El inicio de una revolución te puede encontrar en el lugar más inesperado. Como la planta de electrónica de unos grandes almacenes. Es martes 10 de marzo de 2020, y ante un expositor de auriculares con micrófono –de esos con los que los gamers presumen en Twitch de sus logros en el juego de moda–, me pregunto cómo haremos el diario de mañana, cómo generaremos contenidos a distancia en medio del mayor acontecimiento informativo de nuestra vida: la pandemia de la COVID. Control de volumen integrado, 19 euros; cancelación de ruido, 27; sonido envolvente, 53; ¿Con cable o inalámbricos? ¿Serán los inalámbricos una buena opción? Parece una elección menor, pero no lo es. Esos auriculares serán el nexo con el espacio que durante más tiempo he habitado en los últimos años y que, sospecho, ya nunca volverá a ser el mismo: la redacción.

Ya lo explica la profesora de escritura creativa, Cristina Rivera Garza: en la escritura no hay soledad, señala, pues quien escribe está en contacto con los practicantes de su propia lengua, está encarnado en una comunidad, está alimentado por sus experiencias. Por tanto, adquiere una deuda con todos ellos. Quienes nos dedicamos al periodismo somos, en ese sentido, deudores de nuestras redacciones que, más allá de un espacio, constituyen un marco de sentido que atraviesa nuestros textos. En el periodismo el lugar sí importa. El país, la ciudad, la mirada desde la cual escribimos nos marcan. Pero también ese espacio más íntimo, la redacción, que es más que un lugar. Es más que un espacio físico.

La primera redacción de elDiario.es que pisé, allá por marzo de 2013, era un pequeño piso en una octava planta de la Gran Vía, el centro del centro de Madrid. Doce mesas, una sala de reuniones (que también usábamos como comedor) y un baño minúsculo (que hacía las veces de locutorio para evitar escuchas indiscretas ante llamadas importantes). Escuchar en aquella redacción era fácil. Casi inevitable. Éramos pocos y compartíamos intensamente un mismo espacio. En septiembre nos mudamos al otro lado de la calle, a una oficina que pensábamos que jamás llenaríamos. No fue así. Dos años después, siendo ya 50, abandonábamos aquellas cuatro paredes entre las que nació nuestra primera gran exclusiva: el escándalo de los gastos secretos de los directivos de Caja Madrid cuando ya estaba en situación crítica.

Fieles a la Gran Vía, ahora trabajamos en el Palacio de la Prensa, que no es un palacio, pero sí sabe mucho de periodismo: fue sede de la Asociación de la Prensa y ha albergado en sus casi 100 años de historia las redacciones de la 'Hoja del Lunes' o de la mítica revista satírica 'La Codorniz'. Algunas, en plantas nobles; otras, como la nuestra, en el entresuelo. Allí, con un centenar de compañeros ya, se ha acabado de construir lo que elDiario.es es hoy. Ese es el lugar al que han acudido las televisiones para conectar en directo cada vez que hemos destapado un caso de corrupción. Y es el escenario de una imagen icónica: la de toda la redacción frente a un televisor para escuchar la respuesta de la entonces presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, a nuestra exclusiva sobre las irregularidades de un título universitario que acabó costándole el puesto. El mismo caso que hizo caer a una ministra y puso en aprietos al líder de la oposición. Hubo otras exclusivas antes y otras muchas después, pero el máster de Cifuentes sigue siendo un emblema de elDiario.es.

El vínculo no es ya tan estrecho como cuando compartíamos doce mesas –siendo sinceros, no hubiéramos sobrevivido a aquella intensidad–, pero la comunión se mantiene. Además de compartir misión, en esa redacción se han forjado amistades, parejas, tradiciones que han marcado nuestro carácter e incluso se ha celebrado alguna fiesta clandestina más o menos tolerada.

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Asunto: IMPORTANTE. Vamos a teletrabajar. 

Pero el 10 de marzo de 2020 todo eso acabó. A las 17:06 llegaba un correo de nuestro director para explicar una medida que se había acelerado ante el ritmo exponencial con el que crecían los contagios del COVID-19, un anticipo de la explosión que estaba por llegar. “Hemos tomado esta decisión por varios motivos. El fundamental, la prevención ante la expansión del virus (...) No me preocupa el teletrabajo. Ya somos una redacción acostumbrada a organizarnos en red. Sí me inquietan las consecuencias del coronavirus para elDiario.es”. Sus preocupaciones, explicaba, eran dos: estar a la altura ante un reto informativo sin precedentes y las consecuencias económicas para un medio cuya supervivencia sigue siendo un pequeño milagro diario.

Aquella noche, Toño Fraguas, el redactor jefe de cierre, y yo nos despedimos a pie de calle con nuestros ordenadores del trabajo bajo el brazo. 

—¿Cuánto durará esto? ¿Será un caos? ¿Sabremos organizarnos? 

—Claro que sí, ya verás —dijo, siempre más optimista que yo. 

“¿Todo bien?”, pregunté a primera hora del día siguiente en el grupo de Telegram que compartimos los portadistas. “Yeah! Todos bien”. Comenzaba la era del teletrabajo. La logística la habíamos pensado el día antes: portadistas, editores de redes sociales, redactores del minuto a minuto y un equipo de refuerzo para la última hora estaríamos permanentemente conectados en una conversación de Meet que estrenamos aquella mañana. Una redacción virtual conectada por unos auriculares y un micrófono. Los jefes nos reuniríamos tres veces al día –mañana, sobremesa y tarde– en otra videoconferencia. Cada grupo de Telegram de la redacción –secciones, jefes, dirección– incorporaba su sala de reuniones virtual. Muchas más de las que teníamos en el espacio físico.

La primera noticia de última hora de la nueva redacción a distancia llegó a las 9:38 de la mañana. Para un equipo acostumbrado a ver cómo se escriben las últimas horas en la mesa de al lado –secciones como política, sociedad o economía se sientan junto al equipo de portada–, la incertidumbre de saber cuánto tardará en llegar un texto era una nueva sensación. También lo era el riesgo de que el proceso se frenara. Una última hora implica poner en marcha los múltiples movimientos de una coreografía mil veces repetida –mensajes en Twitter, Facebook y el canal de Telegram, alerta de móvil, tira de urgente, cambio de portada– que esta vez había que ejecutar en un nuevo escenario.

La revolución no se limitaba al espacio, también incluía a la cobertura. En un medio que siempre ha tenido en la política, los tribunales y la investigación su eje, una crisis sanitaria supone un cambio de agenda y ritmo radical. En aquellas primeras semanas de pandemia el periódico se volcó en una cobertura única, liderada por la sección de sociedad, a la que se sumaron desde el primer minuto quienes cubren tribunales, política, economía o cultura haciendo de la redacción un solo equipo. La vida se había puesto por delante y las batallas políticas o las guerras de declaraciones no importaban. Tampoco las horas de trabajo. Había que contar una pandemia.

¿Y cómo se cuenta una pandemia? Es una pregunta que fuimos respondiendo –con aciertos e inevitables errores– sobre la marcha. El correo en el que se anunciaba el teletrabajo incluía las coordenadas. “Ninguno de nosotros, ni siquiera los más veteranos, hemos vivido una noticia que haya tenido un impacto tan profundo y tan directo en la vida de nuestros lectores. Debemos ser responsables: informar con prudencia y sin caer en el sensacionalismo. No promover el pánico. Combatir la desinformación. Ser rigurosos. Y no caer en las explicaciones simples que reducen esta grave epidemia a 'otra gripe más', porque tampoco lo es”, explicaba nuestro director.

En un entorno informativo regido por la espectacularización permanente para captar una atención cada vez más habituada a estímulos fugaces –el régimen live del que habla Sayak Valencia–, donde el ruido, los mensajes descontextualizados y las fake news se extienden con la misma facilidad que el virus, uno de los mayores esfuerzos de hacer un diario en pandemia era precisamente evitar alimentar esa espiral tóxica. Frente a las urgencias y la tendencia a la sobreproducción que impone la dictadura del algoritmo –un ciclo inagotable de titulares llamativos en busca de éxito en Google, Facebook o Twitter–, han sido más necesarios que nunca los datos –y para eso tenemos un equipo brillante–, el contexto y los expertos. Alejarse del ruido, contar lo relevante y, ante la duda, no publicar. Si equivocarse siempre es peligroso, hacerlo en medio de una crisis de salud pública era mucho más grave.

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ASUNTO: Reunión este lunes a las 16:00. 

Un nuevo mail del director llegó el 23 de marzo a todo el equipo. “Me gustaría hablar con vosotros para avanzaros alguna de las medidas que estamos preparando ante el impacto económico en nuestras cuentas de la crisis del coronavirus”. En aquella reunión virtual, la primera de muchas, Ignacio Escolar explicó a la redacción que las perspectivas publicitarias no eran buenas, que había que recortar gastos y que iba a reducir los salarios más altos de la redacción para intentar garantizar el empleo de toda la plantilla y la sostenibilidad del proyecto. Además, por primera vez desde su nacimiento, elDiario.es iba a subir la cuota mensual a sus socios. Solo a aquellos que pudieran permitírselo, siguiendo el principio de que nadie que no pueda pagar se quedará sin leernos.

Un artículo en nuestra home y un correo a los lectores anunciaban al día siguiente esas medidas. 'Un plan de emergencia para garantizar la supervivencia de elDiario.es', se titulaba. La respuesta no pudo ser más emocionante. 

—¿Cuántos vamos? Ya serán 38.000

—Más

—¿En serio?

—Sí

—¿38.500?

—Casi 40.000

—Qué pasada

Miles de personas dieron el paso y se sumaron a nuestra comunidad. Así comenzaron, durante semanas, las jornadas en el Meet de portada: Angy preguntaba, yo iniciaba una subasta con la respuesta, Moha bromeaba y, conocida la cifra, llegaba la celebración. La escena se repetía en esa videoconferencia permanente en diferentes horarios con Toño, Marta, Jaime, Luz, Álvaro, Matías, Clara, David, Aurora, Diego, Cristina o Jose. Durante el confinamiento, elDiario.es saltó de 36.000 a 56.000 socios. La respuesta de la audiencia fue también espectacular. Batimos nuestro récord de lectores en marzo, abril y mayo de 2020, con crecimientos anuales de más del 75%.

El caso de elDiario.es no es el único. El boom de las suscripciones y membresías a medios digitales ha sido una de las pocas buenas noticias que nos ha dejado la pandemia. En un grupo de Telegram en el que participan periodistas de varios medios leí un informe de Damian Radcliffe, periodista y profesor de la Universidad de Oregon. En su 'Guía para navegar los efectos de la COVID-19' explica cómo el estallido de la pandemia se reflejó en fuertes crecimientos en las suscripciones a medios como el New York Times, The Atlantic, The Guardian o el servicio de pago de la CNBC, además de a diarios locales. En esa línea de redescubrimiento del valor del periodismo como servicio público, Radcliffe destaca que han sido precisamente las grandes cabeceras y los medios locales los que mayores incrementos de tráfico han registrado. Mientras, portales partidistas y de dudosa fiabilidad como Breitbart News o Infowars experimentaban mínimas subidas e incluso descensos. En un contexto de caída en picado de los ingresos publicitarios –algo que la pandemia ha venido a agravar–, numerosos medios están viendo en las suscripciones y membresías una vía fundamental para su subsistencia. En España, todas las grandes cabeceras acabaron 2020 con sistemas de pago en marcha, algo impensable hace un par de años.

Que los medios busquen satisfacer las necesidades de información de sus audiencias para retenerlas y atraerlas a un esquema de pago constituye un mejor incentivo que la producción a destajo de titulares impactantes para seducir a un algoritmo y así incrementar artificialmente los impactos publicitarios. ¿Pasaremos, entonces, de una dictadura del algoritmo a otra de las audiencias? Parece que no. Silvio Waisbord, el autor de 'Comunicación, ¿una posdisciplina?', tiene mucha investigación hecha en medios estadounidenses y considera que el riesgo de que esa comunidad de lectores condicione la cobertura de un medio siempre será menor que la capacidad de presión –y voluntad censora– de un gran anunciante, un gobierno o un financiador sobre el que pivote la viabilidad de un medio. En elDiario.es hablamos de una especie de círculo virtuoso: siempre que nuestro periodismo ha brillado, nuestra comunidad de socios ha crecido. Y para cerrar el círculo, esos nuevos ingresos se han invertido en incorporar periodistas.

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En la nueva redacción virtual las buenas noticias no tapaban, sin embargo, una situación difícil. No ya en lo económico, donde los peores augurios pudieron disiparse, sino en lo personal. El virus también se dejó notar en elDiario.es. Dos días después de empezar el teletrabajo, un compañero contaba a través del grupo de Telegram que sospechaba estar contagiado. “Que los contactos se vigilen”, pidió. A las palabras de ánimo de un equipo volcado en Telegram como única vía de contacto colectivo en aquellos primeros días de encierro, se sumaron más casos. En unas horas eran tres. En unos días, una veintena. Mientras España estrenaba el segundo estado de alarma de su etapa democrática, las reuniones diarias de jefes comenzaban con un repaso del parte de bajas para distribuir las tareas de quienes no podían trabajar. A todos nos tocó hacer de todo. 

Aunque la inmensa mayoría fueron casos leves, también los hubo graves. A finales de marzo, nuestro director adjunto, Sindo Lafuente, sufrió una neumonía por coronavirus que lo tuvo varias semanas fuera de juego. Fue un golpe de realidad. Lo que pasaba fuera también sucedía entre nosotros. En un país con más 50.000 fallecidos oficiales, a finales de abril moría nuestro columnista José María Calleja. También nos dejaron familiares de compañeros. No hubo despedidas, no hubo abrazos en velatorios ni lágrimas compartidas. Solo mensajes a través de Telegram. Y en el equipo de portada, el micrófono y los auriculares.

Así, entre buenas y malas noticias, alegrías y tristezas, últimas horas y exclusivas transcurrieron los meses sin contacto físico en la redacción virtual. Contamos una primera ola, una desescalada y varias olas consecutivas igual de graves; vimos cómo se anulaban unas elecciones autonómicas y se volvían a convocar; contamos su resultado en una noche electoral sin pizzas compartidas; vivimos una jornada electoral de cuatro días en Estados Unidos; narramos la huida de un rey asediado por escándalos que nosotros mismos habíamos desvelado... Y, por aquello del más difícil todavía, cambiamos nuestro sistema tecnológico de publicación y hemos rediseñado el periódico. 

Ese rediseño sirvió como excusa para regresar a la redacción por unas horas tres meses después. En junio de 2020 convocamos a un grupo reducido de jefes de área a una formación sobre el nuevo sistema de publicación. Era el mismo sitio, pero no era igual. Testigos de una huida atropellada, sobre las mesas continuaban nuestros papeles, libros y las botellas de cristal reutilizables con las que habíamos sustituido meses antes el agua envasada en plástico. En la mesa de Natalia, las fotos de sus hijos. En la de Raúl, su foto con Natalia en un trabajo anterior. En la mía, la radio. “Da pena ver esto así”, comentaba con Luis, el jefe de producto, después de la formación. El apego por ese espacio o por lo que significa para nosotros sigue presente.

¿Volveríamos? ¿De qué forma? ¿Cambiarían nuestras dinámicas de trabajo? En elDiario.es nos enfrentamos colectivamente a esas preguntas en una encuesta para decidir sobre el futuro de la redacción. ¿Cómo nos gustaría trabajar a partir de ahora? El resultado fue abrumadoramente favorable a un modelo que conjugue el teletrabajo con la asistencia a la oficina. Y en ello estamos.

Los periodistas que habitamos en el Palacio de la Prensa no somos muy originales: las conclusiones son similares a las que hicieron 136 responsables de medios de comunicación consultados para un estudio del Reuters Institute sobre la transformación de las redacciones, realizado en 2020. Las redacciones híbridas se imponen tras constatar la eficacia del teletrabajo, pero también algunas de sus limitaciones.

Más de un año de trabajo en remoto nos confirmó, como habían demostrado hace ya tiempo revistas o medios independientes, que es posible sacar adelante cada día un diario generalista a distancia sin hacerlo necesariamente peor. Pero también comprobamos que el contacto humano es importante.

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Somos trabajadores esenciales, y seguramente en esta pandemia nos hemos hecho, de golpe, más viejos. Como el conjunto de la sociedad, el periodismo no ha sido ajeno al impacto de la pandemia en la salud mental. Mientras cubríamos las noticias nosotros también tratábamos de decodificar el acontecimiento. Como explicó en un seminario de la Universidad de Oxford la periodista Hannah Storm, la COVID-19 ha exacerbado la precarización del trabajo en los medios. 

La digitalización de las redacciones impone lo que la antropóloga Paula Sibilia llama “la lógica del horizonte ilimitado”. Sin cierres, con fuentes infinitas y sucesos constantes, la producción informativa se multiplica para intentar cubrir una realidad inabarcable generando estrés e impotencia. A todo ello se ha sumado ahora la desaparición de las fronteras entre nuestros hogares y la redacción en medio de un acontecimiento de enorme impacto. Poner límites a la actividad laboral, parcelar el tiempo y el espacio, pero también la conexión virtual con nuestros compañeros a través de Meet han sido los mejores antídotos durante estos meses.

¿Cómo serán las redacciones del futuro? ¿Cuál será el futuro de las redacciones? Confirmado que el trabajo a distancia es posible, nos toca pensar en una transformación del espacio físico que lo haga compatible con esa nueva realidad. Y esa transformación pasa por un cambio de paradigma, el que transita de la redacción como fábrica y único ámbito de trabajo posible a la redacción como lugar de reunión y espacio en el que compartir y debatir ideas para hacerlas mejores.

La experiencia de la pandemia nos obligó a la resiliencia, pero también aceleró cambios inevitables. En palabras de Srećko Horvat: es un apocalipsis, pero no en sentido de un final, sino de una revelación.

“Que salgan las empanadas, que me ayudaron a sobrevivir”, dice Karin Aveira (Santiago de Chile, 1977) mientras posa para la foto en su puesto del mercado de San Fernando de Madrid. “Las empanadas y mis amigos”, remata. Sabe lo que dice. Su historia mezcla empanadas, un terremoto, amigos y un “hada madrina”. “Es un puto ángel mi Tere”.

El primer contacto de Karin con España llegó hace diez años en un congreso en Argentina al que acudió como representante de una ONG de apoyo al colectivo LGTBI, donde conoció a miembros de otra organización española. “Les caí en gracia”, cuenta. De ese encuentro surgieron varias visitas a nuestro país y un trabajo en el festival de cine LGTBI de Madrid. “Estaba tres meses aquí y volvía a Chile. Así tres años. Pero no imaginaba quedarme”.

Y entonces, el terremoto. Tras la muerte de tíos y primos en el seísmo que arrasó Chile en 2010, desde la ONG española la animaron a vivir en Madrid. “Estaba mal allí y me decían ‘vente y ya nos arreglamos”. Se lanzó, pero las cosas se complicaron. “Me encontré sin papeles, sin casa, sin trabajo… me daba miedo que me pararan en la calle y acabar en un CIE”. Y el miedo estalló en forma de parálisis facial varios meses.

Sin trabajo y sin dinero, Karin pensó en las empanadas para subsistir. Había trabajado de azafata o en espectáculos, pero no de cocinera. “Tuve que preguntar la receta a mi mamá. Hice cuarenta y las repartí por la calle para que me llamaran para comprarlas”. Nadie llamó. “Ni para decirme fea”, bromea. “Cuando me quedaba una, veo una tienda biológica y le cuento a la señora que estoy en paro y le dejo una empanada”. Al día siguiente le pidió seis. A los días, doce. Después, dieciocho. “Tere se portó increíble”. No solo por las empanadas. “Si sabía de alguien que necesitaba cualquier cosa, me avisaba”. Sacó cubos de basura, cuidó niños, bajó muebles, ayudó a ancianos con la compra... Así pasaron cinco años. Hasta que consiguió los papeles.

Con los papeles llegó el empleo legal. Y tras año y medio en la cocina de un restaurante, la aventura. “Me quedé en paro y mis amigos me decían que montara algo mío. ¿Cómo? Si no tenía dinero…”. El dinero lo pusieron ellos. “Uno puso 100, otro 200, otro mil…”. Y así nació La Guatona, su puesto de comida chilena con plato estrella: las empanadas. “Gorda se dice guatona en Chile. Y el logo soy yo”, comenta entre risas. Un mes después de abrir el local, Karin está feliz. “Mi suerte ha sido tener aquí amigos que me han apoyado. Imagínate la gente que viene sola, que no habla el idioma. He pasado mucho, pero hay quien lo pasa peor”.

Como los amigos que se reencuentran tras un tiempo sin reunirse, el 15M ha regresado a la Puerta del Sol cinco años después con una mezcla de alegría por el reencuentro, orgullo de pertenencia y cierta nostalgia. “Es una nostalgia distinta, no por algo que ya no está, sino más bien por algo que se ha transformado en otras luchas necesarias que están cambiando las cosas”, cuenta Isabel, cerca de la cabecera de la marcha que ha vuelto al escenario en el que prendió la mecha del descontento.

Como Isabel, y como hace cinco años, miles de personas han recorrido Madrid entre batucadas, pancartas y cánticos para recordar que los problemas que encendieron la protesta no se han resuelto, pero con la satisfacción de que su mensaje ha calado. “La sociedad está más organizada y vigilante. Y la política se ha transformado fuera y dentro de las instituciones”, explica mientras sujeta a un bebé que vive su primer 15M.

La llegada de nuevos partidos y nuevas caras a las instituciones ha protagonizado los corrillos en Sol y también la marcha que ha arrancado junto a la sede de un Ayuntamiento que hoy dirige Ahora Madrid. Entre los asistentes, algunos de sus concejales, como Pablo Soto, que participó desde el principio en las protestas.

“En muchas de las agrupaciones municipales, como en Ahora Madrid, hay activistas que estaban en la calle”, comenta Jaime en Sol. “Otra cosa es la llegada al Congreso o los parlamentos autonómicos, donde es más complicado que se noten los cambios. También es verdad que los nuevos solo llevan unos meses”, añade.

A su lado, Rubén, que participó activamente en el 15M y los movimientos por la educación pública, destaca las novedades: “Por ejemplo, en la Comunitat Valenciana, donde hay un nuevo equilibrio de fuerzas en las Cortes, se está haciendo una lectura crítica de los colegios concertados y una apuesta más clara por la educación pública, que era algo que defendíamos en las plazas”.

Nuevos desafíos y nuevas luchas

Junto a Isabel, Mariana apunta a un temor extendido entre los movimientos sociales. “Esperamos que la lucha institucional no se coma lo otro, la lucha colectiva en la calle, que es muy importante”. Jaime no lo duda: “Tras el proceso electoral, habrá que volver a activar las calles, desde Bruselas nos están imponiendo ya más recortes y habrá que volver a articular los movimientos sociales que actuaron entonces”.

Los hijos del 15M ya caminan solos y sus miembros se han reencontrado en la plaza cinco años después con camisetas de la PAH, la marea verde por la educación pública, banderas arcoiris o petos de los yayoflautas. Junto a ellos, protagonistas de nuevas luchas: refugiados, colectivos como 'No somos delito' contrarios a la ley mordaza o críticos con el TTIP. “No, si motivos para protestar no nos van a faltar”, concluye Ana, pancarta en mano, poco antes de que comience la asamblea que ha reunido a todos ellos. Cinco años después, la plaza ha vuelto a llenarse.

Cientos de españoles han descubierto en los últimos días que no podrán participar en las elecciones que se celebran este domingo. Incluso es probable que muchos de ellos lo estén descubriendo al acercarse a votar durante la jornada electoral. Se trata de los emigrantes que han regresado a nuestro país tras inscribirse como votantes en el extranjero para las elecciones europeas o municipales y que no se registraron a su vuelta en el censo antes del 30 de julio. Son los otros afectados por las complicaciones del voto rogado, el mecanismo puesto en marcha en 2011 para que los españoles residentes en el extranjero voten desde el exterior y que ha suspuesto todo un quebradero de cabeza para quienes tuvieron que emigrar.

Es el caso de Rocío, una madrileña de 26 años que vivió en Múnich entre febrero de 2014 y julio de 2015. Se inscribió como residente en el extranjero en el consulado para poder votar por el sistema de voto rogado en las municipales y autonómicas de mayo. “De los 23 españoles de mi entorno allí, fui la única que lo hice. A pesar de todas las trabas, cumplí todo el proceso burocrático para poder votar y demostrar que por muchas dificultades que nos pusieran, yo ejercería mi derecho”.

Al regresar, acudió a la oficina del censo del Ayuntamiento de Fuenlabrada el 31 de julio con la mente puesta en las elecciones que tendrían lugar a final de año. “Nadie me dijo nada al inscribirme en la oficina sobre las elecciones”, recuerda. En septiembre, volvió a cambiar su residencia, esta vez a Madrid y se registró en el censo de la capital. De nuevo, nadie le explicó si la decisión tendría alguna consecuencia para su voto.

Hace dos semanas, al comprobar que no le había llegado a casa la tarjeta censal, se puso en contacto con los ayuntamientos de Madrid y Fuenlabrada donde nadie le supo aclarar dónde tenía que votar y si tendría algún problema para ejercer el derecho al voto. Finalmente, llamó a la Oficina del Censo Electoral del Instituto Nacional de Estadística, donde, tras varios días sin respuesta, le explicaron que el plazo para inscribirse en el censo en España había finalizado el 30 de julio, un día antes de su regreso, y que, a efectos legales, seguía residiendo en Múnich. “Me lo dijeron unos días después de que se hubiera acabado el plazo para solicitar el voto en Alemania como residente en el extranjero. Si lo llego a saber con tiempo, hubiera removido cielo y tierra para poder votar allí”, explica Rocío.

“Lo que más me fastidia es que precisamente por cumplir la obligación de registrarme para poder votar desde Alemania en mayo, no he podido votar hoy aquí. Mucha gente que no lo hizo entonces por desinterés y que ha vuelto, podrá votar ahora”, cuenta.

En la última semana, Rocío se ha puesto en contacto con varios partidos para explicar su caso sin recibir respuesta. Solo Podemos le ha contestado para decirle que han tenido noticia de cientos de casos como el suyo que no tienen solución. La única posibilidad, le explicaron, pasaba por inscribirse en la iniciativa de la Marea Granate para lograr que un abstencionista le cediera el voto. Rocío ya se había inscrito, pero ante la avalancha de solicitudes no ha conseguido que nadie le cediera el voto. Es su caso y el de miles de personas a las que no les contaron que el largo proceso burocrático que siguieron para solicitar el voto rogado tendría consecuencias inesperadas meses después.

“TVE y sus servicios informativos han caído nuevamente en el descrédito. Mientras no cambie a su comisario político, la manipulación, sus errores técnicos y su sectarismo continuarán prevaleciendo”. “¿Qué sentido tiene una televisión pública que no sabemos a dónde se dirige, que no sabemos qué oferta tiene que ofrecer?”. Estas dos frases fueron pronunciadas el 29 de junio de 2011 por la diputada del PP Susana Camarero y su compañero de partido, el senador Francisco Cuevas. El escenario, la última sesión de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE de la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero

Camarero y Cuevas expresaban su malestar con el equipo directivo de Radio Televisión Española encabezado por Alberto Oliart, que había accedido al cargo tras un pacto entre PSOE y PP al que se sumaron CiU y Coalición Canaria. A pesar de esas críticas, La 1 de TVE cerraba 2011 como líder de audiencia con un 14,7% de cuota de pantalla. Los informativos de la televisión pública eran los más vistos y su director, Fran Llorente, era premiado por la Asociación de la Prensa de Madrid por su labor al frente de los telediarios. Radio Nacional lograba en el Estudio General de Medios sus mayores niveles de audiencia de la última década y las cuentas del grupo cerraban el año con pérdidas de 29 millones de euros, pero con 60 millones pendientes de cobro.

Tres años después de las palabras de la diputada y el senador del PP, los números rojos se han extendido a todos los indicadores: La 1 de TVE terminó julio con un 8,9% de share, 6,6 puntos por debajo de Telecinco y 4,3 menos que Antena 3; los telediarios son superados en cuota de pantalla por las dos principales televisiones privadas; el Consejo de Informativos de TVE ha pedido el cese del director, Julio Somoano; y Radio Nacional ha perdido más de un tercio de sus oyentes. Las cifras económicas tampoco cuadran. El Gobierno se ha visto obligado a inyectar 130 millones a RTVE para salvarla de la asfixia tras encadenar dos años con 113 millones de pérdidas anuales.

Los datos hablan de un grave deterioro en RTVE, pero, ¿cómo se ha llegado hasta aquí en poco más de dos años de gestión del equipo elegido por el PP?

1. La presidencia de RTVE vuelve a depender del Gobierno

El nacimiento en 2007 de la Corporación RTVE tras la liquidación del antiguo Ente Público trajo como novedad la obligatoriedad de que su presidente fuera elegido con el apoyo mínimo de dos tercios del Congreso y no de una mayoría absoluta como hasta entonces. El objetivo, según el Gobierno de Zapatero, era romper el hilo directo entre la radio televisión pública y el Ejecutivo, obligando a los principales partidos a pactar el nombre de su responsable. Así fueron elegidos Luis Fernández y Alberto Oliart. En ambos casos, PP y PSOE sumaron a otras formaciones a su acuerdo.

Tras la dimisión de Oliart en julio de 2011, el Gobierno socialista y el PP fueron incapaces de pactar en pleno clima preelectoral un nuevo presidente. El encargo recaería en el nuevo Ejecutivo surgido de las generales de noviembre de 2011. Esta vez el pacto no sería necesario. Cuatro meses después de su llegada a Moncloa, el PP cambió la ley de RTVE para que la votación del máximo responsable de la Corporación pudiera salir adelante por mayoría absoluta.

El elegido fue Leopoldo González-Echenique, un abogado del Estado procedente de NH Hoteles que había ocupado cargos en la Administración durante los gobiernos de Aznar. La propuesta partió de Soraya Saénz de Santamaría. El PP recurrió a su mayoría absoluta para sacar adelante su nombramiento en el Congreso. El PSOE votó en blanco como forma de protesta por el cambio en la ley e IU votó a su propia candidata. Seis años después, el presidente de RTVE volvía a depender del Gobierno.

2. Los recortes llevan a la Corporación al borde de la quiebra

El 1 de enero de 2010 la publicidad desaparecía de TVE. Lo hacía tras un cambio en el sistema de financiación de la Corporación promovido por el Gobierno de Zapatero y que costó la salida del presidente de la radio televisión pública, Luis Fernández, preocupado por los efectos de la decisión. El mecanismo prevé que RTVE ingrese cada año 1.200 millones de euros para financiar su actividad: algo menos de 600 millones procedentes del Gobierno y otros 600 a través de impuestos por el uso del espacio radioeléctrico y otras tasas que pagan televisiones privadas y compañías de telecomunicaciones.

A su llegada a la Moncloa, el Gobierno de Rajoy decidió recortar en más de 200 millones la aportación del Estado a RTVE para 2012, un tercio del total. La Corporación se vio obligada a congelar los gastos de programación para cuadrar su presupuesto mientras crecía entre una plantilla ya diezmada el temor a un nuevo ERE. El año se cerró con pérdidas de 113 millones, cuatro veces más que los 29 millones del último año de la era Zapatero. En 2013, la aportación del Estado se recortó en otros 50 millones adicionales hasta quedar en algo menos de 300. La crisis también ha mermado los ingresos que llegan de las tasas. Con ello, y a pesar de que los trabajadores han visto ya recortados sus salarios, los número rojos fueron de de otros 113 millones. Mientras, los sindicatos denuncian el gasto excesivo en medios y personal subcontratado a productoras.

Con unas pérdidas acumuladas de 716 millones de euros (la mitad debido al desplome del valor de sus propiedades), la Corporación se encontraba al borde de la quiebra hasta que el Gobierno salió al rescate en junio con una inyección extraordinaria de 130 millones a cambio de nuevos recortes, como el más que posible cierre de Teledeporte. La cantidad, sin embargo, no es más que un parche y, según el diario El Mundo, González-Echenique estaría ya pidiendo más dinero a Montoro. Ahogado por los recortes y la deuda, el presidente de RTVE es más dependiente si cabe de un Gobierno que no solo le nombra, sino que tiene el poder de abrir o cerrar el grifo del dinero en función de sus intereses.

3. Una programación desestructurada que no engancha

La primera consecuencia de los recortes en la aportación del Gobierno a RTVE fue la paralización de la emisión de varias series. Como el gasto de la grabación de cada capítulo solo se computa una vez emitido, TVE dejó en 2012 en el congelador temporadas completas de varias ficciones como Isabel, Gran Reserva, Águila Roja o Los misterios de Laura. La decisión tuvo efecto en las audiencias, aunque su emisión se retomara posteriormente. No ocurrió así con La República. Su segunda temporada sigue guardada en un cajón tres años después, entre sospechas sobre el carácter político de la decisión. Tampoco regresó a TVE Amar en tiempos revueltos, que acabó resucitando en Antena 3. Las sobremesas, antiguo puntal de las audiencias de TVE, se han desplomado desde entonces.

Las estrecheces económicas no han sido las únicas causantes de una caída de audiencia que ha llevado a La 1 de TVE a pasar del 14,7% de cuota de pantalla de diciembre de 2011 al 8,9% del pasado mes de julio. Tampoco lo explica la fragmentación causada por la madurez de los nuevos canales de la TDT: Telecinco y Antena 3, que ya superan a La 1, han ganado audiencia y LaSexta y Cuatro están cada vez más cerca de la cadena pública. Lo cierto es que buena parte de las decisiones de la dirección de TVE nombrada por González-Echenique se han demostrado fallidas.

En la última temporada, La 1 ha sido la televisión con mayor índice de fracasos en sus estrenos. 8 de cada 10 programas estrenados desde septiembre han naufragado en los índices de audiencia. Es el caso de Uno de los nuestros, Generación Rock, Código Emprende o Entre todos, España Directo y Aquí la tierra, que han llevado a TVE a ser superada en las tardes por LaSexta. Con las tardes hundidas y las mañanas bajo mínimos, La 1 se mantiene gracias al éxito de las series estrenadas en la anterior etapa, la Liga de Campeones (cuyos derechos ya ha perdido) y Master Chef, el único éxito del actual equipo.

El análisis no sólo se limita a lo cuantitativo. Programas como El pueblo más divertido, una reedición del Gran Prix contratada a la productora de Ana Rosa Quintana y presentada por Mariló Montero y Millán Salcedo; o Sábado Sensacional, gala dirigida por José Luis Moreno en el más puro estilo de Noche de Fiesta, han cosechado críticas por suponer el regreso a un modelo de televisión de otra época.

Las cifras y las críticas han sido el detonante de la salida del director de TVE, Ignacio Corrales. Para sustituirlo, González-Echenique ha recurrido a José Ramón Díez, un veterano de la casa que ya ocupó el cargo en 1999 y 2000. En el anuncio de su nombramiento, la propia Corporación reconocía la gravedad de la situación al adjudicarle el mandato de “revitalizar” la cadena y hacerla “más competitiva”.

Adolescentes y vestuario, una de las polémicas informaciones emitidas en TVE

4. Los informativos se desploman entre denuncias de manipulación

En 2011, la Asociación de la Prensa de Madrid otorgó su premio Javier Bueno al entonces director de los Servicios Informativos de TVE Fran Llorente. En su fallo, el jurado destacaba que su labor había llevado a los telediarios a “un prestigio sin precedentes gracias a su neutralidad e independencia”. En 2009, la segunda edición del Telediario fue premiada como el mejor informativo del mundo en los 'TV News Awards'. No se puede decir lo mismo de los actuales noticieros dirigidos por Julio Somoano, fichado por González-Echenique de Telemadrid. El Consejo de Informativos, elegido por los trabajadores de la cadena, ha solicitado recientemente su dimisión por "malas prácticas profesionales" que han hecho que TVE “haya dejado de ser un referente de la información televisiva en España”.

Entre otras cuestiones, los trabajadores de la televisión pública denuncian intromisiones de cargos directivos en informaciones sobre casos de corrupción, la ocultación de las declaraciones machistas de Cañete en la campaña para las europeas o la prácticamente nula presencia de representantes de Podemos en los espacios posteriores a los comicios. Acusaciones que se suman a otras formuladas anteriormente contra Somoano, que eliminó de la dirección todo vestigio del equipo de Llorente. La respuesta del director de informativos, que cargó contra los integrantes del Consejo, provocó una rebelión en Torrespaña con réplicas en las redes sociales. La última denuncia del Consejo de Informativos se centra en la contratación de editores y redactores externos. El organismo teme que se esté creando una “redacción paralela” en tiempo preelectoral.

Las cifras de audiencia avalan la preocupación de los trabajadores sobre la pérdida de influencia de los telediarios. En febrero de 2013 los informativos de La 1 pusieron fin a un liderazgo ininterrumpido de 65 meses. Si la audiencia media de las dos principales ediciones del Telediario era de un 18,7% en diciembre de 2011, el pasado julio promediaron un 12,2% de share, por detrás de Telecinco y Antena 3. En las pasadas europeas, la cobertura de la noche electoral de LaSexta superó a la de La 1. Mientras, uno de los referentes de la información en TVE, Informe Semanal, languidece en horarios intempestivos bajo la dirección de Jenaro Castro, hombre fuerte de la etapa de Alfredo Urdaci.

Conscientes de este deterioro, los responsables de TVE han aplicado todo tipo de estrategias para sumar audiencia en los datos oficiales: separar los primeros minutos del Telediario (con menos público) del conjunto del informativo para que no computen, incluir un bloque de información meteorológica dentro del Telediario o emitirlo al mismo tiempo en La 1 y el 24 horas para poder sumar los datos. Tampoco ha funcionado la presencia de Ana Blanco en el Telediario 2 tras una primera temporada de Somoano marcada por su apuesta por los presentadores jóvenes y de bajo perfil. Nada ha evitado el descalabro.

La polémica contestación de Toñi Moreno a una mujer maltratada en Entre todos

5. Las polémicas desprestigian a RTVE

Casi al mismo ritmo con el que ha caído su audiencia, se ha producido un grave deterioro en la imagen pública de RTVE. Sus contenidos y coberturas informativas han situado a la radio televisión pública en el centro de la polémica mediática de nuestro país. Los consejos a adolescentes sobre vestuario, la apuesta por el rezo para aliviar el sufrimiento de los parados, la descripción de la 'indumentaria antisistema' o los retratos edulcorados de miembros del partido del Gobierno han hecho de la Corporación diana de las críticas.

Dos programas diarios se han convertido en foco permanente de controversia: La mañana y Entre todos. El primero, conducido por Mariló Montero y heredado de la anterior etapa, ha dejado episodios como una defensa abierta del Toro de la Vega, una desafortunada reflexión sobre trasplantes y un inexplicable duelo entre presentadoras de la casa. En el caso de Entre todos, un formato 'solidario' procedente de Canal Sur, la Fiscalía llegó a denunciar a RTVEla Fiscalía llegó a denunciar a RTVE y la productora del programa por usar a un menor discapacitado con fines mendicantes. Anteriormente, el trato recibido por una víctima de la violencia machista había desencadenado una ola de peticiones para la retirada del espacio. Finalmente, la nueva dirección de TVE ha optado por su cancelación, aunque su hueco será ocupado por un programa presentado también por Toñi Moreno y con unos contenidos similares.

Sólo este verano, RTVE ha sido centro de varias polémicas: la emisión del Sábado sensacional y El pueblo más divertido, el silencio oficial tras el ataque de la Embajada de Israel en España contra el trabajo de la enviada especial a Gaza Yolanda Álvarez, las denuncias de homofobia en las bases de un nuevo concurso o el regreso a la dirección de deportes de los telediarios de Julián Reyes, que había sido apartado del cargo en 2009 por censurar los pitidos al himno nacional durante la final de la Copa del Rey.

6. Los bandazos hunden a Radio Nacional

Radio Nacional de España no ha sido ajena al declive sufrido por RTVE. El cambio en RNE se visualizó en septiembre de 2012. Tres meses antes, los conductores y programas del anterior equipo habían llevado la audiencia de la primera cadena de la radio pública a su mejor dato de la última década: 1.943.000 oyentes. La llegada a la dirección de RNE de Manuel Ventero, director de informativos de Radio Nacional en la última legislatura de Aznar, supuso la destitución de Juan Ramón Lucas o Toni Garrido y la incorporación de comunicadores como Manolo HH o Yolanda Flores, ajenos al estilo que se había impuesto en antena en las anteriores temporadas. Al mismo tiempo, en Radio 3, el nuevo equipo directivo acababa con 'Carne cruda', uno de los programas revelación de la cadena, en una decisión que, acabaron reconociendo, tenía motivos políticos.

El cambio en la programación de Radio Nacional se saldó en solo nueve meses con la pérdida de más de 700.000 oyentes y de la tercera plaza de las radios generalistas. González-Echenique se vio obligado a cesar en junio de 2013 al director de la radio pública. Su sustituto, Alfonso Nasarre, un histórico de la Cadena COPE con cargo en la Secretaría de Estado de Comunicación durante los gobiernos de Aznar, volvió a revolucionar la parrilla intentando recuperar el sonido que había caracterizado a RNE de la anterior etapa. Las incorporaciones de Alfredo Menéndez y José Antonio Ciudadano García han conseguido ralentizar la sangría de oyentes sin cortarla de todo: Radio Nacional ha cerrado la temporada con poco más de 1.200.000 oyentes. Radio 3, Radio 5 (sometida a una fallida reformulación) y Radio Clásica tampoco han sido ajenas a la pérdida de audiencia del conjunto del grupo.

Varias de las 15 empresas que figuran como donantes en la supuesta contabilidad B del Partido Popular elaborada por Luis Bárcenas recibieron más de la mitad de sus contratos públicos en el periodo 2002-2009 de administraciones gobernadas por el PP. En algunos casos la cifra llegó a alcanzar el 80% de las adjudicaciones procedentes de la Administración central, gobiernos autonómicos y ayuntamientos.

Así se desprende de un informe elaborado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía en el que se cruzan las adjudicaciones realizadas por el conjunto de las administraciones públicas y las gobernadas por el PP a estas 15 compañías, esencialmente constructoras, con las anotaciones manuscritas del extesorero del Partido Popular. El documento, de 496 páginas y al que ha tenido acceso eldiario.es, fue remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz el viernes.

La Udef, que confirma que todas las empresas que presuntamente entregaron fondos al PP recibieron adjudicaciones de administraciones públicas gobernadas por ese partido –algo prohibido por la ley–, divide las 15 constructoras en cuatro grupos en función del porcentaje de los contratos públicos adjudicados por el PP en los años transcurridos entre 2002 y 2009.

Según el informe, dos sociedades, Aldesa y Licuas, recibieron el 80% de sus contratos públicos de gobiernos (ayuntamientos, ejecutivos autonómicos o administración central) del PP. En el caso de Assignia (Constructora Hispánica) y Asedes, las adjudicaciones de gobiernos populares superan el 50%. La cifra es de más del 30% en los casos de Bruesa, FCC, OHL y Sacyr y de menos de ese porcentaje para Azvi, Cyopsa, Degremont, Romero Polo, Rubau, Sando y Sorigué.

Cabe señalar que durante la mayor parte del periodo analizado por la UDEF la Administración central estaba en manos del PSOE y que el Partido Popular sólo mantuvo el poder en la totalidad de los ocho años analizados en la Comunidad de Madrid, la Comunitat Valenciana, Castilla y León, Murcia y La Rioja.

Dependencia del PP

Aunque la UDEF indica que “la cuantía e importe” de las adjudicaciones públicas recibidas por los presuntos donantes del Partido Popular “sigue con carácter general la tendencia de la evolución de la licitación pública en este periodo” (evolución creciente hasta la llegada de la crisis en los dos últimos años de la serie), los datos recogidos por la UDEF revelan una importante dependencia de algunas constructoras de las administraciones del PP. Una relación que lleva a que su compartamiento durante el tiempo analizado sea muy distinto al de otras empresas de su sector.

El caso más llamativo es el de Aldesa. Según recoge el informe, esta constructora pasó de recibir adjudicaciones públicas por valor de 703 y 491 millones de euros en los años 2002 y 2003 a 75 millones de euros coincidiendo con la salida del PP de Moncloa en el año 2004. Desde ese momento, el volumen facturado a la administración por esta sociedad no vuelve a superar los 201 millones de euros en todo el periodo analizado. Se da la circunstancia de que en 2002, el año de mayor número de adjudicaciones públicas a esta compañía, todas proceden de gobiernos del PP.

El origen de las adjudicaciones a esta empresa varía también de forma notable tras la derrota electoral de Rajoy en marzo de 2004. Si con Aznar en el Gobierno la mayor parte de las adjudicaciones públicas procedían de la Administración central, a partir de ese momento sus principales clientes pasan a ser gobiernos autonómicos y ayuntamientos, habitualmente en manos del PP.

Según señala el informe, las anotaciones manuscritas de Luis Bárcenas incluyen entregas de fondos con los conceptos Aldesa y J.M. Rubio (que la UDEF identifica como Juan Manuel Fernández Rubio, exvicepresidente de la compañía) en los años 2002, 2003 y 2004.

Información insuficiente para vincular donaciones y adjudicaciones

En el resumen que encabeza el informe, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal señala las dificultades para establecer vínculos entre las supuestas donaciones al PP anotadas por Bárcenas con las adjudicaciones de administraciones gobernadas por el Partido Popular a las empresas donantes.

“Para establecer una correlación entre dichas donaciones de dinero y los procesos de adjudicación pública en los que las empresas, con las que se encuentran relacionadas las personas que figuran como aportantes de fondos, tienen intereses, sería preciso disponer de información adicional que permita realizar unas inferencias lógicas a partir de un conjunto de elementos cuantitativos, temporales y subjetivos de los que en estos momentos no se dispone”, indica la Udef.

Las marchas protagonizan una manifestación colorida y multitudinaria por numerosas calles de Madrid

VÍDEO: Violencia en Madrid tras las Marchas de la Dignidad

VÍDEO: Gabriel PecotGabriel Pecot

Las Marchas de la Dignidad llegadas de toda España se han unido en Madrid en una marea multicolor que ha tomado los dos kilómetros y medio que separan la estación de Atocha y la plaza de Colón de la capital. Tras una pancarta con la palabra 'dignidad' en todas las lenguas del Estado, los numerosos colectivos que han marchado durante semanas hasta la capital han expresado su hartazgo con la situación social, económica y política que vive el país.

La cabecera de la marcha, a la que se han unido nuevos grupos a lo largo de todo el recorrido, ha partido poco después de las cinco de la tarde desde el Paseo del Prado. A esa hora, la plaza de Atocha acogía ya a las ocho columnas procedentes de todo el país. La llegada de cada columna era saludada con aplausos y ovaciones. Otros grupos, acompañados por miles de madrileños, aguardaban en Cibeles, el Paseo de Recoletos e incluso la plaza de Colón.

Los manifestantes han reclamado una solución para los seis millones de parados, el fin de los recortes y han responsabilizado a políticos y banqueros de la grave situación que atraviesa el país. Las reivindicaciones por el derecho a una vivienda digna o a una enseñanza y sanidad públicas y de calidad también han protagonizado la marcha. “La dignidad es tener derecho a trabajo, techo y pan”, explicaba a eldiario.es Manuel, que partió el día 8 desde Santander. “Merecemos una enseñanza pública no selectiva, sanidad para todos y que los banqueros trabajen y dejen de robar”, añadía José, llegado desde Gijón.

Cada marcha ha portado banderas y colores de su región y los diferentes colectivos que se han sumado a la protesta han mostrado sus distintivos y coreado sus reivindicaciones. Así, los trabajadores de Coca-cola y Panrico han marchado en defensa de sus puestos de trabajo y miembros de los diferentes sindicatos que han participado en las marchas, como el Sindicato Andaluz de Trabajadores o la CGT, han llamado a una huelga general.

En la manifestación tampoco han faltado las críticas a algunas de las leyes que prepara el Gobierno, como la reforma del aborto. “La dignidad implica tener igualdad y que nadie pueda decidir por nosotras”, afirmaba Beatriz, llegada desde Segovia. La muerte de 15 inmigrantes en Ceuta, así como la situación de quienes atraviesan la frontera de Melilla, ha estado presente con cánticos como “ningún ser humano es ilegal” o “no fueron muertes, fue un asesinato”. También se han visto pancartas reclamando el cierre de los CIEs.

Al margen de las reivindicaciones, la protesta ha servido también para reconocer la labor de numerosos colectivos. El “sí se puede” de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha sido uno de los lemas más coreados durante la tarde y las camisetas de 'Stop desahucios', unas de las más vistas. También se ha apoyado con aplausos y cánticos la labor de bomberos, profesores y médicos, algunos de los colectivos más afectados por los recortes.

Con todo el recorrido de la manifestación repleto y el 'coche escoba' aún en Atocha, representantes de todas las marchas han leído un manifiesto reclamando “pan, justicia, trabajo y dignidad”. Después, la enorme marea humana comenzaba a disolverse con la certeza de que la protesta terminaba pero las reivindicaciones no. “Esto no se termina con una manifestación, seguiremos reclamando hasta vivir dignamente”, aseguraba Bernardo, llegado a Madrid desde Galicia. “Volveremos siempre que haga falta para reivindicar lo que es de todos”, completaba Fernando, de Canarias.

La dimisión de una funcionaria con 20 años de carrera en la Administración navarra ha puesto en jaque al Gobierno que preside Yolanda Barcina. El pasado día 11, en una comparecencia destinada a explicar los motivos de su marcha, la exdirectora gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra Idoia Nieves acusaba a la vicepresidenta y consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, de graves injerencias y trato de favor hacia clientes de su antigua asesoría. Este viernes, lejos de retractarse, Nieves se ha reafirmado en su denuncia en la comisión parlamentaria que investiga lo ocurrido.

De las conclusiones de esa comisión de investigación depende que los socialistas presenten una moción de censura, que, con los votos de otros partidos, entre ellos Bildu, podría poner fin a 18 años de gobierno de UPN en Navarra. Pero ¿cómo se ha llegado hasta aquí?

¿De qué acusa Idoia Nieves a Lourdes Goicoechea?

En sus dos comparecencias en el Parlamento de Navarra, Nieves ha acusado a Lourdes Goicoechea de graves injerencias como la solicitud en 2011, cuando aún era consejera de Desarrollo Rural, de una copia del Plan de Inspección para saber si alguno de los clientes de la asesoría fiscal que regentaba antes de su salto a la política iba a ser inspeccionado.

La exdirectora gerente de la Hacienda Tributaria de Navarra ha relatado también varios intentos de trato de favor a empresas con las que Goicoechea había estado vinculada, así como una petición de información fiscal de Caja Navarra relativa a los cobros y pagos a clientes y proveedores de la entidad.

Según ha explicado Nieves, la consejera de Economía le indicó que la petición se formulaba en “interés” de la presidenta de la Comunidad Foral, que quería conocer las retribuciones a otros consejeros de la caja en pleno escándalo por las dietas opacas de la entidad, un caso en el que Barcina fue salvada de la imputación por el Supremo. Nieves considera que la líder de UPN pretendía usar esa información confidencial para preparar su defensa en caso de imputación.

¿Quiénes eran los beneficiarios de la “intermediación” de la consejera?

La mayor parte de las empresas por las que se interesó Goicoechea eran clientes de la asesoría fiscal de la que era propietaria antes de incorporarse al Gobierno de Navarra. Entre ellas figura una conservera para la que pidió un buen trato porque había atravesado dificultades tras el accidente laboral de un empleado y “no creía que tuvieran nada que regularizar”.

La información que Nieves ha aportado a la comisión confirma que Goicoechea también se interesó, con conocimiento de Yolanda Barcina, por una actuación de Hacienda contra la Universidad de Navarra. El centro educativo del Opus Dei nunca había tributado como remuneración a sus empleados las matrículas gratuitas para sus hijos. Aunque una ley de finales de 2011 permite que no sean consideradas retribución en especie, Hacienda exigió el pago de una importante cantidad para regularizar los ejercicios anteriores.

Goicoechea intentó frenar este expediente expresando su “profundo malestar” en varias ocasiones. Cuando dio por hecha la sanción, la consejera intentó que la multa se calculara a partir del precio de las matrículas en universidades públicas, cuando la Universidad de Navarra es una institución privada. Nieves ha subrayado que las presiones no lograron su objetivo y que en todos los casos se impuso el criterio de actuación de Hacienda.

¿Ha seguido Goicoechea asesorando a sus antiguos clientes mientras ejercía de consejera de Economía?

Según se desprende de las palabras de la exdirectora gerente de Hacienda, Goicoechea “seguía recibiendo clientes como si siguiera siendo su asesora fiscal”. En el caso de la conservera, la vicepresidenta llegó a contar a Nieves que acudiría a su antiguo despacho para revisar documentación sobre su situación fiscal. Según la Cadena SER, al incorporarse al Gobierno de Navarra en 2011, Goicoechea cedió su cartera de clientes a una antigua empleada. La dirección de la asesoría, sin embargo, sigue siendo la misma: el despacho del arquitecto del marido de Goicoechea.

Diario de Navarra ha desvelado que Goicoechea seguía figurando hasta esta semana como administradora de una filial de una de las empresas para las que trabajaba como asesora fiscal. Según la vicepresidenta, la situación se debe a un error en el registro de su cese en la compañía al incorporarse al Gobierno de Navarra. La matriz de la sociedad ha recibido una ayuda de 123.000 euros del Ejecutivo navarro esta legislatura.

¿Qué va a investigar la comisión?

Además de las injerencias denunciadas por Idoia Nieves, especialmente graves en el caso de una región con sistema tributario propio, la comisión quiere analizar también la situación real de las cuentas de la Comunidad Foral. Nieves ha explicado que en los últimos ejercicios ha recibido la orden de retrasar el pago de las devoluciones del IVA, incumpliendo los plazos legales establecidos, para lograr que Navarra cumpliera el objetivo de déficit marcado por el Gobierno central. La exdirectora de Hacienda califica este hecho de “ilegalidad tributaria” y, a su juicio, ha tenido graves consecuencias para la industria y la economía de Navarra.

¿Cuándo se conocerán las conclusiones de la comisión de investigación?

La comisión de investigación inició sus trabajos este lunes y deberá concluirlos el día 28. Tras la comparecencia de Nieves, la comisión escuchará a Goicoechea el lunes y a Barcina, el martes. Si se confirman las irregularidades, los socialistas han dado a entender que podrían presentar una moción de censura el 3 de marzo con el objetivo de convocar elecciones anticipadas. Los márgenes son estrechos. La ley navarra impide disolver las Cámaras y convocar elecciones cuando queda menos de un año para acabar la legislatura. El plazo para hacerlo concluye el 31 de marzo.

¿Qué dice Lourdes Goicoechea de las acusaciones de Nieves?

Goicoechea, que niega las acusaciones de Nieves, ha presentado una demanda de acto de conciliación en la que insta a su exdirectora de Hacienda a probar sus acusaciones o a retractarse públicamente. De no producirse esa marcha atrás, la vicepresidenta del Gobierno de Navarra ha anunciado que continuará por la vía judicial.

Por otra parte, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite una denuncia de la Asociación de Consumidores, Impositores y Contribuyentes Kontuz contra Goicoechea por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y actividades prohibidas a los funcionarios públicos. La sala segunda del alto tribunal ha trasladado la denuncia a la Fiscalía.

¿Cómo se ha llegado al punto de plantear una moción de censura?

Las acusaciones de Idoia Nieves se suman a una legislatura especialmente convulsa en Navarra. Aunque PSN y UPN comenzaron gobernando en coalición, Yolanda Barcina expulsó a los socialistas de su Gobierno en junio de 2012 tras una larga serie de desencuentros.

Desde entonces, UPN, que gobierna en minoría con 19 de los 50 diputados del Parlamento, ha visto cómo la Cámara tumbaba la práctica totalidad de sus propuestas y aprobaba las de la oposición. La Administración navarra funciona en 2014 con los presupuestos aprobados para 2012 y ha perdido el control de las empresas públicas, que han pasado a depender del Parlamento.

La oposición ha aprobado medidas, como el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles por parte de la Iglesia o la expropiación de viviendas a entidades financieras, a las que UPN se opone. El Gobierno de Rajoy ha llevado 17 de ellas al Constitucional para evitar su entrada en vigor.

La consejera de Sanidad ha sido reprobada por la Cámara tras una ola de dimisiones en su departamento y, en marzo del año pasado, el Parlamento aprobó una declaración en la que se pedía la dimisión de Yolanda Barcina por el escándalo de las dietas de Caja Navarra. Un mes después, la abstención de los socialistas evitó que saliera adelante la moción de censura impulsada por Bildu y Aralar/Na-Bai. Fue la primera moción de ese tipo en la historia de Navarra. Ahora podría llegar la segunda.

¿Puede salir adelante la moción de censura que plantean los socialistas?

El PSN necesita el apoyo de 26 de los 50 diputados con los que cuenta el Parlamento para sacar adelante la moción. Dado el rechazo de los 19 diputados de UPN y los 4 del PP, el PSN necesita los votos favorables de los 6 diputados de Na-Bai/Aralar, los 3 de Izquierda-Ezkerra (IU+Batzarre), los 2 de Geroa Bai (PNV e independientes) y los 7 de Bildu.

UPN y el PP apelan a 'razones de Estado' para que los socialistas no acepten el apoyo de Bildu, de quien dicen que exigirá contrapartidas. El PSN afirma que no llegará a ningún acuerdo con Bildu a cambio de su apoyo y rechaza que el voto favorable de Bildu implique la existencia de un pacto.

¿Son frecuentes los acuerdos con Bildu en la política navarra?

Exista o no un acuerdo de por medio, no es infrecuente que el PSN o UPN voten en el mismo sentido que Bildu para aprobar o rechazar medidas. UPN y Bildu han coincidido en el sentido de su voto en la aprobación de una docena de resoluciones en el Parlamento de Navarra en lo que va de año.

La situación también se repite en algunos municipios. Los socialistas han recordado en los últimos días que en Leitza, el único concejal de Unión del Pueblo Navarro votó a favor de los presupuestos, a pesar de que Bildu gobierna con mayoría absoluta. En Bera, UPN sumó su voto al de Aralar, Bildu y Geroa Bai para sacar adelante las cuentas. Por su parte, los ediles de la izquierda abertzale permitieron la aprobación de los presupuestos de Tafalla y Olite, gobernados por UPN, pese a la oposición de los socialistas. UPN asegura que todos estos casos no son comparables a una moción de censura y reitera que nunca ha llegado a acuerdos con Bildu.

¿Qué pasará después de la moción de censura?

Como sucede en el Congreso de los Diputados, las mociones de censura en Navarra son 'constructivas': su aprobación implica la elección de un nuevo presidente. Si el PSN presenta finalmente una moción de censura, su secretario general, Roberto Jiménez, pretende ser el candidato a sustituir a Barcina, aunque su nombre no acabe de gustar al resto de fuerzas de la oposición. En el caso de que la moción salga adelante, Jiménez ha anunciado que disolverá la Cámara y convocará elecciones anticipadas el 25 de mayo. Hasta entonces gobernará Navarra con un ejecutivo en funciones.

Si sale adelante la moción de censura y se convocan las elecciones, ¿será Yolanda Barcina la candidata de UPN?

Barcina ha evitado pronunciarse hasta ahora sobre la cuestión. Aunque en los últimos días haya asegurado que el partido está más unido que nunca, lo cierto es que la figura de Barcina divide a UPN. En marzo del año pasado, Barcina revalidó el cargo de presidenta de UPN con un 51,7% de los votos tras una dura batalla con el hasta entonces vicepresidente de la formación, Alberto Catalán, que contó con el respaldado del expresidente de Navarra Miguel Sanz.

Buena parte de la militancia considera que Yolanda Barcina es responsable de la inestabilidad política de la Comunidad Foral por haber roto su acuerdo de Gobierno con los socialistas. Una victoria de Catalán en el Congreso de UPN hubiera permitido acercar posturas con el PSN. Según Diario de Noticias, militantes críticos están recogiendo firmas para forzar la salida de Barcina en un congreso extraordinario. Ella lo niega.

¿Qué pasará si se celebran elecciones?

Tres sondeos realizados en la segunda mitad del año pasado fijan un escenario similar al actual: UPN, vencedora con un ligero desgaste, y PSN sumarían mayoría absoluta y los bloques nacionalista y no nacionalista obtendrían un número de escaños parecido al que tienen actualmente (Geroa Bai –PNV– incorporaría la mayor parte de los votos de la extinta Nafarroa Bai, aunque el principal partido de esa coalición, Aralar, se presentará ahora como integrante de EH Bildu).

De repetirse el escenario, regionalistas y socialistas estarían condenados a entenderse si quieren evitar un nuevo gobierno en minoría. Sólo uno de los sondeos ofrecía una mayoría absoluta alternativa con 26 escaños exactos: la suma de PSN, Geroa Bai e Izquierda-Ezkerra.

¿Es posible un gobierno con los nacionalistas en Navarra?

El temor a una pérdida de la autonomía de Navarra ha sido agitado tradicionalmente por UPN para evitar que los socialistas pacten con los partidos nacionalistas. Se trata de un mensaje que cobra una enorme resonancia fuera de Navarra. De hecho, en agosto de 2007, José Blanco vetó el acuerdo alcanzado entre el PSN y Nafarroa Bai que convertía al socialista Fernando Puras en presidente y dejó gobernar a Miguel Sanz. La desautorización de Ferraz costó a Puras su dimisión y al PSN, un grave daño de imagen que aún no ha superado.

Sin embargo, los nacionalistas ya han formado parte del Gobierno de Navarra en una ocasión: en junio de 1995, el socialista Javier Otano gobernó con el apoyo de EA y los regionalistas del CDN. El experimento duró poco. Un año después, Otano presentaba su dimisión tras el hallazgo de una cuenta en Suiza a su nombre en pleno escándalo por el caso Roldán. Aquel fue el último ejecutivo socialista en Navarra. Tras él comenzó un 'reinado', el de UPN, que puede llegar ahora a su fin.

“Cuando la ciudadanía se organiza en red, es capaz de lograr que la justicia y la verdad prevalezcan”. Javier Toret, miembro de la Red Ciudadana Partido X, considera que la difusión pública de los correos del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa constituye la prueba que evidencia que “la ciudadanía se ha activado” y es consciente de “la necesidad de ejercer una labor de control y vigilancia frente a las tramas de poder e intereses que han expoliado los recursos comunes de la sociedad”.

En declaraciones a eldiario.es, Toret ha señalado la importancia de que existan “vías que permitan conectar a una ciudadanía activa y vigilante y medios que se hagan responsables de procesar la información para hacerla pública si es relavante y permite destapar asuntos fraudulentos”. En ese sentido, Toret destaca que, desde que se creó la Comisión Anticorrupción del Partido X, el colectivo ha recibido numerosas ofertas de colaboración de varios ciudadanos.

Una de esas personas es la fuente anónima que el Partido X ha derivado a eldiario.es para divulgar el contenido de los correos electrónicos de Miguel Blesa. Tal y como adelantó este medio, Hervé Falciani, el informático que sacó del banco privado suizo HSBC la mayor lista de evasores fiscales de la historia, coordinará una red ciudadana de vigilancia, denuncia y control de la corrupción que auspicia la formación política.

La herramienta, aún en desarrollo, estará dedicada exclusivamente a información de naturaleza pública sobre actuaciones irregulares con consecuencias colectivas. “Estamos avanzando en el diseño de un dispositivo que no sólo permita divulgar y acceder a la información, sino que esa información tenga impacto y llegue al conjunto de la sociedad”.

El integrante del Partido X confía en que la difusión de información no sólo desincentive a quienes cometen irregularidades, sino que anime a la Justicia a actuar. “Estamos viendo casos, como la investigación de lo ocurrido en Caja Madrid, en los que la Fiscalía y algunos juzgados parecen impedir que otros integrantes de la Administración de Justicia hagan su trabajo, pero la ciudadanía no se va a quedar con los brazos cruzados”.

Según Toret, lo sucedido con los correos de Blesa y la voluntad de colaborar con la Comisión Anticorrupción del Partido X expresada por diversos ciudadanos demuestran que, “si los Gobiernos no sirven a los intereses de la mayoría y la Justicia no ejerce su papel, los ciudadanos vamos a trabajar para que la Justicia actúe y los gobernantes corruptos salgan del lugar en el que están hasta conseguir una verdadera democracia y una verdadera Justicia”.

La colaboración de Hervé Falciani con el Partido X, que adelantó eldiario.es, empieza a dar sus primeros frutos. El informático que sacó del banco privado suizo HSBC la mayor lista de evasores fiscales de la historia coordinará una red ciudadana de vigilancia, control y denuncia de la corrupción que auspicia la formación política.

El Partido X, que el pasado 8 de octubre hizo público el nombre de algunos de sus integrantes tras meses de polémico anonimato, ha difundido un vídeo en el que Falciani explica algunos de los ejes del trabajo de la red ciudadana de denuncia de la corrupción. El dispositivo, en el que participarán otros miembros de la recientemente creada Comisión Anticorrupción del Partido X como el inspector de Hacienda Raúl Burillo o el colectivo 15MPaRato, pretende ser un canal para compartir y difundir información pública de administraciones y otros organismos con el fin de disuadir a corruptos y corruptores y generar nuevos mecanismos de lucha contra la corrupción.

En el vídeo, Falciani destaca la importancia de que lo que él denomina “centinelas” (ciudadanos que por su acceso a la información de administraciones, organismos y compañías pueden alertar de situaciones de riesgo de corrupción) puedan contar con instrumentos para difundir esos datos y contactar con expertos evitando los riesgos que él mismo ha corrido y que relató en junio en una entrevista exclusiva en vídeo en eldiario.es.

“Lo más importante es estar acompañado, que las personas que están dispuestas a hablar de situaciones anormales no tomen el riesgo solos”, explica el informático en la grabación. “Todo el mundo está llamado a participar. Se necesita que cada uno de nosotros vuelva a tomar conciencia de sus responsabilidades y de sus derechos”, asegura.

Falciani cuenta con una dilatada experiencia trabajando en banca privada, primero, y en intentar desmontar la red de blanqueo de capitales de la que se valen estas entidades, después. Por eso, la labor del informático monegasco va a ser crucial para discriminar, cotejar y cruzar los miles de datos que esperan que les lleguen de ciudadanos anónimos desde este canal. El exempleado de banca suizo, que actualmente sigue colaborando con la Fiscalía Anticorrupción española aunque está especialmente inmerso en la tarea de asesorar a la Justicia francesa, cree que con este tipo de dispositivos se puede ir al corazón del problema, desenmascarando a los evasores y a los intermediarios que utilizan, como los testaferros u hombres de paja.

Acciones legales y colaboración internacional

Fuentes del Partido X explican que el principal objetivo de la red ciudadana es disuasorio. “Aspiramos a crear un dispositivo potente que desactive la corrupción e incentive la transparencia”, señalan. Sin embargo, no descartan emprender acciones legales ante casos de gran alcance que puedan traducirse en sentencias ejemplares que originen un cambio sistémico. En ese sentido, apuntan el ejemplo del caso Bankia, en el que el colectivo 15MPaRato, que también colabora con la red ciudadana, ha ejercido de querellante.

Uno de los aspectos a los que da importancia Falciani en el vídeo difundido este lunes es la importancia de la colaboración internacional. “No pensando en países, pensando en que somos comunidad, se pueden superar los límites a los que estamos expuestos cuando aparecen dificultades”, afirma el informático.

Desde el Partido X se señala que la red de vigilancia y denuncia de la corrupción tendrá una doble vertiente internacional. Por una parte, se pretende poner en común recursos para evitar repetir tareas en colectivos que pretendan desarrollar herramientas similares en otros países, entre ellos, Italia y Francia. Por otra, se quiere introducir la lucha contra la corrupción en la agenda europea con el fin de que las instituciones continentales o los países de nuestro entorno puedan presionar al Gobierno español para que impulse medidas contra la corrupción. “Queremos usar a Europa para introducir cambios en España”, explican. Cabe recordar que los primeros comicios en los que el Partido X podría participar son las elecciones europeas del próximo año.

En cualquier caso, el Partido X evita hablar de plazos para la puesta en marcha de la red de denuncia. El primer paso será, indican, construir una herramienta que garantice la seguridad de las comunicaciones de quienes quieran denunciar casos de corrupción. “Aunque no queremos que se muevan necesariamente secretos, sino información de fuentes públicas, hay un serio problema de seguridad para los ciudadanos activos. Necesitamos desarrollar una herramienta que proteja a los centinelas ciudadanos”, indican. Por ello, hacen un llamamiento a desarrolladores con conocimientos y experiencia que estén dispuestos a participar en la creación de ese canal de comunicación seguro. “Cuando el canal esté listo, el resto viene rodado”, afirman.

Llevan nueve meses trabajando desde el anonimato, ¿qué han hecho en ese tiempo?

Hemos estado trabajando en la parte programática. Ya hemos elaborado la parte dedicada a soberanía y democracia y ahora estamos enmendando el plan de emergencia para la salida de la crisis, que es la parte económica. A continuación abriremos las partes más sectoriales como educación, vivienda o sanidad.

Al mismo tiempo, hemos estado saliendo del trabajo en red y llegando al territorio. Se han creado ya quince nodos locales. Eso ha supuesto también un trabajo muy profundo de preparación. Como ciudadanos, individuos que hemos decidido agregarnos al grupo sobre la base de un proyecto, estamos asumiendo un rol histórico que requiere de una preparación. Nos hemos preparado para actuar en un espacio que sabemos que constituye un campo de batalla hostil.

¿Y para eso era necesario no desvelar nombres?

Es uno de los motivos, aunque el principal era que queríamos dejar claro que lo importante aquí son las ideas, el trabajo, y no las personas. No se trata de crear figuras. Queremos que quede claro que somos ciudadanos y vamos a intentar que siga siendo así.

Pero ese anonimato ha dado lugar a críticas y dudas sobre el Partido X.

Sí, puede haber alejado a algunos, pero otros se han acercado. Los nodos territoriales se han creado a partir de esa gente anónima que entendía que el cambio del sistema empieza por uno. Se les ha convocado de forma individual en bares para encuentros a los que acudían unas 50 personas. Cada uno se acercaba solo y porque le interesaba. Allí han juzgado y han decidido si se sumaban o se iban. El anonimato ha sido útil en ese proceso. Nos ha permitido a todos ser iguales.

Superada ya esa etapa, en los últimos días se han conocido los nombres de algunas figuras que van a colaborar con la Red Ciudadana Partido X. Por ejemplo, Herve Falciani o Raúl Burillo. ¿Cuál va a ser su papel?

Queremos contar con gente competente. Gente que hable de lo que sabe y que nos ayude con su conocimiento. Ambos están colaborando ya en el borrador del plan de emergencia para salir de la crisis como garantes de lo que hemos llamado comisión ciudadana anticorrupción. Creemos que la lucha contra la corrupción y el fraude fiscal es un tema crucial y hemos querido empezar por ahí. Son gente muy comprometida y han entendido desde un principio la forma de trabajo en red.

De aquí a final de año pondremos en marcha comisiones parecidas sobre otras cuestiones a medida que elaboremos los programas sobre otras áreas. Queremos contar con el asesoramiento de personas competentes que nos ayuden a llevar a cabo nuestros objetivos.

Han presentado en sociedad el partido, están trabajando en el programa. Y en el horizonte, ¿las elecciones?

El horizonte es un cambio completo de costumbres sociales en nuestra democracia. Para ello seguramente se necesitará la herramienta de las elecciones. Debemos desalojar a quienes están ahora gobernando para unos pocos y poner a ciudadanos a trabajar para resolver la situación.

¿Y el primer test serán las europeas de mayo de 2014?

Son las primeras elecciones en el calendario. Habrá que plantearse qué hacemos ante esa oportunidad.

¿Y cuál será su programa de cara a esas elecciones?

La hoja de ruta en la que estamos trabajando tiene que ver con potenciar las herramientas de control democrático de los ciudadanos y encarar la emergencia económica con la mirada puesta en el bien común y no en los mercados financieros.

Hablan de cuestiones como wikigobierno, wikilegislación, tecnopolítica... ¿No puede crear eso una barrera ante un electorado que no esté acostumbrado a ciertas herramientas?

El mensaje está calando. Puede que la Red Ciudadana haya contado en un principio con personas más familiarizadas con estas cuestiones, pero el mensaje está llegando. Cuando la gente entiende que hay que buscar fórmulas nuevas de funcionar y ve que esas herramientas existen y funcionan frente a un modelo obsoleto, el mensaje llega.

Ustedes proponen un cambio hacia una democracia con mayor participación, en red, más abierta, más horizontal. Sin embargo, las teorías de redes hablan de la existencia siempre de una cierta 'élite impulsora' y, por tanto, de cierta verticalidad. ¿Cómo se hace eso compatible?

Ese análisis no es del todo correcto. Una red implica distribución de competencia y responsabilidad y no verticalidad. Sin embargo, todo grupo humano tiene diferentes variables de voluntad y capacidad de participación sin que eso implique que sea más o menos democrático. Nos han vendido la moto de que participar mucho es más democrático. Nosotros proponemos herramientas para participar bien.

Lo que buscamos es un mayor control sobre aquellos en los que hemos delegado porque tenemos que poner nuestra fuerza en otro lugar. La participación tiene que ser poca y de calidad, no mucha y que no lleve a ninguna parte. Por muchas asambleas que hagamos, si no tomamos decisiones, no vamos a ir a ningún lado. Necesitamos herramientas para que, cuando nos intenten colar un rescate bancario que rechazamos mayoritariamente, podamos bloquearlo. Esto no es participar más. Es participar con mayor calidad.

¿Cómo se traduce esa forma de trabajo a la organización interna de la Red Ciudadana Partido X? ¿Cómo funcionan dentro del partido esas herramientas de control y participación?

Nuestra forma de tomar decisiones se basa en la ponderación. Tenemos como criterios la implicación, la probada competencia, el reconocimiento de los pares, la antigüedad, el rigor en los objetivos comunes y el respeto por el método de trabajo. La toma de decisiones se basa en esto. Es algo que nos está yendo bien y nos está permitiendo crecer de forma robusta y democrática. Permite a cada uno elegir, según su voluntad, estar en un puesto u otro en esta red de competencias.

Entendemos que habrá gente que prefiera que las decisiones se tomen en asamblea, pero nosotros consideramos que este es el sistema que mejor nos funciona. Pensamos que los sistemas asamblearios son desesperantes y no consiguen la potencia que necesitamos en este momento. Sabemos que hay otras formas de organizarse y sabemos que pueden ser válidas. Es más, las diferentes formas deben poder ser complementarias. Nosotros podemos canalizar demandas de la sociedad civil nacidas de forma asamblearia. Tenemos el objetivo de hacer posible lo que la sociedad civil plantea y para ser operativos trabajamos en el formato de la red y sobre la base de hacer, de construir. No sobre los espacios de discusión.

Al Partido X se le ha colgado la etiqueta de 'partido del 15M'. ¿Cómo se sienten respecto a esa etiqueta?

Muchos de nosotros hemos estado muy involucrados en el origen en red del movimiento 15M y en ese sentido, no nos sentimos incómodos. Pero también hay integrantes del Partido X que sólo han visto el 15M por la tele. Somos muy transversales.

Nosotros no nos vamos a definir como partido del 15M, aunque seguramente seamos consecuencia de reflexiones alrededor de los déficits que ha podido tener el 15M. En cualquier caso, nosotros tenemos nuestra hoja de ruta.

A pesar de esa cierta cercanía al 15M, ustedes han superado el rechazo del 15M a los partidos y la entrada en las instituciones.

Sí y no. Nosotros en el Partido X también somos profundamente apartidistas. Es así. Estamos haciendo esto precisamente para barrer todo lo que se ha planteado hasta ahora sobre los partidos y su manera de funcionar.

Hay una parte del 15M, de la que me siento parte junto a otros compañeros, que ha llegado a la conclusión de que el único tope para lograr ciertas metas compartidas por la población son los partidos y la gente que nos gobierna. Con las asambleas y con las protestas teníamos contenido y consenso, pero no la posibilidad de llevarlo a la práctica. La de encarar la opción electoral es una conclusión muy pragmática y muy apartidista también.

Además de ese apartidismo, está el rechazo a definirse como una formación de izquierdas o de derechas.

Totalmente. Los puros, los ideológicamente puros, no se van a encontrar cómodos aquí.

¿Y no temen ser considerados un ejemplo de antipolítica?

La antipolítica es una categoría que emplean los tertulianos para hablar desde fuera de la realidad. Todo el mundo hace política y más en esta época tan dura. Todos estamos luchando por algo. Ser transversal no niega la existencia de las ideologías. Cada uno tiene la suya en su interior, pero bajamos a un terreno que pasa por un gran pacto de mínimos por los que luchar todos. No se niega la existencia de la ideología, sino que se establece un campo de juego en torno a unos mínimos. Unos mínimos que deben respetarse honradamente.

¿Y cuáles son esos mínimos?

El eje de nuestro programa: establecer una soberanía ciudadana real con capacidad de control y una salida de la crisis a favor de los ciudadanos y no de los intereses de unas élites. Esos son los mínimos alrededor de los cuales nos hemos reunido.

Se llaman María, Sergio, Irene, Armando, Simona o Juan y son estudiantes, ingenieros, parados, jubilados, abogados, autónomos o químicos. Sus orígenes son diferentes y también lo son sus edades. La Red Ciudadana Partido X, nacida en enero con el objetivo de “reiniciar el sistema” y “recuperar la democracia” ha puesto hoy cara y nombres a algunos de sus componentes tras más de nueve meses marcados por un polémico anonimato.

Bajo el lema “sólo la ciudadanía puede pararlos”, el Partido X ha celebrado su presentación en sociedad en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y otras seis ciudades españolas. Ante un foro repleto, cada uno de los miembros de la organización que ha decidido abandonar el anonimato ha desgranado alguna de las claves de lo que denominan la “variable imprevista” que cambiará los “planes electorales” de los partidos tradicionales.

Hasta el momento, la formación, presente ya en 15 ciudadades españolas mediante nodos territoriales y con 6.000 simpatizantes, ha desarrollado su programa económico y de regeneración democrática. El primero, resumido en el lema “democracia y punto” pretende ofrecer a los ciudadanos herramientas para la participación directa en la toma de decisiones mediante cuatro herramientas: la transparencia, el wikigobierno y la wikilegislación, el derecho a voto real y el referéndum vinculante.

En materia económica, la Red Ciudadana trabaja en las enmiendas a lo que han denominado 'Plan de emergencia contra la crisis en beneficio de la ciudadanía' y que está basado en dos ejes: la lucha contra la corrupción y el fin de un modelo económico “basado en la explotación”. En breve se iniciarán los trabajos para elaborar los programas de las áreas de Sanidad, Educación, Vivienda, Medio Ambiente o Justicia.

El 'plantón' de Hervé Falciani

Tal y como adelantó eldiario.es, la Red Ciudadana Partido X está contando con la colaboración de Hervé Falciani, el informático que sacó del banco privado suizo HSBC la mayor lista de evasores fiscales de la historia. Falciani forma parte de la denominada 'Comisión Ciudadana Anticorrupción' en la que, junto a miembros del Partido X, trabajan expertos independientes que ejercen de garantes de la viabilidad de las propuestas.

Faliciani, que, según la organización, tenía previsto conectar con el acto de presentación de Madrid, no ha participado finalmente en la cita debido a un problema de agenda. Junto a él, el Partido X ha anunciado en los últimos días la presencia en la Comisión Anticorrupción del inspector de Hacienda Raúl Burillo, ex delegado de la Agencia Tributaria en las Islas Baleares; o del colectivo 15MPaRato, uno de cuyos abogados, Juan Moreno-Yagüe, ha participado en el acto de Madrid.

Expectivas electorales

En su presentación en sociedad, el partido ha estado respaldado por el analista electoral y exdirector general de Gallup España, Jaime Miquel. Miquel, que ha defendido la existencia de un espacio electoral para una candidatura ciudadana de ruptura, ha animado a la formación a presentarse a las elecciones europeas de mayo de 2014. Según sus cálculos, una propuesta como la del Partido X podría lograr más de 1,2 milones de votos en esos comicios y rondar los 3,5 millones en unas generales. Para ello, se ha basado en el éxito cosechado por Syriza en Grecia.

La formación no oculta su voluntad de acudir a las urnas. “Nunca más unas elecciones sin nosotros, sin los ciudadanos. Nunca más unas elecciones en que se hable de los temas que les beneficie a ellos en lugar de lo que nos beneficia a nosotros. Si para ello es necesario presentarse a las elecciones y ganar, lo haremos”, ha asegurado una de las integrantes del partido al clausurar el acto.

La Red Ciudadana Partido X ha iniciado este martes la cuenta atrás para su presentación en sociedad el próximo 8 de octubre en el acto 'Solo la ciudadanía puede pararlos', en el que se pondrán caras y voces al trabajo desarrollado desde enero por la formación, que se presenta como un espacio de ruptura frente a la clase política y que en sus primeros meses de vida ha generado interés y polémica por sus planteamientos y el uso del anonimato. Hasta entonces, el colectivo desvelará en las próximas semanas algunas de las claves de su funcionamiento interno y su programa en encuentros que se celebrarán en una quincena de ciudades y a través de su nueva página web.

Entre las cuestiones que dará a conocer en los próximos días la Red Ciudadana Partido X, figura el sistema por el que serán elegidos sus candidatos: las listas abiertas ciudadanas. Según fuentes del partido, el procedimiento permitirá que cualquier ciudadano, sin necesidad de que forme parte del colectivo, pueda proponer candidatos para la formación. Al mismo tiempo, cualquier ciudadano podrá ser propuesto para formar parte de las listas electorales del Partido X.

En línea con su apuesta por la tecnopolítica, la organización llevará a cabo a través de Internet buena parte del proceso de elección de sus candidatos. La primera fase para la composición de las listas se realizará, según la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es, mediante dos vías de propuesta de candidatos: la primera, a través de Internet por parte de personas ajenas a la formación y la segunda, desde los nodos territoriales y la matriz del partido, que es el medio que emplearán los miembros de la organización. Para esta segunda vía se reservará siempre el primer puesto de las candidaturas. 

Propuesta abierta de candidatos y votación en Internet

La primera de las vías de acceso, la más novedosa, permitirá que cualquier ciudadano inscrito en la denominada 'Agenda X' (una agenda informativa de la organización de inscripción abierta) pueda proponer a uno o más candidatos, sean miembros de la organización o no. Cada candidatura deberá ir acompañada de un vídeo que refleje el pensamiento del aspirante. Durante un periodo de tiempo prefijado, la lista permanecerá abierta para que el resto de inscritos en la 'Agenda X' pueda apoyar a aquellos candidatos que considere competentes. Quienes obtengan un 5% de los votos formarán parte de una de las dos listas preliminares.

La otra lista preliminar se elaborará a partir de los candidatos que hayan obtenido el voto de cinco miembros de los nodos territoriales y la matriz. Cada integrante introducirá en una urna los nombres de las personas, formen parte de su nodo o no, que considere buenos candidatos. La votación, según indica el colectivo, será libre y secreta. En ambos casos, los candidatos, según sus proponentes, deberán cumplir una serie de requisitos: competencia en su materia, capacidad de relacionarse y explicarse en público, trayectoria demostrada de trabajo por el bien común y afinidad con el método y programa de la Red Ciudadana. Además, deberá mantenerse cierta paridad en las listas.

A partir de esas dos listas preliminares, la organización pondrá en marcha un proceso de verificación de las candidaturas. El objetivo del mismo, señalan, es comprobar que sobre los candidatos no pesen condenas penales o por corrupción, que no sean miembros activos de partidos con representación parlamentaria, que se adhieran al programa del colectivo y que sean afines al método de trabajo en red. Tras la publicación de los resultados de esta criba, se abrirá un periodo de alegaciones. El resultado final será una nueva lista de candidatos con integrantes de las dos preliminares.

'Fogueados' a base de preguntas

La fase final del proceso de elección de candidatos incluirá un evento abierto emitido a través de Internet que el Partido X denomina 'fogueo'. En él, los usuarios de la comunidad, simpatizantes del Partido X, podrán someter a los candidatos a preguntas con el fin de probar su preparación. Después, estos mismos usuarios otorgarán, de forma secreta, un voto positivo a aquellos candidatos que a su juicio hayan superado la prueba.

A partir de los resultados de esa votación, se elaborará la candidatura final. Sin embargo, el colectivo ha establecido una serie de condiciones adicionales: el cumplimiento de la legislación en materia de igualdad y la garantía de que las personas que provengan de la lista preliminar elaborada con los candidatos sugeridos por los integrantes de los nodos territoriales y la matriz ocupen, como mínimo, los puestos impares de la candidatura definitiva, lo que incluye también el primer puesto. Según la organización, el objetivo de esta medida es evitar que las listas puedan ser copadas por candidatos conocidos y con una gran presencia mediática que pudieran desvirtuar el mensaje y apartar de las listas a los “ciudadanos competentes de a pie”.

El nuevo director general de El Corte Inglés, Dimas Rodrigo Gimeno Álvarez, fue candidato de Falange Española Independiente (FEI) en, al menos, tres ocasiones: dos en las elecciones generales y otra en las elecciones catalanas de 1999.

La relación de Dimas Gimeno con FEI, la antigua escisión de Falange Española y de las JONS, viene de familia. Su padre, Miguel Ángel Gimeno García, casado con la hermana del presidente de El Corte Inglés, Isidoro Álvarez, ha formado parte de varias candidaturas de Falange, entre ellas la de las europeas de 2004, y su hermano mayor, Miguel Angel Gimeno Álvarez, llegó a encabezar la lista de FEI a los comicios también europeos de 1994. Una lista en la que también figuraba otra hermana del nuevo director general de la compañía de grandes almacenes.

Fuentes oficiales de El Corte Inglés han confirmado a eldiario.es que el hermano de Dimas Gimeno, Miguel Angel Gimeno, formó parte de esas candidaturas de Falange. Desde El Corte Inglés aseguran que su actual director general nunca ha militado en política ni ha participado en ningún acto público de esta organización, a pesar de que su nombre aparece en tres candidaturas. Por su parte, desde Falange Española y de las JONS, tras negarlo públicamente en Twitter, han evitado confirmar lo evidente: que el Dimas Rodrigo Gimeno Álvarez de su candidatura es el mismo que ahora ocupa los titulares como director general de El Corte Inglés. Sin embargo, sí han admitido a eldiario.es que es una costumbre habitual en partidos pequeños el rellenar listas electorales con familiares de algunos de sus militantes más activos.

Así, en el año 1996, Dimas Gimeno se presentó como suplente en la lista de FEI por Palencia al Senado, tal y como recoge el Boletín Oficial del Estado. Tenía 21 años. Tres años después ocupó el puesto 38 de la candidatura por Barcelona de esta formación en las elecciones al Parlament de Catalunya. Ya en el año 2000, con 25 años, fue en el tercer puesto en la candidatura al Congreso del mismo partido, denominado entonces FEI-Falange 2000, por Valladolid.

Este martes, después de que eldiario.es publicara la presencia de su hermano en las listas de Falange, Miguel Ángel Gimeno ha reconocido en una carta remitida a esta redacción que incluyó al nuevo director general de El Corte Inglés en las candidaturas de la organización. “No fui consciente de la trascendencia que, pasados los años, podría llegar a tener”, asegura.

Larga trayectoria en El Corte Inglés

Gimeno Álvarez ha sido nombrado consejero director general de El Corte Inglés, un puesto de nueva creación, en la Junta General de Accionistas de la compañía celebrada este domingo. Aunque su puesto es nuevo, Dimas Gimeno es a sus 38 años un directivo con una larga trayectoria en la compañía, algo que le ha llevado a estar presente en todas las quinielas sobre la sucesión de su tío Isidoro Álvarez.

El nuevo director general es licenciado en derecho por la Universidad San Pablo CEU y tiene un máster en derecho privado por esta misma universidad y un MBA por la escuela de negocios IESE. Gimeno inició su carrera profesional como vendedor en El Corte Inglés durante su estancia en la universidad. En 2000, el mismo año en el que dejó su último rastro en listas electorales, se incorporó a los servicios generales de la compañía, donde trabajó en distintos departamentos.

En 2001 se trasladó a Portugal para colaborar en la puesta en marcha de la filial de la empresa en ese país y cinco años después dirigió el centro inaugurado por la compañía en Oporto. En 2008 regresó a los servicios centrales de El Corte Inglés y desde 2010 es consejero de la compañía. Esta semana ha dado un paso casi definitivo para convertirse en el máximo responsable de una de las empresas más importantes de España.

Javier Toret es licenciado en Psicología e investigador. Especializado en el análisis de las mutaciones de la subjetividad y las formas de comunicación, acción y organización colectiva de la socidad en red, ha coordinado el estudio 'Tecnopolítica y 15M' en el que ha participado el colectivo 'Datanalysis 15M'.

La investigación que coordina aborda el papel de la tecnopolítica en el 15M, pero ¿qué se entiende por tecnopolítica?

Es el uso táctico y estratégico de las redes digitales para la organización, la comunicación y la acción política colectiva. Es algo distanciado de lo que denominamos 'clicktivismo', que se limita a la recogida de firmas o 'me gustas' en Facebook, y del ciberactivismo, como activismo sólo en Internet. La tecnopolítica implica también utilizar la red para tomar el espacio urbano, que ha sido la gran potencia del movimiento 15M. La multiplicación de estas prácticas convirtió a miles de actores, pequeños nodos y entidades colectivas en un sujeto político distribuido y autoorganizado fundamental para la explosión, la gestación y el desarrollo del 15M.

En la investigación se considera la existencia de cierta 'cultura tecnopolítica' como elemento clave para que el movimiento surgiera en España en lugar de en otros países con una crisis similar.

Sí, la crisis es una condición necesaria, pero no suficiente para que haya una explosión social. En Italia, Portugal o Grecia había una situación similar de crisis, pero no existía un movimiento previo tan fuerte como el de la defensa de la libertad en Internet que tiene lugar en España entre los años 2007 y 2011.

En un determinado momento, en la lucha contra la Ley Sinde, se produce una transición de la defensa de la libertad en Internet a una crítica contra el bipartidismo, que ha legislado contra ese movimiento democrático, y que cristaliza en campañas como #nolesvotes. La mezcla de esa movilización en Internet y la popularización de las prácticas tecnopolíticas es un factor clave para convertir el malestar social en una potencia política que lleve a la gente a salir a la calle y creerse que se pueden cambiar las cosas. En ese sentido, también fue importante la Primavera árabe y su capacidad de contagio al demostrar que es posible salir a la calle para generar un cambio.

Sin embargo, las luchas por la libertad en Internet no reunieron a miles de personas en la calle, aunque sí movilizaron a miles de personas en la red.

El manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet lo firman 200.000 personas en unos días. Eso demuestra que existe una masa crítica tecnológica y social. #nolesvotes movilizó gente en la red contra el bipartidismo, pero no llevó el descontento a la calle. La campaña de Democracia Real Ya tiene como objetivo ese salto de la red a la calle. Su campaña inclusiva y viral consigue articular a esa masa crítica de Internet con ciudadanos descontentos en general y colectivos sociales que se estaban organizando, como la PAH o Juventud Sin Futuro, pero que no tenían esa conexión transversal que fue clave para desencadenar el 15M.

Entonces llega la manifestación del 15 de mayo, la acampada y la explosión del movimiento. ¿Cómo se vive eso en la red?

Antes de la manifestación existía un ecosistema vinculado a la lucha contra la ley Sinde, algunos activistas empezaban a hacer un uso político de las redes sociales, pero la red era pequeña. Entre el 13 y el 14 de mayo de 2011, la red del 15M tiene cerca de 3.000 nodos. Una semana después, son más de 110.000. Los primeros nodos son personas y grupos que vienen de la lucha por la libertad de Internet y los canales de DRY, que tienen un papel muy importante en la gestación y la explosión del movimiento, como se ve en nuestro estudio de topología de redes.

El desalojo y la posterior reconquista de la Puerta del Sol genera una explosión del movimiento. La retransmisión en directo de lo que ocurre produce una explosión emocional y un contagio tecnológicamente estructurado. Se multiplica el patrón simple 'una acampada, un Twitter y un Facebook' que combina la organización física con la digital. Los perfiles de DRY y de las acampadas locales crecen a una velocidad tremenda y se genera una estructura autoorganizada de comunicación de una manera orgánica y natural. Es una herramienta fundamental para tener autonomía comunicativa y producir los mensajes y estados de ánimo que permiten que la movilización se consolide y crezca.

Y todo al margen de los medios.

La estrategia de DRY era clara: usar todos los canales de comunicación posibles para generar una bola de comunicación y participación que rompiera el silencio de los grandes medios. El movimiento había creado antes del día 15 un medio distribuido de comunicación, pero después del desalojo y la reconquista de Sol eso se dispara y se crea una estructura digital de comunicación muy potente. Esta dinámica de autocomunicación con perfiles de los diferentes grupos, colectivos y acampadas rompe con la necesidad de intermediación y permite a los ciudadanos informarse directamente. Los medios llegan tarde a informar, después de ver la protesta en el portada del Washington Post, y no entienden la protesta. Esta autonomía comunicativa social ha supuesto un vuelco muy fuerte para los medios. Muy pocos han estado a la altura.

La investigación aborda también el lenguaje empleado por esa red. ¿Cómo es ese lenguaje?

En el trabajo de análisis del lenguaje del 15M que ha hecho @outliers_es llama la atención la sincronización del lenguaje. Lo habitual es que la gente hable en las redes de cosas muy distintas y muy diversas, pero con la explosión llega un momento en el que hay miles de personas hablando del mismo tema, al mismo tiempo y con las mismas palabras. Al mismo tiempo se produce una aceleración de lo que denominamos temperatura del lenguaje. No es solo un lenguaje sincronizado, sino que al mismo tiempo se renueva constantemente en torno a lo que está pasando. Sería como una especie de núcleo dinámico cognitivo que conecta a todos esos cerebros en torno a unas ideas.

En torno a unas ideas y unas emociones también.

Estábamos convencidos de que una de las claves de estos movimientos es la relación entre explosión emocional y tecnología. En las plazas se vivió una especie de catarsis colectiva que se contagió muy rápido por la red y que llevó a una movilización en torno a esas emociones. Hay una reacción emocional que lleva a la identificación y a la movilización.

De hecho, los tuits del 15M tienen el doble de carga emocional que los tuits normales. Sus picos de carga emocional alcanzan el 19%, cuando lo normal es tener entre un 5-7%. Los sentimientos más presentes son el empoderamiento y la indignación. La indignación parece evidente ante la situación social y económica, pero por sí misma no basta. La sensación de que existe el poder, la fuerza y la razón para hacer lo que se estaba haciendo es fundamental para la movilización.

En un mundo en el que todo va tan rápido y en el que lo que hoy es noticia deja de serlo mañana, ¿cómo ha logrado mantenerse el 15M?

El 15M se ha mantenido transformándose. Ahí es fundamental el papel de la red. Decir que todo empieza y acaba en la acampada es un error. Hubo un trabajo previo que creó una dinámica de autoorganización en la red y la dinámica de permanencia, pero al mismo tiempo de mutación, está muy vinculada a esa red.

Nuestro estudio llega hasta junio de 2012, aunque seguiremos más adelante, y aborda varias fases. Con el tiempo se observa que hay un momento en el que el movimiento no está tanto en el centro de la conflictividad social, sino que se convierte en un elemento inspirador, conector. Van apareciendo nuevos agentes, núcleos dinámicos catalizadores de la energía del movimiento en cada fase, como las mareas, la PAH o 15MPaRato. El movimiento no es una identidad fija, cerrada, sino que abre un espacio de transformación continua y participación.

¿Será posible a partir de ahora entender la política sin un componente de tecnopolítica?

Lo que está pasando en Turquía o Brasil confirma una tesis fuerte de la investigación que es que la tecnopolítica es un patrón de organización política en la sociedad red. No es una cosa pasajera. La acción colectiva va a estar cada vez más mediada por la tecnología. Estas prácticas tecnopolíticas permiten construir una dimensión performativa. Uno puede crear un evento en facebook o una web, pero es la interacción y la participación de la gente la que hace que la acción sea posible. Primero se previve en el ámbito virtual y después se actualiza en el mundo físico. A partir de ahí se abre un campo inmenso.

¿Cuáles pueden ser los próximos horizontes de la tecnopolítica?

Hay dos experiencias a tener en cuenta. Una es 'toqueabankia' como un protocolo de autoorganización de acción distribuida que supera la convergencia en un solo punto. Rompe con la idea de las manifestaciones unitarias y reiterativas y es muy innovadora al pensar en estrategias de intervención de forma distribuida.

Otro ejemplo interesante para pensar en la evolución de la tecnopolítica es el Partido del Futuro. Es la experiencia más innovadora ante el techo de cristal que se está encontrando el movimiento a la hora de atacar el sistema y que implica la entrada en las instituciones. Es innovador, no solo por la manera en la que se está organizando su lanzamiento en el mundo virtual y físico, sino también por las ideas que plantea en forma de mecanismos de control y Democracia.

Llegados a ese punto cabe pensar también en el uso de la tecnopolítica desde las instituciones.

Ese es uno de los temas. Será interesante observar el potencial de la tecnopolítica aplicado a la forma de gestión del Estado para convertirlo en un Estado más distribuido y al servicio de la sociedad. Sin embargo, creo que, aunque desde un Gobierno se incorpore parte de este aprendizaje para construir un tipo de Democracia en red que permita una colaboración más amplia de la ciudadanía, con mayor control y transparencia, que cambie el código fuente del poder, seguirá siendo necesaria una red ciudadana distribuida lo más poderosa posible para avanzar en los cambios. No basta tener el movimiento, ni basta tener el Gobierno. Se necesita una relación simbiótica inteligente entre unos movimientos vivos en red y un Gobierno abierto dispuesto a los cambios.

Hay espacio para una nueva opción electoral afín al 15M. Esa es la principal conclusión a la que llegan los promotores de la consulta digital 'Ahora Tú Decides' (ATD) tras analizar los votos de las más de 50.000 personas que desde el pasado 8 de mayo han participado en la encuesta, que permanece aún abierta. Ahora, a raíz de ese análisis, al que ha tenido acceso eldiario.es, y a la espera de una segunda fase de la encuesta, plantean poner en marcha una candidatura con el horizonte de las elecciones europeas de mayo de 2014.

El objetivo de ATD era radiografiar mediante una encuesta digital el activismo en España para determinar tanto las propuestas como la estrategia en la que debe basarse una propuesta de cambio de modelo social, institucional y económico. Al mismo tiempo, los promotores de la iniciativa se comprometían a intentar sacar adelante aquellas propuestas que contaran con un mayor nivel de apoyos. De ahí, la posibilidad de configurar una propuesta electoral, “siempre y cuando así se decida de forma participativa”, explican a eldiario.es desde la iniciativa.

Entre los impulsores de 'Ahora Tú Decides' figuran activistas ligados al 15M, como Fabio Gándara y Pablo Gallego, que formaron parte de Democracia Real Ya y de su escisión, la Asociación DRY. También participan en la iniciativa Vicente Ríos, de Constituyentes; Alejandra González, de Asamblea Ciudadana de Sevilla o Miguel Prados, que formó parte de la Coordinadora 25S. La colaboración de diferentes colectivos e iniciativas, que han aportado sus bases de datos, ha permitido que la encuesta haya llegado a miles de personas, hasta alcanzar más de 50.000 participantes, siendo más de 27.000 los que han respondido a todas las preguntas. Aunque un 82% de ellos se sienten identificados con el “espíritu” del 15M, la consulta ha sido respondida por personas de todas las edades, diferentes orígenes geográficos y con distintas preferencias políticas en las últimas elecciones generales.

Hacia una nueva apuesta electoral

Tras constatar el apoyo de casi el 94% de los participantes a un cambio social, la consulta planteaba la vía para hacerlo posible. La mayoría de encuestados, el 58%, apuesta por una combinación de las vías institucional y no institucional, frente al 26% que prefiere un cambio impulsado exclusivamente desde fuera y un 10% que solo cree necesarias las acciones de carácter institucional.

De quienes en su respuesta se mostraron favorables a la vía institucional, tanto en solitario como cambinada con otras acciones, un 80,4% apuesta por la creación de una nueva formación política o agrupación de electores a la que pudieran adherirse otros colectivos como las mareas verde y blanca, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Democracia Real Ya, la Asociación DRY o Juventud Sin Futuro. Los organizadores destacan que los votantes del PSOE e Izquierda Unida son los más favorables a esta opción.

“Estamos ante el escenario para la creación de una nueva opción política, con vocación electoral, creada desde la base, en donde se agrupen las demandas históricas de los colectivos sociales y el estado social”, señalan los promotores de ATD en las conclusiones de su análisis de los resultados. Con las elecciones europeas como horizonte, 'Ahora Tú Decides' iniciará una nueva fase de la consulta centrada en si esa nueva opción electoral debería estar presente en esos comicios.

“No vamos a decidir nosotros, se hará siempre preguntando”, explica un miembro del colectivo. “En cualquier caso, parece evidente que emerge una nueva opción política que ahora hay que ver cómo se define”, señala otro.

El principal reto consiste ahora en convertir los resultados de la encuesta en apoyos reales. “La consulta vincula a los participantes, hay una voluntad real de cambio y acción”, explican. También constituye un reto definir la tipología de la candidatura. Según los resultados de la consulta, tanto la creación de una nueva formación, como la elaboración de una plataforma de electores mediante propuesta popular parten virtualmente empatadas. “Esta por definir, por eso la encuesta tendrá una segunda fase”.

Las líneas maestras de un programa electoral

Por lo demás, los resultados de la encuesta arrojan las claves de lo que podría ser un posible programa electoral. Los participantes en la consulta apuestan por la formación de una asamblea constituyente (70,3%) como procedimiento para generar los cambios deseados. Entre ellos, uno de los que cuenta con mayor apoyo es la opición republicana (84,6%).

Los encuestados también se muestran favorables a un cambio en la ley electoral (89,54%) hacia un sistema con mayor proporcionalidad (81%). La mayoría de participantes considera necesaria la puesta en marcha de nuevos mecanismos de participación y control ciudadano (89,7%), además de impulsar una batería de medidas para mejorar el actual sistema de gobierno representativo: más transparencia y medidas anticorrupción (94%), eliminar privilegios de la clase política (93%) o reformar de la ley de partidos (91%).

En materia económica, las propuestas con mayor apoyo pasan por reforzar la lucha contra el fraude fiscal (92%) y hacer que los responsables devuelvan lo defraudado (94%), incrementar la inversión en I+D (93%) e impulsar una mayor progresividad fiscal (91%).

La consulta también aborda la cuestión europea, de especial interés puesto que las elecciones al Parlamento Europeo podrían ser las primeras para la nueva candidatura. Los encuestados apoyan permanecer en el euro, aunque cambiando las condiciones de integración económica y social (61%). En ese sentido, se apuesta por cambios en el funcionamiento del BCE (84%) o el establecimiento de fondos europeos que garanticen las prestaciones sociales básicas (92%).

De los resultados de la segunda fase en la que los promotores de ATD invitan a participar a quienes ya han participado en la primera, pero también a quienes no lo han hecho, dependerá la forma en la que estas propuestas se incorporarán a la acción política.

No ha sido la primera, ni será tampoco la última. La apuesta de Luis María Linde por permitir sueldos por debajo del salario mínimo interprofesional para algunos trabajadores ha supuesto una vuelta de tuerca más en la particular escalada de recomendaciones iniciada por su antecesor, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en materia de empleo.

Los consejos sobre mercado laboral y pensiones se han incorporado en los últimos años a la batería de recomendaciones del Banco de España, como si de un miembro más de la troika se tratara, a pesar de ser materias aparentemente lejanas a las competencias del supervisor bancario. Si muchas de las propuestas de Fernández Ordóñez resultaron polémicas en su momento, la última sugerencia de Luis María Linde ha rebasado una línea roja hasta ahora infranqueable: el suelo de los salarios o, lo que es lo mismo, qué marca o no una remuneración “digna”.

Sindicatos y miembros de los distintos gobiernos calificaron en su momento de intromisiones las propuestas de Fernández Ordóñez aunque buena parte de ellas fueran finalmente adoptadas. En sus críticas no han faltado alusiones al hecho de que, mientras el supervisor bancario realizaba sugerencias en materia laboral o de pensiones, no aplicaba el mismo celo a la hora de evaluar la situación de un sistema financiero tambaleante.

Moderación salarial y abaratamiento del despido

Miguel Ángel Fernández Ordóñez (conocido como MAFO), que tomó posesión del cargo de gobernador en julio de 2006, no tardó en marcar cierta distancia con el Gobierno del que había formado parte como secretario de Estado de Hacienda. En octubre de ese mismo año, MAFO sugería ya al Ejecutivo socialista que aplicara “reformas laborales más ambiciosas”, aunque, eso sí, “con paz social”.

Las llamadas a la paz social irían poco a poco diluyéndose hasta adoptar una postura de enfrentamiento abierto con los sindicatos e incluso con miembros del Gobierno socialista. El salto cualitativo llega en febrero de 2009. Con el paro acercándose al 16%, el gobernador del Banco de España, que había pedido ya desligar los incrementos salariales del IPC, apuesta abiertamente por abaratar el despido. En un acto en Zaragoza, MAFO califica la protección al trabajador (entonces 45 días por año) de “ineficiente”, “desincentivadora de nuevas contrataciones” y contraria a “la creación de empleo y el crecimiento de empresas más competitivas”. Frente a ello, reclama una reforma “profunda urgente e imprescindible” del mercado laboral.

“No debemos ir por ese camino”, advierte el presidente del Gobierno un día después al tachar de “neoconservadoras” las propuestas que “pretenden adelgazar el Estado del Bienestar”. El ministro de Trabajo de la época, Celestino Corbacho, recuerda a MAFO que el problema más grave de la economía española no está en el mercado laboral, sino en la falta de liquidez. “El gobernador del Banco de España no debe estar ausente en ese análisis”, señala. Los sindicatos cuestionan que Fernández Ordóñez se preocupe por el mercado laboral mientras la banca mantiene cortado el grifo del crédito.

Retrasar la edad de jubilación

Dos meses después, en una comparecencia ante la Comisión de seguimiento del Pacto de Toledo, el organismo parlamentario encargado de consensuar las reformas de las pensiones, MAFO genera un terremoto aún mayor. “Hay que tocar muchas teclas y rápido para evitar una situación traumática en las pensiones”, asegura. En medio de un discurso catastrofista sobre las cuentas de la Seguridad Social y tras reconocer que la cuestión no era de su competencia, el gobernador apuesta por retrasar la edad de jubilación, restringir las prejubilaciones e incrementar las bases de cotización.

Celestino Corbacho encaja peor el segundo golpe en dos meses y carga contra MAFO con una advertencia clara: “Que sea la última vez”. Zapatero, por su parte, tacha de “superficiales” las opiniones del gobernador del Banco de España en una reunión a puerta cerrada del Comité Federal del PSOE en la que eleva el tono de las críticas.

Las llamadas a reformar las pensiones y a aplicar cambios en el mercado laboral se convierten a partir de entonces en una especie de mantra para MAFO junto a la petición de recortar el déficit. En octubre de 2009 el responsable del supervisor bancario afirma que “un cambio rápido y profundo” en el mercado de trabajo acortará la crisis. Toxo y Méndez responden pidiendo al gobernador que “no se meta donde no le llaman”.

En noviembre, el entonces presidente del BCE, Jean-Claude Trichet, hace suyas las propuestas del gobernador. Al fin y al cabo, Fernández Ordóñez actúa como un miembro más de la troika (el trío está formado por el BCE la Comisión Europea y el FMI).

Llegan las reformas

En mayo de 2010, dos días después de que Grecia pidiera el rescate y con los mercados buscando un nuevo objetivo, MAFO asegura que “España dista mucho de ser Grecia, pero debe sacar lecciones”. El día 12, Zapatero anuncia en el Congreso el paquete de recortes que cambiaría el rumbo de su Gobierno. Las propuestas del Banco de España eran escuchadas. Fernández Ordóñez considera lo anunciado una “buenísima noticia”, pero quiere más: “Hay que cumplirlo y tomar medidas serias pronto”, asegura.

En junio, Zapatero aprueba su reforma laboral con el abaratamiento del despido como medida estrella. “Estoy muy feliz de que se haya aprobado la reforma”, asegura Fernández Ordóñez en el Congreso, para acto seguido poner en duda algunas de sus medidas: “Lo más cuestionable es la imposición de nuevos límites a la temporalidad”.

MAFO no tarda en volver a la carga con sus propuestas en materia de pensiones. La negociación en el Pacto de Toledo está atascada y el gobernador reclama en noviembre de 2010 una reforma ambiciosa y urgente. “Es una de las claves para tranquilizar a los mercados financieros”, explica. Su propuesta pasa por elevar al menos dos años la edad de jubilación e incrementar el periodo de cálculo de la pensión. La reforma llegará en julio de 2011. La jubilación se retrasa hasta los 67 años.

Para entonces, a Miguel Ángel Fernández Ordóñez se le han multiplicado los problemas en el sector financiero. La CAM está a punto de ser intervenida y la nacionalización de Novagalicia, Catalunya Caixa y Unnim será una realidad poco después. A pesar de ello, y mientras sigue recetando “recortes enérgicos” del gasto a las administraciones públicas, Fernández Ordóñez tiene tiempo para lanzar una propuesta más. En febrero de 2012, con la reforma laboral del PP recién aprobada y el despido aún más barato, MAFO apuesta por la “devaluciación interna” para salir de la crisis. Su idea se traduce en el ámbito laboral en una bajada de salarios “para recuperar la competitividad perdida”

Linde toma el relevo

Con dos reformas laborales y otra de las pensiones ya ejecutadas, Luis María Linde parecía tener un menor margen para realizar propuestas en ambas materias. Sin embargo, desde su llegada al puesto de gobernador en junio de 2012, sus declaraciones y los informes del Banco de España lo desmienten.

Poco después de acceder al puesto, Linde reclama al Gobierno una decisión “grave y muy importante” sobre la actualización de las pensiones respecto a la inflación interanual. Sus referencias a la cuestión son permanentes hasta que el Gobierno adopta una decisión. Y la advertencia es clara: “Si hay medidas que incrementan el gasto, habrá que tomar otras compensatorias que lo reduzcan”.

En enero de este año, el Banco de España insiste en una de las tradicionales banderas de Fernández Ordóñez. En su boletin mensual, reclama desligar salarios e IPC. El documento considera “de vital importancia” para crear empleo que la inflación no se incorpore a la negociación colectiva. En marzo, la institución vuelve a exigir más medidas para acelerar la moderación salarial. El pasado viernes, en su informe anual, llegan sus propuestas más duras hasta la fecha: plantear salarios por debajo del mínimo interprofesional para los jóvenes y acelerar la entrada en vigor de la jubilación a los 67 años.

El Gobierno socialista siempre rechazó las propuestas más duras de Fernández Ordóñez, aunque finalmente acabó aplicando sus recetas. De momento, el Gobierno de Rajoy también ha marcado distancias con la última sugerencia de Linde.