Una ambulancia se abre paso a través del caótico depósito de mercancías del aeropuerto internacional de Dhaka y hace un complicado recorrido entre carros repletos de cajas, hombres que transportan rollos de tela y camiones que entran marcha atrás en los muelles de carga. Se detiene y, poco después, de entre las altísimas pilas de mercancías, sale un ataúd. Luego otro. Y otro más. Los cuerpos de diez trabajadores migrantes vuelven de Arabia Saudí a sus familias en Bangladesh.

Khadija Begum es una de las personas que se ha desplazado hasta el aeropuerto para recibir los féretros. Su marido, Abdul Jalil Shaikh, de 35 años, se fue a trabajar a Arabia Saudí a principios de 2023. Se marchó con los sueños de su familia a cuestas y ahora regresa en un ataúd de madera. También vuelve con él la mayor parte de una deuda de 500.000 takas (unos 4.400 euros), el precio que pagó a una agencia de contratación para conseguir el trabajo.

La única información oficial que tiene su familia sobre su muerte es un certificado de defunción y un documento de la Embajada de Bangladesh en Arabia Saudí pegado a la tapa del ataúd: “Causa de la muerte: natural. Postmortem: no deseada. Indemnización: no”. La mayoría de los otros nueve ataúdes tienen un papel idéntico.

Begum no entiende qué pudo pasar. Ha conseguido hablar con algunos de los compañeros de trabajo de su marido, que le han dicho que murió de un derrame cerebral pero, sin una autopsia, la familia nunca sabrá qué le causó realmente una muerte tan repentina. Ni Arabia Saudí les indemnizará. Begum es ahora la única que mantiene a sus dos hijos y la deuda de su difunto marido con la agencia ha pasado a ser su responsabilidad. “No tengo ni idea de lo que me depara el futuro. Tengo un gran problema y no sé qué hacer”, lamenta.

Hombres jóvenes y sanos

Jalil forma parte del medio millón de bangladeshíes, muchos de ellos varones jóvenes y sanos, que dejaron a sus familias para buscar trabajo en Arabia Saudí en 2023. Según Shariful Hasan, director asociado del programa de migración de Brac, una agencia de desarrollo bangladeshí, el flujo de trabajadores de Bangladesh al reino del Golfo Pérsico aumentará drásticamente si la FIFA confirma oficialmente la organización de la Copa del Mundo de 2034 a Arabia Saudí, el único país candidato a albergarla.

Sin embargo, para miles de migrantes, el viaje es sólo de ida. Según los registros del Gobierno bangladeshí, entre 2008 y 2022, al menos 13.685 bangladeshíes murieron en Arabia Saudí. Sólo en el año 2022 murieron 1.502, a un ritmo de más de cuatro al día.

No queda claro si la tasa de mortalidad está dentro de lo esperable, teniendo en cuenta el gran número de bangladeshíes que emigran a Arabia Saudí. Sin embargo, una investigación del periódico The Guardian revela que la mayoría de las muertes parecen no tener explicación y, en los certificados de defunción emitidos por las autoridades saudíes, son atribuidas a “causas naturales” o, en algunos casos, a “paro cardíaco” o “paro respiratorio”, lo que hace pensar que no se ha intentado investigar las causas subyacentes.

Según los registros oficiales, entre enero y octubre de 2022, las autoridades bangladeshíes consideraron que fueron “naturales” el 76% de las muertes de sus ciudadanos en Arabia Saudí, basándose en documentos facilitados por las autoridades del reino. La larga lista de fallecidos incluye a hombres de entre 50 y 60 años pero, en muchos casos, los fallecidos eran, como Jalil, hombres jóvenes. La edad media de aquellos cuyas muertes fueron clasificadas como naturales en 2022 era de 44 años. La esperanza de vida de los hombres en Bangladesh es de 71 años.

“Términos como 'paro cardíaco' no proporcionan información sobre la causa subyacente de la muerte y no deberían aparecer en un certificado de defunción”, señala un informe sobre las muertes de trabajadores migrantes en el Golfo Pérsico elaborado por el grupo de derechos humanos FairSquare, que estima que más del 50% de las muertes de trabajadores migrantes en el Golfo no tienen una explicación clara.

Los grupos de derechos humanos afirman que otros factores, como las duras condiciones de trabajo y de vida, la explotación, el estrés y la insolación, podrían estar contribuyendo a la tasa de mortalidad. Los trabajadores bangladeshíes sólo pueden ir a trabajar a Arabia Saudí si han pasado un reconocimiento médico en un centro autorizado por las autoridades saudíes, explica Hasan y afirma que el número de muertes de bangladeshíes en suelo saudí atribuidas a causas naturales resulta alarmante.

Están sanos cuando se van, así que ¿por qué iban a morirse?

Shariful Hasan — director asociado del programa de migración de Brac

Predice que el número de muertos aumentará si Arabia Saudí consigue organizar el Mundial dentro de una década.  “Están sanos cuando se van, así que ¿por qué iban a morirse?”, se pregunta Hasan. “Si fueran ciudadanos europeos o estadounidenses, se estaría analizando esta situación. Bangladesh y Arabia Saudí deben investigar las causas de estas muertes”.

Las conclusiones de la investigación y la visión de los ataúdes saliendo de los aeropuertos recuerdan la información publicada por The Guardian sobre las condiciones y las miles de muertes de trabajadores migrantes en Qatar antes del Mundial de 2022. Los grupos de derechos humanos afirman que esto debería suscitar una gran preocupación sobre si un futuro Mundial volverá a verse empañado por abusos generalizados de los derechos de los trabajadores y muertes injustificadas.

¿Otro Mundial teñido de sangre?

Afirman que la FIFA, que se enfrentó a fuertes presiones para que explicara las muertes y los malos tratos infligidos a los trabajadores migrantes que participaron en los preparativos del Mundial de Qatar, debe exigir urgentemente a Arabia Saudí, y antes de designarla oficialmente sede del próximo Mundial, que cumpla las normas de derechos humanos reconocidas internacionalmente.

Si la FIFA ha aprendido algo de Qatar es que debe prestar mucha atención a las vulneraciones de derechos humanos de los posibles países anfitriones antes de concederles el Mundial

Ella Knight — Investigadora de Amnistía Internacional

“Si la FIFA ha aprendido algo de Qatar es que debe prestar mucha atención a las vulneraciones de derechos humanos de los posibles países anfitriones antes de concederles el Mundial”, ha declarado Ella Knight, investigadora de Amnistía Internacional sobre los derechos de los trabajadores migrantes.

Arabia Saudí es tristemente conocido por el trato que dispensa a los trabajadores migrantes, que, según esa organización, “siguen siendo objeto de abusos y explotación en el marco del sistema de patrocinio de visados de trabajo [...] Miles de ellos son detenidos arbitrariamente en condiciones inhumanas, torturados y maltratados de otras formas, y devueltos involuntariamente a su lugar de origen”. “Se van de su país de origen con grandes esperanzas, pero cuando llegan a destino chocan de frente con la realidad”, afirma Hasan. “Tienen que trabajar de 12 a 18 horas al día, puede que no tengan pasaporte, no son libres. Es como la esclavitud moderna”.

La organización de un Mundial en Arabia Saudí exigirá grandes obras para construir y mejorar las redes de transporte, los hoteles, los centros de entrenamiento y los estadios. Como el torneo se ampliará a 48 equipos, el país deberá contar con 14 estadios, cada uno de los cuales tendrá una capacidad mínima de 40.000 espectadores.

Los bangladeshíes constituirán una parte importante de la mano de obra inmigrante necesaria para hacerlo realidad. Según datos oficiales, menos del 0,5% de los bangladeshíes emigrantes trabajan en puestos profesionales. En cambio, van a hacer lo que Hasan llama los trabajos más “peligrosos, difíciles y sucios”, normalmente en sectores como la construcción.

El Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo Social de Arabia Saudí ha indicado en un comunicado que el reino “acoge al mayor número de trabajadores expatriados de la región y reconoce su valiosa contribución al desarrollo del país. Nos comprometemos a proporcionar un entorno laboral seguro y justo a todos los empleados, incluidos los más de 2,5 millones de trabajadores bangladeshíes”.

Además, afirma que el país mantiene “sólidas regulaciones y normas para salvaguardar los derechos de los trabajadores, y se investigan a fondo todos los incidentes en el lugar de trabajo”. “En los trágicos casos en que se producen muertes, éstas se tratan de acuerdo con las normas internacionales y se practican autopsias cuando es necesario. Los certificados de defunción se emiten con transparencia, siguiendo los protocolos establecidos y regulados”.

Y agrega: “Las insinuaciones de negligencia o falta de transparencia a este respecto carecen de fundamento. Es importante señalar que se proporciona asistencia sanitaria gratuita a todas las personas en situaciones críticas, independientemente de su procedencia”.

La FIFA y el Gobierno de Bangladesh no han respondido a las solicitudes de información por parte de The Guardian.

Familias destrozadas y endeudadas

Tras las desgarradoras escenas en el aeropuerto de Dhaka, las ambulancias recorrieron el país llevando los cadáveres a cada casa. Abdul Kalam es uno de los trabajadores muertos de forma repentina. Durante seis años trabajó en una granja y, según su familia, “murió de un derrame cerebral” a los 32 años; Sujan, de unos 20 años y en perfecto estado de salud, murió mientras dormía; Amir Hossen, de 45 años, que según su esposa tampoco tenía problemas de salud, murió poco después de hablar con ella por teléfono por “algún tipo de derrame cerebral”, una expresión que se repite una y otra vez entre las familias para explicar una muerte repentina e inexplicable.

Ya es más de medianoche cuando el féretro de un trabajador, un hombre conocido como Shahadat, cuyo cuerpo fue trasladado en avión a su país unos días antes, llega de vuelta a su pueblo. A empujones, su hijo de diez años, Rajin, y su hija de cinco, Saima, se colocan al frente de la multitud que espera recibir su cuerpo. Su certificado de defunción indica que murió de “parada cardiaca y respiratoria por causas desconocidas”. Su mujer, Rojina, explica que los prestamistas la están buscando. “En cuanto se enteraron de que mi marido había muerto, empezaron a hacerme visitas fortuitas y a amenazarme con emprender acciones legales. Pero, ¿cómo voy a pagarles? No me queda nada”, dice. “No dejo de preguntarme qué haré con nuestras vidas, pero sólo veo oscuridad”.

A la mañana siguiente, un grupo de jóvenes observa los rituales funerarios. En este pueblo, al menos una persona de cada hogar ha emigrado y cada familia que ahora está de duelo tiene algún miembro que también lo hará. “Corremos un riesgo, pero en el extranjero tenemos buenas oportunidades y aquí ninguna. Nos vamos a ir todos”, dice uno, haciendo un gesto con su brazo en el aire para imitar el despegue de un avión.

Traducido por Emma Reverter

Cuando hace dos semanas le preguntaron a Nasser Al Khater, jefe de la organización del Mundial de Qatar, por la reciente muerte de un trabajador inmigrante, su respuesta fue tan chocante como reveladora. “Estamos en plena Copa del Mundo, hemos organizado con éxito un mundial ¿Y ahora quieren hablar de esto? La muerte es una consecuencia natural de la vida”, respondió, antes de dar el pésame a la familia del fallecido.

Mostró, en primer lugar, su indignación por el hecho de que alguien pudiera cuestionar el mensaje de Qatar sobre el Mundial y, a continuación, su cruel indiferencia hacia los trabajadores que lo han hecho posible.

En las últimas semanas, esta indignación, alentada por las autoridades qataríes, se ha visto en numerosos artículos que califican de racistas, hipócritas y orientalistas las críticas occidentales al historial de Qatar en materia de derechos humanos.

Y lo que es más escalofriante, hemos visto cómo los argumentos de Qatar fueron repetidos por la eurodiputada griega Eva Kaili –destituida como vicepresidenta de la cámara–, cuando la semana pasada se la vinculó con una trama de corrupción relacionada con Qatar. Según las acusaciones, Kaili y tres personas más habrían aceptado dinero en efectivo y regalos de Qatar para influir en la toma de decisiones del Parlamento Europeo. Kaili y Qatar niegan haber cometido delito alguno.

“El Mundial de Qatar es la prueba, en realidad, de cómo la diplomacia deportiva puede lograr una transformación histórica de un país... [La Organización Internacional del Trabajo] dijo que Qatar está a la cabeza en derechos laborales”, dijo Kaili en un debate sobre el historial de derechos humanos del país al día siguiente del inicio del Mundial. “Aún así, algunos aquí llaman a discriminarlos, los maltratan y acusan de corrupción a todo el que habla con ellos”, indicó.

De hecho, es la segunda parte de la respuesta de Khater la que explica gran parte de las críticas. La despreocupación por la muerte de un trabajador ilustra lo que he visto una y otra vez en casi una década de reportajes sobre el trato a los trabajadores inmigrantes mal pagados de Qatar: que, en su mayor parte, a las autoridades qataríes parece no importarles.

Sistema laboral racista

El verdadero escándalo de este Mundial no es que las críticas a Qatar tengan una motivación racista, sino que los hombres que han construido este torneo han sido sometidos a un sistema laboral basado, en gran medida, en la discriminación racial.

Eso lo tenía claro la exrelatora especial de la ONU sobre racismo y discriminación racial, Tendayi Achiume, que en 2020 publicó un duro informe en el que destacaba “serias preocupaciones de discriminación racial estructural contra los no nacionales”. Achiume afirmó que en Qatar existe un “sistema de castas de facto basado en el origen nacional según el cual las nacionalidades europeas, norteamericanas, australianas y árabes disfrutan sistemáticamente de una mayor protección de sus derechos humanos que las personas con nacionalidades del sur de Asia y del África subsahariana”.

Esta discriminación está arraigada en normas de “zonificación” que prohíben en la práctica a la mayoría de los trabajadores inmigrantes vivir en determinadas zonas del país y se ha puesto de manifiesto cuando se ha prohibido a personas con salarios bajos entrar en algunos parques, centros comerciales y espacios públicos.

Esta discriminación se hace patente cuando se observan las diferencias salariales entre las distintas nacionalidades. Por ejemplo, los nepalíes y bangladeshíes suelen cobrar menos que los indios o filipinos por realizar el mismo trabajo. Un informe reciente del grupo de derechos humanos Equidem revela que casi la mitad de los entrevistados que trabajaban en los estadios de la Copa del Mundo denunciaron discriminación por razón de nacionalidad.

Y lo más evidente es el trato que reciben los trabajadores con salarios bajos. Doce años después de que Qatar ganara la candidatura para acoger la Copa del Mundo, decenas de miles de trabajadores siguen alojados en pésimas condiciones y se ven obligados a pagar exorbitantes comisiones de contratación por sus puestos de trabajo, a menudo a cambio de un salario básico que equivale a tan solo un euro por hora.

Estas malas prácticas se agravaron en los meses previos a la Copa del Mundo, cuando miles de trabajadores fueron enviados a casa, muchos de ellos aún endeudados, mientras las empresas terminaban sus proyectos de construcción.

Poco ha cambiado

El Gobierno qatarí ha afirmado que ha tomado importantes medidas para crear condiciones seguras para los trabajadores inmigrantes y que se han establecido normativas para limitar la exposición de los trabajadores al calor abrasador del verano. Sin embargo, las autoridades han hecho poco por investigar la muerte de miles de trabajadores migrantes y un sinfín de familias se han quedado sin respuestas ni indemnizaciones por parte de los empleadores de sus seres queridos. Hace poco Nirmala Pakrin, viuda de un trabajador que murió mientras trabajaba en uno de los estadios del Mundial, dijo: “Ganan millones... ¿por qué no pueden darnos ni siquiera una pequeña indemnización?”.

Geoffrey Otieno, un trabajador keniano que fue detenido en Qatar por defender los derechos laborales, escribió recientemente sobre su indignación por los intentos de tachar de racistas las críticas al trato que reciben los trabajadores migrantes: “Como trabajador africano negro que hizo posible el Mundial de 2022, nada –incluidos los abusos a los que fui sometido y los que presencié– ha sido más exasperante... En Qatar, los trabajadores migrantes son una mercancía prescindible”.

Qatar y sus valedores sostienen que el país ha introducido reformas significativas, principalmente el desmantelamiento del abusivo sistema de kafala y la introducción de un salario mínimo. Pero estas reformas no entraron en vigor hasta 10 años después de que Qatar consiguiera el derecho a ser sede de la Copa del Mundo. Y, sobre el terreno, poco parece haber cambiado. Las historias que he escuchado de los trabajadores en Qatar el mes pasado son casi las mismas que escuché cuando empecé mi investigación en 2013.

Sería simplista afirmar que la explotación en el sistema laboral de Qatar se basa únicamente en motivos de raza. Como en todas partes, la raza, la clase social y el afán de lucro se combinan para marginar a los más vulnerables. Sin embargo, la singularidad de la población qatarí –el 95% de la mano de obra procede del extranjero–, su enorme riqueza y la atención que buscaba con la organización de la Copa del Mundo han puesto de manifiesto y amplificado estas divisiones.

Los responsables

Las autoridades qataríes no son las únicas culpables. Los abusos cotidianos que sufren muchos trabajadores mal pagados los cometen sobre todo otros trabajadores migrantes, normalmente altos cargos de India y Egipto, según dicen muchos trabajadores con los que he hablado. Como me dijo un trabajador: “Los qataríes son muy buenos, pero han dejado el país en manos de gente que no valora a los seres humanos”.

La responsabilidad también recae en los poderosos empresarios qataríes, que parecen intocables. “Aquí hay un sistema jerárquico en el que nadie inferior se atrevería a cuestionar a alguien superior”, me explicó un jefe de obra con años de experiencia en Qatar, para describir cómo los influyentes qataríes pueden actuar con impunidad.

Y luego está la FIFA, y decenas de empresas e individuos extranjeros que parecen haber hecho la vista gorda mientras se embolsaban enormes beneficios y salarios. Un comunicado de prensa del Gobierno británico de 2018 afirmaba que era probable que las empresas británicas consiguieran acuerdos por valor de 1.500 millones de libras (unos 1.700 millones de euros) en el periodo previo al torneo. La FIFA ganó la cifra récord de 7.500 millones de dólares (7.068 millones de euros) en el ciclo de cuatro años previo a este Mundial y, sin embargo, sigue sin acordar un fondo para compensar a los trabajadores que han sufrido y a las familias de los fallecidos.

En última instancia, la responsabilidad de proteger a los trabajadores migrantes recae en los gobiernos, y en este sentido, las autoridades qataríes han fracasado con creces. Denunciar esta situación no es racista, es antirracista.

* Pete Pattisson es un periodista gráfico y de vídeo afincado en Katmandú, Nepal.

Traducción de Emma Reverter