4/10/20 – Una encuesta indica que siete de cada diez españoles no quieren un confinamiento total. Por suerte, los gobiernos autonómicos y el central se comprometen a hacer todo lo posible para evitarlo (Spoiler: no lo hacen).

23/10/20 – Un estudiante de secundaria en el Instituto Antonio López de Tres Cantos (Madrid) manifiesta síntomas de resfrío y lo mandan a cuarentena en casa sin registrarlo. Tardan 15 días en hacerle el test del coronavirus (test de antígeno). De hecho, acababa de regresar a las clases presenciales. Para entonces da, lógicamente, negativo. Nadie sabe si tuvo o no la COVID-19. Nunca figuró en los datos como positivo ni como posible positivo. Si no tuvo la COVID-19, su cuarentena fue inútil. Si la tuvo, no quedó constancia, no alimentó los modelos epidemiológicos y, sobre todo, no afeó las estadísticas del municipio ni de la Comunidad de Madrid. Ante estos casos que ni protegen eficazmente a los alumnos ni ayudan a entender y controlar la curva de contagios, muchos de ellos ocultan los síntomas. No pueden perderse las clases en el año que se juegan la selectividad o, simplemente, su familia no puede hacerse cargo de ellos durante la jornada laboral – sobre todo si es para nada. Peor aún es en la educación primaria, porque los padres que han de cuidar a sus hijos en cuarentena, pero que tienen una PCR negativa en COVID-19, no tienen derecho a una baja laboral retribuida.

26/10/20 – Uno de nosotros muestra, a lo largo de la mañana, malestar, dolor corporal, insuficiencia respiratoria moderada y fiebre baja. En principio, no ha estado expuesto a contagiados por COVID-19. Podría ser un resfriado común. Llama al teléfono de atención médica por COVID-19: una teleoperadora pregunta los síntomas, los traslada a un médico (en su versión: un curioso juego del teléfono roto), y responde al paciente que no se están haciendo test a casos leves, que se confine en casa y que vaya a urgencias si desarrolla insuficiencia respiratoria severa. Recomienda solicitar una cita telefónica con el médico de cabecera. Por desgracia, el servicio de citas médicas indica, en la siguiente llamada, que “no hay citas” (así, sin horizonte temporal), y en el centro de salud ni se molestan en coger el teléfono. Toca esperar y, si no hay insuficiencia respiratoria severa, el potencial caso ni se registra ni se rastrea.

27/10/20 – Un compañero de trabajo, tras 14 días confinado porque su mujer, profesora de instituto, ha tenido un alumno con COVID-19 en clase, se reincorpora al trabajo. Su mujer no ha sido diagnosticada porque la Junta de Andalucía ya no estaba testando a los profesores expuestos a alumnos infectados por COVID-19. Si no desarrollan síntomas, siguen dando clase. Finalmente, tras insistir mucho, consiguió que la testasen 10 días después del contacto. Dos días después recibió el resultado: negativo. Si hubiera sido infectada asintomática, habría tenido tiempo de contagiar a muchos alumnos y compañeros de trabajo.

28/10/20 – Una compañera, expuesta en dos días consecutivos a colegas contagiados por COVID-19 fuera del trabajo, se reincorpora tras 14 días de cuarentena. El servicio de prevención del CSIC le indica que debe hacer una cuarentena de 14 días (ya que, aunque el Gobierno la haya reducido a 10, es consciente de que el riesgo es aún elevado al final de ese plazo), pero se niega a hacerle un test para confirmar o descartar la infección; y como la sanidad pública no está testando a los contactos “de bajo riesgo”, ella decide pagarse un test de antígenos (muy poco fiable en asintomáticos) en la sanidad privada para saber si estaba contagiada o no – como está haciendo una parte de la población, la que puede permitírselo,  en lo que representa una privatización encubierta del servicio de diagnóstico. Al cumplir la cuarentena, sin embargo, el servicio de prevención sí realiza un test de PCR antes de autorizar la vuelta al trabajo. 

31/10/20 – Francisco Marhuenda, director de La Razón, durante su participación en el programa La Sexta Noche, hace una encendida defensa de la necesidad de evitar cualquier restricción de comercio o movilidad que pueda “perjudicar a la economía” y argumenta que quienes defienden el confinamiento son tan solo “los funcionarios” porque “ellos tienen la vida solucionada”. Remacha este peregrino argumento afirmando que los epidemiólogos pueden aconsejar el confinamiento porque a ellos apenas les afecta al tener su economía personal resuelta. Como si los modelos epidemiológicos y las cifras de la pandemia respondieran a las circunstancias personales del científico que los analiza... 

3-4/11/20 – Asturias primero, luego Ceuta, Melilla y Euskadi, solicitan confinamientos domiciliarios. Pero el gobierno se niega a aplicarlos, para “salvaguardar la economía” y propone dejar pasar “dos o tres semanas” para evaluar las medidas impuestas actualmente. Mientras tanto, con cifras mucho más bajas de contagios y fallecimientos por habitante, Alemania, Inglaterra, Portugal, Francia, Bélgica y Austria los adoptan, e Italia los prepara – incluyendo el cierre de restaurantes, bares, salas de ocio, piscinas y gimnasios. Incluso Holanda, adalid junto con Suecia del eufémico “confinamiento inteligente” (que ha causado unas de las tasas de contagio y letalidad más altas de Europa), decreta un confinamiento parcial y prepara uno total.

4/11/20 – El número de casos sigue creciendo en España, y ya triplica el máximo alcanzado en primavera (finales de marzo). Y, con un esfuerzo de testado de los asintomáticos y casos leves cada vez menor, el argumento de que estas cifras no son comparables a las de primavera porque ahora se detectan muchos más casos se sostiene cada vez menos. De hecho, el número de fallecimientos también triplica al  que había cuando se decretó el confinamiento en marzo.

El momento de “proteger la economía” evitando el confinamiento ha pasado ya. Protegerla ahora pasa por confinar lo antes posible, aplanar la curva de forma drástica, y aplicar después las medidas de prevención, rastreo y refuerzo de la atención primaria que puedan mantenerla funcionando lo mejor posible, hasta que la mejora en los tratamientos o una vacuna nos permita volver a una cierta normalidad. Cuanto más tarde se haga, más tendrá que durar y más duro será su impacto. Lo llamativo del caso es que esto parece que lo sabemos todos.

Las medidas parciales y “creativas” deberían haberse aplicado hace cinco meses, al comenzar el desconfinamiento, y no habríamos llegado hasta aquí. De hecho, algunas de ellas se incluyeron como condiciones para el avance de fases durante el desconfinamiento. Tan difícil es entender que algunos gobiernos autonómicos no las aplicaran, malversando las partidas recibidas para luchar contra la pandemia, como que el gobierno central no exigiera su aplicación. 

¿Por qué no han tenido éxito todas esas medidas “intermedias”, que se han aplicado en los últimos meses? Para que las políticas sean efectivas no basta con que tengan un diseño prometedor o elegante: la clave está en su implementación. La mayoría de esas medidas se introdujeron ya durante la desescalada o tras ella, pero la falta de voluntad, esfuerzo o capacidad de las administraciones que debían implementarlas las convirtió en papel mojado. Entre todas ellas destaca una medida clave: el rastreo, detección y tratamiento temprano de nuevos casos. Una medida que requería una inversión decidida en personal y medios técnicos, que no puede implementarse ahora de un día para otro.

Al no haberlo hecho, es ahora imposible introducir medidas blandas y monitorear su éxito, como pretende el Gobierno. Con un tiempo de infección a detección de casi dos semanas, y de tres semanas o más entre infección e ingreso en UCI o fallecimiento, ya sería un riesgo enorme hacer algo así con números tan elevados de contagios: si las medidas no funcionan, lo descubriremos muy tarde. Pero además, el sistema de detección temprana y rastreo no solo es tremendamente deficiente, sino que está empeorando día a día (en algunos casos, de forma aparentemente premeditada para enmascarar las cifras reales) - haciendo cada vez menos fiables los datos de infección. Eso nos deja tan solo los criterios de saturación de UCIs y fallecimientos, con lo que nuestra capacidad para evaluar de forma ágil las medidas de contención es insuficiente. Si unimos esta incapacidad a la escasa efectividad de las medidas “alternativas” y el escaso rigor con el que se han implementado en el pasado, solo podemos concluir que se trata de medidas cosméticas que solo buscan posponer lo inevitable.

Y sí, va a ser tremendamente duro. Pero el momento de evitarlo ha pasado y quienes podían haberlo evitado no hicieron nada. Cuando se comete un error, lo peor que se puede hacer es seguir cavando en el mismo agujero. Hay que tomar nota, corregirlo cuanto antes y – sobre todo – no volver a cometerlo.

La falsa dicotomía entre salud y economía va a acabar con ambas. Entendemos que la lucha partidista hace muy difícil hacer lo correcto. Pero hay momentos en que no se puede gobernar pensando solo en las siguientes elecciones. Muchas personas están enfermando, muriendo, o sobreviviendo con secuelas graves a largo plazo. Ya está bien de perder el tiempo.

La evolución favorece que algunos entre los miles de coronavirus presentes en la naturaleza adquieran diseños que le permitan atacar eficientemente al ser humano

El esfuerzo de la comunidad científica arroja cada día un poco de luz sobre el funcionamiento del coronavirus. Un trabajo reciente, publicado en la revista eLife, ha encontrado que la proteína S (Spike) del virus SARS-CoV-2 contiene una secuencia proteica de 8 aminoácidos (RRARSVAS) idéntica a la de una proteína humana, la ENaC-α. La proteína S, que se encuentra en la envuelta del virus, facilita su entrada a las células humanas para infectarlas. La proteína ENaC-α, que regula el balance de sodio en células epiteliales, es crítica para el correcto mantenimiento de la interfase aire-líquido en los pulmones, y su disminución o disfunción genera problemas respiratorios. Tanto la proteína S del virus como la ENaC-α humana requieren un procesamiento similar para ser activas, y la zona en la que necesitan ser procesadas (la secuencia RRARSVAS) es idéntica. Los autores proponen que, al poseer esta secuencia, el virus competiría por los mecanismos de activación que utiliza la proteína ENaC-α , lo que daría lugar a los problemas respiratorios que observamos en los enfermos de COVID-19.

El trabajo es un buen ejemplo de los resultados que está dando la colaboración internacional y el intercambio de uso abierto en la investigación de la pandemia. El análisis de las secuencias de proteínas disponibles en la base de datos de uso abierto (UniProt) determinó que la secuencia RRARSVAS se encuentra en 10.956 de las 10.967 cepas del virus SARS-CoV-2 analizadas, pero está ausente en las proteínas S de todos los otros (más de 13.000) coronavirus analizados. Tampoco se ha hallado esta secuencia en otras proteínas humanas. Esta coincidencia, y el hecho de que la secuencia aumente el potencial de infección del virus, puede alimentar las teorías sobre una manipulación humana intencionada, ampliamente difundidas a pesar de no contar con ninguna evidencia científica que las respalde hasta la fecha. Antes de que exploten las teorías conspiranoicas, nos gustaría aclarar lo que implica – y lo que no implica – la presencia de esta secuencia en la proteína S del SARS-CoV-2, y por qué es fácil descartar esas teorías.

Esencialmente, los linajes cambian cuando se alteran sus secuencias de nucleótidos (ADN y ARN), como resultado de procesos naturales o mediante ingeniería genética. Aunque los cambios en secuencias de nucleótidos a veces se traducen en cambios en secuencias de aminoácidos, que dos proteínas tengan una misma secuencia de aminoácidos no implica, ni mucho menos, que las secuencias de nucleótidos del ADN o el ARN a partir del cual las proteínas se sintetizan se parezcan demasiado. Y vamos a explicar por qué.

Las proteínas se componen de cadenas de aminoácidos que se ensamblan a partir de instrucciones contenidas en el ADN (o, en virus como el SARS-CoV-2, en el ARN). El ADN es, a su vez, una doble cadena de nucleótidos de cuatro tipos: timina (T), citosina (C), adenina (A) y guanina (G). Con sólo estas cuatro letras se puede almacenar toda la información necesaria para construir y hacer funcionar un organismo vivo. Para poder utilizarse, la información contenida en la secuencia de nucleótidos del ADN debe ser transcrita a una secuencia complementaria en el ARN, que utiliza tres nucleótidos iguales y uno equivalente: U (uracilo), C, A y G. Estos nucleótidos se agrupan de tres en tres formando los llamados 'tripletes' o 'codones'. Cada triplete indica el aminoácido que debe añadirse a la proteína en formación. De esta manera, la información contenida en una secuencia de ADN y transcrita a una secuencia de ARN se traduce acorde con el código genético en la secuencia de aminoácidos que componen una proteína específica (figura 1). Para simplificar más la notación y poder escribir secuencias de aminoácidos fácilmente, a cada aminoácido se le asigna una letra mayúscula.

Figura 1: Código genético (adaptado de BioNinja). El ARN en grupos de tres letras (codones), se traduce a aminoácidos (en negrita y entre corchetes). (*) codones que no corresponden a ningún aminoácido. Encuadrados en rojo están los aminoácidos presentes en la secuencia RRARSVAS. A la derecha el listado de los aminoácidos a los que corresponde cada letra.

Agrupando los cuatro nucleótidos del ARN (A, U, C, G) en grupos de tres podemos tener 64 combinaciones, pero sólo hay 20 aminoácidos distintos en los seres vivos. Mientras que algunos aminoácidos, como Metionina (M), son codificados por un solo triplete, otros, como Glutamato (E), son codificados por dos, cuatro, como ocurre con Alanina (A) y Valina (V), o incluso por 6, como los aminoácidos Arginina (R) y Serina (S). A, V, R y S son, precisamente, los cuatro aminoácidos presentes en la secuencia RRARSVAS compartida por la proteína Spike del coronavirus y la proteína ENaC-α humana. En consecuencia hay, nada menos que, 497.664 (6x6x4x6x6x4x4x6) formas distintas de “escribir” la secuencia RRARSVAS con nucleótidos.

Si los autores de este trabajo hubieran encontrado que humanos y virus usaban la misma secuencia de nucleótidos para codificar la secuencia RRARSVAS, habrían concluido que el ARN que codifica la secuencia en el genoma del virus procedía, de una forma u otra, del humano. El título de su trabajo habría cambiado, su interpretación también y habrían publicado sus resultados en una revista de aún mayor impacto, porque habría sido un descubrimiento extraordinario. Desafortunadamente, el artículo no menciona en absoluto las secuencias de ADN/ARN, lo que sugiere que estas no se parecían demasiado (aunque esta información no está detallada en su artículo). Para paliar esta deficiencia, nosotros hemos localizado y analizado, utilizando la base de datos y herramientas de NCBI, las secuencias nucleotídicas correspondientes a estos 8 aminoácidos en la proteína Enac-α humana y la proteína S del coronavirus. Hemos encontrado que las secuencias comparten solamente el 62.5% de sus nucleótidos (figura 2), un parecido tan pequeño que algunas herramientas de alineamiento ni siquiera encuentran una similitud significativa entre ellas.

Figura 2: secuencias de ARN correspondientes al fragmento analizado en este estudio.

Si quisiéramos modificar artificialmente el virus para ajustar esos 8 aminoácidos de la proteína S y hacer el virus especialmente peligroso para los humanos de forma artificial, tendríamos, en primer lugar, que saber que la proteína S sería más efectiva con ese pequeño cambio. Esto no es nada evidente y ni siquiera está demostrado, ya que el mecanismo de acción que proponen los autores es absolutamente hipotético. Después, habría que manipular el ARN del virus, introduciendo en él 24 letras de ARN humano sin dejar ningún rastro. Esto per se es tremendamente complicado, ya que la manipulación genética en laboratorio deja marcas en la propia secuencia que son fáciles de identificar por otros investigadores. Y sobre todo, si todo esto hubiera sido posible, la secuencia de ARN del virus y la humana deberían ser completamente idénticas, y no sólo equivalentes en términos de traducción a aminoácidos. Con los conocimientos y la tecnología actuales, podemos descartar que la presencia de la secuencia RRARSVAS en la proteína S del virus SARS-CoV-2 sea el resultado de la manipulación intencionada de dicho virus.

Tal como argumentan los investigadores, la explicación más sencilla y probable es que se trate del resultado de la evolución: el virus y los humanos han llegado a soluciones distintas, aunque basadas en la misma secuencia de aminoácidos, para distintas funciones; y el hecho de que tanto las funciones como la secuencia que sirve de base (el ARN y ADN) sean tan distintas indica que se han desarrollado independientemente. El virus posiblemente mejore su infectividad y patogenicidad imitando una pequeñísima porción de una proteína humana. Si tenemos en cuenta que tan solo una pequeña proporción de los patógenos potenciales consiguen atacar a la especie humana (por ejemplo, tan solo unos pocos de los 13.000 coronavirus con los que tenemos contacto), no resulta extraño que algunos de ellos hayan dado con una combinación exitosa e innovadora diferente que les permita infectar células humanas y así aumentar su capacidad de proliferar – utilizando el mecanismo responsable de la enorme variedad y complejidad de seres vivos de nuestro planeta: la mutación genética seguida de selección natural.

Con un poco de conocimiento y razonamiento, podemos llegar a la conclusión de que es extremadamente improbable que el SARS-CoV-2 se haya desarrollado artificialmente en un laboratorio (la ciencia es muy reacia a decir “imposible”). Como la continua batalla con otros patógenos (como el VIH y la malaria) lleva años demostrándonos, la naturaleza tiene mecanismos altamente sofisticados sin necesidad de usar nuestra tecnología ni nuestras manos.

En la Gran Barrera de Coral australiana, las diferentes islas están habitadas por distintas especies. El anteojillos dorsigrís (Zosterops lateralis chlorocephalus), un pequeño paseriforme, colonizó Heron Island desde el continente australiano hace unos tres o cuatro mil años. Hoy en día, los individuos de mayor tamaño viven más tiempo y tienen más crías que los más pequeños, por lo que los individuos de esa población son cada año más grandes – existe lo que en ecología evolutiva llamamos un 'gradiente de selección positivo' para el tamaño corporal.

Al comparar las poblaciones de una misma especie, podemos encontrar que su tamaño medio es mayor en islas que en el continente. Este fenómeno, conocido como gigantismo insular, suele achacarse a la ausencia de predadores y a la mayor importancia de la competencia intraespecífica en las islas, y parece ajustarse bien al patrón encontrado en Heron Island. Lo sorprendente es que, tras tres o cuatro mil años, el tamaño medio de los individuos siga aumentando. Si hubiera aumentado al ritmo actual todo este tiempo, hoy día este pajarillo debería ser más grande que una paloma. ¿Cómo resolvemos esta paradoja? ¿Acaso cambios ambientales recientes favorecen un tamaño corporal algo mayor y han vuelto a poner en marcha un proceso que llevaba miles de años latente?

Los investigadores han podido concluir que no es éste el caso. La población de anteojillos dorsigrís de Heron Island es objeto de estudio desde los años sesenta. Desde entonces, el tamaño corporal medio sigue un patrón en dientes de sierra: aumenta lentamente año tras año, para descender bruscamente de vez en cuando. El aumento gradual es probablemente resultado de la competencia intraespecífica. Las caídas bruscas son consecuencia de ciclones, que diezman la población, ensañándose particularmente con las aves de mayor tamaño. Al volver a crecer la población, vuelve a iniciarse el ciclo.

Las series temporales de datos son de enorme importancia en ecología y evolución. Una plétora de fenómenos, muchos de ellos de gran importancia práctica en la conservación de biodiversidad y la gestión de los recursos naturales, sólo pueden entenderse a través de estudios longitudinales en los que se monitorean ciertos indicadores o variables clave (a menudo, una especie o población) año tras año. El caso más claro son los fenómenos cíclicos, como los ciclos poblacionales de topillos y lemmings, los ciclos de producción sincrónica de semillas ('masting'), o los brotes de plagas forestales - por citar los más conocidos. Estos fenómenos, que a menudo tienen consecuencias muy importantes sobre los ecosistemas, la producción agraria y forestal, o la salud animal y humana, sólo pueden estudiarse, por la naturaleza misma del fenómeno, a partir de series largas de datos.

Las series temporales de datos resultan esenciales, también, en epidemiología. No siempre tienen que ser muy prolongadas. Muchos parásitos y patógenos tienen ciclos de vida muy cortos, que les permiten comprimir varias generaciones en un solo día, por lo que los fenómenos demográficos y evolutivos más relevantes para entender el curso de una enfermedad pueden revelarse en el curso de semanas o meses. En contrapartida, necesitamos mucha mayor resolución temporal. No podemos tomar una medición al año, sino que debemos aumentar la frecuencia de las observaciones.

En epidemiología, las series temporales de datos tienen distintos usos, entre los que mencionaremos dos. En primer lugar, pueden usarse para crear modelos que nos ayuden a predecir el desarrollo de futuros brotes de la enfermedad: un modelo incapaz de reproducir el desarrollo de epidemias pasadas tendrá, probablemente, escaso valor predictivo. En segundo lugar, pueden usarse para inspeccionar el desarrollo de un brote activo, evaluando la efectividad de las medidas implementadas. Comparando el transcurso de la enfermedad antes y después de implementar una medida, es posible determinar hasta qué punto la medida ha contribuido a frenar la expansión de la enfermedad, si será efectivo prolongarla en el tiempo, y cuándo podrá cesar su aplicación. Obviamente, esto sólo es posible si los datos son representativos y coherentes.

Para que los datos resulten útiles no es necesario que sean completos. Ni siquiera es necesario tener datos sobre la mayoría de la población (aunque cuanto más completos son los datos, más fácil es trabajar con ellos). Lo que sí es esencial es que los datos sean representativos – si la enfermedad afecta a todos los individuos y sólo tenemos datos para niños de menos de siete años, difícilmente vamos a poder entender lo que ocurre en la población – y que tengan coherencia interna: es decir, el dato para el día tres desde el comienzo de la epidemia debe significar lo mismo que el dato para el día catorce. Si el método utilizado para tomar datos cambia a lo largo del tiempo, sin que podamos saber qué datos habríamos obtenido manteniendo el criterio inicial, los datos resultan incomparables y la serie de datos carece de valor – aunque el método utilizado para tomar datos haya ido mejorando a lo largo del tiempo.

Los ecólogos se dieron cuenta de este problema hace tiempo, y por eso hicieron un esfuerzo importante para conseguir registrar datos a largo plazo, en una red amplia y representativa – que comenzó en EEUU, y se extendió desde allí a Europa y al resto del mundo. Se trata de la red de Seguimiento Ecológico a Largo Plazo (conocida por su acrónimo en inglés, LTER). Está formada por nodos que aportan mediciones de al menos una década, se comprometen a mantenerlas y ofrecerlas públicamente durante muchos años más, y trabajan de forma conjunta para estandarizarlas y asegurar su coherencia.

Redes similares, aunque mucho más estrictas y mejor organizadas (y financiadas), dada la importancia vital que tienen, existen también para el seguimiento médico y epidemiológico. Un excelente ejemplo es la red de vigilancia y seguimiento de la gripe (Global Influenza Programme, GIP), coordinada a nivel global por la OMS. La coordinada en todo EEUU por el CDC, que es modélica, recopila datos de forma estandarizada y los ofrece de forma rápida y didáctica a través de su página web.

Todos estos precedentes hacen más sorprendentes si cabe las limitaciones, retrasos – y, sobre todo, los bandazos que ha experimentado el seguimiento actual de la pandemia de la COVID-19. La serie inicial de datos en España, centralizados por el gobierno a partir de la información recopilada por las comunidades autónomas, era sencilla pero cumplía razonablemente su función. El número de casos detectados subestimaba claramente el número total, ya que por motivos logísticos (la capacidad de realizar tests era limitada) y médicos (el objetivo principal de los tests realizados no era epidemiológico, sino diagnóstico), no se realizaban tests a todos los potenciales infectados. Pero, mientras se mantuvo un criterio razonablemente estable, podía esperarse que la proporción de infecciones que llegaban a detectarse fuera constante, y que la evolución del número de casos detectados fuera un buen indicador de la del número de infecciones totales. Un razonamiento similar podía hacerse sobre el número de casos activos, una variable clave para evaluar el potencial de infección en cada momento.

De forma similar, el número de fallecimientos tenía problemas de representatividad, ya que no había recursos para realizar tests confirmatorios a todos los fallecidos, pero no necesariamente de consistencia. El registro de los fallecidos que habían sido testados a su llegada al hospital, complementado por el registro de los fallecidos que presentaban sintomatología coherente con la COVID-19, debería ser suficientemente consistente para representar adecuadamente la evolución (aunque no la extensión exacta) de la pandemia.

En las últimas semanas, sin embargo, se ha producido un desbarajuste en la toma, centralización y presentación de los datos descritos. La adquisición de tests de PCR adicionales, así como la inclusión de tests rápidos (basados en la detección de antígenos del virus) con distintas funciones y significados, ha hecho que se generalice mucho el número de personas a las que se les aplica, de forma que la detección ha dejado de estar restringida a poco más que los enfermos severos u hospitalizados. A esto se suma la aplicación de un nuevo sistema de detección (los tests serológicos, basados en la detección de anticuerpos IgM e IgG en sangre) de carácter totalmente distinto a los anteriores, ya que sirven principalmente para detectar individuos que ya están cursando el pico de la infección (IgM), la están superando o han superado por completo (IgG). Esto no debería ser un problema si se hubiera organizado la adquisición, tratamiento y presentación de datos de forma que quedaran bien diferenciadas las tres categorías de casos detectados. Pero esta diferenciación no sucedió desde el principio, y sólo sucede parcialmente a día de hoy.

Más sorprendente aún es la aparición de inconsistencias graves en la serie de datos de fallecimientos. De repente, varias comunidades han reconocido que habían sido incapaces de reportar al gobierno central los fallecimientos fuera de hospitales, en residencias y domicilios – y han presentado de golpe cifras agregadas que sumaban miles de nuevos fallecimientos a los conocidos hasta entonces. O el cambio de criterio en la forma de reportar los hospitalizados e ingresados en UCIs en varias Comunidades Autónomas, que pasaron de proporcionar el número de personas ingresadas en ese día a proporcionar el número de casos acumulados a partir del 11-12 (Castilla La Mancha), 17 (Castilla León), 26 (Madrid) y 28 (Galicia) de abril.

Una de las principales causas de estos problemas es la inconsistencia continuada en la forma de reportar los datos de la Comunidad Madrid. Aunque está siendo la comunidad que más casos diarios aporta todavía, realiza un truco contable para aparentar que estos son muchos menos - una argucia que el médico y vicepresidente de Castilla-León, Francisco Igea, ha calificado de 'hacerse trampas al solitario'. El truco consiste en reportar tan solo parte de esos casos en el boletín sanitario correspondiente a esa fecha (el del día siguiente), que es además el utilizado por el Ministerio para ofrecer las cifras oficiales. Esa cifra se aumenta paulatinamente, en cantidades pequeñas, en los boletines de los días siguientes - de forma que la única manera de poder obtener el valor real del número de casos de Madrid es obtener dichos boletines y sumar los datos aparecidos durante los 2-3 días que siguen a cada fecha. Este problema se ve agravado por la actitud del Ministerio que, en lugar de obligar a la Madrid a estandarizar sus datos como el resto de las comunidades, ha decidido limitarse a incluir en su informe diario los datos que le envía la Comunidad de Madrid cada día indicar con un * y una anotación técnica que, en esencia, los datos de la Comunidad de Madrid son incorrectos.

El resultado es el que se puede apreciar en la gráfica. Las series temporales, que presentaban una tendencia bastante estable a lo largo de los últimos días, cambian a partir del 14-15 de abril – fecha en la que se decide, precisamente, suavizar el confinamiento decretado el 30 de marzo. Aunque algunos de los datos (como los casos activos y las recuperaciones) sugieren un repunte puntual que se estabiliza después, y que podría deberse sobre todo a la detección de casos ya resueltos, también se aprecia un repunte persistente de los casos totales y fallecimientos – para el que sería muy importante aclarar la causa.

Todo esto es más grave aún porque, como indican las fechas, hay un retraso en la respuesta a los cambios en las normas de confinamiento (debido al período de incubación del virus, puede ser de 10 días para las detecciones y 21 para los fallecimientos, en promedio), lo que hace que las decisiones actuales de relajar el distanciamiento social se estén tomando antes de poder evaluar el impacto de las medidas anteriores (tanto la finalización del confinamiento severo el 13A, como las medidas de relajación posteriores del 25A, o el desconfinamiento progresivo que empieza esta semana). Y que vayamos a tardar entre dos y tres semanas en apreciar sus consecuencias. Si no corregimos el ruido que se ha introducido en las series de datos, estaremos decidiendo a ciegas. En el peor de los casos estaríamos yendo hacia atrás en la lucha por el control de la epidemia.

En esta imagen (Figura 1), se puede observar la evolución del número de casos detectados (por PCR y por PCR+serología), recuperaciones (enfermos dados de alta), fallecimientos y casos activos en España. Las flechas indican el momento en el que los casos correspondientes a la fecha de infección (indicada sobre la flecha) se han observado, en promedio, en forma de detecciones, fallecimientos o recuperaciones. La línea discontinua indica el cambio abrupto en las series de datos que tuvo lugar el 14-15A. Los círculos representan datos reales, las líneas continuas representan la evolución esperada previamente al cambio abrupto de las series de datos (esto es, en base a curvas ajustadas con los datos anteriores al 14A).

Datos procedentes los informes diarios del Ministerio de Sanidad, recopilados parcialmente por eldiario.es.

En la elaboración de este artículo han participado Luis Santamaría, Raquel Pérez Gómez y Joaquín Hortal junto al autor principal, Miguel Ángel Rodríguez-Gironés.

Todas las grandes guerras han ido acompañadas de desarrollos científicos y técnicos. La actual “guerra” contra la COVID-19 no podía ser menos. En las últimas semanas hemos oído noticias sobre infinidad de investigaciones científicas, robots para realizar test masivos, respiradores creados en impresoras 3D e innumerables aplicaciones móviles para monitorear síntomas, distribuir recursos humanos y materiales e incluso para valorar la probabilidad de contagio. De todas ellas, las aplicaciones móviles destinadas a la prevención de contagios son, quizás, las que más controversia generan. Pero, ¿cómo funcionan realmente? ¿Qué beneficios pueden aportar? ¿Por qué son controvertidas?

Existen diferentes tipos de apps que tienen como objetivo prevenir nuevos contagios, pero las más alabadas, y sobre las que nos vamos a centrar, han sido las que rastrean contactos a través del Bluetooth del móvil. Este tipo de apps se ha usado en otros países, como Singapur, con éxito relativo, y actualmente se están replicando en otros países del mundo, incluido España, donde ya tenemos dos versiones (esta y esta). El funcionamiento es sencillo: dos personas se acercan a menos de X metros y sus móviles intercambian un código por Bluetooth.

Y, ¿para qué sirve esta información? Si fuéramos usuarios de la aplicación y nos confirmaran un resultado positivo para COVID-19, podríamos ceder los códigos que hemos recogido a un administrador centralizado, el cual sería capaz de identificar a las personas con las que hemos estado en contacto durante los días previos al diagnóstico. Entre el contagio y el diagnóstico, ya sea clínico o a través de test de autodiagnóstico, pasan varios días en los que hemos podido contagiar a otras personas. Estas aplicaciones permiten, por tanto, identificar con anticipación a esas personas potencialmente infectadas, pudiendo sugerir las medidas que se estimen oportunas, como, por ejemplo, notificar el riesgo, proponer la realización de un test o cuarentenas selectivas. Es importante destacar que los códigos que se intercambian por Bluetooth son anónimos y pueden cambiar con el tiempo, haciendo imposible la identificación de personas infectadas por otros usuarios en la mayoría de los casos.

Además, los códigos se pueden almacenar localmente en el dispositivo móvil, dando control total al usuario sobre el uso de la información y permitiéndole decidir si la dona o no. Ambas medidas aumentan la privacidad y limitan la posibilidad de que se tomen represalias a las personas contagiadas por parte de otros usuarios.

La principal ventaja que aporta este rastreo de contactos es la capacidad de detectar con anticipación posibles casos asintomáticos, bien sea por estar en periodo de incubación o por no manifestar la enfermedad durante todo el proceso infeccioso. Los individuos asintomáticos son uno de los principales riesgos en la dispersión de la COVID-19. Por tanto, su detección temprana y aislamiento o, al menos, el mantenimiento de distancia de seguridad, facilitaría la contención del virus, como se ejemplifica en la siguiente figura (Figura 1).

Las apps de rastreo de contactos podrían ayudar a realizar confinamientos selectivos o inteligentes, donde solo las personas contagiadas y aquellas con las que han estado en contacto tendrían que estar aisladas. Pero, ¿son realmente eficientes estos confinamientos selectivos? Para responder a esta pregunta hemos realizado unas simulaciones numéricas con afán meramente didáctico. En un espacio limitado donde 200 personas se mueven al azar, hemos simulado cómo se produciría la difusión del virus teniendo en cuenta diferentes medidas de confinamiento. Lo mostramos en este vídeo.

En este vídeo se muestran las simulaciones de los efectos de diferentes tipos de confinamiento. Arriba se puede ver un espacio donde 200 personas (cuadrados) se mueven al azar, para cada tipo de confinamiento (de izq. a drcha. sin confinamiento, confinamiento indiscriminado y confinamiento selectivo usando una app de rastreo). En todos los casos, al inicio hay cuatro personas infectadas. Cuando una persona infectada coincide en el espacio con una sana hay una probabilidad de contagio del 0.9. Además, se asumen tres días de tiempo de incubación; 10 días de tiempo de curación y; que un 70% de la población es sintomática. Abajo a la drcha. se observa la evolución de la prevalencia de la enfermedad; es decir, la proporción de personas contagiadas. A la izq. se ve el número acumulado de personas confinadas. Se puede ver en este enlace.

En la siguiente figura (Figura 2), a la izquierda, hemos representado la famosa curva de contagios. Lo primero que se aprecia es que cualquier medida de confinamiento puede “aplanar la curva”. Lo siguiente que llama la atención es que un confinamiento indiscriminado como el que tenemos ahora es, en general, más eficaz aplanando la curva que un confinamiento selectivo, es decir, un confinamiento en donde solo los contagiados o sospechosos de contagio y las personas con las que han contactado están confinadas.

Solo atendiendo a este resultado podríamos pensar que deberíamos quitar el adjetivo inteligente al confinamiento selectivo. Una pieza de información clave nos la da la gráfica de la derecha (Figura 3). En esta gráfica hemos representado el número total de personas confinadas desde el inicio al final de la epidemia. Es evidente que el confinamiento selectivo supone un número mucho menor de gente confinada. Por tanto, combinando la información de las dos gráficas llegamos a la conclusión de que el confinamiento selectivo es claramente inteligente. La curva de contagios del confinamiento selectivo cuando un 75% de la población usa una app de rastreo es bastante parecida a la curva que genera un confinamiento indiscriminado del 50% de la población.

Sin embargo, el acumulado de personas confinadas es menos de la mitad en el confinamiento selectivo. En otras palabras, mediante un confinamiento selectivo en el que se usaran aplicaciones de rastreo conseguiríamos un aplanamiento la curva similar al del confinamiento indiscriminado pero con menos de la mitad de personas aisladas, logrando una reducción sustancial del coste social, económico y emocional que supone el confinamiento.

Los resultados mostrados arriba son meros ejemplos y se basan en simulaciones que están lejos de ser exhaustivas y hay que tomarlos con precaución. Sin embargo, estos resultados son suficientes para evidenciar la mayor eficiencia, aunque no eficacia, de los confinamientos selectivos versus los indiscriminados. Por tanto, las aplicaciones móviles de rastreo de contactos supondrían una herramienta muy útil para la contención de enfermedades infecciosas desde momentos iniciales de su difusión o en la reducción de medidas más drásticas de contención, como confinamientos indiscriminados.

Ahora bien, si realmente estas aplicaciones son útiles, la pregunta del millón es por qué no las estamos usando ya. La respuesta engloba una amalgama de factores técnicos, sociales y éticos, entre los que destacan los relativos a la protección de datos y la intimidad. La utilidad y funcionamiento de estas apps requiere, por un lado, de una participación ciudadana alta e implica, por el otro, que los administradores de las aplicaciones tengan acceso a una información privada y sensible.

Desafortunadamente, requisito e implicación son fuerzas contrapuestas, por lo menos en los países europeos. Comparados con sociedades orientales, como la china o la singapurense, los ciudadanos de sociedades occidentales damos un gran valor a nuestra privacidad y a las libertades individuales lo que dificulta la aplicación de este tipo de medidas. Esto, sumado a la mayor desconfianza que, en general, tenemos en las autoridades estatales, hace que las aplicaciones de rastreo de contactos generen desconfianza en una gran parte de los ciudadanos, limitando su uso y, por tanto, su eficacia.

El reto está ahora en mejorar los sistemas de seguridad y privacidad de estas aplicaciones. En este sentido, existen diferentes propuestas prometedoras para mejorar la privacidad de estas aplicaciones, como las basadas en criptografía moderna (ver aquí). Igualmente, los gobiernos también pueden jugar un papel importante generando confianza mediante normativas que aseguren la privacidad y el buen uso de los datos de los usuarios. De hecho, durante la elaboración de este artículo, a día 16 de abril, la Comisión Europea ha publicado una guía para el desarrollo de este tipo de aplicaciones (ver aquí). Sea como fuere, la eficacia de las aplicaciones de rastreo de contactos y los confinamientos inteligentes pasa por su aceptación y uso por una parte considerable de la población.

El uso de tecnología es quizás uno de los rasgos más característicos de la especie humana. La tecnología nos ha permitido expandir nuestras capacidades individuales y colectivas hasta límites inimaginables hace solo unas generaciones. Sin embargo, aunque las herramientas tecnológicas nos han ayudado y nos ayudan en multitud de tareas, también se han usado y se usan para la explotación insostenible de nuestro planeta, para incrementar desigualdades o para matanzas atroces. Por tanto, es fundamental que las nuevas tecnologías se sometan a un escrutinio ético pormenorizado y que esté acompañado por medidas de seguridad suficientes que impidan que la estupidez o mala intención humana las convierta en un peligroso boomerang.

La eficacia de las herramientas descritas aquí estriba en su uso masivo y para ello los estados deben generar un contexto de confianza. Pensemos que ya cedemos datos privados a grandes multinacionales como Facebook o Google que tienen intereses ajenos a los nuestros y solo por el mero hecho de usar sus aplicaciones tal como analizábamos en un anterior artículo. Además, la administración pública ya maneja nuestros datos más sensibles, como sueldo, vivienda, familia, estado de salud o historial de nuestras enfermedades, y lo hace con nuestra total confianza. La pregunta que nos tenemos que hacer es por tanto ¿estamos dispuestos a sacrificar por un bien común una pequeña parte de nuestras libertades individuales, donando datos potencialmente sensibles?

Muchas son las incógnitas sobre cómo actúa el coronavirus en nuestro organismo. Científicos de todo el mundo trabajando contra reloj no han podido aún desvelar más que una pequeña parte. Multitud de grupos trabajan intensamente para dilucidar cómo tratar al coronavirus de la actual pandemia, el SARS-CoV-2, cómo avanzar en el desarrollo de fármacos y vacunas y cómo mejorar los tratamientos de los pacientes en el día a día de los hospitales.

Una línea de investigación que ha salido a la luz recientemente, provocando un intenso debate, apunta a que el virus podría estar atacando nuestra hemoglobina. Este grupo de investigación se dedica al llamado análisis in silico. Muy diferente a trabajar in vivo, su labor es, una vez conocida la secuencia genética del virus (su ARN, el coronavirus no tiene ADN sino ARN), predecir y reconstruir en el ordenador cómo es su estructura tridimensional, diseccionarla y testar su capacidad hipotética de interaccionar con otras moléculas presentes en nuestro organismo. Este trabajo permite evaluar de forma precisa y rápida la capacidad de unión de un gran número de moléculas con los distintos componentes del virus, una labor que puede llevar años si tiene que ser realizada en el laboratorio experimentalmente. Esta investigación proporciona una información muy valiosa que puede a continuación ponerse a prueba en experimentos reales diseñados ex profeso.

Con este estudio han determinado que hay una alta probabilidad de que el virus se una a la hemoglobina y la desmantele. La hemoglobina es una molécula clave para la vida de los vertebrados, entre los que nos incluimos. Sin ella no podríamos transportar el oxígeno a nuestros tejidos y órganos ni traer de vuelta a los pulmones el dióxido de carbono resultante de la respiración y el metabolismo celular. Para entender su funcionamiento y cómo podría verse afectada por el coronavirus hay que repasar primero la estructura de la hemoglobina. Como su mismo nombre revela, se compone de una proteína (globina) y un grupo llamado hemo. El grupo hemo a su vez tiene dos componentes: la porfirina y un átomo de hierro central altamente reactivo. El oxígeno (O2) y el dióxido de carbono (CO2) se unen al hierro y se intercambian entre los tejidos y la hemoglobina en función de la concentración relativa de estos gases: tomarán O2 en los pulmones, donde hay mucho, y lo intercambiarán por CO2 en los distintos tejidos donde se acumula este última como resultado del metabolismo de la célula.

Gracias a la simulación y a la prueba de múltiples combinaciones, estos investigadores han encontrado que ciertas proteínas del virus (en concreto las ORF1ab, ORF3a y ORF10) tienen una alta afinidad por el átomo de hierro, especialmente cuando trasporta CO2 (la llamada desoxihemoglobina). Otra proteína del virus, la ORF8, presenta una fuerte interacción con la otra parte del grupo hemo, la molécula de porfirina. Los investigadores proponen que esto facilitaría que el virus separe la porfirina del hierro, haciendo que el grupo hemo deje de funcionar y por lo tanto sea incapaz de transportar oxígeno de los pulmones a los tejidos. A partir de este resultado, especulan que este mecanismo podría contribuir a producir un fallo multiorgánico como el que se observa en los enfermos más graves de la COVID-19.

Para que este proceso tenga lugar, la hemoglobina debe estar libre y accesible, dado que el virus no tiene capacidad demostrada de entrar al glóbulo rojo. Los autores sugieren que para que esa hemoglobina esté libre debe haber una importante cantidad de glóbulos rojos que se desintegren en un proceso llamado hemolisis. Esta degradación de los glóbulos rojos se produciría por la propia respuesta del sistema inmune del paciente, respuesta que sería generada en su organismo por el virus.

El hallazgo que hacen los autores no quedaría más que en un resultado curioso si no fuera porque la supuesta rotura de los glóbulos rojos necesaria para que el virus actúe sobre la hemoglobina podría encajar con algunos de los parámetros bioquímicos característicos documentados en los afectados por la enfermedad. Por ejemplo, encaja muy bien con el aumento en la tasa de sedimentación de los glóbulos rojos (indicación del aumento de hemolisis) y de la cantidad de ferritina en la sangre de los pacientes. La ferritina es la molécula encargada de forma universal en todos los organismos vivos de almacenar y transportar el hierro, regulando tanto la deficiencia como el exceso de este importante elemento. Esta ferritina en sangre encontrada en gran cantidad en los pacientes se ocuparía de capturar el hierro liberado en la ruptura de la hemoglobina. A los altos niveles de ferritina le atribuyen, de hecho, la intensificación del cuadro inflamatorio que afecta a los pacientes más graves. Un cuadro inflamatorio que daría lugar a un grave problema: la llamada tormenta de citosinas o citoquinas, una reacción inmunitaria defensiva que es potencialmente mortal. Postulan los autores que esta inflamación masiva provocada por la liberación de hierro podría estar en el origen del patrón característico de los pulmones en las radiografías de los pacientes graves y que llegaría a provocar la muerte en los casos más extremos.

La otra mitad del grupo hemo liberada en la rotura de la hemoglobina sería la porfirina, que tendría, por sus cualidades químicas, un especial atractivo para los virus y que quedaría unida a ellos. La porfirina tiene, por su hidrofobia, gran facilidad para permear las membranas celulares y por ello facilitaría la entrada del virus a otras células, donde el virus podría reproducirse de forma muy prolífica. Este hecho es bastante relevante, ya que el virus no se puede reproducir en los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos no tienen núcleo y por tanto no tienen la maquinaria que el virus necesita para replicar su material genético, su ARN.

Este trabajo analiza, además, las características tridimensionales de la cloroquina, uno de los varios fármacos que se emplean actualmente para tratar a los pacientes de coronavirus. Los autores encuentran que este fármaco tiene una gran capacidad de unión a la porfirina, por lo que competiría con el virus por esta unión, interfiriendo así en la capacidad del virus para provocar la rotura del grupo hemo y “protegería” la hemoglobina del ataque del virus. Esto explicaría el impacto positivo de la cloroquina en la COVID-19, aunque hay expertos que argumentan que su efectividad es limitada, e incluso algunos estudios recientes sugieren un posible aumento en la mortalidad de los pacientes asociada al empleo de cloroquina. Curiosamente, la cloroquina es usada tradicionalmente para tratar la malaria, un parásito que afecta a los glóbulos rojos, y, en particular, a la hemoglobina. El uso efectivo de este medicamento en los casos clínicos de coronavirus es un posible indicio más de que la hemoglobina estaría relacionada con los síntomas clínicos, aunque aún se trata de un indicio tentativo y dudoso.

Este interesante alternativo pero muy hipotético mecanismo de acción del coronavirus explicaría también que los hombres tengan peor pronóstico de la enfermedad, ya que tienen mayor proporción de hemoglobina en sangre que las mujeres. Así como la especial propensión de los diabéticos a padecer cuadros graves de COVID-19, ya que su hemoglobina aparece glicosilada (es decir, combinada con glucosa), que según los autores del trabajo es equivalente a la desoxihemoglobina, la forma de hemoglobina propensa a unirse con el virus.

Aunque algunos médicos parecen haberse tomado esta información muy en serio, este trabajo tiene importantes lagunas. Debemos ser muy cuidadosos con la información de cualquier trabajo científico revisando tanto su metodología como, sobre todo, su alcance, especialmente cuando el propio trabajo está en una fase muy tentativa y preliminar de la investigación. Como dijimos al principio, es un trabajo de simulación, realizado por ordenador y sin involucrar el más mínimo contacto real con una molécula de hemoglobina, una muestra del virus o un paciente afectado. Además, se trata de un artículo en pre-print que aún no ha sido revisado por expertos; esto significa que ha sido publicado bajo el criterio único del comité editor, en base a su potencial relevancia y oportunidad pero que no ha pasado por la revisión exhaustiva de los expertos ni de la comunidad científica. Este artículo ha sido aceptado en tiempo récord, en tan solo 3 días, cuando el proceso de revisión habitual en las revistas científicas lleva varias semanas o incluso meses.

Este trabajo carece, por ejemplo, de explicaciones precisas sobre cómo se producen los procesos clínicos. Y como argumenta el Dr. Matthew Amdahl, especialista en hemoglobina, no da una explicación de cómo el virus tendría acceso a la hemoglobina, que se encuentra dentro de los glóbulos rojos, ya que no se espera que el virus penetre en ellos. Los autores del artículo argumentan que el proceso de hemolisis producida por la infección en sí liberaría hemoglobina al torrente sanguíneo, haciéndola disponible, y se apoyan para ello en el aumento en la sedimentación de glóbulos rojos. Sin embargo, la hemoglobina libre puede resultar dañina y antes de llegar a los pulmones sería en gran parte detoxificada en el hígado.

Un posible defecto de este apresurado artículo podría ser el de no plantear en suficiente detalle formas rápidas y fiables de comprobar o descartar su hipótesis en la vida real, aunque se comprende porque el campo de especialidad de los autores es la química teórica. Podrían haber indicado, por ejemplo, la oportunidad de analizar en los pacientes los niveles de parámetros relacionados con altos niveles de hemolisis, como la haptoglobina; o comprobar los niveles del virus en la sangre. En cuanto al texto en sí, podría dividirse en dos partes claramente diferenciadas: unos resultados objetivos que pueden ser útiles a la comunidad científica, y una discusión o interpretación de esos resultados que resulta injustificablemente especulativa y para la que no se aporta una sola referencia bibliográfica. En su defensa hay que indicar que ellos mismos aclaran que sólo están planteando una hipótesis para fomentar la discusión académica, y que hay que esperar a experimentos que corroboren o desmientan su hipótesis.

Este artículo, con las debidas reservas, es sin embargo un caso muy ilustrativo. Ayuda a que la sociedad comprenda cómo el trabajo de todo tipo de investigadores puede ayudar a encontrar soluciones potenciales en tiempo récord, sean estas un cambio total de paradigma o una pequeña mejora en el tratamiento o la prevención de una enfermedad como la COVID-19. A día de hoy se publican decenas de artículos científicos diarios sobre el coronavirus desde enfoques muy distintos; muchos de ellos de calidad dudosa y publicados a la carrera. Todos tratan de arrojar algo de luz sobre esta enfermedad. Algunas informaciones valiosas podrían venir de algo tan impensable como una simulación por ordenador. Ninguno de ellos debería aceptarse sin la revisión de expertos científicos, sin las suficientes garantías y sin contar con el visto bueno de los profesionales que trabajan día a día con los enfermos, así como sin la validación por investigaciones independientes. Y hay que tener especial cuidado con las generalizaciones apresuradas.

Por desgracia, la rápida popularización de este artículo también ha evidenciado el lado oscuro que la rápida transmisión de la información tiene en estos momentos. Algunos médicos (reales o supuestos) han circulado, inspirados remotamente en estos resultados y de forma peligrosamente acrítica, audios un tanto temerarios en los que llegan a afirmar que la forma de tratar la COVID-19 hasta ahora ha sido completamente errónea, o que el uso de respiradores (que ha salvado incontables vidas) era innecesario. Supuestos especialistas proponen todo tipo de mecanismos de acción fantasiosos que rematan con tratamientos que, en el mejor de los casos, no sirven para nada y que, en otros, pueden poner en peligro la vida de las personas afectadas.

Un estudio como el que explicamos aquí, que plantea un mecanismo alternativo de acción del coronavirus basado en un presunto ataque a la hemoglobina no debe ignorarse sólo porque se ha realizado por computadora; ni siquiera después de apreciar sus importantes limitaciones, sus incorrecciones y deficiencias. Ha llamado la atención de cierto sector médico y esto debe ser por algo. Debería ser tenido en cuenta de forma crítica, como una información más pero sin capacidad suficiente, al menos por el momento, de cambiar el paradigma actual sobre el principal mecanismo de acción del virus que siguen siendo los altísimos niveles de infección en el tejido pulmonar.

La comunidad médica es extremadamente cauta y no va a aceptar ciegamente este tipo de propuestas, por mucho que proceda de trabajos científicos y se apoye en algunas observaciones veraces. El resto de la población debe seguir su ejemplo, evitando no ya la propagación de bulos y falsedades, sino caer en la tentación de conferir el estatus de comprobada a una hipótesis que, como tantas, sigue necesitando más estudio e investigación. La prevención y el confinamiento siguen siendo nuestras principales herramientas para ganar tiempo y permitir que los tratamientos mejoren, que la ciencia avance y que la eficacia en la lucha contra el coronavirus aumente.

Es algo bien aceptado que los alimentos se asimilan de forma distinta por cada individuo, y que esa asimilación diferente depende, al menos en parte, de los genes de cada uno. Esto es precisamente lo que estudia la nutrigenética. Lo mismo ocurre con los distintos fármacos, cuya eficiencia depende de nuestras variantes genéticas individuales y propias, tal como estudia la farmacogenética. En esta idea está el origen de la llamada “dieta del ADN”, que, a diferencia de la dieta proteica o la dieta de las manzanas, no consiste en comer mucho ADN. El nombre no es muy afortunado, porque todos los seres vivos estamos llenos de ADN y no podemos separar esta molécula del resto de nutrientes en los alimentos; esta dieta no implica por tanto ningún aporte extra de ADN. La mal llamada “dieta del ADN” presume de utilizar la nutrigenética para predecir cómo vamos a responder a los distintos nutrientes y elementos de nuestra comida partiendo del estudio de nuestra genética particular. Con esa información, nos aconsejan la dieta más adecuada para perder peso o para mantenernos en forma, nos descubre intolerancias alimentarias y nos aproxima, en resumen, a una presunta dieta ideal. La “dieta del ADN” no es un proceso, es un producto: una compañía ofrece un test genético con el que diseña una “dieta personalizada”.

Cuando buscamos un servicio de test genético para nuestra dieta, encontramos algunas cosas que despiertan sospecha. Una muy llamativa es que las compañías no especifican los detalles del método de análisis (genotipado) que utilizan; en su mayoría, no especifican cuántas ni qué variantes del ADN consideran para conformar el consejo genético y engloban los factores analizados en paquetes como “metabolismo de las grasas” o “necesidades particulares de nutrientes”. El resto entra, se supone, dentro del secreto comercial. Cada compañía diseña su test o su particular interpretación de un mismo test. Es importante destacar que las decisiones sobre los genes analizados y las variantes del ADN consideradas no proceden, en su amplia mayoría, del conocimiento generado por investigaciones propias, sino del conocimiento científico producido en instituciones públicas y financiadas con fondos públicos.

La nutrigenética funciona, esto nadie puede dudarlo. Un buen ejemplo es la enfermedad celíaca. Ciertas variantes de los genes del conocido como complejo mayor de histocompatibilidad HLA-DQ provocan esta enfermedad. La celiaquía consiste en la intolerancia inmunológica al gluten, lo cual altera la absorción de vitaminas, minerales y muchos nutrientes contenidos en los alimentos, con nefastas consecuencias para la salud. La celiaquía trastorna significativamente la dieta y la vida de sus portadores, puede presentar distintos grados e incluso pasar temporalmente desapercibida, pero es relativamente sencilla de determinar genéticamente, como hace la sanidad pública.

La nutrigenética tiene un desafío difícil de resolver con la diabetes. Un importante factor de riesgo genético para la diabetes tipo I se encuentra, de nuevo, en el complejo de histocompatibilidad, principalmente en el gen HLA-DR: las variantes 3 y 4 nos hacen propensos, mientras que la variable 2 nos protege contra la enfermedad; estas variantes se combinan dos a dos generando múltiples combinaciones. Los genes HLA-DR se encuentran además influenciados positiva y negativamente por las variantes genéticas de los genes HLA-DQ que, como hemos mencionado, se relacionan con la aparición de la celiaquía. Con esta interacción, la ecuación empieza a complicarse, ya que incluye demasiadas incógnitas. Determinar genéticamente la presencia de diabetes tipo I no es posible, se puede calcular una probabilidad o un factor de riesgo, pero la aparición de diabetes tipo I depende mucho del ambiente y los hábitos alimenticios y no sólo de la genética. De hecho, incluso en caso de gemelos idénticos, puede ocurrir que uno desarrolle diabetes y el otro no. En el caso de la diabetes tipo II, se complica todo aún más, ya que puede estar originada por variaciones en genes muy distintos, con un resultado muy similar, por lo que su diagnóstico genético no es viable en la práctica.

La investigación médica de calidad pone de manifiesto que lo que la nutrigenética puede resolver hoy en día es mucho menos de lo que se anuncia por sectores interesados en hacer de ella un negocio. Para contribuir a entender cómo la genética afecta a la capacidad de las personas de perder peso, el proyecto DIETFITS, que arrancó en 2017, se impuso un objetivo muy ambicioso: estudiar la capacidad de distintos grupos genéticos de perder peso con una dieta baja en grasas o baja en hidratos de carbono. Los participantes fueron agrupados con criterios genéticos y para determinar el genotipo de cada participante se utilizó un sistema comercial (UK Biobank Axiom® Array) que analiza de una vez 820.967 posiciones variables conocidas en el ADN humano, cubriendo desde los genes HLA hasta marcadores de ascendencia neandertal. A distintos “grupos genéticos” se les asignaron distintas dietas para analizar si respondían de forma diferente a ellas. Se realizó un control exhaustivo de cada uno de los 609 participantes. Variables metabólicas, bioquímicas y fisiológicas se determinaron junto a la dieta y la actividad física y se reunió una cantidad masiva de datos. El estudio se anunció a bombo y platillo en la literatura científica de impacto. Un año después, en 2018, se publicaron en importantes revistas los primeros resultados, que fueron negativos: los genotipos analizados hasta el momento no resultaron tener la respuesta esperada a las dietas ensayadas. Nos imaginamos a los analistas de datos volviéndose locos para poder interpretar toda esa información, poder encontrar los factores y las interacciones que influyen en estos caracteres tan complejos, buscando las componentes genéticas principales que pudieran explicar por qué un individuo tiene un metabolismo tan diferente a otro. Parece que este objetivo no es posible sencillamente porque la mayoría de las variantes genéticas tienen un efecto pequeño. Es decir, hay una variabilidad genética en la población que explica una parte de la variabilidad fisiológica y metabólica entre las personas, pero no tenemos conocimientos suficientes ni herramientas disponibles para poder interpretar de forma correcta cómo interacciona esta variabilidad genética con el ambiente.

Nos guste o no, las particularidades metabólicas de las personas no son fáciles de determinar desde la genética. La mayoría de los caracteres o rasgos que definen a un ser vivo son continuos (como la altura o el peso, en oposición al factor Rh de la sangre que solo puede tomar dos valores, positivo o negativo, según esté o no presente una proteína en los glóbulos rojos) pero sobre todo son poligénicos, es decir, el valor del rasgo depende de la combinación de variantes en muchos genes. A lo que se suma el efecto del ambiente (alimentación, actividad física, etc…), que contribuye a enmascarar esa variabilidad genética heredada. La hipótesis de los factores múltiples de Bateson y Yule, uno de los teoremas clásicos de la genética cuantitativa, predice que los caracteres poligénicos son controlados por infinidad de genes, cada uno con un efecto muy pequeño sobre el carácter. La hipótesis de Bateson y Yule explica cómo se comportan y heredan estos caracteres y por qué es tan complicado dar con las variantes genéticas concretas responsables de aspectos complejos como nuestro peso, nuestra capacidad de adelgazar, de digerir grasas y tantos aspectos de nuestra salud en general.

Una rara excepción de un gen con efecto considerable en un rasgo poligénico importante aquí como la obesidad, es AMY1. Se ha descubierto que este gen favorece el metabolismo de los carbohidratos: las personas con más copias de AMY1 queman azúcares de forma más eficiente; los individuos con pocas copias de este gen presentan tendencia a desarrollar obesidad. El distinto número de copias del gen AMY1 se asocia también con un tipo concreto de flora intestinal, lo que introduce un nivel de complejidad extra para la comprensión y gestión de estos fenómenos. Este es uno de los pocos ejemplos de un gen candidato a ser tenido en cuenta por el sistema público de salud: su efecto es considerable y está apoyado por una sólida evidencia científica. Sin embargo, AMY1 no es el único responsable de la quema de azúcares, ni de la ganancia de peso, el carácter es mucho más complejo y nuestro conocimiento es aún fragmentario, aunque prometedor.

En resumen, dado el limitado conocimiento que aún tenemos sobre el funcionamiento de la mayoría de genes en el organismo y sobre el significado de las variantes genéticas presentes en el ADN humano, salvo casos muy contados, no sirve aún de mucho saber si portamos esta o aquella variante en nuestro genoma. Especialmente si consideramos las múltiples, complejas y poco conocidas interacciones entre todas esas variantes entre sí y con el ambiente. Más allá de un puñado de genes de efecto bien definido, parece dudoso que sea posible a día de hoy diseñar una dieta ideal efectiva basada en la nutrigenética.

Pero ya que es un negocio, revisemos los precios de la nutrigenética. Veamos si lo barato sale caro (porque no sirve) o si hay algún número que nos haga reflexionar. Si los análisis genéticos que realizan las compañías fueran tan reveladores y útiles para nuestra salud, por un precio que ronda los 150€, el sistema público podría incorporarlos fácilmente en su rutina. El diagnóstico genético para la celiaquía tiene un coste aproximado en el mercado de 100-150€; es una prueba estándar para determinar la variante genética de uno o dos genes HLA. Aquí ya surge un primer desencuentro ya que analizar uno o dos genes costarían lo mismo que toda una “batería” de genes como se ofrece en estos tests nutrigenéticos. El “bajo precio” de las pruebas genéticas masivas que nos ofrecen las milagrosas “dietas del ADN” solo pude explicarse si las compañías utilizan un test comercial a un precio negociado con el proveedor. Es más que posible que distintas compañías que ofertan sus servicios de “dieta del ADN” utilicen test comerciales muy similares entre ellas (¿quién podría estudiar más de 820.967 variantes genéticas como en el ambicioso proyecto DIETFITS que explicábamos antes sin un abultado presupuesto de investigación?) y lo que nos ofrecen realmente es su interpretación particular de unos resultados crípticos sobre los que elaborar su consejo genético nutricional personalizado. Esta interpretación se basará, en el mejor de los casos, en el conocimiento válido que ya tenemos sobre 20-30 genes (el genoma humano consta de más de 20.000) como por ejemplo AMY1, CYP1A2, FTO, PPARG, FABP2, ADRB2, BDNF, TCF7L2, IRS1, CRY2, MTNR1B, o los complejos HLA y APOE; y el resto se basará realmente en especulaciones mejor o peor fundamentadas. Con el mismo test, otra compañía dedicada a las genealogías nos dirá si tenemos un porcentaje alto de origen normando o norteafricano.

Lo importante con la nutrigenética es saber en qué consiste el servicio que pagamos, si nos proveen de un diagnóstico preciso sobre cómo es nuestro metabolismo y la mejor forma de abordar nuestra dieta, y si nos proporcionan también el resultado neto de nuestro test genético, que podríamos consultar después con otros especialistas. En el caso de proporcionarnos el resultado neto del test genético, podríamos no solo consultarlo con nuestro médico o compararlo por ejemplo con la base de datos Biobank-UK, sino que estaríamos contribuyendo con nuestros resultados compartidos a generar la base de nuevo conocimiento útil y podríamos beneficiarnos de ello cuando vaya emergiendo nueva información sobre otros genes. Pero si esto no es así, si no nos van a dar los datos netos de nuestro test genético, es importante preguntarse qué van a hacer estas compañías con toda esa información que aún no saben interpretar y, sobre todo, es importante preguntarse a quién pertenece.

Como no deja de ser sorprendente un precio tan reducido para un análisis tan complejo, el escepticismo invita a pensar no sólo que el consejo final no va a ser tan personalizado como se promete, sino que el objetivo último pueda ser obtener de esas pruebas beneficios mayores, de otro tipo, basados tanto en nuestra información genética como en la que proporcionemos sobre nuestros hábitos a la hora de hacer el test. Aunque esto pueda caer en el campo de la elucubración, recuerda bastante a aquella máxima de los piratas informáticos: “cuando un producto es gratis, el producto eres tú”. Los 100-300€ podrían, incluso, ser solo un cebo.

A menudo se dice que la lucha contra la destrucción de la biodiversidad y contra la emergencia climática tiene que ser socialmente justa o no tendrá éxito. Esta afirmación suele basarse no solo en argumentos éticos, sino en razonamientos pragmáticos – si los sectores más desfavorecidos no pueden acceder a los cambios necesarios en sus bienes, recursos o estilo de vida sin renunciar a su bienestar, su salud o su mera supervivencia, lucharán contra estos cambios con todas sus fuerzas. Pero hay un motivo aún más importante: el elitismo y la desigualdad que el capitalismo desregulado genera, y sobre los que se sostiene, son uno de los principales destructores de la biodiversidad del planeta y de su capacidad para resistir los brutales cambios que está causando ya el cambio climático.

Uno de los ejemplos más claros del impacto del elitismo y la desigualdad en la biodiversidad fue evidenciado por el trabajo del economista Fran Courchamp. El proceso, que en el alambicado lenguaje académico se denomina “efecto Allee antropogénico”, es relativamente sencillo. La teoría económica estándar predice que la explotación de especies silvestres nunca debería causar su extinción, ya que conforme una especie se va haciendo más rara, el coste de encontrar individuos aumenta hasta hacer su explotación improductiva. Por desgracia, los modelos matemáticos de Courchamp dejaban claro que la predisposición humana a darle un valor exagerado a la rareza causa la explotación desproporcionada de las especies raras, hasta conducirlas a la extinción. Esta predicción es extraordinariamente alarmante, ya que la retroalimentación positiva entre explotación y rareza haría que cualquier especie rara esté condenada a la extinción, por el mero hecho de serlo. Y lo es, sobre todo, cuando la predilección por la rareza va más allá de hacer que los costes crecientes no desanimen a los compradores: cuando la rareza en sí misma es la que hace a la especie más deseable, la demanda aumenta conforme la especie se desliza hacia la extinción, haciendo esta prácticamente inevitable.

Algunos ejemplos de este comportamiento son realmente ilustrativos. Tal es el caso del alca gigante (Pinguinus impennis), que llegó al borde de la extinción por la caza excesiva y el cambio climático, pero recibió la puntilla por el desmedido interés de los coleccionistas europeos, que pagaron cantidades cada vez más desorbitadas por hacerse con una piel o un ejemplar disecado. En 1844, una expedición que buscaba esta presa para venderla después en Dinamarca, localizó en un islote de Islandia a la última pareja en su nido y la mató, extinguiendo la especie.

Courchamp y su equipo dedicaron sus esfuerzos a comprobar tanto las premisas como las consecuencias de su modelo con ejemplos de la vida real. Y por desgracia, durante la última década, se ha documentado ampliamente su aplicabilidad a la explotación de especies silvestres por el ser humano. Esta aplicabilidad incluye la captura de fauna salvaje para fines gastronómicos (como el consumo de caviar, que está conduciendo a la extinción a las 27 especies de esturión que hay en el mundo), medicinales o afrodisiacos (como el cuerno de rinoceronte o las escamas de pangolín), y ornamentales o recreativos (compra de mascotas o visitas a zoos), así como el tráfico de fauna y flora silvestre.

El ejemplo más claro de la situación descrita por el modelo de Courchamp es, probablemente, la caza de trofeos. En la caza de ungulados (ciervo, cabra, jabalí, etc.) para trofeo, el tamaño y forma del trofeo son los mayores determinantes de su valor - y, por tanto, del gasto que el cazador hace para conseguirlo. Este gasto puede ser desorbitado. Analizando datos de precios de trofeos de 202 taxones de ungulados, Courchamp y su equipo demostraron que, después de descontar el efecto del tamaño del trofeo, los cazadores estuvieron dispuestos a pagar el doble por las especies más raras (más propensas a la extinción) que por las más comunes. Algo similar ocurría con la caza de grandes felinos (leones, panteras, linces, etc.): el número de individuos cazados aumentó (a veces, exponencialmente) mientras las poblaciones caían, el precio de los trofeos aumentó con el nivel de protección de la especie, y el aumento de los esfuerzos de conservación hizo aumentar (en lugar de disminuir) el esfuerzo de caza.

Este tipo de efectos hace netamente ineficientes los mecanismos de mercado como métodos de conservación de especies. Pero es interesante fijarse en por qué – ya que tanto el motivo (la predilección por la rareza, como generadora de estatus) como el mecanismo (la posibilidad de pagar cantidades desproporcionadas de dinero por esos símbolos de estatus) están directamente relacionadas con la desigualdad y con el culto a la acumulación de riqueza. No hay que olvidar que, aunque la sociedad se acabó escandalizando cuando nuestro monarca gastó cantidades obscenas de dinero cazando elefantes en lo peor de la crisis, es misma sociedad había considerado normal hasta entonces que tanto la familia real como otras élites económicas, políticas y judiciales tuvieran acceso a ese tipo de privilegios “exclusivos”. O la frecuente asociación (en revistas, películas y otros transmisores de cultura popular) de los trofeos de caza con el lujo y la ostentación. Aunque a muchos nos resulte totalmente ajeno, existe un mundo paralelo en el que tener una mano de gorila como cenicero o una piel de oso como alfombra se entiende como un signo de sofisticación y poder.

Sin embargo, cada vez es más frecuente que los ciudadanos de todos los países reaccionen airados ante ejemplos de millonarios que alardean de matar especies raras, algunas en el borde de la extinción. La sociedad empieza a percibir esas acciones como lo que son: el abuso de poder de quienes aprovechan su enorme riqueza para tomar algo que, en cuanto a su carácter de patrimonio amenazado por dichas prácticas, nos pertenece a todos. La obscenidad que representa la muerte a sangre fría de animales perfectamente inocentes e inofensivos, para jactarse de la exclusividad que representan dichos actos (esto es, como mera demostración de poder - económico o de otro tipo), ha contribuido también a elevar esa indignación.

Puesta en esta perspectiva, la creación de un “museo de la caza de trofeos” basado en la colección del empresario Marcial Gómez Sequeira, anunciada recientemente por el presidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara, representa un grave error que envía a la ciudadanía el mensaje equivocado. Aun defendiendo la gran importancia y valor educativo que tienen las salas de animales disecados de los museos de ciencias de todo el mundo, a nadie le parecería aceptable que éstos enviaran expediciones de caza a recolectar ejemplares en pleno siglo XXI. De igual manera, dedicar recursos públicos a crear y mantener un museo que loe la figura y legado de alguien que dedicó su extensa fortuna a recorrer el mundo cazando centenares de especies – muchas de ellas raras o amenazadas, representaría un doble y terrible reconocimiento: a la brutal desigualdad de la sociedad franquista y postfranquista, que nuestro país no acaba de conseguir sacudirse, y a la destrucción ecológica que ésta causó – y sigue causando.

Aunque la indignada reacción popular al hacerse pública la noticia hizo recular al alcalde de Olivenza, la mera consideración de esta iniciativa es un indicador muy preocupante de los retos a los que nos enfrentamos, como sociedad, si queremos salir airosos de la emergencia ambiental y climática que ya tenemos encima.

La Biología Molecular se nos ha quedado huérfana. Hemos despedido a Margarita Salas, una de nuestras científicas más ilustres, una investigadora incansable, un icono inspirador para toda una generación de científicas y científicos españoles. Nos deja un legado sobre el que podemos, todas y todos, auparnos 'en hombros de gigantas', y supone un ejemplo que ayuda a dar seguridad y confianza a todas las jóvenes que planean, inician o desarrollan ahora su carrera científica. 

Gracias al estudio de un virus que infecta bacterias, phi29, Margarita contribuyó de forma crucial a entender el mecanismo de copia del ADN. Consiguió un enorme éxito, reconocimiento mundial y una considerable contribución a la caja común; de hecho, es creadora de una de las patentes más rentables de la historia de España. Se granjeó el prestigio y el reconocimiento de la comunidad científica internacional a base de tesón y de trabajo duro.

Ningún techo de cristal (y, en su país y en su época, había muchos) consiguió detener su arrollador talento y sus ganas de descubrir, porque, además, Margarita fue una persona afortunada: pudo estudiar una carrera universitaria en unos años oscuros para España, y tuvo una familia que comprendió perfectamente su pasión por la investigación y la apoyó en todo momento. Este hecho, que hoy parece nimio, era bastante inusual en aquella época. Y en el momento más adecuado de su carrera se cruzó en su camino el genial Severo Ochoa, lo que cambió irremediablemente su destino; he aquí otro golpe de suerte. 

Nosotros, por nuestra parte, hemos tenido la enorme fortuna de contar con ella y de que pudiera cumplir su deseo de seguir investigando hasta el final de sus días. Su espíritu inquieto nos ha dejado un vasto legado científico, motivo de orgullo para todos, como una huella imborrable. De su trayectoria extraemos además una valiosa lección: cuando las dificultades no se interponen (o más bien, en cuanto dejan el más mínimo resquicio), el talento femenino también alcanza las más altas cumbres. El camino que abrieron con valentía las que combinaron fortuna y buen hacer como Margarita debe servir para ver el potencial que existe si quitamos la fortuna de la ecuación y garantizamos un acceso a la carrera científica y a un ambiente de trabajo igualitario. 

Uno de los mitos recientes más repetidos sobre la ciencia española es que el crecimiento de su productividad no ha ido acompañado de un crecimiento paralelo en calidad. Cuando había más inversión –se argumentaba– publicábamos muchos papers pero pocos “Sciences y Natures”. Y cuando la inversión cayó, se concluyó con todo cinismo, lo que lastra la calidad de nuestra investigación no es la falta de fondos, sino “el exceso de investigación de mala calidad”.

Como hemos explicado reiteradamente, este mito se apoya en un análisis interesado que ignora el papel de dos variables esenciales: la inversión en I+D, y la infraestructura y capital humano que esta asegura. Los datos demuestran, por ejemplo, que hasta el desmantelamiento de la inversión en I+D impuesto tras la crisis, la I+D de los países del sur de Europa (a los que ciertos medios se referían entonces con el ofensivo acrónimo PIIGS) mostraban una elevada productividad de Europa por euro invertido. Y lo eran trabajando con unos recursos y en unas condiciones que, en manos de un cineasta, se parecerían mucho a los avatares de los personajes de Tocando el viento, Full Monty o Los lunes al sol.

Como la mayoría de nuestros lectores no están familiarizados con nuestras condiciones reales de trabajo, hemos seleccionado algunos ejemplos. Muchos de ellos giran alrededor del mejor aliado de los ecólogos españoles: los bazares que antes llamábamos “de todo a cien”. Empezamos a depender de ellos durante nuestros trabajos de fin de carrera, tesinas y tesis. Nos independizamos brevemente de ellos mientras disfrutábamos de nuestra “movilidad exterior”, realizando estancias en ese “primer mundo” donde podíamos adquirir productos diseñados específicamente para nuestra investigación o incluso encargárselos a un taller de nuestro centro de investigación. Y, tras volver a España, volvimos a depender de ellos hasta hoy, veinte o treinta años después.

No es una exageración: en un bazar asiático de Tres Cantos (Madrid), por ejemplo, se compran suministros para al menos cinco grandes universidades públicas y nueve centros diferentes del CSIC, que investigan en áreas tan dispares como nuevos materiales, química industrial, biotecnología y biomedicina molecular. Es cierto que el bazar es grande y bien surtido, y que está cerca del Campus de Cantoblanco (que comparten la Universidad Autónoma de Madrid y el CSIC), pero la cantidad de centros que tienen sus datos de facturación al día en la base de datos de este comercio indica la recurrencia con la que los investigadores recurrimos a soluciones baratas –y muchas veces ingeniosas– para desarrollar nuestro trabajo.

Otros ejemplos de esta “ciencia de mercadillo” incluyen trabajos realizados durante la carrera – convencidos por algún profesor avispado de que, si completábamos los datos con una nueva campaña de campo (financiada, claro está, por nosotros mismos), podrían dar lugar a nuestra primera publicación. En uno de estos casos, tras recorrer los 426 km que nos separaban del lago que íbamos a muestrear y subirnos a la pequeña lancha hinchable que llevábamos (para espanto, si nos hubieran visto, de los servicios de prevención de riesgos laborales, inexistentes entonces), descubrimos que la única botella de muestreo del departamento no estaba en su caja, por lo que no podíamos tomar el deseado perfil de muestras a diferentes profundidades. Como diría el Lazarillo, la necesidad agudiza el ingenio: en una tienda de productos agrícolas conseguimos un pulverizador con bomba manual, que dotamos de un largo tubo de plástico rematado con un peso – y conseguimos tomar todas las muestras. Como en cada nueva profundidad teníamos que bombear prolongadamente, y a mano, hasta purgar completamente el tubo de la muestra anterior, teníamos tiempo sobrado para acordarnos del responsable de nuestra falta de equipo, y no precisamente con cariño - lo que valió al extraño ingenio el sobrenombre de “el vituperador”. Pero la campaña se completó con camaradería, bastantes risas y un relativo éxito – aunque la ansiada publicación nunca llegara.

Los ejemplos más hilarantes tuvieron lugar durante nuestras tesis doctorales. Una de ella involucró varias prospecciones de campo en uno de los iconos de nuestra conservación: el Parque Nacional de Doñana. Viendo ahora a los guardas, técnicos e investigadores subidos a potentes 4x4, cuesta creer que dos chavales con mínimos recursos pero muchísimas ganas fuéramos capaces de muestrear múltiples puntos de la marisma con la única ayuda de un dos caballos al que se le bloqueaban, cada vez que se detenía, las varillas del alternador – obligándonos a bajarnos, abrir el capó y golpear el motor con una barra de hierro que siempre llevábamos con nosotros. Este vehículo, combinado con el laboratorio improvisado en el patio de una casa alquilada, bastó para sacar adelante varios artículos de cierto interés – aunque a nadie sorprenderá que ninguno llegara a ser “Sciences y Natures”.

La querencia por utilizar vehículos de la época dorada de la automoción ha sido lugar común en el trabajo de muchos biólogos de campo durante el final del milenio. Además del Citroën 2CV, algunos de nosotros hemos disfrutado de la estabilidad y dureza del famoso Renault 4L, mal llamado “cuatro latas”. El nuestro era capaz tanto de llevarte por resbaladizos caminos de arcilla mojada con fiabilidad aceptable para la época, como de pararse mientras subía puertos de primera categoría, obligándonos a arrancar (en estado de pánico contenido) en medio de una curva cerrada. Lo conseguía a la primera, eso sí, haciendo gala del mensaje que lucía en su pegatina ajada por los años: “su belleza es su mecánica”.

Para ser justos, es necesario resaltar que esta necesidad de buscarse la vida ha otorgado a varias generaciones de investigadores una capacidad de ingeniar soluciones aplicadas que resulta notable cuando llegamos a laboratorios de países que dedican más inversión a la I+D+i. Una vez que aprendes que se pueden construir cedazos para separar partículas del suelo de diferentes tamaños cortando las tapas de un conjunto de túpers apilables y consiguiendo mallas de mosquiteras y celosías del tamaño adecuado, cualquier dificultad para conseguir equipamiento adecuado parece solventable. Estaciones meteorológicas, sensores fotovoltaicos o tanques experimentales realizados de manera casera se encuentran en el hacer de muchos investigadores con vocación de McGyver.

Trabajar en estas condiciones durante las etapas iniciales de nuestra carrera en España no nos resultaba ni siquiera ajeno o sorprendente: al fin y al cabo, era lo único que conocíamos. Más duro fue regresar de nuestra etapa posdoctoral, algunos tras haber llegado a ser investigadores senior en países “de referencia”, y descubrir que las cosas no habían cambiado un ápice.

Esos años de postdoc sin acceso a recursos fueron, a menudo, muy productivos en artículos de revisión y análisis de bases de datos – lo que se llamaba, acertadamente, trabajo de “lápiz, papel y regla”. Pensar en ellos nos recuerda, con bastante cariño, a los investigadores del Este de Europa en los años inmediatamente posteriores a la caída del muro, en los que éstos multiplicaron sus trabajos de historia natural y ecología teórica porque era lo único que podían seguir haciendo sin recursos. Como ellos, diseñábamos nuestra investigación con frugal astucia para que requiriera poco más que lápices y cuadernos, un par de bolsas de plástico, algunas estacas de madera y otro material menor que íbamos pagando poco a poco con lo que nos ahorrábamos en dietas (comiendo un bocata en lugar del menú del día) o con nuestro propio salario.

Mencionar esta situación en las entrevistas que hicieron algunos medios internacionales, como el especial 'Science in Spain' de la revista Nature, nos valió algo más que una sonora reprimenda de nuestras autoridades, que se habían gastado mucho dinero en hacer propaganda engañosa mostrando que la ciencia española “iba bien”: a los postdocs que regresábamos en ese momento a España nos valió también ser descartados en las ofertas de empleo público: nuestros perfiles de investigador los dejaron deliberadamente fuera.

Pero, lejos de amilanarnos, muchos jóvenes investigadores seguíamos abasteciéndonos en tiendas de todo a cien y bazares asiáticos – y, con presupuestos ridículos, publicábamos en las mejores revistas científicas, contribuyendo a esa imagen de España como una potencia científica emergente. Una potencia que no invertía ni un mísero 0,6% del PIB en I+D+i, que carecía de una carrera investigadora programada y que no sabía en realidad qué hacer con aquellos chicos y chicas tan listos que se habían formado en España, habían consolidado su experiencia en el extranjero, y tenían mejores currículos que muchos miembros de los paneles que les juzgaban cuando se presentaban a las poquísimas plazas de investigadores y profesores universitarios que se abrían por entonces.

Y así, burla burlando, llegamos a día de hoy, sin que haya cambiado mucho ni la situación de la I+D ni la percepción de sus responsables políticos, que siguen creyendo que la “excelencia científica” (léase: artículos en Nature y Science, y muchas patentes) aparece por generación espontánea, en ausencia de infraestructuras, recursos y capital humano.

Los ejemplos no son exclusivos del mundo de la ecología. También en los laboratorios de biología molecular o de biomedicina, dotados con muchos más recursos, se recurre al bazar o al supermercado. Esto no es malo en sí: se trata de elegir bien en qué se gasta, y la labor del científico es también resolver los problemas prácticos según se presentan. Pero en España cruzamos a menudo la línea divisoria entre el ahorro práctico y lo abiertamente precario. Y un sistema científico-tecnológico no puede sostenerse eternamente sobre la vocación y la generosidad de las personas que hacen ciencia.

Lo más curioso de todo es que la correlación entre “Natures y Sciences” y la calidad científica dista mucho de ser perfecta. Muchos de nuestros trabajos más citados, por ejemplo, fueron publicados en revistas que nuestros gestores consideran “de segunda fila” – a pesar de que partían en desventaja, por la menor difusión y prestigio de éstas. Algo que demuestra que somos capaces de jugar en la Champions con un presupuesto de Segunda B.

Imagínense el día en que dejen de utilizar la excelencia como excusa para los recortes, y empiecen a tomarse en serio financiarla y apoyarla como si de verdad creyeran en ella.

Los pactos que han suscrito los tres partidos de la derecha española para sacar de su puesto a la última alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, van completamente en contra de las directrices y acuerdos internacionales que ha firmado España en general y Madrid en particular en materia de medio ambiente y salud. Estos pactos, que pueden verse resumidos aquí y  aquí, van más allá de saltarse acuerdos internacionales como el de París sobre cambio climático, o las directivas europeas en esta materia que Bruselas nos recuerda constantemente. Se saltan la evidencia científica sobre los problemas para la salud tanto de las personas como del planeta que se generan con el tráfico anterior a Madrid Central. Eliminar Madrid Central, soterrar la Gran Vía, construir infraestructuras en Madrid Norte o en la A-5 que pretenden incrementar el tráfico en el centro de esta gran ciudad son propuestas insostenibles en pleno siglo XXI, por mucho que hayan sido promesas electorales.

Estas propuestas, negando la contribución de Madrid al cambio climático y el impacto de una atmósfera sucia sobre la salud, van exactamente en contra de todos los acuerdos entre los alcaldes de las principales ciudades del mundo y en contra de todas las iniciativas que aglutinan ciudades de distintas regiones del planeta. Porque no hay ni una sola red o consorcio o agrupación de ciudades que se hayan reunido para emitir más carbono a la atmósfera, para exponer más a las personas a las partículas y gases resultantes de la quema de combustibles fósiles, ni para facilitar el tráfico de un número creciente de vehículos a expensas de contaminar localmente y activar el calentamiento de la atmósfera a nivel global. Ni una. Y existen muchas para todo lo contrario, como el pacto global de los alcaldes del mundo o la red C40 y el CDP-Cities a nivel internacional y la Red Española de Ciudades por el Clima a nivel nacional. Redes estas últimas en las que, como es lógico, está Madrid. ¿Pensará el nuevo equipo municipal dar de baja a Madrid en todas estas alianzas, redes y pactos nacionales e internacionales por la salud de las personas y del planeta?

El 1 de julio es la fecha anunciada para suspender Madrid Central. Eso a pesar de que la medida ha servido para reducir los niveles de óxidos de nitrógeno en 14 de las 24 estaciones y de que, en promedio, las concentraciones de este peligroso contaminante atmosférico se han reducido una quinta parte. De hecho, los valores de dióxido de nitrógeno y de partículas sólidas en Madrid Central durante los meses de abril y mayo de 2019 han registrado los mínimos históricos en tan sólo seis meses de funcionamiento y el temido efecto borde o frontera, por el cual las zonas aledañas a Madrid Central verían incrementada la contaminación, no sólo no se ha registrado sino que más bien al contrario, las zonas próximas a Madrid Central han mejorado también su salud atmosférica.  Recordemos además que Madrid Central es, con diferencia, una de las Zonas de Bajas Emisiones más pequeñas de las establecidas en las principales capitales europeas. Como mostraba un artículo reciente de Ballena Blanca, es más de cuatro veces menor que la de Ámsterdam –que tiene la cuarta parte de habitantes que Madrid-, casi 19 veces menor que la de Berlín –que sólo es un 10% mayor que Madrid-, y ¡1,580 veces menor! que la de Londres, una ciudad que triplica la población de la capital de España. Todo este disparate generado por el anuncio del nuevo equipo municipal ha generado una rápida e intensa reacción social, con diversas iniciativas populares en marcha para detener la reversión de Madrid Central, entre las que se encuentra la de change.org  

Las ciudades tienen una responsabilidad mayúscula sobre el cambio climático que ya estamos experimentando y que evoluciona a alarmante velocidad. En las ciudades se reúne ya a la mayor parte de la población humana y la ONU prevé que el 68% de las personas vivirán en ciudades para el 2050. Las ciudades consumen más del 66% de la energía global y emiten más del 70% de los gases con efecto invernadero.  La idea de cerrar Madrid Central no sólo subordina el derecho de los madrileños a respirar aire limpio ante el derecho de los propietarios de coches de circular por la ciudad, sino que anula en gran medida los esfuerzos por atenuar la huella ambiental de Madrid y su profundo impacto en relación al cambio climático. ¿Qué criterios han podido mover al tripartito de la derecha a hacer promesas electorales primero, y a intentar materializarlas después, en dirección contraria al conocimiento científico y a todos los acuerdos y directivas internacionales?

Las propuestas firmadas por el nuevo equipo al mando del ayuntamiento parecen ideadas para un sistema fuera de nuestro planeta, en el que una ciudad como Madrid se regiría por unas extrañas leyes físicas, completamente diferentes a las que se verifican en todo el universo conocido desde la cuenca del río Manzanares hasta la Vía Láctea, incluyendo, sin ninguna duda, a la mismísima Gran Vía. ¿Quién podrá ayudar a detener estas propuestas? ¿Quién podrá recordarle al flamante alcalde de Madrid que antes de atenerse a la normativa vigente o a la que decidan hacer vigente, Madrid se rige y se regirá por las leyes de la termodinámica, la química y la biología? En Madrid al menos 14 personas mueren cada día debido a la contaminación, y otras muchas ven mermada significativamente su calidad de vida debido a enfermedades coronarias y respiratorias, y a multitud de otros problemas que afectan especialmente a niños y mujeres embarazadas (ver aquí y aquí). ¿Quién podrá hacer ver a los ediles del tripartito de derechas que preocuparse por las madrileñas y los madrileños pasa por solucionar los episodios cada vez más intensos de contaminación y por atenuar la huella ambiental de Madrid?

Pasada la fiebre electoral, convendría seguir el asesoramiento de expertos en química y dinámica atmosférica, en salud y en cambio climático. Hay demasiado en juego para dejarse llevar por oportunidades económicas efímeras o por impulsos partidistas.

Hemos visto en las últimas semanas un gran trasiego de títulos universitarios en los medios de comunicación, con el máster irregular de Cristina Cifuentes, que ha terminado empujando a la dimisión de todos sus cargos políticos, ocupando una gran atención. Hemos asistido a la perplejidad de la expresidenta de la Comunidad de Madrid por el mero hecho de hacerse público que hubiera comprado un título de máster. La perplejidad ha sido probablemente genuina ya que nadie se escandaliza si compra una lubina o un solomillo. Cierto que la compra del título involucró en este caso la falsificación de documentos públicos y esas cosillas, pero al fin y al cabo eso es como cuando le quitan la grasa sobrante al solomillo en la carnicería o las escamas y tripas a la lubina en la pescadería, ¿sabe usted?

Para entender la sorpresa de Cifuentes es necesario comprender el contexto político y social en el que se desarrolla la obtención fraudulenta de su título. Y ese contexto incluye, en primera página, la mercantilización de la “formación”. Hace unos días, El País publicaba un artículo explicando que la empresa privada cada vez se fija menos en los títulos universitarios a la hora de contratar personal. Si en los años 70 del pasado siglo un título universitario poco menos que garantizaba un buen empleo de por vida (sobre todo en determinadas profesiones), hoy en día miles de jóvenes en paro acumulan títulos universitarios como el que colecciona cromos y con similares efectos sobre su futuro laboral.

Como explica el artículo de El País, esto no significa que la formación no ayude a conseguir empleo, o que la empresa privada no busque personal cualificado. Lo que significa es que, de cara a reclutar personal, en lugar de fijarse en los títulos universitarios listados en el currículum, los departamentos de recursos humanos se centran en la capacidad de los candidatos de resolver problemas prácticos reales a los que se enfrentan durante las entrevistas. Un poco como en esas asignaturas, de corte analítico, en las que se permite usar todos los libros que se quiera en los exámenes, ya que lo que se evalúa es nuestra capacidad para resolver problemas.

Para un departamento de recursos humanos sería más rápido y barato seleccionar personal tirando de currículum. Aunque siempre habría un pequeño grupo de candidatos preseleccionados a los que entrevistar, ¿por qué no utilizar básicamente los currículums como elemento de selección? Sencillamente, porque ha dejado de haber una correlación importante entre la titulación de un candidato y su preparación para realizar un trabajo. Y aunque probablemente son muchos los factores que han conducido a este escenario, una parte no despreciable de la responsabilidad recae sobre la administración pública y los mecanismos de acceso a la función pública o a personal laboral de las administraciones.

Cada año, el CSIC gestiona miles de contratos temporales a través de su bolsa de trabajo. Los candidatos que se dan de alta son evaluados en base a ciertos criterios generales sugeridos por el propio CSIC, y cuando se convoca un puesto al que pueden presentarse, una comisión técnica los evalúa de nuevo. Se suman las dos puntuaciones (la general y la específica para el contrato en cuestión) y el candidato con más puntuación total obtiene el puesto. La comisión técnica da a cada candidato una puntuación entre 0 y 50, diez puntos de los cuales corresponden a titulación complementaria (“Doctor, Máster, otras titulaciones, cursos de especialización, participación en seminarios, etc., siempre con una duración superior a 15 horas y cuyo contenido esté relacionado con el objeto del contrato ofertado”). Suponiendo que el contenido del curso “esté relacionado con el objeto del contrato ofertado”, la puntuación se hace sencillamente por horas.

¿Una aberración del CSIC? Desgraciadamente, no. Tomemos, por ejemplo, unas oposiciones para docentes en Extremadura. Por un lado está la nota del examen (los exámenes), por otro los “méritos”. Sobre un total de 10 puntos, se pueden obtener hasta un máximo de 5 puntos por la “formación académica”, que incluye (entre otras cosas) un punto por máster o doctorado, así como un punto por cada titulación universitaria de carácter oficial adicional (es decir, otras que no sean la requerida para presentarse a las oposiciones) de primer o segundo ciclo. Además, en el apartado de otros méritos se puede obtener un máximo de dos puntos por “formación permanente” (a 0,05 puntos por crédito si el curso o lo que sea está relacionado con las oposiciones, y 0,03 puntos por crédito si el curso trata del sexo de los ángeles). Con pequeñas modificaciones, es el sistema al que se enfrentan todos los que intentan sacar una plaza de funcionario mediante un concurso-oposición.

La mayoría de los miles de españoles que anualmente concurren a estas oposiciones sabe que sus escasas probabilidades de éxito para obtener una plaza pasan por tener el máximo de puntos en el apartado de méritos, lo cual le obliga a matricularse en todo tipo de cursos a su alcance para sumar créditos. Afortunadamente para estos miles de candidatos, al menos para aquellos con unos recursos económicos mínimos, las universidades públicas y privadas y los sindicatos se han dado cuenta de su necesidad y no han tardado en ofertar un amplio abanico de cursos “homologados”, muchos de ellos online. Por ejemplo, según la publicidad disponible online, un curso de 110 horas, que sorprendentemente se saca en tan solo una tarde, otorga 0,5 puntos para el baremo de las oposiciones para Maestros y profesores de Secundaria, FP y EOI; y 2 puntos en el baremo se traducen en 0,66 puntos en la nota final. Unas décimas que pueden significar la diferencia entre conseguir plaza o no, y determinan la posición en la lista de interinos. Muchos de estos cursos son ofrecidos por universidades privadas, y cuestan entre 100 y 150€, aunque algunos más especializados ofrecidos por universidades públicas pueden llegar a costar el doble300€. Es decir, para conseguir los dos puntos del apartado de “formación permanente” hacen falta entre 400 y 1200€, y en muchos casos tan solo uno o dos fines de semana de dedicación. Obviamente, en muchos casos la formación real que proporcionan es poca o ninguna. Cursos equivalentes de 150 horas (0,75 puntos en el baremo) en la UNED exigen 6 meses de dedicación a tiempo parcial y entregar un trabajo, por un coste de 180€ (es decir 540€ por los dos puntos antes referidos).

Los cinco puntos de formación académica salen más caros. El doctorado se puede cursar con beca (aunque primero hay que conseguirla), pero por lo que sabemos ninguna universidad española vende (todavía) títulos de doctor. Y un doctorado de verdad lleva tiempo (raras veces menos de cuatro años, con frecuencia más), energía, sinsabores y alguna lágrima. Las titulaciones universitarias de carácter oficial llevan tiempo. Pero no desesperen, que por unos 3,000 € puede usted comprar un máster. Tendrá que presentar unos trabajos, claro, pero si elige bien el máster y la universidad no le va a llevar mucho tiempo. O también puede “externalizar” la escritura de estos trabajos… total, ya puestos. Tampoco le van a formar, pero ¿para qué quiere formarse si el objetivo es otro?

Pensábamos, probablemente de forma inocente, que en el entorno de la universidad pública eso no era posible ya que ahí se garantizaba la igualdad de oportunidades. No es raro escuchar historias de universidades tipo taller, donde por un módico precio y en este marco neoliberal tan en auge, se pueden comprar títulos. Lo ocurrido con la expresidenta Cifuentes y la deslealtad de algunos catedráticos como Alvárez Conde pone en tela de juicio a todo el sistema.

Afortunadamente, quedan muchos programas de calidad en las universidades españolas. De primer y segundo ciclo, másteres y doctorados, en todas las áreas. De hecho, son la grandísima mayoría. Títulos que no se venden, sino que se obtienen con trabajo y esfuerzo. Pero en el proceso de mercantilización que sufre la universidad en la actualidad como denuncia Lina Gálvez, uno no puede menos que preguntarse ¿por cuánto tiempo?

Algún lector se preguntará a qué viene un post sobre la Constitución en estas fechas y publicado en un blog de ciencia (crítica, de acuerdo, pero ciencia al fin y al cabo). La ciencia nos enseña a ser rigurosos y precisos y nos instruye en una mirada exhaustiva de los detalles. Y con esta mirada hemos revisado un documento clave para nuestro país y hemos encontrado un descuido en apariencia ‘pequeño’ – pero con posibles implicaciones que deberían invitarnos a reflexionar.

En la página web de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado cuelga el siguiente archivo. En la primera página del PDF nos informan de que el archivo contiene el texto de la Constitución Española, “aprobada por Las Cortes en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978”, “ratificada por el pueblo español en referéndum de 6 de diciembre de 1978” y “sancionada por S.M. el Rey ante Las Cortes el 27 de diciembre de 1978”. Pero detengámonos un momento y vayamos a las páginas 38 y 39 del documento PDF y leamos el artículo 135. Comienza así:

1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.

¿Lo recuerdan? Ese artículo, ¿estaba en la Constitución de 1978? ¿Fue ratificado por el pueblo español en referéndum de 6 de diciembre de 1978? Porque nosotros creemos que no, que se introdujo tras una reforma exprés de la Constitución (ese texto casi sagrado, inapelable, inamovible, que nuestros políticos invocan a cada rato para explicar por qué no se puede hacer tal o cual cosa, pero que cambian sin despeinarse cuando les parece) y que no ratificó nadie. A nosotros, desde luego, nadie nos preguntó. En la Constitución “ratificada por el pueblo español en referéndum de 6 de diciembre de 1978” el artículo 135 decía simplemente:

1. El Gobierno habrá de estar autorizado por Ley para emitir Deuda Pública o contraer crédito.

2. Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda Pública del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.

Nuestra primera reacción, claro, es asumir – ¿qué menos? – que en algún lugar del documento, aunque sea medio escondido y en letra pequeña, habría una explicación indicando que el texto que aparece en el documento incluye una modificación de 2011. Pero parece que no: la aclaración, si está, está en una letra tan pequeña que no la hemos conseguido encontrar.

La Constitución se menciona siempre como un texto que no se puede ni se debe modificar. No obstante, y a pesar de que existe ya una fuerte demanda social por actualizar el texto constitucional, los partidos no acaban de dar el paso a pesar de haberlo prometido no solo ante los medios de comunicación sino en su propios programas electorales. Pero la Constitución no se toca. Sin embargo, la Constitución ha sufrido ya dos modificaciones (en 1992 para ajustarla al tratado de Maastrich e incorporar el sufragio pasivo y en 2011 con el controvertido tema de la estabilidad presupuestaria). Para dolor de mas de un demócrata, y a pesar de lo que se lee en el BOE, en ninguno de los dos casos fue en absoluto refrendada la modificación por el pueblo español.

Podemos entender que el texto publicado por el BOE deba decir, en la página 7, eso de “Sabed: Que las Cortes han aprobado y el pueblo español ratificado la siguiente Constitución”. Tal vez hasta sea necesario, siempre por motivos legales, que en la primera página del documento aparezca el “Ratificada por el pueblo español en referéndum de 6 de diciembre de 1978” – aunque esto nos parece más dudoso, ya que parece simplemente el título del documento. Pero sin duda, en la página 2, dedicada a información bibliográfica (© Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado; NIPO: 007-14-093) se podría haber añadido una nota informando de la no ratificación de parte de la constitución. Parece poco probable que la ley impida añadir esa nota aclaratoria.

¿Importa esto? ¿Por qué? Puede ser, claro, una cuestión de deformación profesional. Como científicos estamos acostumbrados a ser meticulosos hasta la obsesión con referencias, notas, apéndices y citas bibliográficas. El rigor en los textos al que estamos acostumbrados desde el primer día de nuestras tesis doctorales es imprescindible para publicar un artículo o un documento científico y aspirar a que sea referencia pública y universal de un descubrimiento, una comprobación de una hipótesis o una base de datos. Nos choca, por tanto, encontrar un desajuste como este en un texto tan importante como es la Constitución Española, y nos sorprende especialmente al tratarse de una publicación de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, que debería saber mejor que nadie lo que está publicando. De hecho, si en lugar de descargar directamente el PDF buscamos el texto de la Constitución en la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, encontramos que se trata de un “texto consolidado”, cuya última actualización fue publicada el 27 de septiembre de 2011 – pero también aquí nos dicen “QUE LAS CORTES HAN APROBADO Y EL PUEBLO ESPAÑOL RATIFICADO LA SIGUIENTE CONSTITUCIÓN”, y aunque advierten que el artículo 135 que aparece es una modificación de 2011 (igual que el artículo 13 contiene una modificación de 1992), nunca se explica que las modificaciones no han sido ratificadas en referéndum.

Entonces, ¿lo dejamos así? Un descuido sin importancia por parte de la Agencia, una manía nuestra y asunto concluido. ¿O no? La presentación del texto como “ratificado por el pueblo español” confiere al contenido una legitimidad que en realidad no tiene. La modificación del artículo 135 fue impuesta por presiones y gobiernos extranjeros, y no ha sido ratificada por ningún pueblo – podemos incluso sospechar que no se convocó un referéndum para ratificarla, a pesar de su calado, porque el gobierno asumía que el pueblo español no la ratificaría. Su legitimidad es, por tanto, cuestionable.

Otra deformación profesional de los científicos es formular hipótesis que podemos contrastar y, eventualmente, rechazar. Viendo la importancia que algunos políticos y dirigentes dan a la honestidad en la obtención de los títulos de licenciatura, Master e incluso doctorado (que, desafortunadamente, no se limita a Cristina Cifuentes o Pablo Casado: incluso limitándonos a los casos de plagio, que son aún más graves que aprobar de forma fraudulenta o mentir en el CV, aparecen nombres tan relevantes como el rector de la URJC Fernando Suárez, el presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, el presidente del Comité Olímpico Español Alejandro Blanco, el conseller de la Generalitat Valenciana Manuel Cervera, o el director del Instituto de Estudios Fiscales José Antonio Martínez Álvarez), es casi inevitable formular la hipótesis de que el “descuido” a la hora de referenciar adecuadamente el origen del texto podría ser en realidad debido a una falta de escrúpulos.

Sin embargo, es muy ilustrativo tener en cuenta al menos estos tres tipos de circunstancias. En primer lugar, durante el proceso de modificación del artículo 135 (que tuvo lugar en septiembre de 2011, con el único apoyo del PP y PSOE), el presidente José Luis Rodríguez Zapatero negó cualquier presión procedente del Banco Central o la Unión Europea para, a los pocos meses de retirarse del cargo, incluir en su libro El Dilema: 600 días de vértigo la carta “estrictamente confidencial” que el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, envió a La Moncloa conminándola a aprobar como fuera esa reforma (algo que ocurrió tan solo 20 días después). Sumó así la comercialización privada de este documento público confidencial a la mentira previa en sede parlamentaria. En segundo lugar, hemos tenido de director de informativos de TVE a Julio Somoano, autor de la tesis “Estrategia de comunicación para el triunfo del Partido Popular en las próximas elecciones generales” y que preconizaba que el PP debería politizar el entretenimiento en TVE con fines electorales. En tercer lugar, la página web del Congreso de los Diputados se dedica a blanquear la memoria de la dictadura, evitando referirse a los 40 años de franquismo con ese término (que sí emplea para la de Primo de Rivera). Por todo ello no sería sorprendente que la omisión del “detalle” de la falta de ratificación en referéndum de las modificaciones de la Constitución sea intencionada.

Pequeñas omisiones como ésta van reescribiendo la historia. Otro granito insignificante en la creciente montaña de la postverdad. Del desprecio de los hechos y de “la verdad”. Por eso consideramos importante insistir en llamar a las cosas por su nombre, en puntualizar y en atenernos a los hechos.

Complicando la ejecución del gasto y maquillando las cifras, el Gobierno juega con el mensaje de “España va bien”. Pero los datos son tozudos. Y los investigadores lo somos aún más. Si en un post anterior nos preguntábamos retóricamente por qué el Gobierno dificulta la ejecución del gasto en investigación y ciencia, ahora nos preguntamos “¿A quién quiere engañar con la manipulación de los datos?”. La estrategia de apoyar la investigación con préstamos y créditos, sabiendo que una gran parte no llega ni a solicitarse, y de poner cada vez más trabas a la ejecución de los menguantes presupuestos de subvención directa, lleva años dando los resultados esperables: cada vez se invierte menos en el presupuesto de I+D+i. No hablamos de una reducción pequeña ya que la combinación de recortes y trabas a la ejecución del presupuesto lleva a una inversión actual que es la sexta parte de la que se realizaba hace ocho años.

La estrategia seguida permite enmascarar la brutal reducción de la ‘inversión’ en investigación y desarrollo. Se mantiene aparentemente estable el nivel de recortes de los presupuestos desde 2011 pero en realidad entre uno y dos tercios de ese presupuesto se queda sin gastar. Claro que la estrategia sí que es buena si el objetivo no es impulsar la investigación científica sino sólo aparentar que se impulsa, guardando ese dinero para otros asuntos. La cuestión llega a levantar ampollas cuando parece que se quiere transmitir la idea de que la falta de gasto en I+D no responde a una falta de voluntad política por invertir en ciencia, sino a la incapacidad de los investigadores para gestionar bien los recursos de los que disponen. Además de levantar ampollas, por ofensiva y humillante, esta situación allana el camino para futuros recortes, ya que es práctica común en la Administración ajustar a la baja los presupuestos de un año cuando en el anterior no se ejecuta todo lo que se había asignado.

La estrategia de presupuestar cada vez más créditos, sabiendo que no se iban a ejecutar, para enmascarar los recortes fue ideada por el gobierno de Zapatero, pero ha crecido desmesuradamente con el de Rajoy. Hasta 2006, se ejecutaba más del 90% del presupuesto de I+D. Mientras el presupuesto para I+D en 2010 superaba los 10.000 millones de euros y se ejecutaba casi el 80% de este presupuesto (8.469M€), en 2017 el presupuesto se redujo a casi la mitad (4.635 millones €) y, lo que resulta más doloroso, su ejecución bajó a apenas un 29,7% (3.963 M€). Es tan espectacular y escandaloso el recorte unido a la dificultad de ejecución real del gasto que hasta el presidente del Confederación Española de Organizaciones Empresariales lo critica. Para colmo, las perspectivas para 2018 no son nada halagüeñas. ¡Como si pudiéramos permitirnos una ejecución aún más pobre cuando la inversión teórica del I+D apenas ronda el 1% del PIB! La Fundación Cotec para la Innovacion augura una pésima ejecución del gasto en 2018 debido a una sucesión de prórrogas y cierres, fallos en los sistemas informáticos y falta de personal en puestos de gestión, que se suma al incremento de requerimientos y exigencias de control impuestos por el Ministerio de Hacienda.

Después de casi una década de recortes generales, España vuelve a crecer, especialmente su actividad industrial que se sitúa en niveles previos a la crisis. El gasto público, sin embargo, se sigue reduciendo porcentualmente, demostrando que no fue la crisis la principal razón de las políticas de recorte, sino que la ideología dirigió la gestión de la crisis.

Desde hace años se viene planteando que la reforma necesaria para el mayor organismo público de investigación (OPI) de nuestro país (el CSIC) pasa por una mejora de la gestión y una simplificación de los trámites administrativos que han ido dificultando la actividad científica de la institución. Esta propuesta de reforma se incluyó hace más de tres años en un decálogo que hoy tiene más actualidad que nunca. Pero ni en el peor de los escenarios se planteó entonces que viviríamos las cotas de bloqueo y parálisis a las que nos enfrentamos hoy en día. Con el ánimo de ver el vaso medio lleno, se nos recuerda que el CSIC no tiene trámite de fiscalización previa por parte de Intervención, lo cual constituye una pequeña ventaja en cuanto a la ejecución del gasto y una diferencia fundamental del CSIC frente al resto de OPIs. El hecho de que otros OPIs estén aun peor que el CSIC no resulta tranquilizador ni soluciona ningún problema. Aun así, este sutil consuelo solo supone, en la situación actual, un frágil y quizá temporal muro de contención ante el disparate administrativo global que se está cebando sobre la investigación científica en nuestro país. Los medios hablan de “ciencia asfixiada” y ya está en la mente de todos que “nunca antes ningún Gobierno había tenido tan poco interés por la ciencia”. Resulta evidente que hay que cambiar con rapidez y decisión varias cosas, en concreto el marco legislativo. Se propone cambiar de urgencia al menos dos aspectos legales: que la ciencia sea considerada actividad económica por ley y que se cambie la ley de contratos. Para hacer esto realidad hace falta visión y voluntad. Y una mayoría en el congreso a favor de maximizar la eficiencia del gasto en ciencia, una eficiencia que ya es muy elevada a pesar de todos los obstáculos que se han puesto y de las críticas infundadas que se han publicado.

“Matar de hambre a la bestia” es una estrategia que se emplea cuando se quiere forzar, mediante la caída de la recaudación, la reducción del gasto público, justificando así la desaparición o privatización de determinados servicios públicos. El Gobierno ha seguido esta idea con la ciencia. Por desgracia, su aplicación en otros países (notablemente, por los gobiernos de Reagan, Thatcher y Bush) demostró claramente que no solo no cumple este cometido, sino que tiene un triple efecto indeseado: reducir la calidad de dichos servicios, aumentar a la larga el gasto público y disparar el déficit público. ¿Para qué puede un gobierno, sabiendo todo esto, querer aplicar esta política tan cuestionable hoy en día? El único motivo posible es una vez mas el ideológico y se propone su aplicación hasta que privatizar los servicios públicos compense el aumento en el gasto y el déficit que esta estrategia política conlleva.

El problema es que, como señala este artículo de The Economist, “una vez la bestia se queda sin comida, siempre puede empezar a comerse a los aldeanos”.

El Gobierno español ha pretendido matar de hambre a la bestia sin reparar, o al menos sin explicar, que haciéndolo, no sólo ha tirado por la borda un valor estratégico de nuestro país, sino que ha tenido que manipular y falsear los datos para justificar su implementación. Por desgracia, esto es una historia recurrente que ya hemos contado más de una vez. La combinación de recortes con falsedades lleva no sólo a perpetuar la degradación del sistema de I+D en nuestro país sino a generar la dañina sensación de que no debe preocuparnos porque parecería que ya vamos por la buena senda.

Cada alimento que nos metemos en la boca tiene una historia por detrás. Aparte de su sabor, el alimento trae consigo el lugar donde lo hemos comprado, su zona de producción, su productor y las prácticas que éste ha utilizado para producirlo. Por eso, con cada bocado estamos ingiriendo toda una historia y toda una cultura. Noción esta última muy bien encapsulada en la cita del geógrafo Jean Brunhes “Comer es incorporar un territorio” (“Manger, c'est incorporer un territoire”).

Aunque hay muchas formas de producir alimentos, las prácticas agrícolas responden principalmente a un gradiente que va desde la llamada “agricultura familiar” hasta la “agroindustria”. La agricultura familiar utiliza principalmente el trabajo de los miembros de las unidades familiares y puede ir a su vez desde la agricultura producida para autoconsumo hasta la producción para venta (ver aquí).

En los últimos años se ha dado más importancia a la agricultura familiar gracias a iniciativas como el Año Internacional de la Agricultura Familiar (2014) y ahora con la declaración del decenio de la agricultura familiar para 2019-2028, promovidas por la Asamblea General de las Naciones Unidas con el objetivo incentivar a los gobiernos a adoptar medidas de apoyo a estos agricultores.

¿Por qué es importante la agricultura familiar? Hay, al menos, cinco razones de peso:

Porque es clave para sostener a la población mundial: a pesar del enorme crecimiento de la agro-industria desde los años 60, la agricultura familiar todavía produce cerca del 80% de los alimentos del mundo (¡aunque haya una gigantesca compañía que anuncia como algo positivo su intención de alimentar a todo el mundo en 2050!).

Porque favorece la descentralización de la producción, facilitando el desarrollo de regiones menos pobladas.

Porque es más diversa, lo que ayuda a mantener una mayor variedad de paisajes, productos alimentarios, alternativas locales, tradiciones culinarias e, incluso, gustos de los consumidores.

Porque contribuye a reducir la concentración excesiva de las rentas y, por tanto, la desigualdad: mientras la agro-industria está dominada por dos o tres grandes empresas, los agricultores familiares son infinidad.

Finalmente, porque es mejor para el medio ambiente, ya que favorece tanto el consumo de proximidad (reduciendo la huella de carbono del transporte y la distribución de alimentos) como unas prácticas agrícolas con menor consumo de agroquímicos. Esto no implica que, en ausencia de políticas e incentivos adecuados, todos los pequeños productores sigan prácticas agrícolas sostenibles, o incluso razonables; pero sí que esta forma de cultivo es más resiliente en ausencia de productos agrotóxicos y que, dada su menor capacidad de lobby, el sector es más proclive a aceptar y responder positivamente a las políticas agroambientales.

Mientras que el Gobierno de España no ha adoptado ninguna iniciativa para promover la agricultura familiar más allá del apoyo al Año de la Agricultura Familiar, Portugal y el resto de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) firmaron la Carta de Lisboa Pelo Fortalecimento da Agricultura Familiar el 7 de Febrero de 2018. Esta firma fue también celebrada en un seminario en la Universidad de Lisboa que contó con la presencia, entre otros, del Director General de la FAO y del Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento Rural portugués. En este seminario se discutieron varias experiencias de promoción de la agricultura familiar a nivel global, entre las que destaca la de Brasil, donde estas medidas han ayudado a alcanzar la erradicación del hambre en los últimos años dentro del programa Fome Zero. Más próximo a la problemática española, se discutieron las iniciativas de algunos municipios portugueses para promover este tipo de agricultura, como por ejemplo el programa de sostenibilidad en la alimentación en las escuelas de Torres Vedras, que incluye acciones como la compra de alimentos de huertos comunitarios y productores locales, así como la educación alimentaria de niños, madres y padres.

¿Se puede entonces decir que Portugal, a diferencia de España, está dando pasos para fomentar la agricultura familiar? Si, aunque aún no muy grandes. El texto de la carta de Lisboa es un texto de buenas intenciones, pero no es un texto normativo. Y también es cierto que el gobierno portugués firma esta carta con una mano, pero apoya las políticas de la Unión Europea con la otra. Políticas que incluyen una Política Agraria Comunitaria (PAC) que sigue favoreciendo a los grandes productores sin apoyar de manera efectiva a la agricultura familiar; o la firma de acuerdos bilaterales de asociación económica con los países de África Meridional y Canadá (el famoso CETA) que pueden llegar a ser muy perjudiciales para los productores locales, como comentó en el mismo encuentro Beatriz Gascò Verdier. Usando el caso de los productos cítricos como ejemplo, esta Diputada de las Cortes Valencianas se preguntó qué sentido tiene importar del otro lado del mundo productos que ya son cultivados localmente, dejando al mismo tiempo que el excedente de producción local acabe en la basura – sobre todo, sabiendo que el diferencial de precios solo es positivo para esos productos importados porque estamos monetarizando de forma incompleta los costes energéticos, sociales y ambientales involucrados en su producción y transporte. Hay que entender que “no es posible apretarse el cinturón y bajarse los pantalones a la vez.”

La verdad es que, como consumidores, está en nuestras manos elegir qué tipo de agricultura y qué tipo de productores queremos apoyar. De hecho, y a diferencia de otros productos como la energía, el tipo de agricultura que se consume es una de las pocas cosas sobre las que la ciudadanía con un mínimo de poder adquisitivo tiene todavía bastante control. En cada alimento que compramos no solo estamos decidiendo sobre nuestra salud y nuestro modo de vida, sino invirtiendo nuestro dinero en un tipo de agricultura y en un sistema de producción alimentaria concretos. Además de ver los infinitos programas de master, top y mega chef que se multiplican en la televisión, deberíamos pensar qué tipo de alimentos queremos en nuestro plato.

Junio de 2012. Después de una década prodigiosa, que combinó un moderado incremento en el gasto, la estabilidad en las fechas y plazos de las convocatorias, y una mayor predictibilidad de la carrera investigadora, se multiplica la producción y calidad del sistema español de I+D, demostrando que el principal limitante no era el talento ni la capacidad de trabajo, sino la baja inversión y pésimo funcionamiento de sus políticas e instituciones.

Llega la crisis financiera. Otros países europeos reconocen que la I+D es imprescindible para salir de la crisis y hacen denodados esfuerzos por mantener el nivel de inversión. Pero en España el nuevo gobierno, que promete enderezar la economía, recorta drásticamente los presupuestos de I+D y degrada a su antiguo ministerio a una mera secretaría de estado del ministerio de economía. Su máxima responsable, Carmen Vela, escribe un artículo en la revista Nature justificando su estrategia política con dos argumentos. Uno: la I+D española está sobrefinanciada. Se eliminarán gastos superfluos, reduciendo el número de investigadores. En el futuro, “solo los investigadores que demuestren que están contribuyendo a ampliar los límites del conocimiento” tendrán cabida en el sistema. Dos: el recorte en la financiación pública de la I+D se acompañará de un aumento de la financiación privada. Según la nueva Estrategia Nacional de I+D+i, la contribución privada debe pasar del 0.60% del PIB en 2012 al 0.73% en 2016.

En artículos anteriores hemos explicado por qué el análisis de Carmen Vela era erróneo o premeditadamente falso. Incluso en su punto más alto, la inversión española en I+D seguía siendo muy inferior a la media europea. El número de investigadores per cápita llegó a igualar la media de la UE28 en 2009, para volver a alejarse a partir de 2011. Y, a pesar de todo, los investigadores españoles mostraron una productividad científica, calidad científica y generación de patentes por euro invertido comparable o superior a la de países de referencia como EEUU, Francia o Alemania. España era uno de los mejores países del mundo para seguir apostando por invertir en I+D pública. Mostraba, eso sí, una crónica falta de compromiso de sus empresas con dicha inversión.

Con todo, es factible interpretar que, sabiéndose incapaz de escapar a los recortes y la intrascendencia política a la que estaba relegada la I+D, lo que Carmen Vela proponía en ese artículo era hacer de la necesidad virtud y aprovechar para introducir varias mejoras en el sistema. Algunas de ellas eran ciertamente necesarias. Un poco más abajo veremos cuántas llegaron a cumplirse.

2 de enero de 2018. Casi seis años después, Carmen Vela escribe una tribuna titulada “La ciencia española en positivo” donde explica en tono laudatorio los logros de su gestión. El contraste con su artículo de 2012 es patente. Según el artículo, lo que no consiguieron ocho años de mejora de la inversión lo han conseguido seis años de brutales recortes y reducciones de plantilla: la ciencia española ha pasado de ser un sistema con centros redundantes e investigadores de baja calidad que no son capaces de “avanzar las fronteras del conocimiento actual” a tener “investigadores con impacto mundial en diversas áreas, numerosos centros de primer nivel, infraestructuras científicas y tecnológicas punteras y una participación importante en muchas de las mayores instalaciones europeas e internacionales”.

Aunque los últimos seis años se han caracterizado por los continuos recortes en la financiación de la investigación y las trampas de trilero en la ejecución del gasto, en 2012 la Secretaria de Estado prometió compensar estos recortes con el aumento en la eficiencia del gasto. El análisis detallado de las cifras permite evaluar si ha cumplido esa promesa.

¿Ha mejorado la estructura del sistema de I+D, eliminando redundancias entre centros y parques científicos?

No. El adelgazamiento de la I+D pública se ha hecho sin llevar a cabo una reestructuración priorizada y racionalizada de la red de centros y parques científicos. Los pocos centros que se han cerrado lo han hecho por problemas graves de gestión, no por su calidad o desempeño. Entre el centenar largo de centros del CSIC, ni siquiera los centros ya señalados en los años previos a la crisis como poco viables han llegado a cerrar. Sencillamente, se ha cortado el grifo y se ha dejado que los elementos más sensibles del sistema, a menudo los grupos e investigadores más productivos, adelgazaran o dejaran el país.

¿Se ha “introducido la competitividad en el proceso de obtención de financiación pública”, para “apoyar solo los proyectos realmente competitivos que estén dando frutos”?

Pues tampoco. Convocatorias erráticas, que aparecen en periodos vacacionales (cuando muchas administraciones están cerradas) y con plazos mínimos, excluyen a potenciales solicitantes, impidiendo una selección en base a méritos. Además, no se ha introducido ninguna mejora en los sistemas de evaluación por pares, que sigue adoleciendo de falta de transparencia, ausencia de criterios objetivos y pésima comunicación con los evaluados.

¿Ha mejorado a evaluación del desempeño de los investigadores, de forma que solo reciban recursos “aquellos científicos que puedan demostrar que están ampliando las fronteras de nuestro conocimiento”?

Todo lo contrario. La disminución del número de investigadores no se ha hecho en base a méritos, sino en base a tipo de contrato. Los recortes no han afectado en absoluto a la fracción personal de plantilla que presenta un desempeño realmente bajo. Los recortes han primado la salida del personal temporal, al que era más fácil dejar de contratar, y nos han hecho perder al más brillante y productivo, que tenía más fácil conseguir empleo en el extranjero.

¿Ha acompañado la mejora de la calidad de los contratos de los investigadores a la reducción en su cantidad –en particular, para los investigadores RyC?

Rotundamente no. La brutal reducción en la plantilla de investigadores (estimada en casi 11.500 puestos a jornada completa) se ha visto acompañada en un deterioro continuo de sus salarios, condiciones laborales y autonomía. Por poner solo un par de ejemplos: los investigadores de plantilla han perdido en promedio, como el resto de los funcionarios, un 14% de su poder adquisitivo desde 2010; los investigadores predoctorales sufrieron un intento de privarles de su derecho al desempleo y la tarjeta sanitaria europea de forma irregular; organismos como el CSIC siguen aplicando listas negras que bloquean la contratación de investigadores y técnicos que han llevado a juicio sus reivindicaciones laborales; y las OPIs siguen careciendo de un mecanismo para contratar como personal fijo a quienes en la práctica tienen un contrato de larga duración, recurriendo a fórmulas que vulneran el espíritu, cuando no la letra, de la legislación laboral.

En cuanto a los RyC, la mejora en la financiación complementaria se ha producido a coste de una fuerte reducción en el número de ayudas. El número de ayudas RyC pasó de 480-780 al año en los años previos a la crisis a 250 en 2011, llegó a ser cero en 2012 y a partir de entonces se ha mantenido estable en 175. Estos contratos tenían una financiación complementaria, que ayudaba a los investigadores a lanzar su línea de investigación en el nuevo centro, de 15 k€ en 2011, que pasó a ser de 40 k€ en 2012-7.

Además, se ha introducido una ayuda de 100 k€ para incentivar su contratación fija al acabar el periodo de 5 años. Esta ayuda trata de paliar la principal deficiencia del programa RyC: su incapacidad para funcionar en la práctica como el sistema de tenure-track para el que fue concebido. La introducción de figuras de contratación indefinida está empezando a aliviar ese cuello de botella, pero a costa de drenar los RyC existentes desde los OPIs (que por ley no pueden utilizarlas) hacia la Universidad.

¿Se ha creado una agencia gubernamental para evaluar y financiar la I+D?

Esta promesa vegetó en el limbo durante toda la legislatura anterior, pero fue revitalizada in extremis al acabar ésta. La AEI fue finalmente creada en noviembre de 2015, aunque el Real Decreto que establecía su estatuto fue modificado en enero de 2017 y el que articula la organización y gestión compartida de servicios generales y comunes entre el MINECO y la AEI se aprobó en octubre de 2017. Es decir, la AEI se acaba de crear y por ahora ha hecho poco más que incluir su logo en las convocatorias de fondos públicos de I+D+i que dependen del MINECO. Su falta de independencia con respecto al gobierno de turno, tanto en lo económico como en su dirección, perpetúa el problema histórico más grave de la I+D española.

¿Ha mejorado la eficiencia en la gestión de la financiación pública y la gestión de contratos?

Rotundamente no. En este lustro, el incremento de la burocracia y la falta de seguridad jurídica en la gestión de la financiación pública de la I+D española se han convertido en un problema igual o mayor que la falta de financiación; o, más bien, en la otra cara de ese problema, ya que muchas de la reglas y trampas introducidos en las convocatorias, evaluaciones, resoluciones y auditorías de las subvenciones y créditos a proyectos de investigación buscan reducir, bloquear o recuperar el gasto para seguir paliando el fuerte déficit de las arcas públicas. Gracias a esta estrategia, el gobierno ha ido aumentando la proporción de los presupuestos de I+D que no llegan a gastarse desde el 46% en 2013 hasta el 62% en 2016.

¿Ha aumentado el papel del sector privado en la financiación de la I+D, a través de medidas como optimizar el marco fiscal para I+D o introducir esquemas de crowd-funding?

Menos aún. La Estrategia Nacional de I+D+i de 2012 preveía que el gasto total en I+D ascendiera del 1.39 al 1.48% del PIB entre 2010 y 2016; y que la contribución del gasto privado pasara del 43% al 49%. La contribución relativa del sector privado ha llegado al 47.6% en 2016, pero este dato no refleja un aumento de la financiación privada, sino un desplome de la pública (ver figura). Como indican los datos del propio MINECO, el gasto total descendió al 1.19% del PIB en 2016 y la contribución privada a su financiación pasó de 6690 M€ en 2008 a 6036 M€ en 2014, remontando a 6311 M€ en 2015-6.

Visto todo esto, ¿cómo es posible que un drástico recorte de la financiación combinado con una serie de políticas incompletas y promesas incumplidas hayan hecho de la I+D española el “sistema capaz y eficaz” que no era en 2012? Spoiler: no lo es.

Tenemos “investigadores con impacto mundial…, numerosos centros de primer nivel, infraestructuras científicas y tecnológicas punteras, y una participación importante en muchas [más bien algunas] instalaciones europeas e internacionales”. Pero teníamos muchos más investigadores y mucho mejores centros hace seis años; muchas de nuestras infraestructuras científicas han sido cerradas, y el resto se están echando a perder por falta de inversión y mantenimiento; y nuestra participación en infraestructuras y redes internacionales durante estos años ha oscilado entre la vergüenza de no pagar y el ridículo de no poder asistir a las reuniones por falta de fondos.

Seguimos teniendo muchos “investigadores y tecnólogos” que trabajan con “talento y esfuerzo”, a pesar de las pésimas condiciones de salario, estabilidad, financiación, gestión y burocracia. Pero teníamos muchos más hace seis años. Y en lugar de apoyar a los mejores y dejar ir a los menos productivos, a menudo se ha hecho lo contrario, simplemente porque era lo más fácil.

Seguimos teniendo un nivel internacional “de importancia” en términos de “número de publicaciones y la calidad de las mismas”. Pero conforme indica el último informe de FECYT-MINECO (que solo llega hasta 2014) el número de publicaciones, que no hizo sino ascender entre 2005 y 2012, ha dejado de crecer a partir de este año. Nuestra cuota global de publicaciones descendió ya en 2014. El crecimiento en el impacto normalizado de las citas (FWCI) se ralentizó a partir de 2012, y hemos descendido ya un puesto en el ranking mundial (pasando al 18º, al ser adelantados por Grecia).

Seguimos pudiendo alegrarnos de que “el impacto de la producción científica española es superior en un 30% a la media mundial, el 51% de nuestras publicaciones se pueden leer en las principales revistas [el Top 25% de revistas más influyentes] y el 13% de éstas se encuentra entre las más citadas del mundo [el Top 10% de artículos más citados]”. Pero esos números en sí no dicen mucho. Dice más indicar que en ambos indicadores seguimos a la cola de los países de nuestro entorno competitivo (EEUU, Canadá y la UE15). Que, a pesar de ser la 12º economía mundial, estamos en los puesto 16º y 17º, prácticamente empatados con Francia (Top25 revistas) y con Grecia y Portugal (Top10 citas). Y, lo que es más importante, que la velocidad a la que ambos indicadores han estado aumentando desde 2005 ha disminuido a la mitad a partir de 2012.

Si hay un aspecto en el que la I+D ha mejorado: la captura de fondos europeos. Como no olvida destacar Carmen Vela, “en el programa de investigación e innovación de la UE, Horizonte 2020, España es, hasta el momento, el tercer país que más proyectos consigue, el cuarto por retornos (2.400 millones de euros, casi el 10% del total) y el que más proyectos lidera (15%).” Un desempeño sustancialmente superior al del programa previo (FP7). Aunque una buena parte de estas cifras son una consecuencia directa del tamaño de España (el 5º país de la UE por población y por PIB), un análisis detallado muestra que España capta del programa H2020 1.18 euros por cada euro invertido en financiarlo, lo que supone una ganancia neta de 121 M€. Parte de este secreto es la benevolencia con que la UE ha calculado la contribución de España a la financiación de H2020: España paga la menor contribución de todos los países de la UE15, equivalente tan solo al 87% de la contribución media per cápita. Por desgracia, un superávit de 121 M€ apenas basta para paliar una mínima parte de los 3.155 M€ de gasto de I+D+i que se quedó sin ejecutar solo en 2016.

En resumen: España sigue produciendo mucha y buena ciencia a pesar de su pésima financiación, la asfixiante burocracia y el desinterés de las empresas. Pero el sistema de I+D, que apenas estaba empezando a remontar todos esos lastres históricos, está herido de muerte por la intensidad y arbitrariedad de los recortes, los cambios erráticos de dirección y la lucha partidista contra una actividad potenciada por un gobierno previo de otro signo. En esa situación, retorcer y descontextualizar los indicadores disponibles para defender la idea de que todo va bien es mucho más que un ejercicio de cinismo: es un anuncio de que este gobierno no piensa llevar a cabo la campaña de choque que hace falta si no queremos que nuestra I+D se hunda definitivamente, y que piensa luchar desde la oposición cuando un gobierno de otro signo lo intente.

Debemos, en efecto, “dar un paso al frente y apostar decididamente por la ciencia y la tecnología española”. El primer paso sería dejar de engañarnos sobre el efecto de nuestras políticas y empezar la urgente labor de rehacer lo destruido.

En “Los Hermanos Marx en el Oeste” (1940), Groucho insta a los pasajeros a aportar madera para hacer avanzar un tren al mismo tiempo que éste se desintegra. El uso de madera como combustible ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes, y ha sido responsable de la deforestación de grandes extensiones del territorio a lo largo y ancho del planeta. Una deforestación que todavía hoy continúa, favoreciendo la degradación y pérdida de diversidad biológica precisamente en áreas rurales donde la demanda por madera para calentarse y cocinar es más acuciante – aunque a día de hoy el uso de madera como combustible sea sólo una de las muchas causas de la deforestación.  

El Parlamento Europeo está a punto de aprobar la propuesta de directiva relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, destinada a combatir las emisiones de CO2, que, paradójicamente, podría tener un efecto opuesto al deseado. A día de hoy, un 17% de la energía consumida en la UE proviene de fuentes renovables. La nueva directiva, que probablemente se vote durante la tercera semana de enero, pretende imponer un aumento del uso de energías renovables que llegue al 27-35% para el 2030. Hasta aquí todo muy razonable, ya que todos estamos de acuerdo en que fomentar el uso de energías renovables resulta beneficioso para el medio ambiente y para los servicios que los ecosistemas naturales nos proveen. El problema está en la definición de energía renovable que la nueva directiva pretende adoptar.

Según un artículo publicado en el diario The Guardian, la directiva vigente (2009/28/CE) considera como energía renovable la obtenida quemando residuos madereros. Esta inclusión puede resultar problemática y debería ser considerada con cuidado. Pero mucho peor es el cambio que la UE pretende incluir, ya que la nueva directiva considera energía renovable la obtenida a partir de la quema directa de madera – no sólo de residuos.

Las industrias madereras y del papel generan gran cantidad de residuos. Si estos residuos se abandonan se descomponen lentamente, liberando CO2 al ambiente. Dado que este CO2 va a terminar en la atmósfera de todas formas, es preferible (desde el punto de vista de balance de carbono, aunque la quema puede liberar otros productos tóxicos) quemar los residuos para generar energía en lugar de dejar que los residuos se descompongan. Ahora bien, cortar árboles para quemarlos libera un CO2 que no estaba destinado a llegar a la atmósfera tan rápidamente: si los árboles no se cortan, el carbono permanece durante décadas o siglos en los árboles (en forma de celulosa y otros compuestos como la lignina). La lógica de la directiva es que, si los bosques se replantan después de talarlos para su quema, el crecimiento de los nuevos árboles absorberá el CO2 liberado, con lo que, a largo plazo, no hay producción/liberación neta de CO2. Sin embargo, aunque a largo plazo no se liberase CO2, a corto y medio plazo (50-100 años), precisamente en el período más crítico de transición de las fuentes fósiles a las renovables, la corta de bosques ya existentes causará una liberación neta de CO2. La quema de madera, por otro lado, no sólo libera CO2 al ambiente. Por ejemplo, según la agencia para la protección del medio ambiente de EEUU, la quema de madera también genera micropartículas sólidas y compuestos contaminantes como benceno, formaldehído, acroleína e hidrocarburos aromáticos policíclicos – todos ellos perjudiciales para la salud. Además, tanto en el proceso de tala como en el de plantación se liberan cantidades ingentes de CO2 al remover el suelo y oxigenarlo. Y a esto hay que sumar todo el CO2 que se libera en las propias actividades forestales, en el movimiento de maquinaria y en general en el transporte de mercancías y personas. El balance sale claramente negativo, no sólo a corto plazo.

¿Cómo de grave es el uso de madera como combustible para generar energía? Incluso si ignoramos el tema de la contaminación, a corto y medio plazo la cantidad de carbono liberado a la atmósfera quemando madera es muy superior a la que se liberaría usando carbón o gas natural para producir la misma energía. Esto se debe a que la quema de madera es menos eficiente que la quema de gas o carbón. Además, la cantidad de madera que habría que quemar para alcanzar la meta propuesta por la nueva directiva es desorbitada. Duplicando la cosecha anual de madera en Europa no se podría aumentar el uso de energías “renovables” ni en un tercio del aumento previsto por la directiva. Obviamente, el objetivo de la directiva europea no es pasar del 17% al 27-35% de consumo de energías renovables a base de quemar madera (la directiva pretende impulsar también el uso de energía eólica, solar, geotérmica…), pero la necesidad de duplicar la cuota de energías renovables fomentará la deforestación a nivel global (en la UE y en terceros países).

En una carta dirigida al parlamento de la UE, un grupo de científicos de diferentes países dentro y fuera de la UE instan a modificar la nueva directiva, de modo que sólo se considere energía renovable aquella obtenida de la quema de residuos madereros, y no la obtenida de madera cortada para producir energía. A nuestro entender, esto es lo mínimo que debería exigirse de la nueva normativa. Ahora bien, si los países miembros de la UE están obligados a aumentar su cuota de producción de energía renovable en los próximos 12 años y los residuos madereros se contabilizan como fuente renovable de energía, la demanda por dichos recursos aumentará, y con ella su precio. Mientras se consideren residuos la fracción cuyo coste de explotación (para producir papel, muebles…) no justifique en términos económicos su uso, la proporción de madera considerada como residuo crecerá al aumentar el precio de mercado de los residuos madereros. Por este motivo habría que considerar la posibilidad de excluir de la directiva también la energía obtenida de la quema de residuos madereros – o al menos definir de forma rigurosa lo que se considera “residuos”. 

En resumen, si no queremos que el tren de los hermanos Marx se convierta en una metáfora de nuestro planeta, la directiva relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables no debería considerar la madera como una fuente renovable de energía, y debería definir de forma precisa lo que se considera residuos madereros.

En 1992 más de 1.700 científicos de todo el mundo, incluyendo todos los premios Nobel vivos en aquel momento, firmaron un escrito en el que resumían las preocupantes cifras de nuestro impacto sobre el planeta. Avisaban a la humanidad de que nuestras actividades llevaban rumbo de colisión con el mundo natural. Hace ahora veinticinco años de aquella Cumbre de la Tierra en Rio de Janeiro, reunión histórica en la que se definió el concepto de desarrollo sostenible y se dieron 2.500 recomendaciones para alcanzarlo. Ahora, en el 25 aniversario de una cumbre tan emblemática, más de 15.000 científicos de 184 países del mundo hemos firmado un segundo aviso a la humanidad. El aviso se ha plasmado en el artículo con más apoyos científicos de la historia y que ha resultado de una rápida y eficiente coordinación global del mundo académico. En este aviso se repasa la evolución de los principales indicadores ambientales en el último cuarto de siglo. Y la evolución no es precisamente la que se esperaba después de la cumbre en Río. 

El análisis de los indicadores ambientales y de su evolución evidencian que la humanidad no ha hecho bien los deberes programados en 1992. Estos incluían, entre otros, conseguir una reducción del crecimiento poblacional, revisar una economía basada en el crecimiento ilimitado, reducir la emisión de gases con efecto invernadero, incentivar las energías renovables, proteger hábitats naturales, restaurar ecosistemas, y frenar los niveles de contaminación, defaunación e introducción de especies exóticas invasoras. 

Sin embargo, no todo son malas noticias y es importante resaltar los aspectos positivos de nuestras actuaciones en materia medioambiental para alentar el progreso. El Protocolo de Montreal para la Protección de la Capa de Ozono sirvió para reducir el problema que generamos en la capa de ozono liberando hidrocarburos halogenados a la atmósfera. Proyectos de educación a mujeres y niñas en las regiones más desfavorecidas están teniendo un impacto positivo en reducir la tasa total de natalidad. La deforestación en grandes zonas templadas del planeta se está reduciendo gracias a acertadas políticas de gestión y conservación. El sector de las energías renovables está creciendo globalmente y pronto serán más baratas que los combustibles fósiles a pesar de recibir cinco veces menos subvenciones que éstos últimos. Estas mejoras, aunque esperanzadoras, son, no obstante, insuficientes para contrarrestar el impacto creciente y nada sostenible que tenemos sobre los recursos naturales y el funcionamiento de la Tierra en la que vivimos. Y por eso este segundo aviso. 

¿Qué podemos hacer para cambiar el rumbo de colisión con el mundo natural? La lista de posibilidades es larga e incluye mejorar la red de espacios protegidos, detener la pérdida de hábitat forestal (sobre todo, en zonas tropicales y áridas), revertir la pérdida de fauna, reducir el consumismo, aumentar el reciclado y la reutilización, potenciar las tecnologías verdes y energías renovables, educar a la sociedad sobre los bienes y servicios que se obtienen de los ecosistemas cuando funcionan bien, reducir la desigualdad social y económica, e incluso promover una dieta más rica en productos vegetales. Y, muy especialmente, fomentar el empoderamiento de la mujer y su capacidad para decidir sobre su reproducción, algo que se ha demostrado como el mejor método para reducir el desmesurado crecimiento poblacional. 

El desafío ahora es combinar esta Alianza Mundial de Científicos con la sociedad en su conjunto para seguir documentando amenazas, cambios, progresos y soluciones, y transferir esta información y esta urgencia a los líderes políticos. 

Resulta triste y preocupante aterrizar el escenario global a nuestro marco más próximo. Nuestro presidente, Mariano Rajoy, y su equipo de gobierno se ponen una vez más de perfil ante un problema complejo: ni estaban ni, lo que es peor, se les esperaban en Bonn, en la última Cumbre de las Naciones Unidas por el clima (COP23). De hecho, el partido en el Gobierno de España ha contribuido a multiplicar las principales causas de degradación planetaria, impulsando el uso de combustibles fósiles boicoteando las energías renovables, favoreciendo la degradación de los ecosistemas reduciendo la protección de nuestras costas, fomentando la caza deportiva en espacios protegidos, eliminando la exigencia de controlar ciertas especies invasoras, y contribuyendo al agotamiento de los recursos hídricos desenterrando un modelo obsoleto de gestión del agua, en franca colisión con la Directiva Marco. Y eso que España está sufriendo una de las mayores sequias de su historia. 

Post data: el breve artículo que acaba de publicarse contiene versiones en varios idiomas incluyendo el español y se puede consultar íntegramente aquíaquí.

La única especie humana que ha llegado al siglo XXI, de las varias del género Homo que coexistieron durante miles de años, ha dejado de regirse solamente por las estrictas leyes de la biología. Esta especie no solo es capaz de cambiar y adaptar su comportamiento con suma rapidez, sino que colabora a gran escala para lograr efectos globales sobre la base de una gran novedad: confiar en extraños. Estas ideas que desarrolla de manera muy atractiva y provocadora Yuval Harari en su best seller Sapiens, de animales a dioses, nos llevan a una pregunta: ¿Es realmente tan sabio el hombre sabio -Homo sapiens- o su nombre sólo alude a su incontestable capacidad tecnológica?

En agosto de este año se cumplían 72 años de las bombas de Hiroshima y Nagasaki, algo que nos prometimos no volver a repetir. Sin embargo, Trump y Kim Jong-un nos hacen volver a respirar esa amenaza nuclear. Tal como decía Ana Merino, “nuestra extinción no necesita de un asteroide que golpee la tierra y desencadene un invierno global. Para eso ya estamos nosotros…” Ahora que tenemos un elevado grado de control sobre nuestro planeta ¿vamos a ser o no capaces de frenar, pensar globalmente y reconducir nuestras acciones más insostenibles?

Nuestra especie ha rondado muchas veces contribuir a su propia extinción, como ilustra perfectamente el “reloj del apocalipsis”, un concepto propuesto hace 70 años por una veintena de premios Nobel para ilustrar cuán cerca estamos de una catástrofe global. En este reloj, el fin del mundo tiene lugar a las 12 de la noche y el tiempo que nos separa de esa hora es el que nos separa de dicho “apocalipsis”, y en estos momentos, el reloj estima que faltan dos minutos y medio para esa medianoche. Solo estuvo más cerca una vez: en 1953, con los ensayos termonucleares de EE.UU. y la Unión Soviética. Además de la amenaza nuclear, esta predicción se basa en cinco riesgos globales más. Dos de ellos son geopolíticos (terrorismo internacional y ciberdelincuencia), pero los otros tres con factores socio-ecológicos globales: el cambio climático (acontecimientos extremos del clima y desastres naturales), el incremento en la desigualdad y los movimientos migratorios involuntarios a gran escala. Tal como concluye Javier Ayuso en su reciente artículo, mientras no haya conciencia de la gravedad de estas amenazas no habrá una solución global a los riesgos a los que exponemos a nuestra propia especie.

Estos mensajes apocalípticos contrastan con la visión optimista de los “indicadores de progreso”. Según estos indicadores, la especie humana ha avanzado hacia lo que consideramos mejoras y relacionamos con un mundo mejor. Estos datos nos indican que “la gente a lo largo y ancho del mundo es más rica, goza de mayor salud, es más libre, tiene mayor educación, es más pacífica y goza de mayor igualdad que nunca antes”, como señala Pinker a EL PAÍS. Por desgracia, los aumentos en población y consumo de recursos asociados a este progreso nos acercan a los límites planetarios descritos por Röckstrom, puntos de difícil retorno que derivan en un funcionamiento inestable y peligroso para todas las poblaciones humanas del planeta. Por ello, estos análisis deben llevarnos al optimismo sobre el potencial de la acción humana, pero no a la complacencia y la inacción. Ajustar el rumbo de nuestras sociedades, introduciendo políticas que mejoren al tiempo la igualdad, el bienestar y la sostenibilidad requiere grandes dosis de inteligencia, convicción y esfuerzo.

Aunque ajustar el rumbo parezca tan sencillo como hacer virar un barco para alejarse de la trayectoria que lo dirige directamente hacia unos acantilados, la realidad es mucho más compleja. Debemos luchar contra un bagaje cultural que refuerza la desigualdad, la dominación y la lucha por los recursos, apoyado por discursos y mitos que niegan la realidad cuando esta nos disgusta. Debemos reemplazar este bagaje por uno que potencie la acción colectiva basada en la evidencia. Una lucha que, especialmente en estos días, parece más difícil que nunca.

Cuando le preguntaron a la autora de la aterradoramente plausible novela El cuento de la criada si era una predicción, ella contestó que lo veía más bien como una antipredicción: “si este futuro se puede describir de manera detallada, tal vez no llegue a ocurrir”. Quizá si los científicos fuéramos capaces de describir los escenarios de cambio global a los que nos dirigimos con mayor precisión, no llegarían a ocurrir.

Mirado desde la distancia que dan los datos, la gran capacidad para cambiar el planeta que tiene Homo sapiens no se ve orquestada, coordinada o planificada para alcanzar metas relacionadas con el bienestar de la especie a largo plazo. El impacto que la humanidad tiene sobre el clima del planeta no es intencionado, sino un efecto colateral de actividades mundanas relacionadas con el ir de un sitio a otro con rapidez o con tener a su disposición y poder despilfarrar grandes cantidades de energía. Igual de colaterales y faltos de programación y finalidad son los miles de temblores, pequeños terremotos y volcanes de lodo provocados cada año por actividades hidráulicas y mineras, o la intensa erosión y pérdida de suelo fértil derivada de intensas (y extensas) actividades agrícolas e industriales. Esta capacidad para alterar el planeta rápida y globalmente, que ha terminado de convencer a la comunidad científica para reconocer la existencia de una nueva era geológica llamada Antropoceno, se argumenta como imprescindible para a satisfacer los anhelos de bienestar de la humanidad. Pero se hace sin prestar atención a su cortoplacismo ni a la relación directa que hay entre desigualdad y sobre-explotación de los recursos. Esto resulta particularmente visible en EE.UU., donde un gobierno elitista y divisivo está desmantelando todo el sistema de protección ambiental y salud pública en aras del bienestar de una parte muy pequeña de la humanidad. Mientras la comunidad científica realiza estimas y proyecciones del efecto de estas actividades humanas y aporta numerosas evidencias sobre su escasa sostenibilidad, estamos viviendo una explosión de políticas populistas en las que los colectivos privilegiados de cada país pelean para monopolizar el consumo todos los recursos que puedan, como si éstos fueran infinitos o su agotamiento careciera de consecuencias.

Cada vez tenemos una mayor capacidad de cambiar el planeta, pero también de medir cada uno de nuestros impactos y estimar las consecuencias de los diferentes escenarios socioeconómicos y geopolíticos a los que nos llevarán nuestras decisiones. Paradójicamente, ahora que estas medidas y proyecciones son más fiables y precisas que nunca, hay una explosión de líderes y movimientos políticos que proponen ignorarlas. Decía Lucio Seneca que ningún viento sopla a favor de quien no tiene rumbo. ¿De qué le sirve a Homo sapiens todo su arsenal tecnológico cuando se enfrenta, sin ningún plan, a las graves crisis ambientales y sociales que él mismo genera? Ahora que Homo sapiens es capaz de controlar en buena medida su propio destino quizá sería buen momento para pensar a donde va, a donde vamos y, lo que es más importante, a donde queremos ir.

Cabría pensar –o al menos es de desear– que la cultura científica aumente a la par que los desarrollos tecnológicos que mejoran nuestra calidad de vida. No parece, sin embargo, ser el caso. Además, con demasiada frecuencia el abordaje que se hace en los medios sobre la tecnología no hace sino aumentar la confusión. Para muestra un reciente artículo sobre el uso de radares por la DGT que puede llevar a más de uno a encontrarse con una desagradable sorpresa en forma de multa.

El artículo nos dice que la DGT aplica la regla del 7 para determinar qué conductores son sancionados por exceso de velocidad. Según esta regla, el conductor será sancionado cuando un “radar” (un cinemómetro – en realidad no tiene que ser un radar) detecte un vehículo circulando a más de 7 km/h por encima de la velocidad permitida (o a más de un 7% por encima de la velocidad permitida si ésta es superior a 100 km/h). De esto se desprende, según el artículo, que “cuando la velocidad máxima es de 40 km/h, el radar salta al superar los 47 km/h. En un tramo señalizado a 50 km/h, ese margen de error permite circular hasta 57 km/h, y así sucesivamente: 67 km/h, 87 km/h…”

¿Es esta afirmación correcta? No, por supuesto que no. Si lo fuera no habríamos escrito esta entrada. Para entender por qué, hay que recordar las definiciones de precisión y exactitud de una medida – que, en la jerga técnico-científica, son conceptos muy distintos. Supongamos que, al repetir una medida muchas veces con un mismo instrumento o con una cinta métrica que utilizan operarios diferentes, obtenemos siempre valores muy parecidos unos a otros. Decimos entonces que la medida es muy precisa. Pero eso no significa que la medida sea exacta… Si mi báscula indica sistemáticamente un peso 5 kg por debajo del real es precisa, pero inexacta. Peso mi equipaje mil veces para asegurarme de que no me van a cobrar sobrepeso al facturar. La báscula me repite siempre que mi maleta pesa 21 kg. Y en el aeropuerto me cobran sobrepeso porque dicen que pesa 26 kg… La medida es precisa pero inexacta. Una medida es exacta si, en promedio, el valor medido está cerca del valor real, independientemente de la repetitividad de la medida.

¿Qué tienen que ver la precisión y la exactitud con las multas por exceso de velocidad? La DGT no tiene forma de saber a qué velocidad circulaba un vehículo: sólo sabe la velocidad indicada por el radar. Como todo instrumento de medida, el radar tiene un error de medición – es decir, la velocidad medida no coincide, en general, con la velocidad del vehículo. Si un vehículo circula a 100 km/h, el radar puede medir una velocidad superior, por ejemplo 103 km/h. Así, si la DGT sancionase a los conductores cada vez que el radar midiera una velocidad superior a los 100 km/h, sancionaría a muchos conductores que no estaban cometiendo ninguna infracción. La “regla del 7” está diseñada para minimizar la probabilidad de que un conductor que no comete infracción alguna sea multado.

No pretendemos remplazar la regla del 7 por una nueva receta que permita al conductor saber a qué velocidad puede ir sin ser multado. Sólo pretendemos explicar la lógica de dicha regla, y por qué no implica que se pueda circular sin miedo a sanciones a 7 km/h (o a un 7%) por encima del límite establecido. Con toda seguridad, no todos los cinemómetros tienen la misma precisión y exactitud, pero parece razonable asumir que si un vehículo circula a 100 km/h, la probabilidad de que el radar mida una velocidad superior a los 107 km/h es despreciable. Ahora bien, si un vehículo circula a 107 km/h, la probabilidad de que el radar mida una velocidad superior, y por tanto que el conductor sea sancionado, es alta: si el radar está bien calibrado (si la medida es “exacta”), la probabilidad de que el conductor sea sancionado es del orden del 50% (sería exactamente del 50% si la distribución del error fuera simétrica, pero no tiene que ser el caso). Si suponemos que la distribución del error es la típica campana de Gauss (que probablemente sea una buena primera aproximación), si un vehículo circula a 106 km/h es igualmente probable que el radar mida 104 km/h o 108 km/h – y en el segundo caso el conductor puede ser sancionado a pesar de aplicarse la regla del 7.

¿En la práctica? La “regla del 7” no permite circular a velocidades superiores a las permitidas sin exponerse a recibir multas. Y eso sin contar con el error asociado al velocímetro del coche…

La generación de conocimiento no es sólo una característica fundamental para el desarrollo del ser humano, sino una de las mejores herramientas de evolución social que tenemos. Una gestión adecuada del conocimiento que permita el acceso igualitario a avances y nuevas tecnologías es, sin duda, una fuente de progreso y bienestar social. Sin embargo, vivimos en una era en la que debido al altísimo flujo de información, el conocimiento se traduce en fuentes de ingreso económicos de una manera que no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Y es que los beneficios económicos del conocimiento son diversos, tal y como se argumenta en esta publicación centrada en el conocimiento generado con fondos públicos. Pero, ¿hasta qué punto esta inversión pública beneficia a la sociedad?

Entre estos beneficios destaca la percolación del conocimiento generado con dinero público al sector privado. Esta puede ser una percolación geográfica, cuando las empresas circundantes al entorno académico local se benefician directamente de los descubrimientos llevados a cabo por los investigadores trabajando para instituciones públicas de la zona, o sectorial, en el que son los sectores privados afines son los que se benefician de dicho conocimiento. De hecho en el mismo artículo mencionado anteriormente se citan fuentes que apuntan a que el crecimiento económico está asociado a este tipo de trasvase de conocimiento público-privado.

Efectivamente, las grandes empresas que priorizan competitividad y crecimiento empresarial sostenido pueden llegar a invertir en un país (e incluso decidir quedarse o deslocalizarse) según sea la inversión pública en I+D para su sector. Estas decisiones evidentemente no están basadas en principios éticos o morales y un compromiso sino en términos económicos derivados del potencial conocimiento generado que se puede generar localmente. De esto podemos deducir que bastaría el simple compromiso de un estado de apoyar ciertas líneas de investigación para conseguir que una u otra empresa invierta en su país.

Esto sugiere que la generación de conocimiento atrae empresas que a su vez incentivaria empleo y desarrollo localmente, y, por lo tanto, el conocimiento hilvanado desde las universidades y centros de investigación públicos es indudablemente un bien social.

Dado que el conocimiento académico es ampliamente reconocido como importante para el progreso social, incluyendo las aplicaciones directas al incremento del progreso económico y el bienestar social, ¿por qué se ha dado un alarmante retroceso en nuestras universidades públicas? Este retroceso parece deberse en parte a un descenso en el número de alumnos como consecuencia de un incremento en el coste de las matrículas y un empobrecimiento de las familias, que ha propiciado que la universidad pública sea cada vez más elitista. Pero también dicho retroceso se debe directamente a los grandes recortes en educación e investigación en centros públicos. Otra razón es la falta de un vínculo directo entre las licenciaturas o grados ofertados y las probabilidades de encontrar un empleo relacionado con la titulación obtenida, lo que puede hacer que muchos jóvenes opten por otras opciones.

A pesar de la nada despreciable subida del precio de las matrículas, el coste por estudiante en la Universidad española es de 6500€/año, de las cuales la matrícula sólo cubre el 22%. Por tanto, las arcas públicas cubren un 78% del presupuesto de la formación universitaria pública de este país. Este porcentaje es superior sin duda cuando nos referimos a doctorandos becados, para los cuales el Estado paga sus sueldos durante los 4 años de investigación y formación.

Tanto la educación de los estudiantes de licenciatura o grado, como la formación de investigadores y profesores universitarios dentro de los diferentes programas de doctorado, es una inversión para preservar el “almacén de conocimiento”, no sólo a nivel del país, sino a nivel global. Esta protección e incentivo del conocimiento es no sólo la semilla necesaria para que se genere ese nuevo conocimiento que posibilite avances significativos en la economía y desarrollo social, sino también para promover y mantener un grupo de expertos cuyo conocimiento pueda ofrecer soluciones que sirvan de tampón ante futuros cambios y amenazas.

No nos engañemos, sin ese acervo de personas preparadas compartiendo ese conocimiento no se pueden generar e implementar nuevas ideas. De 500 personas que estudien una carrera se generarán seguramente sólo un puñado de ideas relativamente novedosas que permitan avanzar sustancialmente a la sociedad en una u otra dirección. No sabemos a cuál de esas personas se le ocurrirá una de esas ideas en un momento dado, y si lo hará en la dirección deseada. Es por eso que el avance del conocimiento necesita que esas 500 personas reciban una formación óptima. Y, evidentemente, las probabilidades de éxito se multiplicarán si son 1000 en lugar de 500. Por supuesto, de forma ideal, tenemos que procurar que además su formación pueda garantizar que todas ellas encuentren trabajos en las que puedan usar el conocimiento adquirido; o sea, “trabajar de lo suyo”.

Esta visión de la universidad como experimento social (en que no todo el mundo que empieza una carrera contribuye innovando en su campo) puede ser considerada una utopía y no convencer a todo el mundo, pero la realidad es que hay grandes diferencias en los destinos de las personas que acaban la educación superior, siendo sólo una minoría, por ejemplo, las que acaban dedicando sus vidas a la investigación.

Sin embargo, no se puede pretender potenciar el talento, y recibir los frutos de sus aplicaciones, sin una formación de calidad asociada. No existe lo uno sin lo otro. Y lo más importante, en España la formación de esas 500 personas actualmente cuesta 3,2 M€ anuales, una cantidad de la que los estudiantes (y sobre todo sus familias) pagan 0,715 M€ y el resto el Estado. ¿Qué empresa invertiría 2,535 M€ anuales con la esperanza de que uno de esos 500 alumnos de la promoción le fuese a ser provechoso? ¿Cuántas estarían dispuestas a incrementar ese monto para además apoyar los másteres y doctorados de una porción de esos alumnos? Obviamente, ninguna. Entonces, es obvio que las empresas necesitan de esa inversión pública que forme trabajadores cualificados y con talento. Pero, ¿qué retorno recibe el Estado, y por ende la sociedad en su conjunto, desde las empresas? ¿Simplemente unas estadísticas de empleo?

Estamos muy acostumbrados a ver fichajes escandalosamente millonarios en el deporte, cuyo bien social puede ser discutible. Nadie pensaría que cuando salió Leo Messi de La Masía, la escuela de fútbol del F.C. Barcelona, lo podría contratar otro equipo sin pagar ninguna cláusula. ¿Por qué entonces ocurre eso con la educación pagada con dinero público? ¿No se tendría que establecer un canon de retorno y que las empresas que contratasen a personal formado con dinero público tuviesen que pagar un monto a modo de cláusula para contrarrestar esa inversión pública? Todos pagamos impuestos, incluidas las empresas, pero aquí estamos hablando de un impuesto a la educación que debería ser explícito, adicional y con el que se debería generar una caja exclusiva para la Universidad pública.

Algunos países optan por conceder créditos blandos a los estudiantes que no pueden costearse los estudios superiores, y luego estos estudiantes devuelven ese crédito mediante parte de su salario durante sus primeros años de vida laboral. Es el caso del sistema BAfÖG de Alemania, en el que la mayor parte de las veces los estudiantes ni siquiera tienen que devolver la totalidad del préstamo. A pesar de estas ventajas, este sistema no deja de exigir que parte del salario de los empleados se destine a pagar su formación, cuando los primeros beneficiados de tener un profesional bien formado o un investigador son la sociedad (que ya lo subvenciona a partir de los impuestos, la universidad pública y las quitas de la deuda) y las empresas que los emplean.

Parece mucho más justo entonces que obtener este canon no fuera, bajo ningún concepto, en contra del salario del empleado. Pero sin duda dicho canon al permitir recuperar parte de esa inversión podría contribuir a mejorar la calidad de la Universidad, incluyendo una reforma de los grados académicos y contratando más y mejores profesores, y la investigación a través de incentivos para mejorar la calidad y competitividad de los centros, la contratación de más investigadores a nivel internacional y presupuestos mayores para investigar tanto en la Universidad como en los OPIS (Organismos Públicos de Investigación). Estas medidas, entre otras, retroalimentarían positivamente a las empresas al poder optar a un personal más cualificado y poder disfrutar de un incremento en la cantidad y calidad del conocimiento generado. Estamos pues hablando de una situación win-win, en la que todos ganan.

El canon debería aplicarse no sólo a la formación de personas, sino a cualquier tipo de conocimiento generado con dinero público, dado que se ha demostrado que existe percolación público-privada a varios niveles, no sólo el del personal cualificado, como es por ejemplo el engrose del almacén de conocimiento, del que se benefician directa o indirectamente las empresas.

Nos gustaría recalcar que nos referimos aquí a aquella parte del conocimiento que pueda tener una aplicación directa para beneficio de las empresas. En ningún momento estamos sugiriendo que apoyamos que la educación y la investigación estén dirigidas únicamente al conocimiento de aplicación directa y que resulte únicamente en beneficios económicos a corto término. Creemos firmemente que todas las facetas del conocimiento deben mantenerse en las universidades, independientemente de su aplicabilidad directa a la empresa privada ya que el conocimiento tiene impacto en todas las facetas de nuestra sociedad. Y bajo ningún concepto entendemos que sean las empresas privadas las que dicten los grados, másteres y programas de doctorado, así como las asignaturas impartidas, tal y como se sugirió en un borrador del Plan Estatal de investigación 2013-2016.

Es obvio que invertir en conocimiento y educación beneficia a todos, y existen datos que así lo corroboran a nivel económico. Un canon a las empresas haría que el coste no recaiga sólo en los impuestos (la mayoría de los cuales los pagan los ciudadanos) y además incrementaría la inversión en educación e I+D, mejorando así el sistema en su conjunto.

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