid (119 este año frente a 100 el curso anterior) completan el podio. Estas comunidades son también las tres únicas en las que en el 100% de los casos estudiados la cuota era obligatoria, o al menos así se le traslada a las familias que se interesan por estos centros. Navarra, la habitualmente cuarta comunidad en cuestión por presencia cuando se habla de escuela concertada, se ha quedado fuera del estudio este curso.



En el otro extremo, Aragón (38 euros mensuales de media), Andalucía (42) o la Comunitat Valenciana (74) tienen los precios más bajos.

Una vez al año, esos dos en teoría grupos tan distantes como son los colegios privados y las familias defensoras de la escuela pública se alían contra un enemigo común: la escuela concertada. Para los centros de iniciativa particular los colegios concertados son competencia desleal: privados como ellos, pero teóricamente gratuitos para las familias por estar financiados por el Estado (o a un coste muy inferior al de mercado, si se consideran las cuotas). Para las Ampas de la pública son un cuerpo extraño en el ecosistema público que detrae fondos de los centros de titularidad estatal –casi 7000 millones de euros se destinaron en 2020 a la concertada– para pagarle la educación privada a familias casi siempre acomodadas, ampliando la segregación en el sistema. En España había en el curso 2020-2021 un total de 5.402 colegios concertados, uno de cada cinco de todo el sistema. La casuística de los centros es variada: está desde el St Paul's catalán, que pide 923 euros cada mes, hasta los que no demandan nada.



Un artículo entero incumplido

El artículo 88 de la Lomloe dice: “Para garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos sin discriminación por motivos socioeconómicos, en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumnos. (...) Las actividades complementarias que se consideren necesarias para el desarrollo del currículo deberán programarse y realizarse de forma que no supongan discriminación por motivos económicos. Las actividades complementarias que tengan carácter estable no podrán formar parte del horario escolar del centro”.

La concertada incumple este artículo íntegramente, denuncian Cicae y la Ceapa. Y además lo hacen con la connivencia de la administración, según Elena Cid, directora general de la asociación de centros privados. “Lo grave es que las cuotas son autorizadas por la autoridad educativa. Los colegios solicitan de manera anual permiso para cobrar estas cuotas, indican conceptos y precios y la administración lo autoriza. Pedimos que las administraciones no autoricen estas cuotas. No se está garantizando el derecho de las familias a la educación gratuita y esto es discriminatorio”, añade.



Los centros cobran por conceptos variados. O al menos así lo explican. Y se informa a quien plantea dudas acerca del pago de que su hijo se quedará sin realizar cierta actividad o tendrá que salir del centro durante algunos momentos del día, en muchas ocasiones en mitad de la jornada escolar, según asegura el estudio, realizado por la consultora Garlic B2B bajo la técnica del cliente misterioso (gente haciéndose pasar por familias interesadas en los centros) y respalda la documentación aportada por la compañía.

“No son complementos extracurriculares en los que las familias puedan decidir si apuntan a sus hijos o no”, explica Cid. “Son cuestiones como el inglés, comprensión lectora, talleres de cálculo matemático... Muchos [colegios] ponen denominaciones en inglés para que no parezcan las asignaturas propias”, pero no dejan de serlo, añade. Además, según denuncia, muchas de estas actividades se realizan durante la jornada escolar, lo que deja de facto a las familias sin capacidad de elección.

Amparo Muñoz, directora de proyectos de la consultora, ha explicado durante la presentación del informe que han tenido muchos problemas para recabar la información: “Tenemos dificultad para conseguir información que indique claramente a las familias las tarifas y aportaciones que tienen que hacer, en concepto de qué las cobran, los horarios o los contenidos que justifican su pago. En algunos casos debemos insistir hasta en 10 ocasiones a los colegios, en otros entregan una información comercial muy completa, pero no incluyen la de la cuota, y un 44 % de los centros no llega a entregarnos ningún documento con los precios de las cuotas complementarias”.



En este contexto de mínima transparencia, los colegios justifican que las cuotas suplen la infrafinanciación que denuncian sufrir, pese a que la partida de fondos públicos que se desvía a la concertada ha subido un 20% en diez años mientras el alumnado matriculado se mantenía estable en torno a dos millones de estudiantes. Así, cuentan estos centros a las familias, los pagos cubren “actividades complementarias” (sostienen un 19% de los colegios), el proyecto educativo (4%), es una aportación (39,46%) o directamente le llaman cuota (37,41%.).

“Curso tras curso no se pone freno a este negocio”, ha lamentado Leticia Cardenal, vicepresidenta de Ceapa. “Hay colegios que negocian por una hora lectiva extra, otros que piden aportes económicos importantes. Las autoridades deben tomarse esto más en serio, no puede ser que estemos denunciando año tras año que unos pocos se hagan ricos a costa de la segregación del alumnado con colegios sostenidos por todos”.

El estudio incluye ejemplos. En el colegio Alkor, de la Comunidad de Madrid, explicaron a la supuesta familia que “se trata de un colegio concertado. Que los padres debemos ser conscientes del colegio que queremos matricular a nuestros hijos y que si queremos un colegio con la infraestructura, servicios y proyecto como el del Alkor, debemos asumir el precio”. En el Vedruna Tordera de Catalunya se comentó que “es un colegio concertado, no es 100% privado, en régimen mixto, quiere decir que parte de la cuota la paga la familia y otra parte la Generalitat”.

Con las sociedades mercantiles hemos topado

Elena Cid ha explicado que han detectado dos tipos de colegios. “Los colegios benéfico-docentes o de entidades religiosas (que son la mayoría de los concertados) suelen cobrar cuotas más bajas y las entidades mercantiles más elevadas”, sostiene. Estas últimas conforman lo que en Madrid se ha venido a llamar “la nueva concertada”, que se arrimó al sector educativo al calor de las cesiones de suelo público gratuitas que empezó a hacer Esperanza Aguirre en la región a principios de siglo.

Contraviniendo la ley entonces vigente, la Comunidad de Madrid hacía concursos (o acciones dirigidas a dedo) para construir colegios en terrenos públicos gratuitos que venían ya con el concierto desde su concepción, una práctica ilegal que alimentó la red corrupta que acabó con el vicepresidente Francisco Granados en prisión. “En Madrid hubo un antes y un después con la cesión de suelo público y la entrada de entidades mercantiles en estos concursos, que ponían la excusa de que tenían que financiar y el concierto no sufragaba el edificio y entonces tenían que cobrar”, sostiene Cid. Estos grupos, habitualmente titulares de varios centros, están compuestos por entramados de empresas que reparten dividendos, pagan fortunas a sus directivos o incluso invierten en fondos.

*El Colegio Alemán de Bilbao (que aparecía en el buscador como Alemán San Bonifacio) fue incluido en la lista de centros por error, se ha retirado porque es un colegio privado sin concierto.

]]> <![CDATA[Todo vuelve a la normalidad en el turismo salvo los precios, que suben un 16%]]> Todo vuelve a la normalidad en el turismo salvo los precios, que suben un 16%

Las tarifas de los hoteles han crecido en todas las comunidades autónomas y donde más se han incrementado es en Andalucía (18,5%), Asturias (23%) y Baleares (17,3%)

El turismo es inmune a la inflación: alta demanda, precios de 2019 y tirón en los viajeros con alto poder adquisitivo

El verano de 2022 va a ser recordado como el de la vuelta a la normalidad en el sector turístico, al menos en lo que a la ocupación hotelera se refiere. Sin embargo, hay datos que no solo apuntan que se han vuelto a alcanzar los niveles previos a la pandemia, sino que están considerablemente por encima: los precios de los hoteles. Un factor coste que ha tenido una implicación directa en la evolución de la inflación durante estos últimos meses.

El análisis realizado por elDiario.es sobre los datos de Coyuntura Turística Hotelera que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) pone de relieve que, si se ven en conjunto junio, julio y agosto, se rozan los niveles de ocupación de 2019, con un 2,8% menos de pernoctaciones en estos establecimientos y un 0,99% menos de viajeros que en el último año anterior a la COVID-19.

Además, no hay prácticamente diferencias en cuanto a la duración de las estancias porque, de media, estas se mantienen prácticamente en el entorno de las 3,5 noches, tanto en el verano de 2019 como en este ejercicio.

En cambio, si se comparan los valores, la evolución de la tarifa media diaria nacional del verano de 2022 -junio, julio y agosto- está muy por encima de los niveles previos al coronavirus. En concreto, en estos tres años ha aumentado un 16,1% y ha pasado de los 101,84 euros que se pagaban de media en el verano de 2019 a los 118,2 euros de este año.



Esta evolución de los precios medios diarios a escala nacional ha derivado en que el sector hotelero haya registrado un 14,6% más de ingresos por habitación disponible a lo largo de este verano en comparación con 2019.

Un repunte que ha sido especialmente significativo en el mes de agosto, ya que se han superado en un 16,9% los datos de ingresos de 2019, gracias a la citada evolución de la tarifa media diaria.



También hay claras diferencias con respecto a la recuperación del turismo nacional frente al extranjero. El primero ya ha superado los niveles de hace tres veranos, ya que los datos publicados por el INE indican que hay un 2,9% más de pernoctaciones de viajeros españoles que pasan aquí sus vacaciones.

En cambio, la evolución de quienes se alojan en hoteles españoles y proceden de otros países, durante los tres meses estivales, está casi un 6% por debajo de los datos previos a la pandemia. 



Hay que tener en cuenta dos factores. Por un lado, que 2019 fue el mejor año del turismo en España. Es decir, se está comparando los datos de un año postpandemia, con apetito por viajar, con los mejores datos de la historia. Por otro, que el turismo procedente de países asiáticos, según han indicado en los últimos meses desde el sector, aún está lejos de recuperar el ritmo previo a la COVID-19.

Diferencias por comunidades autónomas

El análisis también permite constatar que todas las comunidades han visto crecimientos de los ingresos de sus establecimientos hoteleros, aunque no todas en la misma proporción. Donde menos han crecido, en Murcia y Madrid. Este últime es, precisamente, un mercado turístico que depende en gran medida de los viajeros asiáticos. 

En el extremo contrario, Illes Balears, ha registrado un crecimiento de ingresos por habitación disponible de más del 16%, como se muestra en el siguiente gráfico. 



Suben los ingresos porque en todas las comunidades autónomas se observa un crecimiento de la tarifa media diaria de los hoteles que han ofertado los hoteles. Donde más han subido precios: Andalucía (18,5%), Asturias (23%) y Baleares (17,3%).

En cambio, los menores crecimientos se han registrado en Murcia (6%), Castilla-La Mancha (6,8%) y Extremadura (9,7%). 



Este detalle autonómico permite ver que, al margen de los ingresos y de cómo hayan evolucionado los precios, hay 16 provincias que ya han superado los niveles de ocupación que tuvieron en 2019.

Illes Balears, por ejemplo, no los ha superado, pero está prácticamente empatada con los datos de ocupación de hace tres años. Lo mismo ocurre con Alicante o con Cádiz. En cambio, A Coruña está un 13% por encima; y Gipuzkoa, un 14%.



Ese análisis regionalizado de cómo han variado las pernoctaciones en cada punto turístico este verano, de nuevo durante los meses de junio, julio y agosto, respecto al mismo periodo de 2019, constata que 39 de los 105 puntos turísticos analizados han mejorado sus cifras de ocupación hotelera en comparación a las del verano de 2019. 

Donde más ha aumentado la ocupación es en Tarragona (20,3%), la localidad Asturiana de Llanes (19,5%) y Donostia (17,9%).



En el siguiente gráfico se puede comprobar cómo ha cambiado el turismo después de la pandemia en los distintos puntos turísticos que desglosa el INE. Y cómo ha evolucionado la tarifa media diaria (TMD) de los establecimientos hoteleros. En concreto, los puntos turísticos donde estas han sido más elevadas en los últimos tres meses de verano han sido Marbella (265,9€), Estepona (229,9€) y Donostia (203,2€).



La evolución de la ocupación y de los precios que marcan las hoteleras también conlleva tarifas en función de la categoría de los establecimientos. Si bien independientemente del número de estrellas, en todos hay subidas de precios, los de cinco y los de una estrella son los que registran mayores aumentos, próximos al 23% en la medida de junio, julio y agosto. 

En cambio, los hostales y pensiones, así como los hoteles de tres estrellas han registrado las subidas de menor rango, del 13% de media.



Esta evolución ha llevado a que el sector vea de forma positiva la evolución de este verano, a pesar de que también hay nubes en el horizonte. Por ejemplo, qué pasará en otoño e invierno en un escenario inflacionista como el actual, si habrá o no apetito por viajar.

También, la situación en la que está el empleo. Turespaña, que depende del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha publicado datos hasta julio. Ese mes, los afiliados en alta laboral vinculados a actividades turísticas aumentaron un 5,6% interanualmente, alcanzando un total de 2.702.645 afiliados a la Seguridad Social. En esos 31 días, los afiliados vinculados a actividades turísticas aumentaron interanualmente en términos absolutos en 143.524 trabajadores en alta laboral.

Una recuperación en datos de ingresos, de ocupación y de empleo que, sin embargo, también exige vigilar el modelo laboral. Este viernes, el sindicato CCOO reclamó que las empresas turísticas siguen “sin apostar por el empleo de calidad, la formación, el empleo indefinido y pagar salarios acordes con sus beneficios e incremento de precios”, indica a través de un comunicado. “Desde CCOO se reclama a la Administración una especial vigilancia, a través de la actuación inspectora y sancionadora, de la evolución de los datos efectivos de contratación fija discontinua, incluyendo el periodo de llamamiento y tiempo de trabajo efectivo, a fin de evitar que dicha figura se convierta en una 'puerta trasera' para perpetuar la precariedad del sector”, reclama el sindicato.

]]>