La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este jueves que el Grupo Quirón es “de los mejores grupos sanitarios de Madrid” tras ser preguntada por la ampliación de la investigación de la Audiencia Nacional contra su pareja, Alberto González Amador. En la nueva pieza separada del proceso judicial se recogen indicios de que la compra de una sociedad a un directivo del gigante de la sanidad privada fue en realidad “el pago de una comisión ilícita”.

El Pleno de la Asamblea de Madrid ha sido escenario de un nuevo choque entre la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, que ha entrado al debate asegurando que “los chanchullos” del novio de Ayuso es lo que investiga la justicia y ha asegurado que “de esta no se libra Alberto González Amador”. Además, ha aprovechado para recordar la mencionada ampliación: “Al fraude fiscal se le suma un soborno de 0,5 millones de euros al dirigente de Quirón”, el principal contratista de la Comunidad de Madrid.

En su respuesta Ayuso ha evitado referirse directamente a su pareja y ha cargado contra la oposición por, según ella, desprestigiar el trabajo de los profesionales sanitarios: “El grupo Quirón es el principal grupo sanitario de Europa, con algunos de los mejores hospitales públicos de España, también en Catalunya”. La presidenta ha pedido a Bergerot que “se tape un poco” y que “respete el trabajo” de decenas de miles de médicos y otros profesionales sanitarios.

La portavoz de Más Madrid, por su parte, se ha mostrado convencida de que “es imposible no pensar mal” y ha afeado que Ayuso cargara contra la propuesta de que de su pareja comparezca en la comisión que impulsa el partido de Bergerot en el Congreso de los Diputados porque no es una figura política. “Si va a seguir con estas excusas, usted sí que es política y le vamos a llamar a declarar”, ha afirmado la portavoz. 

La presidenta madrileña ha asegurado que la investigación sobre su pareja no tiene relación con la gestión de su Ejecutivo y ha tratado de desviar el foco hacia el Gobierno central: “No se preocupen, hablaremos de esto aquí y en el parlamento que haga falta, hablaremos de lo más grande”. Ayuso también ha asegurado que durante la época de Illa como ministro de Sanidad “se prohibió comprar material sanitario a las CCAA” y se creó “una trama falsa” que arrastra a ministerios y jefes de gabinete por los juzgados y que va a “llevarse por delante a varios de ellos”.

Manuela Bergerot también ha preguntado a Ayuso sobre la polémica alrededor de su residencia: “Dice que no sabe nada de los negocios de su novio pero quizás del piso donde vive sí que sabe usted algo”. La presidenta madrileña ha respondido acusando a Más Madrid de mandar un activista a su casa y le ha preguntado si “había una escalera de Hogwarts que subía a algún ático secreto”.

Oposición a la condonación de la deuda

La portavoz socialista en el Congreso, Mar Espinar, ha cargado contra la oposición del Ejecutivo autonómico respecto al anuncio de condonación de parte de la deuda de las comunidades autónomas por parte del Gobierno. En su respuesta, Ayuso ha reafirmado su oposición frontal a que se condonen más de 8.000 millones de euros a la Comunidad de Madrid porque se trata, a su parecer, de una “gran estafa” para “pagar la fiesta a los separatistas”.

La mandataria regional también ha asegurado que en Catalunya no gobierna el president Salvador Illa sino que gobierna el independentismo y ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “traición” por “comprar voluntades” en Catalunya porque los socialistas “no pueden pisar la calle en el resto de España”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha salido este miércoles en defensa de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, pese a los bulos que ha lanzado durante las últimas semanas sobre algunos familiares de las 7.291 víctimas durante la pandemia en las residencias de Madrid y sus reiterados ataques a periodistas. “Tiene toda mi confianza y cuando ha cometido un error, se ha disculpado”, ha afirmado la presidenta regional, restando importancia a los bulos y ataques a la prensa.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha asegurado que no considera que haya existido un “señalamiento” de Rodríguez hacia ningún periodista. Ayuso cree que lo más grave, en su opinión, es “la situación que enfrentan los medios de comunicación en general”, los cuales, según Ayuso, están siendo “exhibidos económicamente” y sometidos a presiones, dependiendo de si son afines o no al Gobierno de España.

Respecto a la gestión de la pandemia en la Comunidad, la presidenta ha insistido en que, a pesar de las críticas y las investigaciones judiciales, los geriatras y otros profesionales de la salud “dieron lo mejor de sí mismos y pusieron incluso su vida en riesgo”. Según Ayuso, las decisiones fueron tomadas en condiciones extremas, y a pesar de los intentos de algunos de “politizar las tragedias”, considera que el trabajo de los profesionales debe ser reconocido.

La petición de Más Madrid

La presidenta también ha cargado contra la iniciativa de Más Madrid en el Congreso de los Diputados para abrir una comisión de investigación sobre los presuntos tratos de favor en la contratación sanitaria que vinculan a su pareja con el grupo Quirón. La mandataria ha calificado esta propuesta como un intento de persecución política y ha ironizado: “Ya que se ponen, que hagan una comisión sobre Sánchez”. 

Según Ayuso, su pareja “no es político, es un proveedor como los de miles de empresas en la Comunidad de Madrid” y ha insistido en que “ni sus asuntos tienen que ver con la Comunidad de Madrid, ni ha contratado con ella, ni yo tengo que ver con su trabajo”. Además, ha denunciado lo que considera un “doble rasero” en el tratamiento de los casos de corrupción: “Parece que cuando se trata del PSOE, los escándalos se diluyen, pero si pueden manchar a la Comunidad de Madrid, todo vale”.

Duros ataques al Gobierno y a sus socios

Ayuso también ha aprovechado para lanzar duras críticas contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y sus socios parlamentarios tras los últimos acuerdos. La presidenta ha denunciado que el Gobierno está cediendo la inmigración, las fronteras y la Hacienda “a los separatistas” y ha advertido de que “cuando el golpe se repita”, ya no habrá forma de impedirlo, porque tendrán el control de las instituciones, las fuerzas de seguridad e incluso de la prensa. En su opinión, el objetivo de este “Frente Popular” es “romper España a toda velocidad antes de que se acabe el chollo de Sánchez”.

La presidenta no ha escatimado en ataques contra los socios de Gobierno de Pedro Sánchez. Sobre Bildu, ha afirmado que su líder “fue condenado por secuestro y pertenece a una organización terrorista” y que busca “desmembrar España”. Respecto al PNV, le acusa de “colaborar con Bildu y de no haber actuado a tiempo en el Gobierno Vasco”. Sobre los partidos catalanes, señala a ERC por “hundir Catalunya en impuestos y corrupción” y llevar al país al “borde de la Guerra Civil”, mientras tacha a Junts de partido “racista” con un “líder golpista que ha sido premiado por Sánchez con el control de la inmigración”. Respecto a Sumar, considera que es el “tonto útil de Pedro Sánchez” y que atacan la libertad y a las pequeñas empresas.

En cuanto a la propuesta del Gobierno para la quita de deuda a las comunidades autónomas, Ayuso ha reafirmado su oposición: “Nosotros no estamos a favor de las condonaciones de deuda. El Estado es quien debe dinero a la Comunidad de Madrid”. Para la presidenta regional, esta medida “implica que Madrid y el resto de España se conviertan en el cajero del independentismo” y “pone en peligro la financiación de los servicios públicos en todo el país”.

En octubre de 2020 se apagó la luz en una parte del mayor asentamiento irregular de España, la Cañada Real. Desde entonces más de 4.500 personas de los sectores 5 y 6 tratan de sobrevivir sin suministro eléctrico. El Consejo de Europa ha confirmado esta semana un fallo contundente contra España por la vulneración de los derechos humanos en la Cañada Real. La resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) confirma que los cortes de luz prolongados constituyen una violación de, al menos, siete artículos de la Carta Social Europea, que protege el derecho a una vivienda adecuada y a condiciones de vida dignas, y pide a todas las administraciones una solución “urgente”.

Según el fallo del comité, “las condiciones de vida en la Cañada Real no cumplen con los estándares mínimos de habitabilidad, especialmente en los meses más fríos, con temperaturas dentro de las viviendas por debajo de los 10 grados centígrados en invierno y por encima de los 40 en verano”. Además, el informe recoge que “en ausencia de electricidad, los afectados han tenido que recurrir a fuentes de energía alternativas como generadores de diésel, estufas de leña y paneles solares de segunda mano, lo que ha provocado incendios y accidentes graves”.

La decisión no tiene precedentes, dado que nunca se habían vinculado los derechos sociales con la energía y deja claro que el Estado debe garantizar el suministro de electricidad por encima de los intereses de cualquier empresa privada, en este caso Naturgy. María López, portavoz de la plataforma cívica por la luz en Cañada Real, califica la decisión como “histórica”,

Más de cuatro años en la oscuridad

La empresa Naturgy cortó el suministro a miles de personas alegando sobrecargas en la red provocadas por enganches ilegales y el cultivo de marihuana en la zona. Es el mismo argumento que ha esgrimido el Gobierno de España para defenderse ante el comité europeo. Sin embargo, los vecinos han denunciado reiteradamente que la mayoría de las familias afectadas son ajenas a estas prácticas y que se les ha privado de un derecho básico sin alternativas viables.

La falta de electricidad ha supuesto un deterioro drástico de las condiciones de vida de los afectados, especialmente para los 1.800 menores de edad que viven en la zona. Sin calefacción ni agua caliente, muchas familias han recurrido a estufas de gas y generadores, lo que ya ha provocado varios episodios de incendios e intoxicaciones. Además, los niños en edad escolar sufren graves dificultades para acceder a la educación sin luz para estudiar o acceso a dispositivos electrónicos cargados.

Ese, el de la falta de luz, no es el único problema que enfrentan los vecinos: los derribos de viviendas o el vertido de escombros en la zona arrinconan todavía más a la población de la Cañada Real. En 2021, por ejemplo, se llevó a cabo la demolición de una vivienda habitada por una familia con tres hijos menores, sin que se agotaran las vías legales pertinentes ni se ofreciera una alternativa habitacional adecuada. Por ese motivo se ha cursado una denuncia contra altos cargos de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid en que la Fiscalía les pide 10 años de prisión.

La decisión del Consejo de Europa

El Comité Europeo de Derechos Sociales considera que España ha incumplido sus obligaciones en materia de acceso a una vivienda adecuada, salud y bienestar infantil. Según el fallo, la administración ha fracasado en garantizar unos estándares mínimos de vida para las familias afectadas y no ha tomado medidas suficientes para restablecer el suministro o encontrar soluciones alternativas.

El informe subraya que la energía es un servicio esencial y que su privación prolongada compromete derechos fundamentales. Además, denuncia que los planes de realojo propuestos por la Comunidad de Madrid han sido insuficientes y han dejado a cientos de familias en un limbo administrativo. “El Estado español ha fallado en su deber de proteger a los residentes de Cañada Real contra la pobreza y la exclusión social, al no tomar medidas efectivas dentro de un marco coordinado”, señala el documento del Consejo de Europa.

La sentencia, inédita hasta la fecha, también subraya que “el tiempo estimado para el realojo completo de los afectados es excesivamente largo desde el inicio de los cortes, lo que prolonga la situación de vulnerabilidad y exclusión”.

Desde el Área de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Madrid afirman que “la única vía que garantiza el acceso a una vivienda digna y adecuada a los residentes en la Cañada Real es el realojo”. El consistorio sostiene que esta medida “no es cuestionada” por la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales. Asimismo, fuentes del área afirman que “respetan, como no puede ser de otra manera, la decisión del Comité”, pero recalcan que “el fallo no obliga a las administraciones públicas españolas al restablecimiento del suministro eléctrico, sino a realizar actuaciones que garanticen el acceso efectivo a una vivienda de calidad”.

Según el consistorio, en 2024 “el Estado tomó conciencia de que debía ser parte activa de la solución de la Cañada Real” y se planteó incorporarse a los realojos con una aportación a través del Plan Extraordinario de Realojos en la Cañada, firmado en abril de ese año por el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad, el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Rivas. Dicho plan contempla una inversión de 330 millones de euros en los realojos durante 10 años (2024-2034), repartidos de la siguiente manera: 110 millones del Estado, 110 millones de la Comunidad de Madrid y 110 millones a dividir entre Rivas y Madrid, según la proporción de familias afectadas.

Reacciones a la condena europea

El fallo ha sido recibido con satisfacción por parte de organizaciones de derechos humanos y colectivos sociales. Amnistía Internacional ha celebrado la decisión y ha instado a las administraciones a cumplir con sus obligaciones y restablecer de inmediato el suministro eléctrico. “Este fallo es una victoria para los derechos humanos y deja en evidencia el abandono institucional que han sufrido estas familias”, ha declarado la organización en un comunicado.

El Defensor del Pueblo también pidió el lunes pasado, tras una reunión con representantes de la Plataforma Cívica Luz Ya en Cañada Real, una solución inmediata a la “emergencia humanitaria” que se vive en la zona. Ángel Gabilondo también recordó que en el año 2020 ya solicitó medidas urgentes tanto a la Delegación del Gobierno como a la Comunidad de Madrid para garantizar el acceso a la electricidad. Además, denunció las declaraciones del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso porque consideraba que se había abordado el tema con “ligereza”, “falta de mesura” y “aporofobia”.

En el plano político, Rita Maestre, líder de Más Madrid en el Ayuntamiento, aseguró que desde la firma del Pacto Regional por la Cañada Real en 2017 las administraciones implicadas no solo han incumplido sus obligaciones, sino que “parecen estar forzando la expulsión de estos residentes”. Por su parte, la portavoz en la Asamblea, Manuela Bergerot, insistió en la necesidad de una nueva Estrategia de Inclusión para el pueblo gitano en 2025, ante la persistente discriminación en educación, empleo y vivienda.

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, defendió este miércoles la actuación de la Comunidad tras la condena del Consejo de Europa. “Desde la Comunidad llevamos muchísimo tiempo comprometidos y trabajando en el marco de nuestras competencias, que son los de vivienda y realojo. Somos la administración que más recursos hemos aportado”, afirmó tras el Consejo de Gobierno. Además, criticó la “falta de acción” por parte de la Delegación del Gobierno en Madrid, responsabilizándola de no abordar el problema de seguridad y drogas en la zona, que, según García, es competencia de la Administración General del Estado.

El ministro de Derechos Sociales del Gobierno de España, Pablo Bustinduy, se reunió también con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para coordinar medidas urgentes que restablezcan el suministro eléctrico en la Cañada Real. Tras el encuentro, Bustinduy destacó la necesidad de una “acción conjunta entre administraciones” y la reactivación del Grupo de Trabajo Interministerial para abordar esta crisis y que se trata de un problema “humanitario”.

La condena del Consejo de Europa marca un punto de inflexión en la crisis de la Cañada Real, al reconocer la privación prolongada de electricidad como una vulneración de derechos fundamentales. El Estado, que reconoce la autoridad del comité, está obligado ahora a actuar para garantizar que todas las administraciones con competencias velan para encontrar una solución a una crisis humanitaria que hace más de cuatro años que dura.

El Partido Popular mantiene a José Manuel Baltar como senador autonómico designado por el Parlamento de Galicia un mes después de que el Tribunal Supremo condenara al expresidente de la Diputación de Ourense tras ser cazado en abril de 2023 conduciendo a más de 200 kilómetros por hora por la autovía A-52, donde el límite es de 120, tal y como adelantó elDiario.es. La sentencia le impuso una multa de 1.800 euros y la retirada del carnet de conducir por un año.

A pesar de la condena, ni el presidente de la Xunta y del PP de Galicia, Alfonso Rueda, ni el líder estatal del partido, Alberto Núñez Feijóo, han solicitado su dimisión. En enero, el BNG sí presentó una proposición no de ley en el Parlamento de Galicia para reprobar al senador que no fue aprobada aunque sí contó con el apoyo del PSdeG y de Democracia Ourensana. Y el senador ha llegado a insinuar que su condena responde a una “persecución política”.

Los expertos apuntan a los múltiples riesgos de conducir a esa velocidad tanto para el infractor como para el resto de usuarios de la vía. El principal de ellos está relacionado con la gran energía que genera el movimiento a esa velocidad. Jesus Monclús, director de Prevención y Seguridad Vial de Fundación MAPFRE, explica que esta energía se convierte en deformaciones tanto en los vehículos como en los obstáculos con los que se impacta. “Un simple error de cálculo puede resultar en la pérdida total de control del automóvil”, afirma.

Monclús recuerda que la distancia de frenado a esas altas velocidades es considerablemente mayor. A 120 kilómetros por hora el vehículo necesita unos 100 metros para detenerse, lo que equivale a la longitud de un campo de fútbol. A 200, esa distancia aumenta a aproximadamente 250 metros. Y el experto señala que las probabilidades de supervivencia se reducen drásticamente: “Incluso una colisión con un objeto fijo o un vehículo detenido en el arcén es letal a esa velocidad”.

El director de seguridad vial de la mencionada aseguradora explica que a velocidades superiores a 200 kilómetros por hora el efecto túnel también se intensifica drásticamente, reduciendo la capacidad del conductor para percibir lo que sucede en los laterales de la vía. Esto no solo disminuye su margen de reacción ante imprevistos, sino que también “aumenta la sensación de falsa seguridad”, ya que el cerebro tiende a centrarse únicamente en el punto más lejano de la carretera. Monclús señala la capacidad de reacción humana tiene un límite fisiológico: “A esa velocidad, un segundo de distracción equivale a recorrer más de 55 metros sin control”. 

David Pérez, vicepresidente de Stop Accidentes, critica duramente que una persona condenada por conducción temeraria siga ocupando su cargo público: “Es absurdo que un representante político haya violado las normas de circulación y no se le haya reprochado ni sancionado adecuadamente”. Pérez remarca que este tipo de actitudes dan sensación de “impunidad” y pueden influir negativamente en la percepción de la seguridad vial.

En cuanto a la respuesta del PP gallego, que se negó a reprobar al senador por considerar que conducir a 200 kilómetros por hora es un “delito de peligro abstracto”, Pérez expresa su desacuerdo tajante. Para él no hay nada “abstracto” en los peligros que genera una conducción imprudente. El vicepresidente de Stop Accidentes recuerda que sus propios padres fueron víctimas de un accidente causado por alguien que circulaba a 140 kilómetros por hora en una zona limitada a 80 y que un exceso de ese calibre puede resultar fatal.

Las implicaciones legales

Según la Fiscalía de Seguridad Vial, el artículo 379.1 del Código Penal tipifica la conducción a velocidad excesiva como un delito cuando se supera en más de 80 kilómetros por hora el límite permitido en vías interurbanas. Las penas previstas incluyen multas, penas de prisión y, en todos los casos, la retirada del permiso de conducir de uno a cuatro años. Sin embargo, en el caso de Baltar el Tribunal Supremo optó por imponer una multa económica y la retirada del carnet de conducir por un año sin aplicar penas de prisión.

La Fiscalía también aclara que el Código Penal no contempla penas de inhabilitación específicas para cargos públicos en delitos de tráfico. En este caso, dado que Baltar no ha sido condenado a prisión, no se le puede imponer ningún tipo de inhabilitación para ejercer su cargo de senador.

En la primera actuación, los agentes de la Guardia Civil optaron por tratar el caso como una falta administrativa por tratarse de una infracción en un día festivo. La defensa argumentó que Baltar no podía ser juzgado penalmente, ya que había sido sancionado administrativamente por el mismo hecho.

Sin embargo, el Tribunal Supremo rechazó esta tesis, explicando que el procedimiento penal tiene preferencia por encima del administrativo y que la sanción de tráfico quedó en suspenso hasta la resolución judicial. En el auto de la sentencia judicial se concreta que Baltar no es condenado a una pena de prisión por no tener antecedentes penales.

Desde Stop Accidentes insisten en que la tipificación de este tipo de delitos debería ser mucho más severa, tanto en términos de sanciones económicas como de consecuencias políticas por tratarse de un comportamiento “grave” por parte de un representante de la ciudadanía.

Políticos que han dimitido por infracciones de tráfico

En otros países europeos, numerosos representantes políticos han dimitido por infracciones de tráfico. En 2012, el entonces ministro de Energía y Cambio Climático del Reino Unido, Chris Huhne, renunció a su cargo tras ser acusado de intentar eludir una multa por exceso de velocidad. Huhne persuadió a su esposa para que asumiera los puntos de penalización en su licencia de conducir. Ambos fueron condenados y el ministro dejó su cargo público.

En el Estado, en el año 2023, Asier Larrauri, recién elegido alcalde de Bermeo (Euskadi) por EH Bildu, dimitió de su cargo tras sufrir un accidente de tráfico a altas horas de la madrugada, conduciendo bajo los efectos del alcohol. Larrauri reconoció su error y en una carta enviada a su partido pidió disculpas a los bermeotarras y solicitó su dimisión para no dañar la imagen del municipio ni del partido.

Aun así, el caso de Baltar no es el primero en lo que se refiere a problemas legales por infracciones de tráfico en el PP. Uno reciente es el de Vicente Ferrer, fichado por Francisco José Gan Pampols, el nuevo vicepresidente para la Recuperación Económica de la Generalitat Valenciana. Ferrer fue condenado previamente a ocho meses sin permiso de conducir por un delito de conducción bajo los efectos del alcohol mientras ejercía como diputado en el Congreso por el PP.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha cargado este miércoles contra la condonación de deuda autonómica impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez calificándola como una “trampa” que busca trasladar la carga financiera del independentismo catalán al conjunto de los españoles y, en particular, a los madrileños. “Nos meten la mano en el bolsillo para que Sánchez siga en la Moncloa”, ha asegurado el portavoz Miguel Ángel García, en la rueda de prensa habitual posterior al Consejo de Gobierno.

Las declaraciones se producen tras el anuncio del pasado lunes por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que el Estado asumirá 83.252 millones de euros de la deuda de todas las comunidades autónomas. Según el ministerio, la medida busca “corregir el sobreendeudamiento autonómico derivado de la crisis financiera” y será debatida este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La medida fue impulsada por el acuerdo de investidura entre ERC y el PSOE que se ha concretado esta misma semana.

La consejera de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha asegurado que este plan de condonación de la deuda es “pagar la deuda a los que han malgastado su dinero”. Además, se ha mostrado convencida de que Catalunya no sufre infrafinanciación y que el problema es que es “un infierno fiscal” donde hay un “gasto exorbitado en TV3” y de los “independentistas”, pese a que ya no gobiernan la Generalitat.

483 euros por madrileño

La consejera Albert ha insistido tras el Consejo de Gobierno que la condonación supondrá “un coste de 483 euros por habitante” en la Comunidad de Madrid. Sin embargo, no ha aclarado cómo ha calculado esa cifra ni de qué manera concreta repercutirá en el bolsillo de los ciudadanos. La consejera de Hacienda, Rocío Albert, ha afirmado de que este “peaje” supondrá una carga adicional para los madrileños, pero al ser preguntada sobre cómo notarán ese impacto, no ha ofrecido una explicación detallada.

La propia presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado en X que Sánchez busca “pagar sus elecciones en Catalunya” a costa de que cada madrileño deba 483 euros. Además, ha asegurado que van a “dar todas las batallas”.

La consejera ha acusado al Gobierno central de querer “jugar a esconder la bolita” para que la ciudadanía no perciba el impacto real de la condonación. “La trampa es que esto lo van a pagar los españoles, pero particularmente lo van a pagar los madrileños: 483 euros más por habitante para que Pedro Sánchez pueda seguir siendo presidente del Gobierno”, ha insistido.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha pedido que expertos analicen esta cuestión en una comisión de estudio ya registrada, en la que se examinarán los efectos de esta medida sobre la financiación autonómica. Uno de los principales reproches es que el reparto de la condonación “favorece a Catalunya” en detrimento de otras regiones que han sido “más disciplinadas” en su gestión fiscal.

Según la consejera madrileña, lo que debería debatirse es una reforma del modelo de financiación basada en principios de equidad y solidaridad, y no una condonación que “premia a quienes más han gastado y castiga a quienes han sido prudentes con sus cuentas”. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso también ha anunciado que utilizará todas las vías legales para impedir su aplicación. “No nos vamos a callar, no nos van a silenciar. Vamos a hacer todo lo posible para evitar que esta trampa salga adelante”, ha insistido Albert. 

El Consejo de Política Fiscal y Financiera debatirá este miércoles la propuesta del Gobierno con las reticencias de algunos socios como Compromís, que consideran insuficiente la propuesta para sus territorios pese a que se muestran abiertos a negociar antes de que llegue la propuesta al Congreso de los Diputados.

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha cargado este lunes contra el apoyo incondicional de Vox al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Feijóo, por primera vez, ha criticado abiertamente la política de aranceles de la administración norteamericana y ha subrayado la necesidad de mantener una postura “equilibrada” en las relaciones internacionales, defendiendo los intereses de España sin caer en la “sumisión” de decir “a todo que sí”, en referencia a Vox, ni en el “enfrentamiento gratuito”, en referencia al Gobierno de España.

En una entrevista en “El programa de Ana Rosa”, Feijóo ha afirmado que, aunque considera legítimo al presidente estadounidense y aboga por mantener una alianza sólida con el país norteamericano, no está de acuerdo con algunas políticas de la Administración de Trump. El líder de la oposición se ha mostrado en contra de la imposición de aranceles a productos europeos y a la posibilidad de negociar con Rusia una paz en Ucrania que no reconozca a Moscú como el agresor. “No se puede aceptar una paz injusta”, ha afirmado Feijóo, subrayando la importancia de que la Unión Europea y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, estén presentes en cualquier proceso de paz.

La reciente victoria de Donald Trump había generado divisiones en el seno del PP. Alberto Núñez Feijóo había optado hasta día de hoy por guardar silencio y mantener una línea ambigua respecto al presidente estadounidense, mientras que su partido se había dividido entre detractores y defensores, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El líder del PP también ha aprovechado para cargar contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusándolo de utilizar la política internacional para desviar la atención de sus problemas internos. Feijóo ha señalado que, aunque Sánchez está viajando hoy a Ucrania para reunirse con Zelenski, es una posición “figurativa” porque carece de unidad en su Gobierno y de mayoría parlamentaria. Además, reprochó a Sánchez por “insultar a la oposición” mientras busca protagonismo en la escena internacional.

Este mismo fin de semana Trump ha alabado al líder de Vox, Santiago Abascal, agradeciendo el “gran trabajo que está haciendo”. Además, su mano derecha, Elon Musk, ha asegurado en la red social X que el partido ultraderechista será el próximo en gobernar España. Feijóo, por su parte, se ha referido a la posición de su socio como “pleitesía” a los Estados Unidos y ha asegurado que el PP no está en la misma posición pese a considerar legítimo a Trump.

Hasta día de hoy, la posición de los populares en asuntos internacionales había estado marcada por una postura ambigua respecto a la guerra en Ucrania y la imposición de aranceles. Respecto a las recientes elecciones en Alemania, Feijóo ha celebrado que vaya a gobernar la CDU y ha cargado contra Sánchez por hacer imposible una fórmula como la Gran Coalición en España.

Seis de cada diez ciudadanos consideran que las personas mayores de 65 años afrontan escasez de recursos o soledad y falta de acompañamiento, según los datos del último estudio del CIS sobre edadismo en España. La insuficiencia económica y la escasez de recursos públicos son las principales preocupaciones detectadas en el barómetro, acompañadas de la soledad. 

La encuesta, realizada a más de 5.000 personas en todo el Estado, revela que un 36,4% de los encuestados identifica la falta de dinero para gastos cotidianos como el principal problema de los mayores. A esto se suma la percepción de que los servicios públicos disponibles, como residencias o ayuda a domicilio, son insuficientes (26,2%). El aislamiento y la falta de contacto social también se sitúan entre las grandes preocupaciones (20,8%). 

Además, el informe destaca las dificultades que afrontan las personas mayores en su vida cotidiana. Un 31,1% de los encuestados afirma que han tenido problemas para realizar gestiones telefónicas con la administración por la obligatoriedad de pedir cita online. Más de un 16% se ha visto obligado a realizar trámites a través de internet sin opción presencial. 

El estudio también recoge cómo la discriminación por edad afecta a las personas mayores en su día a día. Uno de cada diez dice haber notado impaciencia o disgusto cuando ha realizado trámites por no entender bien lo que le decían, mientras que un 6,6% reconoce haber sido víctima de comentarios despectivos sobre su edad. 

Por otro lado, la encuesta refleja que la brecha digital sigue siendo un obstáculo para este sector de la población. Uno de cada diez encuestados considera una prioridad que las administraciones públicas impulsen políticas para reducirla, aunque otras medidas, como la mejora de la atención en empresas y organismos públicos o la adaptación del entorno urbano a sus necesidades, se consideran aún más urgentes. 

A pesar de estas barreras, el estudio también muestra que las personas mayores desempeñan un papel activo en la sociedad. Más del 46% de los encuestados de 65 años o más afirman que cuidan habitualmente de sus nietos, lo que refuerza su papel fundamental en la conciliación familiar. Sin embargo, muchos de ellos aseguran sentirse poco valorados por su entorno o por la sociedad en general. 

Otro dato revelador es que seis de cada diez personas mayores cree que la atención que reciben de sus hijos es peor que en generaciones anteriores. Este sentimiento de desatención contrasta con la percepción general de la sociedad, que en su mayoría no cree que los mayores estén más desprotegidos que otros colectivos. 

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha arremetido este jueves contra la oposición por reprocharle las 7.291 víctimas en las residencias madrileñas durante la pandemia. “Siempre con las mismas mierdas”, ha dicho, en la sesión de control de la Asamblea de Madrid. En respuesta a las críticas de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, la presidenta madrileña ha afirmado que “siempre les están criticándo con lo mismo”, acusando a la oposición de “retorcer el dolor” de los afectados con fines partidistas.

La presidenta se ha escudado en asegurar que en comunidades gobernadas por el PSOE como Navarra o Aragón murieron proporcionalmente más ancianos, pero que la izquierda evita hablar de ello “porque gobernaba”. “La ideología lo puede todo cuando se está enfermo de sectarismo como ustedes”, ha espetado Ayuso. 

Por su parte, Bergerot ha cargado duramente contra el Ejecutivo de Ayuso, acusándola de asumir “cada bulo y cada mentira” de su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, quien recientemente ha cuestionado en redes sociales el testimonio de una familiar de una víctima que habló en La Sexta y que posteriormente se ha negado a pedir perdón. “Usted no va a hacer cesar a Miguel Ángel Rodríguez porque entonces tendría que ir usted detrás de él”, ha afirmado la diputada de Más Madrid. También ha reprochado a la presidenta que, tras cinco años, no haya accedido a reunirse con las asociaciones de víctimas ni haya permitido investigaciones sobre la gestión de las residencias. 

Bergerot también ha recordado que la Comunidad de Madrid envió cartas reclamando cuotas a las familias de ancianos fallecidos en residencias durante la pandemia. “Lo grave no son solo sus palabras, lo grave es el desprecio hacia las víctimas. Lo grave es estar cinco años impidiendo cualquier tipo de investigación para que se sepa la verdad. Lo más grave fueron los protocolos que decidieron quién podía salvarse y quién no”, ha insistido.

La portavoz socialista, Mar Espinar, también ha arremetido contra la presidenta regional y le ha preguntado directamente por su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez: “¿Por qué no le cesa? ¿Se ha cagado?”. Además, ha acusado a Rodríguez de ser el artífice de la respuesta gubernamental ante las investigaciones judiciales, utilizando lo que define como “su ventilador” para desviar la atención. El líder del PSOE de Madrid, en una publicación en X, ha denunciado “el sectarismo, la pequeñez y la inhumanidad” de la presidenta Ayuso.

El también ministro de Transformación Digital y Función Pública ha asegurado este jueves, en declaraciones en los pasillos del Congreso, que es “lamentable” que la presidenta de la Comunidad de Madrid se dedique a “insultar y perseguir” a periodistas, víctimas y familiares y que “pronto va a haber un cambio en Madrid”.

Ayuso, lejos de reconocer ningún error, ha insistido en su crítica a la oposición, acusándola de buscar un rédito político con este tema. “La izquierda no quiere justicia, quiere utilizar el dolor para sacar votos”, ha afirmado. Además, ha defendido la actuación de su gobierno durante la pandemia y se presentó como la única líder política que ha dado explicaciones sobre la gestión de las residencias, algo que, según ella, no han hecho los presidentes autonómicos del PSOE. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado este miércoles su rechazo rotundo a la propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, de desplazar permanentemente a la población palestina de la Franja de Gaza. Tras un encuentro con el presidente de Egipto, Abdelfatah Al Sisi, Sánchez ha reafirmado el compromiso de España con la solución de los dos Estados y ha defendido que “Gaza es de los palestinos y es parte del futuro Estado palestino”.

“La expulsión de la población palestina de Gaza no solo sería inmoral y contraria al derecho internacional y a las resoluciones de Naciones Unidas, sino que además tendría un efecto desestabilizador a nivel regional y mundial”, ha afirmado Sánchez, reafirmando la posición del Gobierno en contra de cualquier medida que busque desplazar a los habitantes de Gaza. La ONU ya advirtió a Trump de que “toda deportación desde territorio ocupado está prohibida”.

El jefe del Ejecutivo español ha asegurado que España seguirá apostando por una solución política que haga realidad la coexistencia de un Estado palestino con el Estado israelí. En este sentido, ha destacado la importancia del “liderazgo árabe”, en alusión a Egipto, y ha expresado su apoyo a la propuesta que se debatirá en la cumbre árabe programada para el próximo 4 de marzo en El Cairo, en la que el Gobierno egipcio presentará un plan para la reconstrucción de Gaza.

Tras el encuentro con Al Sisi, que ambos han calificado de fructífero, Sánchez ha subrayado la necesidad de consolidar el alto el fuego en Gaza, que entró en vigor hace un mes, y ha agradecido los esfuerzos de Egipto en la verificación de su aplicación y en las negociaciones para avanzar en una segunda fase –que debería de dar comienzo a principios de marzo–. Además, ha insistido en que la liberación de los rehenes que permanecen en el enclave palestino debe completarse y acompañarse de un flujo masivo de ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza.

Al Sisi, por su parte, ha mostrado su “aprecio y admiración” por la posición española respecto a Palestina, que fue reconocida como Estado por el Gobierno español el pasado mayo. El mandatario de Egipto ha agradecido al presidente que abogue por el establecimiento de un Estado palestino y que reconozca los derechos de la población palestina. También ha destacado que ambos están de acuerdo en el rechazo al desplazamiento forzoso de los más de dos millones de gazatíes.

El jefe del gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, ha descartado este martes la posibilidad de pedir disculpas a las familias de los fallecidos en residencias durante la pandemia, después de lanzar otro bulo sobre una de las familiares. En concreto, Rodríguez cuestionó este domingo el testimonio de una familiar de una de las 7.291 víctimas que se cobró la pandemia en las residencias de la Comunidad de Madrid que habló en 'Lo de Évole'. Primero aseguró tener “probado” que esa mujer no había tenido a ningún familiar en una residencia, horas después, en otro tweet, reconoció haber mentido y dijo que sí se trataba de la familiar de una persona fallecida en un centro de mayores madrileño.

En sus declaraciones a la prensa este lunes, Rodríguez ha justificado su postura argumentando que estos colectivos llevan “años llamando asesina” a Isabel Díaz Ayuso. El jefe de gabinete reconoció haber cometido “un error” en declaraciones previas pero ha asegurado que no dará “más importancia a este asunto”. Preguntado reiteradamente por no haber eliminado los mensajes que publicó en redes sociales durante la emisión de 'Lo de Évole', ha respondido tajante: “Yo no borro ningún tuit”.

La polémica en torno a Rodríguez se ha intensificado tras las acusaciones de la oposición, que le señala por investigar y perseguir a familiares de fallecidos en residencias. Él ha asegurado hoy que no tiene acceso a los datos de esas personas pese a sus afirmaciones en las redes.Tanto el PSOE como Más Madrid han solicitado su dimisión en la Asamblea de Madrid. Sin embargo, el asesor de Ayuso ha evitado pronunciarse sobre esta petición y ha derivado cualquier posible reunión con las familias afectadas a la “Consejería competente”.

Minutos después, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha afirmado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que Miguel Ángel Rodríguez es “sinónimo de fake y de indecencia”. Alegría ha pedido al jefe de gabinete de Ayuso que mande inmediatamente una disculpa tras calificar a las familias de las víctimas como “activistas y resentidas”.

Las asociaciones de familiares de los fallecidos en residencias han manifestado en una carta publicada este mismo martes su indignación ante la negativa de Rodríguez a pedir perdón y han insistido en pedir su dimisión. Consideran que sus declaraciones son una muestra de la “falta de sensibilidad” del Gobierno regional hacia su dolor y continúan reclamando justicia y responsabilidades por lo ocurrido en los centros de mayores durante la pandemia.

La Presidencia del Gobierno ha notificado a la Asamblea de Madrid que Pedro Sánchez no comparecerá el miércoles en la comisión de investigación sobre la actividad de su esposa, Begoña Gómez, en el parlamento autonómico. La decisión del Gobierno, comunicada a través de una carta del jefe de Gabinete de Sánchez, Diego Rubio, al presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, se basa en la consideración de que el parlamento madrileño es una cámara sin competencias para fiscalizar al jefe del Ejecutivo nacional.

La comunicación oficial se produce después de que la Asamblea de Madrid, con el impulso del Partido Popular y Vox, solicitara la comparecencia de Sánchez en el marco de la investigación parlamentaria sobre el posible trato de favor que Begoña Gómez pudo haber recibido para la obtención de una cátedra en la UCM.

Desde Moncloa han insistido en que no existe ninguna obligación jurídica que obligue al presidente a someterse a la comisión, basándose en antecedentes jurídicos y en dictámenes previos del Consejo de Estado. “No tienen potestad para requerir la comparecencia de autoridades del Estado”, explica el jefe de Gabinete de Sánchez, Diego Rubio.

Los grupos parlamentarios de Más Madrid y PSOE decididieron la semana pasada abandonar la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, al considerar que se ha convertido en un “circo” y un “show” político promovido por el Partido Popular para obtener titulares mediáticos. Ambos partidos criticaron que la comisión, en lugar de buscar una investigación seria, se ha transformado en una “maniobra partidista”. 

En la misiva mandada por Moncloa a la presidencia de la Asamblea de Madrid se citan varios dictámenes del Consejo de Estado que apuntan en la misma dirección. Uno de ellos es el 193/2016, que establece que las citaciones “han de circunscribirse, por tanto, a la actuación en su ámbito competencial de las autoridades y funcionarios de la Comunidad Autónoma”.

La citación de Pedro Sánchez la ha intentado forzar el PP de Madrid para revivir la comisión tras no haber logrado avances ni haber presentado evidencias concluyentes sobre supuestas irregularidades. Esta falta de avances y el abandono de PSOE y Más Madrid, debilitan el recorrido de la investigación y hacen que los populares se planteen congelarla.

Los activistas que han impulsado de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) ‘No es mi Cultura’, acompañados por representantes de Sumar, Podemos y ERC, han acudido este lunes al Congreso de los Diputados para presentar la cifra final de firmas logradas por la eliminación de la tauromaquia como patrimonio cultural en España: 715.606. Es una de las cifras más altas que nunca ha logrado una iniciativa popular en el Estado español.

La campaña ‘No es mi Cultura’ ha logrado reunir, por tanto, un número de adhesiones que supera con creces las 500.000 necesarias para que la ILP pueda ser debatida en el Congreso. La portavoz ha celebrado el “ingente trabajo” de los voluntarios y ha pedido a todos los partidos del arco parlamentario que se impliquen para recuperar las competencias autonómicas y municipales para prohibir o regular los espectáculos taurinos.

La ILP busca derogar la Ley 18/2013, aprobada durante el gobierno de Mariano Rajoy, que declaró la tauromaquia como patrimonio cultural en España. Esta legislación ha sido clave para garantizar la continuidad de las corridas de toros, al protegerlas de posibles prohibiciones en distintas comunidades autónomas, como es el caso de Catalunya, donde el Tribunal Constitucional anuló la prohibición de los toros impulsada por el Parlament.

Los promotores de la iniciativa han insistido en que la tauromaquia no solo representa “un problema ético”, sino que también implica el uso de fondos públicos. De hecho, cada año, diversas administraciones destinan cientos de miles de euros en subvenciones directas e indirectas para la celebración de espectáculos taurinos. Los voluntarios también han aprovechado para denunciar ataques verbales y físicos por parte de aficionados taurinos en distintas localidades.

A pesar de todo, la portavoz de ‘No es mi Cultura’ ha afirmado que la sociedad está cada vez más concienciada sobre el sufrimiento animal y que la tendencia es clara: “8 de cada 10 españoles están en contra de la tauromaquia”, ha asegurado. Los activistas también han celebrado el gran número de firmas conseguidas: “Hemos hecho historia”.

Sumar y ERC hacen un llamamiento al PSOE para tramitarla

El siguiente paso es saber si la ILP es admitida a trámite, hecho tras el cual el Congreso debería discutir y votar sobre la posibilidad de derogar el blindaje legal de la tauromaquia, lo que permitiría a las comunidades autónomas legislar libremente sobre el tema. Desde ERC instan al PSOE a demostrar “valentía” y apoyar su tramitación, lamentando la ausencia de representantes socialistas en el acto. También han señalado que la iniciativa es clave para Catalunya, donde la prohibición de la tauromaquia fue anulada por el Tribunal Constitucional, y han advertido que su restitución dependerá, en gran medida, de la postura del PSC, al que acusan de ser “una sucursal” del PSOE.

Sumar asegura que la ILP refleja “el sentir mayoritario de la ciudadanía”, que considera la tauromaquia una práctica del pasado y reclama su regulación de forma diferente. La formación se ha sumado al llamamiento al PSOE para que se sume a la iniciativa y apoye su tramitación, recordando que la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno “está representada en este movimiento”.

Por otro lado, el Gobierno central, liderado por el PSOE y con el apoyo de Sumar, ha mostrado en ocasiones posturas ambiguas respecto a la tauromaquia. Con todo, el Ministerio de Cultura eliminó el Premio Nacional de Tauromaquia, una decisión celebrada por activistas animalistas pero criticada por el sector taurino y el Partido Popular, que considera que la tauromaquia es una tradición cultural que debe ser protegida y ya están maniobrando para recuperarlo.

Durante el último año la tasa de riesgo de pobreza en la Comunidad de Madrid ha pasado del 12,9% al 14,3%, lo que supone un incremento del 10% en solo doce meses. Con este dato se corta con un aumento destacable la incercia positiva de los últimos ejercicios. En el conjunto del Estado, por el contrario, la tasa de pobreza ha descendido ligeramente, pasando del 20,2% al 19,7%, según la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Un factor transversal en todo el Estado es la brecha de género como determinante en el riesgo de pobreza. Las mujeres continúan sufriendo claramente un mayor riesgo de exclusión social, con tasas superiores a las de los hombres en todos los indicadores. Pese a la mejora en estos datos durante los últimos años, la brecha no se ha reducido durante 2024: casi 2 puntos de diferencia entre hombres y mujeres.

Pese a este aumento de la pobreza, la renta por persona en Madrid ha crecido de 16.817 a 17.275 euros anuales, consolidando a la región como la segunda con mayor renta per cápita del Estado, solo por detrás de Euskadi. No obstante, este crecimiento económico no se ha traducido en una mejora para los sectores más vulnerables, sino que ha ido acompañado de un aumento de la desigualdad social.

La tasa de carencia material, que mide la dificultad de los hogares para afrontar gastos esenciales, también ha aumentado en la Comunidad de Madrid respecto a los últimos datos. Durante el último año, el porcentaje de personas que sufren carencias materiales ha ascendido del 22,6% al 23,1%. Además, los datos arrojan que un 6,2% de la población no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días, frente al 5,7% del año anterior.

La pobreza infantil persiste

Uno de los datos más alarmantes son los que hacen referencia a la situación de la pobreza infantil en Madrid, que se mantiene en niveles preocupantes. Casi un 30% de los niños de la región está en situación de pobreza, con grandes desigualdades según el distrito de residencia. En zonas como Puente de Vallecas, la pobreza infantil alcanza el 45%, mientras que en el distrito de Retiro es del 9,1%.

A nivel estatal, Madrid concentra al 9% de los menores en riesgo de pobreza de toda España. Factores como la inflación, la insuficiente subida de los ingresos y la precariedad laboral, especialmente en hogares migrantes, agravan la situación. En familias donde ambos progenitores son extranjeros, la pobreza infantil asciende hasta el 70%. Además, la diferencia entre la pobreza infantil y la del resto de la población ha aumentado hasta los 8,7 puntos, la mayor brecha registrada hasta la fecha.

Otro dato que confirma el ensanchamiento de la pobreza y la desigualdad en el conjunto de la Comunidad de Madrid es la tasa de riesgo de pobreza según el indicador AROPE: ha pasado un 19,4% a cerca de un 21%. Por tanto, reafirma que 1 de cada 5 madrileños vive en situación de riesgo de escasez.

Los dos principales partidos de la oposición en la Comunidad de Madrid, Más Madrid y PSOE, han decidido este miércoles retirarse de la comisión de investigación promovida por el Partido Popular en la Asamblea de Madrid sobre Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La decisión llega después de que el PP haya incluido a Sánchez en la lista de comparecientes para la última sesión, prevista para el 19 de febrero, a pesar de que el jefe del Ejecutivo no está obligado a acudir.

Desde la oposición, los partidos de izquierda han calificado la comisión como un “espectáculo a medida” del PP, con el objetivo de generar titulares y desgastar políticamente al Gobierno. Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, ha denunciado que se trata de una “maniobra partidista” en la que los populares han impuesto un control absoluto sobre los comparecientes y el desarrollo de la investigación. “No vamos a seguir participando en un show que no busca esclarecer nada, sino generar ruido mediático”, ha afirmado.

El PSOE, por su parte, ha manifestado su rechazo a continuar en una comisión que consideran un “circo” y una “caja de resonancia para la difusión de bulos y ataques”. Fuentes de los socialistas madrileños aseguran que la derecha y la ultraderecha “saben perfectamente que no tienen competencias para citar al Presidente del Gobierno”, cuya comparecencia corresponde al Congreso de los Diputados. Consideran que esta comisión no es un proceso de investigación ni una búsqueda de la verdad, sino una persecución política sin fundamento dirigida contra el PSOE aunque “saben que no hay caso”.

Las sesiones celebradas hasta la fecha han debilitado la narrativa del PP y de Vox, ya que los comparecientes han ratificado la legalidad de la actividad de Gómez en la UCM. Tanto el rector, Joaquín Goyache, como otros responsables universitarios han asegurado que no hubo trato de favor en su nombramiento como directora de dos másteres y de una cátedra extraordinaria, desmintiendo las acusaciones de los populares.

PP y VOX defienden la continuidad de la comisión

El PP, que tiene mayoría absoluta en la Asamblea, ha defendido la continuidad de la comisión y ha acusado a la izquierda de intentar “boicotear” la investigación. Mercedes Zarzalejo, diputada del PP, ha afirmado que la retirada de PSOE y Más Madrid es una “pataleta” para deslegitimar el trabajo de la comisión.

Vox, por su parte, ha solicitado que el Consejo de Estado se pronuncie sobre la obligación de Sánchez de comparecer. “Sánchez es un ciudadano más y tiene la obligación de venir a declarar”, ha insistido Ana Cuartero, diputada de Vox. Además, en línea el enfrentamiento de los últimos días entre la formación y Ayuso, ha criticado la actitud del PP en la comisión, asegurando que “están perdiendo el tiempo” en desviar el foco de la investigación en lugar de centrarse en su prioridad: “Nuestra obsesión traer a declarar al número uno de la trama”.

Con la salida de los partidos de izquierda, la comisión queda controlada totalmente por el PP y Vox, mientras la oposición denuncia que el objetivo real de la iniciativa nunca ha sido esclarecer hechos, sino desgastar al Gobierno de Sánchez en el ámbito político y mediático. Desde el PSOE aseguran que “quien tiene que comparecer es la señora Ayuso” por los “chanchullos” de su entorno.

Este martes, la comisión cuenta con la comparecencia de varios expertos y responsables universitarios, entre ellos el exdirector de la Cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la UCM, así como miembros del equipo rectoral. Se espera que estos testimonios arrojen más luz sobre la gestión de la universidad y si existieron o no tratos de favor hacia Begoña Gómez.

El decreto social que incluye la moratoria de los desahucios a familias vulnerables no obliga a los propietarios a asumir el coste del alquiler. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, había asegurado que el primer decreto ómnibus daba alas a la “inquiokupación” para justificar su voto en contra del texto junto a Vox y Junts, mientras también señalaba que el decreto “no ha beneficiado a nadie”, pese a haber protegido a decenas de miles de personas.

Desde el Partido Popular afirmaron que aunque el proyecto también incluía medidas sociales importantes como la revalorización de las pensiones, no podían respaldar el texto debido a las cláusulas que, en su opinión, beneficiaban a los ocupantes ilegales: “Prorroga una norma que impide a los propietarios recuperar su casa”.

Finalmente, el PP anunció el miércoles que votará a favor de la convalidación del segundo decreto social aprobado el martes por el Gobierno, que salió adelante gracias al acuerdo entre el PSOE y Junts. A pesar de que el nuevo texto incluye la restitución al PNV del palacio de París incautado por la Gestapo y el mismo decreto antidesahucios —unas medidas que, según el partido de Alberto Núñez Feijóo, justificó su rechazo al decreto anterior—, los populares han decidido respaldarlo.

El decreto, que vuelve a estar entre el paquete de medidas pactadas entre Junts y el PSOE, se centra en tratar garantizar la protección de las familias que, debido a su vulnerabilidad económica, no pueden afrontar el pago del alquiler. En ningún caso impone que los propietarios tengan que asumir los costes de esos alquileres impagados, en las medidas contempladas son las comunidades autónomas las responsables de gestionarlo, con recursos económicos provenientes del Fondo Estatal de Vivienda. En otras palabras, ni los arrendadores ni las comunidades autónomas se pueden ver perjudicados por estas medidas.

Vulnerabilidad no es okupación

Es importante subrayar que la situación de vulnerabilidad de un inquilino no debe confundirse con la ocupación ilegal, una narrativa que en ocasiones se utiliza de forma interesada para generar rechazo social. La realidad es que los casos de impago protegidos por el decreto son situaciones legales que se procesan por la vía civil y que cuentan con el respaldo de criterios objetivos, aplicados por los servicios sociales de las comunidades autónomas. Por tanto, hablar de “okupas” en este contexto es incorrecto.

El decreto antidesahucios trata de blindar a estas personas en situación de vulnerabilidad de tal manera que si un inquilino deja de pagar el alquiler por vulnerabilidad económica y Servicios Sociales lo certifica, la comunidad autónoma tiene tres meses para ofrecerle una solución habitacional. Si en ese tiempo no le proporciona alternativa, debe compensar al propietario con el pago del alquiler mientras dure la suspensión del desahucio.

El diputado de Más Madrid, Hugo Martínez Abarca, ha expresado en X su indignación por las declaraciones de Feijóo y ha señalado que la Comunidad de Madrid por “no informar ni gestionar adecuadamente estas ayudas”. Además, ha acusado al PP de usar la desinformación para generar malestar y sacar rédito político, en lugar de abordar la crisis de vivienda.

El consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha asegurado en una entrevista en Telemadrid que “son las administraciones públicas las que deben ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad”, pese a no facilitar el acceso a este fondo de compensación más que por una página web.

El portavoz de Vivienda de Más Madrid en la Asamblea, Jorge Moruno, señala en declaraciones a elDiario.es que, en el caso de la Comunidad de Madrid, el Ejeuctivo de Isabel Díaz Ayuso no ha promocionado las compensaciones económicas disponibles para los arrendadores afectados por esta medida. La Comunidad de Madrid ha optado por no publicitar estas ayudas de forma efectiva, dejando a muchos propietarios en el desconocimiento de sus derechos. Además, Moruno explica que “la falta de un parque público de vivienda suficiente limita la capacidad de ofrecer soluciones habitacionales a las familias en riesgo de exclusión”.

Un informe del Observatori DESCA sobre el impacto de la moratoria antidesahucios entre 2021 y 2023 señala que permitió suspender el 25% de los lanzamientos previstos, aunque el 75% de los desalojos no quedaron cubiertos. Si bien la medida redujo los desahucios, la mayoría de las ayudas ofrecidas por los Servicios Sociales fueron económicas (77%) en lugar de proporcionar alternativas habitacionales efectivas. El informe recomienda fortalecer la intermediación pública, ampliar la cobertura de protección y exigir mayor corresponsabilidad a los grandes tenedores para evitar que miles de familias queden sin hogar.

Finalmente parece que pese al ruido de los últimos días, el decreto de protección a las familias vulnerables va a ser refrendado para un año más, tras el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts y el apoyo anunciado por el PP.

La Comunidad de Madrid afronta un desequilibrio abismal entre su producción de energía eléctrica y su consumo: cubre menos del 2% de su consumo con la energía renovable que produce. En un contexto de expansión de la energía verde en gran parte del Estado, la comunidad genera únicamente el 0,4% de la producción estatal de este tipo de energía, con un crecimiento prácticamente nulo durante el último año, mientras que su gasto representa más del 11% del total.

La región se sitúa a la cola de España en energía renovable instalada en relación con su superficie, por detrás de Cantabria, comunidad que por su menor consumo cubre un porcentaje mucho más elevado de su gasto con la potencia instalada en su territorio. Madrid, en cambio, importa de otras regiones más del 95% de la energía que consume.

El último estudio publicado por el Observatorio de Energías Renovables de Foro Sella, además de arrojar esta disparidad entre el consumo y la generación, apunta a un aumento notable de la producción de energía mediante la cogeneración provocando un descenso del peso de las energías verdes. A finales de septiembre de 2024, Madrid contaba con 233 mega watios de potencia renovable instalada, una cantidad ínfima en comparación con la demanda.

Dependencia del resto de comunidades autónomas

España enfrenta un desequilibrio energético donde regiones con abundantes recursos renovables (como Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia) generan mucha más electricidad de la que necesitan, exportando entre el 50% y el 180% de su producción. Por contra, comunidades como Madrid, Catalunya, la Comunitat Valenciana y Andalucía consumen significativamente más de lo que producen. Este modelo ha provocado tensiones en las regiones exportadoras, que demandan compensaciones económicas, como impuestos específicos o descuentos en la factura eléctrica, por su papel en el abastecimiento energético nacional.

Según los datos más recientes de Red Eléctrica Española, la Comunidad de Madrid produce un 4% de la energía que consume, y menos de la mitad mediante energías renovables. La escasa producción obliga a Madrid a depender significativamente de la energía generada en otras comunidades autónomas para satisfacer su demanda. Esta dependencia supone un problema en cuanto a la de seguridad de suministro y sostenibilidad, especialmente en un contexto donde la transición hacia fuentes de energía limpia es una prioridad a nivel estatal e internacional.

En este sentido y en comparación con otras regiones, Madrid presenta una de las densidades de potencia renovable instalada más bajas del país. La escasez de suelo disponible, sumada a la falta de normativas que favorezcan la instalación de infraestructuras energéticas sostenibles, ha resultado en un estancamiento del sector renovable.

Este hecho, además de tener un efecto evidente en la autosuficiencia de la región, también afecta el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad estatales, donde otras comunidades lideran la incorporación de energías renovables mientras Madrid sigue rezagada.

A pesar de estas altas cifras de consumo en relación con la generación de electricidad de la Comunidad, el Ejecutivo autonómico no muestra signos de tener la intención de reducir el gasto eléctrico en la comunidad. En este sentido, la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, llevó al Tribunal Constitucional el Decreto de Ahorro Energético que aprobó el Gobierno en 2022, con la intención de reducir el consumo energético, por actuar de “forma arbitraria, autoritaria y contra los comercios”.

El 84% de los españoles consideran que el cambio climático es “una amenaza real para el bienestar humano y la salud del planeta”, según el último barómetro publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Además, la emergencia climática es una preocupación transversal para los votantes de todos los partidos, excepto para los de Vox.

Esta conciencia ambiental generalizada de la ciudadanía española contrasta con las acciones recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien firmó este mismo lunes, en su primer día de mandato, una orden ejecutiva para retirar a su país del Acuerdo de París sobre cambio climático. Esta decisión, que supone la segunda salida de EE.UU. del pacto internacional bajo su liderazgo, vuelve a desdeñar la ciencia climática y los esfuerzos internacionales para mitigar el calentamiento global. 

Otro tema que genera un amplio consenso entre los españoles es el feminismo. Preguntados por si se debe lograr la plena igualdad en todos los ámbitos entre hombres y mujeres, 9 de cada 10 encuestados responden que están de acuerdo o muy de acuerdo, suponiendo de nuevo la mayoría entre los votantes de todos los partidos, incluso en el caso de la extrema derecha. En el plano electoral, un 70% de los encuestados asegura que acudirá a las urnas en caso de elecciones “con total seguridad”.

Los jóvenes, menos politizados

Por otro lado, la militancia en organizaciones políticas o asociaciones cívicas sigue siendo minoritaria, con solo un 8% de la población involucrada en estas estructuras, y entre los jóvenes de 18 a 24 años, la cifra de personas que participan de manera activa desciende al 2%.

Las nuevas formas de participación parece que sí que van extendiéndose poco a poco: 3 de cada 10 ciudadanos afirma haber firmado peticiones en línea en el último año y un 45% de los encuestados declara participar en debates políticos, especialmente en redes sociales.

No obstante, la acción colectiva en las calles también mantiene adeptos: según el informe, el 28% de los encuestados ha asistido a manifestaciones en los últimos cinco años, lo que indica que una parte significativa de la población recurre a la protesta como herramienta de acción política. Este tipo de participación es más frecuente entre los menores de 35 años y las personas con estudios superiores.

Mientras en la Gran Vía de Madrid se mueve una marea de personas que trata de aprovechar las rebajas de enero, las temperaturas vuelven a caer en la ciudad y las personas sin hogar, muchas de ellas repartidas en este eje central, siguen haciendo lo posible para sobrevivir sin un techo en el que cobijarse. Aunque el consistorio implementa campañas de frío y programas específicos durante los meses más complicados del año, las cifras siguen al alza, hecho que refleja un problema que va más allá de la asistencia inmediata: un sistema incapaz de garantizar el acceso a viviendas asequibles y vidas dignas.  

Desde 2006, el Ayuntamiento de Madrid venía realizando un recuento nocturno anual de personas sin hogar con apoyo de voluntarios, obteniendo cifras estimadas en un día específico. A partir de 2022, este método cambió con la creación de los “Equipos de Calle”, integrados por profesionales que operan en los 21 distritos de la ciudad. Según fuentes del área de Políticas Sociales, Familias e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, el nuevo sistema de recuento es más preciso y garantiza “un trato digno y una intervención más cercana”.

Gracias a este enfoque diario, en 2023 se registró “un nivel de detalle sin precedentes”, incluyendo personas en asentamientos y en zonas como el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Por contra, miembros del tercer sector señalan que el nuevo sistema de recuento implementado por el Ayuntamiento, aunque puede ser más preciso, dificulta la comparación con datos anteriores. Con todo, se calcula que según los últimos datos publicados por el Ayuntamiento en junio en la ciudad 2.414 personas se enfrentan a los meses más crudos del año sin un hogar estable.

El sinhogarismo también ha crecido en el conjunto de la Comunidad de Madrid: ha aumentado un 17% entre 2012 y 2022, pasando de 3.532 personas a más de 4.100, según datos del INE.

Daniel Ferrera, de la organización Hogar Sí, confirma que desde su asociación han notado un aumento evidente de las personas en esta situación en la última década, agravado por factores como la precariedad laboral, la inflación y el aumento del coste de la vivienda.

Bosco García Camarrós, Director de Área de Centros de Día de la Asociación Realidades, recuerda que el concepto de sinhogarismo no se limita a quienes viven en la calle: “También abarca situaciones como alojamientos temporales, inseguros o inadecuados”. Esta definición ampliada refleja una realidad más compleja, que incluye a personas en riesgo de exclusión residencial debido al empleo precario o la falta de acceso a una vivienda digna. García recuerda que en Madrid los alquileres raramente bajan de 900 euros, mientras los salarios no alcanzan para cubrir necesidades básicas, lo que lleva a un “aumento de la vulnerabilidad y del sinhogarismo sobrevenido”.  

La llegada del invierno

Para enfrentar el invierno, el Ayuntamiento refuerza recursos como la “Campaña de Frío”, que proporciona plazas en dispositivos de acogida, ropa de abrigo, comidas calientes e información sobre servicios disponibles. También se coordina con la Dirección General de Servicios Sociales y equipos como Madrid Calle para derivar a personas sin hogar a recursos adecuados. Aun así, desde Realidades subrayan la dificultad de alcanzar a todas las personas en situación de sinhogarismo.  

Los nuevos recursos del Ayuntamiento incluyen el programa “A Tiempo”, enfocado en jóvenes sin hogar de entre 18 y 25 años, y el centro Pedro Meca, inaugurado en septiembre, que busca facilitar transiciones hacia alojamientos más estables. Además, el consistorio ha lanzado una campaña de sensibilización para visibilizar la problemática.

Desde las asociaciones del tercer sector valoran los esfuerzos de las autoridades municipales para destinar más recursos a esta cuestión, aunque creen que falta “mucho camino por recorrer” y que se debe hacer una apuesta decidida por sacar a “todas y cada una de las personas” de la calle. Además, subrayan que el invierno es un periodo especialmente delicado dado que más de un 15% de las personas sin hogar mueren prematuramente por hipotermia.

Las entidades también resaltan que el sinhogarismo no es solo un reflejo de exclusión social, sino también un síntoma de una crisis estructural de vivienda y desigualdad económica. Mientras persistan la precariedad laboral, la falta de vivienda asequible y la insuficiencia de recursos, miles de personas continuarán enfrentando el frío invierno madrileño sin un hogar donde refugiarse.

El perfil de las personas sin hogar

En Madrid, la mayoría de las personas sin hogar son hombres: representan aproximadamente el 80% de este colectivo. En cuanto a la edad, el rango predominante se sitúa entre los 46 y 55 años, lo que equivale al 35% de las personas sin hogar, seguido por aquellos entre 36 y 45 años, con un 25%. Según los expertos, la edad adulta tardía es un periodo crítico de vulnerabilidad para este grupo, especialmente ante la pérdida de empleo o redes de apoyo social.

En cuanto a la distribución a lo largo de la ciudad, el 40% de las personas sin hogar en Madrid se encuentran en el distrito Centro, lo que lo convierte en la zona con mayor concentración de este colectivo. Este fenómeno podría atribuirse a la disponibilidad de recursos asistenciales y al mayor flujo de personas en esta área, que facilita el acceso a donaciones y ayudas informales.

Madrid no se ha quedado atrás en el auge de los huertos urbanos en las grandes urbes y cuenta ya con más de 400 repartidos por la mayoría de los distritos. La expansión de estos huertos empezó aproximadamente en la década del 2010, en un contexto marcado por el 15M, con el objetivo de autogestionar la producción de alimentos a pequeña escala. Aun así, no todas las parcelas tienen el mismo origen. Hay decenas de huertos privados, además de aquellos que forman la red pública.

El primer huerto urbano promovido por el Ayuntamiento de Madrid fue el de la Casa de Campo, inaugurado en 1988 como parte de un proyecto piloto. Desde entonces, la red ha crecido paulatinamente y en la actualidad Madrid cuenta con más de 50 huertos gestionados directamente por vecinos y asociaciones, además de parcelas municipales asignadas a personas mayores o entidades sociales que trabajan con colectivos vulnerables y aquellos situados en los centros escolares.

Los huertos urbanos comunitarios tienen varias particularidades: no está permitida la venta de las hortalizas que se cultivan y está prohibido el empleo de fertilizantes, herbicidas y otros productos químicos. Además, el regadío del huerto se realiza mediante el sistema de goteo para optimizar el uso de agua.

En el barrio de Tetuán, el huerto comunitario de La Ventilla es un ejemplo de cómo la horticultura puede transformar espacios abandonados en puntos de encuentro para los vecinos. Antiguamente era un terreno baldío lleno de escombros, hoy es un espacio donde se cultivan hortalizas ecológicas y organiza actividades de educación ambiental que congregan más de 3.000 visitas anualmente.

Los beneficios de la agricultura comunitaria

Desde 2010, iniciativas ciudadanas han desarrollado huertos comunitarios en parcelas sin uso, muchas municipales, bajo autogestión. A través de la Red de Huertos Urbanos y la Federación de Asociaciones Vecinales, se creó en 2014 el Programa Municipal de Huertos Urbanos Comunitarios, coordinado por el Área de Medio Ambiente y Movilidad.

La estrategia del Ayuntamiento también incluye la creación de huertos en centros educativos, centros culturales y residencias de mayores. En este sentido, el consistorio ha inaugurado más de 200 huertos en centros de primaria, secundaria y formación profesional para fomentar las actividades pedagógicas en torno al cultivo de alimentos.

Los huertos urbanos son una forma de transformar espacios grises de las ciudades en áreas verdes que a su vez fomentan el equilibrio ecológico y las relaciones sociales. Los expertos coinciden en apuntar que, dejando de lado la dimensión social de los huertos, también tienen un impacto positivo evidente en la biodiversidad y el clima. Un estudio del Ministerio para la Transición Ecológica apunta precisamente a los beneficios en cuanto a la calidad del aire, el cambio climático, la salud humana y la salud mental.

Otra cuestión fundamental de estos espacios es que la mayoría se acaban convirtiendo en puntos de encuentro comunitario donde las personas pueden colaborar, aprender y fortalecer vínculos en torno al cuidado de la naturaleza. Promueven hábitos saludables al facilitar el cultivo de alimentos frescos y reducir la dependencia de cadenas de suministro largas.

El precio de la vivienda en la Comunidad de Madrid ha alcanzado máximos históricos en diciembre de 2024, con 3.771 euros por metro cuadrado, un 17,5% más que hace un año, y una subida trimestral cercana al 6%, según el portal Idealista. Este aumento interanual es el más alto de España, seguido por las Islas Canarias, Murcia y la Comunitat Valenciana. La ciudad de Madrid se ha posicionado durante el último año como la segunda capital más cara del país para comprar vivienda, adelantando a Barcelona y por detrás de Donostia - San Sebastián, con 4.952 euros/m².

El mercado inmobiliario español continuará su tendencia alcista en 2025, con previsiones de incrementos en los precios de la vivienda de entre el 5% y 10%, según portales inmobiliarios, entidades bancarias y otros organismos. Todas las entidades coinciden en destacar un aumento aún mayor en el precio del alquiler y la especial incidencia de la subida en aquellas zonas tensionadas, especialmente en las grandes urbes y en las zonas costeras del país.

La variación respecto al precio de la vivienda en Madrid desde siete años atrás es de un 130%. Entonces, se situaba en 2.152 euros/m². Estos datos, basados en los precios de oferta publicados en Idealista, reflejan una tendencia sostenida al alza y que año tras año ha ido acentuándose, consolidando Madrid como una de las regiones con mayor encarecimiento inmobiliario en España y con un problema grave de acceso a la vivienda que ha revuelto el panorama social y político.

Las distintas proyecciones para 2025: precios al alza

Los precios de la vivienda en España subirán entre un 4% y un 6% en 2025, según la agencia Fitch. En el mismo informe también se prevé un crecimiento aún mayor para 2026, de entre el 5% y el 7%, impulsado, entre otros factores, por el aumento de la demanda. La agencia señala que durante los próximos años la oferta seguirá siendo “insuficiente” y coincide con los demás organismos en subrayar que los precios se van a continuar disparando en las grandes ciudades como Madrid.

Según el informe 'III Solvia Market View 2024', de la agencia inmobiliaria Solvia, el precio de la vivienda crecerá entre un 4% y un 5% en 2025, moderando ligeramente su alza respecto a este año, que cerrará con subidas de entre el 5% y el 7% en el conjunto del Estado. El informe también destaca la escalada de los precios del alquiler, dado que prevén un incremento superior al 10% en 2025, similar al del último año. A pesar de la presión en la oferta y la demanda, Solvia descarta el riesgo de una burbuja inmobiliaria en Madrid como la de 2008.

En los distritos de Madrid, según la misma fuente, Salamanca (6.219 €/m²), Chamberí (5.857 €/m²) y Chamartín (5.207 €/m²) lideran en precios, mientras que Barajas fue la única zona con una leve caída del 0,1%. Destacan las subidas interanuales de Moratalaz, con un notable 27%, mientras que Vicálvaro tuvo un incremento más modesto, de poco más del 1%.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntan a registros récord en el conjunto de España, con registros cercanos a las 70.000 operaciones de compraventa en octubre de 2024. Las operaciones han alcanzado niveles similares a los del boom de 2007, siendo el mayor aumento desde agosto de 2021 y la cifra más alta desde mayo de 2007. La venta de viviendas nuevas ha crecido un 83,4%, alcanzando 16.224 operaciones, mientras que la de viviendas usadas aumentó un 43,6%, con 53.194 transacciones, cifras récord desde 2007.

Con todo, pese al baile de cifras, los organismos coinciden en que la escalada de precios, tanto del alquiler como de la compraventa de vivienda en la Comunidad de Madrid, no va a cesar durante este 2025.