Entre 2001 y 2015 los estados en la UE que disponen de legislaciones para tratar el sobreendeudamiento particular han pasado de 10 a más de 20 (a excepción, con datos de la Comisión, de España, Bulgaria, Grecia, Rumanía, Croacia y Hungría). A falta de un procedimiento común en el continente cada estado aplica sus propias reglas para la rehabilitación, la dación en pago, la reestructuración y los acuerdos extrajudiciales. A pesar de las divergencias, trabajos recientes como el de Jan-Ocko Heuer permiten identificar los modelos regionales, ordenados según la aproximación legal y cultural hacia la deuda.

1) El modelo anglosajón: borrón y cuenta nueva

El sistema anglosajón tiende a considerar el sobreendeudamiento como un fenómeno inherente a la economía de mercado. Si hay posibilidad de crédito, hay riesgo de insolvencia. Partiendo de dicha lógica, la prioridad en países como Estados Unidos o el Reino Unido es restablecer con celeridad la actividad económica (y el consumo) del deudor. El modelo británico ofrece distintas soluciones de remisión de deuda, y el capítulo 7 de la ley de insolvencia en Estados Unidos permite en algunos casos una remisión a partir del tercer mes. Al favorecer una condonación rápida y sin condicionantes, el legislador ha trasladado de forma indirecta la responsabilidad – y la carga – a las entidades bancarias. La legislación incentiva a la cautela y el auto-control.

La batería de medidas posibles en el caso británico se establece de forma progresiva. El primer paso es una ‘reorganización de la deuda’ (Debt Reorganisation): un período durante el cual se ponen en marcha iniciativas para facilitarle al deudor un repago más escalonado (rebaja del tipo de interés, extensión del período para el repago, prioridad al capital…). Durante esta primera etapa, y en caso que la deuda no sea mayor de 5 000 libras, el juzgado del condado puede ya dictaminar de entrada una remisión de la deuda.

En casos de sobreendeudamiento mayores, el sistema ofrece dos mecanismos de rehabilitación. El primero, el proceso de quiebra (Bankruptcy Order), establecido por primera vez en 1986. El proceso se desarrolla bajo mediación judicial, y supone la posibilidad de la dación en pago y un plan de pagos a máximo 3 años vista. Dicho plan no puede incluir ni los bienes ni las rentas consideradas como de subsistencia. Además, para las personas con deudas de máximo 15 000 libras pero sin recursos, un plan de remisión de deuda puede establecerse en un período máximo de un año (Direct Relief Order). La segunda posibilidad es el acuerdo individual voluntario (Individual Voluntary Arrangements (IVA), que equivale al proceso de quiebra pero sin pasar por el canal judicial.

2) El modelo de protección francés: la rehabilitación

En Francia, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia el sobreendeudamiento se considera como un fenómeno principalmente socioeconómico. El modelo protege al deudor, organizando un posible reembolso de la deuda pero sobre todo salvaguardando los derechos sociales, financieros, de acceso a la vivienda, de inserción profesional y de dignidad social. Francia tiene la legislación más avanzada en el continente desde la llamada Ley Neiretz de 1989, propuesta por la entonces secretaria de Estado para la economía del primer gobierno de Michel Rocard.

El sistema francés, como el inglés, promueve la progresividad, en función de la gravedad del sobreendeudamiento. En caso de dificultades puntuales (hasta 10 000€) el deudor puede pedir por simple formulario postal al juez de proximidad la reorganización de los pagos pendientes, dentro de un período de hasta dos años. La decisión del juez – que puede ser presentada de ‘urgencia’ en el plazo de semanas, bloquea inmediatamente cualquier medida iniciada por los acreedores.

Para los casos más graves, las llamadas comisiones de sobreendeudamiento juegan un rol esencial. Las condiciones para presentarse ante dicha instancia pública facilitan el proceso al deudor: el proceso es gratuito, los formularios están online, la respuesta no puede tardar más de 3 meses, y cualquier procedimiento iniciado por los acreedores queda bloqueado desde el momento mismo de la presentación del dossier. Las condiciones de receptibilidad van en la misma línea: el derecho de petición está ligado a la residencia (y no a la nacionalidad), la buena fe del deudor se presume (nadie se sobreendeuda queriendo), las prestaciones sociales básicas son intocables (como los ingresos mínimos, las ayudas a la vivienda o las prestaciones familiares). Por último, el deudor mantiene en todo momento el derecho a una cuenta bancaria y métodos de pagamiento.

Una vez el dossier cumple los requisitos, se prevén tres resoluciones posibles. La primera, el llamado plan convencional de recuperación (Plan conventionnel de redressement), donde se intenta alcanzar un acuerdo de repago a través por ejemplo del re-escalonamiento de las deudas y la reducción o supresión de los intereses. Cualquier plan debe excluir un presupuesto para la ‘vida diaria’ (gastos de alojamiento, electricidad, calefacción, alimentación, escolaridad, desplazamientos profesionales, salud…). En caso que las partes no logren alcanzar un acuerdo la comisión de sobreendeudamiento puede imponer algunas de las medidas, hasta un máximo de dos años (mesures imposées et recommandées). Por último, si la comisión considera que las deudas son realísticamente irresolubles se procede a la rehabilitación personal (rétablissement personnel), que incluye exoneración de la deuda pendiente y posibilidad de la dación en pago para la vivienda secundaria (si el deudor solo dispone de la vivienda principal la exoneración también se aplica a cualquier pago pendiente sobre la hipoteca). En otras palabras, la vivienda, si es el techo principal de la familia, es intocable.  

El gráfico 3 muestra una fuerte subida de las medidas impuestas, y del restablecimiento personal. Es decir, un fuerte incremento de las medidas susceptibles de proteger al deudor en caso de desacuerdo. Una evolución que demuestra la eficacia de un sistema pensado como ‘protección social’, en particular en períodos de crisis.

 3) El modelo alemán y austríaco: la redención

El sistema alemán, a pesar de estar en sintonía con la cultura del escarmiento personal, incluye sistemas de rendición de deuda. La legislación germana se basa en la “responsabilidad moral” de la persona que contrae la deuda. Ante una situación de sobreendeudamiento el pasivo puede ser reestructurado pero a cambio de una serie de obligaciones durante un periodo de tiempo que generalmente se alarga hasta seis años. A lo largo de ese “periodo de buena conducta” (Wohlverhaltensperiode), el deudor debe cumplir con requisitos como buscar trabajo y no contraer nuevos préstamos. En Austria el sistema es todavía más férreo, ya que solo permite la reestructuración de la deuda para aquellos deudores con bienes materiales o financieros. Es decir, para aquellos que pueden repagar, en parte, sus deudas.

Sistemas más ‘morales’ como el alemán y el austríaco tienen una contrapartida, y es que suponen un coste elevado para el erario público sin que los procedimientos de insolvencia acaben suponiendo ningún repago efectivo. En la última conferencia internacional en Berlín sobre insolvencia, Heuer explicaba como el sistema germánico, al negarse a aceptar que la mayoría de las familias no pueden pagar, acaba provocando tanto exclusión social (como en Austria) como ineficacia de las políticas públicas (como en Alemania).

El Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febrero, ‘de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social’, propuesto la semana pasada por el gobierno español se inspira del sistema germánico. La posible dación en pago y remisión de deuda está vinculada a una serie de ‘condicionantes’ y ‘requisitos’ que el legislador considera ‘merecedores’ para negociar una reestructuración de la deuda. La ‘buena fe’ no se presume, como en el sistema francés, si no que tiene que demostrarse. Por ejemplo, no haber rechazado una oferta de empleo en los últimos cuatro años, mostrarse voluntario a un acuerdo extrajudicial, haber pagado en su totalidad los créditos concursales privilegiados (hipotecas) o los llamados créditos “contra la masa” (deudas posteriores al concurso) - en su defecto, haber intentado un acuerdo extrajudicial para pagar el 25% de los créditos concursales ordinarios. En otras palabras, el decreto amplia ligeramente el acceso a la dación en pago, pero sigue sin ofrecer un sistema universal y generalizado para lidiar con la insolvencia particular en España.

Tres desafíos en común

A pesar de las divergencias, los tres modelos europeos se enfrentan hoy en día a tres desafíos:

a) Los datos muestran un incremento de los casos de insolvencia desde 2007 en todo el continente. En Francia, las aplicaciones por sobreendeudamiento han aumentado un 66% entre 2000 y 2013. En España, las personas viviendo con una hipoteca se han multiplicado casi por dos. En el Reino Unido y en Alemania las insolvencias de consumidores representan respectivamente 8 veces y 4 veces más casos que las insolvencias empresariales.

b) El análisis sociológico presenta recurrencias entre países. Las personas que viven solas, aquellas que tienen que hacer frente a una situación de divorcio o separación, los que disponen de menos recursos, aquellas que viven de alquiler o con una hipoteca y los que atraviesan cambios profesionales, caracterizan el perfil sociológico entre los afectados por sobreendeudamiento. En Francia el 64% de los particulares que hacen frente a una situación de insolvencia viven solos, y el 50% se encuentran en una situación de inactividad o desempleo. Según datos de Eurostat de 2013, en España 1 de cada 2 personas que vive de alquiler está en situación de sobrecarga económica. El análisis sociológico apunta que el sobreendeudamiento poco o nada tiene que ver con el prejuicio generalizado que traslada la responsabilidad al deudor. Al contrario, el fenómeno parece ser, antes que nada, fruto de cambios socioeconómicos, imprevisibles, sistémicos, o de circunstancias personales. Un desafío pues para las políticas públicas, y no una cuestión moral.

c) Ausencia de datos: solo Francia publica de forma oficial y exhaustiva datos sobre insolvencia personal, perfil de los afectados, etc. Considerando las ramificaciones y corresponsabilidades del fenómeno, la imposibilidad para los legisladores y la sociedad de comparar los números reales en Europa representa un auténtico déficit de transparencia democrática.

(Este artículo forma parte de un especial de Agenda Pública dividido en tres partes, la primera que salió publicada la primera que salió publicada el sábado pasado analizaba el modelo español, en este se analiza de forma comparada los modelos en la Unión Europea. El último artículo examinará las medidas tomadas hasta ahora a nivel europeo para corresponsabilizar a los bancos y acreedores. Los datos recogidos forman parte de una iniciativa en el Parlamento Europeo que preparan los autores)

El ordenamiento jurídico español es, junto a Bulgaria y Grecia, el único en Europa que no dispone de un procedimiento singular para tratar la insolvencia de los consumidores y personas físicas

La ventana de oportunidad que dijo por fin abrir Mariano Rajoy el pasado martes (pág. 24 aquí) para legislar sobre lo que comúnmente se conoce como ‘segundas oportunidades’ será una ventana demasiado estrecha para paliar un vacío legal que no existe en ningún otro estado de la Unión Europea. España ha renunciado desde 1889 a tener una ley sobre el sobreendeudamiento de los particulares.

El gráfico 1 muestra cómo en solo 10 años se ha multiplicado casi por dos los residentes que viven en viviendas hipotecadas (y más considerando que los datos analizados no incluyen los años 2012-2015). En 2001, 7 de cada 10 españoles que vivían en propiedad habían pagado totalmente su casa, y 3 de cada 10 tenían pagos pendientes. En 2011, 5 de cada 10 españoles en ‘propiedad’ tiene pagos pendientes. En 2001 España contaba casi 34 millones de ‘propietarios’, con la casa totalmente pagada o hipotecada (74,7% del total de la población). En 2011, los propietarios, tanto los que tienen su vivienda totalmente pagada como los que tienen pagos pendientes representan un total de casi 37 millones de españoles (72,3% del total de la población). En otras palabras, España sigue siendo un país de propietarios, aunque doblemente hipotecados.

La evolución anual en término de ejecuciones hipotecarias no disminuye a pesar de las medidas adoptadas (ver gráficos 2 y 3), si no que aumenta. En 2012, 44,745 familias españolas se encontraban en una situación de ejecución hipotecaria, en 2013 el total de familias afectadas por ejecuciones hipotecarias fue de 49,693, un 11% más que el año anterior. Las familias que pierden su vivienda habitual aumentan en un 7,4%, hasta un total de 25.783 hogares afectados. Las ejecuciones hipotecarias de viviendas secundarias se multiplican casi por dos.

Además, datos provisionales del tercer trimestre de 2014 apuntan a que la tendencia se mantiene a la alza. Según el INE, en su nota de prensa del 22 de diciembre de 2014, las ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2014 sobre vivienda habitual registran un aumento anual del 13,5%. En total, entre 2012 y 2014, el número de hogares afectados por ejecuciones hipotecarias alcanza la cifra provisional de 150.000. En otras palabras, 150.000 hogares se han visto empujados a la exclusión por causas de sobreendeudamiento ligados al alojamiento (sin contar los casos de ejecuciones por alquiler, ni los casos previos al 2012, de los cuales se dispone de información limitada).

¿Qué se ha hecho hasta ahora?

¿Qué se ha hecho hasta ahora?El ordenamiento jurídico español es, junto a Bulgaria y Grecia, el único en Europa que no dispone de un procedimiento singular para tratar la insolvencia de los consumidores y personas físicas. Entre 2009 y 2014 dos decretos-ley, así como dos leyes sobre este tema, han introducido algunas disposiciones de flexibilidad, sin por ello llegar a crear un mecanismo que proteja y ofrezca una salida, de forma universal y ordenada, al individuo que se enfrenta a una situación de fallida en el inmediato o a largo plazo. Dicho vacío se sustenta históricamente en el principio instaurado en 1889 en el código civil de ‘responsabilidad patrimonial universal’ de las personas físicas, según el cual el deudor responde incondicionalmente de sus deudas, a través de sus bienes actuales o incluso futuros.

Los cuatro textos legislativos con los que el actual Gobierno ha modificado, parcialmente, el principio de responsabilidad patrimonial universal son los siguientes: el Real Decreto-ley 6/2012 de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos; el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de medidas urgentes para reforzar la protección de los deudores hipotecarios; la Ley 1/2013, de 14 de mayo de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social; y la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

El cuadro a continuación resume estos cambios. Medidas que, analizadas, presentan un impacto muy limitado.

A la vista de la situación actual el modelo español ofrece paliativos ineficaces para gestionar una situación de sobreendeudamiento particular. Un vacío legal que vulnera la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE (como el derecho a la vivienda, la protección al consumidor y el derecho a la dignidad). En el cuadro comparativo europeo España es probablemente el país que más necesita una legislación de segunda oportunidad. Una puerta que permita reestructurar la deuda, desatascar el consumo y prevenir la exclusión social.

En el reciente especial de Alternativas Económicas sobre la cuestión se explicaba como el volumen de deuda pendiente de las familias en 2011 representaba el 131,7% de los ingresos anuales del hogar, por 107% solamente 3 años antes. Y lo que es peor, la deuda recae especialmente sobre las familias con recursos más limitados. La deuda del 20% de los hogares más desfavorecidos representaba en 2011 un increíble 335% de sus ingresos anuales, más del doble que solo 3 años antes (149,4%).

En este sentido, la nota informativa sobre los procesos de ejecución hipotecaria del Banco de España, los trabajos en blogs especializados, el Consejo Económico y Social, el Defensor del Pueblo, los Jueces Decanos, el Fondo Monetario Internacional, y el imprescindible informe de Emergencia Habitacional que preparó la sociedad civil, llevan años permitiendo cuantificar, evaluar y denunciar la crisis a la que se enfrenta la sociedad española en este ámbito. Una crisis de la cual no existen datos oficiales detallados.

Tomarse en serio la posibilidad de legislar sobre el sobreendeudamiento de los particulares conlleva pues dos desafíos. El primero, la capacidad de movilizar argumentos de política comparada. ¿Qué hacen en Europa los demás estados? ¿Cuáles son las enseñanzas que podemos extraer de países que llevan 20 años con este tipo de leyes? El segundo desafío es tener la capacidad de analizar y estudiar el sobreendeudamiento como un fenómeno político, social y económico. Y no como una cuestión moral.

(Este artículo forma parte de un especial de Agenda Pública que está dividido en tres partes, la primera que sale publicada hoy analiza el modelo español, en las siguientes se analizará de forma comparada los modelos en la Unión Europea y se examinará el sobreendeudamiento como fenómeno socioeconómico y político. Los datos recogidos forman parte de una iniciativa en el Parlamento Europeo que preparan los autores).

En el seminario que se celebró el pasado 10 de octubre para presentar las conclusiones de la encuesta paneuropea entre Notre Europe y el CIDOB, ‘The EU looks ahead’, se produjo un debate interesante alrededor del título de la conferencia: ‘Reconquistar a los ciudadanos: una misión imposible para la UE?’. Un título en el que se intuía que la cuestión de la desconfianza hacia la UE sigue siendo considerado un desafío top-down. Es decir, algo que las instituciones han de esforzarse en resolver.

Esa visión, que privilegia la estructura a la socialización, es la que ha impregnado la gran mayoría de teorías sobre la integración europea en los últimos años, desde el neofuncionalismo que considera la Unión Europea como un seguido de engranajes competenciales que se retroalimentan –una cosa lleva a la otra-, hasta los estudiosos del ‘déficit de legitimidad’, que consideran que la ausencia de un campo de batalla politizado en Europa que cautive a la ciudadanía es la raíz de dicha desconexión. En ese contexto las ‘soluciones’ se desgranan como un seguido de políticas o estructuras específicas: campañas y partidos paneuropeos al Parlamento Europeo, reordenamiento de las competencias entre el gobierno nacional y la Comisión, potestad fiscal para la UE (más allá del 1% de PIB actual). En cambio las soluciones complejas y sociológicas, las que no pueden realizarse de un día para otro pasan a un segundo plano: políticas educativas europeas en primaria y secundaria, adaptación de los canales de formación de opinión, investigación sobre los efectos del contacto transnacional para superar el prejuicio nacional, etc.

En este marco, la situación actual parece más propia del título de la conferencia inversado. ¿Reconquistar a la Unión Europea: una misión imposible para los ciudadanos? Así formulado el acento está en el bottom-up, en la aproximación desde abajo. Invita a analizar el desafío como un reto colectivo sociológico, con la ciudadanía como plena corresponsable.

La autocrítica: iniciativas que caen en un saco roto

Uno de los elementos reveladores de la encuesta de Notre Europe es el apartado en el que 8 ciudadanos de cada país formulan sus ideas más urgentes para mejorar la comunicación sobre Europa.

Es curioso que de las seis recomendaciones que plantea el focus group en España, cuatro ya existan en la actualidad. Los ciudadanos le ponen la segunda mejor nota (un 8,7/10) a la iniciativa de tener un punto de información público y gratuito para hacer todo tipo de consultas sobre la UE. Una ‘ventanilla única’ europea. Una demanda que ningunea la red de oficinas de Europe Direct, públicas y gratuitas, puestas en marcha hace años. Con número de teléfono incluido (0 800 67 89 10 11). Otra iniciativa bien valorada: la de un ‘canal de televisión 24 horas sobre Europa’. Iniciativa en la que el erario europeo ya se gasta actualmente 6,5 millones de euros anuales para seguir sufragando el exitoso canal de noticias ‘Euronews’. Un canal que solo puede visualizarse por la TDT en algunas regiones en España y del que RTVE decidió desentenderse en 2008. En la misma línea, destaca la demanda de disponer de canales de televisión ‘interculturales’. De nuevo una iniciativa parcialmente puesta en marcha con el canal franco-alemán ARTE (público también) que retransmite en varias lenguas desde 1988. Y por último, la demanda de establecer encuestas a nivel europeo. Algo que, nuevamente, existe desde los años 70 con la publicación de los ‘Eurobarómetro’ en más de 20 lenguas.

Son iniciativas que pasan a menudo desapercibidas pero que también podría considerarse son víctimas de un desinterés algo voluntario, a nivel individual. En el fondo, quién intenta sintonizar Euronews, en vez del canal ‘habitual’. Dentro de la epopeya en la que se ha convertido hoy estar informado sobre la UE, parte de la responsabilidad es también compartida, y tiene algo que ver con la curiosidad de redescubrir aquello que solo se intuye.

La crítica: proximidad, regularidad y nuevas tecnologías

Al mismo tiempo, la encuesta también apunta hacia tres demandas claras de toda la ciudadanía europea para incrementar la eficacia de la estrategia comunicativa e institucional en las instituciones europeas.

La primera, la cuestión de la proximidad y accesibilidad. La iniciativa más valorada tanto por los encuestados españoles como por el resto de los encuestados en los otros 18 países europeos, con un 8,8/10, es la posibilidad de ‘ver’ físicamente a los profesionales que dan vida a la Unión: funcionarios, eurodiputados, comisarios… ¿Deberían los eurodiputados exigirse dedicar una parte de su tiempo a discutir y hablar con sus conciudadanos, tal y como es tradición en Inglaterra con las llamadas oficinas de proximidad? La exvicepresidenta de la Comisión, Viviane Reding, pareció apostar por ello a largo del 2013 y 2014, al movilizar a miles de ciudadanos en todas las capitales de Europa con sus llamados ‘diálogos ciudadanos’. Un modelo inspirado de los ‘town-hall meetings’ en Estados Unidos, con cada comisario europeo respondiendo directamente a preguntas de la ciudadanía. No hubo grandes declaraciones, ni tampoco grandes programas políticos. Simplemente se hicieron ‘visibles’. Bastó para que 80.000 ciudadanos se interesaran por Europa. España fue uno de los países clave, iniciando el ciclo en Cádiz, y consagrándolo con el diálogo que se celebró en Barcelona.

La segunda demanda, la cuestión de la regularidad. Los encuestados coinciden que ser consultados de forma regular es la clave para hacerles partícipes de la política europea. La regularidad como palanca para la credibilidad. La interacción con los ciudadanos como un continuum. Reflexionar sobre cómo dotar la comunicación institucional de un principio, un intermedio, y un seguimiento. Percibir, en términos concretos, qué resultados produce la implicación y la mera participación de cada uno.

Y por último, una utilización más interactiva de las redes digitales y las páginas webs institucionales. En ese sentido la evolución de la web del Parlamento Europeo ofrece pistas. En 2010 la Eurocámara apostó de forma pionera por el acceso y la rendición de cuentas. Se modificó el diseño de la página, se crearon sinergias con VoteWatch (la web donde se contabilizan todos los votos de los eurodiputados). Se apostó por un equipo que no solo canalizara información, sino que la ‘digiriera’ y jerarquizara. Se dejó atrás la visión de la información 'neutra' y aséptica, dos pequeños mantras bien anclados en el mundo de la comunicación pública institucional. Un proceso al que ahora se enfrenta la Comisión, en un momento en que su perfil (politización y parlamentarización) cambia a marchas forzadas.

Un estudio sobre el que construir

La encuesta de Notre Europe ofrece argumentos para impulsar tres iniciativas concretas: a) las oficinas de proximidad, b) el rediseño de las webs institucionales europeas, y c) la creación de plataformas para dar continuidad a las consultas ciudadanas. Ofrece también pistas para una ciudadanía más autocrítica, que tal vez no ha logrado explotar los mecanismos que la Unión Europea ha ido poniendo a su disposición como las oficinas de información de Europe Direct, los canales como Euronews o Arte, los eurobarómetros, la Iniciativa Ciudadana Europea, etc. Y por último, invita a cualquier lector a relativizar el desafío comunicativo en Europa. Sin resolver la cuestión de fondo, en particular la percepción por parte de los encuestados que Europa no garantiza la reciprocidad entre los ciudadanos de varios estados miembro, todo esfuerzo será estéril.

Parte de la ecuación pasa por percibirse como una unión con un destino común, una expresión que ya empuño Robert Schuman un célebre nueve de mayo de 1950. Políticas ventajistas y aprovechadas como la utilización por parte de Luxemburgo de la fiscalidad para atraer a empresas (práctica no exclusiva al Grand Ducado, por cierto) son especialmente dañinas no solo por una cuestión de ética política y económica, sino también por el sentimiento de injusticia, de incapacidad de reciprocidad, que transmite el proyecto europeo.

La tarea de reconectar la ciudadanía con el proyecto europeo exigirá más socialización y menos estructura. Más tiempo, solidaridad y autocrítica, y no solo decisiones sobre una mayor integración política. Instaurar el sentimiento de reciprocidad en Europa, esa será la batalla de la comisión de la última oportunidad, como decía Cristina Ares en estas mismas páginas. El desafío para el proyecto europeo no es otro que el de evitar convertirse en el paréntesis quimérico que duró solo una generación.

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En francés, cuando un ministro o alguien supuestamente afín al gobierno contradice la línea oficial, se dice que ha hecho un ‘couac’. Como un pato. La cronología de la presidencia de Hollande se puede analizar como un seguido de couacs. El último, ha acarreado la dimisión en bloque del gobierno. Tres días después que el presidente publicara una larguísima entrevista en Le Monde, detallando su ‘plan de combate’ para la rentrée, su ministro de economía, Arnaud Montebourg, y el de Educación, Benoit Hamon, lo desautorizaban en público en dos columnas mordaces. Un sabotaje en toda regla y el incumplimiento de la primera regla – la de la claridad –impuesta por Manuel Valls a sus ministros cuando pasó a liderar el gobierno el pasado mes de abril. Cogió la Constitución, y les leyó el artículo 21: ‘el primer ministro dirige la acción del gobierno’.

El inicio del gobierno Valls se remonta al 2 de abril de este año, cuando Hollande ponía al frente de su gobierno a su entonces ministro del Interior. Un personaje a contracorriente y el mejor valorado del gobierno, con cuotas de popularidad por encima del 70% mientras que el presidente y su entonces primer ministro, Jean-Marc Ayrault, recogían récords de impopularidad de más del 80%. Nunca antes un presidente francés ha sobrellevado, durante tantos meses, niveles de aprobación así de bajos.

Valls encarna el plus de voluntarismo que la sociedad francesa exige del presidente. Frente al Hollande ambivalente, prudente y permisivo, un primer ministro tajante, provocador y combativo – y con políticas bastante más conservadoras-. Un primer ministro atentísimo a la comunicación política, frente a un presidente algo despectivo con esa faceta política. Un primer ministro que se decantaba por colgar una foto de Clemenceau en su despacho, la figura histórica del socialismo francés que consiguió adueñarse al final de la primera guerra mundial de conceptos tan controvertidos como la autoridad y el patriotismo. Pero por encima de todo, un primer ministro que supuestamente iba a conseguir amaestrar a un equipo gubernamental que durante dos años había hecho de la división pública, su día a día.

En particular, la figura de Arnaud Montebourg. Un político que para entenderlo hay que mirar atrás, hasta su buen resultado en las primarias socialistas de 2011 donde se enfrentaron él (tercero), Hollande (primero), Martine Aubry (segunda), Ségolène Royal (cuarta) y Valls (quinto). Un político que hizo de una visión híper-crítica con la mundialización y la Unión Europea - la ‘des-mundialización’ - su leitmotiv. Un ministro al frente de la recuperación productiva y después de la cartera de economía, marcado por dossiers que han polarizado la opinión pública. Por ejemplo, el clash que le enfrentó en diciembre 2012 a los dueños de una de las siderúrgicas más importantes en Francia cuando anunciaron que cerraban una de sus fábricas en Lorraine, o cuando publicó, junto a Hollande y Valls, las 34 prioridades para re-industrializar Francia. Un ministro que lucha para que la industria represente 20% del PIB francés: ‘en 2025 el modelo industrial francés, como lo hizo Ford y Toyota, será un modelo mundial’, dejó escrito a mitad de 2013. Su última gran ley, aprobada en mayo, consistía en ampliar los sectores donde el Estado deberá dar su visto bueno cuando una compañía estratégica francesa esté siendo desmantelada y/o adquirida por capital extranjero. El decreto otorga al estado la potestad de autorizar según que inversiones en sectores como el agua, la sanidad, la energía, los transportes y las telecomunicaciones.

Tal vez la mejor manera de entender la personalidad y la visión política de Montebourg sea la de visualizar, de nuevo, la portada de El Parisien, en la que el entonces ministro aparece vestido con la tradicional ‘marinière’ francesa, vanagloriando la venta y compra de productos ‘made in France’. Una portada que se prestó a la ridiculización en algunos círculos, pero que sin embargo ilustra la disyuntiva profunda que esconde la dimisión en bloque de este gobierno.

Una disyuntiva que sigue persiguiendo al socialismo francés desde que en 2005 la campaña para la Constitución Europea fracturara de forma violenta y brutal el bando progresista galo. ¿Debe el PS apuntalar, integrar y aceptar la globalización como un marco irremplazable? La pregunta no es baladí. Supone enfrentarse a uno de los pilares del pensamiento progresista. Si las dinámicas que afectan la vida de los ciudadanos escapan a los controles tradicionales del estado-nación, la teoría política que pretenda defender una distribución más justa de los frutos producidos colectivamente en nuestras sociedades se enfrenta a un desafío de envergadura.

Temiendo reabrir de nuevo esta pregunta, que en el caso francés se vive como una auténtica guerra fratricida, Hollande ha querido, desde el primer día, ser el presidente de los matices, el de la reunificación y el ‘rassemblement’. El Presidente que devolvería la política al estanco del apaciguamiento, frente a la estrategia de polarización con la que Sarkozy apantalló la res publica. En su gobierno cabrían todos. ‘Moi, Président’, les dijo un Hollande incisivo a los televidentes durante la campaña, ‘seré un presidente normal’.

Hoy, el balance es doblemente duro. Ni su presidencia ha logrado sanar la herida de la división, ni tampoco ha sabido gestionar el corral de patos en el que se ha convertido el gobierno de la República. Con Valls a la cabeza de un nuevo gobierno que se anunciará el martes, la escisión ideológica saltará a la palestra. Aprovechar el espacio sombrío entre los edificios para seguir avanzando será más difícil. Hollande se convierte poco a poco en el primer presidente que asuma ser socialdemócrata en Francia. Como lo hicieron Blair y Schröder a su manera. Visto lo visto, tal vez sea su única oportunidad que tenga para capitalizar sobre sus reformas, y al mismo tiempo, puede que le aleje definitivamente de un posible segundo mandato. Tal vez sea esa la disyuntiva de un presidente normal.

Te explicamos el recorrido de tu voto hasta la elección del Presidente o Presidenta de la Comisión Europea.

Una Comisión comprometida con la igualdad pasa por aumentar las 9 comisarias que hay actualmente

Las elecciones del pasado 25 de mayo han cerrado una etapa y han abierto otra, en la que se decide no solo la renovación de los 751 nuevos eurodiputados, sino la de una gran parte de los cargos políticos a nivel europeo. El presidente del Consejo Europeo, el presidente del Eurogrupo, el equipo de la Alta Representante… todos ellos cambiarán de jefe. La pregunta sobre la igualdad de género ya marcó el proceso de elección de Catherine Ashton. Apostar por una igualdad normalizada desde el primer momento es una de las cuestiones que los estados pueden prever y comprometerse desde el día uno, no solo por un tema de derechos inalienables, sino también por su propio interés político.

A pesar de que el Parlamento Europeo ha multiplicado por dos el porcentaje de eurodiputadas entre 1979 y 2009, los resultados de las elecciones del 25 mayo tienen varias lecturas. Del total de la Eurocámara la presencia de mujeres sube solo un 1,25%. En total, un 36,75%, lejos del 2% de margen que algunas leyes (como la francesa) considera debería ser lo habitual para respetar y garantizar la paridad en el ámbito político. A ese ritmo se alcanzaría dicho equilibrio en la legislatura de 2098.

El principio de la igualdad de género, que defienden en teoría todos los partidos (como por ejemplo puso de manifiesto la campaña de una de las asociaciones punteras en España sobre la cuestión, FemTalent), queda siempre mermado en la práctica. El quotaproject (quotaproject.org), del instituto internacional IDEA, ha compilado las leyes electorales que existen en Europa. En Francia, apuestan por listas paritarias aunque no incluyen ninguna propuesta respecto al posicionamiento en las listas (las famosas listas cremallera). Muchas mujeres que podrían ocupar escaños en la Assemblée Nationale quedan desplazadas al final de las listas. En Alemania no hay ninguna disposición legal, pero los propios partidos se han autoimpuesto cuotas, un tercio en el caso de la CDU de Merkel, un 40% en el SPD, o un férreo 50% en el caso de los Verdes. En España la ley electoral pide a los partidos que creen sus listas con el objetivo de que al menos 40% de los puestos elegidos sean mujeres. Algo que los resultados al Parlamento Europeo en 2014 validan. El ratio 40/60 tiene que ser respetado no solo en el cómputo general de las listas, sino también de forma progresiva, cada cinco puestos.

Sin embargo, con la vista puesta en la próxima Comisión, la igualdad no se presenta solo como una cuestión de derechos y principios. También es una cuestión eminentemente política. Según los primeros trabajos prospectivos solo 5 países de 28 están pensando en nominar a una mujer para el puesto que cada Estado ocupa en la Comisión. En una potencial situación desequilibrada como ésta los gobiernos de Bulgaria, Dinamarca, Hungría, Holanda y Rumanía, por el hecho de proponer a una mujer, salen con una ventaja comparativa decisiva para ocupar la cartera de su preferencia. No sería descabellado pensar que el próximo Presidente de la Comisión (el que adjudica de forma oficial las carteras) preferirá optar por aquellos países que le faciliten la tarea a la hora de formar un equipo lo más paritario posible. Si para ello tiene que utilizar el reparto de las carteras como un incentivo, es de suponer que así lo hará.

¿Acaso no hay ninguna francesa, española, italiana, alemana, o polaca (por citar las principales potencias europeas) que pueda ocupar el puesto de comisaria? Una Comisión comprometida con la igualdad pasa por aumentar las 9 comisarias que hay actualmente hasta por ejemplo 14 (por utilizar el 40% que dice la ley española). Sin estados que propongan a mujeres, las matemáticas no salen, y el futuro presidente de la Comisión deberá escoger entre aceptar una Comisión con más del 80% de hombres, o ‘forzar’ a muchos estados a buscar una alternativa. Una igualdad por ‘defecto’ en vez de una igualdad normalizada y sincera. El peor camino, el menos eficiente, y el más alejado del principio de la meritocracia en igualdad de condiciones.

Además, los Comisarios deberán ser auditados, uno por uno, y ratificados colegialmente por el Parlamento Europeo a partir del mes de septiembre y octubre. Se hace particularmente difícil pensar que la cámara que llega abogando por la igualdad de género con cierta vehemencia en los últimos años acepte cualquier retroceso en la composición actual (ya desequilibrada) de la Comisión. Que los gobiernos ignoren esa realidad política a la hora de formalizar sus candidatos a Comisario es ignorar cualquier prospectiva política.

La igualdad ha sido también garantía de éxito en el colegio actual. Las comisarias que dejarán su puesto han hecho un trabajo brillante, se han convertido en el estandarte visible del ejecutivo: Viviane Reding y sus debates ciudadanos, Neelie Kroes y su agenda digital o Andrea Vassiliou y su Erasmus Plus.

Las comisarias 2009-2014

Quinielas: Tabla basada en las proyecciones junio 2014 (más información en la web 'Europe Decides')

Una posible solución sería que cada país, para evitar la igualdad por ‘defecto’ que se avecina presentara una dupla de candidatos, un hombre y una mujer, al mismo nivel. Algo que ya empezó a documentar uno de los bloggers europeos sobre instituciones europeas en su blog Bruxelles2. El próximo Presidente de la Comisión tendría el doble de candidatos (2 por estado) con el que poder repartir las carteras de una Comisión paritaria.

De lo contrario, los estados que decidan seguir ignorando el desequilibrio evidente corren el riesgo de ver como la presión del Parlamento y la del futuro Presidente de la Comisión, les obliguen a tragarse ‘su’ candidato. Haciendo el ridículo delante de sus respectivos países y dejando al descubierto una derrota diplomática de envergadura.

Apostar por la igualdad en las próximas cuatro semanas es maximizar las posibilidades en la lucha política que determinará la composición del ejecutivo europeo. España no puede quedarse atrás.

En estas páginas se ha hecho un especial esfuerzo por analizar las elecciones del 25 de mayo en clave europea. Reflexiones sobre la participación, el bipartidismo, las encuestas, los programas, las innovaciones después del Tratado de Lisboa… A lo que se suman las novedades mediáticas, en particular la celebración por primera vez de varios debates entre candidatos ‘paneuropeos’ a presidir la Comisión.

Es significativo que a pocos días del domingo electoral estos comicios sigan marcados por la pregunta de ‘¿sabe usted a quién va a votar?’. Las últimas encuestas apuntan que entre aquellos que ejercerán su derecho a voto, solo la mitad tienen clara su papeleta, apenas algo más del 20% de los españoles. Tal vez tenga que ver con la desconexión informativa sobre la UE (aunque algunos países bastante informados sobre la eurocámara como Rumanía o Eslovaquia siguen absteniéndose masivamente). Tal vez venga dado por la falta de resultados y la incapacidad de ofrecer una narrativa inteligible a la peor crisis en años. O tal vez, al apostar por la lógica parlamentaria en estas elecciones también se ha empoderado una ciudadanía que hasta hace dos días seguía rodeada de una versión edulcorada del poder que han ido acumulando las instituciones comunitarias. Dudar, en estas condiciones, ya es mucho.

Se disipe o no la neblina, el reto es formarse una opinión clara sobre los proyectos políticos a nivel europeo. Era la responsabilidad compartida de esta campaña. Escudriñar qué votaron aquellos que se presentan, qué proponen y cuáles son las perspectivas. Pasado, presente, y futuro.

1. ¿Cómo votaron?

Los análisis en profundidad sobre cómo votan los eurodiputados escasean y los medios de comunicación son poco proclives a ejercer esa presión. La paradoja es que la información disponible es relativamente transparente y más legible que la de muchos parlamentos. Comparar la web del Parlamento Europeo con la del Congreso de Estados Unidos, o la del Bundestag, puede deparar alguna sorpresa. Votewatch, la organización que compila la totalidad de las votaciones registradas en la eurocámara ha publicado en los últimos meses dos informes de interés. El primero, un resumen de los 10 votos que han ‘marcado la séptima legislatura’ (en inglés) y donde se analizan, por ejemplo, el permiso de maternidad (que se extendió por una mayoría ajustadísima de 14 a 20 semanas), el futuro de la energía nuclear en Europa (continuada), el impuesto sobre transacciones financieras (aprobada) o el mantenimiento de los subsidios agrícolas (aprobado). El segundo, un informe siguiendo la misma metodología con los 10 votos más importantes para los jóvenes en Europa, desde el mantenimiento del programa Erasmus hasta el intento de oficializar un programa de ayuda al desempleo (el cual no contó con el respaldo suficiente). Una metodología que cualquier periódico podría utilizar para mejorar la rendición de cuentas, como se hizo aquí por ejemplo para el ámbito de política internacional.

Existen otros instrumentos para hacerse una idea de cómo votaron los eurodiputados de forma más rápida aunque incompleta a través de las simulaciones de voto. VoteMatch; MyVote; Electio2014; y EUVox 2014 son las cuatro aplicaciones que cuentan con una metodología clara así como con información para profundizar en cada tema. Las cuatro herramientas tienen versiones en castellano y la última (EUVox) permite establecer preferencias paneuropeas. ¿Corresponde la visión los socialistas españoles con la de los socialistas alemanas? ¿Votaría también al Partido Popular un ciudadano inglés que vota al Partido Conservador británico?

2. ¿Qué proponen?

El elemento fundamental sobre el que muchos partidos pasan de puntillas es que la política europea tiene sus límites. Hay competencias exclusivas (como el devenir de la eurozona), pero muchas otras son competencias compartidas (como la energía) o simplemente competencias de apoyo (como la educación). En la mayoría de competencias compartidas los Estados pueden seguir legislando en todos esos aspectos que no hayan sido tratados a escala europea. Por ejemplo, si la UE no legisla sobre un tema en una competencia compartida como podría ser la fracturación hidráulica, el reparto de tareas permite a los estados tener su propia legislación al respecto.

Para las competencias de apoyo es mucho más simple: apoyar sin legislar. Por ejemplo, el Parlamento Europeo aprobó durante esta legislatura varias resoluciones sobre las capacidades lingüísticas de los más jóvenes y la importancia para el devenir económico y cultural del continente. A priori, como la educación primaria y secundaria es una competencia meramente de apoyo, los Estados son los únicos responsables - y solo si así lo consideran oportuno - para poner en marcha las políticas necesarias para acercarse a ese objetivo.

Conocer quién hace qué puede ser un punto de partida útil para juzgar la viabilidad de un programa político para las elecciones europeas. Pongamos un último ejemplo, el de las políticas sociales. En un contexto de crisis como el actual conocer la forma en la que se coordinan las medidas para luchar contra el desempleo cobra una relevancia particular. Ese ámbito no es una competencia exclusiva, sino que es una competencia compartida y además tiene la característica que para ese campo específico los estados tienen la voz cantante. La UE se limita a generar directrices, objetivos y coordinar los diferentes estados a través de lo que se conoce como ‘método abierto de coordinación’. En ese sentido, a la luz del reparto competencial, algunas de las propuestas ambiciosas que presentan partidos nacionales para luchar contra el desempleo podrían haber sido implementadas ya directamente a nivel nacional. Poner en perspectiva lo que puede y no puede hacer la Unión Europea es además uno de los ejercicios que permiten darse cuenta de los beneficios prácticos que conlleva la integración. En particular en aquellos ámbitos que dependen de procesos transnacionales poco propensos a ser regulados o protegidos.

En ese sentido un programa político europeo con recorrido es el que sintoniza con las posibilidades y las limitaciones que tiene la UE, o en su caso, que reclama cambios ambiciosos siempre y cuando vayan de la mano de la reivindicación de dotar a la UE de los poderes necesarios para llevarlos a cabo. La plataforma DebatingEurope ha resumido en cinco infografías las propuestas de los partidos europeos aquí (en inglés). En castellano, Cristina Ares publicó un estudio comparativo brillante en estas mismas páginas. Una lectura transversal de ambos documentos es suficiente para percatarse que algunas propuestas no corresponden con lo expuesto en este párrafo.

3. ¿Qué retos?

La noche del 25 de mayo se cerrará una etapa y empezará otra en la que la política europea se enfrentará a su particular Cerbero. Un desafío por partida triple: legislativo, institucional y constitucional.

A nivel legislativo la octava legislatura deberá transitar por textos con implicaciones a largo plazo. En el ámbito de las libertades públicas los eurodiputados deberán decidir si crean una fiscalía europea, si aprueban un registro de nombres para los pasajeros de la UE, o si apoyan nuevas medidas para proteger/limitar/modificar las leyes sobre la protección de datos y la privacidad. A nivel económico, se pondrá a prueba el calendario para la Unión Bancaria (la cual está prevista que esté en funcionamiento en 2018-2020) y se cuestionará la capacidad del Parlamento Europeo de jugar un papel activo en la mitificación y resolución de la tremenda crisis social que está viviendo Europa, en particular los más jóvenes. A nivel comercial la eurocámara tendrá en sus manos la potestad de volver a cerrarle la puerta a Estados Unidos como hizo con el Tratado ACTA, o si esta vez considera oportuno firmar un tratado comercial y de inversión. Será también la legislatura que debata si sigue apoyando un sistema de cuotas para la igualdad de género en las empresas públicas y/o privadas, además de debatir sobre el futuro de los organismos genéticamente modificados. Y si los estados no se oponen, será la legislatura que acabe con todo un símbolo como los costes de roaming.

A nivel institucional, el Parlamento librará de aquí a diciembre su particular gran batalla contra el Consejo Europeo por ver quién lleva la iniciativa en la elección del próximo Presidente de la Comisión Europea. Una oportunidad para el parlamentarismo en Europa y también un puzle político colosal, y más si las encuestas cumplen con su vaticinio matemático y arrojan un Parlamento donde el margen de alianzas quede algo amedrentado por 90 eurodiputados euroescépticos; electos precisamente para asediar la agenda legislativa y bloquear la formación de mayorías.

Y finalmente, será una legislatura donde el reto constitucional vuelva a la ágora pública, casi diez años después del fallido Tratado Constitucional de 2005. Es probable que el posible referéndum en Inglaterra en 2017 cambie la faz de la Unión, si es que el referéndum escocés en otoño no la empieza a cambiar ya. En cualquier caso, la presión incesante de las lógicas de la globalización llevará a la Unión a preguntarse si la integración es su apuesta de futuro, y qué naturaleza (democrática, intergubernamental, plural), es la realizable.

En Europa, está todo por decidir.

En estas páginas se apuntaba hace unos meses que las elecciones europeas eran una oportunidad para examinar los nuevos poderes de la Eurocámara. Se argumentó que durante la próxima legislatura ni la política europea será la misma, ni el Parlamento será el de antes.

Además, con la elección este mes de Jean-Claude Juncker como candidato del partido popular europeo se ha confirmado algo que hasta enero parecía todavía una innovación inalcanzable. Todos los partidos europeos presentarán un candidato común a presidir la Comisión. Además de Juncker, los social-demócratas irán con Martin Schulz, los liberal-demócratas con Guy Verhofstadt, los verdes con el dúo José Bové–Ska Keller, y la izquierda europea con Alexis Tsipras. Una contienda a escala continental a modo de prueba de fuego para los que defienden el modelo parlamentario para la esfera comunitaria.

En este contexto la cuestión de la participación electoral está emergiendo solo tímidamente en el debate. Por ejemplo, tres proyectos digitales que actualizan permanentemente las encuestas en todos los Estados (PollWatch, el think tank European Policy Centre, y la consultora electionista) no incluyen proyecciones de participación. Una tarea doblemente difícil teniendo en cuenta que no existe una ‘autoridad electoral europea’, sino 28 sistemas electorales distintos.

Y sin embargo, el factor de la participación puede jugar un rol importante no solo en los resultados, sino en la lectura que se hará de las innovaciones introducidas. Los nuevos poderes en materia de legislación para los eurodiputados, la predisposición de los partidos europeos a politizar la contienda, y hasta el sí renqueante de los estados que querían mantener la voz cantante sobre la presidencia de la Comisión, han sido todas decisiones que están pensadas para legitimar con más fuerza la conexión entre la política europea y la ciudadanía.

Desde el fallido Tratado Constitucional la UE se enfrenta a su particular desafío: ¿Cómo elucidar el apoyo de los ciudadanos según el cual la UE justifica su propia existencia? La apuesta –y respuesta– que plantean estas elecciones es ‘más política’, con la esperanza que los ciudadanos se adueñen de un proyecto que hasta ahora ha optado principalmente por la lógica intergubernamental.

El día después del 25 de mayo se podrán descifrar dos de las cuestiones más sugerentes: ver si efectivamente la campaña se ha organizado en términos más europeos; y preguntarse si la politización ha alterado en algo las cifras de participación.

1) Incentivos: politización

Gráfico 1: comparativa

Uno de los argumentos más repetidos para explicar los niveles de participación electoral en Europa es que la UE no dispone del elemento indispensable para la movilización electoral: la competición ideológica. Sin la escenificación de opciones alternativas, y sin posibilidad de escoger, los incentivos para la participación política se reducen. Simon Hix define ese elemento de manera desenfadada como ‘cotilleo político’. El argumento es que sin confrontación pública la posibilidad de generar empatía entre un candidato y un ciudadano se esfuma.

En ese sentido la historia europea es una historia de cotilleos, pero poco publicitados. La lógica del consenso ha primado durante años sobre la lógica de las mayorías. Un ejemplo curioso es que las grandes personalidades asociadas a la integración europea, como Jacques Delors, no tuvieron que definir su suerte en función de grandes ‘debacles’ o ‘vuelcos’ electorales.

Ese cotilleo es lo que se intentará escenificar durante los próximos dos meses. Un debate de ideas que curiosamente ya preveía el Tratado en 1957 que instituyó la CEE, al afirmar en su artículo 138 que todos los eurodiputados debían ser elegidos por la ciudadanía mediante un sistema uniforme en todos los estados miembro. Algo que solo se ha logrado parcialmente. ¿Se trata pues de volver al origen? ¿De reconectar con el modelo de una Europa con una identidad política supraestatal, definida por un cuerpo electoral que vaya más allá de las fronteras nacionales?

El análisis de los últimos eurobarómetros (véanse gráficos 2, 3 y 4) parece apuntar que la politización y la parlamentarización de la vida pública europea corresponde con las expectativas actuales de la ciudadanía europea.

Gráfico 2: politización

Más de la mitad de los europeos consideran que una batalla política a nivel continental (con programas diferenciados y candidatos comunes) representaría un incentivo para ir a votar. Las últimas cifras sobre esta cuestión datan de junio de 2013, antes incluso que se confirmara que todos los partidos tendrán un candidato paneuropeo para presidir la Comisión. Es probable que a día de hoy esa cifra sea algo más alta. Un dato curioso es la variación entre 2012 y 2013 en el caso de los encuestados en España. Si bien la media europea varía a la alza, España es uno de los dos países (junto con Francia) en los que el porcentaje de encuestados que responden afirmativamente disminuye.

Gráfico 3: parlamentarización

La legislatura 2009-2014 marca también un cambio en la tendencia histórica sobre la percepción de los ciudadanos respecto al trabajo de los eurodiputados. Los encuestados que responden que los eurodiputados ejercen sus responsabilidades en función de sus afinidades políticas son mayoritarios por primera vez durante los últimos cinco años. Sería interesante determinar qué peso tiene el desconocimiento al responder esta pregunta, pero no deja de ser significativo que a pesar de que existen grupos parlamentarios desde 1979, solo a partir de 2009 la mayoría de los ciudadanos empiezan a considerar que los eurodiputados trabajaban según líneas ideológicas. ¿Qué ha cambiado en estos cinco años?

Gráfico 4: presidencialización

Los datos sobre la posible elección directa del Presidente de la Comisión son los que ofrecen una tendencia más clara. Hasta un 70% de los encuestados en junio de 2013 querrían elegir directamente al Presidente (algo que solo ocurrirá de forma indirecta en mayo 2014 a través de los candidatos que presentan cada partido). El deseo de ‘presidencializar’ Europa ofrece unas cifras todavía más altas que las expuestas en el gráfico 2, relativas a la posibilidad de que los partidos presenten simplemente candidatos y programas comunes.

2) Incógnitas: una ciudadanía más exigente en resultados, y también información

Si bien existen algunos datos que parecen apuntar hacia una mayor demanda de politización en Europa, las mismas encuestas también invitan a reflexionar sobre la necesidad de tener una perspectiva mucho más amplia.

El debate académico sobre el abstencionismo en las elecciones europeas ofrece múltiples respuestas. Desde la apatía y la pérdida de centralidad del voto como factor de socialización (un fenómeno que no afecta solo a la Unión Europea), hasta la marginalidad de los temas europeos durante las campañas electorales.

El balance histórico es que este tipo de comicios se parecen mucho más a unas ‘elecciones de segundo orden’, como las conceptualizó Hermann Schmitt, que a unas elecciones donde simplemente se han intercambiado las lealtades entre partidos estatales y partidos europeos – la visión optimista que imaginaba Ernst Haas en los años 60.

Recientemente, el European Youth Forum publicaba un sugerente estudio al respecto. El texto apunta que una parte importante del fenómeno de la abstención en Europa se debe a la utilización del voto – en este caso el ‘no-voto’- como una ilustración de la evaluación que los ciudadanos hacen de la política europea. Es decir, una abstención motivada no solo por razones desconectadas del contenido político, sino al contrario, como muestra de desaprobación institucional y política por parte de la ciudadanía. Una abstención-protesta. Un argumento que parece coincidir, en parte, con algunos de los datos disponibles.

Gráfico 5: ¿mi voz cuenta en la UE?

Más de dos tercios de los encuestados consideran que su voz no cuenta en la UE, una tendencia a la alza durante la última legislatura. El gráfico ayuda a ilustrar la paradoja que se ha producido durante el período 2009-2014. Por un lado han sido los años en los que se ha desplegado el Tratado de Lisboa, el texto que ha otorgado mayores poderes competenciales a la Unión Europea y al Parlamento Europeo – la única institución elegida directamente por los ciudadanos-, pero por el otro dicho proceso no se ha percibido como una mejora de la capacidad de las instituciones comunitarias de tomar en cuenta las preocupaciones ciudadanas. Más poder para actuar, pero más descontento - o exigencia, dependiendo de cómo se mire. La posible lectura crítica de este dato es que las innovaciones institucionales son a veces insuficientes para cambiar la percepción sobre los resultados políticos. Esconderse detrás de la evolución institucional ya no basta. La cuestión es de fondo, empezando por los contenidos sobre los que se debate.

Gráfico 6: más ávidos de contenidos europeos

El gráfico posterior plasma la idea de que la exigencia ciudadana también se traduce por una mayor avidez de información sobre las posibilidades que ofrece la acción política a nivel europeo. El gráfico recoge las respuestas en España y en el conjunto de la Unión Europea respecto a la siguiente pregunta: ‘¿Sobre qué tema o área política debatida en el Parlamento Europeo o en general en la UE le gustaría tener más información?’. La pregunta es particularmente sugerente porqué ofrece algunas pistas sobre el vínculo entre competencias del Parlamento y puntos de interés de la ciudadanía. Una ‘agenda’ que debería ser explorada con interés por los partidos políticos en estas elecciones. En este sentido frente al comúnmente denominado déficit de información también ha emergido en esta legislatura un cierto ‘superávit’ de interés, en particular alrededor de la idoneidad de reflexionar sobre soluciones colectivas y supranacionales a la crisis.

3) Un matiz y una oportunidad

La apropiación por parte de la ciudadanía de un proyecto político conlleva tiempo. Hablar del concepto de ‘legitimidad’ en ciencia política es tarea ardua. Una pócima casi indescifrable donde interactúan procesos de socialización (como la forma de informarse o los mecanismos educativos), la puesta en escena de una oferta política diferenciada, y la responsabilidad de los candidatos para ofrecer un plan de trabajo que corresponda con el marco en el que ejercerán su labor.

Pero en definitiva, estas elecciones ofrecen novedades que van más allá de las iniciativas institucionales. Son diferentes sí, pero también por la manera en la que los ciudadanos modificamos nuestras percepciones, expectativas e exigencias. La participación electoral será uno de los primeros test para una Europa en busca de legitimidad y que apuesta discretamente por avanzar hacia el parlamentarismo. Bajo el disfraz resultadista, estos comicios amagan un plebiscito de la Europa política.

El próximo 25 de mayo se celebrarán elecciones en 28 Estados miembro para elegir a los 751 miembros del Parlamento Europeo. Unas elecciones marcadas, por primera vez, por una contienda real entre partidos e ideologías a escala continental, y también por una incontestable ola protestataria.

Arrinconados muchos ciudadanos y en un ambiente generalizado de desafección, el objetivo debió de ser el de intentar debatir por qué estas elecciones eran diferentes. Algo que dependía de la propia sociedad, de los medios de comunicación y de la clase política. E intentar hacerlo en clave europea. Es la única forma de reflexionar sobre las dos novedades importantes que tendrán estos comicios. Ambas innovaciones representan una oportunidad para la ciudadanía, más allá del posicionamiento ideológico de cada uno.

Nuevos poderes: más responsabilidad

Nuevos poderes: más responsabilidad

El Parlamento Europeo no es el mismo desde el Tratado de Lisboa de 2009. Será la primera vez que los ciudadanos voten para una Eurocárama que ha multiplicado por dos su poder legislativo.

Un dato: de las 126 competencias en las que actúa la Unión Europea, 100 están bajo responsabilidad directa de la Eurocámara. El procedimiento ordinario legislativo (co-decisión) es el sistema que ya rige más del 85% de todo lo que hace la UE.

Este PDF sintético (en inglés) lista claramente los cambios acontecidos en función de las competencias europeas. Todo guarda relación con realidades palpables en las que cada ciudadano tiene una preferencia política: desde la protección de datos, hasta la política agrícola, pasando por la libre circulación de las mercancías, la prevención contra el crimen, la protección de los consumidores, o la coordinación financiera. Es en ese terreno donde los partidos europeos deberían explicar qué han hecho y presentar una oferta de futuro diferenciada.

Más allá del análisis crítico -más necesario que nunca- sobre la efectividad, el funcionamiento o incluso la razón de ser de la Unión, la realidad legislativa es que en mayo de 2014 no se estará votando para un Parlamento de segundo orden. Se elegirá un Parlamento sorprendentemente poderoso. Decir lo contrario es, simplemente, obviar el marco legal vigente. Ignorar las implicaciones políticas puede ser, por lo menos, arriesgado.

Elegir al Presidente

Elegir al PresidenteEl segundo motivo que hace que estas elecciones sean diferentes es la vinculación entre el resultado electoral y la presidencia de la Comisión, una innovación que también es fruto del Tratado de Lisboa. No es un elemento menor ya que la Comisión es el órgano en Europa que tiene el poder de proponer leyes.

Los partidos políticos europeos han hecho campaña con ‘su’ cabeza de lista y el Consejo Europeo (los jefes de gobierno), deberán por primera vez ‘tener en cuenta el resultado electoral’ cuando propongan el nombre del sucesor de Barroso.

Los próximos meses serán decisivos. ¿Conseguirá alguno de los candidatos paneuropeos obtener la confianza de tres cuartos de los Estados (en el Consejo Europeo) y luego la posterior mayoría absoluta en la Eurocámara, tal y como requieren los Tratados? Un puzle político colosal teniendo en cuenta las encuestas. Y más con una eurocámara donde 90 eurodiputados euroescépticos se auto-eliminarán de facto de la ecuación.

De cómo se gestione esta innovación política hasta noviembre dependerá una parte del futuro de la política europea. ¿Se consolidará un modelo ‘representativo’ con tintes clásicos del parlamentarismo donde el ejecutivo emana del legislativo? ¿Aceptará el Consejo Europeo - la institución que encarna la visión intergubernamental en Europa - una derrota frente al Parlamento Europeo con implicaciones tan trascendentes?

Nótese que la única obligación legal para el Consejo Europeo es ‘tener en cuenta el resultado electoral’. Un requisito que no implica la designación automática de uno de los candidatos paneuropeos. Se sobreentiende y parece intuitivo en materia de legitimidad democrática después de una campaña electoral pero no hay cordón jurídico. En este sentido se avecina una batalla institucional. Por un lado, los cinco candidatos paneuropeos, sin excepción, han insistido que pase lo que pase el futuro presidente/a de la Comisión será uno de ellos. Una forma de decirle al Consejo Europeo que el Parlamento rechazará en bloque cualquier nombre que no sea Juncker, Schulz, Verhofstadt, Ska o Tsipras. Los estados por su parte han mantenido un perfil bajo, con la curiosa excepción de François Hollande que se atrevió a hacer un vínculo directo entre las elecciones y la presidencia de la Comisión en un artículo reciente en Le Monde. Es significativo que Van Rompuy, el presidente del Consejo Europeo, apunte públicamente y reiteradamente que los Estados son los que tendrán la última palabra.

En cualquier caso, lo que está en juego es el ‘adiós a la peor generación de directivos europeos’ y probablemente un primer paso inequívoco hacia la Europa parlamentaria. Este es el calendario desglosado que han seguido los principales actores de la contienda - todos ellos debatieron en Maastricht el 28 de abril (Euronews, #EUDebate2014) y en Bruselas el 15 de mayo (EBU, #TellEurope).

Partido Popular Europeo (Partidos españoles miembro: PP, Unió Democràtica de Catalunya)

Partido Popular Europeo (Partidos españoles miembro: PP, Unió Democràtica de Catalunya)

Sistema elección candidato: Congreso. El Partido Popular escogió su candidato el 7 de marzo, en el Congreso de Dublín. Jean-Claude Juncker contó con el respaldo de 382 delegados (61%) frente a Michel Barnier, con 245.

Programa: Su manifiesto en castellano puede descargarse aquí. La declaración sobre ‘Nuevo crecimiento y empleo en Europa’ (inglés) ha sido uno de los documentos que el partido utilizó como base.

Candidato: Jean-Claude Juncker

Web: www.juncker.epp.eu

Twitter: @JunckerEU

Hashtag: #withJuncker

El mandatario luxemburgués es una de las figuras con más experiencia del centro-derecha europea. De 2005 a 2013 ocupó la Presidencia del Eurogrupo, y ha sido primer ministro desde 1995. En 2004 rechazó la posibilidad de ser Presidente de la Comisión, y en 2009 Van Rompuy le ganó la partida para presidir el Consejo Europeo. Es el único mandatario que ya estaba cuando se firmó el Tratado de Maastricht. Escúchale aquí (inglés).

Partido Socialista Europeo (Partidos españoles miembro: PSOE)

Partido Socialista Europeo (Partidos españoles miembro: PSOE)

Sistema elección candidato: Primarias internas y congreso.

La hoja de ruta para escoger a su candidato era la resolución de noviembre 2011 (la cual contemplaba candidaturas a proposición de uno de los miembros que forman el PSE y un proceso de primarias internas). Martin Schulz fue el único candidato y fue ratificado por el 91% de los delegados en un congreso a finales de febrero.

Programa: El manifiesto en castellano puede descargarse aquí. Está inspirado en parte por el ‘programa fundamental’ que adoptó el PSE en junio 2013 como base para la próxima década.

Candidato: Martin Schulz

Web: www.martin-schulz.eu

Twitter: @MartinSchulz

Hashtag: #knockthevote

Es el actual presidente del Parlamento Europeo. Ocupa el puesto de eurodiputado desde 1994. Anteriormente había ejercido cargos locales, así como varios empleos ligados a la edición y el mundo de las librerías. Su libro lleva por título ‘Europa: la última oportunidad’. Interesante el perfil que le hizo el Financial Times (inglés). Escúchale aquí (inglés).

Alianza de los Liberales y Demócratas (Partidos españoles miembro: Convergència Democràtica de Catalunya)

Alianza de los Liberales y Demócratas (Partidos españoles miembro: Convergència Democràtica de Catalunya)

Sistema elección candidato: Congreso. Los liberales nominaron el 1 de febrero en Londres a Guy Verhofstadt como candidato, con el respaldo de 80% de los delegados. El segundo candidato en liza, Olli Rehn, una de las figuras más reconocibles en los últimos años como comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, se retiró después de llegar a un compromiso.

Programa: El manifiesto político liberal se puede descargar aquí. Está inspirado en particular del informe ‘una economía más fuerte y una nueva narrativa para Europa’.

Candidato: Guy Verhofstadt

Web: www.guyverhofstadt.eu

Twitter: @GuyVerhofstadt

Hashtag: #Guy4Europe

El belga personifica desde hace años la visión más federalista en la Eurocámara. Otro candidato con una extensa experiencia política, tanto nacional como europea. Fue primer ministro belga 99-08, y está al frente del grupo parlamentario de los liberales europeos desde 2009. Su libro más reciente ‘Por Europa’, escrito conjuntamente con el Verde Daniel-Cohn Bendit, es un llamamiento a la Unión política. Escúchale aquí (francés, subtitulado).

Partido Verde Europeo (Partidos españoles miembro: Iniciativa per Catalunya, EQUO)

Partido Verde Europeo (Partidos españoles miembro: Iniciativa per Catalunya, EQUO)

Sistema elección candidato: Primarias abiertas (online) El Partido Verde Europeo es el único que ha ‘europeizado’ sus últimas dos campañas para las elecciones europeas – organizando una campaña común para todos los países. En esta ocasión el partido se decantó por un sistema de primarias online para escoger a su candidato a presidir la Comisión. Concurrieron cuatro personas y salió elegida la alemana Ska Keller con 11,791 votos y el francés José Bové, con 11,726 votos.

Programa: El manifiesto común de Los Verdes puede descargarse aquí.

Candidato: Dupla de candidatos.

Candidat: Ska Keller

Web: www.ska-for-europe.eu

Twitter: @SkaKeller

Hashtag: #SkaforYOUrope

La eurodiputada alemana ganó las primarias abiertas contra tres personalidades históricas de su grupo parlamentario, siendo una de las sorpresas de la campaña. Eurodiputada desde 2009 se especializa en la temática migratoria. Anteriormente trabajó en las juventudes del partido verde europeo, y en la federación estatal de Brandemburgo. Escúchala en su web.

José Bové

Figura histórica del altermundialismo en Europa, Bové es uno de los políticos ecologistas de más renombre en Francia. Se presentó a las presidenciales francesas de 2007 (aquí se puede repasar su programa de entonces), y en 2009 fue elegido como eurodiputado. Escúchale en su web.

Partido de la Izquierda Europea (Partidos españoles miembro: Izquierda Unida)

Partido de la Izquierda Europea (Partidos españoles miembro: Izquierda Unida)

Sistema elección candidato: Congreso. El partido de la izquierda europea nombró a su candidato en el Congreso que se celebró el 14 de diciembre en Madrid. El griego Alexis Tsipras obtuvo el 84% de los votos de los delegados.

Programa: el programa de la izquierda europea se puede consultar aquí en inglés para el programa común, y en castellano.

Candidato: Alexis Tsipras

Web: www.alexistsipras.eu

Twitter: @tsipras_eu

Hashtag: #ELChangeEurope

El líder griego, estandarte contra las medidas implementadas en Grecia, será el candidato del partido de la izquierda europea a presidir la Comisión. La coalición en Grecia que dirige Tsipras es actualmente el segundo partido más votado en el país.

Partido Demócrata Europeo (Partido español miembro: Partido Nacionalista Vasco)

Partido Demócrata Europeo (Partido español miembro: Partido Nacionalista Vasco)

Sistema elección candidato: El PDE ha decidido apoyar a Guy Verhofstadt.

Programa: Campaña en conjunción con la Alianza de los Liberales y Demócratas.

Alianza Libre Europea (Partido español miembro: ERC, CHA, PA, EA, BNG, BNV)

Alianza Libre Europea (Partido español miembro: ERC, CHA, PA, EA, BNG, BNV)

Sistema elección candidato: La Alianza Libre Europea no tiene candidato común a presidir la Comisión.

Programa: El manifiesto de la Alianza Libre Europea puede descargarse aquí (en inglés).

Las elecciones en mayo 2014 son una oportunidad para hacer un ejercicio de perspectiva continental. Comparar y exigir en función de lo que se hace más allá de la circunscripción estatal. Un recordatorio que Europa es un río con muchos puentes sin estrenar.

NB: Sólo se han incluido los partidos europeos a los que pertenecen los partidos españoles. Para el listado completo de todos los partidos europeos se puede visitar esta página del Parlamento Europeo. Para un listado completo de los partidos y coaliciones que se presentan a nivel estatal en España, con sus correspondientes partidos europeos y candidatos a presidir la comisión, se puede consultar esta web. Todas las imágenes se han extraído de Wikipedia, con licencia CC.

El pasado 19 de agosto, el que fue director del think-tank Bruegel, Jean Pisani-Ferry, daba por iniciado el particular ejercicio de reflexión prospectiva que se llevará a cabo en Francia en los próximos meses. El académico dirigió el primer seminario gubernamental del curso, bajo el título ‘Francia en 2025’. Cada ministro tenía que volver de vacaciones con un informe sobre cómo veía a la République de aquí a 12 años. El periódico Le Point consiguió en exclusiva 5 copias: la de Valls (ministro del Interior), Taubira (Justicia), Montebourg (Recuperación Productiva), Duflot (Vivienda) y Moscovici (Economía).

El ejercicio forma parte del nuevo mandato de Pisani-Ferry, desde abril al frente del Comisariado General para la Estrategia y la Prospectiva, institución que a petición del presidente Hollande deberá entregar en diciembre un informe sobre los desafíos del país a diez años vista.

¿Para qué sirve la prospectiva?

El informe oficial y el trabajo filtrado de los ministros dan una idea de las razones que han motivado esta iniciativa. El sentimiento generalizado de que ‘no hay futuro’ se recrudece. El documento de trabajo de Pisani-Ferry parte de la idea que una sociedad que ha dejado de creer en su capacidad de organizar su progreso está inevitablemente abocada a afrontar todos los debates sociales como un juego de suma cero, en los que siempre hay un perdedor y un ganador. El conflicto social permanente sobre quién paga los costes de las decisiones públicas acaba por asfixiar el debate razonado, llevándose por delante cualquier intento de legislar sobre las necesidades a medio y largo plazo.

Algo falla, y va más allá de la falta de esperanza de los más jóvenes, o las insuficientes explicaciones sobre unos ajustes que ‘darán sus frutos en el futuro’. Según el último barómetro de opinión de la DREES, los franceses que se declaran optimistas sobre el porvenir han pasado de representar el 67% de la población en 1993, al 39% en 2012.

El ejercicio prospectivo representa una oportunidad de ofrecer una visión global de los desafíos como país y sociedad, más allá del marco de una legislatura. Es una forma de combatir el sentimiento de desposesión, que como insiste la ministra de vivienda en su copia veraniega –la mejor de las filtradas- es en muchos casos el germen del populismo y el relativismo ideológico. Tomar distancia ofrece además una oportunidad de salir de la lógica paramétrica que tanto gusta, en la que la idoneidad de una política pública queda supeditada a la simplista variación hacia arriba o hacia abajo de un indicador.

Los trabajos preliminares que empiezan a circular ponen de manifiesto que Francia se enfrenta a su particular guardián de las tinieblas, el Cerbero de tres cabezas: tres desafíos que obligarán al país a reflexionar sobre su modelo económico, su aproximación al progreso, y su concepción de la igualdad.

Modelo económico

Según la OCDE, Francia representará en 2023 menos del 2,7% del PIB mundial. Pasará de ser la quinta a la novena potencia mundial. Un tercio de los franceses tendrá más de 60 años (lo que según el propio ministro de Economía hará inviable el sistema de seguridad social con los niveles de transferencia actuales). A nivel internacional Francia deberá competir en un mercado donde los Estados Unidos y Europa no serán los únicos grandes ‘consumidores’. La clase media en China y el resto de emergentes crecerá exponencialmente, lo que aumentará la demanda, al mismo tiempo que pondrá de manifiesto que la forma en la que consumen hoy en día los países más desarrollados es insostenible a escala mundial.

En este escenario, la animadversión francesa a debatir y decidir cómo hacer frente a la globalización no será una opción. El país deberá escoger con qué modelo quiere participar e influenciar el proceso. Tanto si se apuesta por el modelo industrial alemán – siguiendo la visión que defiende el ministro Montebourg, o si prefiere el modelo focalizado en la creación, la innovación y los servicios comercializables –más cercano a la visión del ministro Moscovici. El primer modelo implicaría re-orientar el gasto público hacia la industria y requeriría energía –fósil o renovable - barata. El segundo modelo implicaría una transformación social y económica de calado, apostando por clústeres tecnológicos, especializaciones sectoriales de excelencia, una política de atracción de talento internacional, y una gran modernización del servicio público – sector donde Francia es tradicionalmente competitiva. Sea con un modelo u el otro – o un mix, el objetivo es priorizar y lograr de esta forma racionalizar la toma de decisión.

Nuevas tecnologías

El sector que aparece transversalmente tanto en las copias de los ministros como en el informe de Pisani-Ferry, es el de las nuevas tecnologías. Hasta el punto que los avances tecnológicos sean presentados como la pócima secreta del ‘futuro’ - como si dichas tecnologías no estuvieran ya al alcance de las administraciones y empresas francesas. Así, leemos que el ministro de interior apuesta por unas fuerzas del ‘orden 3.0’ – sin especificar en qué consisten, o que el responsable de la cartera de Economía está convencido que en diez años las gestiones fiscales habrán logrado ‘desmaterializarse’ por completo. La copia del ministro Montebourg, la menos balanceada - y la más inútil para el ejercicio de prospectiva, vaticina incluso una Europa capaz de contrabalancear a los gigantes informáticos americanos.

Pero para que la innovación –tecnológica en este caso- tenga el potencial augurado, la sociedad y la administración deberían convertirla en una prioridad absoluta. La realidad es más obstinada. En 2000 sólo dos países BRIC estaban entre los diez países del mundo que más gastaban en I+D. En 2010 los países emergentes en el top10 eran ya cuatro: Brasil, India, Rusia y China – el último gastando en 2010 hasta un 555% más que en el año 2000. Francia por su lado, ha pasado de la cuarta a la sexta posición, gastando en 2010 sólo 50% más que en 2000. En términos relativos, el hexágono - y gran parte de Europa - pierden posiciones a marchas forzadas.

El fracaso de la igualdad

La tercera cabeza de Cerbero es el desafío de lograr la ‘igualdad’ en una sociedad cada vez más autónoma e individualista. El imaginario de la República Francesa – y en particular su política redistributiva, se nutren de dicha narrativa. Francia ha conseguido ser uno de los estados donde la desigualdad de renta – después de impuestos y beneficios sociales- sea una de las menos pronunciadas en Europa (ver al respecto éste artículo en el Journal of Economic Perspectives). Aun así, según la OCDE 9 de cada diez franceses considera que las desigualdades están incrementando, y 8 de cada 10 consideran que la tendencia seguirá siendo ésta.

De todos los desafíos, éste probablemente sea el más doloroso, porque obliga al país a mirarse al espejo y reconocer que el cemento histórico de la nación en Francia, la famosa égalité, tiene hoy los pies de barro. Francia es uno de los países de la OCDE donde el origen étnico y socioeconómico de los padres acaba determinando más el éxito escolar de los hijos. El país ha sufrido una cierta ghettoización de las urbes francesas, con las consecuencias de cierta segregación espacial. El modelo de integración también muestra sus límites. La invocación a la sacrosanta ‘laicidad’ francesa se utiliza a veces como una excusa para no debatir sobre inmigración, religión, auge del comunitarismo y convivencia republicana. Francia se ha esforzado en crear políticas públicas que palien las desigualdades una vez se han producido, pero ofrece las mismas barreras que otros países en cuanto al acceso a la educación, a la sanidad y a la vivienda.

El consenso como punto de partida

A la hora de reflexionar sobre la idoneidad y eficacia de los ejercicios de prospectiva, hay que recordar que no todos acabaron cumpliendo con el objetivo. ¿Quién recuerda la famosa estrategia de Lisboa adoptada en 2000, que mediante una batería de indicadores y un gran despliegue de propuestas pretendía casi arrogantemente hacer que Europa fuese en 2010 la ‘economía más dinámica y competitiva del mundo’?

Hacer de la prospectiva un instrumento más de la política formal funciona si ofrece legibilidad y si sirve para movilizar al conjunto de la sociedad alrededor de unos parámetros (si son cifrados todavía mejor).

El proceso de integración europeo cumplió inconscientemente esa función durante muchos años, pero ya no. El ideal del galo Monnet se resquebraja, y los estados y la sociedad rehúyen el único dilema ‘prospectivo’ que a largo plazo parece evidente: más integración en Europa o nadar solos contra la globalización.

Francia reúne, todavía, condiciones para liderar a este continente averiado. En diciembre Pisani-Ferry y el gobierno podrán escoger en qué bolas de cristal debe proyectarse el país. Se la juega Francia, y se la juega también Europa.

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Monnet fue el primero que utilizó la metáfora de la construcción europea como una bicicleta, que si dejas de pedalear, simplemente cae

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¿Qué partido ofrece defender una Europa más parlamentaria?

Jean Monnet fue el primero que utilizó la metáfora de la construcción europea como una bicicleta. Si dejas de pedalear, la bicicleta no sólo se para, si no que simplemente, cae. Las teorías académicas sobre la construcción comunitaria, desde el neo-funcionalismo hasta el constructivismo, incluyen esa idea de movimiento. Europa es evolución, es un proceso permanente de reinvención y de re-imaginación. Al ex eurodiputado Jean-Louis Bourlanges le gusta decir que los manuales de la Unión Europea no sirven para nada. Total, al cabo de tres años hay que reescribirlos por completo.

Hoy Europa se enfrenta a su enésima refundación. En las peores circunstancias sociales y por primera vez frente al riesgo real (¿e irrecuperable?) de una desafección ciudadana. Detrás de la polvareda diaria, la ecuación fundamental que se perfila a medio y largo plazo es determinar qué futuro le espera a la Unión Europea, cómo redibujar el marco institucional de una Unión en sus horas más bajas.

Parte de ese proceso se ha ido implementando desde 2008, aunque la pésima gestión comunicativa y política de la crisis ha impedido el análisis y la asimilación por parte de la ciudadanía. En 2010 se creó el ‘Semestre Europeo’, que otorga poderes ex ante a la Comisión en materia presupuestaria. Siguieron el ‘Euro Plus Pact’, el ‘Six Pack’ y el ‘Two Pack’. Medidas que oficializan nuevos compromisos entre los Estados, así como nuevos poderes de supervisión macroeconómica para la Comisión. Sin olvidar los primeros pasos de Unión Bancaria, o el famoso Tratado de Estabilidad en 2012 –el pacto Fiscal-, el tratado intergubernamental que entronizó en las constituciones nacionales el límite de 3% de déficit público. Todas ellas decisiones históricas, que implican una transferencia de soberanía masiva.

En ese contexto la prestigiosa Fundación Friedrich Ebert es uno de los think tanks que han reflexionado sobre los escenarios que siguen. En un estudio compilatorio publicado este semestre proponen cuatro escenarios para 2020 –Future Scenarios for the Eurozone-:

Escenario 1: Una casa sin tejado

Seguir con una gestión de la crisis a ‘trancas y barrancas’, privilegiando el sistema intergubernamental para la toma de decisión y dando prioridad al día a día. No hay tiempo para una ‘pausa creativa’, ni tampoco para tomar distancia de la situación. Este sería el escenario actual.

Escenario 2: La casa se derrumba

La eurozona fracasa, algunos estados optan por volver a sus monedas nacionales y vuelven las narrativas más nacionalistas y proteccionistas.

Escenario 3: Dividir la mansión

Europa se escinde en dos grupos, a dos velocidades. Un grupo de Estados liderados por Alemania decide ampliar los recientes acuerdos, al mismo tiempo que lanza un nuevo marco institucional para cooperar en materia fiscal y coordinar los presupuestos nacionales. Los estados ‘periféricos’ –el pelotón- solo pueden aspirar a integrar la avanzadilla en función del cumplimiento estricto de las reglas establecidas.

Escenario 4: Reparación y construcción completa

En ese escenario la Unión Europea avanza decididamente hacia la mutualización de las deudas nacionales –mediante la creación por ejemplo de Eurobonos y un fondo de redención común-, al mismo tiempo que se otorgan mayores recursos económicos y mayor legitimidad al conjunto de instituciones comunitarias.

Las conclusiones del estudio señalan que la gran mayoría de expertos consultados argumentan que la opción óptima es la cuarta, aunque consideran dicho escenario como poco probable, debido a las reticencias políticas y el febril apoyo ciudadano.

A modo comparativo, vale la pena leerse íntegramente el estudio que publicaron hace unos meses Sebastian Dullien y José Ignacio Torreblanca -‘What is Political Union’-. Los dos expertos del ECFR (European Council for Foreign Relations) también apuestan por examinar diferentes escenarios futuros, centrándose en detallar las diferentes definiciones cuando se habla de ‘Unión Política’. El estudio analiza tres disyuntivas.

Lo interesante de las disyuntivas propuestas es que pueden ser incompatibles entre ellas. Es difícil prever un federalismo económico avanzando basado simplemente en formas de legitimidad indirecta (como es el caso hoy en día). El peligro, tal y como está ocurriendo, es que los ciudadanos sientan que han perdido ‘el control’ sobre sus representantes, o peor aún, que otros ‘países’ toman decisiones por ellos.

En vistas a las elecciones europeas de 2014 los ciudadanos podrán reflexionar sobre su voto en función de estos y otros escenarios. Algunos campos plantearán los comicios como una dialéctica política entre austeridad y crecimiento, otros entre norte y sur, otros entre izquierda y derecha, y otros incluso entre anti-europeísmo y fervor europeísta.

El quid de la cuestión es que muchas de estas batallas sólo son creíbles si la Unión Europea acomete algunos de los cambios institucionales que proponen fundaciones como la Friedrich Ebert o el European Council for Foreign Relations. Una UE sin recursos económicos propios, por ejemplo, tiene un poder limitado para lograr dinamizar el crecimiento continental. Otro ejemplo, sin una reforma que permita al Parlamento Europeo proponer legislación europea –actualmente competencia unilateral de la Comisión- se hace difícil argumentar que una mayoría socialista/conservadora en el Parlamento Europeo vaya a marcar la diferencia proponiendo ‘tal o tal ley’.

Los partidos europeos deberán ir hasta el final de su razonamiento si no quieren decepcionar a unos ciudadanos que en 2014, por primera vez, exigirán que su voto tenga un impacto muy real. Está en su interés promover y explicar el diseño institucional que quieren para Europa. ¿Qué partido ofrece defender una Europa más parlamentaria? ¿Cuál se contenta con un federalismo limitado, y por qué? ¿Cuál es la visión institucional europea de los cabezas de lista?

Las múltiples batallas comunicativas que se avecinan, entre rigor o expansión, entre progresismo o conservadurismo, están supeditas a la madre de todas las batallas en Europa: refundación o status quo. Seguir pedaleando o bajarse del sillín.

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Las elecciones europeas en 2014 serán una buena oportunidad para ver hasta qué punto los partidos plantean nuevas lógicas

Una de las coletillas más utilizadas cuando se pretende ningunear al Parlamento Europeo es asimilarlo a un ‘cementerio de elefantes’. Más allá de la desacertada generalización –muy lejos de su rol legal y político-, lo cierto es que la Eurocámara ha arrastrado durante años la reputación de parlamento ‘segundón’, en consonancia con la teoría acuñada por Reif y Schmitt de elecciones ‘de segundo orden‘. En ocasiones el cargo de eurodiputado ha sido utilizado despectivamente como un exilio para las figuras políticas venidas a menos, disgustadas por tener que decidir sobre el futuro de todo un continente en vez del de ‘su’ país.

Las memorias publicadas por el que fuese Presidente del Parlamento Europeo, el español Enrique Barón Crespo (Más Europa, ¡unida!’, RBA, 420 páginas) se leen como una sugestiva contraposición a esa imagen. Es un álbum de fotos en el que los recuerdos personales son al mismo tiempo instantáneas de aquellos momentos que han marcado el futuro del continente. Del relato emana esa sensación de conexión invisible, de destino entrelazado entre la sociedad española que forjó la Transición y el devenir del proyecto europeo.

Barón Crespo inicia la narración en los años 50, los de la postguerra y autarquía. Unos años en el que el turismo extranjero fue una especie de primera adhesión a Europa por la ‘puerta de servicio’. Años también en que ciertas experiencias vitales fueron representativas de todo un período. Una primera manifestación. La toma de conciencia política a través de pequeñas ventanas abiertas a esa historia sepultada por el régimen. Las detenciones, la represión. El ‘Contubernio de Munich’ en 1962 que reunió por primera vez a la oposición española desde la Guerra Civil y que fue organizado bajo la égida del Movimiento Europeo. El acto, como incide Barón Crespo, ya ligó a Europa con la democracia a ojos de muchos ciudadanos.

Un recorrido que en el caso del político socialista le llevó al Parlamento Europeo después del ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones durante el primer gobierno de Felipe González. En Bruselas, presidió el Parlamento Europeo entre 1989 y 1991, período excepcional marcado por la caída del muro y las negociaciones de reunificación alemana. Entre 1986 y 2009, período en el que Barón ejerció diferentes cargos en el Parlamento, la Unión Europea se transformó por completo. Con especial énfasis en tres puntos: el Tratado de Maastricht en 1992 con la implementación de la codecisión legislativa entre el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros; la implementación del euro; y la introducción de la Carta de los Derechos Fundamentales en el Tratado de Lisboa como parte del derecho primario europeo. Hubo también múltiples fracasos, como la inacción durante la guerra de Yugoslavia.

Sorprende como algunos de los debates actuales son decepcionantes copias de lo que ya se planteó en las altas esferas en los años que documenta el autor. Por ejemplo la necesidad de dotar a las instituciones supranacionales de una mayor capacidad de acción en materia fiscal y monetaria, con el fin de evitar situaciones demasiado heterogéneas en el seno de la incipiente eurozona. O por ejemplo la batalla a principios de los 90 para salvaguardar la norma del equilibrio presupuestario en Europa. Norma que por primera vez ha roto el Consejo Europeo este año al acordar un plan presupuestario para 2014-2020 con unos créditos de compromiso distintos de los de pago. Aunque hay un elemento que no ha cambiado: el liderazgo y la supeditación de las decisiones políticas europeas al ritmo del Consejo Europeo, institución intergubernamental donde se coordinan los jefes de Gobierno.

La lectura de las memorias de Barón Crespo estimula la reflexión análoga sobre los motivos que empujan a un representante político a trabajar en las instituciones comunitarias. Y también sobre las lógicas políticas que influencian el modo de designación de los candidatos a puestos comunitarios. Algunos de esos puestos han sido en los últimos años desatendidos y en ocasiones menospreciados. El prejuicio europeo persiste. Europa como opción por defecto, como segunda opción. Sin embargo, en la mayoría de casos, esos puestos están bajo la responsabilidad de equipos que creen en su trabajo, más allá de todo impacto mediático.

A falta de unos medios de comunicación y unos representantes políticos que participen de forma más recurrente y profunda sobre la confrontación política a nivel supraestatal, son las webs –incluso las institucionales- las que se han convertido en el espacio privilegiado para el escrutinio público y la rendición de cuentas. VoteWatch, EPNewsHUB, o European Parliament, son algunos ejemplos.

Las elecciones europeas en 2014 serán una buena oportunidad para ver hasta qué punto los partidos plantean nuevas lógicas, ‘europeas’, a la hora de escoger a sus candidatos. Ya sea mediante el envío de elefantes europeístas, u cualquier otro zoon politikon.

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Links de interés

Website a favor de primarias europeas

PSE: Resolution, Selecting our common candidate in 2014, adopted by the PES Council on 24 November 2011

El punto de partida del libro es directo: la resolución de la crisis y el proceso de profundización de la Unión Económica y Monetaria requiere una dosis mayor de legitimidad

Según Habermas, no hay que infravalorar la naturaleza del proyecto europeo como fuerza civilizadora

El ensayo acaba trazando un paralelismo atrevido entre la construcción europea y la creación de una sociedad cosmopolita a nivel mundial

The Crisis of the European Union: A Response, Jürgen HabermasJürgen Habermas

“Los estados-nación deben verse progresivamente como miembros de la comunidad internacional. Ese es el desafío de las próximas dos décadas” (p.112).

El autor

Jürgen Habermas es uno de los filósofos alemanes más influyentes. En el campo de la política europea sus reflexiones sobre la necesidad de una ‘esfera pública’ continental cobraron un renovado interés en 2005, coincidiendo con los referéndums fallidos sobre la Constitución europea y la posterior ola de reflexiones académicas sobre el ‘déficit democrático’ y la crisis de legitimidad de la UE. Muchas de esas hipótesis son, a la luz de como se está gestionando la crisis en Europa, doblemente imprescindibles.

A lo largo de 40 años Habermas ha indagado en los conceptos de ‘cosmopolitismo’ y de ‘modernidad’, defendiendo en sus trabajos una visión kantiana de las relaciones internacionales, tal y como se percibe también en este último libro. Una buena manera de contextualizar al autor es mediante la lectura de los dos otros sociólogos de la ‘modernidad’: Zygmunt Bauman y su modernidad líquida, y Anthony Giddens y su postmodernidad. Todos ellos son referentes del rico debate académico que existe sobre la integración europea.

Nota lingüística

Con los libros originalmente en alemán siempre es complicado mantener la textualidad. Un ejemplo es la diferencia entre el título para la versión inglesa y la castellana. En castellano se publica como ‘La Constitución de Europa’, aunque el libro no hace referencia a la idea de Carta Magna, sino al proceso de ‘constituir’ un sistema político europeo que responda a las expectativas del autor. La misma idea que transmite el título escogido para el inglés, ‘The Crisis of the European Union, A Response’.

El ensayo

El punto de partida del libro es directo: la resolución de la crisis y el proceso de profundización de la Unión Económica y Monetaria requiere una dosis mayor de legitimidad. El autor también es diáfano respecto a la posible solución al problema: la comunidad internacional de estados debe transformarse en una comunidad cosmopolita de estados y ciudadanos del mundo (p.xi, prólogo). Habermas adapta dicho argumento al caso de la Unión Europea. Es decir, la comunidad europea de estados debe transformarse en una comunidad cosmopolita no sólo de estados sino también de ciudadanos europeos.

1) Por qué Europa es hoy en día, más que nunca, un proceso constituyente

Para el autor el proceso de integración europeo no sólo es relevante por las implicaciones internas, sino también porque representa un paso más hacia la construcción política de una sociedad global. Sin embargo dicha integración está hoy en día en peligro por dos razones: un cortoplacismo ciego que sólo focaliza en la resolución financiera, bancaria y monetaria de la crisis de la deuda –dejando de lado la profundización política-; y segundo la incapacidad de la política de reconocer la fuerza civilizadora detrás de lo que Habermas llama ‘la domesticación legal de la democracia’ en Europa (p.3).

Para el autor la estrategia cortoplacista para gestionar la crisis es doblemente incomprensible, teniendo en cuenta que existe un consenso amplio entre los expertos sobre las fallas fundacionales de la Unión Monetaria. El diagnóstico es inapelable: la Unión Europea no dispone de las competencias suficientes para regular aquellos sectores que están recrudeciendo la crisis. El verdadero desafío político en ese sentido no es otro que el de paliar el desequilibrio que existe entre las exigencias del mercado y el poder regulatorio de la política.

Vista la gravedad, se interroga el autor, lo lógico sería esperar que la clase política pusiera sus cartas sobre la mesa y tomara la iniciativa para explicar a la ciudadanía la diferencia entre los costos a corto plazo y los beneficios a largo plazo, en particular los beneficios del proyecto europeo (p.6). Pero para librar dicha batalla narrativa la clase política debería ser lo suficientemente valiente para dejar a un lado las encuestas de popularidad y confiar en el poder persuasivo de los buenos argumentos. Un camino tortuoso que ningún político continental parece estar dispuesto a cruzar.

Habermas señala que para muchos críticos de la integración europea la idea de una unión política queda invalidada por la ausencia de un ‘demos europeo’. Sin embargo, al final de la primera sección del libro, el autor argumenta que es precisamente la fragmentación de la política europea la que no nos permite ver que actualmente ya existe un proceso sistémico de integración de una sociedad cada vez más multicultural. El peligro no es la falta de ‘demos’, el peligro es que la política formal se convierta en el obstáculo para reconocer, proteger y consolidar los puentes que ya existen entre los ciudadanos europeos.

En un contexto así, nos dice Habermas, no hay que infravalorar la naturaleza del proyecto europeo como fuerza civilizadora. El objetivo no es otro que el de consolidar un proceso de transnacionalización de la soberanía popular a través de una alianza de estados democráticos. La UE ha conseguido lo que parecía utópico, por un lado que los estados miembro se subordinen a una legislación supranacional, y por el otro que ‘ciudadanos europeos’ –no sólo los estados- sean reconocidos como sujetos constituyentes de la comunidad política supranacional.

2) Europa debe decidir entre una democracia transnacional, o un federalismo ejecutivo post-democrático

En la segunda sección del libro Habermas desarrolla toda una argumentación para justificar que, a diferencia de la visión euro-escéptica, la transnacionalización de la soberanía popular no implica una pérdida de poder para los ciudadanos, ni tampoco una depreciación de legitimidad democrática. El autor utiliza los siguientes cinco argumentos:

El ensayo acaba trazando un paralelismo atrevido entre la construcción europea y la creación de una sociedad cosmopolita a nivel mundial. Para el sociólogo las relaciones internacionales (y la ONU) deberían garantizar un espacio de representación de los ciudadanos (como miembros de sus respectivos estados y a la vez como ‘ciudadanos del mundo’). Una conclusión kantiana para un mundo demasiado imperfecto.

El año 2014 puede marcar un punto y aparte en el proceso de integración europea

El paso puede marcar una revolución política sin precedentes, la consolidación del sistema europeo como un modelo parlamentario

El año 2014 puede marcar un punto y aparte en el proceso de integración europea. Sesenta y tres años después de iniciarse lo que sigue siendo un proyecto irrepetible. Ese año es probable que por primera vez los ciudadanos tengan algún tipo de responsabilidad directa en la elección del máximo responsable de la Unión Europea.

Aventurarse a formular ‘hipótesis’ sobre el futuro de Europa carece muchas veces de sentido. La Unión tiene su propio ritmo, y su propio funcionamiento, es un OPNI, como decía Jacques Delors, un Objet Politique Non Identifié. No hay tema que aterre más a los editores, pues cada 24 meses hay que cambiar enteramente los manuales. Así funciona la Unión, a ritmo de volantazos diplomáticos. Y algunos de los avances son más frágiles de lo que parecen, sobretodo aquellos que se dan por sentado.

Pero también hay señales que cuando se hacen recurrentes no pueden obviarse, y hay que estar atentos pues esconden oportunidades. 2014, y más particularmente las elecciones que se celebraran ese año al Parlamento Europeo, son un buen ejemplo. François Hollande decía el pasado 18 de octubre que el ‘futuro de la Unión será el gran reto de esa consulta’, y el ministro de exteriores polaco Sikorski, que actualmente es lo más parecido al Bruce Springsteen de la política europea, lo decía así: ‘somos de la opinión de que el interés por las elecciones sería mayor si fuera más personalizado; si se introdujeran listas generales de candidatos europeos; si se eligiera en unas elecciones generales al presidente’. Por allá en septiembre el informe del Grupo sobre el Futuro de Europa incluía la siguiente sugerencia: ‘una decisión clave sería que cada partido europeo nominara un candidato el cual se presentaría a presidir la Comisión Europea’. Los señores (y ninguna señora) que firmaban el texto eran los once ministros de asuntos exteriores de Alemania, Francia, Italia, España... y no hace ni una semana el ministro alemán Schäuble, en una conferencia en Berlín, se sumaba a la idea, lo que ya hizo el propio Barroso durante el último Debate de la Unión. En cuanto a partidos, el PSE ya se ha comprometido a elegir a su candidato en un proceso de ‘primarias’ en enero 2014. Es de suponer que los demás sigan en breve.

Puede que el tema esté de moda entre la clase política, pero el mundo académico ya lleva muchos años debatiendo sobre la posibilidad de utilizar la elección del Presidente de la Comisión como instrumento para democratizar el funcionamiento de la Unión. Lo recordó recientemente Simon Hix, uno de los mayores expertos sobre el Parlamento Europeo en una conferencia en Londres, y lo repitió Thierry Chopin, responsable científico de la Fondation Robert Schuman en París, en el informe: ‘Une unión politique pour l’Europe?’. Incluso algunos periodistas que se atreven a hablar de Europa más allá de la perspectiva de sus países también lo han mencionado, como Soledad Gallego-Díaz en ‘El elefante en el salón europeo’ o el Financial Times en su post ‘The next Barroso’.

Hay margen pues para pensar que elegir al sucesor de Barroso en 2014 puede dejar de ser una mera fantasía, a pesar que de momento no hay ninguna decisión tomada. Tampoco está claro si la posible elección se haría a través de listas transnacionales donde el Presidente fuese el cabeza de lista, o si los candidatos serían personas exógenas a la elección pero apoyadas a priori por cada partido. En todo caso con un simple acuerdo ‘político’ podría bastar, los Tratados son lo suficientemente elásticos en ese aspecto.

Desde un punto de vista teórico el paso puede marcar una revolución política sin precedentes, la consolidación del sistema europeo como un modelo parlamentario. Un mundo de posibilidades y la oficialización de un imperativo que la crisis ha recrudecido: el futuro se decide en Europa y ésta será democrática, o no será.

En ese escenario sorprende la falta de propuestas y de debate entre los principales partidos políticos europeos y sus ramificaciones nacionales. A fin de cuentas estamos hablando de que en sólo 18 meses los representantes se dirigirán a un electorado de 400 millones de personas que por primera vez tendrán una influencia directa en la formación del ejecutivo continental. ¿Cómo es posible que no se hable de las implicaciones? ¿Cómo es posible que los partidos no estén ya preparando el terreno para ‘posicionar’ al mejor candidato conservador, progresista o liberal, y su consecuente manifiesto?

España debe darse cuenta del momento histórico que se fragua. En los últimos 20 años, especialmente en el campo progresista, los representantes que han venido de la península han dejado mella. Javier Solana o Felipe González por citar los más evidentes. Y no me resisto a pensar que inmersos en la cuestión territorial a unos y otros les falta tiempo para darse cuenta que tienen una baza incomparable en la persona de Josep Borrell, ahora director del Instituto Universitario Europeo en Florencia y ex presidente del Parlamento Europeo. Entre los otros posibles candidatos que podría aportar la península sorprende la idea del Financial Times alemán apuntando a Zapatero. Tal vez el expresidente goce fuera de un caché que parece no tener en casa.

En todo caso, lo que una vez era sinónimo de concertación y de europeísmo –ser español- es probable que ahora sea un estigma eliminatorio. La estrategia comunicativa durante la gestión de la crisis proyecta un cierto ‘orgullo’ patrio que no gusta. La gravedad histórica de la situación, y la incapacidad de convencer como país y sociedad, han dado el golpe de gracia a una España que se erigía en Ave Fénix. De dictadura a vivero de líderes continentales. La realidad sin embargo es que España, entre otras tantísimas cosas, se ha dejado en el camino su aura europea. Esa energía, esa admiración que inspiraba, la ha heredado Polonia. La España de ayer, es la Polonia de ahora.

“No hay en el mundo nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su hora” decía Victor Hugo. También puede valer para el nacimiento, por fin, del parlamentarismo en Europa. La respuesta se esconde en los próximos 18 meses. La sociedad española no puede permitirse quedarse atrás.