Me pongo en la piel de Gabriel Rufián y comprendo perfectamente sus pesares. Durante todo este año no ha dejado de repetir que la única manera de evitar la llegada del fascismo al gobierno era unir las candidaturas a la izquierda del PSOE en una sola papeleta. Desde febrero viene machacando con la cantinela del Frente Amplio y la bajeza de miras de cualquiera que se opusiera a ello. Por motivos que yo no comparto, de repente Rufián concitó a su alrededor una ola inusitada de entusiasmo. Solo él, el nuevo mesías mediático de la izquierda, el promotor de la idea, al fin y al cabo, parecía el adecuado para encabezarla. Y sí, la idea toma fuerza y coge velocidad de crucero tras el anuncio de las elecciones anticipadas. Entonces, como resulta comprensible, insisto, a Rufián le entra el vértigo.

Se ha enfrentado a su propio partido, que con cien años de historia independentista a sus espaldas ni en broma le apoya en una iniciativa de carácter estatal. Comprensible, sí. ¿Abandonar las siglas en las que has desarrollado toda tu trayectoria política, abandonar las siglas que has defendido en situaciones de represión y con varios de tus compañeros encarcelados durante años por el Estado español, al que ahora, de repente, pareces hacerle el juego? Vértigo tuvo que sentir Rufián: que le llamaran traidor en su tierra o en el Estado español. La coherencia, por su puesto, le exigía ponerse al frente de una iniciativa de la que es promotor, ¡pero a qué precio! ¿De verdad podía pagar ese peaje y mantenerse entero? Seguramente no, así que es en ese momento cuando cae en el error tan humano de creer que se enfrenta a un dilema, como si la vida fuera una cuestión dicotómica en la que hay que elegir entre A y B, algo que casi nunca resulta cierto.

Rufián tenía otra opción, quizás la que mejor conjugaba el sentido común y la coherencia, al tiempo que hubiera conjurado su vértigo tan comprensible. ¿No te atreves a liderar el Frente Amplio que tú mismo señalas como única salida por temor a traicionar a tu partido? Muy bien: dimite de todos tus cargos, abandona la política de primera línea, la política institucional. ¿Por qué la mayoría de los políticos solo contemplan opciones dicotómicas que, ay casualidad, siempre les permite perpetuarse en sus asientos? El propio Rufián se ha valido de todo esto para aumentar su poder en el seno de ERC, configurar las listas a su antojo y, en teoría, arrebatar votos a los Comuns.

Rufián ha demostrado lo que tantos se negaban a creer, que es un político profesional más, que su juego es el parlamentario, con sus buenas nóminas y su estatus encumbrado. Es, en suma, ese tipo de profesional que las acampadas de la vivienda denuncian cuando repiten que llegó la hora de la política, no la de los políticos, a los que, a estas alturas, no se les tiene ninguna estima. Lo que estamos viendo estas semanas tiene que ver poco o nada con lo que se respira en esas mismas acampadas. Lo que estamos viendo estas semanas tiene que ver, sobre todo, con salvar el culo propio, el de los aparatos de cada partido, esa maquinaria de la que viven bastante bien no solo los diputados y cargos públicos, sino además una miríada de subalternos.

Que te presentes para competir contra la iniciativa de la que tú mismo eras promotor solo por cálculo electoral y de beneficio personal lo confirma. La vida, incluida la parlamentaria, no es A y B. En serio, no hace falta esperar a que te echen. De la política también se sale.

Jaron Rowan, notable investigador en economía de la cultura, le ha puesto a su reciente libro, Un monstruo llamado Yo (Traficantes de Sueños, 2026), el elocuente subtítulo de Contracultura reaccionaria y política de la virtud. Es, por tanto, un ensayo más que pertinente para entender el desconcierto actual que, cualquiera que tenga cerca a docentes, sabe de sobra cómo está cundiendo en los centros educativos. Allí, los jóvenes, especialmente los varones, están canalizando la incertidumbre hacia posturas de extrema derecha.

Para entenderlo, Rowan traza un hilo que arranca que con la contracultura de los años sesenta y setenta. La subsiguiente reacción del thatcherismo y la nueva derecha estadounidense entronca hoy con los movimientos europeos de extrema derecha. La vivencia individual, pregunten a los docentes, se confunde con la verdad irrebatible: cualquier discrepancia se experimenta como una agresión personal. Este inaudito giro narcisista conduce de lleno hasta un yo neoliberal y, en cierta forma, muy paradójico. El joven, obligado a una constante autopromoción, a convertirse en una marca personal y exponerse en las redes, atraviesa al mismo tiempo una crisis material incuestionable: precarización, encarecimiento brutal de la vivienda y erosión de los vínculos comunitarios.

Esa reacción, explica Rowan, se sustancia así en el repliegue de lo que llama el “Yo monstruoso”. Faltos de un marco colectivo de explicación, se refugian en su propia experiencia, lo que da lugar a una subjetividad hipertrofiada. El dolor, el miedo o la ansiedad son reales e innegables, pero el diagnóstico político desaparece: ya no se discute qué produce semejantes malestares, sino quién padece el malestar más legítimo. Además, la crisis material que antes mencionaba, sin duda favorece la atomización social. Sin tiempo, recursos ni energía, ya apenas contamos con la capacidad de sostener espacios físicos para la politización colectiva.

Este concepto del Yo monstruoso dialoga así, y de forma muy directa, con el del “dulce nihilismo”, que en su último libro desarrolla el sociólogo Emmanuel Rodríguez. En consecuencia, esta reclusión no confronta al sistema, pero en última instancia tampoco se fuga de él. El individuo, refugiado en su dulce nihilismo, en su Yo monstruoso, en el fondo aspira a mejorar su situación personal dentro del propio sistema, más que a transformarlo. Entre tanto, los jóvenes, dice Rowan, aislados, aunque conectados virtualmente, desconfiados y sin marcos compartidos para interpretar su malestar, son el abono para las posturas reaccionarias. La soledad y la atomización, antes experiencias marginales, se han normalizado, y eso les predispone a buscar liderazgos fuertes que ofrezcan un orden simple y comprensible.

El reto pasa por combatir un modelo de vida que perpetúa el sistema productivo y gestiona sus crisis desviando la culpa hacia enemigos fabricados, como estamos viendo estos días en Ceuta

He pensado mucho en los últimos libros de la investigadora Nuria Alabao, que además observa con detenimiento la dinámica de las redes sociales virtuales. Alabao analiza cómo entre varones jóvenes todo esto se traduce en una contracultura que se presenta como transgresora y antisistema, cuando en realidad reacciona contra el avance del feminismo, la diversidad sexual y de género, todo lo que, en suma, esos jóvenes perciben como un exceso de corrección moral. A diferencia de la contracultura clásica, que buscaba ensanchar la libertad subjetiva, esta nueva ola reaccionaria ofrece familia, jerarquía y enemigos claros (inmigrantes, personas queer, feministas, etc.). En otras palabras, precisamente todo lo que hace funcional al neoliberalismo.

Es aquí donde Rowan expone una de sus tesis principales: la izquierda, al haber priorizado en ciertos contextos las luchas de reconocimiento identitario sobre las de redistribución material, contribuyó sin pretenderlo a reforzar esa misma lógica individualizadora.

Sin ánimo de fustigarnos, ciertamente desde la izquierda contestataria se ha allanado en ocasiones este camino. Así, la moralización, o lo que Rowan llama “captura elitista”, conduce a que conceptos nacidos en la práctica militante se vacíen en la academia de su dimensión estructural, precisamente para que las élites culturales se conviertan en una suerte de “guardianes de la virtud”. De este modo, cierta izquierda sustituye la acción transformadora por el juicio moral. Sumemos que, sin esos espacios físicos cuya puesta en marcha tanto obstaculiza la crisis material, todo parece reducirse a eslóganes, al tiempo que la ultraderecha sí ha construido su propio armazón mediático y organizativo.

En suma, el reto pasa por combatir un modelo de vida que perpetúa el sistema productivo y gestiona sus crisis desviando la culpa hacia enemigos fabricados, como estamos viendo estos días en Ceuta. Por eso, este breve ensayo resulta importante, porque no cae en la caricatura y nos brinda un análisis necesario para, como se dice en la contracubierta, “recuperar la posibilidad de imaginar otras formas de vida en común”. Eso, y no otra cosa, ha sido siempre la izquierda y eso, y no otra cosa, es lo que expresa rotundamente el estallido social por la vivienda que por fin hoy recorre todo el país.

El pasado mes de diciembre un vecino de Málaga, Haitam Mejri, murió después de recibir alrededor de una decena de descargas de las pistolas táser de varios policías. En su cuerpo se encontraron 86 lesiones. Nada de esto obstó para que los policías hicieran varios chistes al respecto delante del cadáver, como recogieron las cámaras del locutorio donde tuvo lugar el suceso. Marlaska no vio nada raro en ello.

Es excepcional, de hecho, la semana en la que no nos enteramos de un nuevo episodio de brutalidad policial sin justificación alguna. El Ministerio de Interior, invariablemente, mira hacia otro lado mediante la irrisoria fórmula de “apertura de expediente”, ya sea por la agresión a una profesora valenciana en huelga o, como hemos comprobado estos días, por la paliza a un aficionado del Barça.

En realidad, esto de que Marlaska ni se inmute ya viene de lejos, cuando en sus años de juez hacía la vista gorda ante la evidencia de torturas. No es de extrañar que, ya de ministro, se mostrara indiferente ante la acumulación de cadáveres en la valla fronteriza de Melilla, o el trato como apestados que dio a los 800 menores que también entraron en Ceuta en el año 2021. Es obvio, y basta leer cada semana la prensa, que en la policía hay un problema de corrupción gravísimo y generalizado, pero al bueno de Marlaska no le ha dado en dos legislaturas para hacer una limpieza. Estaba más entretenido en justificar el mantenimiento de la Ley Mordaza. Y es que no es fácil hacer que Grande-Marlaska se enfade, qué va. Pero ahora sí, ahora se ha enfadado mucho. Menudo inicio de curso. Está irreconocible.

Lo que la incapacidad de Marlaska ha puesto de relieve es sencillamente lo que todos intuimos desde hace tiempo: el gobierno no controla, ni de lejos, a buena parte de las instituciones que definen el Estado

No se ha enfadado por las 141 personas que murieron este verano intentando entrar en Ceuta, ni por los nuevos casos de abusos y crímenes policiales, ni por la corrupción de su propio partido. No, se ha enfadado porque los mismos cuerpos de seguridad a los que les permite todo contra nosotros ahora le han tomado un poquillo el pelo a él con la crisis de Ceuta. De hecho, parece que fue el último en enterarse, y anda echando chispas cada vez que un periodista le pregunta si piensa dimitir y si el CNI se la ha jugado.

Se merece este bochorno, como ningún otro ministro, excepto Isabel Rodríguez, la ministra ornamental de Segunda Vivienda. Lo que la incapacidad de Marlaska ha puesto de relieve es sencillamente lo que todos intuimos desde hace tiempo: el gobierno no controla, ni de lejos, a buena parte de las instituciones que definen el Estado.

Es más, a estas alturas parece evidente que esas instituciones maniobran, precisamente, contra el gobierno actual: a los familiares del presidente les montan juicios prospectivos y delirantes, cuando no encierran a tuiteros o raperos; el Tribunal Supremo quita el derecho a voto a 400.000 españoles por si deciden votar progresista y, por volver a Ceuta, son los propios jueces quienes, con una sentencia disparatada, provocaron el llamado “efecto llamada”, como explica en detalle Ignacio Escolar. Eso sí, luego la investigación la lleva una jueza que fue teniente de alcalde con el PP y que de entrada le prohibió a la Policía elevar al ministro los informes. Casualmente, esos informes sobre Ceuta sí se filtraron antes a la prensa afín, de modo que Marlaska, que los desconocía, quedó en ridículo. Como para no enfadarse.

¿Qué pensaba el Ministerio de Interior, y con él el resto del gobierno en manos del PSOE? ¿De verdad creían que después de décadas sin hacer nada contra la corrupción, la prevaricación, el nepotismo nunca les iba a tocar a ellos? ¿No querían estar con el “pueblo”? Pues ahora ya saben lo que se siente.

En noviembre del año 2005 formé parte de la Caravana Europea contra la Valla de la Muerte y por la Libertad de Movimiento. Más de 400 personas, algunas de otros países europeos, recorrimos las calles de Ceuta desde el puerto hasta El Tarajal, donde se ubica la valla fronteriza. En esa valla, a finales de septiembre, habían muerto por disparos seis jóvenes que intentaban dar el salto. Nunca se aclaró del todo de qué lado de la frontera procedían los disparos. Pedíamos una investigación rigurosa y asunción de responsabilidades.

Desde los días anteriores, y luego durante las dos jornadas de la Caravana, la prensa local no dejó de calentar el ambiente con un ejercicio que solo a duras penas podemos tildar de periodístico. En Ceuta, de hecho, nos recibió un ingente despliegue de militares, policías, guardias civiles… Conseguimos llegar hasta la valla y depositar una ofrenda floral y una pancarta con el lema «Tumba la valla», en la que destacaba el mismo símbolo de nuestras camisetas: las escalas de palos con las que habían intentado saltar varios grupos en septiembre. Por la noche acampamos en los alrededores del CETI, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, donde celebramos una asamblea con sus residentes. A la mañana siguiente, después de intensas negociaciones, la Delegación de Gobierno se avino a recibirnos. Fue una reunión frustrante, en la que el gobierno de Zapatero dio muestras de la habitual insensibilidad a la que nos tienen acostumbrados los socialistas.

A lo largo de esos dos días, buena parte de la población, azuzada por esa vergonzosa prensa local, no dejó de insultarnos, intentar agredirnos, lanzarnos escupitajos y proferir todo tipo de insultos racistas, sin que faltara el clásico “si tanto os gustan, llevaos uno a vuestra casa”. La excepción, como era de esperar, ocurrió al paso de la marcha por el barrio de El Príncipe, donde fue recibida entre vítores.

En Ceuta, en demasiadas ocasiones se apunta al de abajo, no al de arriba. Es la guerra de los penúltimos contra los últimos, unos de los triunfos más espectaculares del capitalismo, y en el que, por su puesto, se entrevera la raza, la clase, el género...

Hace más de 20 años de aquello. No es solo una batallita de abuelo: es un recordatorio de que desde entonces poco ha cambiado. El gobierno actual, de nuevo en manos socialistas, intenta convencernos de la cuadratura del círculo: que se pueden gestionar las fronteras de manera humanitaria y respetando los derechos fundamentales. Es imposible, y menos con Marlaska al frente. Ahí tenemos las concertinas, los cadáveres amontonados en la valla de Melilla en 2022, ante su indiferencia, o los cambios anunciados este mismo verano para endurecer la ley de asilo y extranjería.

La hipocresía llega, por tanto, cuando con esas políticas, desde el propio gobierno se llevan las manos a la cabeza. Fingen así que están libres de responsabilidades ante los ataques racistas y desalmados de algunos ceutíes a los migrantes que aún quedan en la ciudad después de la masiva entrada de finales de julio. Sin embargo, el gobierno, con sus acciones y su inefable ministro de Interior, es cómplice.

El racismo en Ceuta no es algo novedoso. Puede que no represente a la mayoría de la población, puede que los exaltados que intentan dejar sin comida ni agua a los acampados de la Playa del Trampolín sean minoría, puede que solo una parte de la ciudadanía recurra a la violencia. No obstante, de nada sirve negar que en Ceuta el racismo tiene una presencia más que preocupante desde hace décadas. Que la ciudad atraviese en la actualidad una situación tan delicada como tensa, con sus recursos exhaustos, no obsta para mantener esa afirmación, que repito: el racismo en Ceuta está a la orden del día desde hace décadas. Se le pueden buscar todas las causas que se quieran, pero nunca negarlo. En Ceuta, en demasiadas ocasiones se apunta al de abajo, no al de arriba. Es la guerra de los penúltimos contra los últimos, unos de los triunfos más espectaculares del capitalismo, y en el que, por su puesto, se entrevera la raza, la clase, el género...

¿Qué hace el gobierno para combatirlo? Aumentar la altura de las vallas, llenarlas de concertinas, anunciar mano dura, justificar las expulsiones en caliente, utilizar términos bélicos y plantear la acogida de los pocos miles que quedan en Ceuta como un problema, cuando hace cuatro años España concedió 160.000 protecciones temporales a refugiados ucranianos. En suma, en la práctica el gobierno blinda el régimen de fronteras.

Ellos y nosotros, parecen decirnos sin pausa. Y así vemos episodios como los de El Trampolín. Ellos y nosotros. Y yo, que soy un optimista, cada vez que veo a un enchaquetado de un ministerio creo que somos muchos lo que pensamos que forma parte del “ellos”, mientras que los acampados de El Trampolín se encuentran en nuestro mismo “nosotros”.

En día en que de verdad entendamos eso, nuestra sociedad será mejor.

Me aburrís. Me aburrís con vuestros bulos, con vuestro supremacismo mimetizado, con vuestro narcisismo, con vuestra ignorancia y vuestra incultura. Me aburrís con vuestra falta de empatía, con vuestra sevicia digital, con vuestra carencia de cariño recibido.

Me aburrís con vuestros manotazos desesperados, ese ansia pueril para que alguien os haga casito. Me aburrís con vuestra Europa: grecolatina cuando os conviene, judeocristiana cuando toca, aunque de paso, por cierto, eso deje fuera a unos cuantos millones de balcánicos. Me aburrís con vuestra necesidad avasalladora de meter cabeza en cualquier medio, el que sea, con vuestra maleabilidad a cambio de unos pocos likes, con vuestros argumentos ad hoc, con vuestras contradicciones bochornosas, a veces, incluso, en el mismo día, en el mismo tuit.

Me aburrís con vuestra defensa de no sé qué integridad nacional, de las fronteras impuestas, de las patrias imaginarias mientras negáis los derechos más elementales

Me aburrís con vuestro fascismo cultureta, con vuestras lecturas de trazo gordo, con vuestros negacionismos públicos, insostenibles en la intimidad. Me aburrís, mucho, con vuestro fútbol patriotero. Y con esa solemnidad de cartón piedra con la que pretendéis convertir cada opinión en una verdad y cada prejuicio en una idea.

Me aburrís con vuestra defensa de no sé qué integridad nacional, de las fronteras impuestas, de las patrias imaginarias mientras negáis los derechos más elementales. Me aburrís con vuestras reivindicaciones impostadas de religiones que ni por asomo practicáis, con vuestro conservadurismo de postín, con vuestra nostalgia inventada.

Me aburrís con vuestros literatos henchidos de soberbia y tan escasos de obra verdadera. Con vuestros filósofos de pacotilla. Me aburrís con vuestros titulares de clickbait, vuestros pareceres prefabricados y vuestra incapacidad para mantener una idea durante más de cinco minutos sin convertirla en consigna.

Me aburrís con vuestra vocación de pastores de incautos, con vuestro afán de engañar a los más vulnerables, a quienes todavía están intentando averiguar quiénes son mientras vosotros les vendéis una identidad de saldo

Me aburrís. Me aburrís con vuestro odio a las mujeres, a las diferencias. Me aburrís con vuestra masculinidad tan, tan, tan frágil que supura toxicidad; tan delicada que creéis que se desmoronará el día en que por fin aceptéis esa homosexualidad que todavía hoy reprimís a golpe de burpees y mancuernas.

Me aburrís con vuestros gurús engolados, salidos de algún programa de televisión, de alguna tertulia sumisa, de un youtuber esquinado en Andorra, de alguna red social para adolescentes perpetuos. Me aburrís con vuestra vocación de pastores de incautos, con vuestro afán de engañar a los más vulnerables, a quienes todavía están intentando averiguar quiénes son mientras vosotros les vendéis una identidad de saldo.

Me aburrís con esa necesidad constante de ser vistos, escuchados, celebrados, temidos. Con vuestra falta de autoestima. Con vuestra falta de amor propio, aunque en eso sí, en eso os entiendo. Yo tampoco podría quererme si fuera tan fatuo como cada uno de vosotros. Me aburrís, ridículos.

A raíz de los incendios que están devastando el país he recordado una de las siete “cavilaciones” que componen el pequeño tomo Pequeñas heridas mortales, de la escritora Belén Gopegui. En ella, trae a colación un viejo artículo de Fernando Cembranos Díaz, en el que, bajo el descriptivo título de Pérdidas que hacen crecer el PIB, examina 14 destrozos que, de manera solo en apariencia paradójica, cuentan positivamente en el PIB. Entre ellos, sin ir más lejos, se encuentran los incendios. Si un río contaminado por la industria obliga a los habitantes de una aldea a comprar agua embotellada, y así favorecer el PIB, un bosque quemado contribuye igualmente más que uno vivo: se contratan medios de extinción, se pagan salarios a bomberos, se compra maquinaria, se desarrollan trabajos de limpieza y retirada de árboles quemados, se diseñan proyectos de reforestación, se construyen infraestructuras preventivas, etc. El PIB crece a costa de una enorme pérdida.

A pesar de ello, aún hoy el Producto Interior Bruto (PIB) es uno de los indicadores económicos más utilizados para medir la actividad económica de un país, ya que calcula el valor total de los bienes y servicios producidos durante un período determinado. Sin embargo, aunque resulta muy útil para comparar el tamaño de las economías o analizar su crecimiento, queda claro que no constituye el mejor indicador para medir la riqueza o el bienestar real de una sociedad.

Un aumento de la actividad económica puede ir acompañado de contaminación, agotamiento de recursos naturales o pérdida de biodiversidad, factores que reducen la riqueza futura de un país aunque incrementen el PIB en el presente

En primer lugar, el PIB no refleja cómo se distribuye la riqueza entre la población. Un país puede registrar un PIB muy elevado y, al mismo tiempo, presentar grandes desigualdades económicas, de modo que una parte importante de sus habitantes viva con escasos recursos. Por tanto, un crecimiento del PIB no implica necesariamente una mejora en la calidad de vida de todos los ciudadanos. Eso explica que cada vez que el Gobierno alardea de los buenos datos, mucha gente no entienda por qué no puede pagar, o siquiera encontrar, una vivienda.

Además, este indicador no tiene en cuenta actividades que generan valor social, pero que no pasan por el mercado, como el trabajo doméstico, el cuidado de familiares, el voluntariado, la cooperación en un centro social de gestión autónoma o las redes de solidaridad como las que hemos visto estos días en la crisis humanitaria de Ceuta. Estas tareas contribuyen al bienestar colectivo, aunque no aparezcan registradas en las estadísticas económicas.

Otra limitación importante es que el PIB ignora el impacto ambiental de la producción. Un aumento de la actividad económica puede ir acompañado de contaminación, agotamiento de recursos naturales o pérdida de biodiversidad, factores que reducen la riqueza futura de un país aunque incrementen el PIB en el presente. De nuevo lo vemos con los incendios de este año.

Para conocer el verdadero nivel de desarrollo y bienestar de una sociedad son necesarios indicadores que reflejen la distribución de la riqueza, la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida de la población

Asimismo, el PIB tampoco mide aspectos fundamentales del bienestar, como la salud, la educación, la seguridad, la esperanza de vida o la satisfacción personal. Por ello, organizaciones internacionales complementan este indicador con otros, como el Índice de Desarrollo Humano (IDH), que incorpora variables sociales además de las económicas.

En suma, medir la riqueza por el PIB no tiene sentido, y ya desde los años setenta lo vienen advirtiendo destacados economistas. Para conocer el verdadero nivel de desarrollo y bienestar de una sociedad son necesarios indicadores que reflejen la distribución de la riqueza, la sostenibilidad ambiental y la calidad de vida de la población.

Cuando lleguen las próximas elecciones el país seguirá ardiendo, en los bosques y en esas calles donde cada semana los especuladores de la vivienda expulsan a más y más personas. Pero no pasa nada, ya veréis como alguien del Gobierno nos dirá que España no deja de generar riqueza. Riqueza, sí, esa riqueza del PIB.

A estas alturas hasta el propio Feijóo se ha dado cuenta de su enésima metedura de pata, ahora al llamar “cáncer” a las bajas laborales y anunciar una legislación específica contra los trabajadores que las sufran. Casi me dio pena ver al inefable Borja Semper defender las palabras de su líder, justo cuando se ha reincorporado de una baja laboral, precisamente por cáncer, durante la que ha percibido el 100 % de su sueldo como diputado. A estas alturas, en efecto, tampoco tiene sentido abundar en los numerosísimos análisis que han desmentido la acusaciones de Feijóo: ni hay abusos de bajas laborales, ni en España se dan más que en nuestro entorno (más bien al contrario), ni los caraduras proliferan por nuestros centros laborales, a no ser en las altas escalas como, por cierto, en el Congreso de los Diputados.

La izquierda institucional, la tuitera y la mediática, con datos bien espigados, contestaron de manera contundente, y quedó claro que somos currantes honrados, que apenas hacemos trampas para engañar a nuestros empleadores, que incluso vamos al tajo en condiciones de salud poco recomendables, sobre todo las mujeres, a las que hasta hace poco ni siquiera se les reconocía dolencias específicas, como las relacionadas con la regla. No tengo nada que objetar a esos argumentos perfectamente documentados, los doy por válidos.

Sin embargo, durante estos últimos días me ha sorprendido cierto tufillo moralista. De repente, hasta izquierdistas supuestamente contestatarios daban por buena la ética del trabajo, en la peor tradición del comunismo, y de pronto vender tu tiempo durante ocho horas al día para, no sé, pasar productos por una caja de un supermercado te convertía en mejor persona que intentar escaquearte de esa labor enajenante. De repente, el trabajo se convertía en un valor absoluto, la medida de nuestra moralidad. Lo mismo da limpiar baños durante todo el día, o pasar un turno de noche vigilando un parking y destrozando tu ciclo de sueño, que compartir despacho con Patricia Botín para decidir el desahucio de unas cuantas familias. Total, es trabajo, y del trabajo no hay que escaquearse, que está feo y somos gente buena y de izquierdas, aunque sea trabajo para el capitalismo.

Hay trabajo de sobra para todos, y recursos para garantizar la vida digna más allá del chantaje del salario, de manera que solo los explotadores y los tontos se revuelven cuando se habla de reducir la jornada laboral o implantar alguna renta incondicional

Hace casi una década la New Economics Foundation de Reino Unido comparó la contribución social de distintas profesiones. Mientras un ejecutivo financiero que percibía varios millones de libras al año destruía siete libras de valor social por cada libra ingresada, una trabajadora de guardería con un salario modesto generaba siete libras de beneficio colectivo por cada libra que cobraba. Y el alto ejecutivo trabajaba mucho menos. Disponemos desde hace décadas de la capacidad tecnológica y productiva suficiente para disminuir de modo significativo nuestro tiempo de trabajo, seguramente hasta esas quince horas semanales que pronosticaba Keynes. Hay trabajo de sobra para todos, y recursos para garantizar la vida digna más allá del chantaje del salario, de manera que solo los explotadores y los tontos se revuelven cuando se habla de reducir la jornada laboral o implantar alguna renta incondicional. ¿Por qué? Porque nos han colado, y con qué eficacia, la ética del trabajo, igual que si el curro de Lamine Yamal y el tuyo fueran la misma cosa.

Así que lo diré de forma directa. Ojalá en España sí hubiera un problema generalizado de falsas bajas laborales, ya que sería síntoma de un saludable rechazo al trabajo. Ojalá, cuando se vuelva a hablar de las bajas laborales, en lugar de sacar pecho, nos lamentemos de lo difícil que en España es fingirlas. Sospecho que todos estaríamos más de acuerdo con ese enfoque. Menos Botín, Feijóo y Semper.

Me he levantado con el ánimo conciliador y, como sé que nuestro moderadísimo Juanma Moreno lo estará pasando fatal por el pacto de gobierno con Vox, le traigo una propuesta para aliviarle el verano. Es cierto que a este preclaro centrista le cabe el honor de haber alcanzado el primer acuerdo con Vox en España, allá en el lejano 2019. Sin embargo, en esta ocasión al pobre no le ha quedado más remedio que tragarse la ocurrencia de la prioridad nacional y meter a la extrema derecha en el gobierno. Eso sí, ha tenido el tino, el muy pillo, de entregar a los ultras una Consejería sin importancia alguna, la de Turismo, que en Andalucía no pinta nada. ¿O es que alguien ha visto en los últimos años un turista por aquí? En Málaga ni sabemos lo que es eso.

Por otro lado, ahora su jefe, el gallego con afición a los bulos, ha anunciado que si alguna vez toca poder, ejem, va a extender a todo el país lo del concebido no nacido, última salida antiabortista llegada desde Madrid. A nuestro querido Juanma le están saliendo iniciativas por todos lados, y él no lidera ninguna, pero vengo a proponerle una que le haga ganar enteros. En realidad, más que una iniciativa, se trata de la combinación de esas dos medidas tan particulares. Unamos, por tanto, la prioridad nacional con el concebido no nacido. Si alguien sabe cómo cuadrar el círculo, ese eres tú, Juanma, ¿o acaso no acabas de pactar la derogación de la ley andaluza de memoria al tiempo que rendías homenaje a Blas Infante?

En esta ocasión, querido Juanma, se trata de eliminar, en primera instancia, ese incómodo tufillo a racismo de la prioridad nacional que nos has impuesto en Andalucía. Si el racismo se define por la discriminación de personas, ojo ahí, en función de criterios étnicos, actuemos, en lugar de sobre personas… ¡sobre los embriones!, o mejor, sobre las intenciones de gestar. La propuesta es sencilla, pero exige algunas consideraciones previas.

A fin de cuentas, como sabemos, si algo nos caracteriza a los españoles de abolengo es nuestra histórica pureza genética, libre de mezclas ni contactos entre pueblos. Se me ocurre un eslogan: “Andalucía para los andaluces. Libra a tu descendiente de la prioridad nacional”. ¡Que se chupen esa los de Vox y todos los demás!

Igual te crees que estoy promoviendo un “aborto pantone”, ya sabes, solo entre aquellos que se sitúan en lado más oscurito de la paleta de colores. Dios me libre, que sé que tú eres “provida” (aunque sea principalmente vida nacional). Ahora bien, piensa un momento, ¿cuál fue tu punto débil en la campaña electoral? Exacto, la sanidad pública. Pues bien, podemos matar dos pájaros de un tiro, que la caza sí te mola más. ¿Ves por dónde voy? En España los católicos somos legión enfervorecida, como hemos visto con la visita del Papa Progre II. No obstante, admitamos que también llevamos muchos años, en concreto desde 1968, obviando algunas doctrinas que nos pillan un poco a trasmano. Aquel fue el año de la célebre encíclica Humanae vitae, ese jarro de agua fría que Pablo VI arrojó sobre todos los listos que querían seguir la línea aperturista de Juan XXIII. Bajo el explícito subtítulo de “Sobre la regulación de los nacimientos”, la Iglesia rechazaba la contracepción artificial. Ni el Papa Progre I ni ahora el II le han tocado una sola coma, pero vamos, que menos los kikos, aquí la que más o el que menos se pone un DIU o un condón. Y de momento Dios, pese a Pablo VI, lo ve con buenos ojos. ¿Lo pillas ya o tengo que ser más explícito? Bueno, te lo pongo negro sobre blanco en el siguiente párrafo.

Reflotemos algunos servicios de la Sanidad Pública mediante una campaña fuerte, con eficiencia y sin listas de espera. Esta es la campaña que te propongo, y que va a dejar boquiabiertos, ojipláticos, a la de Madrid y al gallego: ligaduras de trompa y vasectomías a cargo de la seguridad social andaluza para todos los que no sean españoles de pura cepa. A fin de cuentas, como sabemos, si algo nos caracteriza a los españoles de abolengo es nuestra histórica pureza genética, libre de mezclas ni contactos entre pueblos. Se me ocurre un eslogan: “Andalucía para los andaluces. Libra a tu descendiente de la prioridad nacional”. ¡Que se chupen esa los de Vox y todos los demás!

De nada, Juanma.

A nadie le puede sorprender que la mayoría de los españoles cuestione la imparcialidad de la Justicia. Seguro que tampoco le sorprende al aparato del PSOE, que de hecho se ha beneficiado de ello de manera constante. Ni siquiera cuando se sucedían los montajes policiales y las acusaciones disparatadas contra Podemos y sus líderes, para luego traducirse en imaginativas causas judiciales sin recorrido, el gobierno quería hablar de lawfare ni de deficiencias democráticas. Era comprensible. El tinglado judicial de España, tan permeado por el franquista, es en buena parte obra de los primeros gobiernos socialistas.

Todos llevamos demasiado tiempo percibiendo que la Justicia castiga con más rigor al robagallinas que al político ladrón de guante blanco, o al organizador con fondos reservados de grupos terroristas. El turnismo de nuestra democracia es lo que tiene, o lo que tenía: ahora me beneficio yo de los favores que me debe la judicatura, con todos esos altos jueces regados de prebendas desde el poder, y ya te pasará a ti lo mismo mientras gobiernes. Al menos, así era hasta hace poco, hasta la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a su primera legislatura.

El presidente jamás habría imaginado que la misma guerra sucia que obviaba cuando se cernía sobre sus socios de gobierno, le iba a caer en tromba a él y a su entorno familiar. Ese desconcierto resulta del todo comprensible. El PSOE, como firme garante del statu quo, se frotaba las manos viendo el añito que le esperaba al PP: la kitchen, el novio de Ayuso, la policía patriótica… Por fin, con el retraso acostumbrado cuando no te apellidas Ábalos o Rodríguez Zapatero, iban a tener lugar todos esos juicios que, sí o sí, terminarían de hundir al PP, seguramente el partido más corrupto que jamás padeceremos. No imaginaban que ni M. Rajoy, ni Cospedal, ni por supuesto Montoro con su presunto despacho para la compraventa de leyes a medida, iban a irse de rositas, bien porque ni se les imputa o bien porque, y que nadie piense mal, por lo que sea no terminan de fijarse fechas para los juicios. Y, si lo hacen, siempre coinciden con otros más mediáticos. El más suertudo en ese sentido es el novio de Ayuso, González Amador, que, también por lo que sea, siempre cae de pie.

No sospechaba que vería a su hermano y a su mujer desfilando por los banquillos en causas del todo anómalas, con jueces, como el inefable Peinado, de esos que provocan la desconfianza de la ciudadanía, y en este caso incluso el de los sindicatos más extremistas de la policía

Sánchez no podía barruntar que le iban a hacer lo mismo que a Pablo Iglesias, inventar casos contra sus seres queridos para minarle a él mismo. No sospechaba que vería a su hermano y a su mujer desfilando por los banquillos en causas del todo anómalas, con jueces, como el inefable Peinado, de esos que provocan la desconfianza de la ciudadanía, y en este caso incluso el de los sindicatos más extremistas de la policía. Lo siento de verdad por todos esos daños colaterales, personas sin más delito que ser hermano de o mujer de. Me alegro, eso sí, por el juicio a Zapatero, por mucho que resalte el trato de favor a Aznar y González. Me alegro, también, de que caigan los Koldo, Cerdán, Ábalos y Leire, aunque eso también resalte la asimetría con Aldama, por ejemplo.

¿Que en la actualidad la Justicia lleva dos marchas diferentes cuando atañe al PP o al PSOE, como por fin se atreve a declarar el propio PSOE? Sí. ¿Que la línea para las imputaciones se mueve más allá o más acá según afecte a unos u otros? Sí ¿Que las sentencias son más duras o más permisivas cuando van a derecha o a centro izquierda? Sí. ¿Que el PSOE, por su connivencia con este sistema siempre que le ha beneficiado se lo merece? Pues mira, también.

Se han hecho virales, y han desatado indignación y multitud de artículos, las imágenes del policía que, sin venir a cuento, empuja al suelo a una docente de 68 años que acaba con la nariz rota durante una de las ejemplares jornadas de huelga en Valencia. Son imágenes que, ni mucho menos, registran la verdadera brutalidad con la que en ocasiones actúan tantos agentes, pues desde hace demasiado tiempo se saben impunes. No en vano, los jueces suelen hacer la vista gorda, al tiempo que el Gobierno más progresista de la historia les sigue dando amparo gracias, entre otros motivos, al incumplimiento de una de sus más sonadas promesas electorales: la derogación de la ley de mordaza. Si esta actuación en concreto nos ha revuelto las tripas se debe a que está grabada en toda su crudeza. De hecho, los sindicatos policiales, acostumbrados a ocultar esas brutalidades, han salido en tromba a defender al agente. No solo eso, sino que a la delegada del Gobierno le dijeron, con la altanería habitual, “tú no vas investigar nada”. Y llevaban, en el fondo, razón. De manera indubitable, el ministro Grande-Marlaska, en última instancia el responsable de los cuerpos estatales de seguridad, siempre acaba por justificar las actuaciones policiales.

Todos lo sabemos: en España la Policía, en más ocasiones de las tolerables, no solo no protege el derecho pacífico a la protesta, sino que agrede a quienes lo ejercen. Hace algún tiempo me dio por repasar someramente los casos de corrupción en los cuerpos de seguridad de los últimos meses: tráfico de drogas, brutalidad, blanqueo de capitales, organizaciones criminales, abusos sexuales, torturas, montajes, etc.

Si uno se pone en serio, la lista es interminable. No se trata de manzanas podridas, sino de un gravísimo problema estructural que, por razones incomprensibles, ningún gobierno ataja. En este país mucha gente no se siente protegida por la Policía, sino más bien atemorizada, una clara deficiencia democrática. Es, de hecho, ahí donde radica la verdadera corrupción sistémica de España, una corrupción transversal, con mandos que se ponen al servicio de la guerra sucia del ejecutivo para anular a rivales políticos, que fabrican pruebas falsas contra la izquierda, que frenan informes cuando atañen a gobiernos afines, o elaboran otros de forma muy creativa y acelerada cuando sirven para derribar a los de signo contrario. Y no pasa nada. Nada de nada. Lo estamos viendo estos días con tanto juicio a las cloacas.

Ya sabéis lo que en política se dice: si quieres paralizar un asunto, crea una comisión de estudio. Pues esto lo mismo, abre un expediente o “investiga” a fondo algo que las imágenes que todos hemos visto revelan de manera inequívoca

Al policía de Valencia, sí, ¡le han abierto un expediente! Eso es todo. He intentado buscar qué significa exactamente, qué posibles consecuencias tiene. No lo he logrado, así que, me temo, es un siempre recurso para generar un titular y poco más. Se trata, en suma, de algo parecido a esa “investigación” que el Gobierno vasco ha abierto a los agentes que apalearon a quienes estaban recibiendo en el aeropuerto de Bilbao a los miembros de la flotilla de Israel. Ya sabéis lo que en política se dice: si quieres paralizar un asunto, crea una comisión de estudio. Pues esto lo mismo, abre un expediente o “investiga” a fondo algo que las imágenes que todos hemos visto revelan de manera inequívoca.

No está de más recordar que, en Málaga, una jueza no ha visto nada extraño en el caso de la muerte de Haitam, tras el uso de pistolas taser por varios agentes, las 86 lesiones en su cuerpo y las mentiras de los agentes a los sanitarios que acudieron sin más tiempo que el de certificar el fallecimiento.

¿Qué piensan hacer los próximos gobiernos con todo esto, qué lugar ocupará la corrupción policial en la próxima campaña electoral, quién se atreverá a una verdadera limpia en los cuerpos de seguridad cuando llegue al poder? Nada pasará, nada: expedientes e “investigaciones” y, entre tanto, nuestro miedo será el mismo.

No tengo ni idea de qué ocurrirá con la imputación de Zapatero, ni si realmente ha cometido algún tipo de delito. No obstante, tampoco tengo ninguna duda de que su sentido de la probidad es ínfimo, como el de todos sus predecesores en la presidencia del gobierno, por cierto. No en vano, se enriquece a manos llenas como lobbista, gracias a su posición de expresidente. Como el resto que los otros expresidentes, además chupa del bote público una pensión vitalicia, en su caso de casi de 80.000 euros brutos anuales, además de oficina propia, servicios de secretariado y un máximo de dos puestos de trabajo para funcionarios adscritos a su servicio, coche oficial con conductor y escolta. Con tus impuestos.

Con todo y con eso, en estos días hemos tenido que oír expresiones como que era el faro moral de cierta izquierda, que deja huérfanos de referentes a tanta gente en el PSOE, o el respeto que le profesaban políticos de otras formaciones, como Rufián. Esa incompresible beatificación ya la inauguró hace tiempo Podemos, cuando Iglesias y Errejón comían con él en campechanía y lo llamaban José Luis, al tiempo que Monedero tuiteaba alabanzas varias.

Entre los indiscutibles haberes de las dos legislaturas de Zapatero se encuentra la retirada de las tropas tras la invasión ilegal de Irak, el matrimonio igualitario, leyes como la de igualdad, violencia de género, dependencia y memoria histórica, además del proceso que desembocó en el fin de ETA.

Reforzó la burbuja inmobiliaria, dando vía libre a lo que con el tiempo se ha convertido en nuestro mayor problema social; regularizó las SICAV, sociedades de inversión que, en la práctica, significaban una amnistía fiscal; bajó un 5% de media los sueldos públicos y congeló las pensiones

Son hitos que salen a colación demasiado a menudo, como si de esa manera se quisieran opacar otros que, ni mucho menos, pueden apelar a nadie en el espectro de la izquierda: reforzó la burbuja inmobiliaria, dando vía libre a lo que con el tiempo se ha convertido en nuestro mayor problema social; regularizó las SICAV, sociedades de inversión que, en la práctica, significaban una amnistía fiscal; bajó un 5% de media los sueldos públicos y congeló las pensiones al tiempo que restringía el gasto público, para lo que incluso modificó el artículo 135 de la Constitución y así priorizar el pago de la deuda; traicionó, desde unas siglas que contienen la palabra “Obrero”, a la clase trabajadora y elevó la edad de jubilación; apoyó sin fisuras la candidatura de Rodrigo Rato para presidir el FMI y, cuando ya era presidente en funciones, quiso despedirse de su cargo indultando, ni más ni menos, que a Alfredo Sáez, consejero delegado del Banco Santander.

¿Alguien así es un referente político para la izquierda? ¿Un referente ético? ¿Acaso se nos ha olvidado quién gobernaba cuando en 2010, al dictado de la Troika, llevó a cabo recortes sociales por 15.000 millones de euros; que era precisamente él quien seguía en el poder hace ahora justo 15 años, cuando estalló el 15M porque “PP, PSOE, la misma mierda es”?

En menos de cuatro años sus hijas, a través de una empresa de la que son administradoras, habrían facturado entre 800.000 y un millón de euros a sociedades vinculadas a la trama investigada, en parte por “maquetar informes que ya estaban elaborados”, de acuerdo al auto judicial. El propio José Luis Rodríguez Zapatero percibió casi medio millón de euros entre 2020 y 2024 de Análisis Relevante, la compañía de Julio Martínez, por trabajos de consultoría que, en ocasiones, según declaró el expresidente en el Senado, eran “orales”. Y sí, puede que todo ello sea perfectamente legal, pero suena al mismo tipo de hediondos tejemanejes que los de Felipe González y José María Aznar.

Zapatero nunca pudo ser un referente ético para nadie y, si lo fue, eso solo indica lo bajo que algunos tienen el listón aun llamándose izquierdistas.

La pregunta que titula esta columna no dejó de rondarme el lunes pasado, mientras veía por televisión el debate electoral. En mi ingenuidad, creí que algún candidato se la iba a formular a la representante del PSOE, lo que no ocurrió en ningún momento. No me parece, ni mucho menos, una pregunta fuera de lugar, de carácter personal o que busque el morbo, el sensacionalismo ni un titular barato. Al contrario. Es una pregunta más que pertinente, justo cuando antes del debate supimos que en Andalucía el precio del alquiler de la vivienda ha subido un 3,8 %, una escalada que en Málaga, mi ciudad, se dispara hasta el 5,2 % (lo que significa, atención, un incremento del 32,7 % en la última década).

Así las cosas, no es de extrañar que la vivienda ocupe un lugar centralísimo en la campaña de todos los partidos y que, como corresponde, lancen promesas a diestro a siniestro, algunas con nula credibilidad, como todas las que vienen no solo y de forma evidente del PP, sino del PSOE. Su política estatal al respecto habla por sí sola, y su ministra de Vivienda, una multipropietaria obscena, es todo un ejemplo de lo que no se debe hacer.

María Jesús Montero, por su parte, candidata del PSOE en Andalucía es dueña en solitario de cinco inmuebles urbanos en Sevilla capital, cuatro de ellos viviendas. Por mucho menos de eso se montó un circo mediático y político a Irene Montero y Pablo Iglesias (al que, dicho sea de paso, ellos mismos contribuyeron) cuando adquirieron entre los dos su vivienda en un pueblo madrileño. ¿Por qué, entonces, tiene cuatro viviendas en Sevilla María Jesús Montero? ¿Las adquirió, no sé bien con qué dinero, para alquilarlas a turistas, para regalarlas a familiares, las tiene en alquiler continuo, a qué renta mensual? ¿Las compró para revenderlas más tarde a un precio superior o, en otras palabras, para especular? Dicho de manera diferente: ¿María Jesús Montero es parte activa del gravísimo problema que asegura que va a combatir? Como se ve, mi pregunta, por tanto, no atañe a su intimidad, sino a una cuestión política de primer orden que su partido, con ella a la cabeza, sitúa como eje de esta campaña.

Cuando se trata de garantizar un derecho primordial, la transparencia resulta más fundamental que nunca. Y con transparencia no me refiero a publicar la relación de bienes, sino a explicarla

Le podemos otorgar a Montero el beneficio de la duda. Podemos pensar que hay una explicación perfectamente legítima en esa acumulación, no muy distinta a los ocho inmuebles de Moreno Bonilla, para alguien que hace gala de izquierdismo. Podemos hacer todo eso, sí, pero tiene que ser ella misma quien nos proporcione los datos para algo así. Si no lo hace antes del domingo, estaremos autorizados a considerarla una tenedora de doble moral, del mismo estilo que la ministra Rodríguez.

En el PSOE llevan demasiado tiempo viviendo de manera opuesta a lo que predican, algo a lo que sus votantes les debe de dar igual. No obstante, estamos hablando de un techo, del mayor problema que atraviesa el país y Andalucía en décadas, y creo que en esta ocasión, cuando se trata de garantizar un derecho primordial, la transparencia resulta más fundamental que nunca. Y con transparencia no me refiero a publicar la relación de bienes, sino a explicarla.

Puede que entre los partidos de izquierdas que concurren a estas elecciones y el PSOE haya un pacto implícito de no agresión, y en términos de campaña tiene su sentido. No obstante, una campaña electoral dura quince días. ¿De verdad nadie le va a hacer esa pregunta a una candidata que aspira a gobernar durante los cuatro próximos años?

Toda campaña electoral empieza antes de su inicio oficial. Lo hace en forma de aceleración: tareas que se multiplican, decisiones que se encadenan y una sensación de urgencia permanente. Antes de pedir el voto, hay que construir las condiciones para hacerlo: el programa sintetizado en mensajes claros, la identidad visual, la web, los materiales impresos, la agenda de actos, la logística y la estrategia mediática. Es un trabajo previo que, en buena medida, determina el margen de maniobra posterior. En suma, la política se convierte en un circo.

En esos preparativos se fija una paradoja central: la campaña parece el momento decisivo, pero llega cuando casi todo está ya jugado. Los marcos están definidos, los electorados segmentados y las percepciones asentadas. La campaña, más que transformar, intensifica lo existente.

Desde esa perspectiva, una campaña es, sobre todo, un dispositivo de simplificación. Su función no es explicar la complejidad de un programa, sino reducirlo a unos pocos ejes reconocibles. La lógica de los medios —tiempos breves, espacios limitados, competencia por la atención— obliga a condensar propuestas en titulares. Quien no logra esa reducción pierde control sobre su propio mensaje.

Pero la simplificación no es solo técnica: es también estratégica. En contextos donde varias candidaturas compiten por un electorado próximo, el objetivo principal no es tanto ampliar como diferenciarse. Singularizarse. Encontrar un rasgo que permita ser identificado de forma inmediata y recordado sin esfuerzo.

Ahí aparece el segundo eje fundamental de toda campaña: la construcción de la candidatura. No basta con tener propuestas; hay que encarnarlas en una figura que funcione como síntesis del proyecto. La candidata o el candidato no es únicamente un portavoz, sino el principal artefacto comunicativo.

Esa construcción responde a una tensión. Por un lado, existe la tentación de ajustar a la persona a un molde: discursos preparados, respuestas ensayadas, lenguaje técnico, gestos medidos. Por otro, la evidencia de que esa impostura suele resultar ineficaz. En campañas de baja intensidad mediática —como en otro tiempo podían ser unas autonómicas—, donde la exposición es limitada, la credibilidad depende menos de la perfección formal que de la percepción de autenticidad.

Se trata de que la candidata o candidato haga política solo con su forma de expresarse. Interiorizar los mensajes hasta poder olvidarlos. Sustituir el argumentario rígido por un repertorio flexible de ideas que puedan formularse con lenguaje propio. Un buen mensaje no es el que explica un problema en detalle, sino el que lo condensa en una frase capaz de ser recordada y reproducida: eso le aprendí en un capítulo memorable de El ala oeste de la Casa Blanca. Esa frase actúa como ancla: organiza el resto del discurso y aumenta las probabilidades de que sea recogida por los medios.

La persona candidata debe ser capaz de convertir esos titulares en algo más que consignas. Su papel no es repetirlos, sino dotarlos de sentido a través de su tono, su lenguaje y su actitud

Esta lógica implica asumir un cierto grado de control sobre lo que se dice y, sobre todo, sobre lo que no se dice. En un entorno donde cada intervención puede ser recortada, reinterpretada o descontextualizada, reducir el mensaje es también una forma de limitar riesgos. Así, menos información significa menos margen para que otros construyan el relato por ti.

Ahora bien, esa reducción solo funciona si está sostenida por una figura creíble. La persona candidata debe ser capaz de convertir esos titulares en algo más que consignas. Su papel no es repetirlos, sino dotarlos de sentido a través de su tono, su lenguaje y su actitud. En ese punto, la diferencia entre candidaturas se juega menos en el contenido programático —a menudo similar entre opciones próximas— que en la forma de encarnarlo. Es el núcleo de la campaña. Implica decidir qué rasgos se enfatizan, qué historia se cuenta y cómo se articula la relación con el electorado.

En última instancia, una campaña electoral es una operación de traducción. Traduce años de actividad política en unos pocos días de visibilidad. Traduce programas complejos en mensajes simples. Y traduce proyectos de organizaciones en rostros individuales. Su eficacia no reside tanto en convencer como en hacer reconocible una opción en medio del ruido.

Esa es también su limitación: la campaña no crea de la nada, sino que trabaja sobre materiales previos. Llega tarde, cuando muchas decisiones ya están tomadas. Pero, precisamente por eso, sigue siendo el momento en que todo debe parecer abierto.

Yo estuve en un par de campañas, y eso es lo que aprendí cuando no hablamos de los grandes partidos de masas. Ahora, cada vez que presencio una campaña electoral, como la que se avecina en Andalucía, me compadezco de esos incautos que integrarán equipos más o menos similares al mío de entonces. Mi memoria sensorial se solidariza con sus mentes y cuerpos exhaustos. Y a todos les deseo suerte…, si acaso la merecen.

Comprendo perfectamente la fascinación que en tantas personas ejerce la llamada carrera espacial. He convivido con verdaderos apasionados de la astronomía y la ciencia ficción, tengo amigos que han seguido en directo el despegue del Artemisa II, que esperan vivir lo suficiente para ver una huella humana en Marte. Incluso yo mismo he fantaseado gracias a algunas de las mejores películas del género. Sin embargo, apenas me despiertan la más mínima emoción todas las imágenes icónicas de los viajes espaciales, de la estación internacional o siquiera de las entrevistas a los astronautas. Supongo que desde muy joven percibí que ese interés por la galaxia enmascaraba en el fondo un afán imperialista, que cada presupuesto exorbitante que se llevaba la carrera espacial era directamente proporcional al que se restaba de partidas imprescindibles para la vida aquí en nuestro castigado planeta.

Como no podía ser de otro modo, ese escepticismo se ha extendido en nuestro entorno durante la reciente misión de Estados Unidos. Sin duda, ha generado grandes titulares. Nunca el ser humano había volado tan lejos, ni había contemplado esas zonas de la Luna, pero me temo que, al menos en Europa, el entusiasmo ha sido enturbiado por el hecho incontestable de que la NASA enviaba al espacio a sus astronautas al tiempo que su presidente destruía países y sociedades enteras en alianza con los genocidas de Israel. ¿Qué se le ha perdido a nuestra especie ahí arriba mientras decenas de miles de inocentes en Oriente Próximo y Medio son exterminados por la misma potencia que pone en órbita sus carísimos artilugios? ¿Qué se le ha perdido mientras en los propios Estados Unidos no deja de crecer la desigualdad social y amplios sectores de la población ni siquiera tienen acceso a bienes y servicios básicos, incluso a alimentos o, directamente, dependiendo de apellidos, color de piel y religión, son expulsados por la fuerza?

Me van a perdonar el simplismo, sí, pero lo único que pensé fue que por mí se podían ir todos a paseo con sus planes de colonización espacial mientras en nuestro minúsculo y perdido planeta de esta galaxia echamos a las gentes de sus casas

Al mismo tiempo que nos llegaban las primeras imágenes de nuestro planeta visto desde la cara oculta de la Luna, Donald Trump anunciaba, en referencia a Irán, su intención de aniquilar “toda una civilización”. Me pregunté cuál de esos dos hitos resulta más relevante, cuál de esos dos hitos tiene mayores consecuencias para la vida humana. A día de hoy, aún no está claro si Trump llevará a cabo su amenaza, pero para mí la respuesta está clara.

Sé que puedo caer en reduccionismos simplistas, en que, con opiniones como esta, se diría que desprecio el conocimiento, la ciencia, en que por muy mediatizada que la exploración espacial esté por la política imperialista y patriotera, al fin y el cabo supone un avance para la humanidad, por mucho que el propio Trump haya mermado drásticamente el presupuesto de la NASA o que uno de los astronautas de la misión sea un un fundamentalista religioso, un creacionista sonrojante. Con todo, y cayendo en el barro de lo estrictamente personal, algo que conviene evitar en tribunas como esta, voy a explicarme desde una experiencia muy cercana.

A la vez que la tripulación del Artemisa II orbitaba en torno a la Luna, a una amiga mía la desahuciaban de su vivienda en la calle San Andrés de Málaga, después de una larga batalla jurídica. Me van a perdonar el simplismo, sí, pero lo único que pensé fue que por mí se podían ir todos a paseo con sus planes de colonización espacial mientras en nuestro minúsculo y perdido planeta de esta galaxia echamos a las gentes de sus casas. Evitar algo así, me parece, es un reto mucho mayor que plantar en el futuro otra banderita con barras y estrellas.

Tenemos un problema de corrupción policial, y hay que repetirlo las veces que sea necesario. Es un problema, en realidad, de todas las fuerzas de seguridad. No se reduce únicamente a ese tópico de unas cuantas manzanas podridas, por muchos agentes honrados y cabales que haya. Es estructural, y quien lo niegue se convierte en cómplice.

No hay semana en la que no aparezca una noticia sobre algún policía, guardia civil o militar implicado en narcotráfico, fabricación de pruebas falsas o de casos contra políticos de izquierdas, enriquecimiento ilícito, abusos sexuales, acceso ilegal a información privada, palizas, falsos testimonios, usos no reglamentarios de armas, encubrimientos, arbitrariedades de todo tipo, etc. Todas las semanas, hasta el punto de que no es exagerado afirmar que gran parte de la ciudadanía no ve en la policía un cuerpo que le proteja, sino más bien un cuerpo al que temer a causa de su impunidad. Sin embargo, por alguna razón, ningún partido hace campaña contra ello a pesar de la sucesión interminable de elecciones. Es más, se mira a otra lado o, peor, de manera sistemática se defiende a los corruptos. Grande-Marlaska, como es sabido, lo hacía ya desde su etapa de magistrado.

A mi modo de ver, solo así se entiende la trágica muerte de Haitam, el vecino de Málaga que murió en Torremolinos el pasado mes de diciembre, después de que un grupo de seis agentes de la Policía Nacional, a los que no ofreció resistencia, le dispararan entre 8 y 11 descargas de sus pistolas táser. La ejemplar investigación que ha llevado a cabo este periódico nos ha permitido ver las durísimas imágenes de esa muerte.

Los agentes, que se preocuparon de apagar las cámaras de sus equipamientos, ignoraban que estaban siendo grabados por otra del locutorio donde tuvo lugar su acción. Lo peor son los audios: obvian las súplicas de Haitam, obvian su predisposición a colaborar, se ensañan al grito de “Métele más táser” y, cuando ya ha muerto después de las repetidas descargas, todavía tienen tiempo de mofarse. Más tarde, cuando por fin llaman a una ambulancia, no les cuesta nada mentir a los sanitarios, ocultar los disparos de las pistolas táser y fingirse sorprendidos por la muerte. Posteriormente, en comisaría, redactaron un informe fantasioso.

Creo que es evidente que nos encontramos, una vez más, ante un caso de racismo institucional, uno de esos que arrancan con arbitrariedades brutales de la policía, como vimos la semana pasada con la agresión a Serigne Mbayé, exdiputado autonómico de Podemos en Madrid, y que continúan en juzgados permisivos y ministerios que solo ven cumplimientos escrupulosos

Como no podía ser de otro modo cuando se trata de vidas no blancas, al Ministerio de Grande-Marlaska, y así consta en una respuesta parlamentaria, le pareció que el protocolo se había cumplido “escrupulosamente” de acuerdo a principios de “congruencia, oportunidad y proporcionalidad”. Una respuesta muy parecida a la que el propio ministro ofreció en 2022, cuando se amontonaban los cadáveres en la valla de Melilla.

También hemos sabido, gracias a un informe pericial, que el cuerpo de Haitam presentaba 86 lesiones tras la actuación policial. Nada de todo ello, sin embargo, ha bastado para que la jueza del caso despierte de su letargo, y de momento mantiene el caso suspendido, para desesperación de la familia. Creo que es evidente que nos encontramos, una vez más, ante un caso de racismo institucional, uno de esos que arrancan con arbitrariedades brutales de la policía, como vimos la semana pasada con la agresión a Serigne Mbayé, exdiputado autonómico de Podemos en Madrid, y que continúan en juzgados permisivos y ministerios que solo ven cumplimientos escrupulosos.

Si alguien considera que no es así debería hacerse las siguientes preguntas: ¿cuántos de los policías responsables de esas 86 lesiones, de los disparos con las pistolas táser, de los chistes tras la muerte de Haitam, de las mentiras a las sanitarios, del informe falso redactado tras la acción se sentarán en el banquillo? Y si alguno lo hace, ¿qué condena y pena recibirá? ¿Si Haitam hubiera nacido en España y con la piel más clara serían las mismas?

Todos sabemos las respuestas.

En las últimas semanas se han sucedido destacados titulares sobre la cultura, toda una novedad. El cine ha vivido grandes momentos, como, a nivel internacional, la reciente gala de los Oscar, o la de los Goya aquí en España, por no hablar del Festival de Cine de Málaga. En literatura, AENA, la sociedad de gestión aeroportuaria con mayoría de participación pública, ha anunciado la creación de un premio literario, que también se fallará estos días, de un millón de euros a la mejor novela publicada en español, además de 30.000 euros a cada uno de los cuatro finalistas. Todos ellos, qué duda cabe, son eventos de relumbrón que yo mismo sigo, a veces con pasión (¡en mi casa incluso hacemos porras para los Goya!).

No obstante, para mí, este mes tiene lugar el acontecimiento cultural que eclipsa a todos esos otros, a pesar de que no cuenta con presupuesto verdadero: el Festival de Cultura Libre que, como cada año, la Casa Invisible de Málaga celebra para hacerlo coincidir con su aniversario. Diecinueve años acaba de cumplir el centro social y cultural de gestión ciudadana, un referente a nivel estatal, e incluso europeo, que ha trascendido y superado todas las barreras imaginables. Aún hoy batalla contra las argucias del gobierno municipal del PP, que de manera torticera pretende destinar el inmueble de la Invisible a mayor gloria de la especulación, la gentrificación y la irrespirable turistificación que sufre la ciudad. La impresionante contestación social de la ciudadanía de Málaga se lo sigue impidiendo, y de hecho el proyecto cada año parece más consolidado, ahora como partícipe incluso de un programa de residencias artísticas auspiciado por el Ministerio de Cultura.

La Invisible podría parecer un milagro que late en el centro histórico de Málaga, la aldea gala que resiste como por arte de magia. Y no es así, claro que no. No es un milagro. En todo caso es el resultado del empeño de una multitud que no solo desea otro modelo de convivencia, gestión y cultura, sino que en su puesta en común se erige por encima de las formas depredadoras que la gestión administrativa trata de imponer. Basta echar un vistazo a la programación del Festival de Cultura Libre para entender por qué La Invisible ha conseguido lo que hace casi veinte años parecía una quimera: poner en el centro del debate el derecho a la ciudad y convertir Málaga en un verdadero hervidero de mezcla y creatividad del que cada año emerge un sinnúmero de propuestas artísticas, escénicas, musicales, tecnopolíticas, intelectuales, sociales y contestarias que ha contribuido de manera primordial a nutrir el ecosistema cultural y de los movimientos sociales en la ciudad y, por añadidura, en toda Andalucía.

La Invisible rompe la costuras de ese corsé que entiende la cultura como la creación individual, y sin contemplaciones pone en juego el contagio y la potencia común. No es de extrañar que en estos últimos años, ante la atomización y la hostilidad de las políticas municipales, lleguen a la Invisible jóvenes generaciones que la están dotando de nuevas realidades y contenidos, de modo que las luchas medioambientales o de los movimientos LGTBIQ+ vertebran igualmente su actividad cotidiana.

No, no es un milagro que cientos de personas, sin otra motivación que la del encuentro comunitario, aporten lo mejor de sí mismas para enriquecer un entorno que solo mira el PIB como un índice de bienestar.

Poner en marcha una abrumadora programación como la de este último festival nos sirve para recordar que, por mucho que nos deslumbren galas y premios millonarios, nunca llegaremos a esas alfombras rojas, en caso de que interese, si antes no hemos dado espacio para que florezcan las ramas de toda la creatividad local. La Invisible es el mayor jardín de Málaga. Cada vez que el Ayuntamiento intente podar su exuberancia, volverá a encontrar la resistencia de la ciudad.

Por eso, nos vemos el año que viene para celebrar el veinte aniversario.

La semana pasada el pleno municipal de Málaga aprobaba por sorpresa una moción presentada por Vox de carácter abiertamente racista y xenófobo, cuando en principio todo parecía indicar que no contaría con ningún apoyo. Sin embargo, el PP del longevo Paco de la Torre, que en esta legislatura gobierna con mayoría absoluta, decidió votar a favor, contradiciendo no solo las directrices autonómicas del partido, sino incluso su propio discurso en el debate del estado de la ciudad.

La moción, de más está decirlo, supuraba bulos y datos falsos, sin otra intención que la de ligar, sin asiento en la realidad, inmigración a delincuencia y otros problemas. En el PP, evidentemente, eran conscientes de ello. Es decir, que los de Paco de la Torre decidieron, sin ninguna necesidad, votar a favor para dejar patente su clasismo, su racismo y su xenofobia o, en otros términos, trazar una línea bien clara entre sus orígenes de cuna y educación y la de todos los demás. De manera palmaria mostraron su verdadero rostro, que todo el mundo conoce, el de que gobiernan solo para el interés de la misma oligarquía de siempre, pero que en Málaga De la Torre había sabido enmascarar hasta ahora tras un pátina de falsa moderación y buenas palabras. En la que seguramente sea su último mandato, De la Torre ha votado, entre otras perlas, a que se inste a la “repatriación de los menores extranjeros no acompañados”. Todo ello cuando hace un año el propio alcalde pedía “extremar el cuidado” en favor de la convivencia y la prosperidad.

Somos muchos en Málaga los que conocemos la verdadera alimaña que se esconde tras la piel de cordero de De la Torre, en especial cuando se le tocan sus años buenos del franquismo, donde forjó su andadura política. En lo que supone un verdadero acto de desobediencia administrativa, De la Torre sigue desafiando todas las leyes de memoria democrática y se niega, con tesón y excusas de lo más variopinto, a retirar los nombres franquistas del callejero municipal. Yo mismo vivo en un barrio que homenajea, calle a calle, a todos los militares que se sublevaron en Málaga con Franco.

Viene, además, en una coyuntura en la que el ala más extremista del PP, en la línea abiertamente racista de Trump, va cogiendo mayores fuerzas al ritmo que le marca Ayuso. Los esfuerzos de Feijóo, más bien ridículos, pero simbólicos de desmarcarse de esa facción, tenían su mayor exponente autonómico en Juanma Moreno, por demás malagueño

Hoy, este posicionamiento tan explícitamente xenófobo y racista del Partido Popular de Málaga y su gobierno llega en un momento especialmente relevante. La moción aprobada en el pleno municipal condena el anuncio del gobierno central para regularizar la situación de miles de migrantes. Condena así, sin ambages, que esas vecinas y vecinos se puedan acoger a derechos fundamentales que hasta ahora tenían negados, a pesar de residir en el país y contribuir a la riqueza general. Viene, además, en una coyuntura en la que el ala más extremista del PP, en la línea abiertamente racista de Trump, va cogiendo mayores fuerzas al ritmo que le marca Ayuso. Los esfuerzos de Feijóo, más bien ridículos, pero simbólicos de desmarcarse de esa facción, tenían su mayor exponente autonómico en Juanma Moreno, por demás malagueño. De la Torre, que parecía alinearse en esa vertiente, ha decidido explicitar su giro precisamente cuando, gracias a su mayoría absoluta, menos falta le hacía.

Por si fuera poco, su postura llegaba en los mismos días en que la asociación malagueña Biznegra, enfocada principalmente a denunciar las violencias machistas a mujeres negras, lanzaba una campaña ciudadana de donaciones para garantizar su supervivencia. Los gastos judiciales de su labor de denuncia la pueden ahogar. Es de suponer que con esta declaración de intenciones que entraña la moción aprobada, ese estrangulamiento irá a más. Pueden contribuir con Biznegra, por cierto, a través de este enlace.

De la Torre, sin que nadie se lo exigiera, se ha propuesto finiquitar su trayectoria política no solo vendiendo la ciudad a los intereses turísticos y especuladores, sino destruyendo punto a punto el lema de nuestro escudo: “La primera en el peligro de la Libertad, la muy Noble, muy Leal, muy Hospitalaria, muy Benéfica, muy Ilustre y siempre Denodada Ciudad de Málaga”. No se lo permitiremos.

La semana pasada se desvelaba que el Ministerio de Igualdad tiene intención de impedir que accedan a ayudas contra la violencia machista las entidades que no se declaren abolicionistas de la prostitución. En otras palabras, pretende dejar fuera a una miríada de organizaciones que combate, con labor abnegada, la trata y explotación de mujeres, que no siempre es lo mismo que la prostitución, por mucho que, de forma interesada, el Ministerio quiera confundir.

Difícilmente saldrá adelante esa medida, por fortuna. Es contrario a derecho que el acceso a fondos públicos venga condicionado por una posición ideológica. El abolicionismo del Ministerio de Igualdad lo es, evidentemente, desde el momento en que el Convenio de Estambul, al que se adhiere España, así como las propias recomendaciones de la ONU, no hablan de la prostitución como una forma de violencia en sí misma, sino justamente de la trata y la explotación. Instan a eliminarlas desde el prisma de los derechos humanos para así evitar la discriminación y la estigmatizan, que es, precisamente, lo que medidas como la del Ministerio conseguirían.

De hecho, el Ministerio de Igualdad no ha dictado hasta la fecha ninguna resolución para abolir la prostitución, sino en todo caso para prohibirla. Es como si creyera que por arte de magia una ley pudiera acabar con una realidad que exige un enfoque mucho más complejo que el mero legislativo y punitivista. En realidad, la ministra, Ana Redondo, suele esquivar cualquier debate al respecto, igual que esquiva su presencia cuando el machismo más repugnante, como el que se destapó con el caso de Salazar y otros, infecta a su propio partido.

El Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) ha presentado un escrito de alegaciones respaldado por 35 entidades, asociaciones, partidos políticos, sindicatos y grupos de investigación. Se puede consultar y firmar de forma individual en este enlace.

No se le conoce al gobierno más progresista de la historia acciones concretas para mejorar la vida de quienes querrían abandonar el trabajo sexual y acceder, por ejemplo, a una vivienda digna, ese unicornio patrio.

El disparate que propone el Ministerio, dicen con toda lógica, menoscabaría la atención integral a víctimas de trata de seres humanos y a la labor de acompañamiento a personas que ejercen trabajo sexual. En suma, no parece que la situación de las trabajadores sexuales le importe demasiado a la ministra. No se le conoce al gobierno más progresista de la historia acciones concretas para mejorar la vida de quienes querrían abandonar el trabajo sexual y acceder, por ejemplo, a una vivienda digna, ese unicornio patrio.

Y es que intuyo que la motivación de este ataque —uno entre tantos— tiene más que ver con prejuicios de clase que con una auténtica convicción ética. El debate sobre la prostitución, ese que Redondo pretende zanjar a golpe de decreto, pasa por analizar la violencia existente, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, la frontera entre una elección libre y una condicionada, la educación, la normativa laboral y de extranjería y cuánto de moralismo atraviesa la posición del Ministerio. Mucho, como sabemos, de otro modo no se entiende que sistemáticamente se excluya a las trabajadoras sexuales del debate sobre su propia vida. Se las trata de manera paternalista, es decir, machista, se da por sentado que carecen de voz y capacidad para pensar y argumentar por sí mismas. En resumen, anuncios como el del Ministerio rezuman clasismo, xenofobia y racismo.

Estoy convencido de que el veto que propone Redondo no saldrá adelante, y que ella misma lo sabe. Quizás por eso resulta incluso más hiriente: porque solo pretende evidenciar su odio.

La regularización de migrantes que ha anunciado el Gobierno es sin duda una de las grandes noticias de lo que llevamos de década. Evidentemente, esta medida no ha caído del cielo, sino que se debe sobre todo a la lucha de organizaciones como Regularización Ya.

Como cabía esperar, nada más anunciarse comenzaron a correr los bulos agitados por las dos caras de la ultraderecha, la de Vox y la del PP. Son bulos tan toscos y ridículos que se desmontaron por sí solos: no, regularizar no equivale a otorgar la nacionalidad, ni por tanto el derecho a voto, sino simplemente a la concesión de un permiso de residencia ligado al trabajo. Y no, los migrantes no llegan a nuestra tierra patria para tirarse a la bartola y gorronear hasta dejar exhausto nuestro espléndido Estado de bienestar. Antes al contrario, los datos demuestran obcecadamente que se parten el lomo y que, de hecho, el beneficio fiscal por cada migrante regularizado iría de 3.300 a 4.000 euros netos al año. Es una evidencia que tampoco necesitaba de mucho más. Quien más quien menos conoce casos cercanos de personas migrantes que trabajan hasta la extenuación, sin apenas tiempo de ocio, para sacar adelante a los suyos, aquí y en su país de origen. Por si fuera poco, en demasiadas ocasiones en trabajos socialmente muy poco valorados, y desde luego en muchos que los nativos repudian debido a las deplorables condiciones, como la hostelería, el campo, los cuidados y la construcción. Tan es así que no hace mucho al propio Gobierno no le quedó más remedio que facilitar el arraigo a las personas migrantes que se quedaran con los trabajos basura que nadie quiere.

Esto del trabajo y la inmigración es lo que más se repite a la hora de desmontar bulos. Las pasadas Navidades se hacía viral el sketch del humorista José Mota en el que ridiculizaba a los políticos que pretenden expulsar a los migrantes. El país perdería buena cantidad de su mano de obra, empezando por los que cuidan de los padres de esos mismos políticos. No dudo de la buena intención de este sketch, ni de todas las personas que lo compartieron. Al contrario, resultó sintomático de un sentir general que rechaza la ruidosa xenofobia de los de siempre. No obstante, a mí me chirría.

¿Merecemos menos derechos si carecemos de una nómina? Ese es el mensaje implícito. Se mire por donde se mire atenta contra la dignidad humana y, de paso, contra el feminismo que tanto se enarbola cuando viene bien

Siempre me chirría que el argumento principal para reconocer los derechos de cualquier persona, la ciudadanía, de hecho, sea el trabajo. Es una trampa en la que la izquierda institucional, sobre todo la comunista, siempre cae, o siempre nos tiende. ¿Merecemos menos derechos si carecemos de una nómina? Ese es el mensaje implícito. Se mire por donde se mire atenta contra la dignidad humana y, de paso, contra el feminismo que tanto se enarbola cuando viene bien.

No en vano, ¿no han sido a menudo nuestras madres, desde trabajos no remunerados, quienes han sostenido esta sociedad? ¿Acaso debemos aceptar que uno se convierte en menos humano, en menos sujeto de derechos, porque haya cruzado esos pocos metros de tierra que llamamos frontera? ¿Acaso el hecho de permanecer en un país sin causar daño a nadie nos nos hacer merecedores de derechos inalienables? ¿Vale menos un migrante subsahariano sin empleo que un escandinavo que se asienta en la Costa del Sol a fundirse su pensión o, tal vez, a especular con nuestra vivienda? ¿En qué momento tantas personas bienintencionadas, insisto, han aceptado que el trabajo sea la moneda con la que pagar la residencia, el arraigo y la posterior nacionalidad?

Llámenme loco, pero yo creo que el mero hecho de residir en un territorio te debería otorgar la ciudadanía. De pleno derecho, no solo para trabajar.

La ocupación que este fin de semana han llevado a cabo varias mujeres del colectivo malagueño Un Techo por Derecho es un ejemplo de dignidad y resistencia frente a la falta de escrúpulos del gobierno de Juanma Moreno.

A mediados de 2024, con el genocidio sionista contra Gaza en su apogeo, la Junta de Andalucía decidió vender el edificio que albergaba a la ONG Málaga Acoge a un fondo israelí para que lo convirtiera en apartamentos turísticos. Era un paso más en la iniquidad del gobierno de la Junta, el mismo que deja sin asistencia a las personas más vulnerables o que desmantela la sanidad pública y se ríe de las mujeres afectadas. Lo hizo, además, con recochineo, y a la ONG le proporcionó otra sede en la calle… Palestina. Ni la mayor crisis habitacional que España ha vivido en democracia, y que precisamente se ceba de manera especial en Málaga, ni desde luego ese genocidio, frenaron los planes especulativos de la Junta. De esa forma, la semana pasada la ONG se trasladaba forzosamente a su nueva sede.

En el contexto actual, ningún gobierno autonómico se habría atrevido a una medida de este tipo en Andalucía, hasta que llegó Moreno Bonilla. Eso sí, a causa de su habitual desprecio a la ciudadanía, ese que hemos visto en la displicencia con la asociación Amama, de mujeres con cáncer de mama, Moreno Bonilla no podía imaginar la resistencia frente a sus planes. Y no es de extrañar, pues Paco de la Torre, el acalde de la ciudad, en otro gesto de connivencia y apoyo al genocidio, tan solo unos días antes había recibido en el Ayuntamiento a la embajadora en funciones de Israel, “con orgullo y satisfacción”.

Un grupo de mujeres de Un Techo por Derecho ocupó el viernes la sede recién desalojada de Málaga Acoge en la calle Ollerías, en pleno centro de la ciudad. Durante todo el fin de semana resistió en el edificio, alentadas por la emocionante ola de solidaridad que su acción despertó y que llenó la calle de manera ininterrumpida durante casi cuarenta y ocho horas. La Junta, siempre del lado equivocado, hizo que se cortara cualquier suministro de agua y comida a las mujeres encerradas en el edificio. Pero ya era tarde. Toda la ciudad estaba presenciando en directo el expolio del patrimonio público para servir a intereses sionistas frente al derecho constitucional de la vivienda.

Cuando el PSOE pierda las elecciones y no sume con nadie para configurar un gobierno echarán la culpa al auge de la extrema derecha, a la manipulación mediática, al lavado de cerebro que sufren los jóvenes a través de las redes sociales, etc. No entenderán, jamás entenderán, dónde estaba la verdadera causa de su derrumbe

A estas alturas, la lógica neoliberal y depredadora de Moreno Bonilla ya está fuera de toda duda. También lo está la querencia franquista del alcalde de Málaga, nunca ocultada, ni su clasismo, manifestado en su intención de expulsar a los trabajadores a los pueblos de los alrededores. Aun así, descorazona y desgarra el renovado y apabullante esfuerzo con el que el PP andaluz está ejecutando su particular asedio contra las personas más desprotegidas. Ni Paco de la Torre ni Moreno Bonilla cuentan con el socorrido pretexto de pactos chantajistas con Vox para mostrar su lado más salvaje. Desde sus gobiernos en solitario están mostrando sus fauces.

¿Por qué se sienten impunes, por qué sin el aliento de la extrema derecha en el cogote se comportan del mismo modo que ella? Porque el gobierno central les ha brindado el marco ideal. ¿Desalojar a una ONG que trabaja con colectivos vulnerables para construir pisos turísticos en la ciudad andaluza más afectada por la falta de vivienda? ¿Por qué no, si este mes el gobierno de Sánchez ha anunciado rebajas fiscales no a los inquilinos con alquileres abusivos, sino a sus caseros? ¿Entregarle el edificio a un fondo sionista? ¿Por qué no, si estas mismas Navidades el gobierno central había aprobado un nuevo comercio de armas con Israel?

Cuando el PSOE pierda las elecciones y no sume con nadie para configurar un gobierno echarán la culpa al auge de la extrema derecha, a la manipulación mediática, al lavado de cerebro que sufren los jóvenes a través de las redes sociales, etc. No entenderán, jamás entenderán, dónde estaba la verdadera causa de su derrumbe.

Para eso les habría valido con echar un vistazo este fin de semana a la calle Ollerías, 15 de Málaga.