La comisión de control de la Policía vasca investiga ya las cargas de la Ertzaintza en Loiu contra miembros de la Flotilla

La Comisión de Control y Transparencia de la Policía vasca, un órgano externo que revisa los dispositivos tanto de la Ertzaintza como de los cuerpos locales, ha iniciado ya su investigación sobre las cargas acontecidas en el aeropuerto de Loiu, el que da servicio a Bilbo, durante la llegada de miembros de la Global Sumud Flotilla. Este organismo, presidido desde este año por Enrique Lucas, exvocal en el Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PNV, ha realizado una batería de solicitudes al Gobierno vasco, incluida una copia de los informes emitidos, todas las grabaciones de vídeo, las posibles imágenes tomadas por los agentes actuantes por medio de sus 'bodycam' y las comunicaciones por radio.

El expediente 5/2026 de la comisión arranca con una breve descripción de los hechos realizada por el propio consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, en la misma tarde del sábado en que se produjeron las cargas. Zupiria explica que en Loiu se celebró “una concentración no comunicada” para recibir a los activistas y “conformaba por unas 30 personas que ostentaban banderas palestinas”. Añade que “derivada de la misma, se han producido incidentes de orden público que han hecho necesaria la intervención directa de agentes de la Ertzaintza”. Prosigue explicando que, “resultado de los altercados se ha procedido a la detención de cuatro personas por delitos de atentado, resistencia y desobediencia grave”. Igualmente, se incoaron sanciones administrativas en aplicación de la normativa de Seguridad Ciudadana, más conocida como 'ley mordaza'.

Según ha trasladado Zupiria a esta comisión, “de manera inmediata” se dio la orden a Asuntos Internos de abrir una investigación interna. Las imágenes de la actuación de la Ertzaintza dieron la vuelta al mundo y, de hecho, recientemente ha trascendido que Global Sumud Flotilla se ha querellado contra Zupiria y contra la Policía vasca. Denuncian que tras haber sufrido represalias en Israel recibieron una paliza a su llegada a casa. El Ararteko, la Defensoría del Pueblo vasca, también ha abierto su propio expediente.

La comisión, que ha visto modificada su composición este 2026 después de unos últimos años con el exmagistrado Juan Luis Ibarra al frente, caracterizados por un tono crítico, incoó el expediente el 25 de mayo, dos días después de las cargas y antes incluso que Zupiria diera las primeras explicaciones en el parlamento. El acuerdo de admisión a trámite incluye una solicitud del “plan operativo aprobado para el evento”, las posibles denuncias por la actuación policial de las que se tenga conocimiento, el expediente de Asuntos Internos, el atestado policial de Loiu y, desde luego, las comunicaciones por radio y las grabaciones en vídeo, tanto propias como del sistema de seguridad de Aena.

Este organismo no tiene un plazo predefinido para emitir su dictamen. De hecho, aún tiene pendientes casos de 2024 como la carga en el exterior del estadio de Anoeta de la que salió con lesiones en la cabeza Amaya Zabarte, que ha visto cómo se archivaba en los juzgados la causa contra agentes de la Ertzaintza al entender que no está acreditado que recibiera en el cráneo el impacto de un proyectil de 'foam', como ella sostiene. Recientemente, en abril, se han incoado otros dos expedientes. Uno es por un detenido en la comisaría de la Ertzaintza en Eibar que acabó en el hospital -Zupiria explicó en el Parlamento que las grabaciones permiten concluir que no fue por responsabilidad policial- y otro por una actuación de la Policía de Barakaldo en la que “una persona esgrimió un arma blanca cuando iba a ser detenida [...] resultando herida por un disparo con arma de fuego” de uno de los uniformados intervinientes.