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Investigación

La Guardia Civil caza al presidente del PP y la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar, a 215 kilómetros por hora

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (izquierda), junto al de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar, en una imagen de archivo

Pedro Águeda

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La Guardia Civil de Tráfico redacta un atestado por un presunto delito contra la seguridad vial tras haber detectado el vehículo que conducía el presidente de la Diputación de Ourense y del PP provincial, José Manuel Baltar, a 215 kilómetros por hora el pasado domingo, a la altura del municipio zamorano de Asturianos, informan a elDiario.es fuentes próximas a las pesquisas.

Los agentes dieron el alto al coche por el citado tramo de la A-52, también conocida como Autovía de las Rías Baixas, pasadas las seis de la tarde, tras detectar un radar el exceso de velocidad. La A-52 une Galicia con Castilla-León, conectando las provincias de Pontevedra, Ourense y Zamora con la A-6. Fuentes de la Diputación afirman que Baltar conducía en dirección Madrid porque tenía reuniones el lunes por la mañana en la capital.

Las mismas fuentes oficiales del órgano que preside Baltar aseguraron a elDiario.es la noche del martes que el coche pertenece a la Diputación de Ourense y que el político fue sancionado en el acto con una multa de 600 euros y seis puntos, así como que los servicios jurídicos de la Diputación procederían a recurrir por la vía administrativa. En la mañana del miércoles, la Diputación rectificó y afirmó que los servicios jurídicos no recurrirán la sanción, atribuyendo la comunicación inicial a “un error”. Ese portavoz oficial asegura que Baltar ha pagado la multa la mañana de este miércoles, horas después de que elDiario.es desvelara el incidente.

El presidente del PP de Ourense se ha apresurado a pagar la sanción antes de que le sea notificada la instrucción por un presunto delito contra la seguridad vial. El procedimiento por posible delito será puesto en conocimiento del juzgado y se comunicará próximamente a Baltar. En el caso de que el juzgado aprecie los indicios de delito de los que le informará la Guardia Civil, el proceso de sanción administrativa se detendrá.

Los agentes redactaron en el acto un boletín de denuncia administrativa que le entregaron a Baltar en el lugar. Los 215 kilómetros a los que el radar señaló que circulaba Baltar situaban los hechos en lo que los agentes denominan “zona gris”, esto es, en la duda de si se trata de un exceso de velocidad constitutivo de delito o solo alcanza a una fuerte sanción. Por este motivo, los guardias civiles procedieron a notificar la apertura del proceso administrativo a la espera de determinar si se daba un delito. Con posterioridad, y tras aplicar el margen de error posible en el radar del 5% de total de la velocidad detectada, se procedió a abrir un atestado por una posible infracción penal al haber superado en más de 80 kilómetros por hora la velocidad permitida en el tramo, explican las fuentes de elDiario.es.

El procedimiento por posible delito será puesto en conocimiento del juzgado y se comunicará próximamente a Baltar. En el caso de que el juzgado aprecie los indicios de delito de los que le informará la Guardia Civil, el proceso administrativo se detendrá a la espera de la resolución de la instrucción penal.

El presidente de la Diputación de Ourense no se identificó como tal cuando los agentes le dieron el alto. Los guardias no practicaron el test de alcoholemia o drogas porque este se realiza siempre que hay accidente y solo si se aprecian síntomas en el conductor en el caso de que no se haya producido un percance, precisan las fuentes consultadas.

José Manuel Baltar es presidente de la Diputación Provincial de Ourense desde febrero de 2012, hace más de una década. Sustituyó en el cargo a su padre, José Luis Baltar, hombre fuerte del PP gallego durante décadas. Baltar hijo es presidente del PP de Ourense desde 2010. En 2021 revalidó su liderazgo en el partido a nivel provincial con un 99,2% de los 662 sufragios emitidos. La conducción temeraria está castigada con hasta dos años de cárcel si no ha puesto en riesgo concreto la vida de las personas.

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